“Exigimos la verdad, quienes son esas personas, cuántas son, qué fue lo que pasó ahí, por qué no investigaron, eso es lo que exigimos todos los colectivos. Lo que los familiares quieren es saber qué pasó con su familia, quieren saber la verdad de todo esto”, manifestó Angélica Ramírez, coordinadora de Una Nación BuscandoT.

Y es que dado que se presume el rancho operaba como centro de reclutamiento, adiestramiento y exterminio, bajo el mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), engañando con falsas propuestas de trabajo a sus víctimas en distintos estados de la república, familiares de personas desaparecidas en Baja California tienen miedo de que entre la ropa, zapatos y restos que se hallaron en el rancho, puedan encontrar algún indicio de que su ser querido fue reducido a huesos o cenizas.

Sin embargo, al ser esta una posibilidad, Angélica compartió que a través de redes de colaboración con colectivos de Jalisco, estos diariamente les brindan información de las prendas que se van encontrando en el rancho, por lo que si alguna persona cree que su familiar es una de las víctimas, se hará todo lo posible para que pueda viajar a Jalisco para unirse a las búsquedas, algo para lo que también solicitarán a la FGE, colabore con la Fiscalía jaliciense.

Una de las madres bajacalifornianas que dijo ya está viendo la forma de trasladarse a Jalisco, es Bárbara Martínez, presidenta del Colectivo Buscando a Tolano, quien dijo va a buscar restos de sus dos hijos desaparecidos: César Ezequiel Rico de la Cerda, ausente desde 2018 tras ser visto por última vez en el fraccionamiento Urbi Villa del Prado segunda sección y Esteban Uriel Rico de la Cerda, quien permanece sin paradero desde 2020.

“Yo sí estoy pensando en viajar, de hecho tengo una prima que está en ese colectivo de Jalisco (Guerreros Buscadores), y me dijo: “prima, vengase, porque usted no sabe si aquí vaya a estar mis sobrinos”, porque son de diferentes estados de la república que se los han llevado. En eso andamos”, compartió Bárbara.

Exigen descartar que haya campos de exterminio en BC

Tras los hallazgos de restos óseos en el Rancho Izaguirre, lugar utilizado por el CJNG como centro de reclutamiento, adiestramiento y exterminio, colectivos de búsqueda de Baja California pidieron a las autoridades no descartar que también en este estado se encuentren operando lugares similares, por lo que exigen a las autoridades tomarse el tiempo de investigar.

“Tómense el tiempo, no descartemos que aquí en Baja California pueda haber un rancho similar al que apareció en Jalisco, que no se venden de los ojos. Tal vez en Rosarito haya un rancho igual, hay muchos desaparecidos en Rosarito, en Tijuana. No descartemos que hasta en la zona oeste del estado vaya a haber ranchos iguales, pero desgraciadamente todavía no se nos reportan”, pidió Bárbara Martínez.

Pero quien dio indicios de posibles lugares similares al Rancho Izaguirre, pero en Baja California, fue la coordinadora del colectivo Una Nación BuscandoT.

“En Mexicali hay uno, también están nombrando el tema de la colonia Alemán, por allá hay otro; en Rosarito tenemos el de la Casa de la Ocho, que se ha quedado a medias y es un lugar también que nos han puesto muchos peros para poder abrir. Tenemos varios ranchos en Ensenada que hemos estado los colectivos yendo a descartar, pero nos hemos quedado a mitad, porque cuando vamos a estos lugares alejados han sido en las brigadas de búsqueda, entonces prácticamente son por un día y es rápido lo que alcancemos a encontrar y la Fiscalía a pesar de que encontramos varios indicios no continúan con el cateo o con las revisiones”, mencionó Angélica Ramírez.

Los hallazgos en Rancho Izaguirre, Teuchitlán, Jalisco

Una escena que se asemeja a la época del Holocauto con 493 prendas de vestir, 400 pares de calzado y restos óseos, fue lo que encontraron miembros del colectivo Guerreros Buscadores en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco; artículos y huesos que pertenecen a cientos de personas desaparecidas en México, que eran reclutadas bajo promesas engañosas de trabajo del CJNG, quien después las privaba de su libertad y bajo amenazas de arrebatarles la vida a ellos o sus familiares, las obligaba a unirse a la organización criminal.

En el lugar se encontraron seis lotes de restos óseos, con fragmentos de cráneo y cenizas, al parecer de cuerpos humanos, los cuales se encontraban al interior de tres crematorios; también mochilas, carteras, colguijes y pulseras de cientos de víctimas.

Tras el destape del hallazgo la Fiscalía de Jalisco informó que fueron asegurados preliminarmente, 96 casquillos de diversos calibres, tres cargadores, unos aros aprehensores metálicos, tres libros, una libreta y una identificación oficial.

