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Congreso de Jalisco pospone comparecencia de funcionarios de Seguridad sobre caso Teuchitlán

Los funcionarios del Gabinete de Seguridad de Jalisco estaban citados este miércoles para rendir cuentas sobre el rancho hallado en Teuchitlán.

La comparecencia del Gabinete de Seguridad de Jalisco ante el Congreso local por el caso del presunto centro de adiestramiento y exterminio hallado en un rancho de Teuchitlán, la cual estaba programada para este miércoles, se pospuso.

En ella iban a estar presentes el fiscal Salvador González de los Santos; el coordinador general Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada; el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, y la secretaria de Inteligencia y Búsqueda, Edna Montoya.

Alejandro Puerto, diputado local independiente, confirmó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) informó a los legisladores que la comparecencia se iba a posponer ya que los funcionarios solicitaron una prórroga.

“Es una verdadera lástima porque esto fue un ejercicio de presión que hizo el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, para que no vinieran a rendir cuentas”, señaló el diputado en un video publicado en sus redes sociales.

Por su parte, Claudia Murguía Torres, diputada del PAN, señaló que se decidió aplazar la comparecencia con motivo del informe que dio la Fiscalía General de la República (FGR) y dijo que su bancada “no tiene inconveniente” en moverla por un tema de “coordinación”, pero precisó que pedirán que no sea más allá de la próxima semana.

El pasado 13 de marzo el Congreso de Jalisco aprobó exhortar a los funcionarios del Gabinete de Seguridad estatal a comparecer por el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán “para conocer a profundidad y analizar los hechos ocurridos”.

La noticia de que la comparecencia sería pospuesta se dio casi a la par de que Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, la cual atrajo el caso, daba una conferencia de prensa en la que señaló diversas irregularidades por parte de la Fiscalía estatal.

Entre las irregularidades que mencionó el fiscal están que las autoridades locales no cumplieron con los protocolos establecidos tras el hallazgo del rancho y no procesaron la evidencia, no se informó sobre los indicios hallados y que, a seis meses, los servicios periciales no cuentan con un dictamen sobre los segmentos óseos encontrados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“No pararé hasta que se haga justicia”: médico colombiano denuncia al INM por maltrato

Cristian García Rincón y su familia fueron sometidos a tratos xenófobos, racistas y discriminatorios e “inadmitidos” por agentes de INM en el aeropuerto de Cancún con señalamientos falsos y no obstante llevar todos sus papeles en regla. La denuncia es ante la CIDH y la ONU.

El médico colombiano Cristian Iván García Rincón, quien el mes pasado fue maltratado, retenido ilegalmente e “inadmitido” junto con su familia por agentes migratorios en el aeropuerto de Cancún, demandó al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la violación de sus derechos fundamentales.

El demandante, un reconocido especialista en medicina interna e infectología radicado en Medellín, denunció ante esos organismos que el pasado 3 de febrero agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de México los sometieron a él, a su esposa, la epidemióloga Luz Yaneth Becerra, y a su hijo de cuatro años de edad, a tratos xenófobos, racistas y discriminatorios.

Luego fueron “inadmitidos” en México bajo dos señalamientos del personal del INM que, ahora se sabe, son absolutamente falsos: que el médico tenía una “alerta migratoria” y que “aparentemente” estaría vinculado al crimen organizado.

García Rincón plantea en su demanda ante la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que los vejámenes de los que fue víctima en el aeropuerto de Cancún, junto con su familia, no es un caso aislado, sino que forma parte “de una conducta sistemática, reiterada, sostenida en el tiempo y cada vez más extendida de agentes del Estado mexicano” contra visitantes colombianos.

El INM de México, asegura, “ha tenido un trato discriminatorio y violatorio de los derechos humanos contra colombianos que viajan a México, mayoritariamente en calidad de turistas, y que son ‘inadmitidos’ a pesar de cumplir con todos los requisitos solicitados por la autoridad”.

García Rincón dice a Proceso que se siente indignado del trato “degradante y humillante” que recibieron su hijo, su esposa y él mismo, y que buscará que se haga justicia no sólo en su caso, sino en los de miles de colombianos que son maltratados por los agentes migratorios mexicanos.

El médico, un investigador universitario de enfermedades infecciosas que además atiende a pacientes en su consultorio y en un conocido hospital de Medellín, denunció también su caso ante la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, al propio INM, al Consulado colombiano en Cancún y a las oficinas de congresistas colombianos y mexicanos que le ofrecieron atender su denuncia.

“Quiero justicia –asegura–. Póngase en mi lugar, como padre, lo que siento de que hayan tenido encerrado a mi hijo. No puede ser que uno vaya de vacaciones a un país y lo traten como delincuente. Están jugando con los sueños de mucha gente que va de vacaciones a un país que considera a México un país hospitalario y acaba viviendo un infierno”.

Y dice que no se trata sólo de él y su familia, sino de miles de colombianos que son retenidos durante días en cuartos “de rechazo” insalubres y malolientes, que pasan hambre y sed y que, al ser “inadmitidos” por guardias migratorios rudos y malencarados, pierden todo el dinero que invirtieron en un plan vacacional.

Sesgo anticolombiano

Sólo el año pasado, el INM, una entidad envuelta en escándalos de corrupción y negligencia presuntamente criminal –como el incendio que mató a 40 migrantes en marzo de 2023 en una estación migratoria en Ciudad Juárez–, “inadmitió” a 53 mil 450 visitantes colombianos, más de mil a la semana en promedio, por razones que organizaciones humanitarias consideran “mayoritariamente absurdas”.


Esa cifra representa un aumento del 82.5% con respecto a las “inadmisiones” de 2023, lo que revela que hay una política cada vez más rigurosa para bloquear el ingreso a México de un número cada vez mayor de visitantes colombianos.

En 2024, México “inadmitió” al 8.7% de los turistas colombianos que arribaron a ese país, un porcentaje que duplica a los de los dos años previos (3.98% en 2023 y 3.91% en 2024), lo que según la ONG Elementa DDHH se debe a las presiones de Estados Unidos a México para que asuma el papel de “filtro” de migrantes provenientes de Centro, Sudamérica y el Caribe.

Llama la atención, sin embargo, que los colombianos encabecen la lista de “inadmitidos” por la migración mexicana. En segundo lugar aparecen los peruanos, con ocho mil 892 rechazados en 2024, seguidos de los chinos, con siete mil 797 y los bolivianos, con tres mil 183.


Estas cifras están muy por debajo de los 53 mil 450 ciudadanos de Colombia “inadmitidos” el año pasado en México, la mayoría de los cuales fueron víctimas de violaciones humanitarias que van desde el trato xenofóbico hasta el acoso sexual y la violencia física, según denuncias que forman parte de gruesos expedientes en los consulados de Colombia en la Ciudad de México y en Cancún y que han sido reportadas desde hace años por la prensa colombiana.

Apenas este jueves 6 de marzo, el programa de sátira política La Pulla, del periódico El Espectador, le dedicó un video de 11 minutos a ese tema con el título “El infierno de los colombianos en México”. Los “hostiles” agentes migratorios mexicanos, dijo el conductor, “nos tratan como una basura”. Las historias “son aterradoras”, señaló, y enseguida presentó testimonios de turistas maltratados que juran nunca más regresar a México.


El médico García Rincón lo dice abiertamente: “La verdad, a mí no me quedaron ganas de regresar a México”.

La directora de la ONG colombo-mexicana Elementa DDHH, Adriana Muro, señala que el maltrato a colombianos por parte del personal del INM es un problema que lleva mucho tiempo, pero se ha recrudecido en los últimos tres años.

