Así lo consideró en entrevista para Proceso el magistrado Jaime Santana Turral, actual candidato a ocupar un lugar en el TDJ y quien durante la administración del ministro en retiro Arturo Zaldívar, al frente del Poder Judicial de la Federación (PJF), fue secretario Ejecutivo de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El TDJ, junto con el órgano de administración judicial, será uno de los que sustituirá al CJF a partir de septiembre próximo, conforme a la implementación de la reforma judicial.
Por primera vez, dicho órgano tendrá facultades para investigar y sancionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes actualmente sólo pueden ser sancionados por algunas causales por la Contraloría del Máximo Tribunal.
Para Santana Turral, si las acusaciones contra Esquivel Mossa hubieran surgido después del inicio de funciones del TDJ, no sería procedente iniciar una investigación en su contra.
“Con la reforma judicial lo que se va a proteger es la impartición de justicia, eso es lo que se tiene que ventilar. Entonces en una opinión inicial o de manera muy preliminar considero que si la circunstancia (del supuesto plagio) no hubiese estado vinculada directamente con su ejercicio profesional, pudiera ser que hubiera estado en entredicho la admisibilidad de una denuncia de esas características”, comentó.
Denuncia empantanada
La denuncia contra Esquivel Mossa se encuentra empantanada en una consulta sometida por la ministra presidenta Norma Piña a sus compañeros en la SCJN debido a que nunca había sucedido que un integrante del Pleno fuera denunciado por hechos ocurridos más de 30 años antes de ser designado ministro.
En dicho expediente también se encuentra la denuncia presentada contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar y sus excolaboradores acusados de presionar a juzgadores para emitir sentencias “a modo” y otra denuncia presentada contra Norma Piña por reunirse con magistrados electorales y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en diciembre de 2023.
Jaime Santana Turral detalló que en el CJF la Comisión que encabezó recibió diversas denuncias contra la administración del ahora ministro en retiro, Luis María Aguilar Morales, en el Poder Judicial, muy parecidas a la que fueron presentadas contra Zaldívar y sus excolaboradores.
Dichas denuncias eran anónimas y aunque relataban conductas escandalosas no acompañaban ninguna prueba, razón por la que dijo que, a diferencia de lo que ocurrió con la de Zaldívar, nunca se les dio trámite.
“Durante toda mi gestión, los cuatro años exactos en los cuales estuve al frente de esa responsabilidad nunca se pudo generar, nunca se inventó, ni se generó documento o denuncia falsa. Eso nunca existió. Todo está transparente, todo se puede ser revisable”, enfatizó.
“Este tipo de denuncias no son extrañas. En mi época como secretario ejecutivo en la Comisión de Disciplina hubo denuncias anónimas en contra de la administración del ministro Luis María Aguilar, en contra de mi antecesor también, pero tenían las mismas características: eran denuncias genéricas, anónimas, sin pruebas. De no haber sido anónimas el estándar de prueba es más bajo y el presidente del CJF podía ordenar las investigaciones, pero si no era así no se podía investigar, y así pasó con estas denuncias”.
El nombre Jaime Santana Turral fue mencionado en la denuncia contra Zaldívar porque supuestamente desde la Comisión que encabezaba se presionaba a jueces y magistrados para resolver casos conforme a los intereses del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con quien el entonces ministro presidente de la Corte siempre se mantuvo cercano.
La ministra presidenta Norma Piña ordenó admitirla a trámite e iniciar investigaciones en el CJF contra los excolaboradores de quien fue su antecesor en la presidencia del Poder Judicial.
Sin pruebas
Zaldívar no podía ser investigado porque no existe, hasta ahora, ningún mecanismo que permita sancionar a los ministros o ministros en retiro de la Corte por parte del CJF.
“Fue una denuncia anónima y en términos de la Ley General de Responsabilidades , aunque sí se permiten estas denuncias, y de la normativa que regula este tema en el PJF, requiere una condicionante que es que debe estar sustentada en pruebas y no cualquier prueba, sino pruebas de carácter documental, de lo que adolecía esa denuncia”, explicó Santana Turral.
“De manera irregular no se señalaron circunstancias de tiempo, modo y lugar de las múltiples conductas que se señalaron, ponía a todos en ciertos cajones como que todos extorsionaron, presionaron, se aliaron a cierto bufete o a algún personaje político, de tal manera que en cada uno de esos cajones hacían imputaciones de carácter genérico”.
El magistrado fue señalado por “hacerle la vida imposible” a la magistrada Isabel Porras, quien supuestamente se habría negado a resolver conforme a las exigencias de Carlos Alpízar, excolaborador de Zaldívar, un amparo tramitado por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, procesado penalmente en la administración de López Obrador por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
Sin embargo, Santana Turral afirma que esto nunca ocurrió e incluso se dijo amigo de la magistrada Porras.
