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INE dispara el tope de gastos de campaña a 1.4 mdp para candidatos de la elección judicial

Los aspirantes a cargos nacionales, que podrán gastar hasta un millón 468 mil pesos para promocionar su imagen; creció a 881 mil 304 pesos para las salas regionales del TEPJF y se duplicó a 413 mil 111 pesos para las magistraturas de circuito.

Forzado por una resolución polémica de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) disparó hoy el tope de gastos de campaña permitido para los candidatos de las elecciones judiciales del próximo 1 de junio, especialmente para los aspirantes a cargos nacionales, que podrán gastar hasta un millón 468 mil pesos para promocionar su imagen. 

Pese a los reclamos consternados de varios consejeros, el tope de gastos de campaña de 220 mil 336 pesos, establecidos en la reforma judicial, se multiplicó por siete para los cargos nacionales –ministraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del TEPJF–; creció a 881 mil 304 pesos para las salas regionales del TEPJF, y se duplicó a 413 mil 111 pesos para las magistraturas de circuito.

Después de aprobarse el punto de acuerdo de hoy, lo que el Consejo General debió hacer para alinearse con la resolución vinculante del TEPJF, solo los candidatos a juez de distrito quedan sometidos al techo de 220 mil 336 pesos marcado por la ley.

“Ahora resulta que la literalidad de la norma que dice 'no podrá ser superior' (a 220 mil pesos) ahora debe interpretarse como 'no podrá ser inferior'. ¿Con qué razón? No tengo idea", deploró el consejero Arturo Castillo, quien denunció que el TEPJF no aportó ningún argumento para ordenar el rebase del tope de gastos de campaña. 

A excepción de dos consejeros –Carla Humphrey y Jorge Montaño–, todos los integrantes del Consejo General del INE que tomaron la palabra lanzaron duras críticas contra la orden del TEPJF, pues afirmaron que además de contradecir el texto de la ley, generará inequidad en la contienda en beneficio de los candidatos más ricos. 

A diferencia de elecciones normales, el proceso electoral del poder judicial no involucrará recursos públicos ni privados; de acuerdo con la reforma constitucional y las reglas aprobadas, los candidatos solo podrán utilizar su dinero para financiar su campaña, con la prohibición expresa de contratar publicidad –en cualquier modalidad– o encuestas.

"Es un precedente atroz para la fiscalización", aquejó la consejera Dania Ravel, quien calificó la decisión de la Sala Superior del TEPJF como un "desatino tremendo". "Se propicia que el dinero sea un factor de ventaja severo y determinante de una candidatura sobre otra", agregó. 

En el mismo tono, el consejero Uuc-kib Espadas denunció que la sentencia del tribunal electoral "impone actuar fuera de la ley", e insistió en que el TEPJF "no interpretó la ley, la contradijo".

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Desapariciones y secuestros no son equiparables, advierte a México experto de la ONU

Santiago Corcuera, especialista en desaparición forzada, afirma que la presidenta Sheinbaum comete un despropósito al comparar el secuestro con la desaparición, cuando son delitos diferentes. Lo sucedido en Teuchitlán podría ser equivalente o constituir un crimen de lesa humanidad, señala.

Santiago Corcuera, expresidente del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, afirmó que en México se perpetran crímenes de lesa humanidad y que, contrario a lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días, los delitos de secuestro y desaparición “no son equiparables”.

Remarca el abogado que las desapariciones son un flagelo que “por desgracia, y hay que decirlo, por muchísima desgracia, no es reciente en el país, como se ha venido diciendo. El hallazgo de los zapatos, de las prendas de vestir, de las credenciales y una que otra carta, ha hecho que se hagan comparaciones muy desproporcionadas’’.

“Si uno revisa la definición de exterminio en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, podemos decir sin exageraciones y con rigor que en México hay indicios claros de que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque hay ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil. Entendiendo por ataques contra la población civil una línea de conducta de los cárteles de la droga o del Estado con el fin de cometer múltiples actos, entre ellos asesinatos, desapariciones, tortura o exterminio con base en una política de la organización o del Estado, es decir, determinadas intenciones que se traducen en actos basados en un plan’’.

Las autoridades sabían

El abogado afirma que “cuando nos muestran lo que hemos visto en estos días, pues parecería que no queda duda de que esos cárteles desarrollan actividades que podrían ser equivalentes, o por lo menos hay indicios, de constituir crímenes de lesa humanidad’’.

La presidenta Sheinbaum aclaró que en el pasado las desapariciones eran perpetradas principalmente por el Estado y que ahora lo hace el crimen organizado, “pero algo que no dijo la presidenta es que existen muchas evidencias, y en el caso de Teuchitlán hay indicios de que las autoridades sabían, y no solamente eso, estuvieron ahí (en el Rancho Izaguirre) y no vieron lo que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco sí vio”.

“Parece inconcebible, como dijo el fiscal general de la República (Alejandro Gertz Manero), que las autoridades locales no supieran” lo que sucedía en ese rancho.

“Es muy importante recordar que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió una declaración sobre los agentes del Estado en torno a las desapariciones. Por qué. Porque la definición de desaparición forzada dice que se constituye en la privación de la libertad, cualquiera que fuere su forma, seguida de la negativa de conocer tal privación de la libertad, o seguida del ocultamiento o de la negación de información sobre la suerte o el paradero de la víctima a manos de agentes del Estado o de particulares que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado’’, explica Corcuera.

El Comité de la ONU, enfatiza, dice que la aquiescencia, “en pocas palabras, es que el agente del Estado que pudiendo y debiendo saber no sabe o que pudiendo y debiendo hacer algo para evitarlo no lo hace, o que pudiendo y debiendo aprehender a la persona responsable tampoco lo hace”.

“La presidenta dice que no quiere minimizar, pero después minimiza, porque las imágenes que hemos tenido a la vista son clarísimas, así como las cartas y los testimonios de las víctimas. Es lamentable que diga que una foto no es suficiente’’, observa Corcuera.

Recuerda que la primera recomendación del Comité de la ONU desde épocas de Calderón es que el Estado debe reconocer la magnitud del problema de las desapariciones. Asimismo Corcuera reconoce que Sheinbaum hizo muy bien en enunciar las medidas para enfrentar este flagelo, “lo malo es que muchas medidas que mencionó ya están contempladas en la ley, no son nada nuevo. Las medidas (de Sheinbaum) son redundantes, pero hay una muy mala idea —no sé quién la está asesorando—: quiere equiparar el delito de desaparición con el de secuestro, cuando son distintos”, valora.

Sheinbaum propuso, señala Corcuera, “equiparar el delito de desaparición al de secuestro y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías estatales y la Fiscalía federal”.

La presidenta “no debe equiparar el delito de secuestro con el de desaparición (…) esto sería un despropósito. Espero que desista”.

“Este caso de desaparición forzada se le puede convertir a Sheinbaum en su Ayotzinapa”, remata el experto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA SOTOMAYOR.

Crisis forense: FGR incumple con banco nacional de datos y deja sin resolver miles de desapariciones

La fiscalía ha incumplido con la creación y operación efectiva del Banco Nacional de Datos Forenses, clave para buscar e identificar desaparecidos. Pese a su obligación legal desde 2019, no ha resuelto la emergencia de más de 124 mil desaparecidos y entre 52 mil y 72 mil cuerpos sin identificar.

Responsable de la elaboración del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) y otros instrumentos indispensables para la búsqueda e identificación de desaparecidos, las Fiscalía General de la República (FGR) no ha sido capaz de responder a la emergencia nacional que representa contar oficialmente con 124 mil 913 desaparecidos y no localizadas, y entre 52 mil y 72 mil cuerpos no identificados resguardados por fiscalías, como se evidencia en la respuesta al Poder Judicial que ha dado la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero.

De acuerdo a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, desde 2019 la FGR tenía la obligación de crear el BNDF, y ante el incumplimiento de la autoridad, en 2021 la ciudadana Olimpia Montoya Juárez recurrió a un amparo para buscar información sobre su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato en 2017.

Representada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Proh), en 2022 Montoya Juárez obtuvo la protección de la justicia federal vía el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pero el BNDF “sigue sin que se implemente a cabalidad, porque la FGR tiene todavía pendiente incorporar registros relevantes para la identificación de personas”, dice César Contreras, abogado de la organización civil.

La relevancia del BNDF volvió a la luz luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 17 de marzo último que enviaría una iniciativa para crear la Base Nacional de Información Forense, lo que motivó que en documentos de organizaciones de familiares de víctimas de desaparición y de buscadores y buscadoras, recordaran a la presidenta que ese instrumento ya estaba contemplado en la ley y que estaba bajo la responsabilidad de la FGR, pero que no operaba.

Contreras, quien de antemano reconoce que “es la primera vez que hay un indicio de esbozo de incluir las desapariciones en la agenda de la presidenta”, considera que la propuesta de Sheinbaum apunta a tener el mismo objetivo ya delineado por las familias de víctimas en la ley general de 2017, “que es concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de desaparecidos para la investigación de los delitos, y sobre todo para devolverles la identidad a los restos no identificados”.

