Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Avior, la empresa en el centro de las auditorías por contratos con Birmex

La asignación identificada con el número BIRMEX-031/2024 fue otorgada a Avior, a pesar de que la investigación de mercado realizada por los funcionarios reveló que su oferta superaba en 93 millones de pesos a la más económica.

En 2024, la empresa pública Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex) le adjudicó de manera directa un contrato de 2 mil 352 millones de pesos, a Almacenaje y Distribución Avior, subsidiaria de Grupo Traxión. 

La asignación identificada con el número BIRMEX-031/2024 fue otorgada a Avior, a pesar de que la investigación de mercado realizada por los funcionarios reveló que su oferta superaba en 93 millones de pesos a la más económica.

Este contrato, sin embargo, no fue el único. Entre 2022 y 2024, Birmex le asignó otros cinco acuerdos al brazo de Traxión, dos de ellos con irregularidades, incumplimientos y omisiones detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su más reciente entrega. 

Se trata de los instrumentos jurídicos BIRMEX-060/2022, su modificatorio BIRMEX CM1-060/2022, así como BIRMEX-063/2022 y sus dos convenios modificatorios BIRMEX CM1- 063/2022 y BIRMEX CM2-063/2022. 

Según la auditoría de cumplimiento forense 2023-2-12NEF-23-0234-2024, Birmex le pagó a Avior sin tener evidencia documental que acredite la prestación del servicio, por lo que presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de Birmex por 826 millones de pesos. 

Aunque el representante legal de Avior le aseguró a los auditores, en su requerimiento de información, que no contrató servicios con terceros para la ejecución de los contratos, de la revisión, así como de los movimientos de sus cuentas bancarias, se identificó una relación contractual con Traxion y Grupo SID. 

En su análisis, el órgano además detectó que se suministraron 8 mil 060 piezas caducas de medicamentos, materiales de curación e insumos para la salud a las Unidades Médicas Usuarias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, relacionadas con el servicio del contrato número BIRMEX-060/2022, asignado a Avior. 

La ASF urgió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a que instruya una auditoría para Almacenaje y Distribución Avior, S.A. de C.V., a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
Birmex, el escándalo

El pasado 18 de marzo, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio a conocer que el gobierno mexicano inició una investigación por la adjudicación a sobreprecio de 175 claves de medicamentos en Birmex, lo cual podría derivar en una acción penal. 

Eduardo Clark, subsecretario de Salud federal, explicó que se recibieron una serie de quejas por parte de algunas empresas farmacéuticas que participaron en las licitaciones para ser proveedoras de medicamentos. Las compañías denunciaron que la adjudicación para la compra de algunos medicamentos o material de curación se había otorgado a proveedores que no habían ofertado los mejores costos. 

Tras los señalamientos se comenzó una investigación y se separó a elementos que participaron en la adquisición. 

Aunque no se mencionaron nombres, fuentes a las que este medio tuvo acceso refieren que uno de los elementos separado de su cargo es Cristian Mary Corona Suárez, quien enfrenta señalamientos por conflicto de interés luego de haber sido parte de Avior. 

Corona Suárez, titular de la Dirección de Control de Calidad de Birmex, fue responsable sanitario, gerente senior de asuntos regulatorios y calidad de Almacenaje y Distribución Avior desde 2020 y hasta abril de 2023, cuando se integró a Birmex, según consta en su declaración patrimonial. 

Medicamentos caducos, la constante

La firma fue adquirida por Grupo Traxión en 2016, pero debutó en las contrataciones públicas hasta 2022, año en el que el Instituto Mexicano del Seguro Social le asignó siete contratos, por 970 millones de pesos, derivados de la licitación LA-050GYR988-E18-2022. 

Desde su adquisición por parte de Grupo Traxión, Almacenaje y Distribución Avior se ha convertido en un punto crítico dentro de la empresa. Organizaciones de pacientes señalan opacidad en los procesos en los que participa y falta de experiencia. 

El escándalo se agravó dos años después cuando se conoció que Avior permitió la entrega de más de 171 mil piezas de medicamentos oncológicos con retrasos y en malas condiciones. Estos medicamentos, que debían haber llegado a Jalisco en abril de 2023, fueron entregados hasta febrero de 2024, lo que generó una crisis en la atención de los pacientes, especialmente aquellos con cáncer. 

El incumplimiento fue motivo de preocupación para diversas organizaciones sociales y políticos, como el diputado federal Manuel Jesús Herrera Vega, quien propuso un punto de acuerdo para exigir investigaciones y sanciones a los responsables. 

La Secretaría de Salud de Jalisco confirmó que el 6.8% de los medicamentos ya estaban caducados, el 19.8% tenía fechas de caducidad entre uno a tres meses y el 4.5% entre cuatro a seis meses. Además, 22 mil piezas no pudieron ser aceptadas por no contar con la documentación requerida, como el registro sanitario y los certificados necesarios. 

Grupo Traxión y su estrategia agresiva 

Grupo Traxión, compañía de autotransporte, movilidad y logística, ha logrado adjudicarse más de 4 mil millones de pesos en contratos para la distribución de medicamentos e insumos médicos para el gobierno federal a través de la subsidiaria Almacenaje y Distribución Avior, en un periodo de apenas tres años, señalan los registros del portal de compras gubernamentales, Compranet. 

Fundada en 2011 y listada en 2017 en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo Traxión ha adoptado una estrategia de adquisiciones agresivas con el fin de consolidarse en el sector; sin embargo, los resultados financieros de la firma parecen no respaldar esta ruta. En 2024, la compañía reportó un margen operativo considerablemente inferior al promedio de la industria, lo que refleja las dificultades para transformar las adquisiciones en una ventaja competitiva. 

Las filiales de Traxión —como Redpack, Transportes Lipu, Almacenaje y Distribución Avior y Logística y Transporte para la Industria de la Salud, S.A. de C.V. (Medistik)— han acumulado contratos con el gobierno por alrededor de 4 mil 200 millones de pesos. No obstante, en los últimos 12 meses la firma suma una caída de más del 44% en el valor de sus acciones, lo que podría poner de manifiesto la creciente desconfianza entre los inversionistas. 

Analistas consultados han expresado su preocupación por la posibilidad de que la empresa siga el mismo camino que la financiera Unifin, tras años de una expansión financiera insostenible hasta llevarla a caer en default. 

Aún con este panorama, Aby Lijtszain, ha optado por diversificar sus negocios en los tres niveles de gobierno, sin considerar el impacto que esto tiene en los accionistas de la empresa. 

Un claro ejemplo de esta estrategia cuestionada es la incursión de Bernardo Lijtszain Bimstein y Aby Lijtszain en Turbofin, dedicada al arrendamiento de automóviles al gobierno federal, así como a varios gobiernos estatales municipales del país que le han valido contratos a esta familia por más de 2 mil 056 millones de pesos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUE GARCÍA.

Jornada de violencia en Sinaloa deja 12 muertes y el hallazgo de fosas clandestinas

Los enfrentamientos ocurrieron en al menos cinco colonias del sur y oriente de Culiacán, y las fosas clandestinas se localizaron en Mazatlán.

