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Sheinbaum aplaude apertura al rancho Izaguirre y asegura que “nosotros no construimos verdades”

El jueves 20 de marzo, al igual que la prensa y creadores de contenido digital, personas buscadoras ingresaron al rancho Izaguirre y calificaron la visita al sitio como un "circo, burla, y farsa".

La apertura a la prensa y a creadores de contenido digital del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, fue para que cada quien saque sus conclusiones, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. 

“Me pareció muy bien que el fiscal (Alejandro Gertz Manero) haya abierto el lugar, pues para que cada quien sacara sus conclusiones”, dijo esta mañana en la conferencia presidencial.

A seis meses de que la autoridad de Jalisco hizo una serie de detenciones y no hiciera las diligencias necesarias, de acuerdo a la conclusión del fiscal general Gertz Manero, la presidenta llamó a quienes acudieron ayer a la apertura del rancho Izaguirre a que vayan a la mañanera y den sus puntos de vista sobre lo que vieron.

Al abordar el tema sobre el tratamiento que algunos medios de comunicación dieron al caso de Teuchitlán, la presidenta lanzó un cuestionamiento: “¿Por qué no hablan de (Genaro) García Luna (exsecretario de seguridad pública federal, preso en Estados Unidos)? ¿Por qué no hablan de la guerra contra el narco (del expresidente Felipe Calderón)?”. 

Aseguró que hay construcciones de historias alrededor del caso, pese a que la FGR aún no ha atraído la investigación y sólo ha hablado de las fallas de la fiscalía de Jalisco.

“La verdad es la verdad, lo que encuentre la fiscalía, que se encuentre la verdad”, declaró la mandataria.

“Nosotros no construimos verdades, nosotros siempre decimos la verdad”, afirmó, y reiteró: “Es mejor que lo digan ustedes, quienes estuvieron ahí”. 

Adelantó que presentarán de dónde vinieron las primeras versiones que apuntaron a catalogar el caso como un campo de exterminio, en referencia a columnistas. 

El 7 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que hizo una transmisión en vivo desde el lugar y varios posteos en Facebook, dio cuenta de lo que calificaron como tres “hornos clandestinos” en el rancho Izaguirre.



La mandataria federal reiteró que su gobierno nunca se va a confrontar con los familiares de las víctimas.

El jueves 20 de marzo, al igual que la prensa y creadores de contenido digital, personas buscadoras ingresaron al rancho Izaguirre y calificaron la visita al sitio como un "circo, burla, farsa" por el tono de "tour" que se le dio al recorrido de un lugar de dolor, en donde hubo sufrimiento y en el que presuntamente se cometieron graves delitos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Detienen al expresidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas; fue acusado de abuso sexual infantil

Edgar Danés Rojas, denunciado por presunto abuso sexual en contra de una niña de 14 años, fue detenido en Laredo, Texas.

El exmagistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas, fue detenido por ser presunto responsable de abuso sexual en contra de una niña de 14 años.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmaron que la orden de aprehensión ejecutada durante la tarde del jueves corresponde a una solicitud ante la Interpol vinculada con la carpeta de investigación 377/2024.

El exmagistrado Édgar Danés fue capturado en el Valle de Texas en una operación binacional encabezada por la fiscalía estatal. La familia de la víctima presionó después de interponer la denuncia ante el Ministerio Público en julio del año pasado en Nuevo Laredo.

La denuncia contra el exfuncionario

La denuncia contra el exfuncionario sostiene que él llegó al domicilio de la madre de la niña, quien era su pareja sentimental. Al no encontrarse la mujer, Édgar Danés habría abusado sexualmente y físicamente de la hija.

La madre indicó que los hechos ocurrieron a inicios de mayo. El magistrado presidente la habría amenazado de muerte para evitar que denunciara la violación, declaró.

“No digas ni madres porque te va a ir peor a ti y a tu hija, si yo quiero mañana no amanecen”, refirió en el testimonio.

No es la única vez que Danés Rojas es señalado de cometer delitos. En julio, Erika Rodríguez presentó una denuncia por acoso sexual, luego de ello la despidieron del Tribunal electoral.

Su caso permaneció estancado hasta que la presión social obligó a la Fiscalía a solicitar el desafuero de Danés Rojas al Congreso de Tamaulipas. El proceso legislativo se concluyó el 22 de noviembre de 2024, pero un día antes el abogado renunció al cargo y huyó.

Erika entró a trabajar al Tribunal electoral como oficial judicial en abril de 2022. Danés Rojas se desempeñaba en ese momento como magistrado. Siete meses después, cuando fue designado presidente, empezó el acoso, denunció.

“Me empezó a hablar para que pasara a su oficina; primero tomaba temas en cuestión del trabajo y en intermedios empezaba a hablar con palabras que me intimidaban”, detalló.

“No fue en una ocasión, fueron varias veces que me estuvo insinuando que tuviera una relación con él, más allá del trabajo, y que iba a ser ocasionalmente esas salidas, y a cambio iba a tener todo su apoyo y respaldo”, dijo la denunciante.

Al inicio, Erika tuvo miedo de denunciar para no perder su trabajo. Compañeros de trabajo le advirtieron que “tuviera mucho cuidado” porque Danés Rojas era una persona “con mucho poder”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/ELEFANTE BLANCO.
AUTOR: /REDACCIÓN.

“Entramos a ver un museo, no un campo de exterminio”: madres buscadoras denuncian manipulación del Rancho Izaguirre

“Lo pintaron, lo barrieron, lo arreglaron todo. Es un circo, una burla para nuestro dolor”, denunció Patricia Sotelo, quien desde hace cuatro años busca a su hija desaparecida Fanny Areli, tras la visita que colectivos y medios de comunicación realizaron al Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, ofrecida por el fiscal general Alejandro Gertz Manero.

Este 20 de marzo, madres buscadoras y colectivos denunciaron que las autoridades manipularon el predio donde el 5 de marzo Guerreros Buscadores de Jalisco encontraron más de 400 indicios de víctimas de desaparición, hornos clandestinos y restos humanos, de los que hoy “no hay nada” en el campo de adiestramiento y exterminio del crimen organizado.

“Es una burla. Entramos a ver un museo, no un campo de exterminio. Y mientras tanto, seguimos sin respuestas”, señalaron las madres buscadoras tras la visita en el predio. “No hay absolutamente nada de lo que intentábamos encontrar. Esto según está acordonado, pero está limpio, hasta el piso está limpio, no hay ni hojas tiradas, se nota que barrieron”, dijo una de las madres a la agencia de noticias EFE.

Los familiares que buscan a sus seres queridos acusaron que las autoridades no permitieron recorrer todo el rancho, sino únicamente a determinadas zonas, además de que no les dieron oportunidad de hacer preguntas a los peritos que trabajan en el lugar.

“Se nota que hicieron su buen trabajo para traernos aquí (para simular) no sé para qué. Entramos 10 o 15 minutos y vas como a un ‘tour’ porque estás todo acordonado y tienes que seguir en los espacios que ellos te tienen asignados y no hay absolutamente nada”, añadió la mujer que por seguridad prefirió el anonimato.

