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Fiscalía de Jalisco dio por muertos a 3 jóvenes hace 7 años. Familias piden buscarlos

A siete años de la desaparición de los estudiantes de cine Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz en Jalisco sus familias desmienten la versión oficial que apunta, sin evidencia, a que los tres fueron asesinados, también exigen que sigan las búsquedas.

La Fiscalía de Jalisco aseguró que los estudiantes de cine Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz, desaparecidos el 19 de marzo de 2018 en Tonalá, fueron asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido, una versión que la Fiscalía General de la República (FGR) respaldó pese a que ambas dependencias no mostraron evidencias, por ello, las familias de los jóvenes exigen a las autoridades justicia, continuar las investigaciones y agilizar las búsquedas.

A siete años del caso que movilizó a cientos de personas en el país, familiares de los estudiantes expusieron que incluso quienes analizaron el lugar que la Fiscalía de Jalisco identificaron como el espacio donde habrían sido disueltos los cuerpos de los estudiantes, han reconocido que no hallaron restos humanos, sólo diésel.
"En la carpeta de investigación vimos el reporte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ahí ellos reportaron que no habían encontrado restos humanos, que era diésel en los tambos, en los bidones.  Y en el  juicio se presentó una testigo del instituto, ella narró que no se  encontraron restos humanos, que lo que se había encontrado era diésel", expuso Virginia, mamá de Daniel Díaz, en conferencia de prensa vía remota.
Familiares de los estudiantes también denunciaron que cuando la FGR atrajo él caso no inició una nueva línea de investigación, por lo que validó una versión que, aseguran, “fue fabricada”.

Por ejemplo, en mayo de 2024 la FGR celebró la condena de más de 70 años de privación de la libertad dictada a cinco hombres que estarían relacionados con el caso por el delito de secuestro agravado, pero durante el juicio tres de ellos denunciaron haber sido víctimas de tortura para corroborar la versión de los hechos de la Fiscalía jalisciense.
"Tres de ellos participaron [en las audiencias], pero lo único que dijeron fue que en el momento de que a ellos los detuvieron fueron torturados y obligados a decir esa versión, pero ya de los datos de nuestros hijos pues no, no hicieron ningún comentario”, agregó Virginia.
Mientras que Miguel Díaz, padre del estudiante Daniel, insiste en que, tanto al escuchar los testimonios de los agentes del Ministerio Público, al leer la carpeta de investigación, así como al visitar junto a autoridades locales los lugares en los que habrían sido secuestrados sus hijos, encontraron que “todo se veía como algo fabricado”.

Recordó que con la entonces Fiscal de Jalisco Marisela Gómez Cobos realizaron recorridos para identificar dónde fueron desaparecidos los estudiantes y a las casas en las que, de acuerdo con la versión oficial, habrían sido llevados por integrantes del crimen organizado, pero las autoridades cambiaron frente a los familiares y en la carpeta de investigación las versiones de los sitios identificados.

Por ejemplo, los baños de las viviendas que ellas y ellos revisaron no eran los que la Fiscalía estatal fotografió e incluyó en la carpeta de investigación. Miguel Díaz recordó que en mayo pasado, cuando se dictaron sentencias relacionadas con esta investigación, el juez pidió al Ministerio Público federal que no cerrara el caso porque aún está pendiente su esclarecimiento.

Por ello, las y los familiares de los estudiantes de Marco García y Miguel Díaz pidieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum ordenar la búsqueda en vida de los estudiantes y a la FGR que no dé por concluida la investigación y la refuerce con testimonios que no fueron incluidos en las audiencias del caso pese a su relevancia para esclarecer qué pasó desde las primeras horas de las desapariciones.


Se trata del testimonio de otro compañero de los jóvenes, quien dejó la casa a la que asistieron para realizar una tarea escolar desde la mañana del lunes. Además de una mujer identificada como Edna, ella avisó a las familias sobre la desaparición de sus hijos, aunque lo hizo horas después.  De acuerdo con los familiares, la mujer dijo a la FGR que no declararía por temor; también falta que las autoridades entreguen videos de cámaras de seguridad cercanas a donde fueron vistos por última vez los estudiantes.

El caso de Marco García, Daniel Díaz y Salomón Aceves, movilizó a cientos de personas en Jalisco y en distintos estados del país. La posible relación entre la crisis de desapariciones y el crimen organizado quedó evidenciado en esa ocasión. Una situación que este mes volvió a ser exhibida con el hallazgo de restos humanos y miles de objetos como prendas, zapatos y mochilas en un rancho de Teuchitlán donde, según han señalado testimonios anónimos, las personas eran obligadas a trabajar para el crimen organizado.


Desde 2018 las autoridades de Jalisco sabían de estos sitios para reclutar de manera forzada a personas, así lo confirmó el exgobernador de Aristóteles Sandoval, con quien ella y otros familiares de los estudiantes de cine se reunieron en distintas ocasiones.

“En ese tiempo Aristóteles, el licenciado Aristóteles, nos decía: "No hay nada de sus hijos. Pero sí sé, dice que hay muchos lugares que están reclutando a muchos jóvenes. Siempre nos daban esa esperanza de que pronto nuestros hijos estarían a nuestro lado y seguiremos esperando”, dijo Virginia, mamá de Daniel Díaz.

Después de las desapariciones

Carlos Valencia, profesor de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), donde estudiaban los jóvenes Salomón, Marco y Daniel, lamentó en entrevista que la versión que “construyeron las autoridades ayudó a desmovilizar y provocar horror en la población”.

La desaparición de los estudiantes a quienes estudian y, como él, dan clases en el CAAV. Desde entonces, aunque han tomado protocolos como evitar que las y los estudiantes salgan de la zona metropolitana para realizar ejercicios estudiantiles, Carlos Valencia reconoce que la preocupación es constante porque, al seguir impune este caso, sigue sin haber garantías de que no se repetirá.
“Es una posibilidad que está latente y se vive con eso, es terrible tener que vivir y aceptar esa realidad. Por más que tratamos de cuidar a los chicos, de decirles protocolos, la posibilidad está ahí porque no hay nada que garantice realmente su seguridad. El problema [de las desapariciones] incluso ha aumentado”.
El también profesor de la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) que ha acompañado a las familias en su búsqueda de justicia durante estos siete años, recordó que los jóvenes desaparecieron después de acudir a una casa en la colonia Los Amiales, en Tonalá, en la que ya habían grabado otras de sus tareas, para realizar un trabajo cinematográfico.

“Ellos estaban haciendo una tarea en un lugar donde ya habían estado antes, por eso estaban con toda la confianza, sin ninguna preocupación. Eso es lo que suceden una escuela de cine,  les dejan ejercicios y ellos buscan locaciones y van y hacen los ejercicios. Aquí la versión oficial fue que los confundieron porque esa casa ya había sido asegurada antes. Esa es la versión, que los confunden porque ven movimiento en la casa y piensan que son del de algún grupo rival y que por eso es que se los llevan, pero no hay una verdad real de eso, no podemos decir que eso es cierto porque faltan muchas piezas de arma. No hay evidencias científicas que respalden esa ‘verdad histórica’.

"Que la sociedad sepa que las familias de Marco y Daniel siguen buscándoles y que siguen luchando por encontrar la verdad”, mencionó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MONTSERRAT ANTÚNEZ.

Teuchitlán, el infierno convertido en camposanto

La galería de indicios publicada por la fiscalía de Jalisco convocó al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, a madres buscadoras que, cuando vieron las prendas, sintieron una conexión con su hijo desaparecido. Unos jeans, una certeza o una simple corazonada fueron suficientes para que acudieran a las puertas del lugar, con la esperanza de hallarlos y a la vez el temor de haberlos perdido consumidos por el fuego

A bordo del autobús rumbo a Teuchitlán, la señora Carmen Carrillo amplía en su celular la imagen de un pantalón extendido sobre un fondo azul para escudriñar cada detalle, cada pliegue. Cierra la foto y busca entre su colección de recuerdos alguna en la que pueda ver de cuerpo entero al hijo que tiene desaparecido. Cuando la encuentra, se enfoca en los jeans que trae puestos, la agranda, luego la cierra y, en un ritual interminable, otra vez vuelve a mirar la imagen del pantalón con el rótulo 61, el número de evidencia pericial que la fiscalía de Jalisco asignó a esa prenda descubierta en el rancho Izaguirre. 

Aunque es un pantalón de mezclilla de color azul, sin talla y sin marca, ella está segura de que le pertenece a Dani. “A una como madre la llaman sus hijos”, asegura. “Él siempre ha tenido una conexión muy grande conmigo”.

Por eso el domingo abordó este camión que salió de Guadalajara y se detuvo en el centro del pueblo de Teuchitlán, a unos minutos del infame rancho donde fue encontrado ese pantalón junto a otras 435 prendas de ropa, 154 pares de zapatos y 18 maletas que parecen los vestigios de la catástrofe ahí ocurrida. Testimonios mudos de una tragedia. Ropas que quedaron abandonadas; sus dueños no han aparecido. Pudieron haber sido reclutados por el cártel local (muchos de ellos engañados con falsas promesas de empleo) o asesinados en los inhumanos entrenamientos que se llevaban a cabo en ese sitio.