El defensor del Centro Prodh expone que en el proceso de cumplimiento sobre el amparo hay dilación de la FGR, que rindió su último reporte estadístico en febrero de 2024, el cual revela una incompatibilidad entre la información sistematizada con la realidad nacional.

“Oficialmente se tenía un dato de 52 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses, y a finales del año pasado información periodística revelaba que serían 72 mil las personas sin identificar. Sin embargo la FGR sólo tiene 490 registros de cuerpos no reclamados”, detalla Contreras para dar cuenta de los datos que faltan por sistematizar.

“Estamos hablando de una dimensión de la crisis forense muy grande, muy dinámica también, y que ni siquiera la Fiscalía ni ninguna autoridad del Estado mexicano está teniendo la capacidad de seguirle el paso para poder dar una cifra en este momento”, puntualiza el abogado.
Lo que nos queda muy claro –continúa el abogado– es que tanto los tres componentes centrales para lograr la identificación de personas son genética, huellas dactilares y características particulares, que son las bases ante mortem y post mortem (AM/PM), en todas esas hay un claro subregistro y en el caso de huellas dactilares específicamente sabemos que no está interconectado todavía.
Incluso refiere que hay datos distintos dentro de las oficinas de la FGR, pues mientras al juzgado que está dando seguimiento al amparo se le dio un dato sobre las bases AM/PM, la Dirección General de Análisis y Proyectos tiene otros datos.

“En el informe del Sistema de Gestión de Información de Base de Datos AM/PM, al corte de noviembre de 2024, sólo se tienen 13 mil registros AM de las más de 124 mil personas desaparecidas consideradas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); en tanto que sólo se tienen 14 mil registros PM de fallecidos que están sin identificar en servicios médicos forenses de las más de 72 mil que habría en todo el país”, apunta.

Información disuelta

En respuesta a un requerimiento judicial, el 10 de abril de 2024 la entonces responsable del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la FGR, Edna Patricia Cepeda Morales, dio a conocer al Juzgado de Distrito datos estadísticos sobre los “nueve recursos de información interconectados al Sistema de Búsqueda del BNDF”, todos con corte del 31 de marzo de 2024.

En el oficio FGR/AICE/CFIC/OT/36765/2024, del que Proceso conoce, la FGR refirió que en el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas (RENAPEFA) “se han registrado en el sistema un total de 490 fallecidos a nivel nacional”.

La FGR reportó dos mil 64 registros correspondientes al Registro Forense Federal (Refofe), base que “integra la información sobre personas desaparecidas y restos humanos, las circunstancias que rodean la desaparición de personas y la recuperación de cadáveres o cuerpos de personas muertas, segmentos óseos, obtenida a través de distintas diligencias de investigación por parte de la FGR”.

En cuanto al Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas (Renafo), en su último informe al Poder Judicial la FGR reportó contar con mil 789 reportes, sin distinguir qué datos corresponden a fosas comunes y cuántos a fosas clandestinas.   

Mientras que en la Base Nacional de Información Genética (BaNIG) estaba comprendida por nueve mil 374 registros, base conformada por “los datos genéticos ingresados al CODIS y a otros bancos de información genética federales como estatales, herramienta informática que posibilita a los laboratorios forenses el ingreso, almacenamiento, intercambio, confronta automatizada y cálculos estadísticos en los niveles estatal y nacional”.

Respecto de la Base de Datos Ante Mortem y Post Mortem, “herramienta informática para gestionar información sobre personas desaparecidas y restos humanos, las circunstancias que rodean la desaparición de personas, hallazgos y la recuperación de los cadáveres o cuerpos de personas muertas o segmentos o restos óseos así como los inicios y los lugares donde se les encuentra”, el informe de la FGR dató en 134 mil 449 registros, sin distinguir cuántos corresponden a AM y PM.

El documento agregó el Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet), base con  seis mil 908 expedientes de denuncias de tortura, así como mil 498 reportes de Alerta Amber, creado para “coadyuvar en la búsqueda y localización de niños y adolescentes que se encuentran en riesgo de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de un delito ocurrido en territorio nacional”.       

De acuerdo con la respuesta de la FGR al juzgado, también se incluyó la base de datos del Sistema Estratégico de Seguimiento sobre Expresiones Delictivas (SINIED), que contaba con 174 mil 151 registros, plataforma que da seguimiento a los delitos de homicidio doloso, armas de fuego, robo de hidrocarburos, robo a transporte, robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo de vehículos, narcotráfico, extorsión y secuestro.

De igual manera se dio cuenta de la plataforma del Sistema Nacional de Información Nominal (Sinin), que “permite el registro e integración de fichas nominales, así como la búsqueda alfanumérica para acelerar la consulta de información, a fin de responder las solicitudes de dictámenes nominales en dactiloscopia forense de manera más ágil y oportuna; es alimentado por peritos de Lofoscopía forense”, sistema que contiene 202 mil 642 registros.

Tras señalar que la numeralia presentada se está constantemente actualizado, la FGR informó en abril del año pasado al juzgado que “en los trabajos de implementación del Banco Nacional de Datos Forenses se prospecta que la próxima interconexión se realice con los registros, base y sistemas” del Registro Nacional de Detenciones, el Registro de Antecedentes Criminales, Registro Nacional de Personas Desparecidas y No Localizadas, el Sistema Automático de Identificación de Locutores y el Sistema de Identificación de Huellas Dactilares.

Tortuguismo burocrático

El 11 de febrero último el juzgado de distrito requirió nuevamente al Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC) para que aportara información sobre las anteriores bases de datos que se integrarían al BNDF anunciadas en abril de 2023.

En el oficio FGR/AIC/CFIC/OT/0023514/2025, en ausencia del titular del CFIC, Moisés Eduardo Bolaños Bonilla informó que el Registro Nacional de Detenciones ya se había “interconectado” al BNF el 26 de agosto de 2024, pero no ocurre lo mismo con los otros elementos.

En cuanto al Registro de Antecedentes Criminales y el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares, el funcionario explicó al juzgado que “están a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, en ese sentido, se continúa con las gestiones conducentes que permitan el desarrollo de los trabajos de interconexión de los referidos registros y sistemas con el Banco Nacional de Datos Forenses”.

Del Sistema Automático de Identificación de Locutores (ASIS), se agregó que, “al ser administrado por la Fiscalía General de la República, actualmente se llevan a cabo las gestiones pertinentes que permitan el logro de su interconexión con el Banco Nacional de Datos Forenses”.

El funcionario de la FGR apuntó que “las interconexiones pendientes responden al mismo proceso gradual, con la finalidad de atender a los parámetros de información previstos por la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como al ámbito de competencia, necesidades y procesos de cada uno de los entes públicos a cargo de la administración de estos”.

Para César Contreras los restos encontrados en Teuchitlán ejemplifican lo que significa no contar con el BNDF actualizado como debería tenerlo la FGR.
El gran problema –explica– es que hallazgos como el Teuchitlán, en caso de que sea posible obtener ADN de lo restos, deberían poder se procesados y confrontados con una sola base de datos del país de manera inmediata y no depender de tardados procesos burocráticos para devolverles la identidad, como los que se siguen teniendo que llevar a cabo en todo el país.  
Por ello, considera, es importante conocer con claridad la propuesta de la presidenta que se comprometió a presentarla hoy jueves 20 de marzo.

“Si el cambio tiende a quitarle la responsabilidad a la Fiscalía General de la República, nos preocuparía enormemente porque entonces estamos hablando de la fragmentación de responsabilidades que nunca ha funcionado bien en nuestro país y son al final las fiscalías las que tienen en sus manos la información forense de primera mano.

“Es decir, si tenemos 33 fiscalías en la República, que son las que tienen los cuerpos y que saben dónde se encuentran, son ellas las que tienen que tener los registros y la Fiscalía General de la República, como el principal referente dentro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, tiene que liderar el esfuerzo para decir ‘tráiganme toda esta información, yo la reúno para que todas puedan tener acceso a esta información”, dice.

Para el abogado sería lamentable que se tiraran por la borda las herramientas para al búsqueda e identificación de personas que se estipulan en la ley general, por lo que insiste en estar atentos a la iniciativa que ofreció Claudia Sheinbaum.

“Ya hay un número de registros importantes interconectados en una sola plataforma, es la base del proceso que no se tendría que tirar a la basura, mucho menos porque se trata de esfuerzos de familiares de desaparecidos que dedicaron su labor tanto para la ley como para el litigio en relación con el Banco Nacional de Datos Forenses; ciertamente se ha tardado mucho en lograr lo poco que hay, por lo que lo importante ahora debe ser construir sobre eso”, dice César Contreras.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

No es montaje, afirma colectivo sobre rancho de Jalisco; “no es mi talón de Aquiles”, dice Sheinbaum

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco aseguró, el 20 de marzo de 2025, que no era un montaje, el hallazgo de restos humanos, en las supuestas fosas tipo crematorios dentro de un predio bardeado -de alrededor de 5 mil metros cuadrados-, denominado rancho Izaguirre, que presuntamente era usado como campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la comunidad La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán.

