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Reportan otro feminicidio en Nayarit: asesinan a una mujer en Xalisco; suman cuatro en marzo

Con estos hechos, suman cuatro feminicidios en Nayarit en lo que va de marzo. Los primeros dos ocurrieron el 17 de marzo en Tepic, con pocas horas de diferencia.

Yamileth “N”, de 26 años, fue asesinada por su pareja en un domicilio de la colonia Ejidal, en Xalisco, Nayarit, de acuerdo con reportes preliminares, la víctima perdió la vida en el hospital.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este martes cuando Yamileth y su pareja, identificado como Pablo “N”, discutían en el departamento donde vivían.

Durante el altercado, el agresor tomó un cuchillo y la joven bajó a pedir auxilio a sus familiares, quienes llamaron al 911.

Paramédicos de Protección Civil trasladaron a la víctima al Hospital IMSS Bienestar, donde falleció poco después de su ingreso.

Mientras tanto, al intentar ser detenido, Pablo “N” se autolesionó con una botella rota, aunque sus heridas no pusieron en riesgo su vida.

Fue trasladado al hospital bajo custodia policial y se espera que quede a disposición del Ministerio Público.

Este caso se suma a otro feminicidio registrado horas antes en Punta de Mita, municipio de Bahía de Banderas, donde Miranda “N” fue asesinada presuntamente por su pareja, Ezequiel “N”, tras una discusión.

El agresor le disparó y huyó del lugar.

Con estos hechos, suman cuatro feminicidios en Nayarit en lo que va de marzo. Los primeros dos ocurrieron el 17 de marzo en Tepic, con pocas horas de diferencia.

En lo que va del año, suman cinco feminicidios en Nayarit

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los casos y proceder con las detenciones correspondientes.

Las estadísticas, actualizadas hasta enero de 2025, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) respecto a violencia contra las mujeres y llamadas de emergencia al 911 refieren que en Nayarit se registró el feminicidio de una mujer adulta en el municipio de Huajicori.

Por este caso, Nayarit ocupa el lugar número 7 a nivel nacional en el Mapa de feminicidios por cada 100 mil mujeres.

También se registró el homicidio doloso de dos mujeres y 43 denuncias por lesiones dolosas; 123 denuncias por delitos de violencia familiar, 21 por violación simple y equiparada.

Asimismo, 6 por incidentes de violencia sexual contra mujeres; 17 por acoso u hostigamiento sexual; una por incidente de violación; y 175 por violencia de la pareja

También se registraron 641 llamadas de emergencia por incidentes de violencia familiar.

Cabe recordar que Nayarit desde agosto de 2017 mantiene una Alerta de Violencia de Género contra la Mujer (AVGM).

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Córdova advierte que el INE no puede entregar datos del padrón electoral al gobierno para CURP

'Tener una base de datos de identidad que se mezcle con una base de datos de apoyos sociales puede provocar, digamos, o ha generado siempre esta sospecha de una intencionalidad política', señaló el exconsejero presidente del INE.

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello expresó su preocupación por la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para incluir la foto y la huella digital a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y utilizarla como identificación oficial con el fin de ayudar a la búsqueda de los desaparecidos.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, señaló que si estos datos se le pidieran al INE, el instituto no tiene autorización para entregarlos al Gobierno federal, además de que consideró que ello no representaría una solución inmediata para atender el problema de los desaparecidos.

Consideró “lamentable que tuviera que estallar un escándalo como el del rancho de Teuchitlán para que se planteara una política que parece más una reacción a la coyuntura específica, que algo que haya sido suficientemente construido y pensado”.

En ese sentido, señaló que sobre la identidad debe existir una discusión pública “sumamente seria”, al tratarse de un derecho humano fundamental.

Córdova planteó que en la discusión en México, el tema de la identidad siempre ha estado vinculado o subordinado a los temas de seguridad, “cuando debería ser al revés”. “Evidentemente, la identidad es fundamental para poder propiciar condiciones efectivas de seguridad, para poder investigar debidamente los delitos y demás, pero cuando lo ponemos al revés, entonces podemos acabar yéndonos por soluciones que no son las más convenientes”, advirtió.

Lamentó que el Estado mexicano no haya sido proactivo para garantizar un mecanismo efectivo para acreditar la identidad, dado que ha existido la tentación de utilizarlo con fines político electorales. “Más en un país donde el uso de programas sociales es extenso y existen evidentes hechos de clientelismo político”.

“Así que tener una base de datos de identidad que se mezcle con una base de datos de apoyos sociales puede provocar, digamos, o ha generado siempre esta sospecha de una intencionalidad política”, apuntó el exconsejero presidente del INE.

“Esta es una discusión que ha llevado, no pocas veces, al Gobierno federal a tener discusiones o incluso roces con el Instituto Federal Electoral y luego el Instituto Nacional Electoral, que es el órgano que posee la base de datos personales más grande y más segura del país, y que tiene evidentemente una finalidad estrictamente electoral, pero que con el paso del tiempo se le ha dado una utilidad social sumamente importante”, dijo.

Aseguró que la base de datos del INE, que incluye datos biométricos, huellas dactilares y la fotografía del rostro, ha sido utilizada con éxito para poder identificar a muchos de los cuerpos desconocidos que aparecen en fosas comunes a lo largo y ancho del país.

“Si no se ha logrado avanzar más en esta materia ha sido porque los gobiernos no han invertido lo suficiente en los equipos forenses”, apuntó.

“El INE tiene convenios con las instancias de desaparecidos. Cuando aparece un cadáver, se toma la huella, se remite al INE la huella y el INE la compulsa con su base de datos y, en caso de ocurrir una coincidencia, notifica a la instancia que solicitó la identificación, ya sea una fiscalía o una oficina de búsqueda de personas desaparecidas, para que se realice un dictamen forense y se pueda entregar la identificación de la persona. El INE no puede entregar los datos de las personas debido a la protección de datos, a menos que haya un dictamen forense o una orden de un juez”, dijo.

Córdova Vianello señaló que hace un año y medio se habían encontrado 19,000 coincidencias de huellas en la base de datos del INE, pero cuyos datos personales no podían ser entregados a las instancias investigadoras porque no se había realizado el dictamen forense.

Criticó la forma en la que se instrumentó la CURP en un primer momento y manifestó su preocupación sobre el costo que implicará para el Estado mexicano construir una base de datos de identidad desde cero, incluyendo datos biométricos.

“En su momento el INE había calculado al menos 60 a 70 mil millones de pesos”, dijo, al tiempo que propuso que las bases de datos que hoy existen, como la del INE, la de Hacienda, la del Seguro Social, la del ISSSTE o la de Relaciones Exteriores puedan interconectarse sin necesidad de concentrarse, para disipar las sospechas de un uso político o electoral de la misma.

“El INE en su momento le ofreció a la secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero firmar un convenio para que el INE, a nombre de la Secretaría de Gobernación, registrara a los menores de edad. Nunca se aceptó eso. Lo que querían es que el INE les entregara la base de datos de los electores, levantando las peores sospechas”, consideró.

Córdova plantea que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y su consejera jurídica, Ernestina Godoy, implica una tarea titánica.

“A mí lo que más me preocupa es que hoy se está planteando la construcción de esta base de datos biométricos, que habría que ver de dónde pretenden sacarlos, a ver si no se los piden al INE, porque el INE no tiene autorización de los ciudadanos para entregarlos a otra dependencia, ni siquiera al Gobierno federal”, dijo, al tiempo que manifestó su preocupación por el hecho de que se pretenda construir la base de datos justamente tras la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que era la autoridad encargada de garantizar el resguardo de esa clase de datos.

“Es decir, hoy no va a haber ningún órgano autónomo que pueda vigilar cómo se maneja esta enorme base de datos que se pretende construir, que implica el respeto de los derechos y su uso para los fines legales, no para fines político-electorales”, manifestó.

“Ahora será el propio Gobierno el que será el constructor y depositario de esta base de datos. Pero además, ¿quién va a vigilar que, con el manejo de la misma, se respeten la protección de los datos personales? Esa es mi principal preocupación. Se trata de una tarea que llevaría tantísimo tiempo que no es la solución para un problema inmediato que nos está estallando en la cara, que es justamente, y todos los días se agrava, el problema de los desaparecidos”, dijo.

Condena a Graue y Macedo por caso Esquivel es una “venganza política”

Córdova Vianello también se refirió a la carta que firmaron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) -él entre ellos- , en la que señalaron la “manipulación de la justicia” con fines políticos tras la condena impuesta al exrector de la UNAM Enrique Graue y al exdirector de la FES Aragón, Fernando Macedo, por el caso del supuesto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel.

