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Tomás Yarrington, ex gobernador priista de Tamaulipas, es deportado a México

Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba -ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y gobernador de Tamaulipas, del 5 de febrero de 1999 al 31 de diciembre de 2004- fue trasladado, vía aérea, el 9 de abril de 2025, a la Ciudad de México, bajo custodia de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), tras ser entregado por las autoridades de Estados Unidos, a sus homólogos mexicanos.

La entrega del ex mandatario estatal tamaulipeco -quien fue liberado, el 3 de julio de 2024, según la información que arrojaba una búsqueda con el número de registro 39549-479, de la Agencia Federal de Prisiones​ (BOP, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés)- se realizó a las 12:20 horas (tiempo del Centro de México), a través de la frontera terrestre entre San Diego, California, y Tijuana, Baja California.

Con su llegada a México, se preveía que Yarrington Ruvalcaba fuera puesto a disposición de un juez federal y trasladado a un centro penitenciario, mientras se desarrollaban los diversos procesos judiciales en su contra.

A principios de abril de 2024, la FGR pidió una nueva orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero, contra Yarrington Ruvalcaba. El caso fue consignado ante Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, quien no ordenó, ni negó la captura del ex gobernador, sino que devolvió el expediente a la institución de procuración de justicia, para que subsanara deficiencias de forma.

Según lo informó el diario Reforma, el 11 de abril de 2024, la información constaba en una sentencia del Octavo Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, en la que revocó y canceló el trámite de un amparo que promovió el político tamaulipeco, para que la FGR determinara dicha indagatoria.

El 22 de enero de 2024, la FGR pidió la aprehensión contra Yarrington Ruvalcaba, con base en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/12/2009, iniciada el 7 de enero de 2009.

Sin embargo, el 31 de enero de 2024, la juez Duarte Cedillo ordenó devolver a la FGR el expediente original y duplicado de la causa penal, “para que subsanara diversas deficiencias existentes” y “a efecto de que subsane las irregularidades que encontró”.

“Los hechos que se le imputan en esta nueva acusación aún no son del dominio público, pero en la sentencia del colegiado se menciona que la Corte de Apelación de París, por conducto del Ministerio de Justicia de Francia, ha enviado información a la FGR para documentar su investigación de lavado”, detalló el Reforma.

“También se refiere que la Fiscalía ha pedido los folios electrónicos de una empresa en específico al Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, organismo al que también ha pedido informes de todas las empresas y asociaciones civiles en las que Yarrington participe”, abundó el citado rotativo.

Estaba programado que Yarrington Ruvalcaba saliera libre en Estados Unidos el 9 de noviembre de 2024, tras cumplir una condena de nueve años impuesta por declararse culpable de lavado de dinero, y lograr que se corrigiera su sentencia para tomar en cuenta su tiempo en prisión desde que fue detenido en Florencia, Italia, en abril de 2017.

El político tamaulipeco tenía dos órdenes de aprehensión vigentes por ilícitos federales en México, una por delitos contra la salud y otra por lavado, “y la intención de la FGR es que exista un tercer mandamiento de captura cuando cumpla su condena y sea liberado en el país vecino, el próximo 9 de noviembre”, indicó el citado periódico.

“Las dos órdenes de aprehensión pendientes del ex mandatario en México fueron giradas en 2012 y 2017. En la primera se le acusa de delitos contra la salud, por presuntamente tener vínculos con el Cártel del Golfo y los Zetas, y en la segunda le atribuyen un supuesto lavado de 12.7 millones de pesos y 450 mil dólares, en la compra de inmuebles en México y Estados Unidos”, indicó el Reforma.

Yarrington Ruvalcaba fue militante del Partido Revolucionario Institucional, así como gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2004. Asimismo, aspiró a contender por la candidatura del PRI a la Presidencia de la República en 2006, pero fue expulsado de dicho instituto político en diciembre del 2016, por violar su Código de Ética. Fue detenido el 9 de abril de 2017, en Florencia, Italia -cuando viajaba bajo nombre y pasaporte falso- y extraditado a Estados Unidos, el 20 de abril de 2019.

El 19 de abril del 2017, el Gobierno de México, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto, informó que acordó con su homólogo de EE.UU., que Yarrington Ruvalcaba fuera juzgado primero en territorio norteamericano, tras una determinación con base en el tratado de extradición entre ambos países, y “se le entregará temporalmente a México, para que enfrente ante la justicia los cargos que se le imputan en ese país”.

El 26 de febrero del 2018, el Tribunal Supremo italiano rechazó un recurso de los abogados del ex gobernador de Tamaulipas contra su extradición a Estados Unidos y aceptó otro contra su envío a México, ya que ambos países le reclaman por delitos como narcotráfico.

El 19 de marzo del 2018, el ex gobernador se reservó el derecho a declarar en presencia del Ministerio Público de la Federación (MPF) mexicano, así lo aseguró a través de un comunicado la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

El ex mandatario estatal tamaulipeco se declaró culpable el 25 de marzo del 2021, ante la juez Hilda G. Tagle, de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, del delito de conspiración para cometer lavado de dinero, luego de que aceptó más de 3.5 millones en sobornos ilegales y los usó para comprar propiedades de manera fraudulenta en EE.UU., mientras se desempeñaba como mandatario estatal.

En abril de ese mismo año, Ronald Morgan, juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, en la localidad de Brownsville, rechazó darle libertad bajo fianza al ex gobernador de Tamaulipas, extraditado días antes por Italia a Estados Unidos.

Yarrington Ruvalcaba, cuyo número de registro de la BOP, era el 39549-479, se encontraba internado en el Centro Federal de Detención Houston (FDC, por sus siglas en inglés), pero fue trasladado a Institución Correccional Federal de Bastrop (FCI), es una prisión federal de baja seguridad, ubicada en Camp Swift, Texas.

El juez Rolando Olvera, de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas -con sede en Brownsville, Texas, Estados Unidos-, condenó, el 15 de marzo de 2023, a nueve años de cárcel a Yarrington Ruvalcaba.

El juzgador federal también confirmó el decomiso de un condominio en Port Isabel, Texas -que ya había decretado en marzo de 2021-, así como tres años de libertad bajo supervisión, si es que Yarrington Ruvalcaba permanecía o reingresaba a Estados Unidos tras salir de prisión.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Por mayoría, Tribunal Electoral aprueba que Sheinbaum y servidores públicos promuevan la elección judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum, personas servidoras públicas, instituciones y autoridades sí podrán promover la elección de personas juzgadoras, pero sin mencionar a candidatas y candidatos en particular.