Antes de que las familias entraran al predio fueron dejadas afuera del rancho bajo el sol. La periodista Marcela Turati, a través de su cuenta de X, narró que “cuando la entrada al rancho Izaguirre se hizo embudo, las primeras madres salieron llorando; gritaban traumatizadas que el gobierno se había llevado de Teuchitlán las evidencias que tenía que mostrarles, que no había ropas, que las engañaron, que ya no sabrían de sus hijxs”. “La fiscalía había levantado todo”, añadió Turati en su publicación sobre la visita.
Además de las alteraciones en el lugar, las familias de víctimas acusaron la ausencia de Gertz Manero y del fiscal de Jalisco Salvador González de los Santos, quienes prometieron acompañar el recorrido en el lugar.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno Espía

El gobierno quiere crear una megabase con tus datos personales (teléfono, fiscal, biométrico, bancario) accesible sin orden judicial, argumentando que combatirá el crimen. Pero la historia muestra lo contrario: el RENAUT de Calderón fue hackeado y usado para extorsiones. Sin un INAI fuerte ni una Corte independiente, no hay contrapesos. Los delincuentes no registrarán sus datos, pero los ciudadanos sí estarán expuestos a hackeos, fraudes y abusos. Si el gobierno vigila a todos, ¿quién lo vigila a él?

Hace unos años, tu información personal se podía comprar en Mercado Libre por 500 pesos. Sí, así de fácil. El gobierno de Calderón había creado un padrón de celulares para combatir el crimen, pero su base de datos acabó en manos de delincuentes. ¿Qué hicieron con esos datos? Extorsiones, fraudes, amenazas. Hoy quieren repetir la historia, pero en versión recargada.

La Cámara de Diputados se prepara para avalar dos reformas de seguridad que darán al gobierno acceso sin restricciones a datos personales de todos los mexicanos. Se creará una megabase de información con tus registros telefónicos, fiscales, biométricos, vehiculares e incluso bancarios. Cualquier autoridad podrá acceder a ellos sin orden judicial, sin regulación, sin rendición de cuentas.

Nos dicen que esto servirá para combatir el crimen. Pero en la práctica, esto le da al gobierno un control sin precedentes sobre la información de cada persona en México.

¿COMBATIR EL CRIMEN?

Desde Calderón hasta López Obrador, la receta ha sido la misma: cada vez que la violencia se desborda, el gobierno se otorga más herramientas para vigilar a la población, con la excusa de que así se combatirá el crimen.

En 2009, Calderón creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT). Para activarse, cada línea debía registrarse con una credencial de elector. Dos años después, la base de datos fue hackeada y terminó en manos del crimen organizado.

En 2021, López Obrador intentó hacer lo mismo con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). La Suprema Corte lo declaró inconstitucional porque violaba el derecho a la privacidad.

Hoy, Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han revivido la idea bajo otro nombre. La diferencia es que ahora no hay nadie que lo detenga. Si es aprobado sin cambios… no habrá un INAI para frenar el abuso. No habrá una Corte independiente para declararlo inconstitucional. No hay oposición suficiente para evitarlo.

CONTROL DE LOS DATOS

Según un analisis de la organización R3D, no se trata solo del padrón de celulares. Es la interconexión de todas las bases de datos en una sola megaplataforma.

Cada movimiento, cada transacción, cada conversación quedará registrado. ¿Quién podrá acceder a esa información? Cualquier autoridad que el gobierno decida. No habrá necesidad de una orden judicial.

El pretexto es combatir el crimen. Pero los delincuentes no van a registrar sus teléfonos con sus nombres reales. En cambio, los ciudadanos comunes sí estarán dentro del sistema. Y en un país donde las bases de datos ya han sido vulneradas en el pasado, eso solo significa más extorsiones, más fraudes, más robo de identidad.

Nos dicen que esto servirá para frenar delitos como la extorsión. Pero el 80% de las llamadas de extorsión en México provienen de las cárceles. 

Nos dicen que solo el gobierno podrá ver los datos. Pero en los últimos años hackearon al Ejército, al SAT, al INE, a Pemex.

Nos dicen que es un sistema seguro. Pero todo estará en una sola base de datos. Un solo hackeo, y toda la información de los mexicanos quedará expuesta.

Nos dicen que “si no tienes nada que esconder, no debes preocuparte”. Pero aquí el problema no es lo que escondes, sino quién tendrá poder sobre tu información.

¿CONFIAR?

Nos piden que confiemos en que esta información no se usará con fines políticos. Que no se espiará a periodistas. Que no se perseguirá a opositores. Que las bases de datos no caerán en las manos equivocadas.

Pero ya hemos visto lo que pasa cuando el poder no tiene contrapesos. Y hoy, con esta reforma, el gobierno no solo quiere vigilar a los criminales. Quiere vigilar a todos. 

La pregunta es: ¿quién los vigilará a ellos?

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JUAN ORTIZ.

Teuchitlán y la virulencia contra las víctimas

Sólo a través de un compromiso genuino con la verdad y la justicia se podrá honrar a las víctimas, y brindar paz a sus familias. Sólo así esta sociedad desgarrada podrá curar sus heridas. Sólo así seremos viables como país.

En las últimas semanas, México ha sido sacudido por el descubrimiento de un centro de reclutamiento forzado y exterminio en Teuchitlán, Jalisco, donde se hallaron restos humanos y objetos personales que apuntan a una tragedia de dimensiones inimaginables. Este hallazgo ha puesto de relieve, una vez más, la profunda crisis de desapariciones que azota al país, con más de 124 mil personas desaparecidas según datos oficiales.

A pesar de la atrocidad patente, cualquier intento de crítica o cuestionamiento a la eficacia de las medidas tomadas por este y el anterior Gobierno en materia de desapariciones, ha sido rápidamente desestimado por la administración y sus simpatizantes, calificándolos como parte de una supuesta campaña orquestada por la oposición. Este enfoque defensivo no sólo limita el debate público necesario en una democracia saludable, sino que también invisibiliza las voces de las familias de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil que buscan respuestas y justicia.

A pesar de que la Presidenta cambió su actitud inicial y este lunes presentó una “estrategia” para atender la grave crisis, al mismo tiempo ella y los suyos mantienen una narrativa que insiste en achacar la indignación social a una fantasmagórica oposición.

Desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la llamada Cuarta Transformación (4T) ha adoptado una postura beligerante contra la crítica, desacreditando sistemáticamente a periodistas, académicos y defensores de derechos humanos que cuestionan su administración. Según el informe sexenal Derechos pendientes de Artículo 19, durante el Gobierno de AMLO se documentaron 248 campañas de desprestigio contra la prensa y otros sectores críticos.

Este clima de hostigamiento evidencia cómo, cuando el Gobierno pierde el control de la narrativa, sus redes de apoyo se tornan más virulentas y agresivas. Las campañas de difamación y los ataques en redes sociales no sólo buscan desacreditar las críticas legítimas, sino que también intimidan a quienes intentan visibilizar las fallas del Estado en la crisis de derechos humanos que enfrenta México.

A lo largo de la campaña presidencial del oficialismo, la lucha de las familias de los desaparecidos fue relegada a un segundo plano. Mientras se eludía el tema, miles de madres seguían cavando la tierra con sus propias manos, buscando a sus hijos en fosas clandestinas. Como siempre, los tiempos de la política y los políticos son completamente ajenos a los de las víctimas.

Ahora las mujeres que encabezan esta lucha han sido doblemente castigadas: no sólo por la ausencia de sus seres queridos, la impunidad y la revictimización desde las instituciones, sino por la brutalidad con la que son atacadas en redes sociales cuando exigen justicia. Los insultos, la descalificación y la violencia digital han intentado acallar sus voces, con la virulencia que caracteriza a las cuentas progubernamentales en las redes sociales. En otro ámbito, medios de comunicación inescrupulosos pretenden convertir en un talk show las contradicciones y disputas entre colectivos de búsqueda. Al final, todo abona a la estigmatización de las víctimas. Así nos mostramos como un país que no les da paz ni justicia a las víctimas, sino que las carga con todas las culpas de su propia situación.