Las búsquedas por parte del colectivo iniciaron desde enero de este año, pero fue hasta el pasado 5 de marzo que se destaparon los macabros hallazgos en el lugar, que ahora se sabe, supuestamente estaba asegurado por parte de la Fiscalía de Jalisco, desde el 18 de septiembre de 2024, luego de que el rancho fue identificado como centro de adiestramiento del CJNG.

En esa fecha, elementos de la Guardia Nacional rescataron a dos personas secuestradas en el inmueble; detuvieron a 10 personas: David A, Kevin P, Christopher D, Luis R, Gustavo N, Juan A, Armando G, Ricardo T, Oscar J, y Erick D; aseguraron un cadáver envuelto en plásticos, varios vehículos, cuatro armas largas, dos pistolas, chalecos balísticos, 21 cargadores, un bote repleto de objetos pincha llantas y marihuana.

A pesar de estos hallazgos, cuando el colectivo Guerreros Buscadores realizó las búsquedas en enero, el lugar estaba prácticamente abandonado por parte de las autoridades, pues carecía de presencia de elementos policiacos que vigilaran el inmueble ni tampoco había sellos de aseguramiento a la vista.

El comandante tenía al menos siete años de trabajo en la policía municipal de Valle de Santiago, mientras que Salvador Cárdenas tenía 15 años de trayectoria en la corporación.

Vecinos reportaron detonaciones de armas. Al llegar al lugar, elementos de seguridad encontraron los dos cuerpos sin vida al interior del vehículo con varios impactos por arma de fuego. Familiares de las víctimas también estuvieron presentes para identificarlos.

El ataque a los policías en Valle de Santiago se da sólo 10 días después del asesinato del exdirector de Seguridad Pública del municipio, José Luz Méndez Baltazar, quien había sido nombrado director del rastro municipal. Méndez Baltazar fue asesinado el pasado 6 de marzo a unos metros de su domicilio en la comunidad La Compañía.

Sólo una hora después y a unos 40 kilómetros de distancia, en la comunidad Tinaja de Pastores en el municipio de Yuriria, se registró otro ataque que terminó con la vida de una pareja y dejó a su hijo menor de edad lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, minutos antes de las 8 de la mañana vecinos de la comunidad Tinaja de Pastores reportaron al sistema de emergencias múltiples detonaciones por arma de fuego. Al llegar al lugar, elementos de la policía municipal y de la Fuerzas de Seguridad Pública del Estado encontraron al interior de la vivienda a tres personas con varias heridas por arma de fuego, una mujer y dos hombres, uno de ellos menor de edad.

Paramédicos de Protección Civil confirmaron que los dos adultos ya no contaban con signos vitales, mientras que lograron estabilizar al menor de edad para ser trasladado a recibir atención médica.

Más tarde se confirmó que las víctimas mortales eran los padres del menor de edad que se encuentra grave en el hospital.

“Sin embargo —continuó el pronunciamiento en voz de Ana Enamorado—, queremos creer que usted sabe que somos madres y padres, hermanas y hermanos, hijas e hijos, vecinos y amigos, que buscamos con esperanzas y zozobra, varillas y uñas, a nuestros seres queridos. Usted debe saber que somos nosotras, las familias, quienes ante la omisión del Estado hemos asumido la responsabilidad y la carga de la búsqueda”. 

Desde que la carpa comenzó a instalarse y las familias pedían a los asistentes colocar los pares de zapatos con la punta viendo hacia Palacio Nacional, decenas de personas —a veces desde la solidaridad, a veces desde la curiosidad— comenzaron a congregarse alrededor y a cada tanto, entre los discursos, llegó a escucharse: “No están solas, no están solas”. 

Cuando por el micrófono se mencionó un agradecimiento que las familias de todo el país –que se sumaron, sin distingos, a la convocatoria– le daban al Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y se mencionó su valentía, surgió un aplauso colectivo que hizo que la lectura parara por unos momentos, sólo para después seguir: “Pusieron al descubierto el infierno y el horror en Teuchitlán, al igual que lo hacemos los colectivos y familias en tantos lugares del país”. 

A la Presidenta le pidieron que no la engañen ni se engañe: reiteraron que no pertenecen a ningún partido político ni tienen otras banderas que no sean la verdad, la justicia y la presentación de sus seres queridos con vida. Rechazaron cualquier otra idea, incluso la que impulsó más tarde un grupo de asistentes que gritó consignas contra el gobierno frente a Palacio Nacional, terminó retirando las vallas que lo rodeaban y mantuvo un grito colectivo ante una línea de policías replegada hacia la pared del inmueble. 