La jueza Flor de María Hernández Mijangos condenó a ambos a indemnizar con 15 millones de pesos a Martha Rodríguez Ortiz, la asesora de tesis de la ministra, por el supuesto daño moral ocasionado por el manejo del caso, y les prohibió volver a pronunciarse sobre el tema.

Córdova consideró que es evidente “el uso del aparato de justicia para una venganza política en contra de dos funcionarios que no son responsables de ninguna de las decisiones que la universidad, como ente a través de sus cuerpos colegiados y de los órganos competentes, resolvieron” sobre el caso de la ministra Esquivel.

“En este caso, se trata de una de sus asesoras de tesis [Martha Rodríguez Ortiz], una profesora que presumía de que en sus 40 años de docencia había dirigido 500 tesis. Eso ya te habla de alguien que más bien construyó una industria de tesis, muchas de las cuales se evidenció que habían sido resultado de plagios”, mencionó.

Apuntó que los órganos competentes de la UNAM tomaron cartas en el asunto y resolvieron rescindirle el contrato a la profesora, al considerar que transgredió una de las reglas fundamentales del trabajo académico: la pulcritud y la no comisión de plagios, que pueden equipararse al robo de ideas.

En ese sentido, dijo que la resolución de la jueza de la Ciudad de México que afecta al patrimonio personal de los dos funcionarios “es ridícula” y evidencia casos de justicia selectiva, por lo que manifestó su preocupación por las consecuencias de la reciente reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Venganzas, en este caso políticas, en contra de los funcionarios que fueron, como se sabe, presionados de muy distintas maneras por parte de los allegados de la ministra Esquivel para cerrar ese caso. Creo que son dos ejemplos de cómo la justicia ameritaba una reforma, pero lamentablemente la reforma que se hizo me parece que va a hacer de estos dos casos justamente la normalidad de cómo va a funcionar la justicia en adelante”, dijo, al tiempo que recordó que la ministra Esquivel busca presidir la SCJN, cargo para el que contiende en la próxima elección judicial del 1 de junio.

“Si uno ve la sentencia emitida por esta jueza, que ya circula en internet, se lee que una de las pruebas para definir que hubo un daño moral fue un correo electrónico en donde el director [Macedo] emplaza a esta ex profesora a comparecer ante el Comité de Ética, señalando que hay una acusación de presunto plagio […] El daño moral requiere, por su propia definición, de una publicidad, y la jueza considera que ese correo electrónico es la prueba del daño moral infligido a esta profesora”, mencionó.

Señaló que la ministra Esquivel fue una alta funcionaria de la Judicatura en la Ciudad de México y construyó “se sabe, redes de apoyo y de respaldo”. En ese sentido, aseguró que se ven las “redes de complicidad en la propia justicia capitalina”.

“Mucho temo que esto es a lo que vamos a tener que acostumbrarnos ahora que los jueces sean electos y respondan a intereses políticos, porque van a responder a los intereses de las mayorías que los eligen, y más todavía si una persona como esta señora encabeza el Poder Judicial, cosa que es muy probable, o al menos está presentándose”, señaló.

Consideró que la sentencia también es una advertencia para quienes pretendan hacer público el expediente del caso, y dijo que éste debería hacerse público en atención al principio de máxima publicidad.

Córdova aprecia en la sentencia de la jueza un propósito de generar un efecto inhibitorio en el contexto actual, en el que a su juicio el país vive “tiempos de regresión”. “Este es un caso que no debe ser considerado como aislado, sino como parte de este lamentable proceso regresivo y antidemocrático”, apuntó.

Reprobó la elección de jueces, magistrados y ministros, que “lejos de fortalecer, va a mermar la democracia”.

ENTREVISTA:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno de Zapopan continúa obras ilegales en el bosque El Nixticuil

El gobierno de Zapopan, Jalisco, continúa con la construcción ilegal de un “supuesto Centro Educativo Ambiental” en el área protegida de El Bosque El Nixticuil, a pesar de que el 5 de marzo fue emitida una suspensión definitiva de las obras, denunció el Comité en Defensa del Bosque Nixticuil.

Los defensores del bosque señalaron que la suspensión otorgada por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa “hasta el día de hoy no ha sido respetada; por el contrario, el alcalde Juan José Frangie ha declarado públicamente que, pese a la orden del juzgado federal, no va a parar la obra”.

El Comité explicó que el gobierno aceleró los trabajos de construcción para fragmentar el corredor biológico del Bosque Nixticuil-San Sebastián-El Diente (Bensedi) y así “garantizar los intereses empresariales de las inmobiliarias Tierra y Armonía y GIG, que por más de 15 años han estado destruyendo el bosque, con la complicidad del gobierno municipal”.

Frente a la continuación de los trabajos, los defensores solicitaron al juzgado que garantizara el cumplimiento de la suspensión, por lo que el 18 de marzo se requirió al gobierno municipal la presentación de un informe en la materia. Sin embargo, “el municipio ha permanecido en silencio dentro del juicio mientras sus trabajos avanzan de manera impune sobre el bosque”, por lo que el Comité llamó nuevamente a la Juez Octavo de Distrito a requerir un procedimiento por la violación a la suspensión con una inspección judicial que lo constate.

En diciembre de 2024, los defensores denunciaron el inicio de la construcción del presunto centro de educación ambiental en el área protegida del bosque. Desde entonces, han exigido al gobierno municipal detener la obra de forma inmediata y que transparenten el proyecto y los recursos invertidos.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Teuchitlán, el cruel montaje del ‘circo del horror’

La visita al rancho Izaguirre provocó el reclamo de las madres buscadoras, que se sintieron, una vez más, burladas por las autoridades. Ni la fiscalía federal ni la estatal se hicieron responsables del caos y el dolor que provocó la falta de coordinación y la ausencia de explicaciones sobre lo ocurrido en el lugar. Por eso, cada visitante inventó su propia narrativa. Aunque quienes descubrieron ese predio insisten (con fotografías) en que las excavaciones donde se encontraron los restos fueron alteradas.

Cuando regresa al rancho Izaguirre en Teuchitlán, ya no en secreto sino con autorización oficial, a Virginia Ponce se le estruja el corazón al ver que este sitio no está como lo recordaba: lo ve “limpio”, como desmantelado. No apesta a humedad, tampoco está polvoso ni abandonado; cientos de personas lo recorren, lo pisan y manosean ahora mismo —por invitación de las fiscalías federal y de Jalisco—, aunque ella, que rastrea sitios de exterminio, sabe que es la escena de muchos crímenes y seguramente conservaba evidencias forenses.

No puede reconciliar este sitio “maquillado” con el que se le metió en las pesadillas nocturnas tras una de las visitas furtivas que hizo con otras madres buscadoras en enero y febrero de 2025, cuando aún estaban crecidas las cañas en los terrenos colindantes. Esos días lo revisaron a escondidas y con miedo; momentos antes de irse, escucharon un grito: “¡Mamááá!”.

“Pensé que solo yo había escuchado, pensé que era mi mismo miedo que yo tenía, y no, mis compañeros escucharon ese lamento pidiendo ayuda. Y cuando escucho el video se oye ese ‘mamá’. ¿A cuál de las mamás de nosotras le estaba hablando? Fue muy triste y doloroso”, dice, y del puro recordar se le llenan los ojos de lágrimas a esta mujer que lleva 4 años y 9 meses en la búsqueda de su hijo Víctor Hugo Meza y que lidera el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco.

“Encontramos prendas tiradas por toda esa parte de ahí, era un olor insoportable, un alteronón de zapatos por donde quiera. Todo tirado”, dice mostrando todo alrededor, donde ya no existe nada. Se queja de que esta visita a la que fue invitada por las autoridades a participar es una burla. “Nos trajeron como a un museo, pero siquiera en un museo tú ves o puedes preguntar, y aquí nadie te dijo a qué venías o qué trabajos habían realizado. Es una burla”. 

Los reclamos son generalizados. “Nada que ver [de lo que había], ya limpiaron. Estaba tapada la ropa con una lona, y olía muy feo. De hecho, había una bata colgada con sangre, muchas cobijas aquí y en la parte de afuera. Ahora ya está muy pisado todo aquí”, asegura Adriana Ornelas, integrante también del colectivo —ella busca a su hijo veinteañero Paul Gabriel Sánchez—, y quien siente que desde enero a este rancho le han ido sacando cosas. 

No están las gallinas y los gatos, la comida enlatada (sopas instantáneas, latas de sardinas, harina de hot cakes), la enorme pila de platos (más de 100), los tenis y botas que había en cajas nuevas, las dos bases de cama, los colchones, una estatua enorme de la Santa Muerte y más objetos que tampoco vio en las transmisiones que hizo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que ingresó el 5 de marzo acompañado del fotógrafo Ulises Ruiz, de AFP, cuyas imágenes de los cientos de zapatos y prendas de ropa abandonados y más de mil objetos sin dueño lucían como vestigios de una catástrofe de la que pocos sobreviven. La catástrofe del reclutamiento forzado, y de la desaparición de personas que azota a México. 