“Hemos detectado un aumento de detenciones arbitrarias de colombianos por parte de los agentes migratorios, tratos crueles, degradantes, incluso a menores de edad, y la violación del debido proceso”, dice, y asegura que el responsable de esto “es el Estado mexicano, que no ha querido dar pasos firmes para parar la situación”.


Daño colateral

Los medios colombianos han reportado decenas de denuncias de maltratos de los agentes del INM, principalmente en los aeropuertos de la Ciudad de México y de Cancún, y las redes sociales divulgan impactantes testimonios de víctimas.

México ha ganado fama de ser un país cada vez más hostil con los colombianos, lo que ha provocado una caída en el número de turistas que viajan a ese país.

Según datos de la Secretaría de Gobernación de México, mientras que en 2022 ingresaron a ese país 858 mil 839 turistas colombianos, en 2024 sólo lo hicieron 613 mil 188, lo que implica una caída del 28 por ciento.

Aun así, Colombia es el tercer país con más turistas que viajan a México, después de Estados Unidos y Canadá.

Es decir, la falta de cultura de servicio, la deficiente capacitación y la impunidad con que actúan los agentes del INM acaban por dañar la industria turística mexicana y, sobre todo, golpean una relación cultural binacional especialmente entrañable.


La música ranchera y el Chavo del Ocho han sido asumidos como propios por amplios sectores de colombianos, igual que muchos mexicanos consideran suyos a la cumbia y a Gabriel García Márquez.

Un asunto de dignidad

El médico Cristian Iván García Rincón, su esposa Luz Yaneth Becerra y su pequeño hijo son tres de los varios miles de colombianos que han sido maltratados por agentes migratorios mexicanos, quienes, según todos los indicios, tienen línea institucional para cumplir con una “cuota” determinada de “inadmisiones” de nacionales de Colombia por cada vuelo que llega a la Ciudad de México, Cancún o Guadalajara desde este país sudamericano.


La particularidad del doctor García Rincón es que se ha preocupado por documentar y denunciar su caso ante diversas instancias de su país, de México e internacionales.

Y dice que no va a parar de buscar justicia porque se trata de un asunto “de dignidad” y de solidaridad con sus compatriotas que han sido víctimas de vejámenes de los agentes migratorios mexicanos.

“Ahí están las cámaras del aeropuerto de Cancún, que registraron todo”, señala.

Pero además de que todo quedó registrado por las cámaras, todas las denuncias del médico –ante la CIDH, la ONU, legisladores de Colombia y de México e instituciones de derechos humanos de los dos países– han ido acompañadas de un pormenorizado relato cronológico de las horas “de pesadilla” que pasaron él y su familia en el aeropuerto de Cancún.

En esa narración señala que al llegar al aeropuerto hicieron fila en el bloque tres de control migratorio, donde demoraron más de una hora en ser atendidos. Cuando les tocó el turno, un agente del INM –al que ya habían visto exigir a varios colombianos acceso a sus teléfonos celulares– los recibió con un “trato displicente” y exigiéndoles de mala gana todos sus documentos.

Le mostraron los boletos aéreos de regreso a Colombia, una póliza internacional de salud, varias tarjetas de crédito, dólares en efectivo y los comprobantes de pago de su alojamiento en un hotel de lujo, con todo incluido, y de tours al parque Xcaret y a las pirámides de Chichen Itzá.

El agente se retiró con la documentación y dejó con ellos a una joven que les hizo varias preguntas sobre sus fuentes de ingresos y que tomaba nota de las respuestas a su interrogatorio en una hoja de papel simple.

“Al poco rato –señala el médico en su denuncia– regresó el individuo que nos recibió los pasaportes, pidió que desbloqueáramos nuestros celulares, se detuvo en ellos, principalmente el mío (¿buscando qué y para qué?, no lo sé, pero eso hizo), para luego decirnos que nos conduciría a un sitio para una segunda entrevista, para ver si podíamos ingresar al país”.

Luego ingresaron a una oficina y “allí nos pidieron que nos trasladáramos a una habitación contigua, en forma de L, con el brazo corto en angulación de 120 grados, y luego nos entregaron unos documentos para llenar, con nuestros nombres, propósitos de visita, ingresos mensuales y cuánto más esperábamos gastar allí”.

Como en 1984

En el cuarto de “rechazo” había varios migrantes que pasaban mucho frío porque el aire acondicionado estaba a su máxima potencia. En el centro había varias cámaras para monitorear todo el espacio.

“Mientras estaba allí –relata García Rincón– recordaba el libro 1984 de George Orwell, y su panóptico (modelo arquitectónico y de vigilancia social). Estuvimos cerca de 150 minutos allí, con frío, sin poder comer algo, con acceso a unos baños en mal estado cuando era necesario, con nuestro hijo de apenas 3 años allí, intentando evitar que percibiera que sus derechos estaban siendo violentados”.

Luego, una pareja de agentes migratorios se le acercaron. Uno de ellos le dijo que tenía una “alerta migratoria” emitida por Colombia, lo que desmintieron después autoridades de este país, y que esa “alerta” lo ubicaba como “sospechoso de pertenecer al crimen organizado”.

“Eso fue vil, sorprendente –señala–, una historia para no creer y que quisiera no tener que recordar jamás, aunque desde aquel día no pasa una hora en que no tenga un flash-back al respecto. Tengo muchos defectos en mi vida personal, como todos, pero delincuente no soy; lo único que he llegado a matar son los microorganismos que infectan a mis pacientes, y lo hago a través de antibióticos”.

Pero “la humillación no terminó allí, cada vez era peor. Después de eso tuvieron la desfachatez de tomar mis huellas dactilares y mi perfil biométrico. De todas las personas a las que devolvieron, fui yo el único al que le hicieron esto. ¡Qué desfachatez y qué despropósito! Ahora quedaban con mis datos y podrían hacer con ellos lo que les viniera en gana, si ustedes no los detienen”.

Los comentarios xenófobos, racistas, anticolombianos e insultantes se repitieron desde su llegada hasta su salida del aeropuerto de Cancún. También el “maltrato sicológico”, según denunció.

El médico acusa en sus demandas al INM de “falsedad en documento público” pues a él lo “inadmitieron” en México por la inexistente “alerta migratoria”, pero en el acta de inadmisión los agentes migratorios mintieron y señalaron como causal del rechazo “inconsistencias en la segunda entrevista”, la cual ni siquiera ocurrió.

Además, el infectólogo considera que fue víctima de robo indirecto, pues el INM le hizo perder sin justificación alguna unos cinco mil dólares que había pagado por anticipado al hotel y a operadores turísticos por su estancia en Cancún.

En su escrito, García Rincón señala: “¡Mientras escribo esto, no saben cuánto odio y repulsión siento por esas personas, su trato humillante y denigrante... lloro de rabia! Fuimos los últimos en ingresar al avión, ‘los parias’. Justo antes de ello, en la sala previa al acceso, nos entregaron celulares y computadores”.

Sus pasaportes fueron entregados por los agentes migratorios a la tripulación del avión, en el cual fueron acomodados en sillas separadas.

“Tenía y tengo mucha rabia –dice el médico–: quienes me conocen saben que soy demasiado tolerante, pero estaba llegando al límite”.

Miles de colombianos, asegura, viven un “calvario sistemático” por parte de las autoridades migratorias.

“Considero que esto debe ser analizado de forma detallada por los diferentes entres de control, nacionales e internacionales, porque, como lo demuestro, en muchos de los casos no hay una causa justa de inadmisión, y hay una violación evidente de nuestros derechos humanos que debe ser corregida”, señala García Rincón, quien el 4 de febrero celebraría su cumpleaños en Cancún con su esposa y su hijo.

Es la primera vez que el Estado mexicano enfrenta una demanda ante instancias internacionales por la violación de derechos humanos de los turistas colombianos.