Carmen Carrillo dice que empezó “a sentir feo” la semana pasada, cuando se atrevió a ver las noticias. “En Teuchitlán reconocí su pantalón que él traía ese día que se lo llevaron, y la cartera, y un bóxer. También traía unos tenis marca Vans, pero no me había percatado de que estos que pensé que eran suyos traen cuadritos a los lados, entonces no son, pero el pantalón y los bóxers, la cartera, sí”. 

Movida por esa corazonada empacó en su mochila unas flores de plástico blancas y una veladora. “Las voy a dejar ahí con la parte de mi corazón que me quitaron, que me arrancaron, y pues todo mi amor va con él”. Mandó también imprimir un cartel desde el que mira sonriente su hijo, y agregó sus datos: “Daniel Alberto Velasco Carrillo. Fue privado de su libertad el 22 de noviembre de 2022”. A su lado colocó unas imágenes difusas —explica que es un tenis negro, una cartera, los jeans— que sacó de la galería del horror que difundió el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco cuando ingresó al rancho Izaguirre y cavó hoyos y encontró tres “hornos” con restos humanos calcinados, y de paso encueró el pésimo trabajo forense que hizo la fiscalía estatal en ese mismo rancho donde seis meses antes había rescatado a tres personas secuestradas (una muerta) y detenido a otras diez, pero no descubrió que ese sitio era un centro de exterminio. Que cada objeto, cada prenda, cada dentadura hallada puede ser un indicio para conocer el paradero de alguna de las más de 15,000 personas desaparecidas en Jalisco.

“Estas son algunas prendas iguales a las que él llevaba puestas el día que lo arrancaron de mi vida y encontradas en ese rancho de terror, horror, dolor y sufrimiento. ¿Qué te hicieron, hijo de mi corazón?”, imprimió en el pendón que saca de su bolsa cuando arriba a la explanada de una gasolinera donde ya están otras madres —vestidas con playeras estampadas con las fotos de los hijos e hijas que buscan—, varias llorando desconsoladas. Como presintiéndose huérfanas de sus propios hijos. Huérfanas, porque no existen palabras para nombrar la pérdida de un hijo.

Ella, sin embargo, está segura de que Daniel ya falleció. La conexión madre-hijo que siempre han tenido nunca le falla. Como aquella vez que él recibió una golpiza y ella lo presintió y corrió a verlo; eso fue mucho antes de que lo interceptaran en una calle de Zapopan y se lo llevaran para siempre. 

Una banda de guerra infantil abre paso al cortejo que encabeza un Cristo crucificado, ensangrentado, seguido de la procesión de madres dolorosas, de madres sin sus hijos. Los pobladores forman una valla en señal de respeto a esa peregrinación de familias llegadas de todo Jalisco; no pocos lagrimean al imaginar su desgracia, que está ligada con el rancho ahora bautizado en algunos noticieros como “la escuelita del terror”, de la que se han contado historias de gente asesinada a golpes, comida por animales, quemada viva o muerta.

Mientras se enfila para acompañar la procesión religiosa que este domingo 16 de marzo cruzará las calles de Teuchitlán hacia la Parroquia del Señor de la Ascensión, donde celebrarán una misa antes de dirigirse al rancho Izaguirre, ella cuenta que ya pasaron los meses en los que deseaba morirse por tanto dolor que sentía. Fue cuando comenzó a percibir en su propio cuerpo las lastimaduras que su hijo vivió: “La cabeza la sentía que me iba a explotar, el cuerpo me dolía, me ardía el estómago, sentía mucho ardor, las piernas se me acalambraban; nunca he vuelto a sentir un calambre así”. Ella vivió con él esa muerte lenta.

En enero de 2023, le mandó decir una misa y le hizo un velorio. El último día del novenario tuvo una revelación: “Dormí de corrido; cuando me desperté, vi que había amanecido y ya no sentía dolor, no sentía nada. Pero, cuando entré al baño, yo sentí un desprendimiento y pues lloré mucho… Me dice mi pareja: ‘¿Qué pasa?’. Digo: ‘Es que ya se fue, ya no está conmigo’. ‘¿Por qué dices eso?’. ‘Es que ya sé que se fue’”, y llora al recordarlo.

Aunque desde hace dos años se sentía triste pero en paz, volvió a sentir algo “raro” cuando vio en las redes sociales aquel pantalón al que le pusieron el número 61. “Es de él. Es idéntico; marca, modelo, talla, el color, el desgaste que tenía”. También reconoció el bóxer que a veces ella le lavaba; uno de los cuatro que Daniel tenía. Eso sí, le urge revisar aquella cartera —una que luce como cualquier otra— que ella imprimió en el cartel: “Es suya. Él cargaba una estampita de San Judas y un papel con números telefónicos anotados donde tenía el mío. Si no sacaron ningún documento, debe de estar ahí”.

Carmen afirma que su Dani sigue cerca, que le platica, que siente cómo le acaricia el pelo, a veces la mano. Quiere despedirlo en aquel rancho del terror, y por eso vino. “Quiero ponerle ahí una veladora y dejarle estas flores lo más cerca que pueda de ahí. Porque si es momento de que él se despida, que él trascienda en paz, que trascienda en la luz. Que sea con mucho amor y decirle todo lo que lo he extrañado y que siempre lo voy a amar. Siempre. Y que voy a esperar hasta mi último día de vida, que cuando ya sea mi tiempo de irme, va a ser al primero que voy a buscar”.

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se escucha por las calles de Teuchitlán; un coro de mujeres que vocea también los nombres de las personas que buscan. “Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”, gritan y lanzan luego otra consigna, que se siente como bofetada contra quienes desde las banquetas transmiten en vivo la peregrinación como si fuera un espectáculo: “Señor, señora, no sea indiferente, se llevan a los hijos en la cara de la gente”. 

Entre las madres que marchan está Norma Lorena Cabrera Solórzano, una de las integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco que estuvo en el rancho Izaguirre aquel 5 de marzo, cuando el grupo de familias ingresó a ese campo de exterminio donde los futuros sicarios entrenan matando a otros jóvenes, muchos de ellos reclutados a la fuerza. 

Ella llegó tarde a esa búsqueda, caminó y caminó con el grupo, inspeccionó a la par el campo abierto que en otras temporadas está rodeado de cañas de azúcar; después fue al cobertizo techado, donde están “los cuartos”, y vio el tendido de ropa abandonada como restos de un naufragio.

“Me quedé en shock. Me cegué. Me agarré y sentí que no pude. Los pies me temblaban, el corazón se me salía de tanto palpitar. Ya no pude decir gran cosa porque me quedé muda. Nomás tuve un pensamiento: ‘Si a mi hijo lo incineraron, si aquí estuvo, si vino con una ropa y se la quitaron, nunca lo voy a poder encontrar’”. 

Al evocar ese momento, la tristeza se le asoma en la mirada. Dice que no encuentra palabras para explicar su sensación, que no le alcanza con decir desesperación, tristeza e impotencia. “Se me salieron las lágrimas. Yo buscaba algo de la ropa de mi hijo, aunque sé que no los dejan con la ropa con que uno los vio por última vez; les van cambiando la ropa, porque precisamente ellos ya saben que la familia los busca con la ropa que algunas piensan que llevan. O sea, son bien listos, los cambian para despistar y que nos dé trabajo encontrarlos”.

Recuerda la gorra con las siglas CJNG bordadas, una credencial de elector, las cubetas con cenizas. “Hay gente que todavía no dimensiona todo lo que vimos, lo que se siente de estar ahí”.

Luego dice que, aunque encuentre sus pertenencias en Teuchitlán, no dejará de buscar a su hijo. Y se traba de nuevo en la charla, como cada vez que recuerda que en ese sitio los criminales usaban fuego para deshacerse de sus víctimas. Ese método tan de moda en México para desaparecer personas. Y ella, que lleva “años” en búsquedas, sabe lo que eso significa: “Si aquí está mi hijo, nunca voy a saber nada, nada, nada, nunca voy a poder encontrar tanto al mío como a muchos que estuvieron ahí. Nunca vamos a poder saber realmente si estuvo ahí. No se va a poder hacer el ADN”.

La académica y periodista Alejandra Guillén González, investigadora de los centros de exterminio en Jalisco, considera que el rancho Izaguirre es un eslabón en la cadena de sitios a donde son llevadas las personas que son reclutadas en Guadalajara a través de falsas ofertas de empleo. Muchas de las víctimas, que provienen de distintas partes del país, son citadas en la central camionera de Tlaquepaque, donde se les pierde el rastro. El “circuito desaparecedor” abarca la región Valles de Jalisco, pasa por el Bosque de la Primavera, por la sierra de Ahuisculco, y se encamina hacia Vallarta. En esos sitios, los nuevos sicarios son entrenados asesinando a golpes a otros jóvenes reclutados como ellos, descuartizándolos y quemándolos.