Por mayoría de votos de la magistrada Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó que la presidenta Claudia Sheinbaum y personas servidoras públicas, instituciones y autoridades del país sí puedan promover la elección judicial, aunque sin mencionar a candidatas y candidatos en particular. 

De esta forma, se impuso la mayoría de los magistrados que presentaron un proyecto de sentencia conjunto para modificar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que se prohibió a servidores públicos promover la elección judicial. 

En tanto, la magistrada Janine Otalora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quienes votaron en contra, presentaron un proyecto de sentencia conjunto, que proponía confirmar el acuerdo del INE, al considerar que con esta limitación se pretendía evitar un uso indebido de recursos públicos durante la contienda.

El pasado 29 de marzo de 2025, el INE aprobó un acuerdo que prohíbe a las personas servidoras públicas, instituciones y autoridades usar recursos públicos para promover el voto y la participación en la próxima elección judicial, a celebrarse el próximo domingo 1 de junio de 2025. 

La prohibición se integró a los criterios aprobados para garantizar la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas de jueces, magistrados y ministros, que iniciaron el pasado 30 de marzo y se extenderá hasta el próximo 28 de mayo; es decir, 60 días.

A raíz de su publicación, el Tribunal Electoral recibió 39 impugnaciones por parte de personajes como la presidenta Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, así como Loretta Ortiz, en su calidad de candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Precisamente la impugnación de esta última fue la que llegó a manos del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que desde ayer dio a conocer un proyecto de sentencia por el cual perfilaba dar luz verde a la promoción de la elección judicial por parte de servidores públicos.

“Están buscando llevar una elección silenciosa”, dice magistrada Mónica Soto

Al presentar el proyecto SUP-JE-101/2025 y sus acumulados, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña explicó que propuso modificar el acuerdo reclamado porque “indebidamente se estableció que el INE es la única autoridad facultada para promover el voto y la participación ciudadana en el presente proceso electoral extraordinario”. 

El magistrado explicó que tomando en cuenta las reglas electorales que existen, respecto a elecciones de personas del Poder Ejecutivo y Legislativo, primero pensó que “lógico sería que ninguno de estos actores interfiera en la elección”; no obstante, al tratarse en esta ocasión que una elección de personas juzgadoras que incluso fue impulsada por los poderes es que “las reglas son diferentes”. 

“Esto me llevó a la conclusión de que, en consecuencia, la participación de los Poderes de la Unión puede incluso alentarlos a promover el voto y la participación ciudadana. Ello no implica que la promoción que lleven a cabo les autorice a incurrir en promoción personalizada o hacer uso de recursos públicos, menos aún a llamar a votar a favor de una candidatura o bien a emitir expresiones para desfavorecer a otras, por el contrario, su actuación se debe ajustar a los principios de equidad e imparcialidad”. 

Por su parte la magistrada presidenta Mónica Soto aseguró sentirse “sorprendida y un poco contrariada” respecto al acuerdo votado por mayoría en el INE, al señalar que con esta resolución “pareciera que están buscando llevar una elección silenciosa”.  

“Les voy a decir un secreto. Va a haber elecciones el próximo 1 de junio, pero no se lo digan a nadie. Pareciera que parte de una de las propuestas que están presentándose hoy estuviera posicionando esta visión. Hay un proceso electoral en curso, habrá elecciones por primera vez en la modalidad que se realizará, habrá más derechos para la ciudadanía, pero no hay que decirlo a nadie. Nadie puede decirlo, solo el INE”, ironizó.

Tribunal desecha proyecto que evitaba uso indebido de recursos públicos para elección

Durante la misma sesión, la magistrada Janine Otalora y el magistrado Rodríguez Mondragón presentaron el proyecto del expediente SUP-JDC-1790/2025 y sus acumulados en los que proponían confirmar el acuerdo del INE. 

“Se propone confirmar porque dicha limitación está asociada al uso indebido de recursos públicos, lo cual tiene una fuente constitucional ilegal que busca garantizar la imparcialidad en el manejo de esta clase de recursos, por tanto, no es una restricción creada recientemente por el INE”, señaló la magistrada Otalora. 

Al explicar su resolución, la magistrada señaló que esto fue así porque la resolución del INE era una aplicación literal del artículo 506, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que señala que los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar ningún acto de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna. 

Además, del artículo 134 de la Constitución que señala que queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con el proceso de selección de personas integrantes del Poder Judicial. 

“Como se puede apreciar es la misma ley electoral la que prohíbe expresamente el uso de recursos públicos para actos de promoción como de propaganda, actividades que el propio legislador distingue, pero abate en una misma prohibición, es decir, la prohibición es total, porque lo que inhibe es el uso de recursos públicos tanto para fines proselitistas como para fines de difusión institucional”, señaló. 

Para respaldar el posicionamiento, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón señaló que la medida tampoco conllevaba una restricción absoluta que vulnere los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información.

“La prohibición no se dirige a una expresión personal, sino a la capacidad que tienen los poderes públicos, las instituciones públicas y las personas servidoras públicas que laboran en estas instituciones de usar los medios institucionales, los recursos públicos o su voz institucional para promover o difundir información relacionada a la elección judicial. Es decir, se prohíbe el desvío de recursos públicos para fines no previstos ni es sus atribuciones y si restringidos por el artículo 134 constitucional”. 

En contraste, el magistrado Fuentes Barrera explicó que, a partir de la reforma de 2007, el artículo 134 adquirió una dimensión electoral, que en ese momento buscaba evitar que los recursos públicos fueran utilizados para beneficiar electoralmente a algún partido, candidato o a los propios servidores públicos que se encontraban en el cargo.

“En ese sentido fue diseñado en un contexto donde los procesos electorales giraban integralmente en torno a los partidos políticos y candidaturas partidistas, pero no se previó un escenario como el que hoy enfrentamos, una elección federal judicial de gran escala que es totalmente ajena a partidos y la ciudadanía no está familiarizada con la dinámica de este proceso, por ello afirmó que el artículo 134 constitucional no prohíbe la comunicación institucional de los entes públicos, sino todo uso de recursos públicos que se utilice para alterar la equidad”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Dólar supera los 21 pesos; Wall Street se dispara tras pausa arancelaria de Trump

Las acciones estadounidenses se dispararon luego de que el presidente Donald Trump anunciara una pausa de 90 días en ciertos aranceles a la mayoría de los países.

El dólar superó los 21 pesos en el mercado internacional este miércoles, mientras que el peso mexicano se depreció por cuarta jornada consecutiva ante la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El tipo de cambio alcanzó un precio máximo de 21.0809 unidades. Ayer, el tipo de cambio cerró en 20.8083, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), por lo que la moneda mexicana perdió más de 10 centavos.