Esta criminalización de las víctimas no es un hecho aislado, sino una estrategia que está vinculada a tendencias autoritarias dentro de cualquier sociedad. Como señaló Theodor Adorno en La personalidad autoritaria, culpar a quienes sufren, minimizar su dolor y convertirlos en enemigos públicos es una táctica que históricamente ha servido para justificar abusos de poder y reforzar regímenes autoritarios, e incluso, fascistas.

Es imperativo que el Gobierno, en lugar de descalificar las críticas, las escuche y las tome en cuenta para implementar políticas públicas efectivas que aborden la crisis de desapariciones. Es aún más apremiante que se ponga el énfasis en lo que importa. No son Loret, ni Ciro, ni López Dóriga, ni Reforma. No son las supuestas campañas millonarias “expuestas” con dudosas evidencias y metodologías. Son ellas y ellos, quienes luchan por encontrar a los suyos, quienes deben de importar. Mucho se avanzaría con recibirles y abrazarles en Palacio Nacional en lugar de vituperarles, vincularles a febriles complots -como los que Ramírez Cuevas y sus acólitos insisten en acusar- y mirarles con desconfianza.

Las víctimas consideran que la respuesta del Gobierno dada el lunes en voz de la Presidenta refleja desconocimiento, falta de compromiso real y un intento de presentar como “novedosas” medidas que ya deberían estar en marcha pero han sido bloqueadas por la falta de voluntad política.

Ni modo, de eso se tiene que hacer cargo el Gobierno. Esas críticas, duras, difìciles de digerir desde el poder, son las que se tienen que escuchar. Esos sapos y otros más hay que tragar. Si de verdad hay superioridad moral del oficialismo respecto a la oposición, deben hacer las cosas distintas a como se hicieron antes. Eso implica escuchar con humildad ante el infierno personal y colectivo que se ha dejado crecer por décadas por todos los gobiernos. Y, sobre todo, poner punto final a la tragedia ¿O entonces para qué querían concentrar tanto poder?

Sólo a través de un compromiso genuino con la verdad y la justicia se podrá honrar a las víctimas, y brindar paz a sus familias. Sólo así esta sociedad desgarrada podrá curar sus heridas. Sólo así seremos viables como país.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LEOPOLDO MALDONADO.

Fiscalía aprehende a presunto feminicida de Gilda Guadalupe, asesinada en Tlatelolco

Brayan Alberto "N" fue aprehendido por la  Fiscalía de la CdMx por el presunto feminicidio de Gilda Guadalupe, hallada en una jardinera el pasado 8 de marzo, en la unidad habitacional de Tlatelolco.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) detuvo a Brayan Alberto “N”, presunto responsable del feminicidio de Gilda Guadalupe, cuyo cuerpo fue encontrado en una jardinera de Tlatelolco.

Brayan Alberto “N” fue detenido el día de ayer en Querétaro con apoyo de la Fiscalía local. Autoridades lo identificaron como el principal sospechoso del asesinato de Gilda Guadalupe, hallada sin vida el 8 de marzo en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco.

De acuerdo con la FGJ-CdMx, el hombre posiblemente se ocultaba con familiares en Querétaro. Tras su captura, fue trasladado a la capital para su certificación médica y puesta a disposición de las autoridades.

Gilda Guadalupe, de 26 años, fue reportada como desaparecida el 5 de marzo en la colonia Buenavista. Días después, su cuerpo fue encontrado dentro de un bote de plástico en una jardinera de Tlatelolco. Su familia confirmó su identidad cuatro días más tarde.
El hallazgo ocurrió el 8 de marzo, durante el Día Internacional de la Mujer. Vecinos alertaron a la policía por un olor fétido que provenía de la jardinera. Peritos determinaron que la causa de muerte fue congestión visceral generalizada.

Según el periodista Carlos Jiménez (@c4jimenez), Brayan “N” engañó a Gilda con la promesa de regalarle un teléfono celular. La joven salió de su casa para encontrarse con él, pero no regresó.

La investigación reveló que Gilda se dirigía al Mercado Martínez de la Torre, en la colonia Guerrero, cuando desapareció. La fiscalía capitalina ya había emitido una ficha de búsqueda.

El feminicidio generó indignación entre vecinos de Tlatelolco, quienes se manifestaron exigiendo justicia y mayor seguridad en la zona. También denunciaron la falta de iluminación en calles y espacios públicos.

En respuesta, la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que incrementó un 40 por ciento la presencia de policías en la zona y prometió rehabilitar casetas de vigilancia y alumbrado público.

El detenido será presentado ante un Juez para definir su situación jurídica. La FGJ-CdMx recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, no se le puede considerar culpable hasta que un tribunal lo determine.

Organizaciones y colectivas feministas han exigido que el caso no quede impune y que las autoridades actúen con diligencia para garantizar justicia.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

"Que cada quien saque sus conclusiones": CSP respalda apertura del Rancho Izaguirre

Claudia Sheinbaum reiteró que su Gobierno no se confrontará con las madres buscadoras y familiares de víctimas de desaparición forzada.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó este viernes la decisión del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de abrir las puertas del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, a medios de comunicación y madres buscadoras, pues consideró a esta una medida necesaria para que cada quien saque sus conclusiones.
"Me pareció muy bien que el Fiscal haya abierto el lugar (Rancho Izaguirre) para que cada quien sacara sus conclusiones", dijo y pidió a los periodistas que reporten lo que vieron.
Durante la conferencia matutina, la titular del Ejecutivo Federal aclaró que la historia del país ha cambiado y actualmente la desaparición no tiene que ver con un asunto de Estado, como han difundido algunos medios de comunicación.

"Está vinculada, ahora la desaparición -y eso es muy importante- principalmente a la delincuencia organizada, porque hubo una época en México en donde la desaparición forzada la hacía el Estado, el Gobierno desaparecía a personas que políticamente estaban en contra del Gobierno. Eso es otra historia distinta a lo que ocurre ahora y en efecto muchas veces se utiliza a los familiares de las víctimas que tiene un dolor enorme y que nosotros nunca nos vamos a confrontar con ellas, para ser víctimas de una narrativa", sostuvo.


Sheinbaum Pardo reconoció que existen medios que han entendido que se ha comenzado a vivir una nueva etapa, pero hay otros medios y personajes que “sin información comienzan a difundir una nota [...] para equipararse al tema del terrorismo”
“Tiene que hacerse la investigación en Teuchitlán, en Jalisco, a fondo, eso le toca a la Fiscalía General con la información que le de la Fiscalía Estatal y segundo, que cada uno de los periodistas que fue a ese lugar, más allá de la situación de las víctimas, que diga qué vio, con responsabilidad y después ya esta historia que se ha ido construyendo. Que los periodistas narren los que vieron”, declaró.
Finalmente, la Presidenta Sheinbaum refrendó el compromiso de su Gobierno para prevenir y evitar el delito de desaparición forzada, sancionarlo dentro del marco de la Ley, saber quienes son los responsables y poder seguir buscando con los familiares a las personas desaparecidas.