A partir del 8 de marzo, cuando La Jornada llevó en portada la noticia del crematorio clandestino, la información comenzó a tomarse en serio y a publicarse en la prensa nacional.

Esos zapatos huérfanos y la noticia de que, desde septiembre de 2024, el rancho estaba bajo resguardo de la fiscalía estatal y, a pesar de que encontraron tres personas con reporte de desaparición (una muerta envuelta en un plástico) y detuvieron a 10 supuestos integrantes del cártel, abandonaron las evidencias, lograron que el país entero volviera los ojos a Jalisco, que se hicieran homenajes luctuosos a las víctimas en las plazas de 40 ciudades, y que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que atender la desaparición de personas es una prioridad nacional.

Entre los dimes y diretes sobre en quién recaía la responsabilidad, si en el gobierno estatal porque desde septiembre se quedó a cargo de este narcorrancho, o en el federal porque lo descubrió la Guardia Nacional y el predio pertenecía a la delincuencia organizada, el miércoles 19 de marzo, un sonriente Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó en rueda de prensa de todas las irregularidades cometidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) al procesar la escena del crimen e invitó a los medios a que vieran con sus propios ojos ese rancho de la localidad La Estanzuela en el municipio de Teuchitlán. 

Tras aventar el paquete a la fiscalía estatal para que, en menos de 24 horas, organizara el recorrido, esta extendió la invitación a colectivos de familias buscadoras de Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit y Zacatecas, y a todas las que hubieran identificado, entre las fotografías de objetos hallados exhibidas en internet, alguna prenda de las personas que buscan.

Así, la visita a este campo de entrenamiento que en la prensa se llamó “la escuelita del terror” se convirtió en un “tour del horror” del que fueron víctimas Virginia, Adriana y tantas otras familiares que buscan.

Las primeras denuncias de la estafa comienzan a las 13:59 horas. Cuando los periodistas están esperando que los dejen ingresar al rancho, dos mujeres salen corriendo, como traumatizadas. Una de ellas —camisa de manga larga a cuadros y el rostro cubierto con un pasamontañas porque a todas les advirtieron que podía ser peligroso dar entrevistas con la cara descubierta—, a quien no le dejan de temblar las manos con las que quiere ocultar las lágrimas, grita que las engañaron porque ya no hay nada, no está la fajina que ella pensaba que era de su esposo Juan José Ramos —desaparecido de su casa “hace 6 años y 20 días”—, y llora con la impotencia de quien siente que se lo volvieron a ocultar.

“No hay nada. No hay prendas, no hay zapatos, no hay mochila, no hay nada. Se desaparecieron. No se vale. Compañeras de otro colectivo vinieron cuando se abrió y hay fotos de todo lo que hay, ahora no hay nada. Dicen que están en Semefo, pero nunca lo han publicado, pero hay muchos lugares donde hay montones de tierra. Que nos dejen entrar, escarbar, y verán que íbamos a sacar muchos indicios de nuestros desaparecidos. No se vale. Somos una burla. No hay nadie que te diga qué ha pasado con todo esto. Según que iba a venir de México una persona [de la FGR] y no llegó. Como siempre, somos burla de esta sociedad, de este pinche gobierno. Todo está bien manipulado, todo lo que hay adentro está manipulado. Esto nada más lo hacen para hacer un teatro. Había muchos zapatos, mucha ropa, muchas mochilas. Había de todo. Y ahora no hay nada”. 

En la finca de 11,000 metros cuadrados es difícil seguir todo lo que pasa porque simultáneamente ocurren muchas cosas: un papá saca de entre la tierra un maletín azul y unos calcetines del bodegón donde supuestamente entrenaban a los sicarios, un sitio que ya había sido procesado por los peritos de la fiscalía; durante el recorrido irán surgiendo cepillos de dientes, peines, cosas que pertenecieron a alguien. Una mujer de Colima coloca sobre la pared un altar con la foto de su hijo desaparecido y unas veladoras para despedirlo (“si aquí estuvo”). Un empleado de Protección Civil trata de desalojar a la gente a gritos porque la pared del galerón principal está a punto de caerse por el peso de la multitud.

Por la ausencia de prendas, desde el principio del recorrido mujeres fuertes como las buscadoras, que cavan fosas, comenzaron a colapsar. En distintos rincones —rodeadas de decenas de cámaras que enfocan cada llanto, cada grito, cada maldición— se les ve desoladas porque sienten que, al llevarse las evidencias, les desaparecieron para siempre a sus familiares. Esas prendas que habían visto eran como señales que les mandaban los hijos, las hijas, los esposos, los padres, que buscan. Presienten que si los quemaron ahí, ya nunca los van a encontrar. 

Uno de los momentos más duros lo protagoniza una de las integrantes del colectivo Guerreros Buscadores que aparecía en alguna de las transmisiones en vivo donde encuentran los 300 zapatos, la carta de despedida de un joven desaparecido, los fragmentos de huesos, y demás imágenes que revelaron lo que la sociedad y el gobierno no habían querido ver: que el cártel local traía a jóvenes retenidos a la fuerza para convertirlos en sicarios y los sometía a un brutal entrenamiento en el que quienes no matan, mueren. Cuando nota que bajo el adoquín que pisa se siente hueco, y sabiendo que la fiscalía estatal no hizo un buen trabajo pericial, se tira al piso y, como en trance, comienza a excavar con las uñas, mientras grita llorando:

—Tócale aquí, cómo suena, ¡está hueca!… ¡Miraaaaaaa!…  ¡Mira cómo suena aquí!… 

—¡Traigan un pico y pala! —pide otra mujer que también lleva una gorra para el sol y viste una camiseta gruesa de manga larga como las que usan los exploradores, y que, aunque intenta calmarla, luego grita exasperada—: Si ellos [los peritos] no van a trabajar, que no nos den un tour como si fuera museo, como si fuera película de terror, es una burla para nosotras las víctimas…

Nada auguraba que las cosas iban a salir tan mal. Únicamente se notaba la descoordinación federal y estatal, dado que las instrucciones a la prensa eran contradictorias. La FGR citaba el jueves 20, a las 12:00 horas, a las afueras de la fiscalía estatal, y la FGE indicaba que saldrían a las 11:00 de la delegación de la fiscalía general. Como si cada una hubiera querido adjudicar la responsabilidad a la otra.

“[Un día antes] por ahí de la tarde, de las 4, 5 de la tarde, empieza a circular la versión de que iban a salir de dos puntos porque no podían ponerse de acuerdo sobre el recorrido. Eso dura hasta las 10 de la noche, que finalmente deciden lanzar dos convocatorias. Pero, evidentemente, allá se notó que no había una logística y me parece que tampoco había una razón de fondo para acudir: si se les iban a presentar las evidencias o iba a haber una explicación”, explicó el periodista y columnista jalisciense Jonathan Lomelí López.

Por la Glorieta de los Niños Héroes, rebautizada como la Glorieta de las y los Desaparecidos porque está tapiada con imágenes de las personas buscadas por sus familias (en Jalisco hay al menos 15,000 registradas), pasaron los camiones —unos reportes mencionan 10, otros 12—, con lugar para 40 invitados cada uno. 

Una hora después, los autobuses tipo maquileros que contrató el estado fueron los primeros que aparcaron en el sitio asignado como estacionamiento, a un kilómetro del portón negro con el dibujo de dos caballos encabritados, donde se lee: Izaguirre Ranch. 

Se propuso una logística a los recién llegados: esperar a unas camionetas que subirían grupos de 10 personas, y hacer recorridos de 20 minutos para permitir el acceso a los siguientes visitantes.

A las 13:15 horas ya se escuchaba el grito de guerra de las familias, que, desesperadas por estar bajo el sol y entre el terregal, ansiosas por entrar al rancho donde estaban las prendas de quienes buscan, se saltaron a los funcionarios que les impedían el paso y comenzaron una caravana con el grito:

“Queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar”.

El grito de guerra que no ocultaba la furia de los primeros reclamos:

“Como le digo, señora, somos seres humanos, somos madres que buscamos a nuestros hijos nomás. ¿Cree que esto sea justo? ¿Eh? Aparte de que cuando andamos con la pala y el pico escarbando, ¿quién se arrima? ¡Nadie!, nadie se arrima. Y ahorita sí que es política, que es gobierno, que nos den trato digno. Que se pongan a pensar: tenemos a nuestros hijos desaparecidos. ¿Y que nos den este trato cuando nos están invitando y [dicen] que nos van a dar un trato digno? No se vale. No se vale, señora. Somos seres humanos, no somos animales”.