La CIDH ya le respondió que también puede presentar una medida cautelar contra cualquier país miembro de la OEA, como es el caso de México, y él está dispuesto a seguir el trámite, mientras que en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos el caso fue planteado por el médico como “detención arbitraria”, además de la violación de sus derechos fundamentales.

“No voy a parar hasta que no se haga justicia”, asegura.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.

Colectivos envían correcciones a la propuesta de Sheinbaum sobre crisis de desaparecidos

“Hacemos un llamado a sus asesores para que le ayuden a informarse sobre los mecanismos institucionales, procedimientos y leyes que ya existen en materia de desaparición de personas, lo que en este momento han presentado sólo exhiben ignorancia en el tema y o su intención de engañar al pueblo”.

Familiares de personas desaparecidas y organizaciones sociales cuestionaron las propuestas para abordar el flagelo de las desapariciones en México expuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que sólo exhibe el “desconocimiento de los mecanismos y procedimientos institucionales que ya existen en el país en materia de búsqueda e investigación”.  

En una carta firmada por centenares de familiares de víctimas, de colectivos de buscadores, organizaciones sociales y activistas, los autores del texto hicieron observaciones a cada uno de los seis puntos de la declaración presidencial, acompañadas de propuestas para corregir los tropiezos.

“Hacemos un llamado a sus asesores para que le ayuden a informarse sobre los mecanismos institucionales, procedimientos y leyes que ya existen en materia de desaparición de personas, lo que en este momento han presentado sólo exhiben ignorancia en el tema y o su intención de engañar al pueblo”, consignaron los firmantes en la carta, en la que expresaron su disposición para dialogar “cuando el gobierno tenga la seriedad de abordar realmente el problema”.  

Los firmantes cuestionaron que se pretenda incrementar el presupuesto y capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), si no se destituye a su titular, Guadalupe Reyes Sahagún, nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “quien, a pesar de no contar con el aval de las familias por su clara incapacidad técnica para ocupar el puesto, no ha demostrado estar abierto al diálogo con las víctimas de este país”, por lo que demandaron realizar un proceso de elección de la titularidad del organismo con participación de familiares de víctimas, como lo estipula la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

De la misma manera, en la carta se le solicita a la presidenta separar del cargo a la actual encargada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez, y no sólo incrementar el presupuesto como medida de fortalecimiento, “sino asumir que las personas titulares deben tener conocimiento del tema, se convoque a funcionar el Sistema Nacional (de Atención a Víctimas) y, sobre todo, sensibilidad para atender a las víctimas”.  

Los familiares y colectivos criticaron que el gobierno de Morena pretenda “revivir la iniciativa de Felipe Calderón de contar con una cédula de identidad”, medida que “no resuelve en lo inmediato la crisis de desapariciones”, en tanto que enunciar modificaciones a la Ley General en materia de datos forenses, muestra una vez más “el desconocimiento” de la responsabilidad que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) al respecto pero que “se ha negado implementar”.  

La misma crítica se hizo sobre la mención de creación de protocolos de búsqueda, que ya existen, pero que no se aplican por “la falta de voluntad política de romper los pactos de impunidad que persisten en el país”, siendo los “operadores del sistema, Ministerios Públicos, Fiscalías, el primer obstáculo para iniciar las búsquedas”.  

Rechazaron “enérgicamente” la pretensión de equiparar el delito de desaparición al de secuestro, al considerar que “es una muestra clara de no entender las dinámicas criminales” y por ser “un claro retroceso en cuanto a la investigación”, al dejar invisibilizada la desaparición y las víctimas “atendidas de manera incorrecta”.  

Al comentar que “no hay certeza” de la confiabilidad en el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), los familiares y colectivos hicieron votos para que se concrete la propuesta de informar mensualmente sobre la crisis de desapariciones, no sólo un reporte sobre cuántas personas desaparecen al día “sino de cuántas logran encontrar así como ver cuántas investigaciones logran llegar ante un juez”, porque hasta ahora sólo 1% de los casos son judicializados.  

“La responsabilidad de buscar y encontrar sigue siendo de ustedes como gobierno, y son los servidores públicos uno de los principales obstáculos para encontrar a nuestros familiares desaparecidos, si se sigue tolerando eso, el problema no se resolverá. Porque mientras los edificios de gobierno están cerrados y envallados, las familias estamos encontrando a nuestros familiares que fueron desaparecidos y abandonados por el Estado mexicano”, sentenciaron las decenas de remitentes de la carta a la presidenta Claudia Sheinbaum.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Madres buscadoras desestiman anuncios de Sheinbaum; exigen ser incluidas en plan y que se indague sexenio de AMLO

Expertos en búsqueda de desaparecidos y de derechos humanos consideran que “no son ideas nuevas, sino pendientes” las medidas de la presidenta Sheinbaum tras el caso Jalisco. En entrevista, ambos exponen qué se necesita para atender esta crisis de seguridad.

“¿Qué parte de ‘sin las familias no’, no les ha quedado claro?”, cuestiona Grace Fernández Morán, integrante de Buscando Desaparecidos México (Búscame) y del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), ante el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del emprendimiento de una nueva estrategia para enfrentar la crisis de desaparecidos en el país.

Hermana de Dan Jeremeel, desaparecido por miembros del Ejército el 19 de diciembre de 2008, en Torreón, Coahuila, Fernández Morán alerta que lo que para la presidenta son iniciativas, “en realidad son pendientes de hace siete años desde que entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda”.

Partícipe en la redacción final de la iniciativa que se convirtió en ley, Fernández Morán recuerda que, por exigencia de las familias de desaparecidos, la Ley General y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) fueron “instrumentos que pensamos, negociamos, trabajamos, implementamos de la mano, codo a codo, las víctimas y las autoridades, y lamentablemente, ya cuando les tocó entrarle a los trancazos, lamentablemente ya no hubo el respaldo”.

La Ley General entró en vigencia a partir de 2017, en tanto que el MEIF fue auspiciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en cuyo último tramo de su administración decidió disolverlo, destino que también compartió el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH).

Entrevistada antes de abordar un vuelo con destino a Italia, para participar en la “Jornada de Recuerdo y Compromiso en Memoria de las Víctimas Inocentes de la Mafia”, que cada 21 de marzo se celebra en Sicilia, Italia, Grace Fernández insiste que lo anunciado por Sheinbaum “no son propiamente ideas nuevas, son pendientes”, y reconoce que después de la exhibición el rancho Izaguirre en Jalisco, la mandataria declara que va a atender el tema de las desapariciones que superan las 120  mil víctimas, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizada (RNPNO).

“Qué bueno que va retomar los pendientes, eso nos da gusto, nos da esperanza. Ahora lo que se sigue es que se lleve a cabo, que el pronunciamiento de la presidenta venga acompañado de voluntad política, presupuesto y capacidad porque esas promesas las vengo escuchando desde que llegó López Obrador y el señor fiscal (Alejandro Gertz Manero). Ya se fue López Obrador, ya casi se va el fiscal y siguen los pendientes”, apunta Fernández Morán.

Horas después de que Claudia Sheinbaum mencionó las seis medidas para enfrentar las desapariciones de personas, Grace Fernández urge no sólo a retomar los pendientes.

Advierten desconocimiento

Respecto de sumar las desapariciones al delito de secuestro, la defensora considera que si se trata de “equiparar en materia de equipo, de infraestructura y de estructura orgánica que tenía la Unidad Antisecuestros, vale, que se destinen cinco mil elementos, que era lo que tenía esa unidad en todo el país para la Comisión Nacional de Búsqueda; pero si se trata de cambiar el delito, preguntamos ¿qué parte de ‘sin las familias, no’, no les ha quedado claro? Qué bueno que ya está volteando a ver el tema, qué bueno que ya lo tenga en la priorización, pero no pueden irse sin las familias”.

