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Destituyen de su cargo al priista Manuel Cavazos por declaración misógina contra media hermana de Cuauhtémoc Blanco

El exgobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos, dio una conferencia de prensa en la que declaró que la media hermana de Blanco "no está muy violable".

El exgobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, fue destituido del cargo de secretario de operación política del PRI nacional, tras hacer comentarios denigrantes sobre las mujeres y en particular contra Nidia Fabiola, media hermana de Cuauhtémoc Blanco, quien denunció al exfutbolista por violación en grado de tentativa.

Al intentar defender el voto de Morena en la Cámara de Diputados para evitar el desafuero del exgobernador de Morelos, Manuel Cavazos dio una conferencia de prensa en la que declaró que la media hermana de Blanco “no está muy violable”.

“A Cuauhtémoc ya lo juzgaron, ya lo fusilaron, ya lo colgaron, ya es culpable. Sí, pero en un país democrático todos son inocentes hasta que les prueben lo contrario. Entonces, a Cuauhtémoc primero tienen que probarle pues que intentó violar a la hermana, que no está muy violable que digamos, ¿verdad?”, declaró Cavazos Lerma.

PRI remueve de su cargo a Manuel Cavazos

Luego de que dicho comentario provocara enojo e indignación y se viralizara, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, publicó en sus redes sociales que las declaraciones que realizó el exgobernador “son inaceptables y no representan los valores del PRI”.

Dijo que en el partido respaldan “con firmeza a las mujeres y que el respeto no es opcional, “es un principio fundamental para ejercer el servicio público”.

“He tomado la decisión de removerlo de su responsabilidad al interior del partido. Esta determinación responde al compromiso que tenemos con una política responsable, respetuosa y a la altura del pueblo de México”, sostuvo.

El líder del partido tricolor nombró a Alejandra Andrade como nueva titular de la Secretaría de Operación Política del CEN del PRI, quien se desempechaba como subsecretaria de organización de ese órgano.

La definió como una “joven talentosa, con trayectoria, capacidad y firme compromiso”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Es ridículo e irrazonable”: ministra Loretta Ortiz impugna acuerdo del INE que restringe difusión de elección judicial

La ministra consideró que la restricción del INE es irrazonable ya que los propios Poderes de la Unión han participado activamente en las etapas previas al proceso.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz, impugnó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringe al Poder Ejecutivo y Legislativo participar en la difusión de la elección judicial.

La juzgadora, quien aspira a mantener su cargo en la Corte, consideró que se trata de un proceso electoral histórico y extraordinario al que se debe dar difusión amplia, robusta y plural, por lo que se justifica que las instituciones públicas contribuyan en ello.

“Por tratarse de un mecanismo de elección nunca antes implementado para la renovación del Poder Judicial resulta contraproducente y hasta ridículo que su difusión quede limitada exclusivamente al INE”, aseguró.

“El conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar tanto el derecho a ser votadas de las personas quienes ostentamos una candidatura, como el derecho al voto informado de la ciudadanía”, afirmó.

“Restricción del INE es irrazonable”: Loretta Ortiz

Asimismo, la ministra consideró que la restricción del INE es irrazonable ya que los propios Poderes de la Unión han participado activamente en las etapas previas a este proceso y han postulados candidatas y candidatos para los diversos cargos a elegir.

Loretta Ortiz advirtió que esta restricción generaría, además, situaciones jurídicamente inaceptables como impedir que las universidades públicas, en ejercicio de su autonomía y función académica, realicen foros informativos neutros sobre el proceso electoral judicial y las candidaturas o que las propias instituciones judiciales federales y locales informen a la ciudadanía sobre la importancia de su participación en la elección.

“Están privando a la ciudadanía de fuentes confiables, que les hablen sobre la estructura de las boletas, los criterios de votación, sobre las fechas clave del proceso y sobre todo de las funciones de los cargos judiciales sujetos a elección”, denunció.

Por ello, la ministra consideró que la Sala Superior debe proteger los derechos de las personas electoras y candidatas y, en consecuencia, revocar el acuerdo del INE.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que también impugnará el acuerdo del INE que  prohíbe a personas servidoras públicas, instituciones y autoridades hacer uso de recursos públicos para promover el voto o la participación ciudadana en la elección al Poder Judicial.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Investigan publicación que acusa a 17 periodistas en Chiapas de presunto nexo con crimen organizado

Los periodistas interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado tras las acusaciones y solicitaron protección a la Fiscalía General de la República.

Diecisiete periodistas de Tapachula, varios de ellos corresponsales nacionales, que cubren el fenómeno migratorio de la frontera sur, así como la violencia que azota la región, fueron expuestos con sus nombres y fotografías en la página de Facebook “Noticias Chiapas al rojo”, señalándolos de tener nexos con bandas del crimen organizado. 

Los reporteros, entre los que se encuentran también conductores de noticias de radio y fotoperiodistas, se les señaló de tener vínculos con Horacio “N”, un sujeto apodado “El Botanas” líder de una célula criminal de la zona.

Edgar Hernández, corresponsal de La Jornada, y Pedro Gerardo López, corresponsal de TV Azteca, ambos con una larga trayectoria de periodismo profesional, de inmediato, a través de sus redes sociales rechazaron los señalamientos, y exigieron a las autoridades una investigación a fondo, “real, clara y contundente”, ya que sus vidas se encuentran riesgo, así como las de sus familias.

Los 17 periodistas, 16 hombres y una mujer, interpusieron el mismo viernes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, y este lunes 31 de marzo acudieron a la subdelegación en Tapachula de la Fiscalía General de la República (FGR) a solicitar protección. 

Un día después de la publicación que aún permanece activa en Facebook, la Fiscalía General de Chiapas informó que inició una investigación formal por la sobreexposición a fuentes abiertas de 17 periodistas, debido a que fueron vinculados “injustificadamente con el crimen organizado” en el municipio de Tapachula. 

La dependencia dio a conocer que estableció coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, para que a través de la policía cibernética se realice una investigación tecnológica y científica que permita esclarecer los hechos y fincar las responsabilidades penales. 
“Se han dictado las medidas de protección necesarias atendiendo al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, las cuales deben ser proporcionales al nivel de riesgo que presenten las víctimas con motivo de la publicación”.
Organizaciones que documentan la violencia contra la prensa urgen acciones de protección

Organizaciones como el Foro de Periodistas de Chiapas, la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Chiapas y Frontline Freelance México, alzaron la voz frente a la campaña de difamación que pone en riesgo a los periodistas de Tapachula, señalando que ejercer el periodismo en Chiapas ya es difícil y hacerlo como mujer más. 

“Sabemos que este tipo de señalamientos en un contexto atravesado por la violencia estructural y la presencia del crimen organizado, no son menores; son formas de violencia que ponen en riesgo la vida. Y en Chiapas, donde ejercer el periodismo ya implica un alto costo, estos ataques buscan sembrar miedo, silenciar voces y debilitar los vínculos comunitarios que sostienen nuestro trabajo”, dijo en un comunicado la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras.