"Modificar las leyes para permitir que se prevenga, que se sancione y que se siga buscando a las víctimas de desaparición y apoyar a los familiares", expresó.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum pide a FGR investigar “a fondo” caso Teuchitlán y a medios que informen con “responsabilidad”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo, el 21 de marzo de 2025, que ahora tocaba a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar, “a fondo”, lo que sucedió en el rancho Izaguirre, que presuntamente era usado como campo de adiestramiento y crematorio clandestino del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ubicado en la comunidad La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que la indagatoria también debería hacerse con la información que otorgara la Fiscalía del Estado de Jalisco.

“Entonces, tiene que hacerse la investigación en Teuchitlán, en Jalisco, a fondo, y eso le toca ahora a la Fiscalía General, con la información que le dé la Fiscalía estatal”, señaló la mandataria estatal, quien pidió, además, a quienes asistieron al recorrido en el rancho, dar a conocer con responsabilidad qué es lo que vieron.

“Segundo, que cada uno de los que fue a ese lugar, de los periodistas, más allá de la situación de las víctimas y de los familiares, de los colectivos, que diga qué vio con responsabilidad”, solicitó la presidenta, quien también enfatizó que primero quería fortalecer las leyes que tenían que ver con las desapariciones en México y después lo del caso del rancho.

“Queremos primero el fortalecimiento de las leyes y todo lo que tiene que ver con el problema de los desaparecidos, de la desaparición como delito y cómo lo atiende el Estado mexicano, el Gobierno de México, la Fiscalía, los jueces, después qué pasó en ese rancho, que los periodistas narren lo que vieron cómo lo están haciendo ustedes”, expresó Sheinbaum Pardo.

“Y tercero, toda esta bola, que en realidad están en contra del Gobierno, no hay otra razón y que en efecto divulgan esta información, entre otras cosas, pues también para equipararse al tema del terrorismo”, enfatizó la mandataria nacional, quien también celebró que se hubiera abierto el predio para el recorrido.

“En efecto, ayer se abrió este rancho en donde, un rancho en donde en septiembre, más bien en septiembre del año pasado, lo explicó muy bien el Fiscal [Alejandro Gertz Manero], entró en su momento la Guardia Nacional, hubo detenciones, se dejó el resguardo a la Fiscalía estatal”, recordó la presidenta de la República.

“[El] Fiscal narró desde su perspectiva qué pasó con ese resguardo y después viene pues estas fotografías que salieron con un colectivo de personas que buscan a sus familiares, con una fotografía de ropa, eso es digamos los hechos”, expresó Sheinbaum Pardo.

“Ya la Fiscalía pues tiene que hacer su investigación, a partir de lo que puede recuperar también de la Fiscalía estatal. Y me pareció muy bien que el Fiscal haya abierto el lugar pues para que cada quien sacara sus conclusiones”, finalizó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Familia de ‘Kiki’ Camarena demanda, en EU, a Caro Quintero, a “Don Neto” y a Félix Gallardo

Familiares de Enrique “Kiki” Camarena presentaron, el 19 de marzo de 2025, una demanda civil, en la Corte Federal de San Diego, California, contra Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino” o “El Jefe de Jefes”, y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto” cofundadores del Cártel de Guadalajara, el primero que hubo en México-, para exigir pago de daños y perjuicios a los tres capos sinaloenses, a los que acusan de “actos de terrorismo”, por el secuestro, tortura y ejecución del del agente especial de la Administración Antidrogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés), en 1985.

Los afectados -entre ellos nueve parientes de Camarena, incluidos su viuda y tres hijos-, demandaron a Caro Quintero, Félix Gallardo y Fonseca Carrillo, bajo reglas de la Ley Antiterrorismo de 1992, que permitía a cualquier estadounidense afectado por este tipo de actos, demandar a los extranjeros supuestamente responsables de dicho delito.

Sin embargo, los demandantes no especificaron el monto de su reclamo, que quedaría a decisión del jurado, pero pidieron pago por daños compensatorios, daños punitivos, y un concepto conocido como “treble damages”, previsto en la Ley Antiterrorismo, por el cual la Corte Federal debería triplicar la cantidad que determinara el jurado.

“Como integrantes de una organización criminal de narcotráfico especialmente designada, y de una organización terrorista extranjera, los demandados causaron las lesiones y muerte aquí descritas, y son responsables por los actos criminales, incluidos actos de terrorismo internacional, conspiración para cometer actos de terrorismo internacional, y participación en una empresa criminal continua con fines de terrorismo”, señalaron los afectados en la demanda.

Según lo reportó el diario Reforma, la mayor parte del escrito era una narración de la vida de Enrique Camarena, su carrera en el Cuerpo de Marines y sus años como policía local en Calexico, California, antes de unirse a la DEA y ser transferido a Guadalajara, Jalisco.

También detalló el secuestro de Camarena y el piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, perpetrado en febrero de 1985, como reacción de Caro Quintero ante vuelos de reconocimiento que llevaron a un decomiso masivo de mariguana en el rancho Búfalo, ubicado Chihuahua, en noviembre de 1984.

Además, se alegó el sufrimiento de su esposa, Mika, quien se quedó esperando a Camarena en un restaurante en Guadalajara el día que fue secuestrado, y luego tuvo que quedar con sus hijos bajo vigilancia permanente del Gobierno de EE. UU., antes de regresar a San Diego.

Según datos del Buró Federal de Prisiones de EE. UU. (BOP, por sus siglas en inglés), Caro Quintero -de 72 años de edad- se encontraba recluido en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), con el número de registro 12303-016, ello después de ser enviado por el Gobierno mexicano a Estados Unidos, por supuestas causas de seguridad nacional.

Caro Quintero se declaró, el 28 de febrero de 2025 -luego de ser extraditado a EE. UU., un día antes-, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, como no culpable, de los múltiples cargos en su contra.

Por su parte, lo último que se supo del capo sinaloense Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Jefe de Jefes” o “El Padrino” -fundador del primer cártel que hubo en México, el de Guadalajara y quien habló por primera vez en público en los 32 años que llevaba preso-, fue en agosto de 2021, cuando se calificó a sí mismo, como un hombre “honesto”, que dijo no saber nada de los crímenes y leyendas que le imputaban.

Durante una entrevista que la cadena estadounidense Noticias Telemundo le realizó, se veía al ex narcotraficante como un hombre anciano, de 75 años de edad -ahora tendría 79-, preso en la zona de máxima seguridad del Penal Estatal de Puente Grande, en Jalisco, postrado en una silla de ruedas, sordo, ciego, afectado por una neumonía y con el brazo roto.

Asimismo, en la entrevista negó haber conocido a Enrique “Kiki” Camarena Salazar, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), asesinado el 7 de febrero de 1985, también en Guadalajara.

“Es un tema muy lamentable. Este señor Camarena. Quienes fueron, quienes hayan sido, hay autores materiales e intelectuales, presos, que han pagado su vida en la prisión y que les ha ido muy mal”, aseveró Félix Gallardo.

“Ignoro el porqué se me relaciona, porque a ese señor yo no lo conocí. Porque te vuelvo a repetir: yo no soy una persona de armas. Lamento mucho, porque sé que era un buen hombre”, insistió el fundador del Cártel de Guadalajara.

Aunado a lo anterior, “El Jefe de Jefes” le deseó a Mika Camarena, viuda del finado agente de la DEA, “la resignación y que tenga la satisfacción de que los culpables del asesinato de su esposo están pagando sus culpas (sic)”.