“Las familias no convocaron a ningún acto violento; a las personas que llegan a la acción les pedimos que se acerquen al asta bandera, las familias no convocaron a esta acción, quienes vienen a la velada, les pedimos que nos vayamos replegando hacia el asta bandera, por favor. Las familias no convocaron a ninguna acción violenta”, rechazaron en el megáfono cuando el grupo que gritaba hacia la línea de policías en Palacio Nacional decidió permanecer ahí.

Se trata de la consigna que mantenían colectivos, familias buscadoras y el público en general que abarrotaron la Plaza Imelda Virgen, frente al Palacio de Gobierno. 

Los asistentes señalaron a las autoridades estatales pasadas y presentes por las omisiones  en el caso. “Se ve, se siente, gobierno delincuente”, “Narcogobierno” y “Lemus decía que todo cambiaría”, gritaban, mientras una piñata con el rostro del actual gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, era lanzada una y otra vez entre los asistentes del recinto. 

El Rancho Izaguirre fue intervenido por la Guardia Nacional desde el 18 de septiembre de 2024, durante la administración del gobernador Enrique Alfaro. Sin embargo, en ese entonces sólo se reportó la localización de dos personas privadas de la libertad y de un cadáver cubierto con plástico. Diez personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por estos hechos. 

Fue hasta el pasado 5 de marzo, cuando integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al sitio tras una serie de reportes recibidos en llamadas anónimas y tuvo el hallazgo de al menos tres hornos crematorios clandestinos, así como de segmentos óseos calcinados en el lugar.  

“Este hallazgo que debía ser producto de una investigación oficial, fue descubierto gracias al incansable esfuerzo de los colectivos y familias buscadoras. Nosotras las familias hemos tenido que hacer el trabajo que el Estado se niega a realizar. Con datos de testimonios y datos de operativos, desde hace años este lugar ha sido un centro de exterminio y reclutamiento forzado, operando bajo la permisibilidad y omisión de las autoridades”, mencionó a través de un altavoz, Marleti, fundadora del colectivo Entre Cielo y Tierra.

En la desesperación por no obtener respuesta de las autoridades, una media docena de asistentes comenzaron a escalar los muros del Palacio de Gobierno. En los descansos de las ventanas se les podía ver de pie mientras sostenían fichas de búsqueda, pancartas de más de un metro de alto para mostrar el rostro de su desaparecido, y una serie de zapatos eran colgados en la herrería de las ventanas.

“No olvidamos”, fue una de las últimas frases coreadas en colectivo para recordar la deuda que tiene el Gobierno de Jalisco con dar respuestas ante la crisis de desapariciones y la exigencia a obtener más respuestas sobre lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, sus responsables y los datos de las investigaciones en el predio.

El INE informó sobre estas capacitaciones para la primera elección judicial a solo 76 días de la jornada electoral. 

Indicó que 1 de junio serán instaladas 84 mil 204 mesas directivas de casilla. En la primera etapa de capacitación, el INE debe visitar hasta el próximo 31 de marzo a más de 13 millones de personas que fueron insaculadas, con base en los meses nacimiento febrero y mayo.

De acuerdo con un comunicado publicado este domingo, hasta este 16 de marzo, 21 mil 340 personas capacitadoras asistentes electorales han visitado a 12 millones 788 mil 387 personas, lo que equivale a un 96.63 % de la ciudadanía insaculada.

Aprueban 800 millones de pesos extra

De una ampliación de recursos de mil 511 millones de pesos que solicitaron al gobierno federal para la elección judicial, únicamente fueron aprobados 800 millones, lo cual implicará revisar la planeación inicial de los comicios de personas juzgadoras, señaló el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

“El Consejo General aprobó una solicitud de ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2025 por la cantidad de mil 511 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público únicamente nos autorizó la cantidad de 800 millones de pesos”, señaló la consejera Daniela Ravel el pasado jueves.

Aunque habrá más recursos para la elección judicial, Ravel señaló que el Instituto no tendrá “ni siquiera los recursos mínimos” que solicitaron, pero afirmó que sí están en condiciones de instalar las 84 mil casillas contempladas.

La familia de Enrique “Kiki” Camarena, agradeció al presidente Donald Trump sus gestiones para que Caro Quintero sea juzgado en Estados Unidos,

“Aunque el tiempo no puede borrar el dolor o devolvernos lo que perdimos, hoy marca un paso hacia la Justicia”, señalaron los familiares, según una nota difundida por el Departamento de Justicia.

“Queremos agradecerle al presidente Trump por usar el peso de este país para conseguir lo que pensamos que nunca ocurriría. Gracias a todos los que han trabajado en este caso durante 40 años“, señalaron.

Pronunciaron su solidaridad con las familias de Jalisco y otros estados del país que padecen el delito de desaparición.