La jornada de este jueves dejó 12 personas asesinadas confirmadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), de las cuales 10 de ellas corresponden a los enfrentamientos ocurridos al sur y al oriente de Culiacán, en los que también se reportaron tres personas heridas. 

Una de las personas sin vida fue localizada en la colonia Lázaro Cárdenas, donde comenzaron los enfrentamientos de ayer poco antes de las 2 de la tarde. Otro cuerpo fue localizado en los Huizaches, otro más en la 21 de Marzo, tres en la colonia 7 Gotas y dos en Villas del Real. En todas las colonias se registraron choques armados.

En estos eventos se logró el aseguramiento de un vehículo con explosivos artesanales en su interior y se atendió a dos personas heridas, ambas víctimas indirectas, así como una persona más, quien resultó con quemaduras severas luego de que le rociaran con gasolina y le prendieran fuego durante los ataques de ayer. 

El resto de los decesos fueron reportados en la carretera México 15, en la salida norte, y una en el poblado Tomo, perteneciente a la sindicatura de Imala. En este último sitio fue donde se realizó el hallazgo en días posteriores de un dron con una bomba artesanal y enfrentamientos entre grupos armados entre el 14 y el 16 de marzo, los cuales causaron el desplazamiento de al menos 30 familias. 

Los otros homicidios corresponden a dos personas localizadas sin vida en un cerro del municipio de Concordia. 

Además, la jornada de ayer también registró el hallazgo de un par de fosas clandestinas en Mazatlán, la primera con restos óseos de un hombre y de una mujer, los cuales fueron ubicados en la comunidad de El Recreo durante labores de búsqueda del colectivo Por las voces sin justicia, en un terreno contiguo a la autopista Mazatlán-Culiacán.  

El segundo hallazgo se reportó en el poblado de La Plazuela, con el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

Buscadora de desaparecidos vende su auto para financiar campaña judicial

Delia Quiroa busca a su hermano Roberto, desaparecido desde el 10 de marzo de 2014, hecho tras el cual estudió Derecho para abogar por su lucha.

Delia Quiroa, abogada y coordinadora del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas 10 de Marzo en Tamaulipas, anunció el pasado 2 de febrero que resultó insaculada como candidata a jueza de Distrito para la elección para la elección judicial de junio próximo.

Luego del anuncio, ha dado cuenta en sus redes sociales de cada una de las fases del proceso, incluso señalando irregularidades en la inscripción de su nombre y apellidos.

Ahora, en la más reciente actualización de su proceso, recurrió alas redes sociales para anunciar la venta de su vehículo para poder financiar su campaña judicial y llegar al Poder Judicial en representación de todos los buscadores.


Quiroa informó a través de su cuenta en la plataforma X que, debido a que no se autorizaron gastos de campaña para la elección judicial, decidió vender su automóvil, un Jetta automático, por 27 mil pesos mexicanos para financiarse.

“Lo vendo barato porque tiene un detalle en la transmisión, jala bien no te deja tirad@,” escribió Quiroa en su publicación.

Quiroa, quien estudió Derecho después de que su hermano Roberto fuera secuestrado el 10 de marzo de 2014, busca que su paso por el PJF sirva para implementar una justicia más equitativa, sobre todo para las víctimas de desapariciones.

Además señaló ante medios de comunicación que, para dar a conocer su trabajo y contar con recursos para su campaña, también llevará a cabo otras actividades para lograr su objetivo.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Colectivo de búsqueda alerta profanación de tumbas para ocultar cuerpos

Pidieron a dueños de tumbas revisar sus espacios para corroborar que no hayan escondido los restos de personas que están siendo buscadas por sus familias.

El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas ‘Madres Buscadoras de Sonora‘ denunció que grupos criminales están utilizando tumbas del panteón del Carmen, en Ciudad Obregón, para ocultar los restos de personas desaparecidas.

A través de sus redes sociales alertaron a la población sobre esta nueva forma de encubrimiento y llamaron a quienes tengan familiares enterrados en el lugar a verificar sus sepulturas.
La maldad no tiene límites cuando se trata de encontrar formas de desaparecer a nuestros hijos. Nadie buscaría en un panteón, por eso ahora profanan las tumbas para meter en bolsas y amarrados, los restos de los desaparecidos.
Así pidieron a dueños de perpeturidades en panteones revisar sus espacios para corroborar que no hayan escondido los restos de personas que están siendo buscadas por sus familias: “Quienes tengan seres queridos enterrados en el panteón del Carmen en Obregón, Sonora, deberían ir a verificar que no hayan escondido la tranquilidad de otras familias en las tumbas”.

Según informó el colectivo, recibieron esta alerta de forma anónima y agradecieron a quienes han perdido el miedo y colaboran con información que ayude a localizar a sus familiares: “Gracias al anónimo. Que pierdan el miedo y nos ayuden a localizar a nuestros desaparecidos”.

Hasta el momento, no hay confirmación respecto a que las autoridades hayan iniciado inspecciones en el panteón del Carmen, ni algún posicionamiento oficial.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Chiapas: 'Se llevaron niños y ancianos', habitantes de Tila señalan a policías 'Pakales' y grupo delictivo

El grupo policial de élite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) fue creado por el gobernador Eduardo Ramírez, el 8 de diciembre de 2024 para combatir el crimen organizado en el estado.

Habitantes del ejido de Tila, organizaciones del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunciaron este viernes abusos durante un operativo realizado la madrugada de este día en el ejido, encabezado por la policía de élite Pakal en alianza con el grupo criminal Karma.

Según el comunicado que leyeron en un video mensaje, el operativo incluyó un cateo de casas sin orden judicial y el secuestro de niños, ancianos, jóvenes y adultos, sin justificación legal.

“A las 3 de la mañana entró el grupo Pakal, juntamente con el grupo criminal Karma, acompañado por las tres corporaciones de gobierno. Catearon casas sin orden de cateo. Se llevaron niños, mayores, ancianos y jóvenes sin delito”, informaron.

Las autoridades locales y el gobierno federal fueron emplazados por este grupo para liberar a las 20 personas detenidas, y señalaron que “el pueblo ya está cansado de tanta injusticia”.

En su comunicado, afirmaron que esta situación ha generado un rechazo generalizado e indignación en las comunidades originarias de Tila.
Exigimos la detención del grupo Karma encabezado por Juan Flores, alias” El Chorizo”, quien es el inmediato responsable de toda la tragedia que está sucediendo en nuestro ejido originario de Tila.
Las organizaciones también pidieron la detención de una persona identificada como Manuel Utría, supuesto cuñado de “El Chorizo”; otra como Francisco Eduardo y una última como Miguel, líderes del grupo criminal Karma.

Las organizaciones pidieron el fin de la presencia de grupos criminales en el ejido Tila y denunciaron la presunta vinculación entre policías y criminales.

“Ya  basta, estamos dispuestos a morir defendiendo nuestra madre tierra porque en ella nacimos y en ella vivimos. No queremos más delincuentes en nuestro pueblo. No más narco-karma porque vamos a defender a costa de nuestra vida, porque los pakales son cómplices del crimen organizado llamado narco-karma de Tila.”