En sus primeras negociaciones, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajaba un 0.22% a 50,207.04 puntos, y se perfila a su cuarta jornada consecutiva de pérdidas.

Los nuevos aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, contra decenas de países entraron en vigor hoy, incluida una monumental tasa de 104 % a los productos chinos.

China respondió a los nuevos aranceles de Estados Unidos con recargos del 84 % a los productos estadounidenses a partir del jueves, lo que provocó otra jornada negativa en las bolsas.

Wall Street se dispara tras la pausa arancelaria de Trump

Las acciones estadounidenses se dispararon este miércoles, después de que el presidente Donald Trump anunciara una pausa de 90 días en ciertos aranceles a la mayoría de los países.

El industrial Dow Jones subió un 7.9 % hasta los 40.608,45 puntos, el ampliado S&P 500 creció un 9.5 % hasta las 5.456,90 unidades y el tecnológico Nasdaq trepó 12.2 % a 17.124,97, su mayor alza porcentual diaria desde inicios de enero de 2001 y la segunda mayor en los registros bursátiles.

En tanto, el precio del petróleo, deprimido por el riesgo de recesión, ha comenzado a subir.

Por la mañana, las bolsas asiáticas y europeas volvieron a desplomarse ante el temor de las consecuencias de la guerra comercial en el consumo y el crecimiento económico.

En tanto, la bolsa de Nueva York abrió cautelosa: en los primeros intercambios, el índice Dow Jones retrocedía 0.79 %, el Nasdaq avanzaba 0.18 % y el ampliado S&P 500 perdía 0.35 %.

Desde la semana pasada que Trump anunció aranceles para buena parte de las importaciones de la mayoría de los países del mundo, los inversores han perdido billones de dólares por el temor a una guerra comercial a gran escala que provoque una recesión.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desde 2021 el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios pidió que se lleve a México ante la Asamblea General de la ONU por graves violaciones a los DH

También se solicitó que se impulse un Mecanismo Internacional Contra La Impunidad en México (MICIM), con facultades para investigar y desarrollar estrategia de búsqueda en vida.

En 2021 el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios pidió que se lleve al Estado Mexicano ante la Asamblea General de Naciones Unidas por graves violaciones a los derechos humanos, y se impulse un Mecanismo Internacional Contra La Impunidad en México (MICIM), con facultades para investigar y desarrollar estrategia de búsqueda en vida.

También pidió el apoyo en el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que con el acuerdo actual no cumple con lo que necesitamos para una certera identificación y así poder saber quiénes son y con ello regresarles sus nombres, sus derechos, regresarlos a casa, la verdad, justicia, castigo a los culpables, no repetición del delito y una reparación de daño que jamás alcanzará a ser justa.

DOCUMENTO DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021:

Estimada Carmen Rosa Villa Quintana
Presidenta del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) y

Albane Prophette Pallasco
Secretaria Técnica

Contexto de la desaparición en el Estado de Coahuila

Bienvenidas a Coahuila y agradecemos ser tomadas en cuenta para la visita que este Comité realiza a nuestro país. Una visita que hemos esperado durante años y por fin se lleva a cabo.

Coahuila es un estado que hasta el día de hoy cuenta con 3,452 personas desaparecidas, con ocho colectivos de familiares de personas desaparecidas que hoy estamos presentes y que compartimos un pequeño panorama de la crisis en desapariciones en el estado y el porqué. Aunque a Coahuila la reconozcan como un estado ejemplo, podemos decir que el único ejemplo es el de la IMPUNIDAD.

La región noreste de México se ha visto sumamente afectada por la disputa entre grupos del crimen organizado que, con la participación o connivencia de fuerzas de seguridad y el apoyo o aquiescencia del Estado, ha resultado en un nivel de violencia exacerbado.

Ese fue y sigue siendo el origen de la desaparición de cientos de personas y que alertamos de esta crisis humanitaria desde el 2009; sin embargo, a la fecha continúan y el número, desgraciadamente, es mucho mayor.

Las desapariciones continúan

Del 12 de agosto al 12 de septiembre, oficialmente la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) informa que en Coahuila hay un incremento de tres mil 679 nuevos reportes, de las cuales mil 269 se encuentran en estatus de desaparición o no localización. Esto significa que en promedio 122 personas desparecen al mes, es decir por lo menos tres diarias. De las personas localizadas con o sin vida, no hay datos públicos sobre la naturaleza de la desaparición o no localización, solo discurso político mediático. Mientras que la Fiscalía de Personas Desaparecidas reportan 5,488 con 1,891 personas sin localizar.

Búsqueda inmediata

Cuando desaparece una persona, es importante que se inicie la búsqueda inmediatamente pues las primeras horas son fundamentales para su localización; sin embargo, las autoridades todavía dicen a las familias que esperen 72 horas, lo que incumple el protocolo de búsqueda establecido.

Las familias aprendimos a sobrevivir con la desaparición de nuestro familiar; nuestro mundo se convirtió en la búsqueda de la verdad y justicia. Sabemos en donde desapareció, pero no a donde se lo llevaron. La búsqueda en vida es importante porque los podemos encontrar en situación de calle; recorremos en caravanas con la intención de localizar en centros de detención, CERESOS, CEFERESOS, hospitales psiquiátricos, centros de beneficencia y rehabilitación; queremos encontrar a nuestros desaparecidos con vida, aunque también aprovechamos para buscar en SEMEFOS porque tampoco descartamos la posibilidad de encontrarlos en este lugar; utilizamos medios cibernéticos como un apoyo para nuestra búsqueda; realizamos desde brigadas callejeras vespertinas, hasta brigadas nocturnas; organizamos marchas pacíficas para concientizar a las autoridades y sociedad civil; visitamos iglesias en donde se ofician misas por nuestros desaparecidos y nosotras sus familias; planteles educativos para una visibilización, concientización y prevención.

La omisión de las autoridades prevalece pues no integran en las carpetas de investigación la información que nos aportan en las búsquedas en vida y que se han dado positivos en personas que se encuentran en situación de calle; necesitamos que las autoridades les den seguimiento a esas líneas de investigación, a esos posibles positivos para poder localizarles.

Búsqueda en fosas clandestinas

En Coahuila existe la Ley Estatal de Exhumación e Identificación Forense creada en el 2016;. Del 2017 al 2020 se han recuperado 135 restos; en el 2021 se realizaron cinco exhumaciones masivas en las que se recuperaron 703 cuerpos sin identificar en fosas comunes, de las cuales oficialmente solo se ha reportado un cuerpo identificado y entregado y 14 con posibles cotejos.