Socorro Gil Guzmán, madre buscadora, informó que a fin de mes algunas integrantes del colectivo se trasladarán a Jalisco para tratar de buscar algún rastro de sus hijos desaparecidos y solidarizarse con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

En Acapulco integrantes de los colectivos Familias en Busca de sus Desaparecidos; Fe y Esperanza, así como un grupo del dirigente social Vicente Suastegui, se manifestaron en el antimonumento de La Esperanza, en la playa Tanarindos y en el antimonumento de los 43, ubicado en la Vía Rápida y la avenida Costera Miguel Alemán. También colocaron pares de zapatos, fotografías y encendieron veladoras.

La activista Emma Mora pidió iniciar una lucha y hacer un sólo frente para lograr identificar los restos de las víctimas halladas.

Urgió al gobierno del estado encabezado por Evelyn Salgado y al Congreso de Guerrero a crear un centro de resguardo e identificación forense. Exigieron a los tres niveles de gobierno frenar la alarmante crisis de desaparición forzada en Guerrero y el país.

Gritaron las consignas:

En esta entidad hay un acumulado de 4 mil 500 víctimas de desaparición forzada cometida por agentes del estado y particulares. En 2024 la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Guerrero registró 546 casos.

Justo cuando se realizaba la vigilia, a dos cuadras ocurrió un ataque armado en contra de un hombre, quien quedó malherido en el cruce de las avenidas Hidalgo y Juárez en el centro histórico de la Capital.

En el árbol de La Esperanza en el jardín obelisco de la ciudad de Fresnillo se congregaron familiares de personas desaparecidas para realizar oración y un pase de lista para recordar a sus seres queridos.

Otro memorial, con veladoras y fotos de personas desaparecidas, se hizo en el Jardín Hidalgo del pueblo mágico de Jerez, para sumarse a la exigencia nacional de Teuchitlán.

Pérez Aguirre, quien en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador formó parte del Comité de Impulso a la Justicia, de la Comisión para la Verdad de las Graves Violaciones a Derechos Humanos Cometidos entre 1965 y 1990, expuso que el caso de Teuchitlán, junto con otros crímenes atroces, como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, son emblemáticos de la inoperancia del sistema de procuración de justicia en México, que se ha mantenido desde 1934.

El investigador, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con maestría en Harvard y doctorado por la Universidad Iberoamericana, destacó que parte de la expectativa de publicar su libro Procurar Injusticia, es poner sobre la mesa la discusión sobre un sistema que mantiene en impunidad 98% de los delitos, “pese a que se le han invertido miles de millones de pesos durante más de 100 años”.

“Lo que intenté con este libro es tratar de acercar esa discusión a la gente, porque la gente quiere saber, quiere entender mejor cómo funcionan las instituciones, quiere participar en la discusión en torno de ellas”, en este caso la FGR y todo el sistema de procuración de justicia, dijo Pérez Vázquez. “Entre más gente participe, más gente esté enterada, pues, el movimiento por su reforma tendrá más vigor, un impulso distinto”.

En 317 páginas el especialista desmenuza cómo es que se construyó el actual sistema de “procuración de injusticia”, marcado por el “militarismo” y la traición de jefes militares a Venustiano Carranza, presidente asesinado en 1920, y cómo es que no ha sido modificado.

“El PRI, PAN y ahora Morena han usado, sin excepciones, la procuración de justicia con fines políticos, aprovechando sus resortes atávicos, mismos que empeoran conforme los sexenios presidenciales se van sucediendo, y sin poner remedio a la situación. Por eso el sistema no se ha alterado ni con reformas constitucionales ni con reformas legales, ni con elecciones democráticas, ni siquiera con la creación de una FGR dotada de una autonomía constitucional que sólo existe en el papel”, se lee en el libro de Pérez Vázquez.

En su texto, el autor reflexiona sobre el incumplimiento del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, con el papel que debería cumplir al frente de la FGR, considerando que su falta de autonomía ante el Ejecutivo y su sumisión al Ejército, por convicción propia, ha impedido la materialización de una reforma del sistema de procuración de justicia, impulsada por académicos y expertos.

El rescate del general

Como ejemplos del uso político y de la sumisión al Ejército durante el gobierno de López Obrador, en el texto Pérez Vázquez analiza los casos del rescate del general Salvador Cienfuegos Zepeda, las ejecuciones cometidas por militares en Nuevo Laredo en 2023; las “pifias” de los procesos al exdirector de Pemex Emilio Lozoya; a la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles; al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, y al abogado de Carlos Salinas de Gortari, Juan Collado, así como el “uso personal” que Gertz le ha dado a la FGR.

De la misma manera, el autor analiza el caso Ayotzinapa, cuya “irresolución (…) a casi 10 años de que sucedieron los hechos apuntala la tesis fundamental de este libro: el sistema de persecución de justicia militarista sigue operando en el país”.