Frontline Freelance México, se sumó a las exigencias de otras organizaciones defensoras de la liberta de prensa y destacó que “este tipo de publicaciones, que tienen una clara intención desprestigiar y generar miedo, constituyen una forma de violencia contra la prensa. La estigmatización pública de periodistas que cubren temas sensibles como derechos humanos, seguridad y migración en contextos ya de por sí complejos, puede tener consecuencias graves y poner en riesgo la integridad y vida de quienes ejercen su labor con compromiso y profesionalismo”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

EU cancela visas a Los Alegres del Barranco por “homenaje” a líder del CJNG

La banda sinaloense proyectó imágenes de Nemesio Oseguera “El Mencho” durante un concierto el sábado en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

El gobierno de Estados Unidos canceló las visas a los integrantes de la banda sinaloense Los Alegres del Barranco, que el sábado pasado dio un concierto en el Auditorio Telmex de Zapopan en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La viralización de videos del concierto desató polémica y provocó condenas tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum como del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, así como sanciones al recinto en el que se llevó a cabo la presentación.

La información sobre el retiro de las visas a los integrantes de la agrupación de música regional mexicana provino inicialmente de la influencer Jacqueline Martinez, quien desde su cuenta de Instagram chamonic3 aseguró que a “Los Alegres Del Barranco se les fue cancelada su visa de trabajo y de turistas por haber hecho apología del delito al cantar un corrido para varios narc@s y por pasar videos y fotografías de ellos en su concierto en el Auditorio Telmex de Guadalajara”.


Posteriormente, el diario El Universal aseguró que la información le fue confirmada por el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

La revocación de las visas fue por “promover un grupo denominado como terrorista en Estados Unidos”, indicó el portal del diario.

El CJNG fue designado recientemente por el gobierno de Donald Trump como organización terrorista.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

De TikTok a cursos de 45 mil pesos: el negocio detrás de las campañas judiciales

Al menos tres instituciones, dos manejadas por excolaboradores de Arturo Zaldívar, enseñan a aspirantes a un puesto en el Poder Judicial a difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la impartición de justicia.

Ante la próxima elección judicial que se realizará en todo el país han surgido por lo menos tres instituciones que ofrecen cursos para que los candidatos hagan campañas políticas; dos de ellas están integradas por excolaboradores del ministro en retiro, Arturo Zaldívar.

La reforma judicial prohíbe a los candidatos hacer campaña de manera “tradicional”, por lo que tampoco prevé la asignación de gastos de campaña, como ocurre con las elecciones para otros cargos.

“Las personas candidatas tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria, conforme a la distribución del tiempo que señale la ley y determine el Instituto Nacional Electoral. Podrán, además, participar en foros de debate organizados por el propio instituto o en aquellos brindados gratuitamente por el sector público, privado o social en condiciones de equidad”, señala el artículo 96 constitucional.

“Para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos”.


En tanto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que durante las campañas, que se iniciaron el 30 de marzo, los candidatos podrán difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia.

“Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución”, indica el artículo 506 de la Ley.

En cambio, el artículo 509 establece que los candidatos podrán hacer uso de redes sociales o medios digitales para promocionar sus candidaturas, siempre y cuando no paguen para potenciar o amplificar sus contenidos.

Promoción en medios

Ante ello, surgieron organizaciones como el Centro de Capacitación del Nuevo Poder Judicial conformado por investigadores, juzgadores, políticos y estudiantes que, según su página de internet, buscan “capacitar a los aspirantes interesados en formar parte del nuevo Poder Judicial, a través de la promoción y difusión de conocimientos de alto impacto”.

El proyecto está encabezado por Xiuh Tenorio, exdiputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuya carrera política la inició bailando en el video promocional del Partido Nueva Alianza (Panal), ligado a Elba Esther Gordillo, para la elección del año 2006; posteriormente se adhirió a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que en 2015 lo presentó como candidato a jefe delegacional de Benito Juárez y al no obtener el triunfo terminó como suplente del senador Mario Martín Delgado por el PRD.

Entre sus docentes tiene al exdirector de comunicación social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), César Castillejos, quien ocupó dicho cargo durante la presidencia de Zaldívar, quien actualmente es coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República.

Javier Bautista, exdirector general en la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México durante la administración de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, actual mandataria federal.

La comunicación del Centro de Capacitación está a cargo de Aurora Vega, exdirectora de información de la Corte durante la presidencia de Zaldívar.

El centro ofrece cursos como el de “Ejecución de campañas exitosas para personas juzgadoras” y “Entender la elección del Nuevo Poder Judicial y las Reglas para participar como candidato a Persona Juzgadora”, creados por Benjamín Hill y Marcos Perafán, quienes además son docentes.

Ambos son en línea con una duración de seis horas divididas en cuatro sesiones por día y con un costo de 5 mil pesos más IVA.

Otro sobre “Branding personal e imagen pública”, creado por Amanda Pérez y Hebe Santinelli, también en línea, pero con un costo de 10 mil 500 pesos más IVA.

El tiktoker de Zaldívar

El Colegio Comprender también hizo lo propio y creó el curso “Manejo de redes sociales para campañas”, en el que ofrece a los aspirantes recibir capacitación con Cristian Magazo, influencer que se encargó de hacer crecer la cuenta de TikTok del ministro en retiro Arturo Zaldívar en el año 2022.

Magazo, cuyo nombre real es Cristian Edgar Guerrero Flores, fue contratado por Zaldívar el 1 de agosto de 2022, lo que implicó un costo para la Corte de 93 mil 522 pesos mensuales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios.

Durante los últimos cinco meses de la presidencia de Zaldívar en la Corte, el influencer estuvo contratado bajo esta modalidad, por lo que habría recibido 467 mil 610 pesos.

Al término de su presidencia en la Corte, Zaldívar decidió darle una plaza en su ponencia en la Primera Sala como asistente de gestión y seguimiento, puesto en el que ganaba 36 mil 117.8 pesos mensuales libres de impuestos, apenas el 38% de lo que ganó cuando el ministro en retiro encabezaba en el Poder Judicial.

Esto, pese a que no contaba con título profesional ni experiencia para ocupar dicho cargo.

Después de darse a conocer la contratación de Magazo en la Corte, el influencer renunció al considerar que él y la institución “tomaron rumbos diferentes”, según dio a conocer en una transmisión en vivo en TikTok en la que inicialmente dijo que se trató de un despido y minutos después corrigió para afirmar que fue una decisión tomada por él mismo.

Desde entonces fue contratado por el Colegio Comprender, institución para la que hace los videos promocionales para redes sociales.

Por ello, en su curso el colegio incluye a los candidatos una sesión de iniciación con Magazo; la grabación de un video para TikTok en colaboración con el influencer; la creación de un branding básico personalizado por candidato y cinco horas de asesoría individual por llamada, videollamada o presencial para elaborar videos.

El paquete ofrecido por el colegio tiene un costo de 18 mil pesos que deberán ser pagados en una sola exhibición y tiene una duración de 75 días a partir del 16 de marzo.

Aunque la oferta es capacitar a los candidatos, el programa del curso del Colegio Comprender incluye actividades propias de una agencia publicitaria, como la entrega de un informe semanal sobre las tendencias de TikTok e Instagram, propuestas de contenido con sugerencias específicas para la creación de videos y la administración de contenido en ambas redes sociales para asegurar “una estrategia optimizada para potenciar su alcance y engagement”.