Las familias tenemos un papel muy importante porque presionamos a las autoridades para que realizaran este trabajo ante la crisis que vivimos; también nosotras decidimos salir al campo en donde hemos recuperado 115 mil fragmentos óseos y 700 kilogramos de fragmentos, sin contar lo que la fiscalía ya en operativos anteriores había recuperado y que esperan ser procesados y confrontados para obtener un nombre y regresar a casa.

Exigimos el cumplimiento real de su trabajo y no la simulación, exigimos el debido proceso en cada trabajo forense, pues su incumplimiento llevó al estado a tener estas cifras de inhumados sin identificar y familias con el sufrimiento; exigimos que nos muestren paso a paso dónde está lo recuperado, pues ya nos demostraron que se les pierden los cuerpos. Queremos resultados, no voluntades ni simulaciones.

El CRIH, una conquista de las familias en riesgo de convertirse en un hermoso mausoleo

Las entrevistas a prensa siguen siendo el recurso privilegiado por las autoridades de Coahuila para “informar” de supuestos cotejos. De estos a la fecha se tiene un rezago de 837 número mínimo de individuos (NMI), de los que no hay información sobre los procesos de identificación, ni las consecuentes acciones ministeriales necesarias para concluir procesos de identificación, notificación y entrega de cuerpos.

Nos preocupa la postura expresada desde el CRIH y en alianza con la Fiscalía de Personas Desaparecidas de no procurar e integrar la información ministerial a los procesos de identificación forense. El riesgo de que se emitan sólo certificados de muerte desvinculados a los procesos de procuración de justicia puede llevar a concluir que en varios casos no hubo delito como el de desaparición forzada, tipificándolos como simples homicidios entre particulares, lo que perpetuaría la impunidad. Así como el que se repita la práctica de emitir certificados de defunción sin plena identificación y entrega de cuerpos, con tal de “dar resultados”. La estrategia de desaparición de personas está encaminada a desaparecer a nuestros Pueblos.

Siguen desapareciendo a los desaparecidos

La autoridad sigue acumulando y así sigue desapareciendo. Siguen desapareciendo a los desaparecidos. El Gobierno desaparece una, dos y tres veces. Estas exhumaciones han demostrado cómo antes, ayer y hoy, siguen repitiendo las mismas malas prácticas de inhumaciones. No está claro y más bien hay evasivas de qué va a hacer el Gobierno de Coahuila por las graves violaciones a los derechos humanos.

El impacto en la familia, sobre todo en los/as hijos/as

La desaparición forzada se convierte en un viacrucis que cambia la dinámica familiar completamente; cuando el papá desaparece y es quien provee económicamente el hogar, la mamá tiene que hacerse cargo de todo, no solo de la educación, sino también en la manutención; aunado a ello, los hijos e hijas, que en su mayoría eran pequeños cuando ocurrió el hecho, deben enfrentar el impacto en la salud física y emocional. Madres, padres, hijos, hijas, esposas, esposos, hermanas, hermanos, después de tantos años de búsqueda, se enfrentan al deterioro de la salud personal y familiar, situación no atendida por las autoridades; si bien existe el Programa de Familias de Personas Desaparecidas en Coahuila (PROFADE), éste no ha sido suficiente para responder a la urgencia provocada por esta crisis humanitaria.

Autoridades cómplices

Uno de los colectivos documentamos más de 100 casos de desaparición forzada perpetrada por las distintas corporaciones policiacas del estado de Coahuila,  desde el inicio de su operación como Grupo de Armas y Tácticas Especiales (G.A.T.E) en la administración del Ex Gobernador Rubén Moreira Valdés, seguida del cambio de nomenclatura a Fuerza Coahuila y al día de hoy en cualquiera de sus denominaciones: Policía Civil Coahuila (PCC), Policía Especializada Coahuila (PEC), Policía de Acción y Reacción (PAR) dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto con la Policía de Investigación Criminal, Grupo Operativo Especial del Estado GOEE, estas últimas dependientes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Los elementos aprehensores continúan violentando los derechos humanos del detenido y consumando las desapariciones forzadas, pues es evidente el grado de IMPUNIDAD que el Estado permite. Los colectivos hemos desarrollado mecanismos de Búsqueda Inmediata que hoy en día representa el 90% de los casos localizados con vida.

Impunidad y tortura en México-Coahuila

La justicia en Coahuila y en todo México no es ni pronta ni exhaustiva. Tenemos más de diez años en diálogo directo con autoridades, pero, a pesar de los esfuerzos, no hemos encontrado a nuestros seres queridos desaparecidos y cada día son más y más a quienes buscamos. En un estado donde nunca ha habido alternancia de partido en su gobierno, las redes de corrupción están tejidas y afianzadas muy fuertes y por lo tanto muy, muy difíciles de romper.

Los vínculos con la delincuencia organizada de empresas, políticos y gobiernos son evidentes, e incluso comprobadas, como se dio en los Juicios de Texas, donde, pese a sentencias de relevancia por graves crímenes en nuestro país, no se han fincado responsabilidades o se ha sancionado responsables. Lo mismo en la llamada “Masacre de Allende”, donde la verdad y la justicia se entierra o esconde con simulaciones de investigaciones y recomendaciones amañadas de la CNDH.

La tortura es otra de las constantes para con las familias, pues sólo simulan hacer un trabajo que es deficiente, pobre y poco profesional intencionadamente. No es falta de capacitación, es decidida acción de ocultamiento, encubrimiento y protección de intereses de grupo y coaliciones corruptas.

Y pese al mal desempeño, en Coahuila se premia a los funcionarios que son cómplices de la desaparición, acción, omisión o aquiescencia del Estado, que a la vez son corruptos y no hacen su trabajo. Se les premia como magistrados en el poder judicial para seguir entorpeciendo el arduo camino hacia la JUSTICIA.

Por eso afirmamos que la impunidad es la principal problemática en este país, es por esta circunstancia que se han podido cometer delitos de cualquier naturaleza, hasta llegar a los más graves que son los crímenes de lesa humanidad como son la desaparición y las ejecuciones extrajudiciales.

Por eso pedimos que en esta visita confirmen lo que les comunicamos y nos otorguen a través de sus recomendaciones:

Que se lleve al Estado Mexicano ante la Asamblea General de Naciones Unidas por graves violaciones a los derechos humanos, y se impulse un Mecanismo Internacional Contra La Impunidad en México (MICIM), con facultades para investigar y desarrollar estrategia de búsqueda en vida.
Apoyo en el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que con el acuerdo actual no cumple con lo que necesitamos para una certera identificación y así poder saber quiénes son y con ello regresarles sus nombres, sus derechos, regresarlos a casa, la verdad, justicia, castigo a los culpables, no repetición del delito y una reparación de daño que jamás alcanzará a ser justa.