También, denunciaron que los ejidatarios son arrestados injustamente por simplemente defender sus derechos.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que el “operativo interinstitucional” en el municipio de Tila, fue “para ejecutar diversas órdenes de aprehensión y cateos derivados de investigaciones, con el firme objetivo de combatir a los grupos criminales.”

No dio a conocer los resultados; sin embargo, dijo que en el transcurso del día, proporcionará más información sobre estas acciones.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“No fue el incendio, fue el Estado”: a dos años del incendio impune en la estación migratoria de Ciudad Juárez

A dos años del incendio en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, Chihuahua, familiares, organizaciones y activistas realizaron una vigilia para exigir justicia para los 40 migrantes que murieron y las 42 personas que sobrevivieron, y para denunciar la responsabilidad del Estado y de las autoridades que “nunca les abrieron la puerta” a los migrantes cuando comenzó el siniestro el 27 de marzo de 2023.

Frente a la estación migratoria, los familiares de las víctimas y sobrevivientes acompañados por organizaciones colocaron fotografías y pancartas con mensajes como “Las fronteras matan”, “La frontera es necropolítica” y “Pérez Cuéllar y Garduño culpables, se transforma Instituto de Migración en crematorio”.

“Han pasado dos años, pero es como si hubiera sido ayer. El tiempo transcurre pero el dolor sigue intacto”, narró uno de los migrantes que sobrevivió al incendio. De acuerdo con Luis Xavier Carrancá, de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, “hasta ahora no ha habido un pronunciamiento que reconozca que lo que sucedió no fue casualidad, no fue mala suerte, sino es la punta del iceberg de una política de maltrato a las personas migrantes, de detenciones arbitrarias y en condiciones indignas, inhumanas, de encierros que están por fuera de la ley y que son incluso peores que en el caso de encierros penales y, además, al amparo de la ley”.

“El hecho de no abrir la puerta simplemente por la suposición de que escaparíamos. A dónde iríamos si estábamos como presos: descalzos, sin dinero, sin teléfono ni nada en esas cuatro paredes, con un calor insoportable que fue un escenario perfecto para que prendiera en llamas en minutos el lugar”, señaló otra víctima en una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, que reúne testimonios de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas.

En la misiva, entregada este viernes a Palacio Nacional, los migrantes y las familias relatan “las secuelas físicas y neurológicas” que padecen a dos años del siniestro.

“Nuestra vida es un antes y un después del incendio. Con todo nuestro corazón deseamos que nadie pase por esta pesadilla, que nadie se levante cada día con la ausencia de su ser querido, muerto en esas condiciones. Que nadie viva sin una extremidad, con recuerdos vagos por inhalar ese humo, con la vida rota”, se lee al inicio del pronunciamiento.
Por su parte, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) recordó los 731 días cumplidos sin que las familias de los 40 migrantes fallecidos y las 42 personas sobrevivientes “tengan justicia y reparación del daño justa”.

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, anunció que ofrecerá una disculpa pública por siniestro el próximo 16 de abril, sin embargo, negó que se hayan cometido malos tratos contra los migrantes y los familiares de las víctimas, como han denunciado desde el incendio.

La mayoría de las víctimas eran originarias de Guatemala y otros países de Centroamérica y buscaban llegar a Estados Unidos. Los migrantes habían sido detenidos el mismo día del siniestro por agentes del INM por presuntos disturbios en la vía pública y fueron encerrados en varias celdas del lado izquierdo del edificio, que depende del gobierno federal. Alrededor de las 21:30 horas empezó el fuego.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

En el fango, siguen estancadas las investigaciones del caso Ayotzinapa

Después de más de tres horas en reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), los padres y madres salieron molestos porque sólo fue informativa, lejos de nuevos hallazgos y avances para profundizar en la investigación.

Melitón Ortega señaló que las autoridades realizaron “un recuento con la misma información que han brindado en otras ocasiones. No hay avances concretos. Fue más una reunión de seguimiento. Esperamos que haya resultados en los próximos meses en las reuniones con la presidenta”.

La reciente detención por delincuencia organizada de Rey N, alias El Negro, no dieron detalles, por ejemplo, “¿Cuál fue la participación directa de él también el día de los hechos? Nosotros nos cuestionamos eso. Necesitamos pruebas primordiales de cuál fue su participación antes y durante la agresion a los jóvenes. No tengo mas elementos porque lamentablemente el detenido se reserva el derecho de hablar”, cuestionó don Emiliano Navarrete.

Para las madres y padres la línea de investigación de la telefonía es muy importante. Don Emiliano exigió “al equipo de gobierno federal que la telefonía celular visibilice qué puntos no se tocaron con anterioridad o no se han mencionado. Les pedimos que retomaran al grupo de expertos en telefonía, GEO”. Félix Arturo Medina dijo que tienen como punto de partida los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el grupo GEO.

David Mejía Lozano, director general De asuntos relevantes, trata y tráfico de personas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue criticado porque su informe escueto de telefonía no estaba detallado.

Por su parte, Melitón Ortega abundó sobre “los folios que tiene el ejército para nosostros es importante, pero no nos informaron nada. En la extradición de Tomás Zerón no hay avance, porque no hay un acuerdo entre el gobierno mexicano y el de Israel. El personal de Cancillería sólo mencionó que se está haciendo la gestión y realizando los trabajos diplomáticos. En la última detención del apodado El Negro para nosotros no es un tema relevante, no ayuda nada en la investigación”.

Las familias reclamaron fuertemente al fiscal especial Rosendo Gómez Piedra porque informó carpetas de investigación de 2023 y 2024, pero nada nuevo. Hicieron un llamado para que la próxima reunión haga un recuento concreto y detallado de la investigación, con hallazgos novedosos. “Estamos cansados de estar escuchando los recuentos sin rumbo, sin claridad”.

“Las madres y padres han estado exigiendo el retorno del GIEI para que continúe con las investigaciones. Sin embargo, el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina, le informará a la presidenta este planteamiento de las familias”, dijo Melitón.

La comisión especial, donde se integró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que la presidenta prometió está trabajando una nueva metodología, con tecnologías y estrategias para hacer una revisión desde una mirada distinta y con mayor certeza en la investigación para dar con el paradero de los 43 estudiantes.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS/TLACHINOLLAN.
AUTOR: 

Ingenieros militares construirán 7 nuevos hospitales del IMSS; entre ellos en SLRC y Los Cabos

Ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) construirán siete nuevos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dos de ellos en Los Cabos, Baja California Sur, y, en San Luis Río Colorado, Sonora.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo -llevada a cabo el 28 de marzo de 2025, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del IMSS, informó que el beneficio sería para alrededor de 3 millones de personas. Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal detalló que los hospitales darían 70 mil empleos directos.

Según explicó el funcionario federal, los hospitales se construirían en Santa Catarina, Nuevo León; en San Luis Río Colorado, Sonora; Yecapixtla, Morelos; Saltillo, Coahuila; Los Cabos, Baja California Sur; Culiacán de Rosales, Sinaloa y Guadalupe, Zacatecas.

Los nosocomios de Nuevo León, Sonora y Morelos ya tenían proyecto ejecutivo, señaló Robledo Aburto.

El Hospital General Regional de Santa Catarina, Nuevo León, tendría 260 camas y beneficiaría a 299 mil personas. Asimismo, contaría con 39 especialidades y daría empleos a 2 mil 531 trabajadores. La superficie de construcción sería de 50 mil 635 metros cuadrados.