“La verdad sobre los crematorios de Teuchitlán. Hoy compartimos con ustedes los videos del día del hallazgo de los restos calcinados en Teuchitlán el 5 de Marzo. Queremos dejar claro que estos no son hornos comunes, sino crematorios utilizados para calcinar cuerpos humanos”, señaló la organización no gubernamental, en su cuenta de la red social Facebook, donde también publicó videos que tomaron el día del hallazgo, en los que se observaba cómo extraen los huesos y casquillos enterrados en una de las fosas.

“A diferencia de lo que algunos han dicho, estos crematorios tienen una base de ladrillo y piedra, que claramente se alcanzan a ver y fueron utilizados para calcinar cuerpos. La evidencia es clara y contundente. Durante dieciséis días que han transcurrido, hemos esperado incansablemente para descubrir la verdad. En los últimos quince días, han encontrado cubetas llenas de huesos y restos óseos calcinados por los peritos y personal del [Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses] IJCF”, explicó el colectivo.

“No es un montaje, no es una invención. Es la cruda realidad que hemos encontrado en Teuchitlán. Queremos que la verdad sea conocida y que se haga justicia por las víctimas. Queremos que Fiscalía General de la República [FGR] también tenga esto como antecedente de que así fueron localizados, Cabe destacar que este rancho Tenía muchos años operando y mucho tiempo reclutando personas, saquen sus conclusiones. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, indicó la ONG.

El mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el caso del rancho de Teuchitlán, no era un “talón de Aquiles” de su Gobierno y reprochó que el tema hubiera sido utilizado en una “campaña” para atacarla.

La mandataria nacional confió en que la Fiscalía General de la República realizaría una amplia investigación sobre lo ocurrido en el rancho Izaguirre, para rebatir con sustento científico las posturas de los “comentócratas” que criticaban a su Administración.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, le fue planteado que el caso sería un punto vulnerable de su Gobierno, supuestamente impulsado por medios de la ultraderecha.

En respuesta, Sheinbaum Pardo usó la misma referencia y rechazó que se tratara de una situación de flanco débil, ya que, según dijo, que el problema requería atención seria y comprometida por parte del Estado.

“A ver, yo no considero que sea ni talón de Aquiles, ni talón de otro tipo”, afirmó la presidenta, para luego aseverar que su Gobierno estaba dando continuidad a las búsquedas que inició la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria nacional explicó que los números de desaparecidos provenía de distintas fuentes. Por un lado, las carpetas de investigación de la FGR y, por otro, diversos reportes ciudadanos que podían no contar con información completa. En este sentido, se comprometió a presentar un informe actualizado para clarificar las cifras oficiales.

Asimismo, Sheinbaum Pardo cuestionó la falta de información clara en la cobertura mediática del caso Teuchitlán y acusó la difusión de reportes sin sustento. También reprochó que ciertos sectores, según ella, buscaban manipular la información para generar percepciones erróneas sobre la situación de seguridad en el país.

Sin embargo, la presidenta garantizó que su Administración continuaría informando de manera transparente y ejerciendo su derecho de réplica frente a cualquier señalamiento. Reiteró que se buscaría fortalecer las políticas de búsqueda, atención a víctimas y combate a la impunidad, con apego a la verdad y a la justicia.

“El caso de este sitio que se encontró, que sin la información suficiente, ya vino, pues una ‘información’, y una supuesta crítica al Gobierno, porque la verdad es que tampoco es que tenga mucho impacto, no, y la campaña de nuevo de “NarcoPresidente”, que ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues nada, pero bueno”, enfatizó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

“No conocía lo que iba a presentar el Fiscal General de la República, ayer lo vi con todo cuidado, y si se fijan, él dice: en qué condiciones vamos a recibir el caso, porque es muy importante, no es nada más que la Fiscalía General de la República atraiga una investigación, sino que la gente conozca cómo va a atraer esa investigación, a partir de qué información se dio, porque este caso viene desde septiembre del año pasado, que por primera vez se entró a este predio, entonces el Fiscal lo que dijo es: ‘bueno, qué hizo la fiscalía estatal’ y entonces a la fecha, y como reciben ellos, el caso”, comentó.

“Y al mismo tiempo, la apertura que va a haber el día de hoy para conocer el lugar, que también es importante a los medios alternativos y medios de comunicación, para que se pueda conocer el lugar y que también se vea que es lo que hay en el sitio, y a partir de ahí, una investigación profunda, para saber si hay, hubo personas, si hubo homicidios, cosas que se han dicho los medios, comentócratas, pero que haya evidencia científica, cualquier investigación requiere evidencia científica, entonces es el segundo caso, y estoy segura que el Fiscal General, pues va a hacer una buena investigación y hasta donde se pueda decir pues que había en ese predio”, dijo.

Un día antes, Salvador González de los Santos, titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco, reiteró que las autoridades locales colaborarían con la FGR en las pesquisas en torno al hallazgo de un campo de adiestramiento y exterminio en el rancho Izaguirre, además de que anunció que el gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro propondría una Comisión de la Verdad.

“El gobernador propone que en conjunto con el Gobierno Federal se instale una Comisión de la Verdad, a fin de dar certeza y confianza en los resultados de las investigaciones, en la que participen madres buscadoras, colectivos, organismos internacionales, universidades, organismos de derechos humanos y observadores. En el caso del rancho Izaguirre, nadie se lava las manos. En Jalisco, queremos que se conozca la verdad”, señaló González de los Santos, en un video publicado en su cuenta de la red social X.

El titular de la Fiscalía jalisciense dijo que en acuerdo con el gobernador se determinó que el 19 de marzo de 2025 se entregaría oficialmente todo el expediente del caso Teuchitlán a la Delegación de la FGR en dicha entidad, para que el asunto fuera atraído por la institución de procuración de justicia federal.

“En dicho expediente consta que desde el inicio de la actual administración estatal se han llevado a cabo diversos actos de investigación para avanzar en este caso, por lo que hay 10 personas en prisión”, enfatizó González de los Santos.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

“¿Por qué se burla el gobierno?”: colectivos denuncian montaje en visita al rancho Izaguirre en Jalisco

La visita propuesta por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, para medios de comunicación y colectivos de buscadoras de personas desaparecidas, resultó ser un montaje, con drones sobrevolando el área, un escenario criminal contaminado y la ausencia de evidencias clave.

Seis autobuses trasladaron a periodistas y familiares de desaparecidos desde las instalaciones de la Fiscalía Estatal y la Delegación de la Fiscalía General de la República, en Guadalajara, hasta el rancho, utilizado presuntamente como un campo de adiestramiento criminal.

La logística establecía que camionetas tipo van trasladarían a grupos de 20 personas desde un punto en la brecha hasta el rancho para evitar la saturación de vehículos. Sin embargo, la falta de organización, el descuido en la atención y el inclemente calor desataron la indignación de las madres buscadoras, quienes, acompañadas por reporteros, rompieron el cerco policial y caminaron casi un kilómetro por el polvoriento camino hasta el sitio.

Una vez dentro, no hubo guías ni explicaciones por parte de las autoridades. El lugar solo mostraba algunas áreas acordonadas, pequeños hoyos en el suelo y banderillas con la leyenda “Evidencia. No tocar”, sin ningún hallazgo significativo a la vista.

Los colectivos y periodistas, lejos de encontrar respuestas, se sintieron burlados por las autoridades.

“¿Por qué se burla el gobierno?”, cuestionaron las activistas, evidenciando su frustración ante un acto que, en lugar de aportar claridad, solo aumentó la incertidumbre sobre la búsqueda de sus seres queridos.

En el rancho Izaguirre, miembros del colectivo Guerreros Buscadores localizaron 493 prendas de vestir, 400 pares de calzado y restos óseos. Estos artículos y huesos presuntamente pertenecían a personas desaparecidas en México, quienes habrían sido reclutadas con falsas promesas de trabajo para luego ser obligadas a formar parte de células delictivas.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Rancho Izaguirre: Los silencios de la complicidad

El Fiscal Alejandro Gertz Manero se sorprende que ninguna autoridad se haya dado cuenta de lo que ocurría en el rancho Izaguirre. Lo cierto es que todos guardaron un silencio cómplice, hasta el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo Gobierno ahora está en entredicho por presuntas ligas criminales que se investigan en Estados Unidos.

Después de escuchar el informe del fiscal, Alejandro Gertz Manero, respecto del rancho Izaguirre –zona de exterminio y fosario del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) –el caso actualmente parece más plagado de confusiones que de certezas; el funcionario negó que haya sido zona de muerte y también la existencia de hornos crematorios, afirmaciones que siguen sosteniendo las madres buscadoras que hallaron las escandalosas evidencias que ya le dieron la vuelta al mundo.

