Su participación, junto con el despliegue de tropas, muestra la creciente militarización de la frontera con México.
El Gobierno de Trump ha ordenado a dos agencias de inteligencia de Estados Unidos que entrenen sus capacidades de vigilancia por satélite en la región fronteriza con México como parte de una amplia ofensiva contra la inmigración irregular y los cárteles de la droga.
La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA, por sus siglas en inglés) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), que forman parte del Departamento de Defensa, supervisan los satélites espía y analizan las imágenes para el Pentágono y otras organizaciones de inteligencia.
Su participación, junto con el despliegue de tropas, muestra la creciente militarización de la frontera sur, donde el presidente Donald Trump ha declarado una emergencia nacional.
Reuters no pudo determinar si el esfuerzo, del que no se ha informado previamente, recopilaría imágenes del territorio estadounidense.
A preguntas de Reuters sobre sus funciones en la vigilancia fronteriza, la NGA contestó que había creado un grupo de trabajo para coordinar su “apoyo a la misión fronteriza de Estados Unidos”, mientras que la NRO dijo que se estaba asociando con la comunidad de inteligencia y el Pentágono “para asegurar las fronteras de Estados Unidos”.
Su participación responde a las amplias medidas ejecutivas de Trump destinadas a detener el tráfico y los cruces fronterizos no autorizados, así como a deportar a quienes se encuentran irregularmente en Estados Unidos, que se calcula que son hasta 14 millones de personas.
La Casa Blanca y el Departamento de Defensa no respondieron a una solicitud de comentarios. Trump hizo de la aplicación de las leyes de inmigración una parte central de su campaña que lo catapultó a la presidencia el 20 de enero.
Si bien el Gobierno estadounidense ha desplegado inteligencia artificial (IA) y vigilancia con drones en la frontera durante años, la última iniciativa busca expandir el uso de capacidades militares generalmente construidas para conflictos en el extranjero.
El Gobierno podría utilizar la IA para identificar objetos o personas de interés mediante el escrutinio de imágenes de satélite y otras fuentes de datos, al igual que el Departamento de Defensa en el campo de batalla, dijeron dos fuentes cercanas a la iniciativa.
Aunque Reuters no pudo determinar el alcance exacto de este esfuerzo, el nuevo enfoque en la frontera podría obligar al Gobierno a lidiar con las salvaguardias contra la recopilación de inteligencia sobre los estadounidenses, dijeron tres expertos.
Aunque las leyes generalmente restringen a las agencias de espionaje estadounidenses la vigilancia de ciudadanos y otros residentes legales, permiten a las autoridades de inmigración llevar a cabo registros físicos “a una distancia razonable de cualquier frontera exterior de Estados Unidos”. Las regulaciones estiman esta distancia en 100 millas náuticas (unos 185 kilómetros) desde la frontera, un área que incluye ciudades como San Diego y El Paso.
“Si se atienen a la ley, estas agencias solo deberían recoger al otro lado de la frontera, en territorio extranjero”, dijo Paul Rosenzweig, abogado especializado en seguridad nacional y derecho de la privacidad. “Pero cómo implementan eso, y si lo hacen, son preguntas legítimas de supervisión”.
Un portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, la principal unidad del Gobierno para la integración de los esfuerzos de espionaje, dijo a Reuters que todas las actividades de inteligencia son “legales y autorizadas” y se llevan a cabo “de una manera que protege las libertades civiles y la privacidad de las personas estadounidenses.”
La NGA y la NRO declinaron detallar qué están recopilando y si esa vigilancia podría incluir territorio estadounidense, alegando la necesidad de proteger los detalles operativos. La NGA trabaja en una amplia gama de tareas, entre las que se incluyen la cartografía de las características de la Tierra y la información a los mandos sobre la ubicación exacta de las fuerzas estadounidenses y sus adversarios.
Especialistas advirtieron que la creación de una cédula de identidad única con datos biométricos ha sido una propuesta constante en diversos gobiernos y que representa un riesgo por la posible vulneración de estos datos.
Crear una plataforma que concentre los datos personales, fotografías y huellas dactilares de toda la población representa un riesgo para la protección de datos personales, además de que no atiende de forma inmediata la crisis de desaparición de personas en México, de acuerdo con especialistas consultados por El Sabueso.
La presidenta Claudia Sheinbaum propuso incorporar datos biométricos a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y que esta sea reconocida como identificación oficial para toda la población, así como sea obligatoria para realizar trámites y permita nutrir la Plataforma Única de Identidad.
Esta plataforma, según su propuesta, se conectará con los sistemas informáticos de cualquier institución pública que tenga datos identitarios de las personas. Además, la iniciativa contempla utilizar la información relacionada con la CURP para la búsqueda en tiempo real, generar alertas de búsqueda de personas y labores de seguridad.
Desde el sexenio de Felipe Calderón, distintos gobiernos han propuesto la creación de una base que concentre datos biométricos de la población. Ahora, el gobierno de Claudia Sheinbaum la incluye en una serie de medidas para atender la crisis de desaparición en México luego del hallazgo del Rancho Izaguirre en Jalisco.
Sin embargo, colectivos de familiares de personas desaparecidas han señalado que esta medida no soluciona la crisis de desapariciones del país, y que algunas medidas anunciadas por el gobierno federal ya están consideradas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
Vulneraciones de seguridad y mal uso de datos
Durante la conferencia de prensa matutina del 24 de marzo, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, informó que la CURP busca instaurarse como un mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares. Esta cédula de identidad será obligatoria para todas las personas desde su nacimiento y también la obtendrán personas extranjeras con estancia regular en el país.
“Todas las personas en México desde su nacimiento tendrán esta identidad, la CURP: Toda autoridad o privado estará obligado a reconocer la CURP como identificación oficial, sea física o digital, esto cuando termine de integrarse la base de datos con fotografía y huellas dactilares”, mencionó Godoy.
Esta iniciativa menciona que todos los trámites y registros administrativos realizados por personas físicas deberán requerir la CURP con datos biométricos en los tres niveles de gobierno, así como entes públicos y privados deberán reconocer este documento como identificación oficial.
Para el director de la organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Luis Fernando García, la obligatoriedad de presentar la CURP con datos biométricos para distintas actividades y conectar distintas bases de datos permitiría dibujar patrones de comportamiento de las personas, lo cual afectaría la privacidad de la población.
“En primer lugar, el gobierno ha demostrado no ser capaz de proteger los datos de las personas. Las consecuencias de poner en riesgo datos biométricos pueden ser irreversibles, dado que es muy difícil su sustitución. Además, están los riesgos de un mal uso de esa información por parte de autoridades”, explicó.
Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de la organización Fundar, explicó que esta propuesta representa un riesgo a la protección de datos personales debido al historial de hackeos de bases de datos gubernamentales y por el posible uso de estos datos para fines distintos a la búsqueda de personas. Por lo que subrayó que son necesarias medidas para proteger estos datos en el contexto del debilitamiento del sistema de datos personales con la desaparición del INAI.