Mientras que el Hospital General de Zona en San Luis Río Colorado tendría 120 camas para 134 mil personas beneficiadas. Contaría con 28 especialidades, en una superficie de 32 mil 037 metros cuadrados.

Asimismo, en el Hospital General de Zona de Yecapixtla, Morelos, habría 90 camas para beneficio de 116 mil derechohabientes. Tendría 28 especialidades y generaría 984 empleos.

En el Hospital General de Saltillo, Coahuila, Habría 260 camas para beneficio de 736 mil personas. Tendría 28 especialidades y generaría 2 mil 351 empleos.

En tanto que el Hospital General de Zona de Los Cabos, Baja California Sur, tendría 216 camas para beneficio de 414 mil personas. Contaría con 44 especialidades y crearía 2 mil 531 empleos.

Mientras que en el Hospital General Regional de Guadalupe, Zacatecas, habría 216 camas, para 319 mil personas beneficiadas. Tendría 42 especialidades y también crearía 2 mil 222 empleos.

El Hospital General Regional en Culiacán de Rosales, Sinaloa, contaría con 216 camas para beneficiar a 962 mil personas. Habría 37 especialidades y se generarían 2 mil 222 empleos.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ CEVEDO.

Aseguran casi 8 millones de litros de hidrocarburo en El Sauzal, Ensenada

Autoridades federales aseguraron cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo durante un cateo en la delegación de El Sauzal, en Ensenada. La operación se llevó a cabo el miércoles 26 de marzo y forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y fue resultado de labores de inteligencia e investigación.

El operativo se realizó tras recibir denuncias ciudadanas sobre un predio utilizado para el almacenamiento y manejo ilegal de combustible, ubicado en el kilómetro 100 de la autopista Rosarito-Ensenada.

Con la información recabada, se obtuvo una orden de cateo, autorizada por un juez de control, para intervenir el inmueble. Durante el despliegue, las fuerzas de seguridad hallaron:

-100 contenedores con hidrocarburo, cada uno con capacidad de 72 mil 800 litros.

-46 remolques tipo cisterna, con 31 mil litros de combustible cada uno.

-19 tractocamiones de distintos modelos.

-12 motobombas de diversas capacidades.

-2 remolques tipo oficina.

-1 cisterna con 4 mil litros de urea.

En total, la incautación alcanzó los 7 millones 944 mil litros de hidrocarburo.
El sitio fue asegurado y quedó bajo resguardo de las autoridades, quienes continuarán con las investigaciones correspondientes.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de Seguridad Física de PEMEX y Protección Civil.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hallan muerta a exalcaldesa de Apulco, Zacatecas, en accidente de tránsito; había recibido amenazas del CJNG

Yanet Morales Huizar, dos veces alcaldesa de Apulco, Zacatecas quien denunció atentados y amenazas en su contra por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue hallada muerta.

La tarde del miércoles en una carretera del municipio, se reportó como un accidente vehicular.

La Fiscalía estatal apunta que la muerte se reportó como un hecho de tránsito, sin embargo, ya investigan lo sucedido.

De acuerdo con la Ficalía, hallaron una camioneta que se había salido del camino en el tramo Jaralillo-Tepatitlán.

Morales Huizar administró  a la distancia este municipio, limítrofe con Aguascalientes y Jalisco, durante las administraciones 2018-2021 y 2021-2024 debido a que, denunció, al inicio de su primer mandato su esposo fue privado ilegalmente de la libertad por un comando del CJNG y, una vez que lo liberaron, la familia abandonó el pueblo.

El 15 de mayo de 2023 fue atacada por pistoleros una de sus propiedades, deshabitada, en la comunidad Tenayuca.

FUENTE: RÍODOCE.
AUTOR: REDACCIÓN.

CIDH llama al Estado a redoblar esfuerzos en la investigación de los hechos e identificar los restos humanos encontrados en Teuchitlán

La CIDH afirma que el Estado mexicano debe investigar con debida diligencia estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación.

Ante el reciente hallazgo de restos humanos, por parte de personas buscadoras, en un predio custodiado por el Estado hace seis meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a México a redoblar sus esfuerzos en la investigación de los hechos, el castigo a los responsables y la identificación de las víctimas. Al tiempo que valora las medidas anunciadas por la Presidenta de la República, la CIDH reconoce la importante labor que realizan las personas buscadoras.

La Comisión Interamericana viene dando seguimiento a los mencionados hallazgos en el predio denominado “Rancho Izaguirre”, que se encuentra bajo custodia del Estado desde septiembre de 2024. En dicha ocasión, el Estado había detenido a 10 personas, rescatado a dos víctimas privadas de libertad, recuperado un cadáver e incautado armas, instrumentos tácticos y vehículos.

Sin embargo, seis meses después, el colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” anunció públicamente que halló en el mismo lugar fosas clandestinas, restos óseos calcinados y enseres de uso doméstico, que sugieren que el rancho habría sido utilizado para actividades criminales como centro de reclutamiento, entrenamiento, asesinato y desaparición de personas, tal como informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Según la información aportada por las organizaciones a medios públicos, el hallazgo además expone la deficiente búsqueda llevada adelante por el Estado. Ello pues, a pesar de haberse asegurado el predio por las autoridades en septiembre de 2024, y haberse realizado trabajos con maquinarias y binomios caninos, fue la labor del grupo buscador la que encontró las fosas clandestinas de manera reciente. Al respecto, el Estado señaló que serán las investigaciones judiciales, con apoyo en la ciencia criminal, las que determinarán el origen del material recabado y el uso que tenía el Rancho Izaguirre.

Para la Comisión Interamericana es importante destacar que, si bien los colectivos de búsqueda ejercen su derecho a buscar a sus familiares, ello no exime al Estado de su deber de investigar y buscar de conformidad con obligaciones en derechos humanos.

Por otra parte, la CIDH advierte que, tras el hallazgo, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha recuperado más objetos del Rancho Izaguirre, incluyendo casquillos de municiones, ropa, zapatos, documentos de identidad, relojes, manuscritos, tanto de hombres como de mujeres. Tanto las denuncias sobre reclutamiento forzado, entrenamiento, trabajo forzado y desaparición de personas —entre otros crímenes— como el tipo de objetos encontrados reflejan la degradación de la violencia por parte del crimen organizado a un nivel contrario a la dignidad humana. Es alarmante que lugares de esta naturaleza hayan podido operar por períodos de tiempo prolongados sin intervención de las autoridades. Por su parte, el Estado refirió que cualquier hipótesis de investigación solo podrá ser formulada con base en la evidencia resguardada en la carpeta de investigación.

El Estado mexicano debe investigar con debida diligencia estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación. La Comisión toma nota de la ejecución de dos órdenes de aprehensión sobre dos personas vinculadas estrechamente con el Rancho Izaguirre; y resalta que las familias tienen el derecho de conocer la suerte o paradero de sus seres queridos, en tanto que la sociedad mexicana tiene el derecho de conocer la verdad sobre lo ocurrido en dicho lugar. En particular, tal como la CIDH ha sostenido en reiteradas oportunidades, en situaciones de vulneraciones a los derechos humanos cometidas en contextos de crimen organizado, se deben aplicar los tipos penales adecuados e investigar toda posible participación directa o indirecta de agentes estatales, incluyendo posibles omisiones.