Al puntualizar que, si es auténtica la intención de Sheinbaum por atender el problema, se debe combatir la impunidad y la corrupción de autoridades ligadas al crimen organizado “de los sexenios anteriores, incluido el de López Obrador, que dejó 60 mil desaparecidos”, ello como paso fundamental para detener la crisis humanitaria.
Lo anunciado por la presidenta –explica Grace Fernández– es parte de las herramientas para construir la ruta y el camino de la verdadera justicia, que sólo se construye con las familias, es indispensable que entiendan que los familiares de las personas desaparecidas no solamente somos el vehículo, somos la dirección y el destino de cualquier proyecto que intente dar solución a las desapariciones en México. 
La exigencia de incluir a las familias en la discusión de los pasos a seguir para atender el problema de desapariciones en México es también compartido por integrantes de la sociedad civil, como Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director jurídico de I(dh)eas  Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Asesor de colectivos de familiares de desaparecidos y de colectivos de búsqueda, Gutiérrez Contreras alerta que detrás del discurso de la presidenta hay un profundo desconocimiento el tema que “está híperdiagnosticado en los informes del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los informes de las organizaciones de la sociedad civil y de los familiares de víctimas”.

Contrario al anuncio de la presidenta de presentar iniciativas de ley para atender el problema, Gutiérrez Contreras apunta que “no se tiene que reformar nada, a la Ley General y los protocolos de búsqueda ahí están, más bien son acciones cosméticas, parches que no están realmente apuntando al problema estructural, que es la corrupción de las instituciones”.

Señala que en el discurso de Sheinbaum no se habla de las medidas a tomar contra “los funcionarios policiales, ministeriales, soldados, marinos, integrantes de la Guardia Nacional que están acusados de desaparición forzada que siguen operando de manera activa”.

El defensor considera que el origen de no plantear acciones estructurales por parte de la presidenta, se debe a que “no se está escuchando a las familias ni a las organizaciones, ni se están revisando las recomendaciones internacionales; estamos hablando de que las desapariciones son crímenes de lesa humanidad y para atenderlas, hay que tomar medidas extraordinarias”.

El director jurídico de I(dh)eas critica que se presente como iniciativa el fortalecimiento de la CNB, “cuando es una obligación de Estado”, además de que otros enunciados son “insustantivos porque ya existen en la ley, como lo que llama ‘Base Nacional Forense”, cuando en los artículos 119 y 120 de la Ley Genera en Materia e Desaparición ya está contemplado, es el Banco Nacional Forense y a quien le corresponde coordinarlo es a la Fiscalía General  de la República, que no se ha echado a andar; tampoco tiene sentido hablar de los protocolos de búsqueda e investigación, que también ya existen”.

Gutiérrez Contreras expone que la ley general ordena la búsqueda inmediata de cualquier persona, y que para ello no es necesario la espera de 72 horas, esa temporalidad “sólo aplica para abrir carpetas de investigación de hombres mayores de 18 años porque para mujeres y personas menores de 18 años la ley obliga a abrir de manera inmediata una carpeta de investigación”.

El defensor lamenta que Claudia Sheinbaum no presente propuestas “para fortalecer los servicios forenses, es ahí donde hay una crisis en México”, y en cambio se hable de equiparar el tipo penal de desaparición con el secuestro.

“Me parece que es grave porque desnaturaliza nuevamente la figura de la desaparición, homologar la desaparición al secuestro va en contravía de años de lucha de las familias, en contravía de años de lucha de identificar la desaparición como un delito de Estado”, explica.

De la misma manera, lamenta que no se incluyan reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, “para ofrecer beneficios a presuntos perpetradores por colaboración eficaz, si no hay manera de negociar con la delincuencia, si no hay manera de pedirles información sobre cómo operan, no se va a poder detener la tragedia”.

Gutiérrez Contreras, quien con I(dh)eas y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), han presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) denuncias por las desapariciones en Nayarit y Veracruz, puntualiza que ante la dimensión del problema en México, su organización ha urgido la intervención de la  CPI y de la Asamblea de Naciones Unidas, porque “se debe reconocer que en el país se practican crímenes de lesa humanidad, que los grupos delincuenciales en colaboración con agentes del Estado cometen esos actos”.

Ante la dimensión del problema, Gutiérrez Contreras considera que México: 
Debe pedir la intervención a la CPI y asumir que el Estado no puede combatir el problema solo, sin ayuda y cooperación internacional.
“Consideramos que el CED debe presentar el caso ante la Asamblea General de Naciones Unidas porque la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición establece que, cuando las desapariciones se practican de manera generalizada, la Asamblea General debe actuar estableciendo un monitoreo y exigirle a México que asuma de manera inmediata una priorización de acciones que tienen que ver con el drama humanitario que se está viviendo en el país”, agrega.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ

FGR confirma hallazgo de restos humanos en rancho de Teuchitlán; señala omisiones de Fiscalía jalisciense

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), detalló, el 19 de marzo de 2025, las omisiones de las autoridades de Jalisco en el caso de las supuestas fosas tipo crematorios dentro de un predio bardeado -de alrededor de 5 mil metros cuadrados-, denominado rancho Izaguirre, que era usado como campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la comunidad La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán.

Además, durante una conferencia de prensa, el titular de la institución de procuración de justicia fderal señaló que la FGR solicitó a la Fiscalía jalisciense, entregar con cáracter de urgente, los peritajes definitivos. Asimismo, aseguró que sí había restos humanos en el predio.

“Sí hay restos humanos, pero no están todavía definidos técnicamente, para lo que se necesita establecer un peritaje de esa naturaleza”, dijo Gertz Manero, quien también afirmó que las diligencias ministeriales del fuero común que se hicieron en este caso, en septiembre y octubre del 2024, no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos.

Además, “no se cumplió con el debido registro, identificación de todo lo hallado, sobre todo lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas y en ese sitio no se procesaron debidamente los vehículos encontrados de los cuales tres ya han sido robados”, enfatizó el titular de la FGR.

“No se dio intervención inmediata a la Fiscalía General de la República, por los delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y por delincuencia organizada”, sostuvo el titular de FGR, quien también dijo que no se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar, además de que no se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que ahí se encontraban.

Gertz Manero afirmó que, seis meses después, los servicios periciales de Jalisco aún no contaban con un dictamen definitivo en el que se estableciera con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco tenían los análisis físicos y químicos, que en forma directa vincularan a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que deberion haber estado sometidas, a temperaturas entre 800 y mil 200 grados.

El titular de la FGR agregó que tampoco se habían establecido con precisión, los vínculos, posibles encubrimientos y participaciones de autoridades locales, con los cárteles delictivos que operaban en esa región.

Un día antes, tras participar en la la reunión del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, anunció que acordó con autoridades federales que su Gobierno coadyuvaría en las pesquisas por el hallazgo de un campo de adiestramiento en el municipio de Teuchitlán.

En un mensaje en video, de menos de un minuto de duración, Lemus Navarro dijo que la intención, tanto de autoridades federales como estatales, es que se conociera la verdad de lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, donde en septiembre del 2024 fueron detenidas 10 presuntos plagiarios y rescataron a dos víctimas.

“Acordamos que la Fiscalía del Estado de Jalisco trabajará de manera coordinada con la Fiscalía General de la República en las indagatorias por el caso Teuchitlán. La estrategia es muy sencilla, decir la verdad de los sucesos en Teuchitlán. Por supuesto vamos a seguir trabajando con el Gobierno Federal en el esclarecimiento de los hechos de cara a la ciudadanía con toda la apertura para que se conozca la verdad de estos acontecimientos”, señaló el mandatario estatal.