Apenas en noviembre de 2024, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, la Consejería Jurídica sufrió un ciberataque por parte del grupo RansomHub, el cual sustrajo cerca de 313 gigabytes (GB) de información que tenían contratos, documentos financieros, correos electrónicos y datos personales de funcionarios.
Igualmente, el año pasado, la base de datos de periodistas que cubrían la conferencia de prensa matutina del expresidente López Obrador fue hackeada. Esta base contenía los datos de alrededor de 300 periodistas.
Y en febrero del mismo año, el portal del gobierno federal empleo.gob.mx fue hackeado y la información personal de aproximadamente 12 millones de mexicanos fue puesta a la venta en BreachForums, un sitio donde se venden bases de datos hackeadas. Posteriormente, se reportó una vulneración a un subdominio de la Sedena.
“Esta información puede ser utilizada para cometer otro tipo de delitos, como suplantación de identidad o se podría llegar a ocupar esta información para otros fines. Entonces, puede ser una medida que suena bien en la coyuntura, pero creo que no hay que tomarse a la ligera el riesgo que se abre en función de la protección de datos personales. No está muy claro si las instituciones que van a estar a cargo de ahora de este tema van a realmente tener las capacidades técnicas de proteger la información de posibles ataques, y de investigación en caso de que hubiera ataques y una vulneración”, señaló Guerrero.
CURP con datos biométricos no atiende de forma inmediata crisis por desaparición
La propuesta de la presidenta busca que la Plataforma Única de Identidad se nutra con la CURP de las personas y con la información asociada a ella, incluida la que está en poder del INE, y se permita realizar consultas de información que necesiten las labores de investigación del gabinete de seguridad.
Además se conectará con otros sistemas de información de los registros de distintas dependencias, como el Banco Nacional de Datos Forenses, Fiscalías, las Comisiones de Búsqueda, institutos de ciencias forenses (Incifos), Servicios Médicos Forenses (Semefos), cementerios y crematorios, así como de cualquier autoridad o institución que integre datos biométricos o identificativos de las personas.
Con esta plataforma, se contempla generar alertas de búsqueda en tiempo real y registrar la localización de personas desaparecidas.
También se busca crear un Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas que emitirá fichas de búsqueda de personas desaparecidas, buscará coincidencias de información relativa a la CURP de las personas y notificará el uso de la CURP asociada a “personas desaparecidas y no localizadas”.
“Tenemos que juntar todas las bases de datos, el objetivo es que las bases de datos que tenemos se construyan en el Registro Nacional de Población. Esta información va a poder ser utilizada por el gabinete de seguridad y fiscalías”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa del 25 de marzo.
Ante ello, Luis Fernando García aseguró que no hay evidencia de que la ausencia de una base de datos con datos biométricos de la población impida la localización de personas desaparecidas, además de que esta medida no previene ni atiende la crisis de desaparición de personas.
“No queda clara ni está justificada la necesidad de esta medida y nos parece desproporcionada. (…) Crear esta infraestructura de vigilancia tan riesgosa para la población, sobre todo cuando el gobierno ha demostrado no ser capaz de proteger los datos de las personas, cuando existe un problema de colusión frecuente de la autoridad con la propia delincuencia y cuando acabas de desaparecer la autoridad de protección de datos”, comentó.
Por otra parte, el coordinador de Fundar apuntó que esta base de datos no aportaría información para localizar a las personas que ya se encuentran desaparecidas.
“Casos como el de Rancho Izaguirre no se resuelven solamente con alertas o con contar con bases de datos interconectadas, sino que se resuelven con trabajo de investigación desde las fiscalías”, afirmó Guerrero.
En ese sentido, Colectivos de familiares de personas desaparecidas mencionaron que la propuesta de una cédula única de identidad no resuelve de forma inmediata la crisis de desapariciones en el país, además destacaron que el Banco Nacional de Datos Forenses ya se encuentra en la actual Ley General; sin embargo, destacaron la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) para implementarlo.
La Fiscalía General de la República ofrece “contratación inmediata y urgente” a egresados de la licenciatura en Antropología Física para atender el hallazgo de restos óseos en el Rancho Izaguirre, Teuchitlán; a nivel nacional sólo hay 52 especialistas de esta disciplina.
La Fiscalía General de la República (FGR) está recurriendo a la contratación inmediata de estudiantes egresados de Antropología Física para trabajar en la identificación de los restos óseos hallados en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.
Con una breve publicación, el reclutamiento se hace mediante grupos como “Antropología FCPyS” y “Coordinación Antropología de CUCSH”, en la cual prometen a los egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara “contratación inmediata y urgente en la FGR para ir a Jalisco”.
A los interesados se les pide enviar un correo con su currículum vitae a Ismael Iván Mosqueira García, titular de la Unidad de Especialidades Médico Forenses adscrita a la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.
Los anuncios de contratación datan del 19 y 20 de marzo, casi tres semanas después de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entrara al rancho e identificara restos óseos, así como ropa, cientos de zapatos y mochilas que consideraron pudieron pertenecer a personas desaparecidas.
Animal Político solicitó a la FGR una postura o entrevista sobre la falta de peritos en la institución, y la contratación de estudiantes egresados, pero no obtuvo respuesta al momento de esta publicación.
FGR tiene sólo mil 565 peritos a nivel nacional
A a nivel nacional, la FGR cuenta con 31 coordinaciones de servicios periciales y una de servicios periciales y servicio médico forense. Entre todas ellas, al 2023 reportó un total de mil 565 personas peritas de distintas disciplinas y 45 auxiliares periciales, de acuerdo con el Informe de Servicios Periciales del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2024, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Pese a la crisis de desapariciones en el país, con más de 125 mil personas desaparecidas, según el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a nivel nacional la FGR sólo reportó 52 peritos especializados en antropología física y 32 en antropología forense, la disciplina que se encarga de la identificación de restos óseos humanos para determinar, por ejemplo: identidad, forma y causas de muerte.
Asimismo, señaló contar con 73 especialistas en genética forense, disciplina que trabaja con restos orgánicos humanos como sangre, pelo, saliva, esperma o piel, o bien restos óseos, para hacer una identificación.
La mayoría de los peritos de la FGR correspondían a la especialidad de química forense, con un total de 155 trabajadores; seguido por medicina forense y criminalística de campo, cada una con 132 especialistas.
FGR reconoce falta de infraestructura y peritos
En enero de 2023, se produjo un programa de fortalecimiento para las áreas de investigación forense y pericial por parte de la FGR, ya que la misma institución detectó que “algunos Servicios Periciales у Médico Forenses de las entidades carecen de instalaciones adecuadas que permitan, por ejemplo, la práctica de necropsias medicolegales” o no había infraestructura adecuada o suficiente “para la conservación de cadáveres, segmentos o restos óseos”.