Gertz Manero responsabilizó de omisiones a la Fiscalía de Jalisco, en la que desfilaron dos funcionarios en los últimos seis años, entre ellos, Octavio Solís, quien renunció al cargo aduciendo temas de salud y dejó casos pendientes y otros archivados, como el asesinato de Aristóteles Sandoval –cuyo expediente fue cerrado sin que se esclareciera quien ordenó su muerte –y miles de carpetas inconclusas con investigaciones por desapariciones y fosas clandestinas.

Lo sustituyó Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien concluyó su gestión en diciembre de 2024, tras finalizar el Gobierno de Enrique Alfaro, acusado públicamente de proteger las actividades del CJNG en esa entidad que ocupa el primer lugar en desapariciones y delitos de lesa humanidad.

El fiscal Gertz Manero, en su conferencia del miércoles 19, dijo que el racho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, fue explorado en 2024 por la Fiscalía estatal y acusó a esa dependencia de múltiples omisiones, pues no encontró las evidencias que sí hallaron los colectivos jaliscienses que entraron el predio a excavar, incluso con varillas, y pudieron desenterrar ropa, zapatos, cachuchas, entre otras evidencias, con las que las madres buscadoras concluyeron que ese lugar era zona de exterminio, pues dijeron que había huesos calcinados y hasta hornos, evidencias irrefutables, según los colectivos, que ahora la FGR minimiza al considerarlas como elementos insuficientes.

Esto último le dio la vuelta al mundo como escándalo informativo, pues hasta ahora nadie en México había hablado de campos de exterminio, sino de fosas clandestinas del crimen organizado. Cuando el término “campo de exterminio” fue utilizado por las madres buscadoras, el escándalo alcanzó niveles internacionales, más todavía, por las omisiones y el silencio de las autoridades que, pese a tener conocimiento de las actividades criminales en el rancho Izaguirre, prefirieron ocultarlas.

El Fiscal General –que ahora sí se le ve muy activo y no en el ostracismo como ocurrió en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador –destacó al menos 13 omisiones en las indagatorias que realizó en el predio la Fiscalía de Jalisco en septiembre de 2024, cuando el rancho fue descubierto por efectivos de la Guardia Nacional.

Dijo, enfático, que hasta que la Fiscalía jalisciense haga entrega de un peritaje definitivo sobre el predio y todas sus actuaciones vinculadas con el caso, la FGR no dirigirá las investigaciones de este asunto.

Lo expresó con estas palabras. “Este es un asunto muy importante y lo tenemos que manejar con mucha seriedad. A partir del momento en que tengamos indicios suficientes para establecer delitos de carácter federal, nos vamos a hacer responsables de esta investigación y todos sus resultados".

Gertz Manero lamentó el silencio de las autoridades de Jalisco sobre el caso –¿sólo las de Jalisco? --inaudito que nadie se haya dado cuenta – dijo -- pero nada contó respecto al silencio de la Federación, pues tanto la Fiscalía a su cargo como la Secretaría de Gobernación debieron tener información del caso por la existencia de evidencias de carácter federal, como las operaciones del CJNG en ese lugar de exterminio, entrenamiento de sicarios y entierros clandestinos.

Tras la conferencia del Fiscal Gertz, el Centro Pro se pronunció al respecto. Expuso en redes sociales que el informe presentado por el funcionario “es pobre” y cuestionó que la reforma al Poder Judicial no haya incluido otra para las fiscalías, donde también impera la corrupción.

“El análisis de la FGR es pobre”, reitera el centro de Derechos Humanos; carece de análisis de contexto (y) uso intensivo de tecnología, soslayando que la federación es clara al subyacer evidentemente delincuencia organizada. Es lamentable también que el tono que privó no haya sido de la solemnidad y empatía que ameritaba el caso”.

Y añade contundente: “Preocupa que la investigación Federal que eventualmente podría realizarse –pues la atracción aún no se confirma –lleve al sesgo de acotar el hallazgo al de un campo de entrenamiento, únicamente. Todas las hipótesis deben explorarse, incorporando la información contextual disponible”.

Breve historia del rancho Izaguirre

Las autoridades de Jalisco y el Fiscal Alejandro Gertz Manero aún no saben quién es el dueño del rancho Izaguirre. Algunos datos consultados con fuentes policiacas sostienen el predio fue comprado por el CJNG a la fuerza, ya que en 2012 despojaron al propietario pagándole “una ganga” por la hectárea. Y, después, los sicarios y reclutadores del grupo criminal empezaron a explotarlo como centro de entrenamiento, exterminio y cementerio.

Usada como puñal, la amenaza de los criminales dobló al dueño, impotente ante el crimen. Le dijeron que si no vendía se llevarían a su hija, la menor en brazos de un matón que apuntaba con su arma a la cabeza de la indefensa. Acorralado, el ranchero aceptó contra su voluntad, atenazado por la rabia contenida o el miedo paralizante. Lo extraño de todo esto es que, siendo un dato de primer orden, la Fiscalía de Jalisco no investigó quien era entonces el dueño del rancho o quienes han sido los propietarios de ese predio de origen ejidal.

En el año 2012, el Gobernador de Jalisco era Aristóteles Sandoval, ligado al cártel de Sinaloa, primero, y al CJNG, después. Sandoval gobernó otorgando prebendas, protección y entregando el territorio completo a sus socios, encabezados por Nemesio Oseguera, “El Mencho”, con quien el entonces mandatario habría tenido diferencias en las postrimerías de su gobierno por la entrega de “El Menchito” a las autoridades de Estados Unidos, donde ya fue sentenciado a cadena perpetua. Otro dato apunta a que Sandoval se negó a pagar una cuenta pendiente al cierre de su Gobierno.

Ese hecho –“El Menchito” fue capturado y encarcelado en Jalisco y luego extraditado –no se lo perdonó “El Mencho” al entonces mandatario y se asegura que por esa razón ordenó que lo asesinaran. La investigación la encubrió Enrique Alfaro, otro de los que otorgó protección al CJNG, pues cerró la carpeta del caso sin dar con el autor intelectual ni el móvil del crimen. Luego, el fiscal renunció aduciendo problemas de salud.

Más allá de las omisiones de la Fiscalía Estatal de Jalisco, lo cierto es que el CJNG despojó al dueño original de su rancho. Se asegura que los hombres armados del CJNG arribaron a La Estanzuela, donde se ubica el predio; arribaron después a la casa del dueño, que en ese momento estaba con su hija adolescente y su esposa, y entraron a la fuerza. Uno de los sicarios tomó a la niña y amagó con hacerle daño, mientras que sus acompañantes, una docena por lo menos, presionaron al padre para que les vendiera el rancho en ese momento.

Poco después de consumarse el despojo comenzó la construcción de la barda en los 10 mil metros cuadrados del lugar. Se asegura que en ese terreno debe haber por lo menos mil 500 personas sepultadas. Antes de asesinarlas habrían sido entrenadas, utilizadas como sicarios, sepultureros de compañeros suyos y hasta de vigilantes de los hornos crematorios que, de acuerdo con los colectivos, operaban en el sitio, lo que las autoridades han negado, según afirman, por falta de evidencias.

En su reciente edición, la revista Emeequis documentó la historia del predio, el origen del dueño, cuyo nombre omitieron, y los pormenores del despojo con testimonios de los lugareños, quienes fueron testigos de ese hecho.

Sostiene la publicación que entre 2014 y 2015 (en pleno gobierno de Aristóteles Sandoval) se registró la construcción de algunas de las edificaciones en el rancho. Pero lo sorpresivo es que, tiempo después, particulares cambiaron el régimen de la propiedad: pasó de ser ejidal a privada, y se registró en el Catastro municipal sin los documentos correspondientes. Esto exhibe que un personaje con poder e influencias de Jalisco ordenó tales gestiones y se ejecutaron al pie de la letra.

En los años posteriores, el rancho Izaguirre se convirtió en un lugar acondicionado para la tortura, el castigo y el exterminio. También se usó como cementerio clandestino, rodeado del silencio oficial y también por el de los pobladores, quienes a pesar de que sabían –y saben -- lo que ahí ocurría preferían callar. Temían ser abatidos por los sicarios del CJNG que, además, tenían compradas a las autoridades.

Tras el escándalo derivado del hallazgo de evidencias humanas –osamentas calcinadas, ropa, zapatos y hasta cartas de despedida –llamó la atención la aparición de un video, el martes 18, un día antes de la conferencia del Fiscal Alejandro Gertz Manero, en la que un grupo armado que dijo ser el CJNG acusó a los colectivos, confirmados por madres buscadoras, de señalarlos falsamente de la desaparición y muerte de sus familiares.

En un discurso cargado hacia el oficialismo –eso es bastante raro en los mensajes del CJNG –acusaron a los colectivos de mentir, pues aseguraron que el CJNG no es propietario del rancho Izaguirre ni lo usó como zona para asesinar a jóvenes reclutados por ellos.