Muchas de las madres buscadoras de Jalisco que participan en la procesión están curtidas con el historial de horrores que han descubierto. En 2018 sufrieron el hallazgo de dos “tráileres de la muerte”, en los que la fiscalía apiló más de 200 cuerpos que terminaron pudriéndose en un baldío, y la noticia del asesinato de tres estudiantes de cine que —según las autoridades— fueron disueltos en ácido porque se metieron a rodar en una casa prohibida; en 2019, la revelación de que más de 500 cuerpos fueron incinerados en la morgue y, al volverlos cenizas, se había perdido su identidad; en 2023, la desaparición de cinco jóvenes tras visitar un mirador en Lagos de Moreno, y el video que los muestra matándose entre sí. 

Pero la noticia del rancho Izaguirre les pega distinto. Las imágenes de los hoyos con restos quemados atormentan. No es lo mismo encontrar un cuerpo, un esqueleto, que encontrar cenizas. Ya no medir los restos por fragmentos de huesos sino por kilogramos de polvo. 

Las personas con pericia forense saben que, si una persona es sometida al infierno en vida, se dificulta lograr su identificación. Según el combustible que se use, el tiempo y la intensidad del calor, depende si algunos huesos de la persona se salvan (además de lo metálico que traía: hebillas, botones, dientes de oro, varillas de los brasieres, tornillos quirúrgicos).  Con mucha suerte, un perito lo recoge, lo lleva a un laboratorio y lo contrasta con la prueba genética que las familias que buscan han dejado por todo el país. Pero esa suerte casi nunca se manifiesta en Jalisco, donde las pruebas periciales no se levantan, ni siquiera se resguardan. 

En la que considera que es “la búsqueda más triste de todas”, Gloria Becerra Ramírez, quien desconoce el paradero desde 2019 de su hermano Miguel Ángel, asegura que en el rancho Izaguirre hallaron tres hornos y “puros huesitos”. 

La mujer que este domingo está en la misa en representación de Indira Navarro, la lideresa de Guerreros Buscadores de Jalisco, antes de regresar a supervisar los trabajos que la fiscalía hace en el rancho, comenta: “Hemos encontrado muchas personas, pero como esto nunca. De hecho, estábamos excavando y se podían escuchar hasta los gritos, se podía escuchar esta mala vibra, pues por todo lo que sufrieron ahí esas personas”.


Al final de la misa, desde el púlpito, el sacerdote anuncia que se suspende la prometida visita al rancho para no obstaculizar el trabajo que está haciendo la fiscalía, tras haber sido exhibida por las familias. 

Las buscadoras llegadas hasta este municipio, movidas por sus corazonadas de madre, entienden que se quedarán sin mirar con sus propios ojos la evidencia. Sin pisar el infierno convertido ya en camposanto. Sin depositar las flores o colocar la veladora. Sin calar la vibra para ver si los seres que buscan les mandan alguna señal.

Solo unas familias que tienen transporte propio se lanzan por su cuenta a la entrada del rancho, donde se topan con un grupo de policías municipales y una cinta roja que les corta el paso. 

Ahí está de pie la señora María de la Luz Ruiz Gutiérrez, quien convenció a su pareja para que la llevara en moto hasta el lugar. Pide a los guardias que le permitan preguntar si hay prendas de su hijo Elías Sánchez, le responden que vaya a Guadalajara a la fiscalía. 

Ella, atacada por el enjambre de periodistas que busca testimonios, repite en distintos tonos, con y sin lágrimas, la misma historia. Que no sabe quién se lo llevó, que ella no estaba ese tiempo en San Juanito Escobedo, que su hijo era bueno, que “trabajaba en el mezcal”.

“Yo me vine a la marcha, dije: ‘Van a ir todos, pues entramos todos’. Pero ya llegó el policía”. 

La mujer se pone el casco en un amago de irse, se quita la camiseta en la que lleva la borrosa foto de su Elías. Quiere zafarse de los periodistas. Se consterna cuando descubre que el adorno floral que llevaba se le rompió en el camino. Como no puede irse, y la rodean cada vez más grabadoras, repite su historia y cada vez llora con más fuerza.

Su acompañante, el chofer de la moto, dice que son pareja y que, cuando comenzaron a salir, descubrieron que tenían algo en común: un hijo desaparecido. Y ahora ella lo empujó a sacudirse el miedo y empezar a buscar.

En un monólogo ante los periodistas, él se disculpa: tenía miedo porque, hace siete años, cuando se llevaron a su hijo, lo amenazaron por preguntar. Durante un año le mandaron advertencias por WhatsApp. Lo único que pudo hacer fue consultar a una adivina que siempre le decía que no se preocupara, que esos hombres “ahí lo traían”. 

Hasta ahora, que se enamoró de una buscadora, fue que se amarró el miedo. Se siente culpable y a la vez temeroso de las consecuencias. Ese es el peso que la autoridad indolente deja a los familiares: que ellos busquen, aunque se expongan.

“Nadie los busca porque a unos los amenazan. A mí también ya me amenazaron. Me asustaron, no busqué a mi hijo y estoy bien arrepentido. Él tiene siete años también [desaparecido]. Se  llama Rubén Eduardo Reyes Ávila. Y, pues, yo la verdad fui un padre miedoso. Y ya no supe nada de puro estar todo el tiempo amenazado y amenazado, la verdad. Y ahorita que vi esta situación, yo digo, a lo mejor, aquí está también. Y yo tan cerquita que lo tenía aquí. Y  la verdad, pues me hace sentir culpable a la vez de lo que le pasó a él porque yo ya no lo busqué por miedo…”.

Él vino hasta acá porque piensa que unos tenis del catálogo del horror eran de su hijo. “Mi nuera identificó los zapatos. Son unos tenis que él los pegó con carbonato”.

Los policías insisten en que vayan a la fiscalía. La mujer no oculta su frustración. Por internet no puede ver el tendedero de fotos para intentar reconocer algo de su hijo. 

“Es más fácil para mí que me dejen ver las ropas aquí, porque mi teléfono no lo sé mover, no se mueve”. 

Ella no se retira. Mira a lo lejos, hacia el rancho de la muerte, donde cree que terminará su peregrinaje de buscadora: “Yo siento que él sí está aquí o estaba. Siento que aquí anda. No puedo descartar nada  No hay como que tú misma veas las cosas para encontrar. Es una aguja y un pajar, creo que nunca lo voy a encontrar. Pero sé que aquí está, hecho mil pedazos, pero lo voy a encontrar”. Se le quiebra la voz. “Ya se lo comieron, ¿ya qué?”.

FUENTE: A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS.
AUTOR: MARCELA TURATI.

Más de 20 mil maestros de la CNTE protestan por sistema de pensiones justo

Más de 20 mil maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron una jornada de protestas para exigir la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, un régimen de jubilación por años de servicio y un sistema de pensiones “solidario e intergeneracional” sin Unidades de Medida y Actualización (UMA) ni Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

Los docentes, provenientes de la capital y siete estados del país, bloquearon desde esta mañana los accesos a la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como protestas en Paseo de la Reforma y la carretera federal México-Cuernavaca.

Entre las demandas del magisterio está que el régimen de jubilación por años de servicio como docentes sea de 28 años para las mujeres y de 30 para los hombres.

Desde el martes, los miles de maestros ocuparon la plancha del Zócalo capitalino para iniciar el paro de labores de 72 horas en exigencia de pensiones justas y solidarias. En el plantón participan integrantes del magisterio de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Campeche y Zacatecas, así como sindicatos de trabajadores universitarios y académicos.

Las protestas y movilizaciones de la CNTE también se realizaron en Chiapas, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa y Sonora, mientras que en Chihuahua se inició además un paro laboral de 24 horas para exigir mejoras en el servicio médico de Pensiones Civiles del Estado.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tres elementos de la Guardia Nacional mueren en enfrentamiento con el CJNG en Jalisco

La Policía estatal de Jalisco brindó apoyo a los operativos por tierra y se utilizó un helicóptero para intentar dar con los responsables, pero no se reportaron detenidos.

Tres elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron asesinados ayer y otros tres resultaron heridos en una emboscada por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Villa Purificación, Jalisco.

La emboscada ocurrió la tarde del miércoles durante un operativo en conjunto con el Ejército. Luego del enfrentamiento, se registraron bloqueos carreteros con vehículos y camiones incendiados en por lo menos seis municipios de la región Costa Sur de Jalisco, según reportaron medios locales.

La Policía estatal brindó apoyo a los operativos por tierra y se utilizó un helicóptero para intentar dar con los responsables, pero no se reportaron detenidos. Aunque en un primer momento comenzó a circular la versión de la posible captura Luis Miguel "N", alias "El Meño", las autoridades desmintieron la captura.