En el diagnóstico hecho por la Fiscalía, apuntó que a nivel nacional –incluyendo trabajadores adscritos a instituciones locales– hay un total aproximado de 6 mil 081 especialistas que intervienen en el tratamiento, identificación y disposición de cadáveres, segmentos y restos óseos.
“Se advierte un importante déficit en el número de especialistas necesarios para las labores de búsqueda y en su caso exhumación de cadáveres, tales como arqueólogos, de los que únicamente se cuenta con 13, así como los antropólogos físicos, que solo suman 52 (de los cuales nueve pertenecen al Estado de México y 12 son de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República)”, detalló en el documento.
El Centro Federal Pericial Forense de la FGR recibió en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 un total de mil 398 millones 556 mil 998 pesos para su operación, de los cuales el 98 % corresponde al pago de personal, incluyendo trabajadores administrativos y operativos.
La Unidad de Especialidades Médico Forenses, en cambio, cuenta tan solo con un presupuesto de 11 millones 668 mil 681 pesos.
“Esto seguirá impulsando un crecimiento como nunca antes se ha visto”, afirmó el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca.
El presidente Donald Trump anunció el miércoles que impondrá aranceles del 25 por ciento a los automóviles importados a Estados Unidos.
“Lo que vamos a hacer es un arancel del 25 por ciento a todos los autos que no se fabriquen en Estados Unidos”, anunció el magnate desde la Casa Blanca.
“Empezamos con una base del 2.5 por ciento, que es donde estamos, y llegamos al 25 por ciento", detalló.
Los aranceles entrarán en vigor el 2 de abril y se aplicarán desde el dia siguiente a automóviles y camiones terminados que se exporten a la Unión Americana, incluidas las marcas estadunidenses cuyos automóviles se ensamblan en el extranjero.
Uno de los objetivos de las tarifas es incentivar a las empresas a establecer más fábricas en Estados Unidos.
"Esto va a llevar a la construcción de muchas plantas, en este caso, muchas plantas automotrices", declaró Trump durante la conferencia de prensa en la Oficina Oval.
“Las empresas están regresando a Estados Unidos para no tener que pagar aranceles... Esto seguirá impulsando un crecimiento como nunca antes se ha visto”, afirmó el republicano.
.@POTUS: "What we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States... business is coming back to the United States so that they don't have to pay tariffs... This will continue to spur growth like you haven't seen before." pic.twitter.com/GaMESdhpmE
De acuerdo con The New York Times, casi la mitad de los vehículos vendidos en Estados Unidos son importados.
“Creo que nuestro sector automotriz florecerá como nunca antes”, declaró el magnate, quien añadió que una vigilancia policial “muy estricta” acompañaría a las tarifas. “Esto es permanente, ciento por ciento”, insistió Trump.
Trump también anunció que Estados Unidos impondrá aranceles a las importaciones de productos farmacéuticos y madera.
Autos bajo el T-MEC
“El arancel del 25 por ciento se aplicará a las importaciones de vehículos de pasajeros (sedán, SUV, crossovers, minivans, furgonetas de carga) y camionetas ligeras, así como a autopartes clave (motores, transmisiones, piezas del sistema de propulsión y componentes eléctricos). Se implementarán procesos para ampliar los aranceles a otras piezas si es necesario.
“Los importadores de automóviles bajo el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá tendrán la oportunidad de certificar su contenido estadounidense, y se implementarán sistemas para que el arancel del 25% solo se aplique al valor de su contenido no estadunidense”, dice el comunicado de la Casa Blanca.
En la audiencia que duró 30 minutos Caro Quintero, alías "R1", fue resguardado por cinco marshalls, entró caminando vestido con una camisola color naranja y el overol color caqui de los reos federales.
El juez Frederic Block de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York le dio un plazo de 90 días al Departamento de Justicia para que defina si la pena de muerte está como sentencia máxima para el narcotráficante mexicano Rafael Caro Quintero, acusado de trasiego de drogas, del secuestro, tortura y asesinato en 1885 del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena.
En la audiencia que duró 30 minutos Caro Quintero, alías "R1", fue resguardado por cinco marshalls, entró caminando vestido con una camisola color naranja y el overol color caqui de los reos federales.
La fiscal Sarita Komatireddy a pregunta del juez sobre si en este acaso se solicitará la pena de muerte, dijo que "es una posibilidad que estamos discutiendo y aún no se ha decidido".
En la audiencia, la abogada de oficio Elizabeth Macedonio, especialista en casos de pena de muerte fue asignada como abogada del caso del narcotraficante mexicano.
"Este es un caso complejo que necesitamos saber si se lleva a cabo de manera rápida, pero en cumplimiento con la ley", dijo el juez Block tras darle el plazo de 90 días al Departamento de Justicia, para que en la audiencia del próximo 25 de junio le notifiquen si pedirán como castigo la pena capital para Caro Quintero en caso de ser declarado culpable de los delitos.
En esta audiencia celebrada en Brooklyn, Nueva York, también fue presentado para otra sesión de procedimiento Ismael Quintero Arellano, sobrino del "R1".
Durante la comparecencia, Caro Quintero, que estuvo observando todo el tiempo al juez y a la mesa de los fiscales por debajo de la mesa, no dejaba de tamborilear sus dedos sobre la silla, físicamente se veía mejor que en la audiencia anterior en la que se presentaron más de 100 agentes de la DEA.
En la audiencia de este miércoles, en la sala del juez Block estuvieron presentes unos 40 agentes de la DEA y unos 10 marshalls federales, todos para un momento mediático de enviar una señal de que a Caro Quintero se le debe castigar con todo el peso de la ley por haber estado involucrado en el asesinato de uno de ellos.
A la salida y frente a la Corte los agentes de la DEA se colocaron en hilera para posar a las cámaras de los medios de comunicación, un acto inusual para los procedimientos judiciales tradiciones en Estados Unidos.
El diputado morenista afirmó que el PAN, el PT y el PVEM lo han buscado para realizar modificaciones a la reforma sobre leyes de seguridad.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que la discusión de la iniciativa de reforma de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación se llevará a cabo la siguiente semana ya que algunos partidos han plateado modificar el dictamen.
El diputado morenista afirmó que los partidos que lo han buscado para la modificación han sido el PAN, el PT y el PVEM, por lo que espera que está tarde lleguen a un acuerdo, de no hacerlo subirán de todos modos la iniciativa el próximo martes.
“He estado hablando con los coordinadores de grupos parlamentarios, no con todos, me falta hablar con algunos, pero en el caso de los coordinadores me han planteado modificar. Han hecho algunas propuestas de modificación al dictamen que ya está en la mesa directiva y que bastaría con que el presidente ahorita proceda a instalar la sesión para la discusión inmediata.