“En el área en la cual yo me encontraba ella tenía algunos temas de procedimientos de responsabilidad, sin embargo, aunque en la normativa del Consejo no existe la figura del impedimento de los secretarios ejecutivos, yo solicité al entonces presidente que en todos los temas relacionados con la magistrada Porras se me excusara derivado de la amistad que tengo con ella. El presidente estuvo de acuerdo y lo sometió al Pleno del Consejo y me excusaron”, relató.
“Yo no tenía bajo ninguna circunstancia la posibilidad ni de favorecer, pero menos aún, de coaccionar, de presionar a mi amiga la magistrada Porras”.
Reconoció que al llegar a la Comisión de Disciplina advirtió a Zaldívar que dentro del PJF existían conductas graves que debían ser atendidas de manera urgente, como el acoso sexual, abusos, violaciones, sentencias irregulares, que permanecían ocultos en la institución o cuyos procedimientos disciplinarios llevaban años estancados.
Mal cálculo político
“Si vemos el resultado de las cosas y cómo fue evolucionando este tema, pues yo tampoco podría dudar que ella (la ministra Piña) fue la que estuvo detrás de esta situación. Yo considero que eso pudo haber sido un tema de un mal cálculo político de la señora ministra de poder utilizar esta denuncia para tratar de perjudicar a Arturo Zaldívar quien ya estaba colaborando con Claudia Sheinbaum”, refirió.
“Yo creo que esto estaba más orientado a tratar de desprestigiar la campaña de la presidenta, ésa fue la lectura que yo le di en ese momento porque no encontraba justificación de por qué, esa denuncia refiere hechos de 2019 a 2022, cuatro años de conductas irregulares, donde nadie dijo nada”.
Recordó que en diciembre de 2023 la ministra Piña se reunió con los magistrados electorales Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, así como con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno.
El 16 de mayo de 2024, Proceso informó que dicha reunión tenía como objetivo realizar una transición tranquila en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego de la renuncia de su presidente Reyes Rodríguez Mondragón y la elección exprés de Mónica Soto en su lugar, pero que la presencia de Alito Moreno no fue requerida por Piña Hernández.
Sin embargo, para Santana Turral la presencia del priista en dicha reunión confirma la teoría de que Piña filtró la denuncia contra Zaldívar para evitar que Claudia Sheinbaum llegara a la Presidencia de la República.
“Yo no veo otra finalidad distinta. En diciembre previo a este año se realizaron reuniones entre la ministra presidenta y otros actores políticos que no eran acordes al partido de la presidenta Sheinbaum”, apuntó.
La denuncia contra Zaldívar y sus excolaboradores fue desechada el pasado 4 de diciembre de 2024 por mayoría de votos de los consejeros de la Judicatura afines al gobierno federal: Celia Maya, Bernardo Bátiz, Sergio Javier Molina Martínez y Eva Verónica de Gyvés Zárate.
Esto, al resolver un recurso presentado por Carlos Alpízar, exsecretario técnico del CJF, en el que consideraron que la ministra Piña no debió admitir a trámite la denuncia por ser anónima y no traer pruebas.
Simpatizante de la 4T
El candidato a magistrado del TDJ se considera partidario de la 4T, aunque no está afiliado a ningún partido político, pero reconoció que comparte muchos de los ideales morenistas.
“El tema de los excesos, el tema de la prepotencia del servidor público, me parece que es inconcebible, es inaceptable”, indicó.
“Toda mi mi vida ha estado dedicada a que el servicio público se transforme y sea un servicio público cercano a la gente. No es un discurso, es la vida que yo he desarrollado durante ya 30 años en el Poder Judicial”.
Por ello, aunque él viene de la carrera judicial y reconoce que tiene beneficios, afirma que este mecanismo de designación de juzgadores no resolvió los problemas internos del PJF que lo tienen hoy en plena implementación de la reforma judicial impulsada por Morena.
“La soberbia que manejó al Poder Judicial durante décadas fue lo que nos puso un estado de desventaja donde la sociedad no estaba empatizada con nosotros. En cuanto se propuso a esta reforma al Poder Judicial de la Federación pues no había sociedad que pudiera respaldarnos, porque el Poder Judicial siempre estuvo alejado de la gente”, sentenció.
“Soy de carrera judicial, pero la carrera judicial no lo resolvió todo. La carrera judicial sí nos dotó de ciertas capacidades técnicas, pero no nos dotó de ninguna capacidad operativa ni ninguna capacidad de acercamiento con la sociedad. Nos deslegitimamos y por eso creo que el tema de la elección a través del voto popular nos puede dar la posibilidad de poder recuperar esa legitimación”.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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