Se alcanza a escuchar a un papá buscador que en su celular toma la llamada de un noticiero: “No puedo decir que fueron 100, fueron 200 [cuerpos], no tengo la cantidad exacta. No te puedo dar una cantidad porque no eran cuerpos completos los que sacamos, quedaron una nada”.

La furibunda procesión se topó con el portón negro; la entrada parecía un hormiguero. La gente discutía para entrar. 

Dentro de la finca esperaba el funcionariado estatal, cada quien con sus logos en los uniformes, pero nadie entendía qué hacían: no explicaban nada ni daban el recorrido como en los museos, solo cuidaban que no se traspasaran los sellos de seguridad. Los tres tristes psicólogos enviados por la fiscalía estatal tampoco estaban ahí cuando con más urgencia se necesitaban.

Desde las 13:30 horas ya eran televisadas por canales como el 44 las furiosas críticas de las madres que salían del rancho, como Patricia Sotelo, del colectivo Huellas de Amor, quien —rodeada de sus compañeras, todas reclamantes— dice a cámara: “Solo pisar el lugar es un dolor y se siente. Es una burla al dolor. Esperábamos caminar por nuestro pie cada rincón. […] Lo que hemos visto por la televisión, no nos dejan pasar, te formas como niño de primaria, tienes que seguir las indicaciones, seguir una hilera, nos dan 15, 20 minutos. […] Ya no hay nada, no nos dejaron entrar donde supuestamente era el dormitorio. Sabíamos que iba a venir Gertz Manero y el fiscal de Guadalajara, que nunca llegaron. Que Gertz tome su puesto, que no nada más cobre”. 

A las 14:36, cuando la visita ya era un desastre, la fiscalía de Jalisco tuitea la foto de un oficio y un mensaje: “Hemos puesto a disposición de la @FGRMexico la totalidad de la información del caso del rancho Izaguirre para efectos de que puedan ejercer su facultad de atraer y encabezar la investigación”.

Mientras a las madres que dedican el día entero a buscar con pico, pala y varillas a sus parientes desaparecidos solo les daban 20 minutos de acceso, otros contaban con privilegios, como Jorge Manuel Suárez Azcargota (@SUAREZDEJALISCO), el influencer VIP a quien el gobierno del estado coló antes del recorrido. En su transmisión se jactaba de haber sido resguardado por la fiscalía para ser el primero en echar una mirada a la bodega. Mostró la que creía que era “casa de una familia”. Enseñó lo que “una vez fue un estanque”. La cocina rudimentaria. Un baño. Las excavaciones. Los drones que sobrevolaban el espacio. Se sentía, dijo, una “vibra no cool”, muy pesada, fea, con una “carga muy cabrona”. 

En su video en vivo le dio su llegue al fiscal general: “Se esperaba la visita de Gertz Manero, obviamente no está aquí, quizás se pueda tomar como una falta de cuidado, porque aquí están los colectivos, los medios, aquí en el punto cero tendría que darse la información”, dice en el mensaje que subió después.

No sería el único influencer en la “zona cero”. Al narcorrancho estaban por arribar otros desde la Ciudad de México, deseosos de entrar a verificar si en realidad ese sitio era un “campo de exterminio” y buscar los “hornos crematorios” que las madres habían difundido en sus transmisiones dos semanas antes, en imágenes en las que se ve a un hombre sumido medio cuerpo en un hoyo y a ellas cerniendo la tierra, depositando fragmentos de huesos en una bandeja de plástico. 

En la Mañanera del 18 de marzo se informó que el tema de Teuchitlán formaba parte de una “guerra sucia”, que estaba siendo manipulado por 87,000 bots de la oposición con el fin de atacar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente López Obrador.

Algunos de los influencers y periodistas fueron a constatar en vivo si esas fotos de prendas abandonadas, y los hoyos con restos humanos que hicieron del rancho Izaguirre “el Auschwitz mexicano”, eran el montaje que la presidenta y diversos medios afines denunciaban como una campaña orquestada desde la derecha o con fines injerencistas para propiciar una invasión de Estados Unidos.

El recorrido era autodidacta. En el caminito a lo largo del predio había banderines amarillos, rojos y verdes en donde se encontró alguna posible evidencia. En el bodegón principal pusieron un cordón amarillo, pero entre el tumulto no se respetaba, ni siquiera se notaba. Otro sitio estaba clausurado con una tela.

En la visita solo se veía tierra aplanada. Raúl Servín, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, el colectivo que hizo público el hallazgo, repetía que la fiscalía había rellenado los hoyos de los que sacaron fragmentos de huesos. “Yo lo vi cuando lo taparon. Todo lo alteraron”.

De las decenas de uniformados presentes (soldados, guardias nacionales, personal de derechos humanos, atención a víctimas, protección civil, fiscalía de desapariciones, FGE, comisión de búsqueda y un largo etcétera), ninguno daba razón de lo ocurrido en ese rancho, de los hallazgos, de las conclusiones. En las transmisiones en vivo de periodistas, y de feizbuqueros, yutuberos, tuiteros, tiktokeros e instagrameros llegados al rancho, se notaba esa torre de Babel, donde cada quien hablaba un lenguaje distinto. Donde unos vieron un comedor, otros vieron un sitio de desollamiento. 

Periodistas internacionales que pisaban por primera vez el campo de entrenamiento de un cártel detallaban en inglés, ante las cámaras, los métodos de ejecución que se utilizaban en el predio, y hasta los lugares exactos donde se hacía cada cosa. A pesar de que lo ocurrido aún está bajo investigación. Aderezaban sus reportes con rumores, noticias, deducciones y entrevistas a sobrevivientes anónimos que dan sus testimonios en los noticieros. 

No faltaban los morbosos que —ante las familias convertidas en un manojo de nervios mientras buscaban las prendas que reconocieron— parecían competir por quién hacía las preguntas más crueles, las más terribles o las más sangrientas para ganar más vistas.

“¿Usted cree que su hijo está aquí enterrado? Si fuera así, si él le pudiera escuchar, ¿qué mensaje le daría?”.

Solo las familias que en el primer trimestre de este año ingresaron al perímetro y encontraron las evidencias atinaban a esbozar explicaciones de lo que vieron. El señor Raúl Servín, que desde hace una década busca a su hijo Raúl, ofrece el recorrido que los medios necesitan. Habla de las dentaduras que hallaron (“piezas molares”), de la placa metálica del brazo de una persona que busca su colectivo, de los restos que sacó. Critica lo mal que excavaron los peritos de la fiscalía, que sus exploraciones no se comparan con la profundidad bajo tierra que él alcanza.

Una periodista se detiene para grabar una construcción donde se encontraron señalizaciones de carreteras contra las que se practicaba tiro al blanco, y muchos bidones, y dice ante las cámaras que los delincuentes tenían ahí “una barra” para descuartizar a sus víctimas.

Don Raúl Servín, vestido con su paliacate y su camiseta negra de manga larga que lleva a los rastreos, no quiere continuar, explica que a él no le tocó inspeccionar más adelante. Que solo recuerda que en un cuarto había bidones vacíos.

—¿Aquí se usaron combustibles?

—Sí. Las muestras están en que los que se llevaron no fueron cuerpos completos. Eso porque se llevaron las evidencias a México, no fueron cuerpos completos.

—¿Cómo se veía eso que quedó? 

—Como esta piedrita que está ahí, así quedaban reducidas las partes de los cuerpos humanos que fueron quemados.

Los camarógrafos le piden que diga más, que siga adelante. Y él continúa. Personal de la fiscalía les limita el paso porque la visita ya ha durado más de la cuenta: son las 15:30 horas.

Entonces le lanzan la pregunta del millón, por la que existe un debate público y las familias buscadoras han sido acusadas de exagerar:

—¿Este es un centro de exterminio o solo un campo de adiestramiento, como dijo en su conferencia el fiscal (Gertz)?

—No sé cómo le llaman ellos. Como cuando estaba niño yo veía en las caricaturas que usaban esas pistolas como tipo láser que los exterminaban. Yo creo que ellos [el gobierno] pensaban verlo así. Entonces, cuando vine, dije: “No, lógico, pues, si estás quitando la vida a una persona y la estás quemando, pues es un castigo de exterminio”. Claro. Están aprendiendo [a matar] con otros cuerpos, entonces a lo mejor para ellos [el gobierno] no es de esa manera, pero desgraciadamente esa es la realidad para nosotros.

A la mitad del recorrido, la hija de Adriana Ornelas —hermana de Paulo Gabriel, de 21 años, quien el año pasado fue sacado junto con sus patrones del negocio de instalación de estéreos donde trabajaba— notó el mensaje distorsionado que desde ese momento un supuesto periodista ya transmitía. Y le entró la desconfianza.

“Mi hija vio un influencer que decía que ahí no había nada. Que todo era actuado, que nos habían pagado, que somos de un partido… Da mucho coraje. Me pasaron el enlace del en vivo, ahí dicen eso”, señala su madre, quien no se dio cuenta; ese día daba contención a compañeras conmocionadas por tantas emociones vividas.  