“Sin embargo, me han pedido hacer un último esfuerzo con estas propuestas que provienen del PT y del PAN, también del Verde. Entonces estoy tratando de estas propuestas trasladarlas y en una mesa de consenso tratar de buscar el mejor proyecto posible, porque a mí me gustaría en lo personal que fuera con una amplia mayoría”, detalló.
Ricardo Monreal apuntó que son cuatro las modificaciones que se quiere realizar al dictamen, sin embrago, no detalló que artículos o normas secundarias buscan modificar.
“Son tres modificaciones que no quiero platicárselas porque si no hecho a perder la negociación. Son tres aspectos, bueno dos en una ley y en otra ley hay otras dos modificaciones, son cuatro aspectos. Hay propuestas, pero repito, no quiero adelantar qué propuestas son porque si no descalifico a los autores”, resaltó.
El dictamen de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública establece, en uno de sus apartados, que con el objeto de robustecer las investigaciones a cargo de las Instituciones de Seguridad Pública y, de ser necesario, obtener datos de prueba para las investigaciones que lleven a cabo, la referida agencia pondrá en operación una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil.
Por su parte, el dictamen sobre la Ley del Sistema Nacional de Investigación busca ser una herramienta tecnológica de interconexión de los sistemas de inteligencia en materia de seguridad pública del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aprovechó el tema sobre Cuauhtémoc Blanco para criticar al exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, al que señaló como un "encubridor de feminicidios" y casos de corrupción.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció durante su conferencia sobre el rechazo de los diputados para retirarle el fuero al exgobernador Cuauhtémoc Blanco, acusado de presunta tentativa de violación. La mandataria aprovechó el caso para criticar al ex fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y consideró también que podría haber una revisión de la nueva fiscalía.
“No conozco las pruebas, lo que hubieran tenido, es una decisión del Congreso, sí es importante más allá de revisar en todo caso cuáles eran las pruebas, el contexto, es importante repito, siempre vamos a apoyar a las mujeres, pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como este”, señaló este martes durante su conferencia matutina.
“¿Quién la hizo (la denuncia)?, ¿qué fiscalía?, ¿ese fiscal de Morelos qué característica tenía? Encubridor de feminicidios, con muchos casos de corrupción, fue desaforado por la Cámara de Diputados y por el Congreso local, solamente para que se ponga en contexto y es una decisión de la Cámara, pero la Fiscalía hoy tiene un nuevo fiscal, entonces que puedan revisar siempre cualquier caso de abuso a una mujer”.
El Pleno de la Cámara de Diputados desechó ayer de forma definitiva la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, por lo que la Fiscalía de Morelos no tendrá vía libre para investigarlo por el delito de violación en grado de tentativa.
La solicitud de desafuero contra el exgobernador de Morelos fue rechazada con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, luego de un debate que duró unas dos horas.
Sheinbaum Pardo abrió un frente en contra del exfiscal Carmona, al que señaló de obstruir la justicia, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México por el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda.
Niega alianza con el PRI
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre una posible acuerdo con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la votación de los diputados de ese partido para rechazar el desafuero del morenista Cuauhtémoc Blanco no representa una alianza electoral.
“Cómo creen que hay una alianza con el PRI, imagínense, lo que diría el pueblo. Una cosa es que un tema voten diputados de un partido por algo que están de acuerdo o no y otra cosa es que se establezca una alianza electoral con el PRI, imagínense, con Alito, no”, consideró la mandataria.
Aunque las mujeres votaron más que los hombres en 2024, su participación fue menor que la de las elecciones presidenciales de 2018, y la oferta política no convenció a jóvenes de 20 a 29 años.
Las de 2024 fueron las elecciones presidenciales con más baja participación desde 2006, al alcanzar apenas el 59.6 % de la Lista Nominal de Electores, según el Estudio Muestral sobre la Participación Ciudadana elaborado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
A pesar de que en estos comicios México eligió por primera vez a una mujer presidenta, las mujeres no votaron más que en 2018, y tampoco lo hicieron las y los jóvenes de 20 a 29 años de edad, que se convirtieron en el grupo etario con más bajos niveles de participación.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo casi 36 millones de votos, lo que la convierte en la candidata presidencial más votada de la historia reciente en México, su elección fue la de más baja participación ciudadana en los últimos 18 años.
De acuerdo con los datos del INE, de las últimas seis elecciones presidenciales, la de 2024 fue la segunda con menor participación, superando apenas por 1.2 puntos las de 2006, cuando votó el 58.6 % del Listado Nominal de Electores.
En los comicios de 1994 hubo una participación extraordinaria del 77.2 %, mientras que en el año 2000 se llegó al 64 %.
Después de la caída de las elecciones de 2006 (caracterizadas por la polarización entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador), la participación volvió a crecer en 2012 y en 2018, con niveles superiores al 63 %. Pero el año pasado nuevamente la participación se situó por abajo del 60 %.
Jóvenes de 20 a 29, los que menos votaron en elección de 2024
El estudio muestral, que este miércoles será discutido en una mesa de análisis en el INE, deja ver que las mujeres participaron más que los hombres en los comicios del año pasado: un 64.3 % de las mujeres con credencial para votar fueron a las urnas, frente a un 54.8 % de los hombres registrados.
Sin embargo, ambos grupos votaron en menor proporción que en los comicios de 2018. En el caso de las mujeres, hace seis años votó el 66.2 % de las registradas en la Lista Nominal, y en el caso de los hombres el 58.1%.
En cuanto a grupos de edad, el estudio muestral del INE revela que las candidatas y los partidos políticos no lograron motivar a las personas jóvenes de 20 a 29 años de edad, que no llegaron ni al 50 % de los posibles votantes.
De 20 a 24 años, votó apenas el 48.5 % de los registrados en Lista Nominal, y de 25 a 29, el 47.4 %; en cambio, entre aquellos jóvenes que por primera vez tuvieron una credencial de elector la participación fue más amplia: del 61.6 % entre los de 18 años, y del 53.5 %.
Los niveles más altos de votación se presentaron entre los adultos mayores de 60 y hasta 80 años, con participación de más del 70 %.
De 60 a 64 años votó el 73.1 %; de 65 a 69 años, el 76.5 % (siendo éste el grupo etario más participativo); de 70 a 74 años, el 75.5 %; de 75 a 79 años, del 71.6 %; mientras que de 80 a 84 años votó el 63.7 % y de más de 85 disminuye considerablemente, a 44.6 %.
Aunque en general hubo una disminución de la participación en toda la población, el estudio señala que los jóvenes votaron en proporción menor que en 2018, mientras que las personas de más de 60 aumentaron considerablemente sus niveles de participación.
Las caídas más drásticas ocurrieron entre las personas de 20 a 29 años de edad: mientras que en 2018 participó el 53 % del padrón de estas edades, en 2024 apenas participó el 48 %.