Por su parte, durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó lo acordado con el gobernador jalisciense.

“El gobernador de Jalisco, estuvo en la reunión con el Gabinete de Seguridad, acordamos trabajar conjuntamente, solicitarles a las fiscalías que en su marco de actuación y atribuciones también pudieran revisar conjuntamente y particularmente el caso reciente de Jalisco, coincidimos en muchas de las visiones que estamos planteando y decidimos trabajar conjuntamente”, abundó la mandataria nacional.

El 17 de marzo de 2025, la Fiscalía jalisciense informó que habían terminado el registro de calzado localizado en el rancho Izaguirre, mismo que sumaban en dos lotes, 154 pares, entre botas, tenis, zapatos y sandalias de baño.

Por otra parte, entre otros artículos que han encontrado se habían contabilizado por parte de la institución de procuración de justicia estatal, había 18 maletas de viaje y 148 cobijas, cobertores y edredones.

La Fiscalía jalisciense esclareció que mantenía en línea la lista de prendas y artículos personales encontrados en el rancho, en los sitios web fiscalia.jalisco.gob.mx/inicio y fiscaliaenpersonasdesaparecidas.jalisco.gob.mx.

Lo anterior para que fuera una herramienta que permitiera a familiares de personas desaparecidas detectar algún indicio que llevara a ubicar el paradero de sus seres queridos. En esos sitios ya sumaban un total de 1 mil 308 fotografías de artículos, entre calzado, pantalones, playeras, shorts, mochilas, maletas de viaje, cobijas, cobertores y almohadas.

Según la institución de procuración de justicia estatal, el caso de que un familiar reconociera alguna prenda, debería contactar a la agencia del Ministerio Público donde se hizo la denuncia por desaparición, incluso si era en otra entidad federativa Detalló que en caso de que no se hubiera interpuesto previamente, se exhortaba a promoverla.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Sheinbaum admite que plataforma de búsqueda de desaparecidos está desactualizada y tiene muchos problemas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió, el 19 de marzo de 2025, que la plataforma de búsqueda de desaparecidos -el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO)- no estaba actualizada y tenía “muchos problemas” relacionados con la misma, además de que indicó que buscaban que la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales aportaran información.

Un día antes, el Colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos, respaldado por alrededor de 200 organizaciones no gubernamentales, cuyos integrantes buscaban a sus familiares y allegados, se pronunció en contra del anuncio de un nuevo plan del Gobierno Federal contra dicha problemática, al considerar que estaba desactualizado.

A través de un comunicado, la agrupación expresó su preocupación debido a que, según ellos, el contenido de la propuesta presentada el 17 de marzo de 2025, por Sheinbaum Pardo, reflejaba desconocimiento de los mecanismos de búsqueda vigentes.

“Hay una crítica ahí, dicen que no hay nada nuevo y que ya está, no, el objetivo es fortalecerlo porque mucho de lo que está ahí, la propia plataforma no está actualizada y hay muchos problemas relacionados con ella”, reconoció la mandataria nacional.

“El objetivo es que las fiscalías estatales contribuyan con este esquema, la Fiscalía General de la República y todas las comisiones de búsqueda de los estados, entonces es fortalecer los mecanismos y nuevos mecanismos que estamos planteando”, aseguró la presidenta.

“No lo hemos definido, probablemente a la Cámara de Senadores lo estaríamos enviando primero y son reformas legales a leyes secundarias”, sostuvo la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Las familias de personas desaparecidas vimos y escuchamos su respuesta frente a la crisis de desapariciones que cada día se agrava más. Nos preocupa profundamente la propuesta que hace, pues refleja un desconocimiento de los mecanismos y procedimientos institucionales que ya existen en el país en materia de búsqueda e investigación”, indicó el Colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos.

“1. Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Es positivo que revierta la mala decisión del año pasado, con la que se redujo el presupuesto a la Comisión Nacional; sin embargo, no se puede esperar que el aumento en el presupuesto y las capacidades logren algo efectivo con una titular como Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien, a pesar de no contar con el aval de las familias por su clara incapacidad técnica para ocupar el puesto, no ha demostrado estar abierta al diálogo con las víctimas de este país. Una acción contundente es corregir el error de nombrar a la titular de la Comisión Nacional, y después convocar a un proceso de elección que cumpla con lo que estipula la Ley General y en donde se garantiza el derecho de las familias a participar en el mismo. Seguiremos buscando el decreto que anunció, dado que no lo hemos encontrado”, indicaron.

“2. Reformas legislativas. Consideramos que revivir la iniciativa de Felipe [de Jesús] Calderón [Hinojosa] de contar con una cédula de identidad no resuelve en lo inmediato la crisis de desapariciones que se agudiza cada día. Las propuestas a la reforma a la Ley General en materia de Desaparición de Persona (Ley General) son preocupantes por el nivel de desconocimiento que muestran: ya existe desde 2017 la obligación de crear el Banco Nacional de Datos Forense (art. 119), mismo que la Fiscalía General de la República (FGR) se ha negado a implementar. En el artículo 111 se señala la obligación de crear el Registro Nacional de Personas Fallecidas No 3 obstáculo para encontrar. Todo lo anterior como parte de las herramientas del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que fueron propuestas construidas desde las familias y las cuales quedaron en la Ley General, sin embargo, ha faltado voluntad política para llevarlas a cabo”, señalaron.

“3. Nuevos protocolos. Reiteramos que el problema de las desapariciones y de las faltas en la búsqueda e investigación no deviene de la ausencia de leyes y protocolos, sino de la falta de voluntad política para romper los pactos de impunidad que persisten en el país. Son los operadores del sistema, los Ministerio Públicos, Fiscalías, el primer obstáculo para iniciar las búsquedas. La Ley General ya contempla que la búsqueda debe de ser inmediata, incluso pone como plazo máximo las 72 horas para que, en los casos en los que no se tengan indicios de la comisión de un delito, el Ministerio Público inicie las investigaciones. Lo mismo está marcado ya en el Protocolo Homologado de Búsqueda, que no se tengan indicios de la comisión de un delito, el Ministerio Público inicie las investigaciones. Lo mismo está marcado ya en el Protocolo Homologado de Búsqueda”, enfatizaron

“4. Equiparar el delito de desaparición al de secuestro. Una de las luchas más grandes que dimos como familias fue que se lograra establecer en la Ley General el delito de desaparición forzada, ya que desde hace mucho tiempo entendimos que la búsqueda de nuestros familiares responde a dinámicas distintas al delito de secuestro, hacer esta propuesta es una clara muestra de no entender las dinámicas criminales, así como un claro retroceso en cuanto a su investigación. No se puede resolver el problema de las desapariciones si se investiga como si fuera un delito cualquiera, y nos preocupa que la desaparición quede invisibilizada, y sus víctimas atendidas de manera incorrecta. Por lo que rechazamos enérgicamente la propuesta”, sostuvieron.

“5. Estadística mensual. Esperemos que se consolide esta propuesta, que nos permita ver el nivel del trabajo de las fiscalías. No solo como un indicador de cuántas personas desaparecen al día, sino de cuántas logran encontrar, así como ver cuántas investigaciones logran llegar ante un juez (al día de hoy solo lo hacen el 1%). Solicitamos que en ese reporte se sume la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del cual, a la fecha, no hay certeza de que la información que se encuentra en ese registro sea confiable”, abundaron.