Firman:

Alas de Esperanza

Buscando Desaparecidos México (BUSCAME)

Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos, A.C.

Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-M)

Grupo VI.D.A (Víctimas por sus Derechos en Acción)

Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas

Rastreadoras Nacionales de Personas Desaparecidas, A. C. (RANADES)

Organización acompañante:

Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Comité ONU sobre Desapariciones defiende sus acciones tras protesta del Gobierno mexicano

Se trata de la primera vez que este Comité activa este mecanismo, que eleva el caso a la máxima instancia de Naciones Unidas.

El Comité sobre las Desapariciones Forzadas emitió este miércoles una nota aclaratoria en la que justifica su reciente decisión de solicitar que la situación de México en esta materia sea tratada en la Asamblea General de la ONU, una petición que ha sido muy criticada por el Gobierno mexicano.

Se trata de la primera vez que este Comité activa este mecanismo, que eleva el caso a la máxima instancia de Naciones Unidas.

Las decisiones del comité que implican referir una situación nacional de desapariciones forzadas a la Asamblea “se toman siempre con extremo cuidado y con gran sentido de responsabilidad”, asegura la nota, en la que se expresa el deseo del Comité de “mantener la cooperación y los intercambios constructivos con México”.

El pasado 4 de abril, el grupo de expertos -cuya misión es vigilar el cumplimiento por parte de los Estados firmantes de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzada– anunció su intención de llevar el caso mexicano a la Asamblea General, en virtud del artículo 34 del tratado.

Esta decisión provocó las protestas de distintas autoridades mexicanas, incluida la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien este martes acusó al Comité de tener “mucho desconocimiento” sobre su país.

El Comité recordó que el artículo 34 (cuyas decisiones no tienen un carácter vinculante) permite llevar casos nacionales a la Asamblea General si recibe información creíble de que las desapariciones forzadas se están cometiendo de forma generalizada o sistemática en un país.

Sheibaum comentó a este respecto que las desapariciones forzadas en México eran perpetradas por “la delincuencia organizada“, no por el Estado, e indicó que se había enviado una nota diplomática al Comité para expresar la disconformidad del Gobierno mexicano.

El Comité afirmó que algunas reacciones tras su decisión “revelan cierta confusión respecto al procedimiento” y aseguró que su decisión de aplicar el artículo 34 se adoptó “por consenso” y sobre la base de denuncias recibidas, de informes -incluido el del Estado parte- y otros elementos.

Asimismo señaló que solicitará información al Estado parte sobre las denuncias recibidas, “lo cual no prejuzga en modo alguno los próximos pasos del procedimiento en virtud del artículo 34“.

Subrayó, por otro lado, que las desapariciones forzadas que cubre la Convención no se refieren solamente a las cometidas por actores estatales, sino también por grupos paramilitares o el crimen organizado.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Inédito y mal augurio que Senado exija sanción contra funcionario de la ONU: Centro ProdH

El pasado viernes, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció que estableció medidas cautelares dirigidas al Estado mexicano.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) rechazó el pronunciamiento aprobado por el Senado de la República que busca sancionar al presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Nunca antes desde una de las cámaras del Congreso de la Unión se habían pedido sanciones para un integrante de un órgano previsto en un tratado de Derechos Humanos”, escribió Centro Prodh en su cuenta de X.

“En vez de disputar el diagnóstico y cuestionar al régimen internacional de Derechos Humanos, debería trabajarse en revertir la grave crisis de desapariciones”, añadió.
Este martes, con 71 votos a favor de la mayoría oficialista de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, el Senado aprobó el pronunciamiento contra el funcionario de la ONU.

Durante la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña anunció que recurrirán a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al presidente del Comité contra la Desaparición Forzada.

Al leer el pronunciamiento, Noroña dijo:

“¿Cómo se atreve a emitir semejante aseveración personal a nombre del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU? ¿Bajo qué denuncias, pruebas o criterios sustentados realiza semejante aseveración?

“Bajo ninguno. En primer lugar, el informe final de la CED no contempla ninguna consideración, crítica, exigencia o reclamo hacia nuestro país en materia de desapariciones forzadas. Por si esto no fuera suficiente, en la sesión final no se integró en ningún apartado de la misma tocar algún punto en relación con México

[…]

Las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad que requieren ser tratados con toda la seriedad que una acusación de esa dimensión representa. Anunciamos que recurriremos a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al citado funcionario, sin que ello signifique que el Estado mexicano dejará de cumplir con sus obligaciones de información que se le solicite y de colaboración, en cualquier caso, que la citada comisión plantee a nuestro país”.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum acusa a Comité de Desaparición de ONU de 'mucho desconocimiento' sobre México

El presidente del CED, Olivier De Frouville, expuso que comenzó el proceso tras recibir "información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México".

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó el martes de “mucho desconocimiento” sobre México al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que busca llevar la crisis nacional de desapariciones a la Asamblea General bajo el argumento de que son “sistemáticas o generalizadas”.

“No es desaparición forzada perpetrada desde el Estado, entonces se mandó una nota diplomática para expresar nuestra inconformidad y, en todo caso, se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo”, declaró la mandataria en su conferencia diaria.

La gobernante mexicana rechazó el diagnóstico del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), que activó el viernes en carácter de urgente un procedimiento sobre México bajo el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El presidente del CED, Olivier De Frouville, expuso que comenzó el proceso tras recibir “información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México”.

Pero Sheinbaum argumentó que en México “hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada“, no con el Estado, al defender que su Administración está “haciendo todo lo que esté en sus manos para combatir, atender, desde las víctimas, hasta prevenir y combatir este delito”.
Rechazamos (los dichos del Comité), lo hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, porque en México no hay desaparición forzada desde el Estado, toda la vida luchamos contra eso, eso no existe en México.
El pronunciamiento del organismo ocurre tras el reciente hallazgo de un rancho que presuntamente era un campo de adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, en el occidental estado de Jalisco, donde colectivos de buscadores de desaparecidos denunciaron un “campo de exterminio” en marzo.

México acumula a la fecha más de 120 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Senado aprueba 'moción' para condenar y pedir sanciones a funcionario de la ONU que pidió investigar desapariciones en México

A nombre de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra el presidente de la CED de la ONU, Olivier de Frouville, por señalar que México tiene un problema generalizado de desapariciones forzadas.

El Senado de la República condenó las declaraciones del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés), Olivier de Frouville, en las que se afirma que en México hay desapariciones forzadas “de manera general o sistemática”, por lo que incluso pidió al funcionario de la ONU que se retracte.