Derivado de los hechos de violencia, la Universidad de Guadalajara anunció la suspensión de clases en su campus, también en Autlán. La misma medida la tomaron escuelas públicas en  Autlán, Casimiro Castillo, El Grullo, La Huerta, Cihuatlán y Villa Purificación.

Los primeros cinco narcobloqueos se reportaron la tarde del miércoles en la región tras los primeros enfrentamientos entre autoridades y civiles armados. Imágenes mostraron camiones incendiados atravesados en las carreteras federales 80 y estatal 556, en los poblados de Ahuacapán, El Corcovado, El Zapotillo y Lázaro Cárdenas, en los municipios Autlán de Navarro y Cihuatlán.

A la par, el CJNG bloqueó la carretera Autlán-Villa Purificación, a la altura del kilómetro 2, por lo que el Ayuntamiento de Autlán pidió a la población resguardarse.
"Les informamos a la ciudadanía de Autlán y sus alrededores que esta tarde se han registrado sucesos de seguridad en zonas cercanas a nuestro municipio. Por ello, les pedimos mantenerse en resguardo, conservar la calma. Les invitamos a mantenerse informados a través de medios oficiales y a evitar compartir información no verificada", indicó el ayuntamiento en sus redes sociales.
Los hechos criminales ocurren en medio de la conmoción por el hallazgo de un presunto centro de reclutamiento y sitio de extermino, según lo catalogaron familias buscadoras, en el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio Teuchitlán.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La SSPC detiene a nueve implicados en masacre del bar "Los Cantaritos" en Querétaro

La SSPC realizó cinco cateos en tres estados para desmantelar la red criminal que habría estado detrás de la masacre en Querétaro.

Las Fuerzas Armadas, coordinadas por el Gabinete de Seguridad Federal, detuvieron a nueve personas de un grupo delictivo, presuntamente relacionado con la masacre del bar "Los Cantaritos" en Querétaro, ocurrida el pasado 9 de noviembre de 2024 y donde perdieron la vida 10 personas, dio a conocer este jueves la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).


"En los estados de Querétaro, Guanajuato y Yucatán se realizaron cinco cateos y otra acción operativa, donde fueron detenidas nueve personas que formaban parte de un grupo generador de violencia, entre ellos dos de sus principales operadores", destacó la SSPC en un comunicado.
Las aprehensiones ocurrieron en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y fueron el resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en una acción encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).
De acuerdo con la dependencia, en seguimiento a trabajos de investigación por el ataque armado a un bar en el estado de Querétaro, los efectivos de seguridad se trasladaron al sitio para colaborar en las indagatorias, analizar las cámaras de videovigilancia en la zona y realizar entrevistas ciudadanas, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro y autoridades locales.

Con la información recabada se pudo identificar a integrantes de una célula delictiva relacionada con la agresión al bar y otros ataques contra grupos rivales y autoridades, además de estar vinculados con delitos como delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburo, homicidios y venta de droga en la región.

La SSPC también señaló que se identificaron cinco inmuebles utilizados para resguardar a sus integrantes y realizar actividades delictivas; cuatro de ellos ubicados en el estado de Querétaro y uno más en Guanajuato. "Mediante vigilancias fijas y móviles, y con el uso de herramientas tecnológicas, se recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo" detalló.


Los agentes de seguridad, en un despliegue coordinado, intervinieron los domicilios ubicados en las colonias Juriquilla, Real de Juriquilla, La Pradera y el kilómetro 32.5 del Libramiento Norponiente de Tlacote el Alto, en Querétaro; y otro localizado en la colonia La Providencia en San Miguel de Allende, Guanajuato.
"En uno de los inmuebles en Querétaro fueron detenidos José Francisco 'N' y Sandra 'N', identificados como los principales operadores de una alianza entre grupos criminales, además de ordenar acciones violentas contra integrantes de organizaciones delictivas rivales, en dicho inmueble se aseguraron dos bolsas con cristal, una caja de cartuchos útiles, tres vehículos y dos motocicletas de alta gama", indicó la Secretaría.
En los otros domicilios intervenidos en el estado de Querétaro, fueron detenidos tres hombres y una mujer, y en el inmueble localizado en Guanajuato, se detuvo a dos hombres, donde se aseguraron diversas dosis de droga, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal, en tanto los inmuebles se sellaron y quedaron bajo resguardo de la autoridad para continuar con las diligencias correspondientes.

De manera simultánea y resultado de las investigaciones, en la Calle 30, del Fraccionamiento Piedra de Agua, en el municipio de Umán, Yucatán, fue detenido José Remedios “N”, operador del mismo grupo delictivo y jefe de homicidas y narcomenudistas.
"A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano Jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales", sostuvo la SSC.
La masacre de Querétaro

La violencia estalló el 9 de noviembre en Querétaro, y el estado, que se había mantenido como un oasis por la baja cifra de homicidios dolosos, se convirtió en noticia luego de que 10 personas fueron asesinadas y otras 13 resultaron heridas la noche del sábado en el centro de la capital. En lo que va del mes suman dos ataques a establecimientos nocturnos en la entidad.

Juan Luis Ferrusca, secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, explicó en un primer informe oficial que la masacre fue perpetrada con armas largas y entre las 10 víctimas mortales había siete hombres y tres mujeres.

En la prensa local y en redes sociales se ha comenzado a mover la lista de las 10 personas asesinadas, pero las autoridades no la han confirmado:
  • Rodrigo García
  • Giovanni Arellano
  • Diego Tapia
  • Carlos Gómez
  • Jesús Alberto Arteaga
  • Fátima Ramos
  • Berenice López
  • Angie Ascencio
  • Arturo Velazco
  • Fernando González Núñez
Uno de estos siete hombres, Fernando González Núñez, es señalado en la prensa como presunto integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sería el objetivo de la matanza.

El hombre, de 31 años de edad, era conocido como “La Flaca” y se dedicaba principalmente al robo de hidrocarburos.

El Cártel Jalisco y el Cártel de Santa Rosa de Lima mantienen una disputa por el control del territorio en Querétaro y precisamente éste había sido el motivo del ataque a “La Flaca”, quien ya contaba con antecedentes penales, pues había sido detenido en al menos dos ocasiones en los meses de marzo y agosto del presente año por portación de armas de fuego.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Los cárteles enganchan miembros con engaños. El Rancho Izaguirre es apenas una prueba

El reclutamiento forzado por parte del crimen organizado en México no es un fenómeno nuevo ni aislado. En Jalisco, esta práctica ha sido identificada desde al menos tres sexenios, remontándose al periodo de Aristóteles Sandoval Díaz. Durante su mandato, se descubrieron campamentos de trabajo forzado y de entrenamiento vinculados al crimen organizado, con un modus operandi que incluía la difusión de ofertas de trabajo falsas en redes sociales.

“Yo pensé que ya estaba muerta, pero todo revivió”, Contesta con la voz apagada y entrecortada Luz Elba Hernandez, madre de Brayan de Jesús Hernández Gutiérrez, de 17 años, quien fue secuestrado el 28 de abril de 2016 mientras esperaba una supuesta entrevista de trabajo a la que acudió luego de leer un volante publicitario distribuido en Poza Rica, Veracruz. La madre, que desde entonces no ha parado de buscar a su hijo, al hablar del Rancho Izaguirre en Teuchitlán hace una pausa y luego sentencia: “Con esa noticia, yo sólo reviví para volver a morir”.

Brayan cursaba el primer semestre de preparatoria y soñaba con estudiar en la Escuela Normal. Quería ser maestro. Pero su vida se truncó de golpe. Un grupo armado lo privó de la libertad en cuestión de minutos. Lo arrancaron de los brazos de su madre con la misma brutalidad con la que el crimen organizado ha arrebatado a miles más.

Su nombre desde hace años es parte de una larga lista de jóvenes desaparecidos, captados por falsas promesas de empleo. Se trata de un mecanismo empleado por el crimen organizado para alimentar las filas de su frente en la guerra que hace al Estado y también a grupos antagónicos. Unas de las agrupaciones que emplea este modus operandi es el Cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia en gran parte del país y en el mundo.

Ricardo Ravelo, periodista y especialista en temas del crimen organizado indicó que al respecto que "el cártel sin duda se ha caracterizado por esta práctica, porque tiene en sus filas a muchos jóvenes que fueron entrenados no solamente en campos de Jalisco, sino de otros estados de Michoacán, Veracruz, Tamaulipas".

"Hay muchos muchos estados donde se habilitaron zonas territoriales para estas actividades con la variante de que pues este las formas de reclutarlos han sido diferentes. Primero se publicaban en los periódicos anuncios de empleo y luego en las redes sociales también se dio mucho este esta actividad porque el Cártel de Jalisco es uno que uno de los que más explotan las redes sociales para sus fines”, comentó en ese sentido el periodista especializado en temas de seguridad Ricardo Ravelo.