En entrevista, Pérez Vázquez consideró que ante una sociedad totalmente distinta a aquella en la que se instauró el actual sistema de “procuración de injusticia”, el periodo postrevolucionario, con acceso a herramientas que antes no existían como las cámaras de seguridad en domicilios particulares y negocios, o bien los teléfonos celulares que permiten registrar anomalías, como detenciones arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales, ese modelo instaurado por Abelardo Rodríguez “a la sociedad en sí, no le  funciona”.

En el comunicado colectivo, las familias, que ante la omisión del Estado han asumido la responsabilidad y la carga de la búsqueda, “ya sea en hospitales u oficinas forenses, en redes sociales y bajo la tierra”, le piden a la presidenta que recuerde “que no nos mueve un proyecto político, ni favorable ni contrario al suyo, porque usted entenderá que quienes padecemos esta angustia y vivimos pendientes de la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos, nos es realmente muy difícil pensar en cualquier otra cosa que no sean nuestros familiares”.

Impasible, la Catedral mira la carpa roja que protege del sol a las madres buscadoras, que es centro de prensa, altar cubierto de flores y refugio. Y frente a Palacio Nacional una interpelación: “Presidenta, ¿ahora si nos ve?”, en monumentales letras blancas.

El 28 de agosto de 1978 la Catedral fue testigo de la primera huelga de hambre encabezada por Doña Rosario Ibarra de Piedra quien reunió a las madres de desaparecidos de diferentes estados al grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”

Y, al final, las exigencias: Que se asuma la existencia de las más de 120 mil personas desparecidas y los incontables miles de migrantes desaparecidos que no están en los registros oficiales; se reconozca el trabajo colectivo de las familias y se abra un espacio de escucha y de diálogo con las organizaciones sociales y colectivos; que se apoye a quienes viven amenazados y aún así salen a buscar a las decenas de miles de mexicanos y migrantes que permanecen desaparecidos que el Estado mexicano se ha mostrado incapaz de buscar y encontrar; que se sancione a los servidores públicos que han permitido, por omisión o aquiescencia, el horror que se destapó en Teuchitlán; se identifique y se entreguen dignamente los restos de las personas que han sido localizadas en ese y todos los campos se extermino y fosas clandestinas en todo el país; se fortalezcan las estrategias de búsqueda y se tomen las medidas necesarias para atender e identificar a los cientos de personas que se encuentran en las fosas comunes; se reactive el Centro Nacional de Identificación Humana, dotándolo de los recursos necesarios e incorporando a las familias como consejeros y coadyuvantes de la institución; y, frente a la emergencia nacional, construir un sistema judicial que resuelva las demandas de las víctimas.

Junto a los zapatos, la luz de las veladoras tiembla en la oscuridad queriendo ser incendio.

El 6 de marzo de 2025, el Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca condenó al defensor de derechos humanos Pablo López Alavez a treinta años de prisión y al pago de 112,000 pesos mexicanos (más de cinco mil euros) de reparación del daño por el delito fabricado de homicidio calificado.

El líder indígena zapoteco lleva más de 14 años detenido injustamente desde su detención arbitraria en agosto de 2010, enfrentando un proceso penal injusto caracterizado por múltiples irregularidades y violaciones al debido proceso. Su detención fue calificada como arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) en su opinión nº 23/2017, haciendo un llamado a su liberación inmediata.

Por más de catorce años, distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos se han pronunciado reiteradamente a favor de la liberación de Pablo López Alavez, pues su detención arbitraria se da en represalia a su labor de liderazgo comunitario en la comunidad indígena San Isidro Aloápam en Oaxaca, desde donde denunció la presencia de actividades ilegales que operaban en la zona y afectaban el territorio y medioambiente de la comunidad.

En el año 2017, el defensor fue condenado inicialmente, pero en octubre de 2020 se ordenó la reposición del procedimiento por las múltiples violaciones a su derecho al debido proceso. El proceso penal reinició desde la etapa de instrucción y finalmente el 6 de marzo de 2025 se llevó a cabo la audiencia de sentencia sobre este nuevo proceso. La sentencia en contra del defensor se notificó de manera expedita solo horas después de la audiencia.

La nueva condena a treinta años de prisión en contra del defensor de derechos humanos Pablo López Alavez confirma que la imposición de sentencias largas en contra de defensores indígenas de derechos humanos es una tendencia sistemática y alarmante en México que busca criminalizar y silenciar a quienes defienden la tierra y el territorio indígena de intereses privados.

Distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado que el patrón se agrava cuando la persona detenida o sentenciada es una persona perteneciente a un pueblo y comunidad indígena, pues conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la separación de la persona indígena de su comunidad y territorio, elementos constitutivos de su identidad cultural, puede conllevar a profundos sufrimientos que sobrepasan aquellos inherentes a la estancia en prisión y tienen un impacto negativo sobre los miembros de la comunidad indígena”.