A partir de ese tour Montessori donde cada quien hizo lo que quiso, se hicieron notar periodistas e influencers que dictaminaron al instante, como si tuvieran vista de rayos X y fueran expertos en Ciencias Forenses: aquí no hay crematorios, no hay hornos, no hay nada quemado, no hay centro de exterminio. Y hasta fueron a informarlo en la Mañanera de la presidenta los días siguientes.

El fotógrafo Ulises Ruíz, quien acompañó a Guerreros Buscadores de Jalisco el 5 de marzo, cuando hicieron los hallazgos de los zapatos, la ropa, los restos óseos, volvió al rancho para la visita a medios, y contradice a quienes aseguran que nunca hubo nada: “[En el recorrido] yo vi [los hoyos] tapados”. Menciona que una de las excavaciones del colectivo que acompañó era como de un metro de profundidad. Pero el jueves del recorrido alcanzó a notar a lo lejos —porque el paso estaba cerrado— que ese pozo lucía rellenado.

“[Si en la Mañanera] declararon que no vieron hornos es porque nadie les dijo que los hornos de aquí no son como de pan o de pizza, que podrían ser bajo tierra. Yo he ido a otros dos o tres [sitios] de los que llaman hornos crematorios, con las madres de Buscando Corazones y con Guerreros [Buscadores], e indudablemente no tienen las características de un horno de pan ni horno de ninguna otra circunstancia que uno conoce de barbacoa; tiene diferentes especificaciones”, dijo en entrevista.

Para explicar las variaciones que no se entendieron en el recorrido compartió tres fotografías aéreas que tomó para la agencia AFP en el rancho Izaguirre usando un dron, en las que se puede observar la evolución de los sitios excavados —donde él vio que los buscadores extrajeron fragmentos de huesos— para compararlas con las del día del recorrido. Y una cuarta donde se aprecia la profundidad de las excavaciones.

¿Para qué se organizó la visita? Aún no hay respuestas. Si lo que se buscaba era controlar la narrativa para bajarle la intensidad al momento —y no dar a Estados Unidos la excusa para invadir México en busca de terroristas, como planteaban algunas mesas de análisis—, y desvincular los campamentos de entrenamiento del sicariato con los campos de exterminio —como han sido denominados en México muchos sitios con fosas clandestinas—, algo salió terriblemente mal. 

Después de la visita, el tema de Teuchitlán pasó a las portadas de los informativos internacionales.

The Guardian: “Hornos secretos y restos humanos: un macabro lugar de exterminio en México saca a la luz las desapariciones forzadas”.

El País: “El horror de Teuchitlán abre sus puertas: ‘La única verdad es que no les importan los desaparecidos’”.

New York Times: “En un ‘campo de exterminio’, los rastros de los amados desaparecidos”.

CNN: “Los secretos del Rancho Izaguirre: entre el horror y la búsqueda de los desaparecidos”.

En los comentarios de medios estadounidenses no pocas personas escribían que México necesitaba “ayuda” para combatir a sus propios terroristas.

Si de algo sirvió el recorrido fue para dotar de imágenes de terror a los medios de comunicación que se alimentan también con los testimonios anónimos que surgen como hongos de quienes dicen haber estado en ese mismo rancho y haber salido con vida. Son tantos que llegan a ser dudosos, pero la crisis humanitaria ha durado tanto, y las denuncias de estos hechos han sido tan ignoradas en Jalisco (la primera fue en 2011), que tampoco es posible descartarlos.

Si para algunas madres la visita fue “una burla”, “un circo”, “un teatro”, “un museo de nuestro dolor” o un “montaje”, conforme pasan los días sienten que pudo haber sido una trampa. Ni Adriana, ni Virginia, ni las madres buscadoras presentían la campaña de insultos en su contra que desataría. 

“Qué bueno que el rancho se dio a conocer. Lo que no es bueno es que nos estén atacando a todos los colectivos, a todas las mamás, está muy feo. Nos están atacando a todas de vendidas, que porque [a nuestros hijos] no los cuidamos antes, que si estaban en malos pasos. Y eso es lo que más lastima —se le quiebra la voz—, que la gente no sea empática, que no saben que de nuestra propia bolsa pagamos para buscar a nuestros hijos. Yo, la verdad, ni veo noticias, pero me metí a Yutú a ver lo que sacaron, y dije: ‘Ojalá no les pase a ellos, que sufran lo que una anda sufriendo’. Anden bien o anden mal [nuestros desaparecidos], lo que queremos es regresarlos a casa”, dice Adriana desde su casa en Guadalajara, donde aún asimila lo ocurrido.

Aunque su colectivo mantuvo las visitas en secreto —porque los elementos de la Guardia Nacional que las escoltaban en las dos ocasiones que entraron solo les permitieron tomar imágenes, pero no las dejaron excavar ni hacerlo público en los medios, y aunque Virginia dice que avisaron de sus hallazgos a una MP de nombre Berenice, de la que no recuerdan el apellido, que no les hizo caso y les prohibió volver—, Adriana siente gratitud hacia Guerreros Buscadores de Jalisco porque rompió el silencio, dio a conocer el hallazgo y generó que voltearan a verlas a todas.

Aunque hoy las atacan. “[Le dicen a Ale] que ese drama debería de haberlo hecho para que no se lo llevaran”, dice dolida por los insultos contra la madre que acudió a la visita a Teuchitlán buscando la gorra, la mochila y una placa metálica que llevaba su hijo, y que en un ataque de histeria, de llanto, de dolor, cuando no encontró las evidencias que había visto, se tiró al piso a excavar con sus uñas. 

Esta semana, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco anunció que “enfrenta una campaña de difamación y desprestigio sin precedentes”. También ha recibido amenazas.

El viernes 21 de marzo, en la Mañanera la presidenta Sheinbaum defendió la visita al rancho como un acto de libertad de expresión (no dijo nada de la alteración o destrucción de evidencias) para que cada quien se hiciera una opinión. 

Ese mismo día en algunos medios ya comenzaba a criticarse el “invento del centro de exterminio” y de los hornos crematorios. Pero difundían también otra noticia: al rancho seguían llegando grupos de madres que pedían entrar, pero no les autorizaron el ingreso. En la televisión se veía a una madre y su hija, ambas del grupo Buscando Corazones en Jalisco, cargando los picos, palas y varillas cotidianas, vestidas con sus camisetas largas y los sombreros para el sol, auscultando las parcelas colindantes al predio Izaguirre; después anunciaban nuevos hallazgos: una sudadera, una gorra, un huarache y —lo más sospechoso— un calcetín quemado. También un plano decolorado del rancho del terror, donde el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses marcó los sitios de interés que luego no inspeccionó. 

Las madres, imparables, siguieron excavando verdades.

FUENTE: A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS.
AUTOR: MARCELA TURATI.

García Harfuch se reunió con directores de la CIA y el FBI, por tema de cárteles del narco

Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, se reunió con Kash Patel, el director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas), así como con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, y, con Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia de EE. UU., para abordar el tema de la lucha contra los cárteles del narcotráfico.

Así lo revelaron, el 26 de marzo de 2025, los tres funcionarios federales estadounidenses, durante una comparecencia ante el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja de Estados Unidos, en la que presentaron la Evaluación de Amenazas del presente año.

“La cuestión de la cooperación con México se extiende a toda la comunidad de inteligencia. Cuando el secretario Omar Harfuch, jefe de seguridad de México, estuvo aquí, no sólo se reunió con el director Patel, sino también con la directora Gabbard y conmigo. Así que hemos estado trabajando en ello para beneficio de ambos países”, detalló Ratcliffe.

En la misma audiencia, Gabbard confirmó también haberse reunido con García Harfuch asegurando que esto buscaba una mayor colaboración del Gobierno de México, en contra de los cárteles del narcotráfico.

“Como lo indicó el director Ratcliffe, ya nos han presentado y hemos comenzado a colaborar con nuestros homólogos en México y con el Gobierno mexicano. ¿Se podría hacer más? Diría que sí, por supuesto. Sé que la Administración [de Donald] Trump y su gabinete están buscando oportunidades para hacerlo”, enfatizó la funcionaria federal estadounidense.

En su turno, el director del FBI destacó el envío, por parte del Gobierno de México a EE. UU., de capos mexicanos del narcotráfico, incluyendo el traslado, el 27 de febrero de 2025, de 29 presuntos jefes y operadores de los principales cárteles de la droga.