Estas mismas características han sido observadas en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Cuando el pasado 20 de septiembre las autoridades de la Guardia Nacional y del estado aseguraron el predio, afirmaron que se trataba de “un centro de adiestramiento”.
“Coincide con el modus operandi que en otros estados también puso en marcha este grupo criminal, de tal manera que pues yo creo que ahí lo que tiene que ponerse, es una investigación de fondo para determinar realmente quiénes operaban ese rancho”, ahondó Ravelo.
Este mismo miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha establecido estrategias para combatir el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado a través de redes sociales.
“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene una área especializada que está bajando permanentemente estas páginas o estas cuentas de redes que buscan incorporar a jóvenes a alguna actividad delincuencial, entonces no es que no se esté haciendo nada, sino que en el momento en que se detecta se habla con Facebook, incluso con Mercado Libre se ha visto”, planteó.
Por su parte, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ofreció ayer mismo una conferencia de prensa en la que confirmó que en el Rancho Izaguirre sí había restos humanos que no registró la Fiscalía de Jalisco, que la Guardia Nacional, quien cateó el predio en septiembre del año pasado, no notificó a la FGR sobre el uso de armas de alto calibre, y que algunas credenciales halladas en el lugar, corresponden a “sicarios” del cártel que fueron detenidos en otros estados.

Además, Gertz Manero, a pesar de que leyó y confirmó tener testimonios que indican que ese era un campo de reclutamiento y exterminio, no quiso detallar o confirmar si fue así. En ese sentido, sostuvo que “no hay todavía un dictamen concluyente, sí encontraron restos, pequeños trozos de osamenta, el dictamen no nos garantiza la credibilidad y las características específicas de los restos óseos".

El reclutamiento forzado por parte del crimen organizado en México no es un fenómeno nuevo ni aislado. En Jalisco, esta práctica ha sido identificada desde al menos tres sexenios, remontándose al periodo de Aristóteles Sandoval Díaz. Durante su mandato, se descubrieron campamentos de trabajo forzado y de entrenamiento vinculados al crimen organizado, con un modus operandi que incluía la difusión de ofertas de trabajo falsas en redes sociales.
“Tanto a nivel nacional como en el estado de Jalisco, no es una situación nueva y tampoco ha sido una situación aislada. Ha sucedido a lo largo de por lo menos tres sexenios partiendo, por ejemplo, en Jalisco, el sexenio de Aristóteles Sandoval Díaz, donde se han podido encontrar, por ejemplo, los campamentos de trabajo forzado, de entrenamiento donde ya también se ha detectado el modus operandi con las ofertas de trabajo difundidas en redes sociales”, expuso Anna Karolina Chimiak, coordinadora del área de incidencia del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (CEPAD), quienes han acompañado a colectivos de búsqueda en Jalisco.
Inicialmente, estas ofertas se enfocaban en labores de seguridad, como guardaespaldas o escoltas. Sin embargo, con el tiempo, se han diversificado y ampliado. En aquella época, se identificaron campamentos en la zona de Tala, Teuchitlán, Tepatitlán y Lagos de Moreno. Antes del reciente hallazgo en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, se había encontrado otro campamento en la zona de La Vega, donde se liberaron 36 personas que habían sido reclutadas a la fuerza.

A pesar de los cambios de administración, estas prácticas continúan y se han extendido a zonas colindantes con Colima, Michoacán y Nayarit. También se han detectado en otros estados como Veracruz y Tamaulipas. Además de los campamentos de entrenamiento, existen casas de seguridad donde personas reclutadas a la fuerza son obligadas a realizar diversas tareas para el Cártel Jalisco, incluyendo trabajos en narcolaboratorios y en la producción de drogas sintéticas.

"En ese entonces, por ejemplo, hemos escuchado de los campamentos en la zona de Tala, también de Teuchiclán y por ejemplo Tepatitlán y yendo más hacia el norte del estado, por ejemplo, en Lagos de Moreno”, detalló Chimiak.

Evolución de las ofertas laborales

Las ofertas laborales falsas han evolucionado, primero eran a través de periódicos, volantes y eran para puestos más específicos como guardaespaldas, y ahora incluyen supuestas vacantes para choferes, albañiles, obreros de construcción y pintores de casas. A Brayan, el joven de 17 años desaparecido desde el 2016, no secuestraron cuando el joven acudió sólo a pedir informes.

Luz Elba, a lo largo de los años y de buscar a su hijo, ha reconstruido por su cuenta lo ocurrido aquel día martes 26 de abril de 2016. Ella y su Luz Elba y su hijo, Brayan de Jesús, caminaban por el centro histórico de Poza Rica cuando recibieron un volante con una oferta de empleo.
"El papel anunciaba un pago de 200 pesos por cuatro horas de trabajo en un puesto de hot dogs llamado 'Bob Esponja'. Yo le dije a mi hijo: ‘Mira, son solo cuatro horas, estudias y te da tiempo de trabajar’”, recuerda Elba Hernández.
Brayan llamó al número indicado y fue citado para el jueves en el Parque Benito Juárez, justo frente al puesto de comida rápida. Supuestamente, ahí recibiría más información sobre la entrevista. “Yo lo llevé. No era una oficina, era en un parque. Lo senté y me retiré para que lo entrevistaran. Cuando regresé, Brayan ya no estaba... pero no solo se lo llevaron a él, también a varios muchachos que cayeron en el engaño del trabajo”, relata.

La madre recuerda que, tras dejar a su hijo, fue a una tienda de telas por un momento. Al regresar, unos 40 minutos después, Brayan ya no estaba. Pensó que quizá lo habían llevado a otro sitio para la entrevista. Intentó llamarlo, pero la llamada se fue a buzón. Minutos después volvió a intentarlo, pero esta vez el teléfono ya estaba apagado.

Al preguntar a quienes estaban en el parque, supo que otros cinco jóvenes habían estado en el mismo lugar. Un bolero le contó que un hombre joven se acercó a ellos y los condujo hacia la orilla del parque, ubicado detrás del Ayuntamiento de Poza Rica y junto a la Comisaría.
"Cuando usted venía por una esquina del parque, se los llevaron por la otra. Yo vi, pero no sé quiénes eran, solo que llevaban armas”, recuerda Elba que le dijo el bolero.
Con el tiempo, la madre logró recopilar otros testimonios que coincidían en que los jóvenes fueron subidos a una camioneta gris y un carro azul.

En la evolución de las ofertas laborales también se han identificado engaños en ofertas de empleo para operadores telefónicos y encuestadores. En Jalisco, el tema del reclutamiento forzado volvió a tomar relevancia en junio y julio de 2023, cuando ocurrieron numerosas desapariciones en la nueva central camionera, ubicada entre Tonalá y Tlaquepaque.

La directora de CEPAD explicó que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha documentado al menos 70 casos de personas enganchadas mediante falsas ofertas de empleo en redes sociales y citadas en dicho lugar para entrevistas o para comenzar de inmediato a trabajar.

El reclutamiento forzado afecta principalmente a jóvenes en situación de desigualdad y precariedad. La falta de oportunidades y la búsqueda de una mejor calidad de vida convierten a estas falsas ofertas en un atractivo para quienes buscan empleo. Aunque la mayoría de las víctimas son hombres, también se han documentado casos de mujeres reclutadas para tareas específicas.
“Hablando también de lo que hemos visto sobre todo desde observar como esa problemática gran parte de las personas o sea de las víctimas han sido personas jóvenes eh frente a las condiciones de desigualdad y precariedad eh y la falta de oportunidades y alternativas tanto laborales como de vida, donde las falsas promesas de trabajo se han convertido en incentivos para poder contar con otro nivel de vida y tener un salario eh más atractivo que permita eh establecer eh pues una vida distinta, y principalmente han sido hombres, pero también sabemos de eh para algunas tareas también se han reclutado las las mujeres”, explicó la defensora.
Pero además, para reclutar a jóvenes no solo se usan las redes sociales, sino que también hasta a través de videojuegos.

En octubre de 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) daba a conocer que había en ese entonces por lo menos 10 carpetas de investigación por al menos 10 casos de reclutamiento de menores de edad a través de videojuegos en los estados de Baja California, Oaxaca, Jalisco, Tlaxcala y Coahuila, informó
“Se han dado este tipo de situaciones de búsqueda de reclutamiento criminal (de menores) y hemos visto que a partir del año pasado se vinieron incrementando todos estos casos [...] El confinamiento pues ha generado que haya también una mayor actividad en las redes y esto a su vez genera una mayor potencialidad al riesgo”, dijo en ese momento Ricardo Mejía Berdeja, entonces Subsecretario de Seguridad Pública, en entrevista con SinEmbargo.
Lo que explicó en ese momento el funcionario es que a raíz de la pandemia por la COVID-19 se había registrado un incremento en este método de tratar de buscar a los menores a través de videojuegos y redes sociales para que se incorporen a las estructuras delincuenciales.

Jalisco ya se posicionaba como la entidad que concentra el mayor número de casos, con un total de al menos cinco carpetas de investigación, seguida de Oaxaca con dos averiguaciones, Tlaxcala, Baja California y Coahuila, uno en cada entidad, de acuerdo con la información proporcionada por el funcionario en ese momento.