Asimismo, es deber del Estado mexicano conducir un proceso confiable, basado en ciencia y evidencia, para la identificación humana de los restos hallados en el “Rancho Izaguirre”. Del mismo modo, cualquier devolución de objetos encontrados cuya propiedad pueda ser atribuida y, llegado el momento, la restitución de restos humanos, se realicen con dignidad y respetando el dolor de las familias.

La CIDH reconoce el anuncio realizado por la Presidenta de México el 17 de marzo de 2025, sobre el impulso de una serie de reformas legislativas y medidas administrativas para reforzar el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Centro Nacional de Identificación Humana. Asimismo, el Estado indicó de la consolidación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) como fuente única de identidad, la creación de una Base Nacional Única de Información Forense, de una Plataforma Nacional de Identificación Humana, y el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana con tecnologías avanzadas como la identificación genética. La CIDH valora el reconocimiento público del Estado de brindar a las víctimas una atención integral y la elaboración de una línea del tiempo que explique la diferencia temporal entre el aseguramiento del predio y los hallazgos del grupo buscador.

La situación de la desaparición masiva de personas en México ha sido monitoreada por la CIDH desde hace más de 25 años. En este contexto, la CIDH saluda el anuncio del Estado de una mayor coordinación —en todos sus niveles de gobierno— para fortalecer la búsqueda y combatir el delito de desaparición en México. De conformidad con los estándares internacionales, en la formulación de estas medidas, la participación de las víctimas y familiares de las personas desaparecidas debe ser garantizada.

Finalmente, la Comisión reitera su reconocimiento y solidaridad con la valiosa labor de los colectivos y familiares de búsqueda de personas desaparecidas en México, que debe ser ejercida con seguridad y libertad garantizadas por el Estado. A su vez, señala la importancia de que las autoridades reconozcan públicamente el trabajo de defensa de derechos humanos que realizan, promoviendo su valorización social y que cualquier diligencia en torno al caso del Rancho Izaguirre se lleve a cabo evitando su revictimización.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Encuentran dos osamentas en el ejido Netzahualcóyotl, Valle de Mexicali

La Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada de Baja California localizó dos osamentas en una fosa ubicada en un terreno agreste del ejido Netzahualcóyotl, en el Valle de Mexicali, este jueves 27 de marzo.

Gonzalo Moreno, integrante de la célula, difundió el hallazgo a través de redes sociales. Según informó, la localización de los restos se logró mediante un geo-rastreo con el uso de un dron.

Durante una transmisión en Facebook Live, explicaron que, tras aplicar la técnica de rastreo, obtuvieron cinco puntos de posible interés. Al excavar en la zona, fue en el tercer punto donde encontraron los restos humanos, por lo que notificaron a las autoridades competentes para acordonar el área.

Tras el hallazgo, se dio aviso a la Fiscalía General de Baja California, que continuará con las investigaciones correspondientes en el ejido Netzahualcóyotl, mientras que los restos fueron enviados al Servicio Médico Forense.

Cabe recordar que el pasado 16 de marzo, la misma célula de búsqueda encontró tres osamentas en la misma zona, sumando hasta el momento cinco restos humanos hallados en esta área del ejido.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ARATH CASTILLO.

La FGE obtiene vinculación a proceso contra exfiscal de Veracruz acusado de tortura

El pasado 22 de marzo, al salir del Centro Federal de Readaptación Social uno El Altiplano, en el Estado de México, Jorge Winckler fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz por el delito de tortura.


El exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, fue vinculado a proceso por el delito de tortura, dio a conocer esta mañana la Fiscalía General del Estado (FGE).
"La Fiscalía General del Estado informa que, a través de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, obtuvo vinculación a proceso en contra de Jorge 'N', exfiscal General del Estado de Veracruz, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura, en agravio de la víctima identificada con las iniciales G.A.G.", indicó la institución en X, antes Twitter.
En una audiencia que duró cerca de quince horas, el Juez Antonio Zarur Ahumada determinó vincular a proceso al exfiscal Jorge Winckler e implementar un año de prisión preventiva justificada. "El Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, ratificó la medida cautelar dentro del proceso penal 115/2025", explicó la Fiscalía.
El pasado 21 de marzo, elementos de la Policía Ministerial detuvieron a Jorge Winckler por su presunta responsabilidad en el delito de tortura. La Fiscalía informó que esa noche, los uniformados cumplimetaron una orden de aprehensión contra el exfuncionario, señalado por este delito en agravio de la víctima identificada con las iniciales G.A.G.

El veracruzano permanecía en la prisión de Pacho Viejo desde febrero de 2024, pero había obtenido un amparo para cambiar la medida cautelar a arraigo domiciliario como parte del proceso en su contra por el presunto delito de secuestro en agravio de Francisco Zárate, jefe de escoltas del también exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras.

Sin embargo, al salir del Centro Federal de Readaptación Social uno El Altiplano, en el Estado de México, fue detenido por La Fiscalía General del estado por el delito de tortura, el cual habría cometido contra el exdirector General de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, por lo que tendrá que permanecer dentro del penal de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Coatepec.

La presunta víctima de tortura fue detenida en abril de 2018 junto con otros exfuncionarios del Gobierno de Javier Duarte, acusado de su probable intervención en el ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos, localizados en 2016 en el lugar conocido como La Barranca de La Aurora, en el Municipio de Emiliano Zapata.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Pobladores de Guerrero retienen a militares: exigen escuelas, médicos, caminos...

Pobladores de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, Guerrero, retuvieron a militares en demanda de apoyos sociales, caminos, y la reapertura de escuelas y centros de salud.

Pobladores de al menos 66 comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, Guerrero, retuvieron este jueves a un grupo de militares en la comunidad de El Durazno, San Vicente, para exigir al Gobierno del estado la construcción de caminos, reapertura de centros de salud y escuelas, así como la entrega de programas sociales.

De acuerdo con El Sur de Acapulco, los pobladores llegaron desde las 10:00 horas a la cancha de la comunidad del Municipio de Heliodoro Castillo, donde se instalaron en un destacamento de soldados.

Los inconformes piden que se les incorpore al censo federal de damnificados por el huracán John, ocurrido en septiembre de 2024, y denunciaron que la Gobernadora Evelyn Salgado no les ha cumplido una serie de demandas a las que se había comprometido en minutas anteriores.


Los pobladores advirtieron que no liberarán a los militares hasta que se presenten las autoridades del Estado y el delegado federal de los Programas del Bienestar, Iván Hernández.

Esta no es la primera vez que pobladores de esta región retienen a militares, pues en lo que va de la administración de Evelyn Salgado han detenido momentáneamente a militares y a elementos de la Guardia Nacional en al menos cuatro ocasiones, como una forma de presión para que sean resueltas sus demandas.