“La persona candidata tendrá derecho a cinco fotografías profesionales con dos cambios de vestuario. Para la sesión deberá asistir a las instalaciones designadas”, señala el promocional del curso al que Proceso tuvo acceso.

“Cada persona candidata tendrá derecho a la edición de ocho videos, uno por semana, ajustados a su estilo y necesidades”.

La oferta más cara

Finalmente, el Instituto Artes y Oficios para la Comunicación Estratégica lanzó la plataforma quisierasertujuez.com en el que incluye un manual de campaña para candidatos a juzgadores, que es descargable y gratuito.

Sin embargo, también ofrece talleres y asesorías online con costo como el denominado “Quisiera ser tu juez”, de 7 mil 500 pesos con una duración de cinco horas, para desarrollar una campaña electoral con módulos sobre redes sociales, identidad gráfica, discurso y uso de inteligencia artificial.

Así como el “Taller de Planeación Estratégica” para diseñar una estrategia de campaña con herramientas digitales y plantillas y en el que pueden participar hasta cinco personas del mismo equipo con una duración de cuatro horas por un costo de 45 mil pesos.

También ofrece una “Consultoría de entrenamiento de medios” para que el interesado mejore su desempeño ante medios y públicos, aprenda técnicas de discurso, entrevistas y manejo de situaciones en directo con simulaciones prácticas y retroalimentación en tiempo real durante dos horas por un costo de 17 mil 400 pesos.

Así como una “Consultoría de narrativa oratoria y discurso” para que los candidatos desarrollen sus discursos y creen una narrativa convincente para la campaña con prácticas de oratoria y storytelling con una duración de cuatro horas por 45 mil pesos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Sheinbaum aclara: No firmó acuerdo para compartir biométricos ni 'blindar' frontera sur

La presidenta reaccionó a las declaraciones de Noem, quien desveló este lunes que en la reunión del viernes le pidió reforzar la frontera con Guatemala y compartir datos biométricos de migrantes y viajeros con las autoridades estadounidenses.

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este martes que no firmó un acuerdo para compartir datos biométricos con Estados Unidos ni prometió “blindar” con militares la frontera con Guatemala y Belice durante su reunión con Kristi Noem, la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, el pasado viernes en la capital mexicana.

Aunque Noem afirmó el lunes a Fox News que dio a Sheinbaum “una lista de cosas que al presidente (Donald) Trump le encantaría ver”, la mandataria aseguró que solo firmó la renovación de un memorándum de entendimiento, acordado en julio de 2022, para compartir información entre las agencias de aduanas de ambos países.

“En el caso de datos biométricos, yo le explicaba a la secretaria que en el caso de México no tenemos una identidad de datos biométricos y que, en todo caso, eso tendría que ser parte de una mesa de trabajo, entonces el segundo acuerdo no se firmó”, expuso la gobernante mexicana en su conferencia matutina.

La presidenta reaccionó a las declaraciones de Noem, quien desveló este lunes que en la reunión del viernes le pidió reforzar la frontera con Guatemala y compartir datos biométricos de migrantes y viajeros con las autoridades estadounidenses.

La secretaria señaló también la necesidad de escanear los envíos que llegan a Estados Unidos por vía aérea y verificar con México antecedentes penales.

Ante estas declaraciones, Sheinbaum sostuvo que ella argumentó “que la mejor manera, no de blindar, sino de atender la migración en la frontera sur es hacer un polo de desarrollo entre Guatemala y México”.

La mandataria, quien busca construir dos centros industriales en Tapachula, la mayor ciudad de la frontera sur, y extender el Tren Interocéanico hasta Guatemala, consideró que “esa sería la mejor forma, mejor eso a tener soldados en toda la frontera sur”.
De todas maneras nosotros trabajamos en el rescate humanitario de migrantes en todo el territorio nacional y le explicamos esta política que venimos desarrollando desde hace tiempo, que además de evitar que lleguen las personas al norte, que sean atendidas en nuestro territorio.
El diálogo ocurre en vísperas de las nuevas medidas comerciales de Trump, quien ha amenazado con imponer aranceles del 25% a todos los productos de México y Canadá si no se reduce el tráfico de fentanilo y migrantes que entra a Estados Unidos.

“Hay que repetirlo siempre porque no se puede olvidar, que nosotros nos coordinamos pero no nos subordinamos, que colaboramos, y también que la presidenta le responde a una sola autoridad y esa se llama: el pueblo de México“, reafirmó Sheinbaum ahora.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Juez aplaza la audiencia de "El Mayo" en EU; defensa y Fiscalía entran en negociación

Ante la amenaza de que la Fiscalía podría solicitar la pena de muerte para el narcotraficante, "El Mayo" Zambada abrió la posibilidad de declararse culpable para evitarla.

El Juez Brian Cogan aceptó este martes la petición de la Fiscalía de Nueva York y la defensa de Ismael "El Mayo" Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, para posponer la próxima audiencia del capo hasta el 16 de junio, mientras siguen las negociaciones para un posible acuerdo de culpabilidad.

“Las partes han intercambiado ciertos materiales de descubrimiento y han continuado discutiendo la posibilidad de una resolución antes del juicio”, dice el documento de la moción presentado en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York,
Cogan, también fue el Juez en el juicio a Joaquín "El Chapo" Guzmán y de Genaro García Luna, concedió que la audiencia de “El Mayo”, programada para el 22 de abril, a las 9:30 horas, se aplace hasta el 16 de junio o "hasta una fecha posterior conveniente para el Tribunal". Ambas partes argumentaron que “comparten ahora un conflicto de agenda".

Tras la detención el año pasado del capo, la Fiscalía mantenía sobre la mesa la posibilidad de que Zambada enfrente la pena capital, por lo que, según declaraciones de la defensa de Zambada, el imputado abrió la posibilidad de declararse culpable y evitarla. "El Mayo" enfrenta acusaciones en Estados Unidos (EU) por 17 delitos, entre los que se encuentran asesinato, narcotráfico y lavado de dinero.


El 21 de febrero, Zambada advirtió en una carta pública al Gobierno Federal mexicano, que su situación representa un precedente peligroso, pues, según él, funcionarios y ciudadanos mexicanos podrían ser secuestrados en cualquier momento y enviados a EU sin un proceso legal. También solicitó ser extraditado a México.

Asimismo, el narcotraficante aseguró que en julio de 2024 fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán, y trasladado forzosamente a Texas, donde fue entregado a las autoridades estadounidenses.

Sobre dicha petición, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que, como cualquier mexicano que tenga un proceso judicial en otro país, "El Mayo" recibirá el apoyo consular que requiera, pero enfatizó que su Gobierno no acepta chantajes. “Ni caemos en chantajes ni caemos en amenazas. Cumplimos con nuestra responsabilidad, con la Constitución y con las leyes. Frente a una situación como esta, ¿a dónde va uno? Pues al derecho de cualquier mexicano, cualquiera que éste sea, y lo que dice la Constitución y lo que dice la Ley, porque juramos respetarla", indicó el 24 de febrero.