Las organizaciones firmantes reiteran su rechazo ante la constante violación a los derechos humanos del defensor de derechos humanos Pablo López Alavez y expresan su apoyo a las acciones de apelación de la sentencia condenatoria, reiterando el llamado a su liberación.

Organizaciones firmantes:

“El descubrimiento resulta aún más perturbador dado que el rancho había sido previamente allanado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de Jalisco, sin que se detectaran pruebas cruciales”.

Respecto al caso, la ONU destacó que tomaron nota del compromiso de las autoridades federales y estatales de examinar posibles omisiones en la operación de búsqueda inicial.

En su pronunciamiento, la ONU abogó por investigaciones “exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes” sobre los delitos cometidos en el lugar.

También pidió “mejorar las medidas preventivas y garantizar la protección y el apoyo a las familias víctimas de desapariciones en su búsqueda de verdad, justicia y reparación”.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió dejar las especulaciones sobre lo que sucedía en Teuchitlán, hasta que avancen las investigaciones y se tenga evidencia científica.

La mandataria también pidió dejar en paz al presidente Andrés Manuel López Obrador ya que consideró que este tema esta siendo utilizado para golpearlo y revivir acusaciones de la oposición.

Rancho de Teuchitlán, un “centro de exterminio”

Ayer, durante el primer día de búsqueda conjunta entre autoridades y el colectivo Guerreros Buscadores Jalisco en el rancho Izaguirre en Teuchitlán se encontró un posible cuarto horno crematorio para inhumación clandestina.

Desde el 5 de marzo, el colectivo reportó el hallazgo de al menos tres hornos crematorios clandestinos, así como de segmentos óseos calcinados en el Rancho Izaguirre.

El rancho fue cateado previamente, el 18 de septiembre de 2024, por elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, en ese entonces sólo se reportó la localización de dos personas privadas de la libertad y de un cadáver cubierto con plástico. Diez personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por estos hechos.

Por la zona donde se ubica el predio y los testimonios obtenidos de presuntas víctimas se presume que pudo haber sido utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un “campo de reclutamiento y exterminio” al menos desde 2018 y que si pudo operar por varios años fue gracias a la colusión con autoridades.

Buscan ampliar trabajo en alrededores, denuncias señalan 200 cuerpos

Al término de la primera jornada de búsqueda, sólo uno de los seis puntos de interés para el colectivo fueron revisados. En los siguientes días, los Guerreros Buscadores de Jalisco pretenden que un punto a revisar sea los alrededores del predio.

De acuerdo con llamadas anónimas y mensajes enviados a su página de Facebook,  podría haber más de 200 cuerpos enterrados en los alrededores.

“Hubo una llamada anónima que nos decía que en un solo punto íbamos a hallar arriba de 200 cuerpos. Que una persona que estuvo en su momento pues aquí reclutada, privada de su libertad, en prisión. Sí, enterrados, sin calcinar”, contó una de las integrantes del colectivo.

🔴#Ahora | La Comisión de @Busqueda_MX y el colectivo @GuerrerosJalisc realizan labores en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

"Debido al hallazgo, se nos ha hecho llegar muchísima información a la página (de Facebook) sobre puntos certeros dentro del rancho, entonces… pic.twitter.com/xjF6ASZN6n

— Animal Político (@Pajaropolitico) March 13, 2025

Llaman a partidos políticos a mantenerse al margen de convocatoria a luto nacional

Tras la difusión de dos comunicados del colectivo Huellas de la memoria para llamar a los partidos políticos a que se abstengan de utilizar o participar en las convocatorias que se han hecho en alrededor de 20 estados para actos de luto nacional la tarde del próximo sábado 15 de marzo, Alfredo López, de esta agrupación, enfatiza en entrevista que los colectivos y familias no quieren nada de los partidos políticos, ni siquiera su presencia. 

“Lo que no queremos, con toda claridad, es a los políticos carroñeros de uno y otro bando, de Morena, de PT, de todos los que mencionamos ahí para que no se monten en el dolor y en la tragedia de las familias. Eso es lo que hicieron en otros tiempos y no queremos que nuestras acciones, específicamente la del sábado en todo el país, sean usadas por otros grupos político electorales para golpear al gobierno; si quieren golpearlo, que lo golpeen, pero que no usen el dolor de las familias”, sostiene.

Se refiere al texto difundido la mañana de este jueves, en el que, tras la primera advertencia que –señalaron las familias– no fue atendida, se difundió que personas pertenecientes al Movimiento Nacional por la Esperanza, organización vinculada a Morena, se acercaron a colectivos de familiares en la Ciudad de México para ofrecer mobiliario, carpas y sillas por parte de René Bejarano y de Dolores Padierna. 