Por otra parte, Félix Gallardo negó conocer a los también capos sinaloenses Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, los otros dos fundadores del Cártel de Guadalajara.

“No los conozco. En la calle no nos conocimos. Estas personas y yo nunca hemos platicado al respecto. Mi abogado, [Fernando] Martínez Inclán, me dijo: ‘no estás involucrado, nunca platiques’”, señaló ‘El Jefe de Jefes’.

A cinco meses de que terminara de pagar su condena de 40 años de prisión por el asesinato del ex agente de la DEA y del piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el capo sinaloense “Don Neto”, pidió que su castigo se tuviera por cumplido y quedara libre antes de compurgar su pena, el 7 de abril de 2025.

Según lo informó el diario Reforma, el 22 de noviembre de 2024, citando registros judiciales, el cofundador del primer cártel que hubo en México, el de Guadalajara, promovió, ante Jesús Chávez Hernández, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal, una demanda de amparo para que resolvieran su solicitud de remisión parcial de la pena, un beneficio que consiste en descontar un día de prisión por cada dos de trabajo a los sentenciados.

El capo sinaloense, de 94 años de edad, reclamó en su demanda de amparo, que tanto el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, como el Juzgado Primero de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, no emitieron ningún acuerdo a su recurso de queja y ejecución de la sanción penal.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Sheinbaum destina fondo de 12 mil millones para pueblos indígenas y afrodescendientes

Sheinbaum anunció que, por primera vez, se destinarán 12 mil 374 mdp directamente a pueblos indígenas y afromexicanos, que decidirán el uso de los recursos mediante asambleas comunitarias.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes la asignación histórica de 12 mil 374 millones de pesos a comunidades indígenas y afromexicanas. Este fondo proviene del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y es el primer esfuerzo de distribución directa hacia estos pueblos, sin la intervención de gobiernos estatales ni municipales.

El monto, equivalente al 10 por ciento del total del fondo, se utilizará para proyectos de infraestructura básica, como agua potable, electrificación, drenaje, y mejoras en vivienda y salud. Las comunidades serán las encargadas de decidir cómo distribuir los recursos a través de asambleas, que se llevarán a cabo entre el 1 y el 30 de abril.

Sheinbaum destacó que esta medida es posible gracias a la reforma constitucional del año pasado, que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho con patrimonio propio.

Esta reforma garantiza que los recursos sean gestionados directamente por las comunidades, eliminando intermediarios en el proceso.
"Es un cambio radical en la visión de los pueblos originarios porque por primera vez son reconocidos como sujetos de derecho", comentó Sheinbaum.
En total, 15 mil 217 comunidades en 27 mil 792 localidades se beneficiarán del programa. De estas, 14 mil 748 corresponden a pueblos indígenas, mientras que 431 comunidades son afromexicanas. Los estados con mayor número de comunidades beneficiadas son Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

La distribución del dinero se gestionará de forma similar a otros programas federales como “La Escuela es Nuestra”, en los cuales las comunidades eligen en asamblea cómo utilizar los fondos.

En este caso, se formarán dos comités en cada comunidad: uno para administrar los recursos y otro para vigilar su ejecución.


“Las comunidades elegirán, si ya tienen autoridades, a esas autoridades, y si no, se creará una comisión encargada de la administración”, explicó la Presidenta en la conferencia matutina.
Para garantizar la transparencia, las asambleas estarán a cargo de autoridades indígenas elegidas conforme a sus propios sistemas normativos. Las autoridades del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) también jugarán un papel clave en la coordinación del proceso.

El catálogo nacional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas será utilizado como la referencia oficial para identificar a las comunidades beneficiadas. La información sobre cada una de ellas se encuentra disponible en línea, facilitando el acceso y la verificación de los datos.

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, subrayó que esta nueva modalidad representa un paso hacia la autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos en la gestión de sus recursos, lo que se alinea con el objetivo del Gobierno de empoderar a estas comunidades.


“Este es un cambio profundo en la relación del Estado con los pueblos originarios”, añadió Sheinbaum. Este modelo de distribución directa de recursos asegura que las comunidades puedan decidir lo que mejor se ajusta a sus necesidades, sin depender de otros niveles de Gobierno.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fuerzas federales aseguran mega laboratorio de metanfetamina en sierra de Zacatecas

La Secretaría de Marina, en colaboración con otras fuerzas de seguridad, desmanteló un mega laboratorio clandestino en Zacatecas, evitando la producción de 27 toneladas de metanfetamina.

La Secretaría de Marina (Semar), junto con la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró un mega laboratorio clandestino en el municipio de Zacatecas. El laboratorio estaba destinado a la fabricación de drogas sintéticas, particularmente metanfetamina.

La operación se llevó a cabo en el poblado de Carrizalillo, donde las fuerzas federales localizaron un complejo de laboratorios en una extensión de 395 mil metros cuadrados. En este complejo, los operativos encontraron equipamiento diverso, como reactores, tanques de gas, mezcladoras, motogeneradores, y cientos de bidones y tinas, utilizados para el proceso de fabricación de las sustancias.

En total, las autoridades aseguraron 36 reactores, 56 tambos, 65 tinas, nueve mezcladoras, 77 tanques de gas y otros equipos destinados a la producción y almacenamiento de precursores químicos. Entre los materiales incautados se encontraban más de 63 mil litros de sustancias, como cloruro de bencilo y sosa cáustica, que son fundamentales en la producción de metanfetamina.

Además, se aseguraron más de 10 mil litros de precursores químicos en el área de síntesis, junto con aproximadamente 16 mil kilogramos de diferentes sustancias, siendo el ácido tartárico la más frecuente. Las sustancias fueron destruidas para evitar que fueran utilizadas en la fabricación de drogas sintéticas.
El aseguramiento del laboratorio tuvo un impacto significativo, pues se evitó la producción de 27 mil 930 kilogramos de metanfetamina, equivalentes a cerca de 700 millones de dosis. Esta cifra resalta el alcance del operativo y la amenaza que representaba dicho complejo clandestino.

El director de la Semar destacó que en lo que va de la administración actual, se han logrado aseguramientos importantes, como 34 mil 232 kilogramos de metanfetamina, 202 mil 907 litros de precursores químicos y más de 122 mil kilogramos de estos materiales.

Este operativo es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que busca debilitar las organizaciones delictivas involucradas en la producción y distribución de drogas para proteger la salud pública.

El Gabinete de Seguridad, que coordina estas acciones, subrayó que el desmantelamiento de este laboratorio es parte de los esfuerzos continuos para frenar la manufactura de sustancias peligrosas que alimentan los mercados ilícitos tanto en México como en otras naciones.

Finalmente, la Semar y otras fuerzas federales seguirán implementando patrullajes de vigilancia en zonas clave para detectar y destruir más laboratorios clandestinos que puedan estar operando en el país.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fiscalía de Morelos revisará posibles omisiones en el caso contra Cuauhtémoc Blanco

El fiscal general, Édgar Maldonado Ceballos, afirmó que el análisis interno buscará esclarecer si hubo irregularidades en el proceso y, en caso de detectarlas, se aplicarán las sanciones correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Morelos realizará una revisión interna para determinar si hubo omisiones en la integración de la carpeta de investigación contra Cuauhtémoc Blanco Bravo, exgobernador de Morelos y actual diputado federal, luego de que la Cámara de Diputados declarara improcedente el juicio de procedencia en su contra.