Sin embargo, a la fecha la información no ha sido actualizada por la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual, a través de su departamento de prensa, al momento de solicitar entrevista e información sobre la información de la Policía Cibernetica y los datos sobre el reclutamiento forzado, señalaron que en estos momento no había agenda para entrevistas y que la estrategia de comunicación había cambiado.

Sobre las ofertas de trabajo y ganchos falsos en redes sociales, la Secretaría de Seguridad solo ha señalado de manera escueta, a través de su titular, Omar García Harfuch, que constantemente retiran ofertas en las redes sociales.

Cuestionado el pasado 11 de marzo sobre un posible ciberreclutamiento en el rancho Izaguirre, García Harfuch dijo que que, "tanto desde la Ciudad de México como ahora en el Gobierno federal, se han detectado y eliminado numerosas cuentas vinculadas con estos delitos.

Sin reconocer la magnitud del problema

Los colectivos de familias de personas desaparecidas han denunciado en diversas ocasiones la existencia de campamentos de reclutamiento forzado. Sin embargo, las autoridades han argumentado que no pueden ingresar a ciertas zonas. En muchos casos, las familias han intentado rescatar a sus seres queridos por su cuenta, con resultados desafortunados.

Existen testimonios de personas que han logrado escapar, lo que ha permitido documentar las condiciones en estos campamentos. En 2021, se localizó un campamento en Talpa de Allende, donde se identificaron diversas prácticas que luego fueron confirmadas por familiares tras el hallazgo en Teuchitlán.

La difusión de información sobre estos campamentos y prácticas ha sido limitada debido al miedo a denunciar y a los riesgos que implica hacerlo, tanto para las víctimas como para sus familias, según explicó Anna Chimiak.

Las autoridades poco información sobre los campamentos y centros de reclutamiento forzado. La falta de información y seguimiento por parte del Estado ha impedido documentar la magnitud del problema. No existen diagnósticos o informes de análisis de contexto que permitan dimensionar la situación.
“No existen tampoco diagnósticos o por ejemplo informes de análisis de contexto que pudieran explicarnos más como sociedad en conjunto sobre la magnitud y también características de esa problemática, Lo que ha sido pues muy claro es que el estado pues representa una postura de encubrimiento de los hechos y la apuesta hacia la impunidad. Sabemos que la práctica de reclutamiento forzado involucra en la actividad muy fuerte de los grupos del crimen organizado, en muchas ocasiones también participan de forma directa o indirecta las autoridades”, dijo Chimiak.
En este contexto, la postura de las autoridades ha sido problemática. Cuando se hizo público el modus operandi de reclutamiento en la nueva central camionera, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez calificó estos casos como "ausencias voluntarias" y negó la existencia del fenómeno. A finales de 2023, la fiscalía y el gobernador difundieron una estadística alarmante: afirmaron que el 75 por ciento de las víctimas de desaparición localizadas no habían sido víctimas de ningún delito. Sin embargo, cuando se intentó contrastar esta información, se reveló que la fuente de estos datos eran entrevistas con las víctimas y actos de investigación.

En el caso particular del rancho Izaguire, Gertz Manero, a pesar de que fue cuestionado directamente en varias ocasiones, descartó confirmar si el lugar era un centro de exterminio o un campo de entrenamiento, aún cuando en septiembre pasado la Guardia Nacional afirmó que se trataba de “un centro de adiestramiento”.

El Fiscal acusó que las autoridades del estado no hicieron la investigación completa sobre este rancho e incluso no se ha podido establecer quién era el dueño del lugar.

Otro aspecto es la indiferencia y la mala integración de los casos cuando llegan haber denuncias, Las víctimas y madres, a veces tampoco quieren denunciar porque las propias autoridades no les creen o las maltratan, como evidencia el caso de Brayan.

Y es que, Luz Elba Hernández  contó que cuando acudió desesperada a la Fiscalía Especializada en Veracruz para denunciar el secuestro desaparición de su hijo y pedir ayuda, no le creyeron y la trataron como una  mentirosa.
“Lo primero que me preguntaron fue quiénes eran sus amigos, qué andaba haciendo mi hijo, y hasta insinuaron que yo estaba mintiendo sobre el volante de trabajo. Me decían que les dijera la verdad. Les expliqué que Brayan solo buscaba empleo, pero me dijeron que eso no era cierto”, relata.
La madre intentó hacerles entender que la mentira provenía de quienes usaron el volante para engañar a los jóvenes y secuestrarlos. "Pero me ganó el sentimiento. Las palabras duras de la autoridad y mi dolor me vencieron. Terminé llorando... y haciendo lo que ellos me decían: que volviera al día siguiente, luego al otro, y así”.
Ante la falta de avances en la investigación, algunos conocidos le sugirieron acudir a la Ciudad de México para que el caso fuera tomado a nivel federal En la capital, se presentó en la Unidad de Búsqueda Especializada de la en tonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy FGR, y solicitó que la desaparición de Brayan se investigara como un caso de trata de personas. Han pasado los años y Luz Elba sigue buscando a su hijo.

"Sí es cierto que existen las desapariciones por reclutamiento, Ellos  (las autoridades) en su momento lo han negado, pero sí existen porque a mí me pasó", expresó.
Organizaciones, como la CEPAD, que dirige Anna Karolina, han denunciado que la ausencia de estrategias coordinadas entre los distintos niveles de gobierno ha impedido enfrentar el reclutamiento forzado, aunado a que la falta de medidas de protección efectivas también ha contribuido al miedo de las víctimas a denunciar, pues temen represalias contra ellas y sus familias.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Tribunal Electoral reduce 50% el tiempo en radio y TV para promover elección judicial; candidaturas podrían ser canceladas por faltas graves

El Tribunal Electoral indicó que no hay una regla constitucional de manera clara donde haya una distribución especifica con respecto a la elección judicial. Por lo tanto, el INE puede llevar a cabo la modificación a los lineamientos en radio y televisión.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) redujo un 50% el tiempo del Instituto Nacional Electoral (INE) en radio y televisión para promover e informar sobre la elección judicial que se llevará a cabo el próximo 1 de junio, lo que se traduce de 48 a 24 minutos.

Durante la sesión ordinaria, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, propuso entregar al INE 24 minutos, pues representan el 50% de los tiempos del Estado.

“De esos 24 minutos y en respeto a las prerrogativas constitucionales, los partidos pueden disponer del tiempo con el que ordinariamente cuentan de dos a tres minutos, dependiendo del tipo de medio. Y finalmente, el tiempo restante, es decir, aproximadamente 21 minutos puede ser utilizado por el INE para la promoción y difusión del proceso de elección de personas juzgadoras tanto a nivel federal, como local”, indicó.

Dijo que se debe tomar en cuenta a los candidatos, pues es una elección diferente a las que siempre se han tenido.

“Los perfiles que aparecerán en la boleta y la información que a manera de promoción recibirá la ciudadanía, se relaciona con capacidades técnicas y jurídicas claras, trayectorias, experiencia jurisdiccional en su caso, y otras características que cada votante deberá sopesar para tomar una decisión. Esta forma de hacer campaña representa todas luces distinto a lo que la ciudadanía está acostumbrada”, sostuvo.

INE puede modificar tiempos en radio y TV para elección judicial

Comentó que en este caso no hay una regla constitucional de manera clara donde haya una distribución especifico y por lo tanto se tienen las reglas especificas en torno al INE que puede llevar a cabo la modificación a los lineamientos en radio y televisión.

“Tenemos que estudiar si es razonable que el INE se auto adjudique estos 48 minutos, parece ser que coincidimos que los 48 minutos completos para sí mismos el INE pareciera que no es racional, por varias razones. Primero: por el tipo de elección. Es decir, en este caso no hay partidos políticos y todo ese tiempo que se da normalmente se les da a los partidos para promocionar candidaturas”, explicó el magistrado.

Añadió que dichas candidaturas normales tampoco tendrán tiempos en medios de comunicación, pues ya lo determinó el INE.

“Pareciera que se afecta injustificadamente por supuesto el modelo genérico de comunicación política basado en la libertad comercial por parte de las concesionarias de radio y televisión y también el derecho a las audiencias, en el caso a recibir información con respecto a las elecciones, pero sin una saturación exagerada o innecesaria que puede llevar a la desinformación”, planteó de Mata Pizaña.

Ciudadanía debe votar en elecciones judiciales con conocimiento, dice Tribunal

En tanto, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, comentó que los principios como la equidad y la imparcialidad fueron pilares del diseño normativo, ya que fue con la finalidad de asegurar elecciones democráticas en donde el actor principal es la ciudadanía para que vote con libertad y conocimiento.