“6. Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Desde enero de 2014, se instaló el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y a la fecha nunca se ha convocado. Al igual que la CNB esperamos que el fortalecimiento institucional de la CEAV no sea solo en aumentar el presupuesto, sino asumir que las personas titulares deben tener conocimiento del tema, se convoqué a funcionar el Sistema Nacional y, sobre todo, sensibilidad para atender a las víctimas, no solo una cercanía personal con quienes las designan. Por lo que reiteramos nuestra exigencia para que sean separadas del cargo”, comentaron.

“Sabemos que, como todos los gobiernos en México, este no ha mostrado interés real y serio en consultarnos y establecer un diálogo constructivo, sin embargo, ejercemos nuestro derecho no solo a expresarnos, sino a la participación en temas relacionados con la búsqueda de nuestros familiares. Reiterando en todo momento la disposición de las familias de dialogar cuando el gobierno tenga la seriedad de abordar realmente el problema
Hacemos un llamado a sus asesores para que le ayuden a informarse sobre los mecanismos, instituciones, procedimientos y leyes que ya existen en materia de desaparición de personas, lo que en este momento han presentado solo exhiben ignorancia en el tema y o su intención de engañar al pueblo”, expresaron.

“La responsabilidad de buscar y encontrar sigue siendo de ustedes como gobierno, y son los servidores públicos uno de los principales obstáculos para encontrar a nuestros familiares desaparecidos, si se sigue tolerando eso, el problema no se resolverá. Porque mientras los edificios de gobierno están cerrados y envallados, las familias estamos encontrando a nuestros familiares que fueron desaparecidos y abandonados por el Estado Mexicano”, finalizaron.

El 18 de marzo de 2025, Sheinbaum Pardo emitió un decreto en el que instruyó a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las herramientas y recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, para realizar su labor de localización e identificación de personas.

Asimismo, la mandataria ordenó a SHCP autorizar las adecuaciones presupuestarias que sean requeridas por la CNB. En el documento, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), pidió a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, coadyuvar con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la citada Comisión, en la localización e identificación de personas, para asegurar implementación de estrategias, herramientas y metodologías especializadas.

De manera general, la presidenta anunció que la Comisión Nacional de Búsqueda sería fortalecida para ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y adquisición, así como el uso de equipos y herramientas tecnológicas que coadyuvaran en las acciones de búsqueda con evidencias científicas.

“Es una prioridad del Estado mexicano fortalecer los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas para garantizar la protección integral de sus derechos humanos como el acceso a la justicia y el derecho a la verdad. El derecho humano a ser encontrado y el derecho de las víctimas a buscar a sus familiares son principios fundamentales que el Estado debe garantizar y proteger”, señaló Sheinbaum Pardo.

Además, en el decreto, la presidenta reconoció que el Estado tenía la obligación de llevar a cabo la búsqueda de personas, asegurando la coordinación y cooperación entre las instituciones de los tres niveles de Gobierno, “evitando la impunidad y fortaleciendo el acceso a la justicia”.

“Antes, en el pasado, durante el periodo de la guerra sucia, la desaparición en México era perpetrada por el Estado, ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. Como delito grave debe prevenirse, atenderse y sancionarse […] La construcción de la paz y la lucha contra la impunidad son ejes centrales del Gobierno y, por ello, es necesario fortalecer las instituciones encargadas de la búsqueda de personas”, enfatizó la mandataria nacional.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Retiro de reforma a la Ley del ISSSTE es para evitar desinformación, dice Sheinbaum

Sheinbaum destacó que se podrán realizar, mediante decretos presidenciales, quitas y congelamiento de deudas impagables de créditos del FOVISSSTE.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que tras reunirse ayer con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se llegó al acuerdo de retirar la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que se presentó el 7 de febrero de 2025, con el objetivo de evitar desinformación.
“Ha habido desinformación con respecto a la reforma a la ley del ISSSTE, ayer la retiramos por la desinformación que hay, pero el objetivo es seguir apoyando a los maestros y maestras y a los trabajadores del Estado en las deudas tan grandes que se han hecho a partir del FOVISSSTE”, aseveró.
En ese sentido, la Presidenta destacó que se podrán realizar, mediante decretos presidenciales, quitas y congelamiento de deudas impagables de créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).


Puntualizó que la reforma a la Ley del ISSSTE que se había enviado respondía a muchas de las demandas de las y los maestros por ello, aunque la reforma fue retirada, se mantendrán los beneficios que incluía. Ante esto, la Jefa del Ejecutivo federal anunció que se realizaron diferentes compromisos con las y los maestros:
  • El retiro inmediato de la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE presentada el pasado 7 de febrero de 2025.
  • Establecer un programa para congelar y disminuir con quitas o condonar las deudas problemáticas que se han vuelto impagables para acreditados del FOVISSSTE. Además, se revisarán los mecanismos para recuperar las atribuciones del FOVISSSTE para reconstruir, rehabilitar y mejorar vivienda social para las y los trabajadores del Estado.
  • Detener el incremento de la edad mínima de jubilación previsto en la Ley, para mantenerla en lo que está establecido para 2024, en tanto continúan los trabajos de diálogo.
  • Organizar foros escuela por escuela para construir la propuesta alternativa para el ingreso, promoción y reconocimiento de las maestras y los maestros que garantice sus derechos laborales, la transparencia y cero corrupción.
Puntualizó que se continuarán con los diálogos con los maestros y maestras para continuar avanzando en sus solicitudes. “Nosotros vamos a mantener las pláticas con la CNTE, también con el SNTE hay pláticas, pero particularmente con la Coordinadora, nos vamos a seguir viendo para seguir avanzando en todas las solicitudes que tienen, que en general son solicitudes justas”, aseguró.


La Presidenta aseguró que ya se está trabajando en dichos decretos. Uno de los cambios que se mantendrán, será poder recuperar la capacidad de construcción del FOVISSSTE y el quitar parte de las deudas impagables de las y los trabajadores.
"Detener el incremento de la edad de jubilación. Resulta que la reforma de 2007 aumenta las edades de jubilación cada dos años. El que se jubiló en 2023 se jubiló a una edad y quien lo hizo en el 2025 lo hará a otra edad. Entonces la propuesta que les hice, en tanto siguen los diálogos, detenemos, congelamos la edad de jubilación a lo que estaba en 2024. ya no va a seguir aumentando. ¿Representa recursos? sí, pero ustedes saben que con la austeridad daos estos beneficios y cada año representara un recurso adicional", destacó la mandataria.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La discriminación hacia comunidades indígenas y migrantes perdura en México: Inegi

En un reciente informe que dio a conocer el Inegi, se registró que el principal motivo de discriminación reportado fue la forma de vestir entre personas indígenas (31.1 por ciento) y migrantes (32.2 por ciento).

A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, conmemorado el 21 de marzo por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer un reporte en el que se expone que en México, el 28.2 por ciento de las personas indígenas, el 35.7 por ciento de las personas afrodescendientes y 28.5 por ciento de las personas migrantes, todas de 18 años y más, declararon haber sido víctimas de discriminación.
"Este tipo de discriminación es definida como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública", explicó el Inegi.
El principal motivo de discriminación reportado fue la forma de vestir entre personas indígenas (31.1 por ciento) y migrantes (32.2 por ciento), mientras que en la población afrodescendiente fue el peso o estatura (31.7 por ciento). Asimismo, tres de cada 10 personas indígenas declararon haber sido discriminadas por ser indígenas.
En un segundo término, 26.3 por ciento de las personas indígenas declaró haber sido discriminada por su religión, frente a 19.9 por ciento de la población total.

Entre las mujeres, los principales motivos de discriminación reportados fueron: por ser mujeres (35.3 por ciento), por forma de vestir (31.8 por ciento) y por el peso o estatura (30.7 por ciento). En los hombres, la opinión política fue el principal motivo. La discriminación, según sexo, mostró las mayores brechas de género y superó los 20 puntos porcentuales en todos los grupos.