En el video sostienen – cabe destacar lo bien producido que está, con un audio perfecto y el hombre que habla muestra una dicción exacta, no propia de un criminal –que el CJNG no opera en esa zona desde hace mucho tiempo y se desligan de toda responsabilidad respecto de lo que haya ocurrido en ese lugar. Llama poderosamente la atención el tono oficialista del documento visual y la carga acusadora, descalificativa para las madres buscadores, quienes se abocaron a rastrear a sus familiares en ese lugar a raíz de información que les filtraron algunos sobrevivientes; y por esa razón fue que descubrieron el rancho con toda la evidencia hasta ahora mostrada de haber sido usado como campo de exterminio.

No obstante que el Gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que está en abierta lucha contra los cárteles –para evitar los aranceles de Trump –lo curioso es que no haya habido ningún pronunciamiento oficial sobre el comunicado que emitió el grupo criminal que dijo ser el CJNG. Tampoco existe evidencia, hasta ahora, de quien grabó el video ni el lugar donde se realizó la producción en blanco y negro. Seguramente el autor es un avezado cineasta.

Reclutamiento de jóvenes

En esta misma semana, la Secretaría de Gobernación, cargo de Rosa Icela Rodríguez, reconoció que el CJNG sigue realizando reclutamiento de jóvenes.

Según el modus operandis del CJNG dichas personas son enganchadas con ofertas de trabajo bien remuneradas y, luego, los entrena y utiliza en labores de halconeo, sicariato, venta de droga, “enganche” de candidatos al crimen organizado y hasta para entrenar a nuevos miembros del cártel, toda una empresa que parece dar más empleo que el Gobierno y la Iniciativa Privada.

El CJNG se ha caracterizado por realizar esta labor desde hace más de una década, usando, entre otros medios, las redes sociales, entre ellas, Facebook, una de las más socorridas para tales fines.

Y todo indica que han tenido mucho éxito con esta modalidad de contratación, pues de acuerdo con informes de la DEA, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el CJNG fue el que más creció en el país tanto en apertura de actividades delictivas como en control territorial. De esta manera, la DEA le quitó ese mérito al cártel de Sinaloa, a quien por cierto relacionan con el expresidente y con muchos miembros distinguidos del partido guinda.

Desde que tomó posesión como Presidente, en 2018, López Obrador ejecutó una política anticrimen que dio prioridad a la atención de lo que él mismo llamó “la atención de las causas” que derivan en criminalidad. De ahí surgió la frase --por cierto ya está muy choteada pero exhibe los tropiezos del exmandatario –de “abrazos y no balazos”, pues decía que la violencia no se combate con violencia.

Su estrategia resultó fallida y también terminaron en fracaso los programas sociales enfocados a la atención de los jóvenes (becas, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros) con lo que ofreció combatir al crimen evitando que los cárteles engancharan a la juventud.

Lo cierto es que hoy debemos preguntarnos por qué en seis años no hubo resultados con esos programas dedicados al rescate de los jóvenes; por qué se gastaron miles de millones de pesos y el crimen organizado continuó reclutando a sus nuevos sicarios --halcones y matones --. Para el gobierno, los programas sociales se aplicaron con honestidad, pero llama la atención la falta de resultados y el boyante crecimiento del crimen y del reclutamiento de jóvenes.

Más bien tendríamos que preguntarnos si los fondos de esos programas se dispersaron para atender a la juventud en riesgo de caer en las garras del crimen o terminaron siendo usados como programa clientelar, jugoso negocio del régimen que se propuso combatir la corrupción barriendo las escaleras de arriba hacia abajo y hablando con la verdad.

Con el caso del rancho Izaguirre, la expansión del CJNG y del crimen organizado por todo el país, el régimen de López Obrador ya está en entredicho, más aún, con el ruido que prima por doquier en el sentido de que en Estados Unidos ya existe hasta un presunto expediente que lo mismo lo ligaría a la protección del crimen organizado que con la atroz corrupción que nunca combatió.

En el caso del campo de exterminio de Jalisco, hasta López Obrador guardó silencio.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: RICARDO RAVELO.

Sheinbaum afirma que su Gobierno hace lo correcto para atender tema de desapariciones

La Presidenta de México defendió las acciones que implementa su Gobierno para atender la crisis de personas desaparecidas que hay en México, y afirmó que ella y la Administración que encabeza no es como la del PRIAN y se dará seguimiento a todos los casos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este jueves, al hablar sobre el fortalecimiento de los mecanismos y las leyes para la búsqueda de personas desaparecidas, que su Gobierno es diferente al del PRIAN y que tiene confianza en que tomarán las decisiones correctas en la materia.


"Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Yo no tengo ninguna duda de que estamos haciendo lo correcto, y eso es lo que nos da la tranquilidad. Por su puesto de que atendemos todo y estamos en todo. Pero en el sentido de que no somos el Gobierno del neoliberalismo, no somos el PRIAN. No, no somos el PRIAN. Nosotros nos comprometimos a no mentir, a no robar y a no traicionar al pueblo. Así hasta el último día de mi mandato", expresó.
Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que confía que la Fiscalía General de la República (FGR) hará una investigación sólida y con evidencia científica respecto al rancho Izaguirre de Jalisco, lugar catalogado por colectivos de búsqueda como un campo de extermino, pues en dicho predio habrían sido cremadas un número todavía indeterminado de personas desaparecidas, posiblemente reclutadas a la fuerza por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo Federal dio a conocer que el próximo lunes se presentarán las nuevas reformas en materia de desaparición, pues la Consejería Jurídica sigue trabajando en ellas. Sin embargo, ante una pregunta de la prensa, Sheinbaum aprovechó para comentar sobre la importancia de dar atención a las víctimas y, por otro lado, la "campaña" de la oposición que ha comenzado a instrumentalizar los hechos de Jalisco para golpear a su Administración.

"Hay un tema relacionado con la desaparición de personas en nuestro país. La magnitud de este problema, la atención que debe dar el Estado mexicano a este problema hay que tomarlo seriamente, con la verdad, sin esconder absolutamente nada. ¿Qué problema ha habido en nuestro país? Para empezar, el número de personas desaparecidas o no localizadas. En el sexenio del Presidente [Andrés Manuel] López Obrador se hizo una búsqueda intensa y se llegó a un número, y nosotros estamos dando seguimiento", comentó.

"Es importante que se sepa que el número de personas desaparecidas. Hay una parte [de los registros] que viene de carpetas de investigación, es decir, de la Fiscalía, y hay otra parte que viene de otros reportes, y eso es importante que la gente lo conozca, porque en el caso de otros reportes no necesariamente hay toda la información y eso es algo que vamos a presentar muy pronto. Pero tenemos que decir la verdad: cuántas personas desaparecidas existen [registradas] en la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda y cuál es el origen de la información", adelantó la Presidenta.


Sobre las familias buscadoras, Sheinbaum Pardo aseguró que en su Gobierno siempre habrá cercanía y atención a las víctimas. "Eso hay que afrontarlo, revisarlo, atenderlo, desde la prevención hasta dar con la verdad, y que se haga justicia y que se encuentre a las personas, por eso en una carpeta de investigación hasta que no se encuentre a una persona desaparecida no se cierra. Tiene que haber trabajo por parte del Estado", añadió.

Posteriormente, la mandataria abordó el uso que ha dado la oposición al caso particular de Jalisco. "Sin la información suficiente ya vino una supuesta crítica al Gobierno, porque la verdad es que no tienen mucho impacto. Y la campaña, de nuevo, de narcopresidenta, que qué tiene que ver una cosa con la otra", explicó.

"Ya sabemos quiénes son", subrayó Sheinbaum, e insistió en que es su responsabilidad decir la verdad, pero también que haber derecho de réplica ante las mentiras de la oposición.
"Tomamos en serio el tema de la desaparición. Que salga a la verdad el tema de Jalisco y de este predio en particular, sin esconder nada y el deslinde de responsabilidades", finalizó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fiscalía de Jalisco dio por muertos a 3 jóvenes hace 7 años. Familias piden buscarlos

A siete años de la desaparición de los estudiantes de cine Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz en Jalisco sus familias desmienten la versión oficial que apunta, sin evidencia, a que los tres fueron asesinados, también exigen que sigan las búsquedas.

La Fiscalía de Jalisco aseguró que los estudiantes de cine Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz, desaparecidos el 19 de marzo de 2018 en Tonalá, fueron asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido, una versión que la Fiscalía General de la República (FGR) respaldó pese a que ambas dependencias no mostraron evidencias, por ello, las familias de los jóvenes exigen a las autoridades justicia, continuar las investigaciones y agilizar las búsquedas.

A siete años del caso que movilizó a cientos de personas en el país, familiares de los estudiantes expusieron que incluso quienes analizaron el lugar que la Fiscalía de Jalisco identificaron como el espacio donde habrían sido disueltos los cuerpos de los estudiantes, han reconocido que no hallaron restos humanos, sólo diésel.
"En la carpeta de investigación vimos el reporte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ahí ellos reportaron que no habían encontrado restos humanos, que era diésel en los tambos, en los bidones.  Y en el  juicio se presentó una testigo del instituto, ella narró que no se  encontraron restos humanos, que lo que se había encontrado era diésel", expuso Virginia, mamá de Daniel Díaz, en conferencia de prensa vía remota.
Familiares de los estudiantes también denunciaron que cuando la FGR atrajo él caso no inició una nueva línea de investigación, por lo que validó una versión que, aseguran, “fue fabricada”.