“Hasta el día de hoy, la sobre propaganda en radio y televisión se basaban en la premisa de otorgar prerrogativas a los actores políticos para posibilitar un intercambio de información relevante con la ciudadanía”, dijo Fuentes Barrera

“En cuanto a la promoción de las candidaturas en el proceso judicial, no es análoga a los mecanismos de participación ciudadana. Y en ello me quiero también referir. Igualmente me aparto, no coincido en que se considere que la promoción de las candidaturas en radio y televisión en el proceso electoral judicial resulta análoga a la revocación de mandato y la consulta popular, pues estos mecanismos de participación ciudadana que tienen una finalidad distinta, muy importante sin duda, que es la participación real y efectiva de la ciudadanía en la vida política del país, pero diversa a la persecución en los procesos electorales”, añadió.

Cancelarán candidaturas del Poder Judicial por faltas graves

Por otra parte, la magistrada Janine Otálora, revocó al INE el acuerdo por el que se limitaban las cancelaciones de los registros de candidaturas al Poder Judicial.

Los candidatos no podrán recibir recursos públicos y privados y tampoco asistir a eventos proselitistas de los partidos políticos.

Si, por el contrario, llega a suceder, se deberá valorar cada caso y determinar si hay cancelación.

“Las sanciones del proceso electoral judicial no deben quedar limitadas solamente a las conductas infractoras (…) son de la naturaleza suficiente para que sean sancionadas con la cancelación del registro cuando esa determinación deberá tomarse solo una vez que se analiza cada caso”, comentó.

“La elección de la sanción aplicable a cada conducta reside justamente en un ejercicio de análisis casuístico que debe realizar la autoridad conforme a las particulares de cada caso, una vez que se haya materializado la acción (…) Es incorrecto que, entre los lineamientos, el INE determina que las restantes conductas previstas en el artículo 51 no son de la naturaleza suficiente para que sean sancionadas con la cancelación del registro cuando esa determinación deberá tomarse sólo una vez que se analiza cada caso”, consideró Otálora.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Violencia en Chiapas: crece el tráfico de personas y desapariciones aumentan 300% en 5 años, señala Centro Frayba

De acuerdo con el Centro Frayba, la delincuencia organizada, junto con empresas nacionales y transnacionales, así como el Gobierno en sus tres niveles, han disparado la violencia en Chiapas.

Chiapas está controlado por una “triada del mal” que la conforma la delincuencia organizada, las empresas nacionales y transnacionales, y el Estado en sus tres niveles, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Centro Frayba).

En su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”, la organización advirtió que la violencia armada, desapariciones y detenciones arbitrarias han incrementado en el estado en los últimos cinco años.

“En este contexto, el discurso y justificación que viene desde el Estado mexicano, es que existe una estrategia de seguridad consistente en no ‘alborotar el avispero’, no confrontarse con la DO (delincuencia organizada) en los territorios que controlan”, señaló. 

“(…) Esto sirve sólo para confirmar su responsabilidad ya que están siendo testigos de las acciones operativas de la DO, del control poblacional, del territorio y de las vidas de pueblos y comunidades en Chiapas, donde se cometen actos criminales, asesinatos, desapariciones, desplazamiento, entre otras graves violaciones a los derechos humanos”.

Desapariciones crecieron casi 300% en 5 años

En los últimos cinco años, se ha registrado un incremento del 299% en casos de desaparición en la entidad, según la información publicada en el informe.

En 2019, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) registró 320 casos de desaparición en Chiapas, en tanto que la cifra incrementó a 1,277 para el 2024.

“La edad más frecuente de desaparición es de 15 años, y son las mujeres adolescentes las que más desaparecen”, detalló el Frayba. “Los principales lugares son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Comitán de Domínguez y Palenque”.

La organización remarcó que tanto los casos de las personas que permanecen desaparecidas, así como la cifra de desaparición de mujeres, es mayor en el estado que el promedio nacional en ambos indicadores.

Tan sólo considerando los reportes de desaparición que maneja el RNPDNO, Chiapas se posiciona como el cuarto lugar nacional en niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

Hay tres rutas principales de tráfico de personas

El estado de Chiapas se ha convertido en un territorio propicio para el tráfico de personas a manos de organizaciones criminales, debido a la gran afluencia de personas migrantes que transitan por ahí.

La organización señaló que hay al menos tres rutas principales para mover a las personas: una por el Norte del estado, otra por la costa, y una tercera por el centro de Chiapas.

“Por un lado, bajo presión de los Estados Unidos, México sigue implementando una política de criminalización de la migración; y, por otro lado, deja las empresas criminales que trafican seres humanos con una impunidad casi total”, señaló en el informe.

Esto, a su vez, lo relacionó con el incremento en casos de niñas y mujeres desaparecidas en la entidad.

Sector minero provoca conflictos en comunidades

Entre las agresiones que el Frayba ha detectado, existen aquellas orientadas a defensores de la tierra y del territorio, quienes han sido víctimas incluso de desapariciones y asesinato. Estas personas fueron violentadas por “haber afectado los intereses de actores poderosos, en particular cuando se trata de megaproyectos”.

En el estado, el sector minero ha sido un foco de desestabilización en la región, ya que chocan intereses económicos y políticos que resultan en la vulneración de derechos.

Un ejemplo de ello, citó el Centro Frayba, fue en la comunidad de Nuevo Morelia, municipio de Chicomuselo, en abril de 2024, cuando 11 personas que se oponían a la violencia criminal, en el contexto de la explotación minera, fueron masacrados.

A partir de 2022, incrementó la presencia de grupos de la delincuencia organizada en este municipio. “Uno de los motivos era tratar de imponer los proyectos mineros que iban contra los intereses de las comunidades y, a fin de cuentas, la violencia fue más allá de la reactivación de la mina (que las comunidades organizadas habían logrado suspender tras años de lucha), alcanzando intereses de control político, social, económico y territorial de todas las localidades del municipio”, detalló.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

Padres de estudiantes de cine desaparecidos rechazan la “verdad histórica”; exigen su búsqueda

Este miércoles se cumplen siete años de la desaparición de Marco Francisco García Ávalos, Jesús Daniel Díaz García y Javier Salomón Aceves Gastélum.

Las desapariciones de Salomón, Marco y Daniel, ocurridas el 19 de marzo de 2018, llevaron a la creación de La Glorieta de las y los Desaparecidos en Guadalajara, Jalisco. Este caso provocó que un gran número de ciudadanos salieran a las calles para exigir su localización.

Este miércoles se cumplen siete años de la desaparición de Marco Francisco García Ávalos, Jesús Daniel Díaz García y Javier Salomón Aceves Gastélum. En aquel momento, el gobierno de Jalisco afirmó que los tres jóvenes habían sido asesinados y que no había forma de localizar sus restos, ya que, según afirmaron, sus cuerpos habían sido disueltos en ácido. Sin embargo, un juez desechó esta versión en 2024, al determinar que faltaban pruebas contundentes.

Los padres de Marco y Daniel rechazan la “verdad histórica” y afirman que “todo ha sido una mentira”. Ellos están inconformes con la manera en que se ha llevado el caso, al tiempo que continúan en la búsqueda de la verdad sobre el paradero de sus hijos.

Virginia García y Miguel Díaz, padres de Jesús Daniel, junto con Sofía Ávalos, madre de Marco Francisco, comentaron sobre las investigaciones, los juicios y las sentencias emitidas el año pasado en relación con el caso de sus hijos. A siete años de la desaparición, sus familias siguen luchando por la verdad y la justicia.

Las familias exigen ahora que se les busque con vida y denuncian que la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso en 2018 ha realizado un trabajo ineficaz, con múltiples inconsistencias en las investigaciones y sin buscar nuevas líneas de indagación.

Desde el inicio de la investigación, los familiares de los jóvenes desaparecidos han denunciado que las autoridades no llevaron a cabo una búsqueda adecuada. A lo largo de los años, han ofrecido información valiosa para ayudar en la localización de sus hijos, pero se sienten frustrados por la falta de respuestas.

“Si ellos hubieran hecho bien su trabajo desde el principio, quizás hoy tendríamos a nuestros hijos, pero eso no pasó”, declaró Virginia, madre de Daniel.

A casi un año del desahogo de pruebas judiciales que evidenciaron diversas irregularidades en la investigación, las familias continúan manifestando su angustia ante la falta de avances por parte de las autoridades.

Virginia, madre de Daniel, destacó que en el juicio, una perita forense reveló que en los bidones donde supuestamente se habrían disuelto los cuerpos no se encontraron restos humanos, solo diésel. 

“En el juicio, una perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses afirmó que en los bidones donde supuestamente habían disuelto a nuestros hijos no se encontraron restos humanos; únicamente diésel”, enfatizó.

Este testimonio pone en tela de juicio la narrativa oficial y resalta la urgencia de las familias para que se realicen investigaciones más profundas y se busque a los jóvenes con vida.

En mayo de 2024, cuando el juez desechó la versión de las autoridades, señaló que el expediente de investigación carecía de pruebas forenses que corroboraran el relato oficial. Sofía Ávalos, madre de Marco, subrayó que el juez declaró que el caso no podía cerrarse debido a la falta de elementos que confirmaran que los jóvenes habían sido asesinados.