Cabe destacar que el pasado 26 de septiembre de 2023, la Gobernadora del estado acudió a la localidad serrana Puerto del Gallo, en el Municipio Heliodoro Castillo, visita en la que firmó una minuta de acuerdos con los pobladores y autoridades de las comunidades.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

SSPC detiene a "El Guasón", expolicía y principal generador de violencia en Tabasco

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo este jueves a Francisco Javier "N", uno de los principales generadores de violencia en Tabasco.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Francisco Javier “N”, alias “Guasón”, a quien se le considera uno de los principales generadores de violencia en el estado, por asociación delictuosa.

“Aquí estamos para dialogar y construir”: colectivo propone a Sheinbaum parlamento abierto para atender crisis de desapariciones

Movimiento para Nuestros Desaparecidos en México destacó la necesidad de incluir las voces de las familias en la estrategia de la presidenta para atender el problema de las desapariciones. ¡Sin las familias no!, afirman.

El Movimiento para Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) señaló que la política pública debe construirse de la mano de las víctimas, por lo que propuso un parlamento abierto para abordar la estrategia anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender la crisis de desapariciones en el país.

El colectivo reconoció la apertura de la mandataria para atender el problema, pero destacó la necesidad de incluir las voces de las familias y que las propuestas para atender la agenda de desaparición se basen en el respeto a la ley, el impulso a políticas públicas y la consulta con diversos sectores.

“¡Sin las familias no!”

En un comunicado, el movimiento recordó que desde mayo de 2024 se hizo un llamado a Sheinbaum para reunirse con los colectivos. “Siempre hemos estado preparadas para dialogar y construir con las autoridades porque de eso también depende que encontremos a las personas que buscamos y amamos”.

“Coincidimos con las plataformas que se han expresado públicamente en semanas pasadas: ¡Sin las familias no!”.

“Exigimos la integración de las familias y colectivos a los diversos procesos de búsqueda, identificación, localización, restitución y planeación de políticas públicas es una necesidad imperiosa que fortalece la posibilidad de alcanzar resultados concretos. Somos nosotras, las familias, las que aprendimos a buscar cuando las autoridades no lo hacían, de nuestra experiencia han salido aprendizajes indispensables para pensar la búsqueda, la localización y la justicia que se expresa en diversos instrumentos”.

Asimismo, recalcaron que el parlamento abierto que proponen no sustituye la necesidad impostergable de un diálogo de alto nivel con el Poder Ejecutivo.

El Movimiento para Nuestros Desaparecidos en México planteó una agenda de cinco ejes: búsqueda y seguridad, identificación, datos y sistemas de información, bienestar y prevención.

“Aquí estamos para dialogar y construir juntas. Es el momento propicio para hacerlo”, finalizó.

Sheinbaum anuncia acciones para atender crisis de desapariciones

El pasado 17 de marzo, tras más de una semana del presunto “centro de exterminio” y de adiestramiento en Teuchitlán, Jalisco, la presidenta Sheinbaum anunció una serie de acciones para atender la crisis de desapariciones en México, entre ellas fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, equiparar el delito de desaparición al de secuestro y el envío de varias iniciativas de reforma al Congreso de la Unión, una de ellas para consolidar el Certificado Único de Registro de Población (CURP) como la fuente única de identidad de las personas que permita cruzarla con todos los registros administrativos.

“No habrá impunidad. Nunca ocultaremos nada. La verdad debe prevalecer siempre. En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas, nunca; desde el gobierno no se tolerará la construcción de verdades a medias o falsedades. Siempre estaremos con la verdad y con la justicia”, declaró tras su anuncio.

Sheinbaum aseguró que para el gobierno de México atender el problema de las
personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional.

Familiares y activistas consideraron que si bien es importante que la presidenta haya propuesto, por primera vez desde que comenzó su administración, acciones para atender el fenómeno de las desapariciones en México, la mayor parte se trata de mecanismos ya existentes cuya operación se adeuda desde el sexenio pasado.

Desde octubre, las familias de personas desaparecidas y madres buscadoras le enviaron una carta a la mandataria para concretar una reunión para abordar los casos y conocer sobre las políticas públicas de su gobierno para atender las desapariciones; sin embargo, el encuentro no se concretó y es hasta ahora, con el caso de Teuchitlán, cuando la presidenta anuncia una serie de acciones y reformas para atender el tema.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Norma Andrade lleva a México ante Corte Interamericana por feminicidio de su hija Lilia Alejandra, que lleva 24 años impune

Después de más de 20 años sin avances en la investigación del caso de Lilia Alejandra, México se enfrenta por segunda ocasión a la Corte Interamericana por un feminicidio. Norma Andrade, madre de la víctima, exige que se investigue al Estado mexicano por sus omisiones.

Después de 24 años buscando justicia para su hija Lilia Alejandra, ayer Norma Andrade sentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al Estado mexicano, que a más de dos décadas de la desaparición y feminicidio no ha avanzado en las investigaciones para castigar a los perpetradores.

Esta es la segunda vez que México llega a la CoIDH por un feminicidio. En ambas ocasiones, las autoridades han tenido que rendir cuentas ante el máximo tribunal de la región por asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez: en 2009 emitió la sentencia por el caso conocido como “Campo algodonero”, y ahora por el de Lilia Alejandra.

Al igual que las tres mujeres que formaron parte del caso Campo Algodonero, Lilia Alejandra desapareció y luego fue encontrada sin vida en el año 2001, en Ciudad Juárez. Presentaba signos de violencia sexual cometidos por varios sujetos, y la causa de muerte certificada por las autoridades fue por estrangulamiento; su cuerpo fue localizado aproximadamente a dos kilómetros de distancia de donde se hallaron a las otras víctimas que han llegado ante la Corte Interamericana.

Para Norma Andrade y el equipo de abogadas y abogados que la acompañan, este paso es una oportunidad para que se le dé la razón a las víctimas que al día de hoy esperan justicia, ya que no hay pruebas científicas que prueben que la única persona detenida por el feminicidio de Lilia Alejandra es culpable, y que se investigue al Estado mexicano por las omisiones y violaciones a derechos humanos que ha cometido en las diligencias relacionadas con el caso.

En esta primera audiencia, celebrada en la sede de la CoIDH ubicada en Costa Rica, “Norma Andrade estuvo presente como testigo de la representación legal de las víctimas, y habló sobre las omisiones que ha tenido el Estado en estos 24 años de búsqueda de justicia, sobre los dos atentados que ha sufrido y las más de 32 amenazas que se han documentado en su contra”, explicó Alan Piñón, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, que acompaña legalmente el caso.

Por su parte, el Estado mexicano expuso las acciones que ha emprendido para la investigación del feminicidio de Lilia Alejandra, aunque de acuerdo con Norma, las autoridades del país “solitas se pusieron la soga al cuello, porque corroboraron lo que yo he denunciado por tanto tiempo, y nunca nos habían dado el crédito”.

Líneas de investigación cerradas, amenazas y atentados, el calvario de Norma Andrade tras el feminicidio de su hija

Lilia Alejandra fue encontrada sin vida el 21 de febrero de 2001, siete días después de su desaparición. El día del amor y la amistad la joven de 17 años salió de casa a las seis de la mañana para dirigirse a su trabajo en una maquiladora; debía regresar por la noche tras un turno de 12 horas, sin embargo, sus padres y sus dos hijos, una niña y un niño, no volvieron a verla.