Por ejemplo, en mayo de 2024 la FGR celebró la condena de más de 70 años de privación de la libertad dictada a cinco hombres que estarían relacionados con el caso por el delito de secuestro agravado, pero durante el juicio tres de ellos denunciaron haber sido víctimas de tortura para corroborar la versión de los hechos de la Fiscalía jalisciense.
"Tres de ellos participaron [en las audiencias], pero lo único que dijeron fue que en el momento de que a ellos los detuvieron fueron torturados y obligados a decir esa versión, pero ya de los datos de nuestros hijos pues no, no hicieron ningún comentario”, agregó Virginia.
Mientras que Miguel Díaz, padre del estudiante Daniel, insiste en que, tanto al escuchar los testimonios de los agentes del Ministerio Público, al leer la carpeta de investigación, así como al visitar junto a autoridades locales los lugares en los que habrían sido secuestrados sus hijos, encontraron que “todo se veía como algo fabricado”.

Recordó que con la entonces Fiscal de Jalisco Marisela Gómez Cobos realizaron recorridos para identificar dónde fueron desaparecidos los estudiantes y a las casas en las que, de acuerdo con la versión oficial, habrían sido llevados por integrantes del crimen organizado, pero las autoridades cambiaron frente a los familiares y en la carpeta de investigación las versiones de los sitios identificados.

Por ejemplo, los baños de las viviendas que ellas y ellos revisaron no eran los que la Fiscalía estatal fotografió e incluyó en la carpeta de investigación. Miguel Díaz recordó que en mayo pasado, cuando se dictaron sentencias relacionadas con esta investigación, el juez pidió al Ministerio Público federal que no cerrara el caso porque aún está pendiente su esclarecimiento.

Por ello, las y los familiares de los estudiantes de Marco García y Miguel Díaz pidieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum ordenar la búsqueda en vida de los estudiantes y a la FGR que no dé por concluida la investigación y la refuerce con testimonios que no fueron incluidos en las audiencias del caso pese a su relevancia para esclarecer qué pasó desde las primeras horas de las desapariciones.


Se trata del testimonio de otro compañero de los jóvenes, quien dejó la casa a la que asistieron para realizar una tarea escolar desde la mañana del lunes. Además de una mujer identificada como Edna, ella avisó a las familias sobre la desaparición de sus hijos, aunque lo hizo horas después.  De acuerdo con los familiares, la mujer dijo a la FGR que no declararía por temor; también falta que las autoridades entreguen videos de cámaras de seguridad cercanas a donde fueron vistos por última vez los estudiantes.

El caso de Marco García, Daniel Díaz y Salomón Aceves, movilizó a cientos de personas en Jalisco y en distintos estados del país. La posible relación entre la crisis de desapariciones y el crimen organizado quedó evidenciado en esa ocasión. Una situación que este mes volvió a ser exhibida con el hallazgo de restos humanos y miles de objetos como prendas, zapatos y mochilas en un rancho de Teuchitlán donde, según han señalado testimonios anónimos, las personas eran obligadas a trabajar para el crimen organizado.


Desde 2018 las autoridades de Jalisco sabían de estos sitios para reclutar de manera forzada a personas, así lo confirmó el exgobernador de Aristóteles Sandoval, con quien ella y otros familiares de los estudiantes de cine se reunieron en distintas ocasiones.

“En ese tiempo Aristóteles, el licenciado Aristóteles, nos decía: "No hay nada de sus hijos. Pero sí sé, dice que hay muchos lugares que están reclutando a muchos jóvenes. Siempre nos daban esa esperanza de que pronto nuestros hijos estarían a nuestro lado y seguiremos esperando”, dijo Virginia, mamá de Daniel Díaz.

Después de las desapariciones

Carlos Valencia, profesor de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), donde estudiaban los jóvenes Salomón, Marco y Daniel, lamentó en entrevista que la versión que “construyeron las autoridades ayudó a desmovilizar y provocar horror en la población”.

La desaparición de los estudiantes a quienes estudian y, como él, dan clases en el CAAV. Desde entonces, aunque han tomado protocolos como evitar que las y los estudiantes salgan de la zona metropolitana para realizar ejercicios estudiantiles, Carlos Valencia reconoce que la preocupación es constante porque, al seguir impune este caso, sigue sin haber garantías de que no se repetirá.
“Es una posibilidad que está latente y se vive con eso, es terrible tener que vivir y aceptar esa realidad. Por más que tratamos de cuidar a los chicos, de decirles protocolos, la posibilidad está ahí porque no hay nada que garantice realmente su seguridad. El problema [de las desapariciones] incluso ha aumentado”.
El también profesor de la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) que ha acompañado a las familias en su búsqueda de justicia durante estos siete años, recordó que los jóvenes desaparecieron después de acudir a una casa en la colonia Los Amiales, en Tonalá, en la que ya habían grabado otras de sus tareas, para realizar un trabajo cinematográfico.

“Ellos estaban haciendo una tarea en un lugar donde ya habían estado antes, por eso estaban con toda la confianza, sin ninguna preocupación. Eso es lo que suceden una escuela de cine,  les dejan ejercicios y ellos buscan locaciones y van y hacen los ejercicios. Aquí la versión oficial fue que los confundieron porque esa casa ya había sido asegurada antes. Esa es la versión, que los confunden porque ven movimiento en la casa y piensan que son del de algún grupo rival y que por eso es que se los llevan, pero no hay una verdad real de eso, no podemos decir que eso es cierto porque faltan muchas piezas de arma. No hay evidencias científicas que respalden esa ‘verdad histórica’.

"Que la sociedad sepa que las familias de Marco y Daniel siguen buscándoles y que siguen luchando por encontrar la verdad”, mencionó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MONTSERRAT ANTÚNEZ.

Teuchitlán, el infierno convertido en camposanto

La galería de indicios publicada por la fiscalía de Jalisco convocó al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, a madres buscadoras que, cuando vieron las prendas, sintieron una conexión con su hijo desaparecido. Unos jeans, una certeza o una simple corazonada fueron suficientes para que acudieran a las puertas del lugar, con la esperanza de hallarlos y a la vez el temor de haberlos perdido consumidos por el fuego

A bordo del autobús rumbo a Teuchitlán, la señora Carmen Carrillo amplía en su celular la imagen de un pantalón extendido sobre un fondo azul para escudriñar cada detalle, cada pliegue. Cierra la foto y busca entre su colección de recuerdos alguna en la que pueda ver de cuerpo entero al hijo que tiene desaparecido. Cuando la encuentra, se enfoca en los jeans que trae puestos, la agranda, luego la cierra y, en un ritual interminable, otra vez vuelve a mirar la imagen del pantalón con el rótulo 61, el número de evidencia pericial que la fiscalía de Jalisco asignó a esa prenda descubierta en el rancho Izaguirre. 

Aunque es un pantalón de mezclilla de color azul, sin talla y sin marca, ella está segura de que le pertenece a Dani. “A una como madre la llaman sus hijos”, asegura. “Él siempre ha tenido una conexión muy grande conmigo”.

Por eso el domingo abordó este camión que salió de Guadalajara y se detuvo en el centro del pueblo de Teuchitlán, a unos minutos del infame rancho donde fue encontrado ese pantalón junto a otras 435 prendas de ropa, 154 pares de zapatos y 18 maletas que parecen los vestigios de la catástrofe ahí ocurrida. Testimonios mudos de una tragedia. Ropas que quedaron abandonadas; sus dueños no han aparecido. Pudieron haber sido reclutados por el cártel local (muchos de ellos engañados con falsas promesas de empleo) o asesinados en los inhumanos entrenamientos que se llevaban a cabo en ese sitio.

Carmen Carrillo dice que empezó “a sentir feo” la semana pasada, cuando se atrevió a ver las noticias. “En Teuchitlán reconocí su pantalón que él traía ese día que se lo llevaron, y la cartera, y un bóxer. También traía unos tenis marca Vans, pero no me había percatado de que estos que pensé que eran suyos traen cuadritos a los lados, entonces no son, pero el pantalón y los bóxers, la cartera, sí”. 

Movida por esa corazonada empacó en su mochila unas flores de plástico blancas y una veladora. “Las voy a dejar ahí con la parte de mi corazón que me quitaron, que me arrancaron, y pues todo mi amor va con él”. Mandó también imprimir un cartel desde el que mira sonriente su hijo, y agregó sus datos: “Daniel Alberto Velasco Carrillo. Fue privado de su libertad el 22 de noviembre de 2022”. A su lado colocó unas imágenes difusas —explica que es un tenis negro, una cartera, los jeans— que sacó de la galería del horror que difundió el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco cuando ingresó al rancho Izaguirre y cavó hoyos y encontró tres “hornos” con restos humanos calcinados, y de paso encueró el pésimo trabajo forense que hizo la fiscalía estatal en ese mismo rancho donde seis meses antes había rescatado a tres personas secuestradas (una muerta) y detenido a otras diez, pero no descubrió que ese sitio era un centro de exterminio. Que cada objeto, cada prenda, cada dentadura hallada puede ser un indicio para conocer el paradero de alguna de las más de 15,000 personas desaparecidas en Jalisco.