“Hemos estado trabajando. Una de las primeras reuniones que tuve como director del FBI fue con mi homólogo, el secretario Harfuch de México. Y tras eso, hemos repatriado, extraditado o expulsado desde México a dos de los diez principales de la lista de los más buscados por el FBI, y a otros 33 delincuentes. Nuestra misión es encontrar a delincuentes violentos dondequiera que estén y, si están en México, los atraparemos”, dijo Patel.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

La “4t” rechaza en Senado crear Comisión Especial para el caso del rancho en Teuchitlán

Con 61 votos a favor y 30 sufragios en contra, el Pleno de la Cámara de Senadores rechazó, el 25 de marzo de 2025, crear una Comisión Especial sobre caso del rancho Izaguirre, que presuntamente era usado como campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ubicado en la comunidad La Estanzuela, en el municipio jalisciense de Teuchitlán.

Los votos a favor fueron emitidos por los integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), mientras que los sufragios en contra fueron de los miembros de las bancadas de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

La mayoría de Morena, PVEM y PT consideraron que el punto de acuerdo no era “de urgente resolución”. El PAN y el PRI, propusieron, por separado, la creación de un grupo interdisciplinario independiente de investigación internacional, para esclarecer dicho caso.

“Venimos a pedir una comisión especial de investigación de este campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, porque las madres buscadoras merecen respuestas”, planteó Manuel Añorve Baños, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado

El punto de acuerdo propuesto por el PRI fue rechazado por el Pleno de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, con 67 votos en contra y 27 sufragios a favor.

“No se considera de urgente resolución y, por lo tanto, se turna a la Comisión de Gobernación”, respondió el presidente en funciones de la Mesa Directiva del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM.

Luego, el presidente titular de la Mesa Directiva del Senado, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, aseguró que no era sano, ni razonable, ni de buena fe, permitir que un grupo interdisciplinario participara en estas investigaciones.

“No, no creo que sea ni sano, ni razonable, ni de buena fe, ni nada. Las autoridades, hoy la [Fiscalía General de la República] FGR, tomó finalmente el predio, se va a ir a fondo, no habrá impunidad, se sabrá la verdad”, indicó el senador.

Los legisladores de Morena, PVEM y PT sólo aceptaron citar al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, para dar cuenta del avance de las investigaciones. Por otra parte, el senador independiente, Manlio Fabio Beltrones Rivera, pidió no dudar de la capacidad del Estado mexicano para esclarecer estos hechos.

“No debemos de dudar de la capacidad del Estado mexicano para poder esclarecer los Teuchitlanes que existan en México. Sería muy lamentable que iniciáramos una jornada desconfiando de las instituciones mexicanas, por el contrario, hay que presionar a las mismas, exigir a ellas que nos den mejores resultados que en el pasado”, señaló el ex gobernador de Sonora.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

“Ni siquiera en la autoridad podemos confiar”: familias buscadoras sufren amenazas, golpes y acoso de policías en Veracruz

Familiares que buscan a personas desaparecidas en Veracruz se enfrentan al acoso, intimidación y golpes por parte de policías y de agentes de la fiscalía estatal; exigen a las autoridades condiciones necesarias para continuar con su labor de búsqueda.

A finales de enero pasado, Norma salió de su casa para buscar a su hijo desaparecido en Veracruz, cuando la policía irrumpió en su domicilio, golpeó y detuvo a su otro hijo, también buscador. No fue un episodio aislado, sino una situación que enfrentan familias buscadoras a manos de elementos del Estado en la entidad.

Norma viajó durante tres horas para liberar a su hijo de los separos de la Policía Municipal de Poza Rica. Estaba golpeado y lastimado, bajo la acusación de que cometió una infracción de tránsito. La corporación se justificó así tras entrar a su casa, robar su moto y las cámaras de seguridad, causar destrozos y llevarse al buscador.

Actos como este, en el que elementos de seguridad golpean, acosan y dañan a las y los buscadores en Veracruz, se han convertido en una situación constante según denuncian las integrantes de colectivos de búsqueda.

“Si el gobierno, las autoridades, van a empezar, para que no se den a conocer este tipo de noticias, a atacarnos a los colectivos o a las familias, pues estamos fregados, porque entonces nos van a desaparecer también a nosotros como hicieron con nuestros familiares para que esto no se sepa”, opina Olga Lidia Salazar Hernández, representante del Colectivo Unidos por Amor a Nuestros Desaparecidos, quien considera que la violencia contra ellas es una forma de buscar silenciarlas.

“Porque todo el trabajo lo hemos hecho nosotros. Todos los trabajos que se han hecho en el estado de Veracruz y fuera de él, lo han hecho los colectivos”, remata.

El acoso y la violencia por parte de elementos del Estado se ha convertido en un problema más que enfrentan las integrantes de colectivos de búsqueda, en una entidad que reporta 7 mil 46 personas desaparecidas y no localizadas al 22 de marzo de 2025. Esto la ubica como la cuarta entidad con mayor cantidad de casos, detrás de Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. 

La misma policía que golpeó al hijo de Norma, quien pidió resguardar su identidad y no usar su verdadero nombre por temor a represalias, es la que está acusada de asesinar a golpes al buscador Magdaleno Pérez Santes el pasado 12 de marzo. 

Él fue detenido y golpeado en los separos municipales. Tras ser liberado y llegar a su casa falleció por los golpes. Por este caso hay dos elementos vinculados a proceso en prisión preventiva, pero el Colectivo al que pertenecía, María Herrera Poza Rica, pidió la disolución de la Policía Municipal. Aunque hasta el momento sus peticiones no han sido atendidas.

“Hoy nos damos cuenta, que el chico (el hijo de Norma) aguantó porque es un muchacho joven, 22-23 años, tendrá por ahí el muchacho, pero pues no corrió la misma suerte nuestro compañero (Magdaleno), que ya era una persona adulta”, dice Salazar Hernández. 

El joven reconoció a algunos de los agentes cuando irrumpieron en su casa, ya que habían participado juntos en una búsqueda en campo semanas atrás. A pesar de decirles que los conocía, la golpiza no se detuvo.


Cuando estaban en los separos, la policía revisó el teléfono del joven, quien guardaba fotografías de unas fosas clandestinas recién encontradas por el colectivo. Eso le costó más golpes, lo que incrementó la sospecha de que esa era la verdadera razón del abuso policial. 

El joven fue liberado y trasladado a un hospital gracias a la intervención de Norma y otras autoridades. Sin embargo, dos meses después, el acoso continúa. Las patrullas policiales rondan constantemente su hogar, en lo que parece ser un claro acto de intimidación.

No es solo la Policía Municipal de Poza Rica la que lleva a cabo estos actos. Colectivos de Tierra Blanca, Coatzacoalcos, Córdoba y otras zonas de la entidad han reportado situaciones similares.

Aracely Salcedo, fundadora y representante del Colectivo de Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba, relata que recientemente vivió una situación de acoso. La Policía Municipal de Orizaba y la Policía Estatal la detuvieron bajo el pretexto de que la camioneta en la que viajaba era robada. Aunque logró aclararlo, unas cuadras más adelante volvió a ocurrir lo mismo, esta vez con seis patrullas rodeándola en un claro acto de intimidación.

Eso sucedió cuando estaba a bordo de una camioneta que siempre utiliza para trasladarse a las búsquedas y que está registrada ante las corporaciones que la detuvieron. Además, al detenerla le exigieron identificaciones y datos exactos de donde se encontraba y a dónde se dirigía, para dejarla ir. 

“Hay compañeras que han sido asesinadas por buscar verdad, hay compañeros que de igual manera han sido acosados, han sido detenidos y pues ni hablemos del tema de lo que están viviendo las compañeras en Poza Rica, es algo terrible tener un compañero desaparecido, otro asesinado y ahora una más desaparecida”, indica.

Además de Magdaleno, las personas a las que se refiere Salcedo son Héctor Aparicio quien buscaba a su hijo José Alfredo y que fue desaparecido el 5 de febrero pasado en Poza Rica, y Alin Isaday Salas, cuya familia es parte de un colectivo porque buscan a su hermano Osiel Virgilio, y desapareció el 16 de marzo.

Aunque solo en uno de esos tres casos hay un señalamiento directo hacia policías, las integrantes de los colectivos cuentan con numerosos hechos de violencia perpetrados por corporaciones de seguridad.

“Esa autoridad que está para darnos seguridad no nos la brinda (…) son ellos los que acosan nuestro trabajo, los que nos persiguen y que a veces termina en una fatalidad”, cuenta.

Salazar Hernández señala que en el caso de Poza Rica se presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, aunque fue hace un par de meses, no han tenido ningún avance y eso las expone a seguir viviendo violencia. 


Familias buscadoras en Veracruz temen por su seguridad

Cuando las buscadoras, como Norma, recurren a la Fiscalía General del Estado lo hacen buscando justicia y que pare la violencia, pero esa institución ha sido señalada por hacer muy poco en materia de desapariciones, lo que también las pone en riesgo. 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado la forma en que la falta de justicia en temas de desaparición expone a las víctimas a volver a vivir violencia, en muchas ocasiones por parte del mismo Estado. 