El fiscal general, Édgar Maldonado Ceballos, afirmó que el análisis interno buscará esclarecer si hubo irregularidades en el proceso y, en caso de detectarlas, se aplicarán las sanciones correspondientes. “Estamos revisando con total responsabilidad los procedimientos seguidos en la conformación de este expediente, que fue integrado bajo una administración anterior”, puntualizó.

La denuncia fue presentada en octubre de 2024, pero la carpeta de investigación LXVI/HCD/DP/02/2025 se conformó hasta febrero de este año. Ante esta situación, Maldonado Ceballos instruyó a la Visitaduría General y de Asuntos Internos a revisar a fondo el expediente y determinar si existieron deficiencias.

El fiscal dejó en claro que no se encubrirán posibles irregularidades. “Si se detectan errores u omisiones, tomaremos medidas conforme a la ley y aplicaremos las sanciones necesarias a los servidores públicos responsables”, enfatizó.

Asimismo, aseguró que la Fiscalía entregó en tiempo y forma la información solicitada por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. “Hemos actuado con total transparencia y disposición. La documentación requerida fue enviada dentro de los plazos establecidos para su análisis”, explicó.

Finalmente, Maldonado Ceballos señaló que la Fiscalía esperará la notificación formal del Congreso para revisar los argumentos de la resolución y definir su postura institucional. “Respetamos el marco legal y actuaremos con prudencia. Nuestro compromiso es con la legalidad, la transparencia y el debido proceso”, concluyó.

Ni Gertz Manero, ni fiscal de Jalisco, ni gobernador, acompañan a buscadores en rancho Izaguirre

Ni Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), ni Salvador González de los Santos, titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco, ni el gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro, asistieron al rancho Izaguirre -que presuntamente era usado como campo de adiestramiento y crematorio clandestino del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ubicado en la comunidad La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán-, a acompañar a las madres y padres buscadoras, que fueron citados por ellos mismos.

Así lo reveló Raúl Servín, representante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quien acusó que todo fue un circo. “Fuentes sostuvieron que Gertz Manero canceló su visita a Jalisco ayer en la noche, pero los colectivos supieron cuando llegaron hoy al rancho, cerca del mediodía”, reveló el diario Reforma.

“El anuncio de la visita del funcionario se dio a la par de la invitación para medios, colectivos y asociaciones civiles, en una convocatoria que tuvo a más de 300 personas en el lugar, sin contar las decenas de servidores públicos tanto del orden estatal como federal. La FGR, que tuvo a personal que lo representó en el inmueble, no se ha pronunciado al respecto”, indicó el citado rotativo.

“Se armó todo un teatro desde la FGR para hacernos llegar tarde aquí. Para mí es una farsa de ellos, que así la armaron, porque sabían que iban a venir ustedes y nosotros. Más que burlado por la autoridad me sentí hoy, porque literalmente nos dejó [plantados] el Fiscal. Realmente somos una burla para ellos. No nos dieron argumentos de por qué no vino, pero sí queremos dialogar con ellos o hacer un llamado para que nos atiendan personalmente”, reclamó Servín.

“Ayer hicieron trabajos porque sabían que hoy habría gente, fue una obra de teatro de ellos, porque sabían que hoy iban a descansar, iban a estar viéndonos, porque no se ha visto a nadie escarbando o cerniendo la tierra”, enfatizó el representante del colectivo.

“¿Por qué no vinieron como dijeron? Yo muchas de las veces en las redes le he dicho, Pablo Lemus, te invito. Te invito nomás para que seas espectador, para que veas todos los rostros de todas las madres buscadoras. Que no actuamos, te lo juro que no. Que tengamos un pedazo de corazón aquí”, expresó, llorando, Alejandra Cruz, una madre buscadora.

“Sentí más dolor, yo creí que venir aquí me iba a dar un poco de calma y me voy peor. Aparte, el Gobierno, no se vale que se burle de nosotros, entras como en un zoológico, un museo. Yo no vengo a ser la burla de nadie, yo vengo a buscar a mi hijo y a mi sobrino. Lo único que quiero es encontrarlos”, insistió Cruz.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.

México envió a líderes del narcotráfico a EE. UU. sabiendo que podrían ser ejecutados

Rafael Caro Quintero, quien enfrenta un juicio en Brooklyn, y al menos otras cuatro figuras de cárteles podrían enfrentar la pena de muerte, pues fueron trasladados desde México y no extraditados.

Los acusados extranjeros enviados a Estados Unidos casi nunca enfrentan la pena capital, por graves que sean las acusaciones que pesan contra ellos.

Pero cuando un célebre líder del narcotráfico llegó de México al tribunal federal de Brooklyn el mes pasado, acusado, entre otras cosas, de asesinar a un agente federal estadounidense, los fiscales del Distrito Este de Nueva York dijeron que podría ser condenado a muerte.

Los fiscales aún tendrían que solicitar formalmente la pena capital para el narcotraficante, Rafael Caro Quintero, antes de un juicio para el que podrían faltar meses o años. Pero sea lo que sea lo que ocurra con Caro Quintero, el episodio representa un cambio radical para ambos países, y refleja cómo está respondiendo México a la agresiva política exterior del presidente Donald Trump en el continente y más allá.

Antes de esto, históricamente México había enviado a delincuentes a Estados Unidos solo con la condición de que no fueran ejecutados, una disposición de su acuerdo de extradición con Washington.

Sin embargo, en lugar de pasar por el engorroso procedimiento de extradición, México simplemente envió a Caro Quintero y a otras 28 figuras del narcotráfico, como permite una ley de seguridad nacional. La medida da al gobierno mexicano flexibilidad para acelerar los traslados y significa que Caro Quintero y al menos otros cuatro presos enviados a Estados Unidos el mes pasado podrían enfrentarse también a la pena de muerte.

Para México, la decisión supone una ruptura con la antigua política del país de proteger a sus ciudadanos de la pena capital. Para Estados Unidos, hace posible la visión punitiva de la justicia de Trump, de la que la pena de muerte es una herramienta esencial.

México ha luchado encarnizadamente durante décadas para impedir que el gobierno estadounidense ejecute a sus ciudadanos. El tratado de extradición, cuya forma está en vigor desde la década de 1970, estipula que el país que solicite a un acusado no puede imponer la pena de muerte si esta no existe en el país de origen del acusado. México no aplica la pena capital desde la década de 1960, aunque no se abolió oficialmente hasta 2005.

Los distintos puntos de vista de ambos países han tensado las relaciones. En 2002, el entonces presidente de México, Vicente Fox, canceló un viaje para visitar al presidente George Bush en protesta por la inminente ejecución de un ciudadano mexicano. En 2003, México recurrió al más alto tribunal de las Naciones Unidas por las condenas a muerte que el gobierno estadounidense había impuesto a 51 ciudadanos mexicanos.

En 2017, México accedió a extraditar al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, con la condición de que los fiscales del Distrito Este no solicitaran la pena de muerte. Fue condenado a cadena perpetua en 2019.

Emily Edmonds-Poli, profesora de ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad de San Diego, dijo que la decisión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de trasladar a los miembros de cárteles conllevaría normalmente un riesgo político. Pero Sheinbaum, quien goza de altos índices de aprobación en medio de una oleada de nacionalismo, puede tener la libertad de actuar con audacia, dijo.

“Es un momento decisivo”, dijo Edmonds-Poli. “Abre una puerta que antes estaba firmemente cerrada”.

El predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, intentó acabar con la violencia mediante una menor confrontación con los cárteles y abordando las causas profundas. Pero su estrategia, acuñada como “abrazos, no balazos”, ha perdido popularidad en México.

En cambio, Sheinbaum ha adoptado hasta ahora un enfoque decididamente más agresivo en la lucha contra los cárteles. Además de aprobar los traslados, ha enviado más de 10.000 soldados a la frontera estadounidense y a Sinaloa, un centro de tráfico de fentanilo donde su gobierno afirma haber realizado más de 900 detenciones desde octubre.

No está claro cómo responderá el gobierno mexicano si los fiscales estadounidenses solicitan la pena de muerte contra los miembros de los cárteles. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de México, declaró a la prensa en México que los jefes de los cárteles no pueden ser ejecutados en Estados Unidos, según informó el diario El País.

Las negociaciones para enviar a los capos de la droga de México mediante este proceso simplificado comenzaron durante el gobierno de Joe Biden, según dos personas familiarizadas con las conversaciones. La Casa Blanca de Biden reanudó esas conversaciones con Sheinbaum cuando la presidenta asumió el cargo en octubre, y el acuerdo final del traslado fue negociado por el gobierno de Trump después del día de la toma de posesión.

“Es un cortocircuito de un importante procedimiento legal”, dijo Austin Sarat, profesor del Amherst College, quien ha estudiado la pena de muerte durante décadas. “Lo que Trump está haciendo es reiniciar la conversación en torno a la pena capital”.

Caro Quintero era una captura especialmente preciada para los fiscales estadounidenses. Fue condenado en México por orquestar la tortura y asesinato en 1985 de Kiki Camarena, agente encubierto de la Administración de Control de Drogas, que transformó la agencia y las relaciones entre Estados Unidos y México.

Caro Quintero cumplió décadas en una prisión mexicana, pero fue liberado en 2013 en plena noche gracias a un vacío legal. Fue recapturado por las autoridades mexicanas en 2022. Michael Vitaliano, abogado de Caro Quintero, dijo en un comunicado que, en caso de que su cliente se enfrentara a la pena de muerte, su equipo jurídico estaba “plenamente preparado para hacer frente a ese desafío procesal y sustantivamente”, desde “el momento de su captura y expulsión de México hasta el final del juicio”.

Podrían pasar meses antes de que los fiscales anuncien si solicitan la pena de muerte. Un portavoz del Distrito Este declinó hacer comentarios.

Los fiscales tendrían primero que superar obstáculos, como una intensa revisión dentro de la oficina del Distrito Este y de un comité del Departamento de Justicia en Washington que estudia los casos de pena capital. Durante este tiempo, los abogados defensores pueden presentar apelaciones a los fiscales y luego al comité de Washington.

Los detractores de la pena de muerte llevan mucho tiempo señalando las disparidades raciales en su aplicación, junto con la cuestión moral más fundamental de si el Estado tiene derecho a quitar una vida.

Los críticos también han señalado el elevado precio de la administración de la pena de muerte, que puede ser decenas de miles de dólares más cara que la cadena perpetua, así como el hecho de que Estados Unidos ejecuta a muchas más personas que los países de su grupo. Entre los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Estados Unidos y Japón son los dos únicos que aplican la pena de muerte.

Ken Montgomery, abogado de Vicente Carrillo Fuentes, otro miembro del cártel enviado desde México que podría enfrentarse a la pena de muerte, dijo en una entrevista que Estados Unidos no debería dedicarse a ejecutar personas.

“Para una sociedad civilizada, no creo que ejecutar a personas sea nunca algo civilizado”, dijo Montgomery.

Poco más de la mitad de los estadounidenses apoyan la pena de muerte, según una encuesta de octubre de Gallup, frente al 80 por ciento de hace tres décadas. A escala nacional, en Estados Unidos, se ejecutó a 25 personas en 2024, frente a 85 en 2000, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. El presidente Joe Biden, quien en 2020 hizo campaña por el fin de la pena capital, estableció una moratoria sobre las ejecuciones federales y conmutó las penas de 37 de los 40 reclusos condenados a muerte antes de dejar el cargo.

Por el contrario, Trump y sus aliados favorecen un enfoque más punitivo de la administración de justicia, y el propio Trump alberga desde hace tiempo una afinidad por la pena de muerte. En 1989, publicó anuncios en la prensa pidiendo que el estado de Nueva York adoptara la pena de muerte tras el brutal ataque a una corredora en Central Park, por el que fueron condenados injustamente cinco adolescentes negros e hispanos. (Los anuncios no pedían directamente la ejecución de los adolescentes).

En 2017, poco después de que un terrorista uzbeko, Sayfullo Saipov, atravesara con un camión una ciclovía abarrotada en el Bajo Manhattan, y matara a ocho personas, el presidente Trump dijo en Twitter que Saipov “¡DEBERÍA RECIBIR PENA DE MUERTE!”. Durante su primer mandato, Trump reinició las ejecuciones federales tras una pausa de 20 años. Y durante su campaña para 2024, Trump dijo que “los narcotraficantes y los traficantes de personas” deberían ser condenados a muerte.

En enero, Trump firmó una orden ejecutiva que pedía la pena de muerte en los casos de “asesinato de un agente del orden” y de “un delito capital cometido por un extranjero presente ilegalmente en este país”.

En un memorando del 5 de febrero, Pam Bondi, fiscala general, levantó la moratoria que Biden había impuesto a las ejecuciones.

FUENTE: THE NEW YORK TIMES.
AUTOR: SANTUL NERKAR.

Ebrard viaja por cuarta vez a Washington para frenar aranceles

Se reunirá con el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, y el titular de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, según precisó en la conferencia matutina del Gobierno.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, viaja este jueves por cuarta vez a Washington para evitar los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ahora entrarían en vigor de forma generalizada el 2 de abril.

Ebrard se reunirá con el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, y el titular de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, en inglés), Jamieson Greer, según precisó en la conferencia matutina del Gobierno.

“Estamos por salir en unos minutos hacia Washington a la siguiente ronda de conversaciones con nuestras contrapartes en Estados Unidos, el secretario de Comercio y el USTR también”, expuso de manera virtual en la conferencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional.

El Gobierno de México busca un nuevo freno a los aranceles generalizados del 25% que anunció Trump para el 2 de abril, la nueva fecha para que comiencen los impuestos a todos los productos mexicanos en Estados Unidos tras haber conseguido dos pausas mensuales desde febrero.

En días recientes han crecido los pronósticos de una recesión en México por estos aranceles, pues Fitch rebajó a 0 % su estimado de crecimiento para este año y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió de una contracción del 1,3 %.

Los aranceles preocupan a México por ser el mayor socio comercial de Estados Unidos, con un valor de exportaciones a ese país de 490.183 millones de dólares en 2023, casi el 30% del producto interior bruto (PIB) mexicano, según un reporte del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO).

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Identifican y entregan el cuerpo del periodista Jesús Alberto Camacho tras más de tres años en la morgue

El cuerpo del sonorense fue encontrado el 28 de octubre de 2021, en bulevard Pedro Infante y calle del Olmo, en la colonia Las Flores, de Culiacán, Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que este 20 de marzo de 2025 entregó a su familia el cuerpo del periodista Jesús Alberto Camacho Rodríguez, luego de confirmar su identidad a través de pruebas genéticas.