El criminal se encuentra encerrado en el Centro Correccional Metropolitano (MCC, en inglés) de Brooklyn, donde también permanecía Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Yunes Márquez se dobla ante el rechazo y retira su solicitud de afiliación a Morena

El Senador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, explicó los motivos que lo hicieron retirar su solicitud para incorporarse al partido de Morena.

El Senador Miguel Ángel Yunes Márquez anunció este martes el retiro de su solicitud para incorporarse a la bancada de Morena, debido a que no quiere provocar un debate interno con su afiliación.

“Estoy convencido que en los momentos cruciales que vive México, todos debemos sumar nuestras voluntades para enfrentar unidos los retos, que son enormes. En ese ánimo, y enterado de algunas voces que no están de acuerdo con mi afiliación, he tomado (la decisión de) retirar mi solicitud de afiliación a Morena", se lee en el documento que compartió vía Facebook.

Por medio de una carta que envió a la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján, el expanista explicó que ante el rechazo de algunos morenistas a su incorporación al movimiento, prefiere desistir y mantenerse como integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado y desde ahí seguir apoyando a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.


“Al solicitar mi registro en Morena, expuse con claridad que era consecuencia lógica de mi apoyo a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y de mi participación en el Grupo Parlamentario del Movimiento en el Senado. [...] El objetivo fue aportar, no provocar debate interno, ni mucho menos división", agregó.

El pasado 18 de febrero, Miguel Ángel Yunes Márquez, exintegrante del Partido Acción Nacional (PAN), se afilió a Morena luego de votar a favor de la Reforma Judicial y ser expulsado del partido blanquiazul.

La afiliación de Yunes provocó un rechazo generalizado entre los integrantes del partido guinda, quienes no dudaron en criticar su decisión, como fue el caso de Rocío Nahle García, Gobernadora de Veracruz. En entrevista con Los Periodistas, la mandataria local señaló que el legislador no representa "los postulados del Movimiento de Regeneración Nacional", por lo que hizo un llamado a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena para no acreditar la membresía del exsenador del Partido Acción Nacional (PAN).

"Pido a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que NO acrediten la membresía como integrante de Morena a Miguel Ángel Yunes Márquez, por no representar ni contar con los postulados del movimiento de regeneración. ¡¡Los militantes de Veracruz merecen respeto!!", indicó Nahle en febrero, y añadió que enviaría un escrito a la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, con pruebas sobre delitos en lo que estaría involucrado el expanista.
En aquella ocasión, el posicionamiento de la mandataria estatal fue apoyado por los militantes de Morena Veracruz y Salomón Jara Cruz, Gobernador de Oaxaca, quienes igualmente solicitaron a la CNHJ de Morena que analizara el caso.

A raíz de la controversia, el Senador Yunes Márquez respondió a las críticas al destacar que su incorporación "es una consecuencia natural de su participación en el grupo parlamentario de Morena" desde septiembre del año pasado. Incluso subrayó en su pasada declaración que ha respaldado todas las reformas constitucionales impulsadas por Morena y consideró injusta la reacción que provocó su afiliación.

"No sé cuáles sean los procedimientos, pero esperaré cualquier decisión. Yo estoy tranquilo, no me afilié por molestar, ni por generar conflictos con nadie, ni para generar problemas en el partido. Lo hice en congruencia", manifestó en febrero de 2025.


Yunes Márquez aseguró en dicha declaración que no busca provocar problemas internos en Morena ni disputar espacios a nadie e insistió que es un acto de congruencia debido a su respaldo al proyecto de Claudia Sheinbaum y su participación activa.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Un taxista es asesinado a balazos en Acapulco; suman cuatro en los últimos cinco días

Un nuevo acto de violencia se registró en Acapulco, donde un taxista fue asesinado a balazos. Con este hecho, suman cuatro conductores de taxi los que han perdido la vida en el puerto guerrerense a causa de un ataque armado en los últimos cinco días.

Un taxista fue asesinado este lunes a balazos en el centro de la ciudad, a un costado de la tienda Coppel Bahía, de acuerdo con reportes ministeriales.

En los últimos cinco días suman cuatro taxistas asesinados en Acapulco.

El crimen de este lunes fue reportado a las 10 de la mañana en el sitio de taxis de la calle Aquiles Serdán.

La ruta del sitio va del centro de la ciudad a la Base Naval, en la avenida Costera.

Testigos dijeron a la policía que un hombre armado que iba caminando le disparó al taxista, un adulto mayor, y luego huyó en un taxi colectivo.

El cuerpo del chofer quedó tendido entre la banqueta y la vialidad, en una zona muy concurrida.

El pasado 27 de marzo tres taxistas fueron asesinados a balazos en Acapulco; uno en un taller de mofles en la avenida Constituyentes, otro en la colonia Progreso y uno más en la avenida Cuauhtémoc, a un costado de la Clínica 9 del Seguro Social.

Anteriormente, el 22 de marzo, en un ataque a tiros, una mujer fue asesinada y un taxista quedó herido en la colonia Juan R. Escudero.

FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN.

Teuchitlán: Dan prisión preventiva a diez detenidos en Rancho Izaguirre por desaparición

La imputación por desaparición está relacionada con el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán.

Un juez imputó a diez personas por el delito de desaparición cometida por particulares, tras ser identificadas por una víctima en hechos distintos a los de su detención, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

La imputación por desaparición está relacionada con el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán.

“Tras exhaustivas investigaciones de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, este lunes 31 de marzo diez personas fueron imputadas”, señaló la institución en un comunicado.

Los acusados fueron detenidos el 18 de septiembre de 2024 en el Rancho Izaguirre, pero continúan siendo señalados por otros hechos y víctimas.

El año pasado, las 10 personas detenidas participaron en un enfrentamiento armado contra elementos de la Guardia Nacional; en el lugar fueron rescatadas dos personas y se localizó un cadáver envuelto en plástico.

Los imputados son Kevin N, Erick N, David N, Gustavo N, Christopher N, Juan Manuel N, Óscar Iván N, Luis Alberto N, Ricardo Augusto N y Armando N. “Lo que dio paso a un nuevo proceso penal en su contra”, indicó la Fiscalía.

Estas 10 personas ya habían sido vinculadas a proceso por los presuntos delitos de desaparición cometida por particulares, homicidio calificado, tentativa de homicidio y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

El juez impuso prisión preventiva oficiosa hasta la audiencia de vinculación a proceso, que se realizará en los próximos días.

Mientras tanto, la Fiscalía estatal aseguró que seguirá “enfocada en el avance del caso para que se procure la justicia”.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Titular de la UIF pide que Gómez Mont y Álvarez Puga sean extraditados desde EU a MX

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)-, pidió, el 1 de abril de 2025, que la conductora de televisión Inés Gómez Mont y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fueran extraditados a México, ya que, según él, se detectaron irregularidades y corrupción en el descongelamiento de sus cuentas bancarias, además de que ambos estaban acusados de fraude y deberían de enfrentar la justicia.

“Gómez Mont está acusado de serie de fraudes y su compañero, Álvarez Puga en el sistema de prisiones. Se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero en ese lugar, de tal manera que la justicia empezó a perseguirlos, porque las cosas cambiaron y se fueron a vivir a Estados Unidos. Han podido eludir la extradición de Estados Unidos a México hasta este momento. Esperamos que las cosas cambien y que sean extraditados, y tengan que enfrentar su responsabilidad ante los tribunales mexicanos”, dijo el funcionario federal.