“Lo más importante de ese juicio es que el juez determinó que el caso no se podría cerrar porque no había suficientes elementos para afirmar que nuestros hijos fueron asesinados y desaparecidos, como sostiene la Fiscalía”, indicó Sofía, enfatizando la necesidad de continuar la búsqueda de la verdad y asegurar justicia para los jóvenes desaparecidos.

En el reciente proceso judicial se impusieron condenas de 75 años de prisión a cinco individuos por el delito de secuestro agravado, aunque las familias de los estudiantes desaparecidos esperaban que las sentencias incluyeran la responsabilidad por la desaparición.

Los sentenciados son: Luis Fernando Martínez González, conocido como "Cochi"; Javier Antonio López Pérez, alias "QBA"; Samuel Alejandro Ramírez Torres, apodado "Kalimba"; Diego Alberto Sánchez Morales, también conocido como "Tun Tun"; y Ricardo Josué Herrera López, apodado "Choco". En contraste, un sexto implicado, Alejandro N., fue liberado debido a la falta de pruebas que confirmaran su participación en los hechos, una decisión que los padres consideran inaceptable, dado que la investigación señala su implicación. Piden que se revise la libertad de este acusados.

Aunque el caso sigue abierto, las familias aún no han recibido información sobre nuevos avances o planes de búsqueda. “Queremos que salgan a buscarlos, porque no lo han hecho en todos estos años”, afirmó Virginia, quien sigue convencida de que su hijo está vivo.

Las familias solicitaron a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo y al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que revisen el caso y se ocupen de la búsqueda urgente de los tres estudiantes. A casi un año del desahogo de pruebas, la esperanza de que se haga justicia permanece latente, a pesar de la inacción de las autoridades.

Demandan que el gobierno implemente un plan serio de búsqueda que contemple todas las posibilidades, incluyendo la de que los estudiantes puedan estar con vida.

“Queremos que salgan a buscarlos, porque no lo han hecho en todos estos años. Algo me dice que mi muchacho está ahí, en alguna parte. Desde el principio, no se les buscó como se debía; por eso exigimos que se elabore un plan para realizar una búsqueda en campo, para buscarlos con vida”, indicó Virginia, madre de Daniel.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

Teuchitlán: presunto sobreviviente narra cómo escapó y cuánto les pagaban

Reclutado con una oferta de empleo falsa, un hombre narra cómo sobrevivió al adiestramiento criminal en el rancho de Teuchitlán, Jalisco.

A casi dos semanas del hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, señalado como un centro de adiestramiento y exterminio de un grupo criminal, un presunto sobreviviente compartió su testimonio sobre cómo fue reclutado y logró escapar. La historia fue presentada en entrevista con Alejandro Domínguez.


Reclutados con trabajos falsos y pagos de 13 mil pesos mensuales

El hombre, cuya identidad se reservó por motivos de seguridad, narró que fue contactado en junio de 2024 tras responder a una oferta de trabajo como guardia de seguridad con un sueldo mensual de 13 mil pesos. La cita fue en la terminal de autobuses de Tlaquepaque, Jalisco.

Ahí, junto con otras siete personas, fue trasladado en un vehículo de plataforma a una casa cercana al rancho Izaguirre. Fue cuando se dieron cuenta que la supuesta oferta laboral era una trampa.

“Cuando llegamos, había gente armada. Nos dijeron que ya no podíamos salir y que debíamos entrenar o morir”, relató el testigo a Domínguez en Milenio Televisión.

Así era el entrenamiento en el rancho de Teuchitlán

Según el testimonio, el pago ofrecido durante el adiestramiento era de tres mil pesos semanales, es decir, 12 mil pesos al mes. Sin embargo, el dinero no garantizaba la supervivencia. Las personas que se negaban o no cumplían las órdenes eran ejecutadas.

“Era un lugar de entrenamiento, pero también de castigo. A los que no obedecían los mataban”, afirmó el presunto sobreviviente.

Dentro del rancho Izaguirre había un espacio denominado “la carnicería”, donde los cuerpos de las víctimas eran desmembrados e incinerados. “Su lema era que si no había cuerpo, no había delito”, agregó.

Los objetos hallados en Teuchitlán no significan que las víctimas hayan muerto, advierte testigo

Sobre los objetos localizados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el pasado 5 de marzo, el testigo explicó que en el lugar se les obligaba a comprar botas tácticas y que estaba prohibido el uso de otro tipo de calzado.

“Ellos mismos nos vendían las botas. El zapato o el tenis no servía”, señaló.

Por esta razón, advirtió que los objetos encontrados no significan necesariamente que sus dueños hayan muerto en el lugar.

Enviados a Zacatecas tras el adiestramiento criminal en Teuchitlán

El testigo relató que, tras concluir el adiestramiento, fue enviado a operar en una plaza de Zacatecas. Desde ahí logró escapar tiempo después.

“Me tuve que escapar. No había de otra. Yo no quería estar ahí y más que nada porque quería volver a ver a mi hijo”, dijo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cae “El Niño de Oro”, segundo al mando del Cártel de Sinaloa en Morelos

“El Niño de Oro” es señalado como el segundo al mando del Cártel en la zona oriente, bajo el liderazgo de Júpiter Araujo, mejor conocido como “El Barbas”.

Rafael “N”, conocido con alias de “El Niño de Oro” o “El Centenario”, identificado como segundo al mando del Cártel de Sinaloa en el oriente de la entidad, fue detenido esta madrugada en un operativo realizado en el municipio de Atlatlahucan. 

En la acción también fue detenido otro personaje al que apodan “El Chuckie”, presunto jefe de sicarios, además, aseguraron una camioneta de lujo.

La noticia fue confirmada por el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, quien no dio a conocer mayores detalles de la operación. En redes sociales ya circulan supuestas imágenes de la detención. 

“El Niño de Oro” es señalado como el segundo al mando del Cártel en la zona oriente, bajo el liderazgo de Júpiter Araujo, mejor conocido como “El Barbas”, quien hace unas semanas apareció en un video, dado a conocer en redes sociales, en el que se le observa sentado a una mesa, con ropa táctica, gorra, chaleco antibalas y un arma larga sobre las piernas. 

En ese video aparecen también en la mesa el presidente municipal en funciones de Cuautla, Jesús Corona Damián, también el de Atlatlahucan, Agustín Toledano, municipio donde ocurrió la detención del Niño de Oro, según la información disponible. 

La difusión del video desató un escándalo mediático, además de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). En torno al asunto, el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que hay una investigación sobre 17 de los 36 alcaldes de Morelos. 

De su lado, Jesús Corona, alcalde de Cuautla, ha dicho que está “limpio”, que no tiene nada que esconder. Sin embargo, no ha aclarado sí estuvo o no en esa reunión. En tanto, Toledano, alcalde de Atlatlahucan, dijo que está a la espera de que la FGR lo llame a declarar, pero por lo pronto ambos siguen en el cargo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.

Reportan bloqueos y enfrentamientos en Casimiro Castillo, Autlán y Villa Purificación al sur de Jalisco

Por los enfrentamiento al sur de Jalisco, el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, ubicado en Autlán, suspendió actividades.

En redes sociales, usuarios, páginas informativas locales y autoridades reportaron bloqueos y enfrentamientos entre civiles armados y elementos de las fuerzas federales de seguridad en los límites de Casimiro Castillo, Villa Purificación y Autlán, en la zona sur de Jalisco.

“Esta tarde se han registrado sucesos en zonas cercanas a nuestro municipio. Por ello, les pedimos mantenerse en resguardo, conservar la calma”, señala un breve comunicado emitido por el gobierno de Casimiro Castillo.

También el Ayuntamiento de Autlán informó sobre los “sucesos de seguridad en zonas cercanas al municipio” y llamó a los pobladores a resguardarse, mantener la calma y estar atentos a la información oficial.

Por su parte, el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, ubicado en el municipio de Autlán, suspendió actividades académicas y administrativas este jueves a partir de las 13:00 horas debido a la “situación que se presenta en la carretera federal 80”.

Entre los reportes están los bloqueos en la carretera federal 80 en las cercanías de El Zapotillo, entre Casimiro Castillo y Autlán, otro entre El Corcovado y Unión de Tula y uno más en el kilómetro 158+200, cerca del puente La Caja, con dos vehículos incendiados.

También se informó sobre el bloqueo de la carretera estatal Autlán-Villa Purificación y en la carretera estatal con dirección a Pérula, cerca de la localidad de Juan Gil Preciado.

Ante estos hechos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes delegación Jalisco (SICT) pidió a los automovilistas evitar la zona por motivos de seguridad aunque poco a poco se ha ido informado sobre la liberación de algunas de las vialidades.

Con corte a las 16:00 horas, autoridades de Seguridad de Jalisco no habían emitido información referentes a los hechos de violencia ocurridos al sur de la entidad.

Apenas el fin de semana, enfrentamientos en Jalisco que se extendieron a Michoacán dejaron como saldo seis elementos de las fuerzas federales de seguridad muertos, cuatro del Ejército y dos de la Guardia Nacional.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.