Desde ese momento, su madre Norma Andrade ha luchado durante 24 años y un mes para que se esclarezca el feminicidio de Ale, como dijo ante la Corte Interamericana que la llamaban de cariño, pero en el camino se ha encontrado con líneas de investigación cerradas, irregularidades, amenazas contra ella y los abogados y equipo que la acompañan, así como dos atentados.

La primera de las agresiones forzó a la madre de Lilia Alejandra a desplazarse de su ciudad natal, Ciudad Juárez, con sus dos nietos, Jade y José Caleb. Como medida de seguridad, el Estado de Chihuahua los trasladó a la capital del país, sin embargo, dos meses después fue víctima de un nuevo ataque.

Ante las y los jueces de la CoIDH, Norma relató el calvario que vivió por el caso su hija, el cual comenzó cuando intentó poner la denuncia por desaparición el 15 de febrero de 2001 ante la entonces procuraduría estatal: el agente que la atendió le dijo que necesitaban pasar de 48 a 72 horas y le sugirió buscarla con el papá de sus hijos.

Ante la negativa de la autoridad, la madre de Lilia buscó en comandancias, hospitales, con amistades, sin obtener resultados.

Al siguiente día intentó por segunda vez realizar la denuncia. Aunque aceptaron tomarla, en esta ocasión el agente no solo preguntó si ya había intentado localizarla con el padre de sus hijos, también le dijo que la joven de 17 años se habría ido de casa porque “ya no la aguantaba” y mencionó que solo había dos agentes para atender la gran cantidad de reportes de mujeres desaparecidas que tenían.

“El 16 nuevamente voy a tratar de poner la denuncia, pero el policía que me la toma, yo recuerdo que me dijo: ay señora, para qué se hace tonta, si su hija se fue porque ya no la aguantaba… ¿Ya la buscó con el papá de sus hijos? Tenemos más de 2 mil desaparecidas y nomás somos dos agentes para buscarlas”, detalló.

En ese momento, Norma entendió que las autoridades no iban a buscar a su hija, por lo que su familia y conocidos elaboraron un volante con el rostro de Ale y comenzaron a repartirlo por la ciudad y a los medios de comunicación.

Siete días después, la joven fue encontrada sin vida. “La necropsia de ley dice que Lilia Alejandra tenía entre 24 y 36 horas de haber sido asesinada”, señaló.

Añadió que durante ocho años se abrieron líneas de investigación por el caso a partir de denuncias anónimas. Norma dijo que una de esas llamadas fue de una persona que señaló como presunto implicado a un hombre que vivía cerca de su domicilio.

El sujeto habría sido buscado por varios años, pero nunca se concretó algo en su contra. Después, Norma Andrade se enteró que ese mismo hombre estaba detenido desde 1999, dos años antes de que Lilia Alejandra fuera asesinada.

“Lo que me molestaba es que se abrían las líneas y tardaban muchos años en procesarse. Entre 2007 y 2008, a impulso de mis abogados presentes, se empezaron a cerrar todas las líneas de investigación”, expresó.

Mencionó que en 2008 solicitaron un reprocesamiento de todas las evidencias que se tenían, lo que les permitió detectar otro perfil genético que procesaron en una base de datos de la Fiscalía de Chihuahua. El resultado coincidió con una muestra de un funcionario público, asesinado en febrero de 2010, identificado como Enrique Castañeda.

Los análisis que se realizaron en ese momento determinaron que no se trataba de Castañeda, pero sí de alguien de su familia paterna. Por ello, Andrade estaba segura que al acercarse a los hombres de esa familia podría encontrar al menos a uno de los agresores de su hija. 

“Este grupo, por ADN, se le vincula con cuatro casos… yo pensaba que con acercar a cualquiera de los varones de la familia Castañeda, yo podría dar con al menos uno de los agresores”. 

Tras realizar estas pruebas, Norma se percató que Lilia Alejandra no fue la única víctima de sus agresores y al menos tres chicas habrían sido asesinadas antes que su hija y una más después.

A raíz de ese descubrimiento, Norma dijo que comenzó a ejercer más presión por el caso, sin embargo, tuvo que detenerse porque sufrió un atentado afuera de su casa: el 2 de diciembre de 2011 un hombre se le acercó y le disparó en cinco ocasiones.

Ese hecho la obligó a salir de Chihuahua. Las autoridades estatales le rentaron una vivienda en la capital del país y le ofrecieron apoyo durante seis meses. No obstante, tuvo que firmar un documento en el que se comprometió a no compartir el motivo de su desplazamiento.

Solo dos meses habían transcurrido del primer ataque y se recuperaba de las heridas de bala cuando un sujeto la apuñaló en el cuello. Ese momento, relató, afectó a sus nietos, en especial a su nieta Jade, quien pensó que la Ciudad de México era más segura.

“Eso hizo que el miedo volviera. De hecho mi nieta Jade, cuando llegamos al hospital, golpea a un amigo y dice: me dijeron que esta ciudad era segura, que aquí no iba pasar nada. Lamentablemente volvió a suceder en el domicilio que el gobierno del estado de Chihuahua me había rentado”.

Al finalizar la declaración de Norma Andrade, en la que abordó también cómo las vidas de Caleb y Jade se han visto afectadas, la CoIDH llamó al testigo del Estado mexicano, Fernando Romero Pérez, agente del Ministerio Público de Ciudad Juárez, quien respondió con tropiezos a los cuestionamientos sobre el caso.

Entre sus argumentos mencionó que en el 2001 el estado de Chihuahua no tenía la tecnología suficiente para recoger las evidencias necesarias y tuvieron que aliarse con otros laboratorios. 

Mencionó también el presunto vínculo del asesinato de Lilia Alejandra con otros casos de adolescentes, lo que, según dijo, ha requerido tratar cada uno de manera individual.

“Estamos peor que cuando se dictó la sentencia de campo algodonero”

Luego de la audiencia, Alan Piñón destacó que esta segunda ocasión “en la que México vuelve a estar en el banquillo de los acusados” muestra que el contexto de desapariciones de niñas y mujeres está peor que cuando se dictó la sentencia por el caso Campo Algodonero, “pues entonces había entre cinco y seis muertes violentas de mujeres al día, y ahora tenemos cifras de hasta 10 u 11, es decir, que casi se han duplicado”.

“Esto refleja la serie de irregularidades y violaciones que el Estado comete, en general, en las investigaciones de muertes dolosas de niñas y mujeres, y que si bien ya existe la sentencia de Campo Algodonero, a la fecha estamos peor. Para nosotros como organización es sumamente importante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicte una sentencia condenatoria, y esperamos que así sea porque hay un reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado mexicano“, agregó el abogado.

Norma, quien en la búsqueda de justicia para su hija se ha convertido en activista que acompaña a otras madres de víctimas de feminicidio, se dijo satisfecha con lo ocurrido en la audiencia.

“Yo me sentía angustiada de fallar, porque las expectativas que mis dos nietos –hijos de Lilia Alejandra– tenían eran muy altas, pero en general nos fue bastante bien, porque me escucharon primero y luego corroboraron lo que dije cuando el Estado mexicano lo reconoció, y eso, por qué no decirlo, me tiene orgullosa”, señaló en entrevista.