En cuanto a participación por entidad federativa, el INE encontró que ésta superó el promedio nacional en entidades como Yucatán (71.4 % del padrón del estado), Tlaxcala (70.7 %) y Ciudad de México (69.4 %); mientras que los estados con más bajos niveles de participación fueron Baja California (47 %), Sonora (49.4 %), Chihuahua (52 %), Baja California Sur (53 %) y Durango (53.8 %).
Entre sus conclusiones, el INE destaca tres:
Se debe reconocer el alto compromiso mostrado por las mujeres al ejercer su voto, ya que, predominantemente, han votado más que los hombres en los últimos procesos electorales.
Continúa siendo un reto elevar los niveles de participación en los segmentos de 19 a 39 años y de 85 o más. Asimismo, es importante señalar que se dio un cambio en el patrón de comportamiento a partir de los 60 años, dado el mayor porcentaje de participación con respecto a procesos electorales anteriores.
El gobernador de Jalisco abordó la crisis de las desapariciones de personas en el Estado e insistió en que combatirá esta tragedia que ha marcado a México.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, prometió que no habrá carpetazo a las investigaciones que se abrieron a funcionarios públicos por omisiones y responsabilidades en el caso de las investigaciones fallidas en torno al caso del rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco.
Al acudir al informe de actividades del Consejo Ciudadano de Seguridad, efectuado en el salón del Ex Recinto Legislativo en Palacio de Gobierno, el mandatario dijo que las investigaciones contra estos funcionarios seguirán abiertas aún con la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Las carpetas seguirán abiertas para deslindar responsabilidades. En Jalisco no hay y no habrá carpetazos. Aquí vamos a seguir investigando y vamos a seguir colaborando con la Fiscalía General de la República, con el Gobierno federal, con los colectivos, con los familiares víctimas de desaparición hasta que se conozca la verdad”, manifestó.
En el mensaje que pronunció en el acto efectuado a puertas cerradas, del que no se notificó que asistiría en su agenda pública, el gobernador de Jalisco abordó la crisis de las desapariciones de personas en el Estado e insistió en que combatirá esta tragedia que ha marcado a México.
Recordó que durante su toma de protesta, el pasado 6 de diciembre, manifestó que la desaparición de personas es “sin duda la principal tragedia que vive el país”.
El gobernador subrayó las acciones tomadas desde el inicio de su administración para enfrentar esta crisis, comenzando por la creación de la primera secretaría dedicada a la búsqueda de desaparecidos. Esta nueva dependencia, según Lemus, se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio que implica asignar mayores recursos a la Fiscalía del Estado y a la Fiscalía especializada en desapariciones, así como a la Comisión de Búsqueda de Personas.
Lemus resaltó que las autoridades actúen de manera oportuna, indicando que “las primeras horas de la desaparición de una persona son fundamentales para su localización”. En este sentido, indicó que la estrategia de inversión en el nuevo sistema C-5, está orientada específicamente hacia la erradicación de las desapariciones en Jalisco.
Asimismo, Lemus hizo un llamado a los ciudadanos y a diversas instituciones para trabajar juntos en la concientización sobre las ofertas laborales engañosas que afectan a los jóvenes. Subrayó la necesidad de colaboración con universidades, colegios y asociaciones civiles para prevenir que más personas caigan víctimas de estas falsas ofertas de trabajo.
“Hoy es un gran momento para tocar fondo y decir de aquí en adelante, unidos todos… Necesitamos ser empáticos”, concluyó Lemus.
Destacó que, aunque el camino hacia la erradicación de la desaparición no será fácil, es a través de la unión entre la sociedad, el gobierno y las familias afectadas que se podrá avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia para los desaparecidos en Jalisco.
El Congreso de Zacatecas reiteró que la penalización del aborto constituye una práctica discriminatoria e impide que las mujeres y personas con capacidad de gestar ejerzan sus derechos reproductivos de manera libre.
El Congreso del Estado de Zacatecas aprobó ayer, con 17 votos a favor, ocho en contra y una abstención, una reforma a la Ley General de Salud para que las instituciones públicas de salud garanticen la interrupción legal del embarazo de forma gratuita.
En medio de la presión de grupos antiaborto, los partidos de Morena, del Trabajo (PT) y de la Revolución Institucional (PRI) alcanzaron la mayoría para dar salida a la reforma que establece que las instituciones públicas estatales deben brindar el servicio de la interrupción del embarazo de forma gratuita y en condiciones de calidad y salubridad.
El derecho al aborto en Zacatecas se logró tras su despenalización el 20 de noviembre de 2024 y está establecido dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Sin embargo, seguía pendiente la modificación secundaria a la Ley de Salud, pues organizaciones como el Colegio de Médicos de Zacatecas se negaban a realizar los abortos porque excusaban la objeción de conciencia.
¡Con 17 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención se acaba de aprobar la reforma a la Ley de Salud en Zacatecas para fortalecer los servicios de aborto en el estado!💚 pic.twitter.com/cVHjJTDP3Z
Con el cambio, se regula el uso de la “objeción de conciencia” para personal médico o de enfermería que les corresponda realizar el procedimiento y sus obligaciones.
"Los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada o persona con capacidad de gestar, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, así como de los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer embarazada o persona con capacidad de gestar pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable", indica la reforma probada.
El dictamen reiteró que la penalización del aborto constituye una práctica discriminatoria e impide que las mujeres y personas con capacidad de gestar ejerzan sus derechos reproductivos de manera libre.
El Congreso de Zacatecas recordó que la Organización Mundial de la Salud estima que, en el mundo, 13 por ciento de las muertes maternas son derivadas de la práctica insegura del aborto, y calcula que se practican cerca de 19 millones de abortos inseguros o peligrosos, de los cuales 97 por ciento se realizan en países en vías de desarrollo.
"Los derechos reproductivos los visualizamos como un componente importante del derecho a la salud, ya que están basados en el reconocimiento del derecho básico de todas las personas a decidir en forma libre y responsable el número de hijos, a contar con toda la información necesaria para lograrlo, y alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva", remarcó.
El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos, tiene considerado a Salu Francisco "N" dentro de los 10 objetivos asociados al tráfico de personas,
Fuerzas Armadas detuvieron este miércoles a Salu Francisco "N", alias "Ponchis", en Hermosillo, Sonora, principal generador de violencia en el estado y líder del grupo delictivo "Los Cazadores" afín a la facción "Los Chapitos" del Cártel del Pacífico.
A raíz de la votación que realizaron las bancadas de Morena y el PRI en contra de que se retirara el fuero al exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, la Presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista una alianza entre ambos partidos.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo esta mañana que ella no ve una alianza de su movimiento, Morena, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ayer, el voto priista permitió que el exjugador Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación por su prima, conservara el fuero. Con esta ventaja constitucional puede enfrentar denuncias y presentarse ante jueces o fiscales sin riesgo de ir a prisión. Al menos mientras sea Diputado federal.