Asimismo, el titular de la UIF confirmó que dicha institución quitó, a principios de marzo de 2025, a la conductora de televisión Gómez Mont y a su esposo, Álvarez Puga, de su lista de personas bloqueadas por sospechas de lavado de dinero, a la cual fueron incorporados en mayo de 2023.

Según registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), citados por el diario Reforma -el 26 de marzo de 2025-, la UIF cumplió hasta la primera semana de marzo de 2025, el amparo que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió a Gómez Mont y Álvarez Puga, desde el 27 de junio de 2024.

“En este momento pueden hacer operaciones libremente en el Sistema Financiero”, precisó el funcionario federal, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Además, Gómez Mont dio a conocer que el Ministerio Público de la Federación (MPF) contaba con orden de aprehensión en contra de ambas personas y precisó que el bloqueo de cuentas bancarias era una acción cotidiana en la UIF.

Aunado a lo anterior, el titular de la UIF informó que, por orden del Poder Judicial de la Federación (PJF), la pareja señalada por delitos como lavado de dinero y fraude desde 2021, fue eliminada de la lista de personas bloqueadas para usar el sistema financiero sin restricciones, pese a que el MPF mantenía órdenes de aprehensión en su contra.

Los recursos supuestamente lavados por Gómez Mont y Álvarez Puga derivaron de contratos adjudicados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que controla las cárceles federales, lo que motivó una denuncia de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), en abril de 2021.

La pareja estaba en calidad de prófuga, ya que desde septiembre de 2021 contaban con una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, derivada de una acusación de 2017, por un fraude fiscal de 13 millones de pesos, mismo que ya fue pagado por la conductora de televisión.

“El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la sentencia del 29 de noviembre de 2023 emitida por la jueza Décima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que otorgó, había otorgado, amparo a la conductora Inés Gómez Mont Arena y a Víctor Manuel Álvarez Puga para que se les eliminara a ambos de la lista de personas bloqueadas”, explicó Gómez Álvarez.

“En consecuencia, el 4 de marzo de este año, en acatamiento de lo ordenado por la jueza de distrito, la UIF giró instrucciones para que se reanudaran todos los servicios financieros, por lo que el 10 de marzo siguiente el juzgado tuvo por cumplida la sentencia judicial”, dijo el funcionario federal.

“La orden del Poder Judicial, de eliminar de la lista de personas bloqueadas a Inés Gómez Mont y a Víctor Manuel Álvarez Puga, les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional, sin ninguna restricción, a pesar de que el Ministerio Público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas”, criticó el titular de la UIF.

Asimismo, Gómez Álvarez acusó que la inmensa mayoría de los jueces en el país beneficiaban a lavadores de dinero y urgió al Congreso de la Unión a que hubiera reformas para combatir esta situación. Asimismo, reprochó que los juzgadores ampararan a quienes les eran congeladas sus cuentas bancarias, sin que hubiera un análisis de fondo de los casos, además de que otorgaban suspensiones provisionales.

“Quiero decirles, cuando un juez federal da una suspensión, por haber una persona ha sido incorporada esta persona a la lista de personas bloqueadas, el juicio de amparo no está hecho, está por hacerse”, enfatizó el titular de la UIF.

“Ahora ya están ordenando a la UIF que desincorpore de la lista a personas con la pura suspensión provisional, ni siquiera con la definitiva, porque interpretaron una contradicción entre órganos judiciales en la Segunda Sala [de la Suprema Corte de Justicia de la Nación] y resolvieron simple y sencillamente que la materia del amparo puede ser eliminada, de un juicio de amparo, con tal de beneficiar a toda clase de personas que lavan dinero, vamos a decirlo tranquilamente”, agregó el funcionario federal.

“Esto no puede ser producto más que estructuras de corrupción, nada de este tamaño es gratuito, en ninguna parte del mundo. Una cosa es el error judicial, con la mala interpretación de las leyes que hacen los jueces, otra, que todos los jueces caminan, o la inmensa mayoría de ellos, mejor dicho, caminan por el mismo sendero”, añadió Gómez Álvarez.

“Tenemos que ser un país que tenga un nivel en el combate al lavado de dinero y la persecución de los delitos predicados en lavado de dinero, pues de la más alta calidad, pero el Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera de México y eso no es justo”, lamentó el titular de la UIF.

Ante ello, Gómez Álvarez llamó a que el Senado legislara para fortalecer la prevención del blanqueo de capitales, ya que, según él, “han demorado mucho”. Además, expresó que México había puesto en práctica observaciones internacionales, pero todavía faltaban por corregir algunos temas.

“Lo que se ha venido discutiendo en el Congreso, y también en el Gobierno, es que nos pongamos a hacer algunas reformas de carácter, que se han demorado mucho en el caso concreto del Senado, algunas reformas que permitan que el sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y su persecución ante los tribunales como delito federal, sea fortalecido”, comentó el titular de la UIF.

“En la cuarta ronda del Grupo de Acción Financiera, se le señaló a México una serie de observaciones, con el propósito de que las pusiera en práctica, entonces acá, algunas se han puesto en práctica, ya vamos a la quinta ronda, este año empezó y tenemos que apresurar el paso para poner al país al nivel de lo que es el sistema de inteligencia financiera en las mejores partes del mundo donde se realiza bien”, afirmó el funcionario federal.

Además, Gómez Álvarez planteó que esas modificaciones eran necesarias debido a que México estaba en la misma región de Estados Unidos, la mayor economía del planeta y además es su principal socio comercial. Apuntó que entre ambos países se vivía un problema de narcotráfico y el principal instrumento que los grupos criminales utilizaban era, precisamente, el lavado de dinero.

“Necesitamos eso, somos un país que tiene un enorme frontera con los Estados Unidos, que es la mayor economía del mundo y por lo tanto el sitio donde más lavado de dinero puede haber. Somos un país que tiene un inmenso comercio con Estados Unidos, somos un país en donde hay una gran concurrencia internacional de todo tipo, somos un país que tiene un problema con el narcotráfico y la delincuencia organizada, que tenemos que combatir. Y somos un país que está luchando desde hace ya varios años en contra de la corrupción y todas estas cosas, el instrumento, lo que se usa es justamente el lavado de dinero”, observó el titular de la UIF.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

García Harfuch lanza convocatoria para nuevos Agentes de Investigación e Inteligencia de la SSPC

Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció, el 31 de marzo de 2025, el lanzamiento de una convocatoria para formar la primera generación de Agentes de Investigación e Inteligencia de dicha institución federal.

“Servir a México requiere valor, compromiso absoluto con nuestro país y preparación. Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein [Claudia Sheinbaum Pardo] hoy abrimos la convocatoria para formar la primera generación de Agentes de Investigación e Inteligencia de @SSPCMexico. Conoce los detalles de la convocatoria y sirve a tu país”, indicó el funcionario federal, en su cuenta de la red social X, en la cual también anexó un video.