En voz de Gerardo Fernández Noroña, Presidente de la Mesa Directiva, la Cámara de Senadores también advirtió que pedirá a la ONU sancionar al titular del Comité contra la Desaparición Forzada por sus aseveraciones “irresponsables y temerarias sobre lo que sucede en nuestro país” en materia de desaparecidos.

Morena acusa al Comité de la ONU contra desapariciones forzadas, de actuar de manera facciosa

Diversos liderazgos del partido Morena se pronunciaron en contra del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus sigla en inglés), que el 4 de abril de 2025, anunció que iniciaría, por primera vez, un procedimiento contra México, que eventualmente podría llegar a la Asamblea General de la ONU, al considerar que en dicho país se registraban desapariciones de manera general o sistemática.

El 7 de abril de 2025, Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena señaló que dicho órgano internacional actuaba de manera “facciosa” contra el Gobierno mexicano, “sin ningún elemento objetivo”.

“A propósito del procedimiento del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la @ONU_es. No es la primera vez que grupos dentro de este organismo actúan de manera facciosa sin ningún elemento objetivo”, escribió la presidenta del CEN de Morena, en su cuenta de la red social X.

“Desde 2018 a la fecha, el @GobiernoMX no desaparece personas ni viola derechos humanos, tampoco tolera ni encubre a ninguna autoridad. Al contrario, como nunca se han desplegado estrategias de búsqueda y combate a la impunidad derivadas de este delito”, afirmó Alcalde Luján.

“El mejor ejemplo son las acciones implementadas en su momento durante el sexenio pasado, así como las que, con mucha contundencia, envió la Presidenta @Claudiashein al Congreso de la Unión en días recientes”, enfatizó la líder partidista.

“No cabe duda que este señalamiento contra México tiene orientación política e ideológica. No les gustan los gobiernos progresistas y cercanos a la gente”, finalizó la presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Un día después, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, cuestionó al presidente del citado Comité, Olivier de Frouville, por haber sostenido que en México la desaparición forzada se lleva a cabo “de manera general o sistemática”

En la apertura de la sesión de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, el legislador anunció que recurriría a las más altas instancias de la ONU para exigir la sanción correspondiente al citado funcionario, sin que eso significara que el Estado mexicano dejaría de cumplir con sus obligaciones para informar lo que se les solicitara.

“¿Cómo se atreve a emitir semejante aseveración personal a nombre del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU? ¿Bajo qué denuncias, pruebas o criterios sustentados realiza semejante aseveración? Bajo ninguno”, alegó el senador de Morena.

Asimismo, Fernández Noroña aseguró que el informe del Comité no contemplaba ninguna consideración crítica, exigencia o reclamo hacia el Gobierno mexicano, en materia de desapariciones forzadas. Además, opinó que el funcionario de la ONU no tenía facultad para hacer esos señalamientos a nombre de la Comisión que presidía, lo cual provocaría, dijo, la falsa e injusta especulación de que había desapariciones forzadas en México.

“Por si esto no fuera suficiente, en la sesión final no se integró en ningún apartado de la misma tocar algún punto en relación con México. Simplemente el presidente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, de manera unilateral, incluyó en su declaración el grave señalamiento, sin sustento alguno, de que hay desapariciones forzadas en México, argumentando la temeridad de que éstas son generalizadas y sistémicas, cuando el Estado Mexicano en su actual momento no realiza esa práctica infame”, enfatizó Fernández Noroña.

“Frívola aseveración. ¿Sobre qué casos y sobre cuáles presunciones pedirá información? ¿Y con qué facultad lo hace? Lo hace a título personal, arrogándose atribuciones que sólo puede asumir si se dieron con fundamento en decisiones colegiadas del Comité aquí señalado. El Gobierno que encabeza la jefa del Estado Mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no practica bajo ninguna circunstancia la aberrante e inhumana práctica de la desaparición forzada”, insistió el senador de Morena.

El 8 de abril de 2025, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, anunció que, por acuerdo de la mayoría, San Lázaro enviaría una nota legislativa a la ONU por los señalamientos del Comité contra las Desapariciones Forzadas, al cual acusó de actuar con irresponsabilidad y frivolidad, al iniciar un procedimiento contra el Gobierno mexicano, por considerar que en México se registran desapariciones forzadas de manera general y sistemática.

Además, el legislador zacatecano expresó el rechazo de la mayoría al comunicado emitido por el organismo de la ONU el 4 de abril de 2025, el cual, según él, contenía desaciertos, inexactitudes y falsedades. Aunque reconoció que estaban conscientes del enorme reto que implicaba la defensa y protección de los derechos humanos, aseguró que el Gobierno de Sheinbaum Pardo lo estaba haciendo de manera enérgica y con eficacia. Por tanto, acusó al Comité de tener una actitud injerencista e incluso perversa.

“Enviaremos también nosotros notas legislativas al Congreso norteamericano, pero, sobre todo, a la ONU, de que no se puede actuar con tanta irresponsabilidad y frivolidad por parte de un organismo tan importante que, sin bases, sin pruebas, sin elementos, de manera directa, establecen culpabilidades contra el Estado mexicano y que no estamos de acuerdo”, dijo Monreal Ávila.

“Lo que nos pareció es una actitud injerencista, de mala fe, perversa, sin información. Y, por eso, el grupo parlamentario de Morena respalda a la presidenta en su lucha contra la inseguridad, contra las desapariciones, y en mantener el principio rector que el Estado mexicano tiene sobre la protección de los derechos humanos”, expresó el diputado, quien reconoció que sí existían desapariciones en México, pero, según él, era la delincuencia organizada la que las estaba generando.

“Sí existen desapariciones, pero decir ‘desapariciones forzadas’ es decir que el Gobierno las está haciendo y eso no es así. Está demostrado que la delincuencia organizada es quien principalmente está generando este tipo de desaparición. Está documentado”, subrayó el coordinador de los diputados federales de Morena.

Aunado a lo anterior, el legislador zacatecano aseguró que México no iba a desconocer sus obligaciones de carácter internacional en materia de derechos humanos, pero sí expresaría su desacuerdo, cuando se tratara de falsedades.

“México seguirá atendiendo las solicitudes de todos los Comités y habremos de expresar con contundencia y fuerza que no estamos de acuerdo con falsedades. Entonces, aquí mismo tenemos que hacer valer nuestra inconformidad con el Alto Comisionado, con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que está en México. Por eso, no podemos de ninguna manera quedarnos callados cuando se señala a México, al Gobierno, como el autor de estas desapariciones forzadas”, reiteró Monreal Ávila.