“Estas son algunas prendas iguales a las que él llevaba puestas el día que lo arrancaron de mi vida y encontradas en ese rancho de terror, horror, dolor y sufrimiento. ¿Qué te hicieron, hijo de mi corazón?”, imprimió en el pendón que saca de su bolsa cuando arriba a la explanada de una gasolinera donde ya están otras madres —vestidas con playeras estampadas con las fotos de los hijos e hijas que buscan—, varias llorando desconsoladas. Como presintiéndose huérfanas de sus propios hijos. Huérfanas, porque no existen palabras para nombrar la pérdida de un hijo.

Ella, sin embargo, está segura de que Daniel ya falleció. La conexión madre-hijo que siempre han tenido nunca le falla. Como aquella vez que él recibió una golpiza y ella lo presintió y corrió a verlo; eso fue mucho antes de que lo interceptaran en una calle de Zapopan y se lo llevaran para siempre. 

Una banda de guerra infantil abre paso al cortejo que encabeza un Cristo crucificado, ensangrentado, seguido de la procesión de madres dolorosas, de madres sin sus hijos. Los pobladores forman una valla en señal de respeto a esa peregrinación de familias llegadas de todo Jalisco; no pocos lagrimean al imaginar su desgracia, que está ligada con el rancho ahora bautizado en algunos noticieros como “la escuelita del terror”, de la que se han contado historias de gente asesinada a golpes, comida por animales, quemada viva o muerta.

Mientras se enfila para acompañar la procesión religiosa que este domingo 16 de marzo cruzará las calles de Teuchitlán hacia la Parroquia del Señor de la Ascensión, donde celebrarán una misa antes de dirigirse al rancho Izaguirre, ella cuenta que ya pasaron los meses en los que deseaba morirse por tanto dolor que sentía. Fue cuando comenzó a percibir en su propio cuerpo las lastimaduras que su hijo vivió: “La cabeza la sentía que me iba a explotar, el cuerpo me dolía, me ardía el estómago, sentía mucho ardor, las piernas se me acalambraban; nunca he vuelto a sentir un calambre así”. Ella vivió con él esa muerte lenta.

En enero de 2023, le mandó decir una misa y le hizo un velorio. El último día del novenario tuvo una revelación: “Dormí de corrido; cuando me desperté, vi que había amanecido y ya no sentía dolor, no sentía nada. Pero, cuando entré al baño, yo sentí un desprendimiento y pues lloré mucho… Me dice mi pareja: ‘¿Qué pasa?’. Digo: ‘Es que ya se fue, ya no está conmigo’. ‘¿Por qué dices eso?’. ‘Es que ya sé que se fue’”, y llora al recordarlo.

Aunque desde hace dos años se sentía triste pero en paz, volvió a sentir algo “raro” cuando vio en las redes sociales aquel pantalón al que le pusieron el número 61. “Es de él. Es idéntico; marca, modelo, talla, el color, el desgaste que tenía”. También reconoció el bóxer que a veces ella le lavaba; uno de los cuatro que Daniel tenía. Eso sí, le urge revisar aquella cartera —una que luce como cualquier otra— que ella imprimió en el cartel: “Es suya. Él cargaba una estampita de San Judas y un papel con números telefónicos anotados donde tenía el mío. Si no sacaron ningún documento, debe de estar ahí”.

Carmen afirma que su Dani sigue cerca, que le platica, que siente cómo le acaricia el pelo, a veces la mano. Quiere despedirlo en aquel rancho del terror, y por eso vino. “Quiero ponerle ahí una veladora y dejarle estas flores lo más cerca que pueda de ahí. Porque si es momento de que él se despida, que él trascienda en paz, que trascienda en la luz. Que sea con mucho amor y decirle todo lo que lo he extrañado y que siempre lo voy a amar. Siempre. Y que voy a esperar hasta mi último día de vida, que cuando ya sea mi tiempo de irme, va a ser al primero que voy a buscar”.

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se escucha por las calles de Teuchitlán; un coro de mujeres que vocea también los nombres de las personas que buscan. “Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”, gritan y lanzan luego otra consigna, que se siente como bofetada contra quienes desde las banquetas transmiten en vivo la peregrinación como si fuera un espectáculo: “Señor, señora, no sea indiferente, se llevan a los hijos en la cara de la gente”. 

Entre las madres que marchan está Norma Lorena Cabrera Solórzano, una de las integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco que estuvo en el rancho Izaguirre aquel 5 de marzo, cuando el grupo de familias ingresó a ese campo de exterminio donde los futuros sicarios entrenan matando a otros jóvenes, muchos de ellos reclutados a la fuerza. 

Ella llegó tarde a esa búsqueda, caminó y caminó con el grupo, inspeccionó a la par el campo abierto que en otras temporadas está rodeado de cañas de azúcar; después fue al cobertizo techado, donde están “los cuartos”, y vio el tendido de ropa abandonada como restos de un naufragio.

“Me quedé en shock. Me cegué. Me agarré y sentí que no pude. Los pies me temblaban, el corazón se me salía de tanto palpitar. Ya no pude decir gran cosa porque me quedé muda. Nomás tuve un pensamiento: ‘Si a mi hijo lo incineraron, si aquí estuvo, si vino con una ropa y se la quitaron, nunca lo voy a poder encontrar’”. 

Al evocar ese momento, la tristeza se le asoma en la mirada. Dice que no encuentra palabras para explicar su sensación, que no le alcanza con decir desesperación, tristeza e impotencia. “Se me salieron las lágrimas. Yo buscaba algo de la ropa de mi hijo, aunque sé que no los dejan con la ropa con que uno los vio por última vez; les van cambiando la ropa, porque precisamente ellos ya saben que la familia los busca con la ropa que algunas piensan que llevan. O sea, son bien listos, los cambian para despistar y que nos dé trabajo encontrarlos”.

Recuerda la gorra con las siglas CJNG bordadas, una credencial de elector, las cubetas con cenizas. “Hay gente que todavía no dimensiona todo lo que vimos, lo que se siente de estar ahí”.

Luego dice que, aunque encuentre sus pertenencias en Teuchitlán, no dejará de buscar a su hijo. Y se traba de nuevo en la charla, como cada vez que recuerda que en ese sitio los criminales usaban fuego para deshacerse de sus víctimas. Ese método tan de moda en México para desaparecer personas. Y ella, que lleva “años” en búsquedas, sabe lo que eso significa: “Si aquí está mi hijo, nunca voy a saber nada, nada, nada, nunca voy a poder encontrar tanto al mío como a muchos que estuvieron ahí. Nunca vamos a poder saber realmente si estuvo ahí. No se va a poder hacer el ADN”.

La académica y periodista Alejandra Guillén González, investigadora de los centros de exterminio en Jalisco, considera que el rancho Izaguirre es un eslabón en la cadena de sitios a donde son llevadas las personas que son reclutadas en Guadalajara a través de falsas ofertas de empleo. Muchas de las víctimas, que provienen de distintas partes del país, son citadas en la central camionera de Tlaquepaque, donde se les pierde el rastro. El “circuito desaparecedor” abarca la región Valles de Jalisco, pasa por el Bosque de la Primavera, por la sierra de Ahuisculco, y se encamina hacia Vallarta. En esos sitios, los nuevos sicarios son entrenados asesinando a golpes a otros jóvenes reclutados como ellos, descuartizándolos y quemándolos.

Muchas de las madres buscadoras de Jalisco que participan en la procesión están curtidas con el historial de horrores que han descubierto. En 2018 sufrieron el hallazgo de dos “tráileres de la muerte”, en los que la fiscalía apiló más de 200 cuerpos que terminaron pudriéndose en un baldío, y la noticia del asesinato de tres estudiantes de cine que —según las autoridades— fueron disueltos en ácido porque se metieron a rodar en una casa prohibida; en 2019, la revelación de que más de 500 cuerpos fueron incinerados en la morgue y, al volverlos cenizas, se había perdido su identidad; en 2023, la desaparición de cinco jóvenes tras visitar un mirador en Lagos de Moreno, y el video que los muestra matándose entre sí. 

Pero la noticia del rancho Izaguirre les pega distinto. Las imágenes de los hoyos con restos quemados atormentan. No es lo mismo encontrar un cuerpo, un esqueleto, que encontrar cenizas. Ya no medir los restos por fragmentos de huesos sino por kilogramos de polvo. 