El color de piel, un factor para ser discriminado

El Inegi recordó que la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 reveló que las personas que se autoidentificaron con tonos de piel oscuros (A-E) declararon haber sido discriminadas en mayor proporción que las personas que se autoidentificaron con tonos de piel intermedios (F-G) y claros (H-K).


Las mujeres en el grupo de tonos de piel claros declararon haber sufrido mayor nivel de discriminación, en forma significativa, que los hombres con esos mismos tonos de piel, por lo que el género es un factor que agrava esta forma de exclusión.

La ENADIS también evidenció que las personas con tonos de piel más oscuros enfrentan mayores barreras para ejercer sus derechos, entre ellos los laborales, educativos y de salud. "Solo 32.8 por ciento reportó contar con un contrato laboral; 38.2 por ciento alcanzó el nivel de preparatoria o superior y 49.7 por ciento tuvo acceso a servicios de salud", apuntó el Inegi.

En contraste, estos porcentajes fueron significativamente mayores entre las personas con piel más clara, con 44.0 por ciento, 55.1 por ciento y  60.6 por ciento, respectivamente.
"Finalmente, sólo tres de cada 10 mujeres que se autoidentificaron con tonos de piel más oscuros (A-E) lograron cursar la preparatoria o un nivel superior. En contraste, cinco de cada 10 mujeres con piel más clara (H-K) tuvieron acceso a dichos niveles educativos", aseguró el Instituto.
¿Cuántas personas racializadas hay en México?

La ENADID, en 2023, dio a conocer que 39.2 millones de personas en México (30.3 por ciento de la población nacional) se reconocieron como indígenas: 20.3 millones de mujeres (51.8 por ciento) y 18.9 millones de hombres (48.2 por ciento); con una estructura por edad de 22.7 por ciento personas menores de 15 años; 21.7por ciento entre 15 y 29 años; 39.7 por ciento entre 30 y 59 años y 15.8 por ciento de 60 años y más.

La misma encuesta reportó que ese año en México residían 3.1 millones de personas afrodescendientes (2.4 por ciento de la población nacional): 1.6 millones de mujeres (51.0 por ciento) y 1.5 millones de hombres (49.0 por ciento). Su composición por edad fue de 20.9 por ciento personas menores de 15 años; 24.6 por ciento, entre 15 y 29 años; 41.3 por ciento, entre 30 y 59 años y 13.1 por ciento, de 60 años y más.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Encuentran 15 cuerpos en fosa de Acultzingo, Veracruz; está relacionada con “El Bukanas”

Hasta el momento se reportó el rescate de cinco cuerpos completos pero hay más víctimas en el lugar relacionado al crimen organizado.

Vecinos de la ranchería de Atitla, en Acultzingo, Veracruz, localizaron una fosa clandestina con al menos 15 cuerpos relacionada al grupo delictivo de “El Bukanas”.

Aunque el 15 de marzo finalizó una primera etapa de búsqueda con el hallazgo de cinco víctimas, los vecinos reportan que habría al menos diez cadáveres más. 

Desde hace dos meses, los pobladores de Atitla reportaron movilización en unas cuevas de la comunidad por lo que desde entonces pedían acciones de búsqueda.

Sin embargo, las autoridades de Veracruz comenzaron a investigar los hechos hasta el mes de marzo y hasta apenas el fin de semana iniciaron con la búsqueda. 

Esto originó el hallazgo de una fosa clandestina a cielo abierto dentro de una cueva que, según las primeras investigaciones, fue utilizada por grupos delictivos. 

Principalmente el de Roberto de los Santos de Jesús, alias “El Bukanas” quien cuenta con presencia en la zona limítrofe de Puebla y Veracruz donde hallaron la fosa. 

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz realizaron el levantamiento de cinco cadáveres. Después, enviaron los restos al Servicio Médico Forense de Nogales, Veracruz en donde se espera a las identificaciones correspondientes.

Luis Alfredo Cruz López, el presidente municipal de Acultzingo, Veracruz es acusado por los pobladores de Atitla por supuesta protección a grupos delictivos. Entre ellos el de Roberto de los Santos, “El Bukanas”, quien sería supuestamente su familiar.

Temen que haya más fosas en Acultzingo

Al ser una zona de libre paso para la delincuencia organizada, los pobladores de Acultzingo, Veracruz temen que haya más fosas.  

PÁGINA NEGRA informó en 2024 que “El Bukanas” cambió de giro y abandonó el huachicol para dedicarse al tráfico con personas.

Las autoridades federales detectaron el tráfico de personas indocumentadas en carreteras de Veracruz y Puebla. 

Dichas actividades afectan comunidades de Puebla como Guadalupe Potreros, Benito Juárez, San Antonio Soledad, Puente Colorado. Así como los municipios de Nicolás Bravo y Vicente Guerrero.  

En Veracruz, las localidades afectadas incluyen Maltrata, Acultzingo, Nogales, Ciudad Mendoza y Río Blanco.

FUENTE: PERIÓDICO CENTRAL.
AUTOR: EDMUNDO VELÁZQUEZ.

«La reforma necesaria en justicia es en las fiscalías»: Centro Prodh tras informe sobre Teuchitlán

«El informe presentado hoy por la Fiscalía General de la República sobre el caso Teuchitlán evidencia que la reforma necesaria en justicia es en las fiscalías, claramente rebasadas e incapaces», señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), tras la presentación de los primeros avances en la investigación oficial sobre los hallazgos en el Rancho Izaguirre.

Este miércoles, el fiscal general Alejandro Gertz Manero presentó un informe sobre las averiguaciones iniciales tras los hallazgos en el Rancho Izaguirre, donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró más de 400 indicios de personas desaparecidas, un centro de adiestramiento del crimen organizado, hornos clandestinos y restos humanos.

Durante la conferencia, el fiscal reconoció que las autoridades estatales no realizaron los procedimientos adecuados en el predio ni realizaron la inspección total y exhaustiva del lugar, donde en septiembre de 2024 se realizó un cateo oficial sin que se reportara ningún hallazgo.

«El análisis de la FGR es pobre, sin análisis de contexto ni uso intensivo de tecnología, soslayando que la federalidad es clara al subyacer evidentemente delincuencia organizada. Es lamentable también que el tono que privó no haya sido de la solemnidad y empatía que ameritaba el caso», criticó el Centro Prodh tras el informe, que demostró «las negligencias documentadas de la Fiscalía de Jalisco» que evidencian que «el lugar no se procesó adecuadamente y que líneas de investigación clave no se siguieron».

El Centro Prodh manifestó además su preocupación por que la investigación federal que eventualmente podría realizarse, pues la atracción del caso por parte de la FGR aún no se confirma, «lleve el sesgo de acotar el hallazgo al de un campo de entrenamiento, únicamente. Todas las hipótesis deben explorarse, incorporando la información contextual disponible».

Igualmente, señaló su preocupación frente a la afirmación de que la FGR no está obligada a informar sobre el número de casos de desaparición que conoce, entre otros datos como que el Banco Nacional de Datos Forenses opera desde 2023, «cuando esto no es así».

«La crisis de desapariciones de México necesita otra justicia. Aunque se nos distraiga con la errónea reforma judicial, la justicia no mejorará con estas decadentes fiscalías», concluyó la organización de derechos humanos tras las declaraciones oficiales.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Con jornada estatal, comunidades indígenas exigen seguridad y derechos colectivos en Michoacán

Comunidades originarias y afromexicanas de Michoacán iniciaron hoy la Jornada Estatal por la Seguridad y Paz Comunal, en Contra de la Discriminación y en Defensa de los Derechos Colectivos, a través de la toma pacífica de nueve carreteras en la entidad.