Aunque apenas es el primer paso del juicio contra México por el caso de su hija, Andrade celebró lo ocurrido y envió un mensaje a las madres que, como ella, están buscando justicia: “No nos rindamos, hay que apoyarnos unas a otras, porque esto no es de liderazgos ni protagonismos, sino de unión para hacer un frente común contra el Estado, porque son las instituciones de justicia quienes nos están fallando. Sí se puede alcanzar la justicia, y lograrla nos da una esperanza”.

A las autoridades, les pidió “hacer una pausa, sentarse y reconocer lo que han hecho bien y lo que han hecho mal, porque si para empezar no reconocen lo que está mal hecho no le van a poner una solución, y es necesario que lo hagan. Es importante que ellos hagan ese tipo de evaluaciones para poder seguir adelante y construir el México que queremos todos”.

Acerca de las más de 600 acciones que el Estado mexicano expuso como prueba de que ha avanzado en las investigaciones del feminicidio de Lilia Alejandra, Norma indicó que le gustaría “que de veras se vieran reflejadas en resultados positivos, que sería un índice de desapariciones y asesinatos de mujeres a la baja”.

“¿Qué es lo que espero? Que se empiece a generar la política que se necesita a favor de los niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio; que se genere un mecanismo de protección para las madres buscadoras, para poder seguir buscando a nuestros seres queridos sin temor de que nos vayan a amenazar, a agredir, o incluso a algunas se les vaya a asesinar”, apuntó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO, ALEJANDRA GONZÁLEZ.

ONGs repudian sentencia de más de 100 años contra dos indígenas tseltales por desaparición forzada

Organizaciones, colectivos y firmantes individuales, aseguraron que el arresto de los hombres, “fue arbitrario, ya que nunca se les mostró la orden de aprehensión, además que fue realizado con lujo de violencia; se violaron completamente el debido proceso y sus derechos fundamentales".

Decenas de organizaciones y colectivos de derechos humanos de 14 países y más de 200 personas en lo individual rechazaron la condena de más de 110 años contra Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, dos indígenas tseltales, por la desaparición forzada, en julio de 2021, de 19 personas del municipio de Pantelhó, en el contexto de violencia entre el grupo de autodefensa El Machete y el grupo armado Los Herrera.

A 110 años de cárcel, la jueza Mitzi Guadalupe Flores Rocha, sentenció el pasado 4 de marzo a Cortés, catequista y candidato al diaconado permanente de la Diócesis de San Cristóbal, y a Mendoza, evangélico y carpintero

En un documento, difundido el miércoles, las ongs exigieron al Poder Judicial del estado de Chiapas revisar el caso, ya que consideran que la sentencia es “injusta, porque nunca cometieron el delito” y que se suma a las violaciones de derechos humanos padecidas durante su detención.

Además, señalaron que presentaron una queja ante el grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria-Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque la sentencia es indebida

Las organizaciones relatan que “desde el día 25 de julio, Pedro Cortés salió junto con su esposa de su comunidad Las Limas Chitamucum a San Cristóbal y después viajaron a Bochil; el 26 partieron a Simojovel donde estuvieron todo el día para llegar a su comunidad por la tarde. Diego Mendoza, por su parte, estuvo todo el día 26 en su domicilio terminando un trabajo de carpintería que le habían pedido”. 

Fue el 26 de julio de 2021 cuando 19 hombres fueron desaparecidos forzadamente en Pantelhó, “en un contexto de violencia y enfrentamiento entre el grupo de autodefensas El Machete y el grupo de Los Herrera”. 

A principios de agosto del 2021, añadieron, fue conformando un concejo municipal provisional que empezó a funcionar oficialmente el 18 de diciembre. “Fue hasta entonces que Pedro Cortés (presidente del concejo municipal) y Diego Mendoza (regidor) se conocieron”. Ambos, todavía en funciones, fueron detenidos en junio de 2022 en Tuxtla Gutiérrez, acusados de la desaparición de los 19 pobladores de Pantelhó. 

En el caso también estaba imputado el sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez, asesinado a balazos en octubre pasado, cuando salía de un templo en San Cristóbal de las Casas. 

Las 67 organizaciones y colectivos, así como las 236 personas que firmaron el documento, aseguraron que el arresto de Pedro Cortés y Diego Mendoza, “fue arbitrario, ya que nunca se les mostró la orden de aprehensión, además que fue realizado con lujo de violencia; se violaron completamente el debido proceso y sus derechos fundamentales”. 

También “fueron despojados de sus pertenencias, se les obligó a firmar unos papeles desconociendo su contenido; se les violó el derecho fundamental a contar con un intérprete por ser miembros del pueblo indígena tseltal”. 

El juicio al que han sido sometidos, afirman, “ha estado plagado de irregularidades, empezando porque la jueza designada para el caso: Mitzi Guadalupe Flores Rocha, quien destituyó a la defensa particular por parte de la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (CLIFODH), e impuso al defensor de oficio que estuvo hasta el final del juicio, auxiliado por otro abogado que ella también impuso”. 

La Misión Jesuita de Bachajón, a la que pertenece la comunidad en la que viven las familias de Diego y de Pedro, defienden su inocencia por conocer su recta y honorable trayectoria de vida al servicio de la paz en sus comunidades.  

“Don Pedro, de manera especial, ha sido un incansable reconciliador en su comunidad, promotor de derechos humanos, autoridad moral, buscando desde el diálogo, la ley y la no violencia resolver los distintos conflictos que se le han presentado. Es catequista y candidato al diaconado permanente”. 

En el texto, las organizaciones señalan que como parte del mismo expediente se le dictó orden de aprehensión al padre Marcelo y aunque “no se liberó, no se suprimió (…) existen pruebas testificales que corroboran la imposibilidad de que tanto Diego como Pedro, así como el padre Marcelo pudieran haber participado en la desaparición de estas 19 personas”. 

Para las ongs, el procesamiento violatorio de los derechos humanos de Pedro y Diego es un ejemplo más de la violencia que sufre el pueblo de Panthelhó, en donde más de 200 campesinos, hombres y mujeres, han sido ultimados/as en los últimos 20 años, según el testimonio de los pobladores del municipio. 

Los firmantes piden al gobierno federal y estatal que pongan las medidas necesarias para que el asesinato de Marcelo Pérez no quede impune. 

Manifestaron que el caso de Cortés y Mendoza “son ejemplo de la violencia institucional y de la vulneración de derechos humanos que sufren personas indígenas en Chiapas. Sabemos que, lamentablemente, este caso no es una excepción y que existe un patrón de construcción de delitos falsos que condenan a personas, en su mayoría indígenas, pese a ser inocentes”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Congreso de Chiapas aprueba "Ley Monzón"; feminicidas perderán patria potestad de sus hijos

La “Ley Monzón”, señala que los padres sentenciados por el delito o tentativa de feminicidio perderán en automático la patria potestad, tutela y derecho de convivencia.

El Congreso de Chiapas, en sesión extraordinaria, aprobó dos iniciativas para tipificar y castigar diversos tipos de violencia contra las mujeres, respondiendo con ello a demandas de colectivas feministas que buscan evitar la revictimización de las mujeres afectadas por la violencia de género.