La dependencia detalló en un comunicado que, en febrero recibió una solicitud de la Fiscalía General del Estado de Sonora para verificar si el periodista, originario de esa entidad, se encontraba en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Sinaloa.

“Tras un cotejo de huellas dactilares con el Banco de Datos del INE, la Fiscalía de Sinaloa confirmó que la persona fallecida correspondía a Jesús Alberto Camacho Rodríguez”, señaló.

Indicó además que no existía denuncia por su desaparición ni en Sonora ni en Sinaloa.

Como parte de la colaboración entre ambas fiscalías, se proporcionaron “dos domicilios vinculados a la víctima, extraídos de sus bases de datos”.

Las autoridades señalaron que pudieron contactar a sus familiares y obtener muestras de ADN para confirmar su identidad.

“Al haberse obtenido una coincidencia genética, este 20 de marzo de 2025, el cuerpo del periodista fue entregado ya a su familia, quienes realizarán las diligencias correspondientes”, informó la fiscalía.

En febrero pasado, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó que el periodista sonorense Jesús Alberto Camacho Rodríguez fue localizado en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Culiacán, Sinaloa.

El cuerpo del periodista ingresó al SEMEFO, el 28 de octubre de 2021 sin ser identificado, según una ficha del anfiteatro.

El cuerpo del periodista, quien tenía 65 años de edad en el momento de su muerte, fue encontrado en bulevard Pedro Infante y calle del Olmo, en la colonia Las Flores, aunque no se da información sobre las condiciones o causa de la muerte.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desechan solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco

Los diputados Hugo Eric Flores y Adriana Belinda Quiroz, de Morena, así como el diputado Raúl Bolaños, del Partido Verde, votaron en contra de continuar con el procedimiento al considerar que existen inconsistencias en el expediente.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados determinó como “notoriamente improcedente” la solicitud de desafuero contra el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, quien es acusado de presunto abuso sexual.

Los diputados Hugo Eric Flores y Adriana Belinda Quiroz, de Morena, así como el diputado Raúl Bolaños, del Partido Verde, votaron en contra de continuar con el procedimiento al considerar que existen inconsistencias en el expediente.

Así, el dictamen sea enviado a Mesa Directiva, y el pleno de la Cámara de Diputados tendrá la última palabra para admitir o desechar la solicitud de Fiscalía de Morelos.

Hugo Eric Flores, presidente de Sección Instructora, señaló que la Fiscalía podría enviar en un futuro nueva solicitud.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Condenan a exrector de la UNAM y exdirector de la FES Aragón a pagar 15 mdp a directora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel

El exrector de la UNAM y el exdirector de la FES Aragón deberán abstenerse de realizar expresiones que "atenten contra el honor y la reputación" de la asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel.

Una jueza local de la Ciudad de México condenó a Enrique Graue, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y a Fernando Macedo Chagolla, exdirector de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, a pagar 15 millones de pesos a la profesora Martha Rodríguez Ortiz, asesora de la tesis supuestamente plagiada de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, por supuesto daño moral. 

De acuerdo con la sentencia emitida por la jueza Flor de María Hernández Mijangos, titular del Juzgado Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, la condena emitida en contra de Graue y Macedo fue por haber atacado el “honor y reputación” de la profesora Rodríguez Ortiz, luego de que se descubriera que dirigió las dos tesis que pudieron ser plagiadas.

Es decir, la tesis de Édgar Ulises Báez, presentada en julio de 1986, y la de Yasmín Esquivel Mossa, hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que también competirá en las próximas elecciones judiciales, que presentó su tesis en septiembre de 1987, razón por la cual incluso la ministra fue acusada de un supuesto plagio y la profesora fue despedida de su puesto en la FES Aragón.

“Se declara judicialmente que los condenados Enrique Luis Graue Wiechers y Fernando Macedo Chagolla obraron ilícitamente con malicia efectiva al haber realizado públicamente en diversos medios informativos, manifestaciones dolosas carentes de veracidad e imparcialidad respecto a la actora, irrogando un daño moral al haber atacado su honor y reputación”, señala la sentencia de la que Animal Político tiene copia. 

¿Cómo empezó el caso del supuesto plagio de la tesis de la ministra Esquivel Mossa?

El 21 de diciembre de 2022, el académico de la UNAM, Guillermo Sheridan dio a conocer que la ministra Esquivel Mossa, quien en ese entonces aspiraba a ser la nueva presidenta de la Suprema Corte, había cometido un supuesto plagio en sus tesis de licenciatura de la UNAM, según lo aseguró en un artículo publicado en el portal de noticias Latinus. 

A raíz de esta revelación y luego de diversos procedimientos en la UNAM, en junio de 2023 el Comité Universitario de Ética (Cuética) aseguró haber concluido el análisis de las tesis de la ministra Esquivel y del exalumno Ulises Báez y estar en “posibilidad de presentar un extenso y cuidadoso dictamen de naturaleza ética y técnico académica” del asunto.

La ministra Esquivel rechazó en múltiples ocasiones las acusaciones en su contra, presentando para ello cartas escritas a su favor por parte de personajes involucrados en su proceso de titulación como la maestra Rodríguez Ortiz o el maestro Javier Carreón Hernández, uno de los sinodales presentes en su examen profesional, entre otros, aunque aseguró que quedaría atenta a la determinación de la UNAM.

Pese a lo anterior, su equipo legal comenzó a presentar una serie de amparos y recursos judiciales para impedir que la resolución del Cuética se dé a conocer, bloqueando de esta forma que se pueda conocer la determinación de la Máxima Casa de Estudios del país hasta el día de hoy. 

En cuanto a la maestra Rodríguez Ortiz, en el mismo artículo el académico Guillermo Sheridan señaló que eran al menos cuatro tesis idénticas dirigidas por la asesora, razón por la cual la UNAM tomó finalmente la decisión de rescindir su contrato.  

Rodríguez Ortiz tomó la decisión de presentar una demanda civil en contra del exrector de la UNAM y el exdirector de la FES, pero no como autoridades sino como particulares, situación que fue aceptada por la jueza Hernández Mijangos. 

La resolución de la jueza contra el exrector de la UNAM

En su resolución, la jueza no sólo condenó al exrector Graue y al exdirector de la FES Aragón a que “se abstengan de realizar en el futuro expresiones que atenten contra el honor y la reputación” de a profesora Rodríguez Ortiz, sino que además les ordenó a que públicamente “aclaren la falta de veracidad e imparcialidad en el tiempo que efectuaron las manifestaciones, expresiones y/o opiniones vertidas con malicia efectiva sobre la demandante, así como a la publicación y/o divulgación del presente fallo, a costa de los demandados. 

También les ordenó pagarle los 15 millones de pesos con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo “se procederá en la vía de apremio relativo al embargo de bienes de su propiedad”.

En la sentencia, la jueza también sostuvo que fue “ilegal” que el exrector emitiera lineamientos para que los Comités de Ética (de la UNAM y de la FES Aragón) pudieran determinar si se cometió alguna falta o no en el caso, señalando incluso que la maestra Ortiz “pertenece a un grupo vulnerable que precisa mayor protección, dado que cuenta con setenta años de edad”. 

“Todo ello se considera una violencia de género en contra de […] la ciudadana Martha Rodríguez Ortiz (quien) fue la única persona a quien los codemandados le imputan culpa, responsabilidad y sanción, derivado de las circunstancias que dieron motivo al procedimiento de investigación administrativa, y sobre la única persona que efectúa expresiones que vulneran su honor”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.