“Convocatoria para participar en el proceso de reclutamiento, selección e ingreso de personas aspirantes a Agentes de Investigación e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, personal de nuevo ingreso. Regístrate en: https://reclutamiento.sspc.gob.mx/index.html”, se indica en la página web de la SSPC.

“JORGE ENRIQUE MEZHER RAGE, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, párrafos noveno, décimo y décimo primero, inciso a), 90, párrafo primero y 123, Apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 6, 86 y 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 2°, fracción I, 14, párrafo primero, 14 Bis, 20, 26, fracción V y 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3, apartado B, fracción VI, 9, fracción V, 31, fracciones II y X y 32, fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, he tenido a bien expedir la siguiente:

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INGRESO DE PERSONAS ASPIRANTES A AGENTES DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, PERSONAL DE NUEVO INGRESO”, indicó la convocatoria de la SSPC.

“I. REQUISITOS:

Edad: de 23 a 35 años cumplidos;
Ser ciudadana/o mexicana/o en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad.
Estatura mínima 1.50 metros en mujeres y 1.60 metros en hombres.
Escolaridad mínima: Licenciatura concluida en: a) Derecho; b) Criminalística; c) Criminología; d) Psicología; f) Informática; g) Ingeniería en Sistemas; h) Seguridad pública/ciudadana; 1) Ciencias forenses; J) Contaduría; k) Economía; I) Actuaría; m) Estadística, u n) Otras afines; e) Seguridad Pública y/o Ciudadana;

Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso o por delito culposo calificado como grave, ni estar sujeto a proceso penal, en investigación, no ser deudor alimentario o haber sido sentenciado por delitos por razón de género y no encontrarse en ninguno de los supuestos siguientes: a) Estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público”, enfatizó la convocatoria.

“Destaca como parte de este esfuerzo la adquisición de un nuevo parque vehicular con una imagen institucional renovada y la puesta en marcha del agrupamiento denominado Unidad Nacional de Operaciones (UNO) que cuenta con nuevos uniformes, emblemas y filosofía de trabajo. Mandos de la corporación explicaron a MILENIO que para sacar adelante esta reorganización policial en la SSPC federal, Harfuch cuenta con tres principales fuentes de recursos humanos”, señaló el citado rotativo, en una nota en la que detalló cuáles serían los elementos con los que ya contaba la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Por un lado, se encuentran efectivos trasladados desde la llamada Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE) de la policía de la Ciudad de México, que fue un grupo altamente especializado en operaciones de alto impacto creado por la gestión de García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina. Cuando estaba al frente de esa dependencia, las autoridades lograron resultados importantes combatiendo células del crimen organizado que operaban en la capital”, recordó Milenio.

“Por otro lado, se encuentran agentes federales civiles que ya laboraban en la SSPC dentro de la llamada Coordinación Nacional Antisecuestro y de Delitos de Alto Impacto, y que desde el sexenio pasado habían recibido una especialización importante en operaciones policiales complejas. Y la tercera fuente de recursos humanos proviene de los miles de agentes de la extinta Policía Federal que en el sexenio pasado permanecieron adscritos a la Guardia Nacional, pero que ya no pueden formar parte de ella debido a su traslado a la Defensa Nacional”, expresó el citado rotativo.

“Este grupo de exagentes de la Policía Federal representa para la SSPC de García Harfuch (quien en el pasado también fue parte de esa corporación) una rica fuente de elementos debido a su cantidad y a sus niveles de preparación. Por ejemplo, hay agentes especializados en acciones de inteligencia, investigación y trabajo científico que fueron los primeros en ser recuperados. A ellos les siguieron los de los grupos de operaciones federales que ya cuentan con una capacitación de primer nivel en tácticas policiales, trabajos de inteligencia y de reacción inmediata”, dijo Milenio.

“Mientras que los ex policías federales adscritos a las desaparecidas divisiones de fuerzas federales y seguridad regional están siendo aprovechados, principalmente, para fortalecer el Servicio de Protección Federal (SPF) de la SSPC al que la administración de Harfuch le está dando una nueva dimensión abocada no solo al resguardo de instalaciones, sino también en tareas de apoyo a la seguridad pública”, abundó el citado diario.

“‘Es un tema interesante porque los compañeros del SPF ya están operando en varios estados del país en cumplimiento de convenios de colaboración con entidades y municipios en materia de prevención y combate al delito’, dijo a este medio un mando de la corporación que pidió reserva con su identidad, pues por ahora no pueden darse declaraciones públicas. Hasta febrero, el total de policías en el SPF era de 13 mil 893, el 99% de ellos con los exámenes de control de confianza aprobados y vigentes, un nivel de certificación superior al de cualquier otra fuerza federal”, agregó Milenio.

“Si a ellos se suman los elementos de las divisiones élite, que prepara la SSPC, el estado de fuerza de esta renovada policía nacional de Harfuch supera ya los 15 mil elementos. Una cantidad que seguirá creciendo en siguientes semanas debido a que hay miles de ex policías federales en las llamadas ‘mesas de transición’ a la espera de ser canalizados a alguno de los referidos grupos o unidades”, finalizó el citado rotativo.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

EU impone sanciones a 6 personas y 7 empresas por lavar dinero al Cártel de Sinaloa

El Gobierno de EU asestó un golpe financiero al Cártel de Sinaloa al sancionar a seis personas y siete empresas clave en una red de lavado de dinero.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) sancionó ayer a seis personas y siete empresas por participar en una red de lavado de dinero que financiaba las operaciones del Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos bloqueó los bienes y activos de seis personas y siete empresas vinculadas a un esquema de lavado de dinero que beneficiaba al Cártel de Sinaloa. Según informó el Departamento del Tesoro en un comunicado, la operación canalizaba ganancias del tráfico de drogas entre México y EU.

El Gobierno estadounidense acusó a Enrique Dann Esparragoza Rosas de encabezar una organización dedicada a blanquear fondos mediante la conversión de dólares a pesos. Se le relaciona con "Los Chapitos" y con la facción de Ismael "El Mayo" Zambada.

Las sanciones alcanzaron a Alan Viramontes Sesteaga, presunto operador del cártel cercano a Iván Archivaldo Guzmán. Salvador Díaz Rodríguez, acusado de recaudar "impuestos" para la organización, también fue incluido en la lista.
El Gobierno de Washington responsabilizó a Díaz de ejecutar a quienes se niegan a pagar las cuotas impuestas por el cártel. Otro de los sancionados, Israel Daniel Páez Vargas, ha sido vinculado con operaciones similares dentro de la red criminal.

La lista se completa con Alberto David Benguiat Jiménez y Christian Noé Amador Valenzuela. Benguiat, de acuerdo con EU, manejaba una red de empresas fachada que habría lavado más de 50 millones de dólares hasta la fecha.

Las empresas sancionadas son Scatman, Hatman Corp S.A.P.I, Personas Unidas Hoas S.A.P.I., Grupo Zipfel de México S.A., Grupo Unter Empresarial S.A., Productions Pipo S. de R.L. y Grupo Vindende S.A.