El mismo día, la presidenta Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México envió una nota diplomática de reclamo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego que el Comité contra las Desapariciones Forzadas iniciara un procedimiento contra su Administración, por considerar que ese registraban desapariciones de manera general o sistemática.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal expresó su inconformidad y acusó al organismo internacional de carecer de información para emitir una opinión sobre el problema de las desapariciones en México.

“Se mandó una nota diplomática para mostrar nuestra inconformidad y, en todo caso, se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México, porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo”, reclamó la mandataria nacional, quien recordó que las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SEGOB), habían emitido una primera respuesta.

Sheinbaum Pardo sostuvo que en México no existía la desaparición forzada de personas a manos del Estado, ya que los casos registrados estaban vinculados a grupos del crimen organizado. No obstante, reveló que su Gobierno había solicitado a las fiscalías General de la República (FGR) y de los estados, actuar frente a estos delitos, para que no hubiera impunidad.

“En México no hay desaparición forzada desde el Estado, toda la vida luchamos contra eso, eso no existe en México, hay un fenómeno de desaparición vinculado con la delincuencia organizada. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para atender a las víctimas, prevenir y combatir este delito, principalmente de la delincuencia organizada, pero no es desaparición forzada perpetrada desde el Estado”, finalizó la presidenta.

El 7 de abril de 2025, tras una reunión de cuatro horas con el colectivo jalisciense, Guerreros Buscadores, la titular de la SEGOB, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se comprometió a remover de su cargo a “funcionarios indolentes”, por no dar seguimiento a las denuncias de desapariciones.

La funcionaria federal lanzó un ultimátum para los trabajadores de las fiscalías estatales y de instituciones federales, incluso de la propia Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), al pedirles que realizaran su trabajo con apego a los derechos humanos.

Asimismo, la titular de la SEGOB apuntó que, de no atender dicha petición, serían destituidos de sus funciones, en atención a las demandas de los integrantes de la organización no gubernamental.

“Hay cambios que se van a hacer y también cambios de servidores públicos, que si no lo hacen, pues van a tener que irse porque la presidenta no está jugando. Si no hacemos el trabajo bien ella va a tomar una actuación distinta”, advirtió Rodríguez Velázquez.

“Yo tenía que hacer un llamado de atención para que los funcionarios de la Secretaría pongan atención a los casos de las víctimas. Lo único que no podemos permitir es que tengan un maltrato hacia las víctimas. Entonces se va a poner remedio, eso no se justifica”, expresó la titular de la SEGOB.

“¿Es un ultimátum?”, le preguntó un reportero. “Sí, esto es a nivel nacional y federal, también dentro de la propia Comisión Nacional de Búsqueda”, respondió Rodríguez Velázquez, quien también comentó que los activistas acusaron que los funcionarios de fiscalías estatales, como Nayarit, Jalisco y Sonora, no investigaban, ni daban seguimiento a los casos, y, además, eran indolentes.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Tabe culpa a organizadores del AXE Ceremonia: "Violaron programa de Protección Civil"

Tras el accidente en el AXE Ceremonia que cobró la vida de dos personas, el Alcalde Mauricio Tabe responsabilizó a los organizadores por incumplir con las normativas de seguridad.

Mauricio Tabe, Alcalde de Miguel Hidalgo, señaló a los organizadores del festival AXE Ceremonia 2025 como responsables del accidente ocurrido en el Parque Bicentenario que cobró la vida de los fotógrafos, Citlali Berenice Gilles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández.

Según Tabe, los organizadores "violaron el programa de Protección Civil", por lo que incumplieron los protocolos establecidos para garantizar la seguridad de las y los asistentes.

El Alcalde explicó que, aunque el Parque Bicentenario es un espacio concesionado por el Gobierno federal, las autorizaciones para el evento estuvieron bajo la jurisdicción de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
Estas autorizaciones estaban condicionadas al cumplimiento de medidas de seguridad, incluyendo la correcta instalación de estructuras y el seguimiento de las normativas de Protección Civil.
"Este caso demuestra que la negligencia tiene consecuencias fatales, y exigimos que se investigue y sancione a los responsables," afirmó el Alcalde panista.
En paralelo, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que buscará reunirse con las familias de las víctimas para ofrecerles acompañamiento en esta difícil situación.

El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, detalló que se giraron instrucciones específicas para brindar acompañamiento integral, incluyendo apoyo legal, psicológico y social, con el objetivo de garantizar que el caso no quede impune.

Durante su participación en la primera reunión con colectivos de buscadores de personas desaparecidas, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, Medina destacó que tanto el mecanismo de protección a periodistas como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) colaborarán para atender las necesidades de las familias de las y los afectados.

Gobernación también aseguró que se trabajará en el seguimiento de las carpetas de investigación para establecer responsabilidades y procurar justicia.
El trágico fallecimiento de los fotoperiodistas desató una ola de indignación y exigencias de justicia. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) inició una investigación que se enfoca en los organizadores del evento, las empresas responsables de la operación y las autoridades encargadas de supervisar su correcta realización.

Mientras tanto, las familias afectadas también han denunciado que algunas pertenencias de las víctimas, como una cámara, tenis, cartera y mochila, no les han sido devueltas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno alista ley para "desaparecer a los desaparecidos": Madre buscadora

Cecilia Flores acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum ignorar a las madres buscadoras y no tomar en cuenta sus demandas.

La activista Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó este lunes al Gobierno de México de preparar una ley para “desaparecer completamente” a las personas no localizadas, en medio de la crisis por desapariciones que atraviesa el país.

Flores sostuvo una reunión con Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, para conocer el paquete de reformas que el Legislativo prepara ante la problemática de las desapariciones en México, puesta sobre el relieve tras el hallazgo de presunto campo de adiestramiento y exterminio en Jalisco.

“Quieren hacer una ley que va a desaparecer completamente, por completo, a los desaparecidos”, advirtió Flores, al salir de la reunión en la Ciudad de México.

La activista señaló a medios que ella misma buscó el encuentro porque considera que las leyes deben prepararse escuchando a las víctimas, y acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de ignorarlas y no tomar en cuenta sus demandas.
Debe pensar en tomarle la voz a las víctimas, no nada más lo que ella (Sheinbaum) diga, porque la verdad todo lo hacen para minimizar y perjudicar la búsqueda.
La madre que busca a dos de sus hijos desaparecidos consideró que estas leyes “lamentablemente van a perjudicar más, y van a empezar a desaparecer por completo las personas”.

A juicio de Flores, lo que necesitan los colectivos de buscadores es que se agilice la búsqueda, investigación y localización de inmediata ante una desaparición.

