Un día antes, el Colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos, respaldado por alrededor de 200 organizaciones no gubernamentales, cuyos integrantes buscaban a sus familiares y allegados, se pronunció en contra del anuncio de un nuevo plan del Gobierno Federal contra dicha problemática, al considerar que estaba desactualizado.
“Las familias de personas desaparecidas vimos y escuchamos su respuesta frente a la crisis de desapariciones que cada día se agrava más. Nos preocupa profundamente la propuesta que hace, pues refleja un desconocimiento de los mecanismos y procedimientos institucionales que ya existen en el país en materia de búsqueda e investigación”, indicó el Colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos.
“1. Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Es positivo que revierta la mala decisión del año pasado, con la que se redujo el presupuesto a la Comisión Nacional; sin embargo, no se puede esperar que el aumento en el presupuesto y las capacidades logren algo efectivo con una titular como Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien, a pesar de no contar con el aval de las familias por su clara incapacidad técnica para ocupar el puesto, no ha demostrado estar abierta al diálogo con las víctimas de este país. Una acción contundente es corregir el error de nombrar a la titular de la Comisión Nacional, y después convocar a un proceso de elección que cumpla con lo que estipula la Ley General y en donde se garantiza el derecho de las familias a participar en el mismo. Seguiremos buscando el decreto que anunció, dado que no lo hemos encontrado”, indicaron.
“2. Reformas legislativas. Consideramos que revivir la iniciativa de Felipe [de Jesús] Calderón [Hinojosa] de contar con una cédula de identidad no resuelve en lo inmediato la crisis de desapariciones que se agudiza cada día. Las propuestas a la reforma a la Ley General en materia de Desaparición de Persona (Ley General) son preocupantes por el nivel de desconocimiento que muestran: ya existe desde 2017 la obligación de crear el Banco Nacional de Datos Forense (art. 119), mismo que la Fiscalía General de la República (FGR) se ha negado a implementar. En el artículo 111 se señala la obligación de crear el Registro Nacional de Personas Fallecidas No 3 obstáculo para encontrar. Todo lo anterior como parte de las herramientas del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que fueron propuestas construidas desde las familias y las cuales quedaron en la Ley General, sin embargo, ha faltado voluntad política para llevarlas a cabo”, señalaron.
“3. Nuevos protocolos. Reiteramos que el problema de las desapariciones y de las faltas en la búsqueda e investigación no deviene de la ausencia de leyes y protocolos, sino de la falta de voluntad política para romper los pactos de impunidad que persisten en el país. Son los operadores del sistema, los Ministerio Públicos, Fiscalías, el primer obstáculo para iniciar las búsquedas. La Ley General ya contempla que la búsqueda debe de ser inmediata, incluso pone como plazo máximo las 72 horas para que, en los casos en los que no se tengan indicios de la comisión de un delito, el Ministerio Público inicie las investigaciones. Lo mismo está marcado ya en el Protocolo Homologado de Búsqueda, que no se tengan indicios de la comisión de un delito, el Ministerio Público inicie las investigaciones. Lo mismo está marcado ya en el Protocolo Homologado de Búsqueda”, enfatizaron
“4. Equiparar el delito de desaparición al de secuestro. Una de las luchas más grandes que dimos como familias fue que se lograra establecer en la Ley General el delito de desaparición forzada, ya que desde hace mucho tiempo entendimos que la búsqueda de nuestros familiares responde a dinámicas distintas al delito de secuestro, hacer esta propuesta es una clara muestra de no entender las dinámicas criminales, así como un claro retroceso en cuanto a su investigación. No se puede resolver el problema de las desapariciones si se investiga como si fuera un delito cualquiera, y nos preocupa que la desaparición quede invisibilizada, y sus víctimas atendidas de manera incorrecta. Por lo que rechazamos enérgicamente la propuesta”, sostuvieron.
“5. Estadística mensual. Esperemos que se consolide esta propuesta, que nos permita ver el nivel del trabajo de las fiscalías. No solo como un indicador de cuántas personas desaparecen al día, sino de cuántas logran encontrar, así como ver cuántas investigaciones logran llegar ante un juez (al día de hoy solo lo hacen el 1%). Solicitamos que en ese reporte se sume la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del cual, a la fecha, no hay certeza de que la información que se encuentra en ese registro sea confiable”, abundaron.
“6. Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Desde enero de 2014, se instaló el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y a la fecha nunca se ha convocado. Al igual que la CNB esperamos que el fortalecimiento institucional de la CEAV no sea solo en aumentar el presupuesto, sino asumir que las personas titulares deben tener conocimiento del tema, se convoqué a funcionar el Sistema Nacional y, sobre todo, sensibilidad para atender a las víctimas, no solo una cercanía personal con quienes las designan. Por lo que reiteramos nuestra exigencia para que sean separadas del cargo”, comentaron.
“Sabemos que, como todos los gobiernos en México, este no ha mostrado interés real y serio en consultarnos y establecer un diálogo constructivo, sin embargo, ejercemos nuestro derecho no solo a expresarnos, sino a la participación en temas relacionados con la búsqueda de nuestros familiares. Reiterando en todo momento la disposición de las familias de dialogar cuando el gobierno tenga la seriedad de abordar realmente el problema
Hacemos un llamado a sus asesores para que le ayuden a informarse sobre los mecanismos, instituciones, procedimientos y leyes que ya existen en materia de desaparición de personas, lo que en este momento han presentado solo exhiben ignorancia en el tema y o su intención de engañar al pueblo”, expresaron.
“La responsabilidad de buscar y encontrar sigue siendo de ustedes como gobierno, y son los servidores públicos uno de los principales obstáculos para encontrar a nuestros familiares desaparecidos, si se sigue tolerando eso, el problema no se resolverá. Porque mientras los edificios de gobierno están cerrados y envallados, las familias estamos encontrando a nuestros familiares que fueron desaparecidos y abandonados por el Estado Mexicano”, finalizaron.
El 18 de marzo de 2025, Sheinbaum Pardo emitió un decreto en el que instruyó a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las herramientas y recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, para realizar su labor de localización e identificación de personas.
Asimismo, la mandataria ordenó a SHCP autorizar las adecuaciones presupuestarias que sean requeridas por la CNB. En el documento, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), pidió a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, coadyuvar con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la citada Comisión, en la localización e identificación de personas, para asegurar implementación de estrategias, herramientas y metodologías especializadas.
De manera general, la presidenta anunció que la Comisión Nacional de Búsqueda sería fortalecida para ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y adquisición, así como el uso de equipos y herramientas tecnológicas que coadyuvaran en las acciones de búsqueda con evidencias científicas.
“Es una prioridad del Estado mexicano fortalecer los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas para garantizar la protección integral de sus derechos humanos como el acceso a la justicia y el derecho a la verdad. El derecho humano a ser encontrado y el derecho de las víctimas a buscar a sus familiares son principios fundamentales que el Estado debe garantizar y proteger”, señaló Sheinbaum Pardo.
Además, en el decreto, la presidenta reconoció que el Estado tenía la obligación de llevar a cabo la búsqueda de personas, asegurando la coordinación y cooperación entre las instituciones de los tres niveles de Gobierno, “evitando la impunidad y fortaleciendo el acceso a la justicia”.
“Antes, en el pasado, durante el periodo de la guerra sucia, la desaparición en México era perpetrada por el Estado, ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. Como delito grave debe prevenirse, atenderse y sancionarse […] La construcción de la paz y la lucha contra la impunidad son ejes centrales del Gobierno y, por ello, es necesario fortalecer las instituciones encargadas de la búsqueda de personas”, enfatizó la mandataria nacional.
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