Morena, la organización política de izquierda que promueve la lucha feminista y contra el patriarcado, defendió en la Cámara a un Diputado que es acusado de violar a una mujer. Blanco es además señalado de corrupto. El exgobernador de Morelos ganó la jugada con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones. Hubo voto en contra de mujeres de Morena y del Partido del Trabajo, su socio electoral. Pero la alianza con el Partido Verde y con el PRI de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas lo salvó también de las acusaciones de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.
"¿Cómo creen que va a haber una alianza con el PRI? Imagínense lo que diría el pueblo. Una cosa es que en un tema voten diputados de un partido por algo que están de acuerdo o no, y otra cosa es que se establezca una alianza electoral con el PRI", comentó la mandataria federal durante su conferencia matutina de este 26 de marzo al ser cuestionada sobre el tema.
Respecto a la acusación de la que es señalado Cuauhtémoc Blanco, Sheinbaum señaló que se trata de un tema concerniente al Congreso, además de que debe considerarse el contexto del caso y, en especial, del origen de la denuncia: el exfiscal Uriel Carmona, alguien señalado por encubrir feminicidios, apuntó la Presidenta.
"¿De dónde viene la denuncia que le hacen al exgobernador?", preguntó la titular del Ejecutivo federal a las reporteras y los reporteros presentes en la conferencia, quienes mencionaron el nombre de Uriel Carmona.
"¿Ese Fiscal de Morelos qué características tenía? Encubridor de feminicidios, con muchos casos de corrupción. Fue desaforado por la Cámara de Diputados y por el Congreso local", añadió la Presidenta.
Sobre el mismo tema, la mandataria federal fue cuestionada sobre si veía una posible ruptura al interior de Morena a raíz de las diferencias que se generaron entre integrantes del partido, en especial de mujeres, quienes expresaron ampliamente su descontento con el voto en contra de desaforar a Cuauhtémoc Blanco.
"Hoy, el 3 de 3 quedó pisoteado. La lucha por la visibilidad de las mujeres y el reconocimiento de las víctimas no ha sido escuchada", señaló la activista Yndira Sandoval, vocera de Todas MX, tras darse a conocer que Blanco seguirá protegido por el fuero.
“Hoy, el patriarcado ganó y la protección al diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusado de tentativa de violación, es un mensaje claro de impunidad, de protección a los poderosos sobre la justicia a las víctimas”, señaló Yndira Sandoval, vocera de Todas MX, tras la votación a favor del dictamen emitido por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que consideró improcedente la solicitud de desafuero en contra del legislador.
La conferencia de prensa, realizada en un ambiente de consternación, reflejó el rechazo de las activistas a la decisión del Congreso. Sandoval enfatizó que, aunque la Cámara de Diputados debería ser un espacio plural y representativo de todas las voces, en este caso quedó claro que prevaleció el pacto de impunidad, donde la protección a los poderosos se impuso sobre la escucha a las mujeres y las víctimas.
"Hoy, el 3 de 3 quedó pisoteado. La lucha por la visibilidad de las mujeres y el reconocimiento de las víctimas no ha sido escuchada", señaló la activista.
Sandoval, quien participó en el acto junto a otras mujeres activistas de diversas partes del país, subrayó la incongruencia en la postura de la Cámara al permitir que un agresor, como Blanco, permanezca protegido por el fuero.
"Es vergonzoso que, en lugar de buscar justicia, se justifique la impunidad con tecnicismos jurídicos. Hoy, más que nunca, queda claro que las estructuras patriarcales dentro de los partidos políticos y otros sectores continúan blindando a los agresores", dijo.
Acompañada de mujeres que han luchado por la reforma constitucional conocida como 3 de 3 contra la violencia, Sandoval recordó que este tipo de decisiones refuerzan la impunidad en un país donde las denuncias por agresiones sexuales son sistemáticamente desestimadas.
Según la activista, solo una pequeña fracción de los casos se denuncia, y aún menos reciben una respuesta adecuada de las autoridades. "Hoy, nos queda claro que el fuero es una herramienta para proteger a los agresores, mientras las víctimas siguen siendo desoídas", lamentó.
En un llamado a la congruencia y resistencia, Sandoval insistió en que no se puede permitir que figuras políticas sigan amparándose en su poder para evadir la justicia. "Le decimos al vicecoordinador de la bancada de Morena que queremos ver esa iniciativa para quitarle el fuero a los diputados y gobernadores, pero que no se trate solo de Cuauhtémoc Blanco", subrayó, señalando que la lucha es por la eliminación del fuero para todos los funcionarios públicos.
Por último, Sandoval extendió su apoyo a todas las víctimas que han sufrido violencia y a las diputadas que, aún con temor a represalias, votaron en contra del dictamen de improcedencia. "A las víctimas les decimos que no están solas y que seguiremos luchando hasta que haya justicia para todas", concluyó.
Después de que en la Cámara de Diputados desecharon la solicitud de desafuero en contra del legislador morenista, activistas convocaron una marcha para exigir justicia por Nadia Fabiola, quien acusa de presunto abuso sexual al exfutbolista.
Colectivos sociales y feministas, así como diversos personajes políticos, convocaron este sábado a una marcha para exigir el desafuero del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco.
La solicitud de desafuero fue promovida por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, bajo una acusación por el delito de violación en grado de tentativa contra su media hermana.
Por su parte, la Sección Instructora determinó que la petición presentaba inconsistencias y deficiencias.
Ayer, la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero en contra el exgobernador de Morelos, con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones.
Tras la votación se convocó a una marcha en la Ciudad de México para exigir justicia por Nadia Fabiola, quien acusa de presunto abuso sexual al exfutbolista.
¿Cuándo y a qué hora será la marcha?
La convocatoria difundida en redes sociales, indica que la movilización se llevará a cabo el sábado 29 de marzo de 2025, a las 11:00 horas, partiendo de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en el Paseo de la Reforma.
“¡Basta! Cuauhtémoc Blanco está acusado de violación y lo protegieron. Llegar todas significa romper el pacto para que todos los partidos y las mujeres que ocupen cargos públicos los ejerzan con perspectiva de género, protegiendo los derechos de las mujeres. Queremos que le quiten el fuero a Cuauhtémoc Blanco y que sea juzgado”, se lee en la convocatoria a la marcha.
La Fiscalía General de la República amplió su investigación al Rancho La Vega, también en Teuchitlán.
Las autoridades mexicanas investigan si cerca del Rancho Izaguirre, presuntamente propiedad del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, Jalisco, hay otros “campos de adiestramiento” del narcotráfico, como los denomina el Gobierno, reveló este miércoles la presidenta, Claudia Sheinbaum.
Con estos hechos, suman cuatro feminicidios en Nayarit en lo que va de marzo. Los primeros dos ocurrieron el 17 de marzo en Tepic, con pocas horas de diferencia.