Por ejemplo, en la recomendación 122/2024 da cuenta de cómo un elemento de la propia Fiscalía acosó sexualmente a la hermana de una persona desaparecida durante las búsquedas. Ella tenía miedo, pues el policía ministerial contaba con todos sus datos personales. 

En la 65/2024 cuenta cómo patrullas de la policía rodearon y cortaron cartucho contra unas víctimas cuando iban a una búsqueda en fosas clandestinas, aunque llevaban escolta de la propia policía. Situaciones como estas son contadas constantemente por las buscadoras, donde a pesar de tener escolta, otros policías las intimidan. 

En la recomendación 38/2024, una víctima relata que forma parte del mecanismo de protección (aunque no explica si estatal o federal) y por ello se le asignó vigilancia policial, sin embargo, los policías no realizan los rondines, pero sí recibe amenazas que sospecha son de las mismas autoridades.

Aunque está documentado, muchas recomendaciones han sido rechazadas junto a la petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de brindarles seguridad a las víctimas. 

La Fiscalía General del Estado ha recibido ya 7 recomendaciones de la Comisión Estatal este año (de las 17 emitidas en total), varias de ellas relacionadas con desapariciones de personas. Una fue rechazada y el resto está en proceso.

Distintos actores políticos han señalado que estos rechazos son sistemáticos. Al negar las recomendaciones, las víctimas recurren a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha emitido tres recomendaciones en 2025 y cinco en 2024 a la FGE, instándole a aceptar las emitidas por la Comisión Estatal en años anteriores. 

“La no aceptación por parte de esa autoridad evidencia una actitud de indiferencia y falta de compromiso en el cumplimiento de las leyes y una falta de colaboración en la tarea de protección no jurisdiccional de los derechos humanos”, señala la recomendación 229/2024. 

Esta recomendación documenta las amenazas recibidas por las víctimas indirectas para que dejen de buscar, y la sospecha de que provienen de personal de la Fiscalía, pues usaron datos que solo tenía esa dependencia. Lo mismo sucede con otra de las recomendaciones, donde se les pide que ahora sí acepten y donde se señala las amenazas por parte de personal de esta y otras dependencias. 

El integrante del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda, Pedro Lobato, asegura que se requiere que las recomendaciones de derechos humanos donde se solicitan garantías de no repetición se cumplan, que existan capacitaciones al personal y altos mandos de las corporaciones y existan sanciones no solo administrativas sino punitivas contra quienes cometan esos actos.


Dijo que el Mecanismo de Búsqueda, conformado por la Secretaría de Gobierno, FGE, SSP, Comisión de Búsqueda, el Consejo Ciudadano y demás, ya tenía reportes desde la administración pasada del acoso y violencia que realizan los elementos de policías en diferentes partes del estado contra las buscadoras. Pero éste no ha cesado y ya cobró una vida.  

Salcedo asegura que los colectivos llevan bitácoras de las persecuciones y actos de intimidación como una forma de protección; también han interpuesto quejas ante los organismos de control interno de las corporaciones, pero no han tenido resultados. 

Salazar Hernández afirma que han documentado otros casos, como el de otro joven, hijo de una buscadora, que fue detenido y golpeado en la playa de Tecolutla. No les permitieron pagar la multa y, al identificarse como víctima indirecta de desaparición, los golpes se intensificaron.

Ahora, plantean presentar esos casos a la gobernadora Rocío Nahle, en las mesas de trabajo que esperan tener en unos meses con las autoridades. Ahí, pedirán celeridad a las investigaciones, pues no hacerlo las sigue poniendo en riesgo. 

Explica que, aunque estos casos son frecuentes, en los últimos meses las situaciones de violencia se han intensificado, incrementando el temor por su seguridad.

Familias buscadoras piden mayor seguridad en Veracruz

Salazar asegura que su mayor temor es que los desaparezcan o asesinen, y ya no puedan continuar buscando a sus seres queridos, que en muchos casos los desaparecieron las propias corporaciones. 

“Muchas de las compañeras a las que justo estaban viviendo estas situaciones habían sido víctimas de desaparición forzada (es decir, a manos de agentes del Estado) que es uno de los graves hechos que tenemos dentro del estado”, dice Lobato. 

En el 44 % de las desapariciones suscitadas entre 2007 y 2018 en Veracruz, existen indicios de participación de agentes del Estado, y en un 1 % son de estas corporaciones junto a delincuencia organizada, según el informe especial sobre la situación de seguridad y desaparición de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

El informe señala a instituciones del Estado que cometieron las desapariciones, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, Fuerza Civil (que ya no existe), Fiscalía del Estado y policías de 10 municipios. 

Salazar señaló que apenas en diciembre fueron detenidos 13 elementos de la policía por casos de desaparición forzada, que seguían trabajando en la corporación, aunque ya contaban con órdenes de aprehensión. Ellos tienen procesos judiciales abiertos por tres casos distintos.


Debido a los agresores identificados, que trabajan en dependencias de seguridad, y las constantes violencias, es que las buscadoras aseguran no poder confiar en las corporaciones de seguridad que las deberían proteger y en realidad las violentan. 

“Ya ni siquiera en la autoridad podemos confiar (…)  enojados porque el gobierno nos quiere quitar de en medio para que no sigamos marcándole los errores, porque solamente nos quieren quitar de en medio para que no sigamos haciendo el trabajo que ellos deberían de hacer y no lo hacen”, sentencia Salazar. 

Por su parte, Salcedo afirma que lo único que buscan es poder seguir trabajando para encontrar a sus seres queridos y que las autoridades les brinden las condiciones para poder hacerlo.

“Nosotros trabajamos en grupos, en colectivos, trabajamos porque hubiese una ley, nos esforzamos porque fuese implementada, porque fuese homologada, porque de ahí se desprendieran comisiones, protocolos, se activaran a incluso alertas y todo, y ni siquiera nos dejan operar eso (…) ahí estamos las madres exigiendo una y otra, y otra vez exactamente lo mismo, que nos den la seguridad para poder realizar ese gran trabajo y esa gran labor que hacemos desde el corazón”, dice Salcedo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANA ALICIA OSORIO.

Académicos de la UNAM rechazan pago por daño moral a la asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel; piden revertir fallo

Académicos de la UNAM confiaron en que se reivindiquen el Derecho y el sentido común y se deseche la demanda de Ortiz Rodríguez en contra del exrector Enrique Graue.

Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechazaron el fallo judicial y el pago de 15 millones de pesos a la asesora de la tesis de licenciatura de la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel.

Mediante una carta, los académicos señalaron que esto “expresa de forma escandalosa las desviaciones a las que conduce la manipulación de la justicia con propósitos políticos”.

“Ahora esa profesora, asesora de tesis plagiadas, presentó y ganó una demanda por daño moral. La Juez Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México estimó que la difusión de su conducta y las declaraciones de quienes encabezaban a la UNAM y a la FES Aragón le ocasionaron perjuicio a Rodríguez Ortiz. Esos funcionarios no actuaron a nombre personal sino en representación de la Universidad Nacional y del plantel en donde ocurrieron los plagios”, indicaron los profesores.

Manifestaron que la sentencia de la juez Flor de María Hernández Mijangos premia a la asesora de tesis “ostensiblemente plagiadas”, por lo que castiga a los funcionarios que tuvieron que ocuparse del asunto y consideraron que la justicia, en este caso, es deformada para favorecer una venganza política.

Piden desechar demanda de Ortiz

Confiaron en que se reivindiquen el Derecho y el sentido común y se deseche la demanda de Ortiz Rodríguez.

“Ya ha sido ominoso que la ministra Esquivel obstaculice el ejercicio de transparencia y de ética académica que habría con la publicación del dictamen sobre su tesis. A ese abuso de poder, ahora se quiere castigar a los entonces funcionarios universitarios que no hicieron más que cumplir con su deber”, precisaron.

El pasado 20 de marzo, Hernández Mijangos condenó a Enrique Graue, exrector de la UNAM, y a Fernando Macedo Chagolla, exdirector de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, a pagar 15 millones de pesos a la profesora Martha Rodríguez Ortiz, asesora de la tesis supuestamente plagiada de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, por supuesto daño moral.

La condena emitida en contra de Graue y Macedo fue por haber atacado el “honor y reputación” de la profesora Rodríguez Ortiz, luego de que se descubriera que dirigió las dos tesis que pudieron ser plagiadas.

“Se declara judicialmente que los condenados Enrique Luis Graue Wiechers y Fernando Macedo Chagolla obraron ilícitamente con malicia efectiva al haber realizado públicamente en diversos medios informativos, manifestaciones dolosas carentes de veracidad e imparcialidad respecto a la actora, irrogando un daño moral al haber atacado su honor y reputación”, señala la sentencia de la que Animal Político tiene copia.