Al día siguiente, recibieron una oferta similar de personas cercanas al exsenador Emilio Álvarez Icaza, vinculado al Frente Cívico Nacional y a Somos México, “junto con Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán del extinto PRD, Gustavo Madero, del PAN, entre mucho otros impresentables que hoy, según la coyuntura, se hacen pasar por ‘sociedad civil’ para aprovechar acciones de protesta”, se señaló en el comunicado. 

López criticó que los anteriores gobiernos no hayan mandado mensajes de castigo a quienes fueron responsables de diversas masacres, pues hoy se pueden cometer toda clase de delitos y asesinatos con la certeza de que no va a pasar nada. “Son toda esa gente que ya gobernó, y ya nos dejó parte del infierno que estamos viviendo, es decir, nosotros con toda claridad les dijimos que no queremos que ni se presenten”, remarca.

El activista hizo énfasis en que la convocatoria se lanzó, junto con familiares, en un principio para el Zócalo capitalino el sábado a las 5 de la tarde; sin embargo, una cascada de estados empezó a sumarse. Hasta ahora, colectivos de Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Oaxaca, Hidalgo, Nayarit, Aguascalientes, Yucatán, Veracruz, Zacatecas, Colima, Sinaloa, Baja California, Tamaulipas, el consulado de México en Barcelona y la embajada de México en San Francisco han replicado la convocatoria para el mismo sábado y otros días.

La detención se llevó a cabo por personal del gabinete de seguridad, que integra la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, SSPC, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

El reporte del mismo Instituto señala que el 18% de todos los desaparecidos son jóvenes (mujeres y hombres) entre los 0 y 19 años de edad. Esto, pese a la negativa a aceptar la altísima cifra por parte del Gobierno de México, el presente o el anterior, es un hecho visible en la manifestación y la información que cada día comparten organismos de la sociedad civil, colectivos de búsqueda de personas o familiares de víctimas.

Madres, padres, hermanas y hermanos buscadores de personas en todo el país, han localizado a los suyos en narcofosas, enterrados en parajes y patios, y ahora, se sabe después del descubrimiento el 6 de marzo del llamado campo de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, a unos kilómetros de la Capital, en restos de huesos cuyos cuerpos fueron cremados.

Cuando por su “métrica” política y su característico capricho presidencial, Andrés Manuel López Obrador eliminó desaparecidos del registro nacional, lo hizo argumentando que las estadísticas no estaban actualizadas, considerando las personas localizadas con vida. Cierta y desafortunadamente son las menos, sin embargo, se van sumando a la cifra los desaparecidos de cada año que se cuentan entre 13 mil y 15 mil.

El Cártel Jalisco Nueva Generación u otras organizaciones criminales como Cártel de Sinaloa, en su momento Los Zetas o el Cártel Arellano Félix (CAF), han empleado a lo largo de su siempre impune trayectoria criminal, métodos indistintos e insanos para deshacerse de sus enemigos, de los que consideran traidores a su causa delincuencia, o de aquellos que por afrentas personales o caprichos desaparecen de la tierra.

En Baja California, en los tiempos en que la seguridad del Estado estaba coordinada por el Ejército Mexicano, con generales como Sergio Aponte Polito o Alfonso Duarte Múgica, fueron descubiertas no sólo fosas clandestinas en las cuales se ocultaban cuerpos masacrados; también crematorios clandestinos en Tijuana en zonas de dominancia criminal del CAF, e inolvidable y aberrante el caso de Santiago Meza López alias El Pozolero, quien colaboraba de manera criminal con Teodoro García Simental alias El Teo, tanto cuando éste fue parte de las filas de la organización criminal Arellano Félix, o cuando se escindió y se refugió en el Cártel de Sinaloa.

Al Pozolero se les adjudica la horrífica hazaña de haber disuelto más de 300 cuerpos en ácido, personas cuya vida había sido arrebatada con violencia debido a una afrenta con los narcotraficantes, y cuyos cuerpos le eran llevados para deshacerse de ellos, sumergiéndolos en ácido en grandes contenedores ex profeso para ello; de ahí el macabro mote que le adjudicaron. Toda su actividad criminal la llevaba a cabo en un predio conocido como La Gallera, en una zona ejidal de Tijuana.

Meza López realizó esa actividad durante por lo menos nueve años, de 2000 a 2009, hasta que fue detenido en un operativo militar que, de hecho, tenía por objetivo aprehender al Teo cuando se encontraba realizando algún festejo en un lugar de veraneo en la costa tijuanense; el capo fue advertido que iban por él y alcanzó a huir del sitio, dejando atrás a algunos cómplices, como al Pozolero, quien estaba ebrio al momento de su arresto.

El campo de exterminio del CJNG también tenía por lo menos diez años funcionando. Testigos de los terribles hechos que ahí sucedieron han confiado a buscadores de personas las condiciones en que llegaron al Rancho Izaguirre y los momentos de terror que vivieron. La gran mayoría eran jóvenes que atendieron convocatorias de ofertas de trabajo.