Yamileth “N”, de 26 años, fue asesinada por su pareja en un domicilio de la colonia Ejidal, en Xalisco, Nayarit, de acuerdo con reportes preliminares, la víctima perdió la vida en el hospital.
Los hechos ocurrieron en la madrugada de este martes cuando Yamileth y su pareja, identificado como Pablo “N”, discutían en el departamento donde vivían.
Durante el altercado, el agresor tomó un cuchillo y la joven bajó a pedir auxilio a sus familiares, quienes llamaron al 911.
Paramédicos de Protección Civil trasladaron a la víctima al Hospital IMSS Bienestar, donde falleció poco después de su ingreso.
Mientras tanto, al intentar ser detenido, Pablo “N” se autolesionó con una botella rota, aunque sus heridas no pusieron en riesgo su vida.
Fue trasladado al hospital bajo custodia policial y se espera que quede a disposición del Ministerio Público.
Este caso se suma a otro feminicidio registrado horas antes en Punta de Mita, municipio de Bahía de Banderas, donde Miranda “N” fue asesinada presuntamente por su pareja, Ezequiel “N”, tras una discusión.
El agresor le disparó y huyó del lugar.
Con estos hechos, suman cuatro feminicidios en Nayarit en lo que va de marzo. Los primeros dos ocurrieron el 17 de marzo en Tepic, con pocas horas de diferencia.
En lo que va del año, suman cinco feminicidios en Nayarit
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los casos y proceder con las detenciones correspondientes.
Las estadísticas, actualizadas hasta enero de 2025, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) respecto a violencia contra las mujeres y llamadas de emergencia al 911 refieren que en Nayarit se registró el feminicidio de una mujer adulta en el municipio de Huajicori.
Por este caso, Nayarit ocupa el lugar número 7 a nivel nacional en el Mapa de feminicidios por cada 100 mil mujeres.
También se registró el homicidio doloso de dos mujeres y 43 denuncias por lesiones dolosas; 123 denuncias por delitos de violencia familiar, 21 por violación simple y equiparada.
Asimismo, 6 por incidentes de violencia sexual contra mujeres; 17 por acoso u hostigamiento sexual; una por incidente de violación; y 175 por violencia de la pareja
También se registraron 641 llamadas de emergencia por incidentes de violencia familiar.
Cabe recordar que Nayarit desde agosto de 2017 mantiene una Alerta de Violencia de Género contra la Mujer (AVGM).
'Tener una base de datos de identidad que se mezcle con una base de datos de apoyos sociales puede provocar, digamos, o ha generado siempre esta sospecha de una intencionalidad política', señaló el exconsejero presidente del INE.
El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello expresó su preocupación por la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para incluir la foto y la huella digital a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y utilizarla como identificación oficial con el fin de ayudar a la búsqueda de los desaparecidos.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, señaló que si estos datos se le pidieran al INE, el instituto no tiene autorización para entregarlos al Gobierno federal, además de que consideró que ello no representaría una solución inmediata para atender el problema de los desaparecidos.
Consideró “lamentable que tuviera que estallar un escándalo como el del rancho de Teuchitlán para que se planteara una política que parece más una reacción a la coyuntura específica, que algo que haya sido suficientemente construido y pensado”.
En ese sentido, señaló que sobre la identidad debe existir una discusión pública “sumamente seria”, al tratarse de un derecho humano fundamental.
Córdova planteó que en la discusión en México, el tema de la identidad siempre ha estado vinculado o subordinado a los temas de seguridad, “cuando debería ser al revés”. “Evidentemente, la identidad es fundamental para poder propiciar condiciones efectivas de seguridad, para poder investigar debidamente los delitos y demás, pero cuando lo ponemos al revés, entonces podemos acabar yéndonos por soluciones que no son las más convenientes”, advirtió.
Lamentó que el Estado mexicano no haya sido proactivo para garantizar un mecanismo efectivo para acreditar la identidad, dado que ha existido la tentación de utilizarlo con fines político electorales. “Más en un país donde el uso de programas sociales es extenso y existen evidentes hechos de clientelismo político”.
“Así que tener una base de datos de identidad que se mezcle con una base de datos de apoyos sociales puede provocar, digamos, o ha generado siempre esta sospecha de una intencionalidad política”, apuntó el exconsejero presidente del INE.
“Esta es una discusión que ha llevado, no pocas veces, al Gobierno federal a tener discusiones o incluso roces con el Instituto Federal Electoral y luego el Instituto Nacional Electoral, que es el órgano que posee la base de datos personales más grande y más segura del país, y que tiene evidentemente una finalidad estrictamente electoral, pero que con el paso del tiempo se le ha dado una utilidad social sumamente importante”, dijo.
Aseguró que la base de datos del INE, que incluye datos biométricos, huellas dactilares y la fotografía del rostro, ha sido utilizada con éxito para poder identificar a muchos de los cuerpos desconocidos que aparecen en fosas comunes a lo largo y ancho del país.
“Si no se ha logrado avanzar más en esta materia ha sido porque los gobiernos no han invertido lo suficiente en los equipos forenses”, apuntó.
“El INE tiene convenios con las instancias de desaparecidos. Cuando aparece un cadáver, se toma la huella, se remite al INE la huella y el INE la compulsa con su base de datos y, en caso de ocurrir una coincidencia, notifica a la instancia que solicitó la identificación, ya sea una fiscalía o una oficina de búsqueda de personas desaparecidas, para que se realice un dictamen forense y se pueda entregar la identificación de la persona. El INE no puede entregar los datos de las personas debido a la protección de datos, a menos que haya un dictamen forense o una orden de un juez”, dijo.
Córdova Vianello señaló que hace un año y medio se habían encontrado 19,000 coincidencias de huellas en la base de datos del INE, pero cuyos datos personales no podían ser entregados a las instancias investigadoras porque no se había realizado el dictamen forense.
Criticó la forma en la que se instrumentó la CURP en un primer momento y manifestó su preocupación sobre el costo que implicará para el Estado mexicano construir una base de datos de identidad desde cero, incluyendo datos biométricos.
“En su momento el INE había calculado al menos 60 a 70 mil millones de pesos”, dijo, al tiempo que propuso que las bases de datos que hoy existen, como la del INE, la de Hacienda, la del Seguro Social, la del ISSSTE o la de Relaciones Exteriores puedan interconectarse sin necesidad de concentrarse, para disipar las sospechas de un uso político o electoral de la misma.
“El INE en su momento le ofreció a la secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero firmar un convenio para que el INE, a nombre de la Secretaría de Gobernación, registrara a los menores de edad. Nunca se aceptó eso. Lo que querían es que el INE les entregara la base de datos de los electores, levantando las peores sospechas”, consideró.
Córdova plantea que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y su consejera jurídica, Ernestina Godoy, implica una tarea titánica.