Las personas con pericia forense saben que, si una persona es sometida al infierno en vida, se dificulta lograr su identificación. Según el combustible que se use, el tiempo y la intensidad del calor, depende si algunos huesos de la persona se salvan (además de lo metálico que traía: hebillas, botones, dientes de oro, varillas de los brasieres, tornillos quirúrgicos).  Con mucha suerte, un perito lo recoge, lo lleva a un laboratorio y lo contrasta con la prueba genética que las familias que buscan han dejado por todo el país. Pero esa suerte casi nunca se manifiesta en Jalisco, donde las pruebas periciales no se levantan, ni siquiera se resguardan. 

En la que considera que es “la búsqueda más triste de todas”, Gloria Becerra Ramírez, quien desconoce el paradero desde 2019 de su hermano Miguel Ángel, asegura que en el rancho Izaguirre hallaron tres hornos y “puros huesitos”. 

La mujer que este domingo está en la misa en representación de Indira Navarro, la lideresa de Guerreros Buscadores de Jalisco, antes de regresar a supervisar los trabajos que la fiscalía hace en el rancho, comenta: “Hemos encontrado muchas personas, pero como esto nunca. De hecho, estábamos excavando y se podían escuchar hasta los gritos, se podía escuchar esta mala vibra, pues por todo lo que sufrieron ahí esas personas”.


Al final de la misa, desde el púlpito, el sacerdote anuncia que se suspende la prometida visita al rancho para no obstaculizar el trabajo que está haciendo la fiscalía, tras haber sido exhibida por las familias. 

Las buscadoras llegadas hasta este municipio, movidas por sus corazonadas de madre, entienden que se quedarán sin mirar con sus propios ojos la evidencia. Sin pisar el infierno convertido ya en camposanto. Sin depositar las flores o colocar la veladora. Sin calar la vibra para ver si los seres que buscan les mandan alguna señal.

Solo unas familias que tienen transporte propio se lanzan por su cuenta a la entrada del rancho, donde se topan con un grupo de policías municipales y una cinta roja que les corta el paso. 

Ahí está de pie la señora María de la Luz Ruiz Gutiérrez, quien convenció a su pareja para que la llevara en moto hasta el lugar. Pide a los guardias que le permitan preguntar si hay prendas de su hijo Elías Sánchez, le responden que vaya a Guadalajara a la fiscalía. 

Ella, atacada por el enjambre de periodistas que busca testimonios, repite en distintos tonos, con y sin lágrimas, la misma historia. Que no sabe quién se lo llevó, que ella no estaba ese tiempo en San Juanito Escobedo, que su hijo era bueno, que “trabajaba en el mezcal”.

“Yo me vine a la marcha, dije: ‘Van a ir todos, pues entramos todos’. Pero ya llegó el policía”. 

La mujer se pone el casco en un amago de irse, se quita la camiseta en la que lleva la borrosa foto de su Elías. Quiere zafarse de los periodistas. Se consterna cuando descubre que el adorno floral que llevaba se le rompió en el camino. Como no puede irse, y la rodean cada vez más grabadoras, repite su historia y cada vez llora con más fuerza.

Su acompañante, el chofer de la moto, dice que son pareja y que, cuando comenzaron a salir, descubrieron que tenían algo en común: un hijo desaparecido. Y ahora ella lo empujó a sacudirse el miedo y empezar a buscar.

En un monólogo ante los periodistas, él se disculpa: tenía miedo porque, hace siete años, cuando se llevaron a su hijo, lo amenazaron por preguntar. Durante un año le mandaron advertencias por WhatsApp. Lo único que pudo hacer fue consultar a una adivina que siempre le decía que no se preocupara, que esos hombres “ahí lo traían”. 

Hasta ahora, que se enamoró de una buscadora, fue que se amarró el miedo. Se siente culpable y a la vez temeroso de las consecuencias. Ese es el peso que la autoridad indolente deja a los familiares: que ellos busquen, aunque se expongan.

“Nadie los busca porque a unos los amenazan. A mí también ya me amenazaron. Me asustaron, no busqué a mi hijo y estoy bien arrepentido. Él tiene siete años también [desaparecido]. Se  llama Rubén Eduardo Reyes Ávila. Y, pues, yo la verdad fui un padre miedoso. Y ya no supe nada de puro estar todo el tiempo amenazado y amenazado, la verdad. Y ahorita que vi esta situación, yo digo, a lo mejor, aquí está también. Y yo tan cerquita que lo tenía aquí. Y  la verdad, pues me hace sentir culpable a la vez de lo que le pasó a él porque yo ya no lo busqué por miedo…”.

Él vino hasta acá porque piensa que unos tenis del catálogo del horror eran de su hijo. “Mi nuera identificó los zapatos. Son unos tenis que él los pegó con carbonato”.

Los policías insisten en que vayan a la fiscalía. La mujer no oculta su frustración. Por internet no puede ver el tendedero de fotos para intentar reconocer algo de su hijo. 

“Es más fácil para mí que me dejen ver las ropas aquí, porque mi teléfono no lo sé mover, no se mueve”. 

Ella no se retira. Mira a lo lejos, hacia el rancho de la muerte, donde cree que terminará su peregrinaje de buscadora: “Yo siento que él sí está aquí o estaba. Siento que aquí anda. No puedo descartar nada  No hay como que tú misma veas las cosas para encontrar. Es una aguja y un pajar, creo que nunca lo voy a encontrar. Pero sé que aquí está, hecho mil pedazos, pero lo voy a encontrar”. Se le quiebra la voz. “Ya se lo comieron, ¿ya qué?”.

FUENTE: A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS.
AUTOR: MARCELA TURATI.

Más de 20 mil maestros de la CNTE protestan por sistema de pensiones justo

Más de 20 mil maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron una jornada de protestas para exigir la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, un régimen de jubilación por años de servicio y un sistema de pensiones “solidario e intergeneracional” sin Unidades de Medida y Actualización (UMA) ni Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

Los docentes, provenientes de la capital y siete estados del país, bloquearon desde esta mañana los accesos a la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como protestas en Paseo de la Reforma y la carretera federal México-Cuernavaca.

Entre las demandas del magisterio está que el régimen de jubilación por años de servicio como docentes sea de 28 años para las mujeres y de 30 para los hombres.

Desde el martes, los miles de maestros ocuparon la plancha del Zócalo capitalino para iniciar el paro de labores de 72 horas en exigencia de pensiones justas y solidarias. En el plantón participan integrantes del magisterio de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Campeche y Zacatecas, así como sindicatos de trabajadores universitarios y académicos.

Las protestas y movilizaciones de la CNTE también se realizaron en Chiapas, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa y Sonora, mientras que en Chihuahua se inició además un paro laboral de 24 horas para exigir mejoras en el servicio médico de Pensiones Civiles del Estado.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tres elementos de la Guardia Nacional mueren en enfrentamiento con el CJNG en Jalisco

La Policía estatal de Jalisco brindó apoyo a los operativos por tierra y se utilizó un helicóptero para intentar dar con los responsables, pero no se reportaron detenidos.

Tres elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron asesinados ayer y otros tres resultaron heridos en una emboscada por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Villa Purificación, Jalisco.

La emboscada ocurrió la tarde del miércoles durante un operativo en conjunto con el Ejército. Luego del enfrentamiento, se registraron bloqueos carreteros con vehículos y camiones incendiados en por lo menos seis municipios de la región Costa Sur de Jalisco, según reportaron medios locales.

La Policía estatal brindó apoyo a los operativos por tierra y se utilizó un helicóptero para intentar dar con los responsables, pero no se reportaron detenidos. Aunque en un primer momento comenzó a circular la versión de la posible captura Luis Miguel "N", alias "El Meño", las autoridades desmintieron la captura.

Derivado de los hechos de violencia, la Universidad de Guadalajara anunció la suspensión de clases en su campus, también en Autlán. La misma medida la tomaron escuelas públicas en  Autlán, Casimiro Castillo, El Grullo, La Huerta, Cihuatlán y Villa Purificación.

Los primeros cinco narcobloqueos se reportaron la tarde del miércoles en la región tras los primeros enfrentamientos entre autoridades y civiles armados. Imágenes mostraron camiones incendiados atravesados en las carreteras federales 80 y estatal 556, en los poblados de Ahuacapán, El Corcovado, El Zapotillo y Lázaro Cárdenas, en los municipios Autlán de Navarro y Cihuatlán.

A la par, el CJNG bloqueó la carretera Autlán-Villa Purificación, a la altura del kilómetro 2, por lo que el Ayuntamiento de Autlán pidió a la población resguardarse.
"Les informamos a la ciudadanía de Autlán y sus alrededores que esta tarde se han registrado sucesos de seguridad en zonas cercanas a nuestro municipio. Por ello, les pedimos mantenerse en resguardo, conservar la calma. Les invitamos a mantenerse informados a través de medios oficiales y a evitar compartir información no verificada", indicó el ayuntamiento en sus redes sociales.
Los hechos criminales ocurren en medio de la conmoción por el hallazgo de un presunto centro de reclutamiento y sitio de extermino, según lo catalogaron familias buscadoras, en el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio Teuchitlán.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.