Confiados en la oportunidad de tener una actividad que les devengara en un salario entre los 2 mil y 4 mil pesos, acudían a las citas sólo para ser privados de su libertad y llevados al Rancho del CJNG, donde a la fuerza, a base de tortura física y psicológica, eran concentrados para adiestrarlos en la criminalidad y ser reclutados del cártel. Golpes, privación de alimentos y de la libertad, obligados a matar y a ver morir, capacitados en el tiro con arma y otras suertes criminales de contención física, muchos perdieron la vida al negarse a ser parte del fenómeno del narcotráfico, y otros tantos por capricho.

En el rancho de Jalisco, el colectivo de Buscadores Guerreros localizó por lo menos tres crematorios clandestinos, zonas de adiestramiento, hechizas construcciones para mantener privadas de la libertad a las personas y lotes de restos de huesos enterrados en cinco zonas del predio.

Tanto el Rancho Izaguirre en Jalisco, como La Gallera en Tijuana, fue el destino fatal, final, de miles de desaparecidos que aún son buscados por sus familiares y por colectivos, y cuya desaparición es ignorada por gobiernos insensibles y carentes de compromiso con sus sociedades, como el que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el país, o Marina Ávila Olmeda en Baja California, o ahora Pablo Lemus en Jalisco.

En Baja California se ha negado de manera sistemática el apoyo institucional a los colectivos buscadores, quienes arriesgan la vida y la tranquilidad, al adentrarse en zonas agrestes en Tecate, Tijuana, Valle de Mexicali, la costa de Ensenada o en Rosarito, para buscar cuerpos en narcofosas. Ni la Fiscalía General del Estado, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los apoyan con herramientas para hacer excavaciones o especialistas para el tratamiento de los restos localizados, no lo hacen hasta que son evidenciados, sea en redes sociales o en medios de comunicación, cuando los buscadores comparten sus macabros hallazgos. Entonces sí, ya obligados por una presión social, los gobiernos entran “a la investigación” y el rescate de cuerpos y restos.

Así sucedió en Jalisco, luego que se conoció que en septiembre de 2024, autoridades de aquella entidad tuvieron conocimiento y “catearon” el Rancho Izaguirre, liberando por entonces a personas que se encontraban secuestradas, pero no vieron lo que los buscadores encontraron el 6 de marzo de 2025: miles de restos de huesos humanos y cientos de objetos y artículos personales de los desaparecidos, ropa, mochilas, chamarras, muchos pares de zapatos, todo de lo que fueron despojados para quitarles la vida.

Que El Pozolero actuara contra la vida durante nueve años, o que el campo de exterminio del CJNG estuviese activo durante una década, no refleja la impunidad de los grupos del narcotráfico en México o el destino fatal de los desaparecidos, también, la ausencia de compromiso por parte de los gobiernos para combatir a los cárteles de la droga y de una sociedad que pasivamente parece acostumbrarse a la muerte a manos del crimen.

¿Reconociendo prendas?

Respecto a los hallazgos recientes, mencionó que la localización de prendas de vestir, objetos  y restos humanos fragmentados incrementa la preocupación de las familias, ya que algunas han dicho que han reconocido algunas, pero deberá verificarse.

Explicó que han logrado saber de prácticas en las que hay rotación de vestimentas entre las personas recluidas o incluso de sus captores.

“Esto nos lleva a a saber que entre ellos, por alguna razón, se cambiaron la ropa o les quitaron la ropa. Quizá porque traían una ropa de marca bonita, nueva, les quitaron la ropa”.

Ante ello, Garay Cázares afirmó que el hecho de identificar una prenda, no necesariamente revela la situación actual de sus familiares.

“El hecho de que encontremos una prenda, que encontremos algún indicio, no es seguridad de que sea nuestro ser querido. Posiblemente estuvo ahí y ahí quedó esa prenda, pueden ser muchas razones, pero es muy posible que se localicen prendas”.

Subrayó que la presencia de cientos de zapatos y otros restos en el sitio es “gravísima” y evidencia la magnitud del problema.

Sobre la negación de la Fiscalía de Jalisco respecto a la existencia de hornos en la zona, tal como lo ha documentado el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco desde el 5 de marzo, Garay Cázarez aseguró que esta situación es recurrente en otros  estados.

“Encontramos algo y lo estamos demostrando y estamos documentando lo que estamos encontrando y fiscalía o las autoridades buscan la manera de hacernos quedar como mentirosas“, denunció.

Finalmente, la ex consejera del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda (CNC-SNB) señaló la necesidad de que se reactive el Sistema y el Consejo Nacional de Búsqueda, los cuales actualmente no están funcionando, para dar seguimiento y observación a este tipo de casos, respecto a la actuación de las autoridades, principalmente.