“A mí lo que más me preocupa es que hoy se está planteando la construcción de esta base de datos biométricos, que habría que ver de dónde pretenden sacarlos, a ver si no se los piden al INE, porque el INE no tiene autorización de los ciudadanos para entregarlos a otra dependencia, ni siquiera al Gobierno federal”, dijo, al tiempo que manifestó su preocupación por el hecho de que se pretenda construir la base de datos justamente tras la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que era la autoridad encargada de garantizar el resguardo de esa clase de datos.
“Es decir, hoy no va a haber ningún órgano autónomo que pueda vigilar cómo se maneja esta enorme base de datos que se pretende construir, que implica el respeto de los derechos y su uso para los fines legales, no para fines político-electorales”, manifestó.
“Ahora será el propio Gobierno el que será el constructor y depositario de esta base de datos. Pero además, ¿quién va a vigilar que, con el manejo de la misma, se respeten la protección de los datos personales? Esa es mi principal preocupación. Se trata de una tarea que llevaría tantísimo tiempo que no es la solución para un problema inmediato que nos está estallando en la cara, que es justamente, y todos los días se agrava, el problema de los desaparecidos”, dijo.
Condena a Graue y Macedo por caso Esquivel es una “venganza política”
Córdova Vianello también se refirió a la carta que firmaron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) -él entre ellos- , en la que señalaron la “manipulación de la justicia” con fines políticos tras la condena impuesta al exrector de la UNAM Enrique Graue y al exdirector de la FES Aragón, Fernando Macedo, por el caso del supuesto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel.
La jueza Flor de María Hernández Mijangos condenó a ambos a indemnizar con 15 millones de pesos a Martha Rodríguez Ortiz, la asesora de tesis de la ministra, por el supuesto daño moral ocasionado por el manejo del caso, y les prohibió volver a pronunciarse sobre el tema.
Córdova consideró que es evidente “el uso del aparato de justicia para una venganza política en contra de dos funcionarios que no son responsables de ninguna de las decisiones que la universidad, como ente a través de sus cuerpos colegiados y de los órganos competentes, resolvieron” sobre el caso de la ministra Esquivel.
“En este caso, se trata de una de sus asesoras de tesis [Martha Rodríguez Ortiz], una profesora que presumía de que en sus 40 años de docencia había dirigido 500 tesis. Eso ya te habla de alguien que más bien construyó una industria de tesis, muchas de las cuales se evidenció que habían sido resultado de plagios”, mencionó.
Apuntó que los órganos competentes de la UNAM tomaron cartas en el asunto y resolvieron rescindirle el contrato a la profesora, al considerar que transgredió una de las reglas fundamentales del trabajo académico: la pulcritud y la no comisión de plagios, que pueden equipararse al robo de ideas.
En ese sentido, dijo que la resolución de la jueza de la Ciudad de México que afecta al patrimonio personal de los dos funcionarios “es ridícula” y evidencia casos de justicia selectiva, por lo que manifestó su preocupación por las consecuencias de la reciente reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Venganzas, en este caso políticas, en contra de los funcionarios que fueron, como se sabe, presionados de muy distintas maneras por parte de los allegados de la ministra Esquivel para cerrar ese caso. Creo que son dos ejemplos de cómo la justicia ameritaba una reforma, pero lamentablemente la reforma que se hizo me parece que va a hacer de estos dos casos justamente la normalidad de cómo va a funcionar la justicia en adelante”, dijo, al tiempo que recordó que la ministra Esquivel busca presidir la SCJN, cargo para el que contiende en la próxima elección judicial del 1 de junio.
“Si uno ve la sentencia emitida por esta jueza, que ya circula en internet, se lee que una de las pruebas para definir que hubo un daño moral fue un correo electrónico en donde el director [Macedo] emplaza a esta ex profesora a comparecer ante el Comité de Ética, señalando que hay una acusación de presunto plagio […] El daño moral requiere, por su propia definición, de una publicidad, y la jueza considera que ese correo electrónico es la prueba del daño moral infligido a esta profesora”, mencionó.
Señaló que la ministra Esquivel fue una alta funcionaria de la Judicatura en la Ciudad de México y construyó “se sabe, redes de apoyo y de respaldo”. En ese sentido, aseguró que se ven las “redes de complicidad en la propia justicia capitalina”.
“Mucho temo que esto es a lo que vamos a tener que acostumbrarnos ahora que los jueces sean electos y respondan a intereses políticos, porque van a responder a los intereses de las mayorías que los eligen, y más todavía si una persona como esta señora encabeza el Poder Judicial, cosa que es muy probable, o al menos está presentándose”, señaló.
Consideró que la sentencia también es una advertencia para quienes pretendan hacer público el expediente del caso, y dijo que éste debería hacerse público en atención al principio de máxima publicidad.
Córdova aprecia en la sentencia de la jueza un propósito de generar un efecto inhibitorio en el contexto actual, en el que a su juicio el país vive “tiempos de regresión”. “Este es un caso que no debe ser considerado como aislado, sino como parte de este lamentable proceso regresivo y antidemocrático”, apuntó.
Reprobó la elección de jueces, magistrados y ministros, que “lejos de fortalecer, va a mermar la democracia”.
By: Draco Draculon miércoles, marzo 26, 2025/comment : 0estados,
Jalisco
El gobierno de Zapopan, Jalisco, continúa con la construcción ilegal de un “supuesto Centro Educativo Ambiental” en el área protegida de El Bosque El Nixticuil, a pesar de que el 5 de marzo fue emitida una suspensión definitiva de las obras, denunció el Comité en Defensa del Bosque Nixticuil.
Los defensores del bosque señalaron que la suspensión otorgada por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa “hasta el día de hoy no ha sido respetada; por el contrario, el alcalde Juan José Frangie ha declarado públicamente que, pese a la orden del juzgado federal, no va a parar la obra”.
El Comité explicó que el gobierno aceleró los trabajos de construcción para fragmentar el corredor biológico del Bosque Nixticuil-San Sebastián-El Diente (Bensedi) y así “garantizar los intereses empresariales de las inmobiliarias Tierra y Armonía y GIG, que por más de 15 años han estado destruyendo el bosque, con la complicidad del gobierno municipal”.
Frente a la continuación de los trabajos, los defensores solicitaron al juzgado que garantizara el cumplimiento de la suspensión, por lo que el 18 de marzo se requirió al gobierno municipal la presentación de un informe en la materia. Sin embargo, “el municipio ha permanecido en silencio dentro del juicio mientras sus trabajos avanzan de manera impune sobre el bosque”, por lo que el Comité llamó nuevamente a la Juez Octavo de Distrito a requerir un procedimiento por la violación a la suspensión con una inspección judicial que lo constate.
En diciembre de 2024, los defensores denunciaron el inicio de la construcción del presunto centro de educación ambiental en el área protegida del bosque. Desde entonces, han exigido al gobierno municipal detener la obra de forma inmediata y que transparenten el proyecto y los recursos invertidos.