Caso del plagio de la tesis de ministra Esquivel

El 21 de diciembre de 2022, el académico de la UNAM, Guillermo Sheridan dio a conocer que la ministra Esquivel Mossa, quien en ese entonces aspiraba a ser la nueva presidenta de la Suprema Corte, había cometido un supuesto plagio en su tesis de licenciatura de la UNAM.

A raíz de esta revelación y luego de diversos procedimientos en la UNAM, en junio de 2023 el Comité Universitario de Ética (Cuética) aseguró haber concluido el análisis de las tesis de la ministra Esquivel y del exalumno Ulises Báez y estar en “posibilidad de presentar un extenso y cuidadoso dictamen de naturaleza ética y técnico académica” del asunto.

En ese sentido, Esquivel Mossa rechazó en varias ocasiones las acusaciones en su contra, presentando para ello cartas escritas a su favor por parte de personajes involucrados en su proceso de titulación como la maestra Rodríguez Ortiz o el maestro Javier Carreón Hernández, uno de los sinodales presentes en su examen profesional.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Operativo Enjambre: Detienen a exdirector de Policía de Chicoloapan por presunta extorsión

El Operativo Enjambre en que participan corporaciones federales y del Estado de México fue puesto en marcha en noviembre pasado, como un mecanismo para desarticular la complicidad criminal entre integrantes de los gobiernos municipales y organizaciones delincuenciales.

Oscar Daniel “N”, quien se desempeñó como director de Seguridad Pública del municipio de Chicoloapan en el trienio pasado, fue detenido como parte de la Operación Enjambre implementada contra funcionarios municipales con presuntos vínculos con organizaciones criminales, señalado por el supuesto delito de extorsión.  

“Como parte de las acciones para desarticular entramados criminales en el #Edoméx, elementos de la #FiscalíaEdoméx y de @SEMAR_mx detuvieron por cumplimiento de orden de aprehensión a Oscar Daniel ´N´, quien se desempeñó como Director de Seguridad Pública del municipio de #Chicoloapan”, anunció la Fiscalía mexiquense.

La detención se concretó en calles de Santa María Chiconautla, en el municipio de Ecatepec, en cumplimiento de la orden de aprehensión NEZ/NEZ/FCC/024/308552/24/10.
Después, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial en el Centro de Reinserción Social de Tenango del Valle para que determine si existen datos de prueba que lleven a presumir su participación en el delito de extorsión, en modalidad agravada, al haber sido cometida por un funcionario público perteneciente a una institución de seguridad y por utilizarse violencia e intimidación.  

El Operativo Enjambre en que participan corporaciones federales y del Estado de México fue puesto en marcha en noviembre pasado, como un mecanismo para desarticular la complicidad criminal entre integrantes de los gobiernos municipales y organizaciones delincuenciales.  

Desde entonces, han sido detenidas las expresidentas municipales de Amanalco, María Elena “N”, y de Santo Tomás de Los Plátanos, María del Rosario “N”; y Pedro Luis “N”, alias “Wicho”, exalcalde electo de Santo Tomás de Los Plátanos, quien se había fugado el día de su toma de protesta.  

Además, el exdirector del DIF de Tonatico y cerca de treinta exjefes y elementos policiacos de municipios como Amanalco, Tejupilco, Tlatlaya, Naucalpan, Ixtapaluca, Nicolás Romero, Ecatepec, Coatepec Harinas, Aculco y Acambay.  

Isidro “N”, otrora director de Seguridad Pública de Texcaltitlán, se suicidó al momento en que se iba a cumplimentar orden de aprehensión en su contra.  

En todos los casos, se investiga la posible participación de los detenidos en ilícitos como secuestro, homicidio y/o extorsión.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

Nepotismo en el TSJCDMX: Hijos de magistrada Gloria Santos trabajan en el tribunal y buscan ascenso

En medio de la postergación de la ley contra el nepotismo, Gloria Santos quiere conservar su cargo como magistrada en el Tribunal Superior de Justicia, su hijo Joaquín Campos convertirse en juez Familiar, al igual que Vicente del Valle, esposo de Saraí Campos, hija de Gloria Santos.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) y excandidata a ministra de la Suprema Corte, Gloria Rosa Santos Mendoza, tiene a sus dos hijos trabajando en la institución y uno de ellos busca convertirse en juez Familiar en la próxima elección judicial.

Se trata de Joaquín Campos Santos, director de la Unidad de Gestión Administrativa de Proceso Oral en materia Familiar del TSJCDMX, y Saraí Campos Santos, secretaria de Acuerdos del Juzgado Décimo Tercero de lo Familiar local.

La magistrada Santos Mendoza formó parte de las listas del Instituto Nacional Electoral (INE) como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Proceso informó el 2 de febrero último que, en el año 2007, cuando era juez de lo Familiar, envió a la niña Ilse Michel a un albergue de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) como víctima de violencia familiar, dependencia que la envió, sin previo aviso, al albergue subrogado del DIF, Casitas del Sur, de donde desapareció y cuyo caso destapó una red de tráfico de menores en esa casa hogar.

Para el 18 de febrero la magistrada presentó por escrito su declinación a la candidatura para ministra de la Corte.

Sin embargo, ratificó su intención de declinar una vez que el INE ya había impreso, al menos, 100 millones de boletas en las que su nombre aparece como candidata a la Corte, mismas que ya no pueden ser corregidas.

Esto, debido a que la magistrada ratificó personalmente sus escritos de declinación hasta el 28 de febrero último a las 15:45 horas, una semana después de que inició la impresión de las boletas.

Ante ello, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que no se trató de un error atribuible al órgano electoral.

“Que quede perfectamente claro y todos tengamos la misma información: no hay tal error, hay un proceso que se estableció en el Consejo General, hay una renuncia y debe existir una ratificación de la misma, ésta se dio una semana después de que inició la impresión y, por lo tanto, materialmente estamos imposibilitados para corregir, como sucede en cualquier proceso electoral”, señaló Taddei.

Debido a que el nombre de Santos Mendoza aparecerá en la boleta electoral, la consejera presidenta informó que el INE tomará las medidas jurídicas para los votos que obtenga esa candidatura que “no existe”, aunque aparezca en la papeleta.

Pase directo

En lugar de contender para ministra de la Corte, Santos Mendoza participará en la elección judicial capitalina en la que tiene pase directo a la boleta electoral para intentar conservar su cargo como magistrada en materia Familiar, en el que gana mensualmente 149 mil 302.22 pesos, menos impuestos, que quedan en 106 mil 244.55 pesos, según los registros públicos del TSJCDMX.

Como secretaria de acuerdos, su hija Saraí Campos Santos gana mensualmente 62 mil 806.8 pesos, menos impuestos, por lo que obtiene un ingreso neto de 47 mil 281.46 pesos.

Durante el proceso de insaculación del Comité de Evaluación del Poder Legislativo de la Ciudad de México, realizado el pasado 26 de febrero, Vicente del Valle Noriega, esposo de Saraí Campos Santos y yerno de la magistrada Santos Mendoza, resultó seleccionado como candidato a juez Familiar.
El pasado 19 de marzo el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) publicó las listas definitivas de candidatos a la elección judicial en las que Del Valle Noriega aparece como uno de los postulados por candidatura única —del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo local— para juez Familiar.
En tanto, el área de la que Joaquín Campos Santos (hijo de la magistrada) es titular se encarga de brindar apoyo administrativo a los juzgados de Proceso Oral en dicha materia, tales como las notificaciones a las partes, oficios y exhortos, entre otros.

Así como de digitalizar los documentos, administrar, controlar y supervisar las unidades de Apoyo Tecnológico y de la Central de Comunicaciones Procesales; supervisar la preparación de las salas de audiencia oral; controlar la agenda y asignación de las salas de audiencia oral, entre otras funciones.

Como titular de dicha Unidad de Gestión, Campos Santos tiene fe pública y gana 72 mil 809.36 pesos mensuales, menos impuestos, lo que implica una remuneración neta mensual de 55 mil 174.89 pesos.

Proceso verificó que tanto Joaquín como Saraí Campos Santos obtuvieron sus cédulas profesionales en el año 2014 como licenciados en Derecho por la Universidad Tepantlato, en la que su madre también es catedrática e incluso tiene un aula con su nombre: “Aula Dra. Gloria Rosa Santos Mendoza”.
Al igual que la magistrada, Joaquín Campos Santos busca quedarse en el TSJCDMX en la próxima elección judicial.
Al haber sido postulado por los comités de Evaluación del Poder Ejecutivo y del Judicial, su nombre aparece en la lista de candidatos publicada por el IECM como candidatura doble para juez Familiar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.