El Departamento del Tesoro explicó que "el dinero de las drogas blanqueado es el sustento del negocio narcoterrorista del Cártel de Sinaloa, posible sólo a través de facilitadores financieros de confianza".
A partir de abril de 2023, la red de Esparragoza blanqueó al menos 16.5 millones de dólares para la organización. Este mecanismo permitió al cártel mover grandes sumas de dinero entre ambos países sin levantar sospechas.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta para advertir a las instituciones financieras sobre el peligro del contrabando de dinero en efectivo.

Los bienes de los sancionados en territorio estadounidense han sido bloqueados, impidiendo cualquier transacción financiera con entidades estadounidenses o relacionadas.

La medida forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir el tráfico de drogas y frenar el financiamiento de grupos criminales. Washington reafirmó su compromiso de utilizar "todas las herramientas disponibles" para enfrentar esta amenaza.


El Departamento del Tesoro detalló que el cártel ha explotado diversos puntos fronterizos para sus actividades delictivas, lo que ha intensificado las acciones en su contra.

Las sanciones fueron resultado de una investigación coordinada con la Fiscalía de EU, la DEA, el FBI, el Servicio de Impuestos Internos y el Gobierno de México.

Autoridades mexicanas, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), participaron en la indagatoria que permitió identificar a los involucrados.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Graue y Macedo consiguen frenar el pago de 15 mdp a la asesora de tesis de Esquivel

El pago de 15 mdp por daño moral a Martha Rodríguez quedó en pausa tras una apelación de Enrique Graue y Fernando Macedo; el caso aún puede extenderse.

El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, y el exdirector de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, Fernando Macedo, lograron frenar temporalmente el pago de 15 millones de pesos (mdp) a Martha Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de la Ministra Yasmín Esquivel, luego de que una Jueza admitiera su apelación.

La Jueza Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, Flor de María Hernández Mijangos, concedió la suspensión del cobro tras la impugnación presentada por los exfuncionarios universitarios. El caso ahora pasará a una sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CdMx), que revisará la sentencia.

El 26 de marzo, el Boletín Judicial del TSJ-CdMx publicó el acuerdo en el que se confirmó la admisión de la apelación "en ambos efectos", lo que significa que la ejecución de la sentencia queda suspendida hasta que se emita una resolución en segunda instancia.

El fallo que ordenaba la indemnización fue emitido el pasado 28 de febrero por la jueza Hernández Mijangos. En su resolución, determinó que Graue y Macedo causaron daño moral a Rodríguez al hacer declaraciones que, según la sentencia, afectaron su reputación.


Además del pago millonario, el fallo también incluía la prohibición de realizar declaraciones públicas sobre la demandante, quien fue asesora de la tesis de licenciatura de Esquivel.

El caso se remonta a diciembre de 2022, cuando el escritor Guillermo Sheridan reveló que la tesis de Esquivel era prácticamente idéntica a la de Edgar Ulises Báez, presentada un año antes en la FES Aragón.

En enero de 2023, un comité de la Facultad concluyó que la tesis de Esquivel era una "copia sustancial" de la de Báez. Posteriormente, la UNAM tomó medidas contra Rodríguez, quien fue suspendida y removida de su cargo.

Meses después, surgieron nuevos señalamientos en su contra. Se detectaron al menos seis casos adicionales de tesis con coincidencias significativas bajo su asesoría.

En agosto de 2023, Rodríguez presentó la demanda por daño moral contra Graue y Macedo. Argumentó que sus declaraciones y documentos universitarios afectaron su honor y prestigio profesional.

A Graue lo responsabilizó por la publicación de lineamientos sobre ética académica de la UNAM, mientras que a Macedo lo demandó por haber firmado un informe donde se mencionaban las tesis con similitudes.

La Jueza tardó seis meses en emitir la sentencia condenatoria. Sin embargo, ahora será una Sala Civil del TSJ-CdMx la que decidirá si la ratifica, la modifica o la revoca.

Independientemente del fallo, el caso podría alargarse aún más. Si alguna de las partes impugna la decisión de segunda instancia, el litigio podría escalar a tribunales federales mediante un amparo. Por ahora, Rodríguez no podrá cobrar la indemnización de 15 millones de pesos y deberá esperar a que la justicia local determine el futuro de su demanda.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Morena pierde en cada elección municipios que gobernó por "conversos" y sus "aliados"

La alianza con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México “es meramente circunstancial”, pues “en donde pueden ganar con sus propios candidatos (al margen de la calidad de los de Morena) lo hacen con absoluta naturalidad”. En ese sentido, indica que el PVEM y el PT ganaron por sí solos 53 municipios en Puebla, 33 en Oaxaca, 30 en Chiapas, 30 en el Estado de México y 29 en Guerrero, esto es, 175 municipios en solo cinco estados.

Desde la marea guinda de 2018 que llevó a Morena y Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, el hoy partido oficialista ha ido ganando cada vez más municipios al mismo tiempo que ha ido perdiendo aquellos que ya gobernó. Una prueba de ello es que de los 351 municipios ganados en 2018, en la actualidad Morena sólo conserva 112.

Un análisis realizado por Eduardo Cervantes, fundador y expresidente de Morena en la CDMX, obtenido por SinEmbargo, muestra cómo la “nefasta” gestión de los gobiernos municipales de Morena desde el 2018, ha implicado descalabros. A eso se suma la tendencia del morenismo de optar por cuadros que provienen de otros partidos, que al final terminan “traicionando” los principios de esta fuerza política.
 

“Es evidente que vienen ocupando candidaturas y cargos públicos o partidistas, personas opuestas a los objetivos y fundamentos ideológicos, históricos, políticos y morales del proyecto de transformación, aspecto verificable en muchísimos casos a la vista de quien quiera verlo”, apunta el documento. “La hegemonía en el partido de la 4T ha estado en manos de la ideología y la cultura política del viejo régimen, y que su pretensión estratégica es reencarnar al PRI en Morena”.

Una prueba del retroceso de municipios ganados muestra cómo a pesar de que Morena gobierna en 24 entidades federativas; en 10 de ellas perdió la ciudad capital en los comicios de 2024, como fue el caso de Campeche, Cuernavaca, Mérida, Oaxaca, Chilpancingo, Morelia, Colima, Hermosillo, Zacatecas y San Luis Potosí.

“En cuanto al periodo 2021-2024, en varias entidades federativas con sólida data histórica y una presencia significativa de Morena, se dieron resultados bastante precarios. En Morelos se perdieron los gobiernos de 20 de 27 municipios (74.1%); mientras que en Guerrero, Michoacán y Puebla se perdieron en conjunto 42 municipios de 84, exactamente la mitad de los municipios ganados en 2021”, establece el análisis.

Actualmente Morena gobierna en 733 municipios —incluyendo las 11 alcaldías de la Ciudad de México—, representando el 35.8 por ciento de las 2 mil 48 demarcaciones de este nivel. En 1615 de ellas —es decir cuatro quintas partes del total nacional— hay menos de 50 mil habitantes. “En este gran bloque poblacional, Morena solo gobierna 513 (31.8 por ciento). Ello significa que casi 7 de cada 10 ayuntamientos los presiden otros partidos”.

El reporte también expone cómo han golpeado al oficialismo los “cambios de bando”.En Michoacán, por ejemplo, el partido guinda perdió 6 de los 7 municipios producto de cambios de partido, mientras en Morelos se perdieron 12 de 15 (ambos en 2021). “Esta situación exhibe, no únicamente la nula conciencia y compromiso de los “conversos” de ocasión, sino también la gradual pérdida de credibilidad social en nuestro partido”.
 