Entre las demandas de las comunidades que participan en la jornada, acordada por la Asamblea General de Autoridades Civiles, Comunales y Tradicionales que conforman el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), se encuentra un mesa de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum para que conozca «de manera directa» los problemas de inseguridad, discriminación e injusticia que sufren los pueblos originarios de la entidad y que no le son reportados por sus subordinados».

Los pueblos también exigen que una mesa de trabajo con los titulares de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, «toda vez que sus instituciones discriminan a 40 comunidades en Michoacán que dejaron fuera del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente indígena (FAISPIAM)», a pesar de que cumplieron con todos los requisitos legales y administrativos para su incorporación.

«Al pueblo de Michoacán le pedimos disculpas, pero las autoridades no nos dejan otro camino, es tiempo de exigir seguridad, paz y justicia para los pueblos y comunidades originarias», señaló el CSIM en el inicio de la jornada que comenzó a las 9 horas de este miércoles.

COMUNICADO:

JORNADA ESTATAL POR LA SEGURIDAD Y PAZ COMUNAL, EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓN Y EN DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS

A LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

AL GOBERNADOR ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Comunidades originarias y afromexicanas de #Michoacán a 19 de marzo de 2025.

Por resolutivo de Asamblea General de Autoridades Civiles, Comunales y Tradicionales que conforman el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, el día de hoy se realiza colectivamente una Movilización General mediante la toma pacifica de las siguientes carreteras:

1) Toma de la Carretera Cheran-Zamora en Huáncito.

2) Toma de la Carretera Cheran-Pátzcuaro en Sevina.

3) Toma de la Carretera Cheran-Uruapan en Paracho.

4) Toma de la Autopista Morelia-Lázaro Cárdenas en Taretan.

5) Toma de la Carretera Morelia-Zacapu en Santa Fe de la Laguna.

6) Toma de la Carretera Pátzcuaro-Uruapan en San Juan Tumbio.

7) Toma de Carretera Uruapan-Los Reyes en Zacán.

8) Toma de Carretera Ramal Camelinas en Morelia

9) Toma de Carretera en Salvador Escalante en Santa Clara del Cobre.

Al pueblo de #Michoacán le pedimos disculpas, pero las autoridades no nos dejan otro camino, es tiempo de exigir seguridad, paz y justicia para los pueblos y comunidades originarias.

PLIEGO PETITORIO:

▪️Mesa de trabajo con la #Presidenta de la República Claudia Sheinbaum para que conozca de manera directa los problemas de inseguridad, discriminación e injusticia que sufren los pueblos originarios de la entidad y que no le son reportados por sus subordinados.

▪️Seguridad y paz para las comunidades indígenas. Instalación de Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI) en #Sevina y en Santa Fe de la Laguna. Que el Ejército, la Guardia Nacional y Civil permanezcan en Sevina hasta la instalación de la BOI, así como el fortalecimiento de su sistema de Defensa Comunal Juchári K’uajpiricha.

▪️Mesa de Trabajo con los titulares de la Secretaría del Bienestar Ariadna Montiel Reyes y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Adelfo Regino Montes, toda vez que sus instituciones discriminan a 40 comunidades en #Michoacán que dejaron fuera del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente indígena (FAISPIAM), esto a pesar de que cumplieron con todos los requisitos legales y administrativos para su incorporación.

▪️Al Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, le exigimos que no traicione a las comunidades autónomas, al ordenar de manera unilateral y mediante la Secretaría de Finanzas la regresión administrativa que obliga a los autogobiernos a facturar a nombre de los municipios, toda vez que muchos de ellos son enemigos históricos de las comunidades.

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

🦅 CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM🔥

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Claudia acusa a Calderón y a Peña de desaparecer miles de millones de renta petrolera

La mandataria Claudia Sheinbaum destacó que los miles de millones de pesos de excedentes petroleros en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no se vieron reflejados en Pemex.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó este martes dónde quedaron los miles de millones de pesos de excedentes petroleros que obtuvieron los gobiernos del panista Felipe Calderón Hinojosa y el priista Enrique Peña Nieto y que la Nación no vio reflejado en su provecho. Por el contrario, destacó, ambas administraciones endeudaron a Petróleos Mexicanos (Pemex) hasta casi quebrarla.
En el marco del 87 Aniversario de la Expropiación Petrolera, la Primera Mandataria del país dijo que “en 2007, otro Presidente espurio, Calderón, recibió 12 mil millones de dólares por precios altos del petróleo, y en 2008, 16 mil millones de dólares. Entre el Gobierno… Ah, bueno, no solamente recibieron todo ello, sino la pregunta es: ¿Y dónde quedó ese recurso? Todos esos excedentes petroleros, producto además de la sobreexplotación de Cantarell, no quedaron absolutamente en nada; bueno, en media barda de la Refinería de Tula”, dijo durante su discurso.
La mandataria Federal lamentó que durante el periodo neoliberal, Pemex generó una cantidad importante de excedentes petroleros, sin embargo, esos recursos nunca se tradujeron en beneficios para la empresa o la población. A raíz de ello, la deuda de la petrolera se duplicó hasta alcanzar los 106 mil millones de dólares.
"Es absurdo que, a pesar del endeudamiento y de los excedentes petroleros bajo la producción en 400 mil barriles de petróleo diarios, se abandonaron las refinerías, donde se desmanteló la industria petroquímica en medio de escándalos de corrupción como Odebrecht o los moches entregados vinculados a la reforma energética”, indicó.

Pese a las bajas en la industria, Sheinbaum aseguró que en 2018 cambió la historia del país con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el rescate de Pemex y el aumento de su producción. Con ello, se producen 1.8 millones de barriles diarios, lo que representa el inicio de la recuperación de la soberanía energética.

Promulga leyes secundarias

Luego de criticar a sus antecesores, Sheinbaum Pardo firmó el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de las leyes secundarias en materia energética, con lo que Pemex volverá a ser una empresa pública del Estado.


"El día de hoy el mejor homenaje que podemos hacer al General Lázaro Cárdenas y al pueblo de México de entonces y de ahora, es la publicación en el Diario Oficial de la Federación de todas las leyes secundarias asociadas a la recuperación de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), algo de lo más importante es que se recuperan verticalmente las empresas, es decir, lo que se hizo en 1992 de separar a Pemex con el objetivo de privatizarlo, comienza el día de hoy la integración vertical de Petróleos Mexicanos para fortalecer su eficiencia, su rendimiento y empresa pública del Estado Mexicano y empresa del pueblo de México", aseveró.

Con la firma de este decreto, se expiden: la Ley de la Empresa Pública del Estado de Petróleos Mexicanos; la Ley de la Empresa Pública del Estado de la Comisión Federal de Electricidad; la Ley del Sector Eléctrico; la Ley del Sector Hidrocarburos; la Ley de Planeación y Transición Energética; la Ley de Biocombustibles; la Ley de Geotermia; y la Ley de la Comisión Nacional de Energía.

Además, se reforman diversas disposiciones de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Claudia Sheinbaum aseguró en conferencia que con estas reformas se revierte el proceso de privatización que iniciaron los gobiernos neoliberales, que alcanzó su consolidación en la reforma energética de 2013 y que buscaron la privatización de Pemex y de la CFE.

"Se impuso a contrapelo de la voluntad del pueblo de México, un modelo de desarrollo que permaneció hasta el 2018, el periodo neoliberal, el oscuro periodo neoliberal en nuestro país. A partir de entonces, los gobiernos dilapidaron los recursos de la Nación, vendieron las empresas públicas y dilapidaron también el petróleo y buscaron a toda costa la privatización y desmantelamiento de Pemex”, concluyó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.