También se advierte cómo la alianza con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México “es meramente circunstancial”, pues “en donde pueden ganar con sus propios candidatos (al margen de la calidad de los de Morena) lo hacen con absoluta naturalidad”. En ese sentido, indica que el PVEM y el PT ganaron por sí solos 53 municipios en Puebla, 33 en Oaxaca, 30 en Chiapas, 30 en el Estado de México y 29 en Guerrero, esto es, 175 municipios en solo cinco estados.

Al analizar los porcentajes de población municipal en gobiernos de Morena y el de municipios gobernados, con relación a los totales de cada entidad federativa, el análisis destaca que en San Luis Potosí, donde gobierno Ricardo Gallardo del “aliado” Partido Verde, Morena gobierna al 5.1% de la población, el porcentaje más bajo de todo el país.

Incluso en Aguascalientes, gobernada por la pianista María Teresa Jiménez tiene el 5.5 por ciento y en Coahuila, con el Gobernador priista Manolo Jiménez, el 9.2 por ciento, ocupando respectivamente los tres últimos lugares en la materia.

En otros estados gobernados por la oposición Morena registra una mayor presencia en gobiernos municipales: en Querétaro (PAN) tiene 11.8 por ciento de población gobernada y 22.2 por ciento de los ayuntamientos; en Nuevo León (MC) 23.7 de población y un 9.8 por ciento de municipios; en Guanajuato (PAN 26.7 y 28.3 por ciento, y en Jalisco (MC) 23.5 y solo 16.8 por ciento de municipios gobernados.
 

Un caso distinto es Yucatán en donde Morena ganó la gubernatura con un expanista Joaquín Díaz Mena. Ahí el partido guinda cuenta con 23.9 y 36.8 por ciento de los factores referidos, en este último dato con 28 municipios de menos de 10 mil habitantes, el más alto de todo el país. En el extremo de las entidades federativas con los mejores resultados electorales: Baja California (con 100 por ciento de cobertura en los dos rubros); Quintana Roo, con 97.0 y 81.8; Baja California Sur, con 91.9 y 80; Sinaloa, con 90.3 y 75.0, y Tamaulipas, con 77.9 y 39.5 por ciento, destaca el análisis.

Se mencionan como “casos excepcionales” la Ciudad de México, con 75.9 de la población y 68.8 por ciento de las alcaldías gobernadas y el Estado de México con 76.0 por ciento de la población y 47.2 por ciento de los municipios.

El documento señala que los niveles más alarmantes son Chiapas con 43.7 de la población y 32.0 por ciento de los municipios; Oaxaca, con 25.7 y 48.4 por ciento, Guerrero, con 43.1 y 19.8 por ciento; Michoacán, con 39.3 y 23. por ciento; Morelos, con 19.0 y 32.3 por ciento. En menor medida, señalan Zacatecas, con 40.2 de la población y 34.5 por ciento de los municipios gobernados y; Puebla con 55.9 por ciento de población gobernada, pero con solo el 24.0 por ciento de los municipios de la entidad.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: OBED ROSAS.

Propone Sheinbaum que gobierno tenga acceso a todos los datos biométricos del país

Este lunes envió al Senado de la República la reforma que pretende mejorar la búsqueda de personas desaparecidas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Senado de la República la iniciativa de reforma para combatir la desaparición de personas.

El documento plantea crear una Plataforma Única de Identidad, que se interconectará con todos los sistemas de información que incluyan datos de personas, ya sean públicos o privados.

La propuesta dice que el sistema contendrá el registro de desaparecidos, de carpetas de investigación y de datos forenses.

La iniciativa también contempla dar al gobierno acceso a todas las bases de datos del sector privado que sirvan para la búsqueda de personas. Así lo dice el documento:
(La plataforma se interconectará con) Cualquier registro, base o sistema de información de particulares que presten servicios financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, educación, paquetería y servicios de entrega, registros patronales y de seguridad social, religiosos, así como toda institución privada que tenga a su cargo registros o bases de datos de personas, que sea necesaria para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas.
Esta plataforma será accesible para las fiscalías, el gabinete de Seguridad (Sedena, Marina, Guardia Nacional y Seguridad) y el Centro Nacional de Inteligencia. Por decreto esto no violará la protección de datos personales. Así lo dice:
La finalidad de este acceso es que las autoridades mencionadas puedan conocer sus registros, bases de datos o sistemas de información, para las acciones de investigación que lleven a cabo, sin que ello vulnere el derecho a la protección de datos personales.
En la exposición de motivos se hace referencia al Padrón Electoral que administra el Instituto Nacional Electoral (INE) y a las bases de datos del sector salud, que pasarán a formar parte de esta plataforma, en caso de que se apruebe la iniciativa.

La semana pasada, la consejera jurídica del gobierno de México, Ernestina Godoy, presentó algunos detalles de las reformas en conferencia de prensa.


La visión oficialista: comunicado del Senado

El Senado de la República informó que la propuesta busca dar celeridad al proceso de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

Se trata de un proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

En el documento se destaca que esta propuesta forma parte del eje prioritario de gobierno para la construcción de la paz y la lucha contra la impunidad, según el comunicado del Senado.

La titular del Ejecutivo Federal reconoció que es imprescindible la actuación inmediata de las autoridades para que, desde las primeras horas, se ordenen medidas dirigidas a la determinación del paradero de las victimas del delito o el lugar donde puedan encontrarse.

Señaló que la desaparición forzada se ha convertido desde hace años en un problema que afecta al mundo entero y constituye una violación grave a los derechos humanos, tanto de las personas desaparecidas como de sus familiares y la sociedad en general.

La reforma amplía el espectro de sanciones y agrega como integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda al Registro Nacional de Población, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como al representante que asigne la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Además, plantea la creación de la Carpeta Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, donde las autoridades competentes deberán integrar la información correspondiente, a la brevedad, para iniciar con celeridad el proceso de búsqueda.

La iniciativa dispone la generación de la Ficha de Búsqueda (física y digital) con los datos esenciales de la persona reportada como desaparecida o no localizada, así como con el número de folio asignado por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con el propósito de eficientar su búsqueda y ser difundida por todos los medios disponibles.

Además, incluye la obligación de las instituciones que tengan cuerpos o restos humanos a mantener actualizados los registros sistematizados con la información forense de los mismos, además de remitir esos datos al Banco Nacional de Datos Forenses y permitir su consulta por las instituciones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas.

Se establece la obligación de los servicios periciales y forenses, con un cuerpo en resguardo, a practicar pruebas dactilares y genéticas para su identificación, así como registrar los resultados en el Banco Nacional de Datos Forenses.

En los artículos transitorios, el proyecto propone que la Secretaría de Gobernación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones desarrollen la Plataforma Única de Identidad, la cual permitirá búsquedas exhaustivas, optimizadas y en tiempo real, a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Del mismo modo, la Secretaría de Gobernación deberá establecer el Programa de Integración al Registro Nacional de Población de los datos biométricos de niñas, niños y adolescentes.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.