“Ellos (el gobierno) tienen todas las herramientas y los recursos para hacerlo, lo que no tienen es disponibilidad, sensibilidad, empatía en el tema (…) porque es un trabajo que estamos haciendo sin recursos, sin herramientas, sin tecnología y que lo hacemos mejor que ellos como autoridad”, agregó.

Flores participó en la reunión en el Legislativo con varias personas buscadoras, que pedían ser tomadas en cuenta para la construcción de las reformas anunciadas por la presidenta del país hace unos días.

A la par, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió por primera vez con colectivos de personas que buscan a sus seres queridos, la mayoría de Jalisco, donde no estuvo Flores.

Según Rodríguez, este es el inicio de una serie de mesas de diálogo con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas para atender “como prioridad de Estado” el problema de las desapariciones, como le instruyó Sheinbaum.

“Ese es un primer compromiso que nosotros queremos hacer y queremos que nos ayuden a hacer esta agenda de trabajo, que nos lleve a la localización de sus seres queridos”, afirmó Rodríguez.

El hallazgo de un rancho que presuntamente era un campo de adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, Jalisco, ha elevado la presión para que el Gobierno atienda la crisis de desapariciones en el país.

México acumula a la fecha más de 120,000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones registradas desde la década de 1950.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno de Trump sopesa atacar con drones a cárteles mexicanos: NBC News

Desde las campañas, Trump ha insistido en tener mayor participación en el combate a organizaciones criminales del narcotráfico, culpando a los países donde operan de la crisis de fentanilo que aqueja al país y resulta en miles de muertes anuales.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando atacar con drones a los cárteles de droga en México para combatir el tráfico a través de la frontera sur, informó el martes NBC News.

Citó a seis cargos militares, policiales y de inteligencia estadounidenses, actuales y anteriores, con conocimiento del asunto.

Al momento no ha habido una confirmación oficial de estas declaraciones, pero la sugerencia de uso de drones no es nueva en torno a la estrategia de seguridad de Trump, quien anteriormente ya había lanzado la posibilidad de su uso, así como de una incursión militar en el país vecino.

Desde las campañas, Trump ha insistido en tener mayor participación en el combate a organizaciones criminales del narcotráfico, culpando a los países donde operan de la crisis de fentanilo que aqueja al país y resulta en miles de muertes anuales.

Van contra finanzas del Cártel de Sinaloa

El pasado sábado, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció en su cuenta oficial de X, antes Twitter, que la adminstración encabezada por el presidente Donald Trump, impuso “sanciones” contra una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa.

Según explicó, lo anterior es para debilitar sus flujos financieros y debilitar su capacidad operativa, protegiendo “vidas estadounidenses”.
“La Administración Trump ha tomado medidas decisivas contra una red de lavado de dinero para el notorio Cártel de Sinaloa. Al cortar los flujos financieros hacia el Cártel, estas sanciones salvaguardarán el sistema financiero estadounidense, debilitarán la capacidad del Cártel para introducir drogas mortales en Estados Unidos y protegerán vidas estadounidenses”.
Lo anterior forma parte de la estrategia de la administración de Trump para combatir la crisis de fentanilo que aqueja a su país, y de la cuál, culpa a México, país al que asignó gravámenes del 25% hasta que no se resuelva esta problemática y el flujo migratorio ilegal a EU.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

"Los Chapitos" estarían detrás de ataque a centro de rehabilitación en Culiacán: SSPC

De acuerdo con el Secretario de Seguridad, ya se tiene información de los vehículos que participaron en el ataque al centro de rehabilitación, por lo que se está trabajando con las autoridades locales para detener a los presuntos responsables.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo la mañana de este martes que "Los Chapitos" podrían estar detrás del ataque que dejó nueve muertos y cinco heridos en un centro de rehabilitación de Culiacán, Sinaloa.
"Todo indica -son los primeros informes, pero lo vamos a informar con más precisión conforme avancen las investigaciones- que fue una célula conocida como ‘Los Chapitos’ agrediendo a una célula al interior de este centro de rehabilitación de su grupo antagónico de ‘Los Mayos’", reveló.
-¿Entonces fueron "Los Chapitos" los que irrumpieron? -le preguntó un reportero durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

-Son los primeros reportes. Si hubiera información adicional, se las haremos saber, pero es la información preliminar que tenemos -respondió García Harfuch.


Desde Palacio Nacional, detalló que "a la 1:47 de la mañana se recibió el reporte del C4 ahí en Culiacán". "Hay nueve personas fallecidas y cinco heridos. Ingresan a un inmueble. Los homicidios no fueron en vía pública", aclaró.
"Llegan hacia el interior de este centro de rehabilitación, centro de adicciones de nombre Shaddai. Hay nueve personas fallecidas, todos hombres, todos mayores de edad", precisó el funcionario federal.
En su intervención, señaló que se cuenta con información de los vehículos que participaron en los hechos criminales ligados a "Los Chapitos". Por ello, el Gabinete de Seguridad está trabajando con las autoridades locales para dar los responsables.

-Por las características del hecho, ¿este evento será investigado por la Fiscalía estatal o será atraído por la Fiscalía General? -le cuestionó un periodista.

-Lo tiene la Fiscalía General de Justicia del Estado y nosotros estamos también, la Fiscalía General de la República, Sedena, Marina, Secretaría de Seguridad, trabajando en colaboración con la Fiscalía local -respondió Harfuch.

¿Qué pasó en el ataque ligado a "Los Chapitos" y "Los Mayos"?

Al menos nueve muertos y cinco heridos dejó un ataque a balazos perpetrado la madrugada del lunes por un grupo de civiles armados a un centro de rehabilitación en el municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, informaron autoridades locales.

El ataque ocurrió antes de las 02:00 horas locales en la clínica de rehabilitación Shaddai, ubicada en un fraccionamiento del municipio, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública local.

Según los primeros informes, el grupo armado forzó dos de los cuatro portones de la clínica y al ingresar dispararon con fusiles de alto poder contra las personas presentes, quienes aparentemente eran internos, y personal de coordinación y custodia del centro.

Tras varias llamadas al número de emergencias 911 para alertar sobre las detonaciones de arma de fuego, elementos de la Policía Estatal Preventiva se trasladaron al lugar, donde confirmaron la presencia de víctimas mortales y heridos.

En el lugar fueron localizados los cuerpos de ocho hombres sin vida, mientras que un herido más falleció horas más tarde en el Hospital General de Culiacán debido a la gravedad de sus lesiones, añadió. Paramédicos de Cruz Roja trasladaron a los heridos a un hospital.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación. En el lugar, precisó un portavoz, se aseguraron cientos de casquillos para arma larga de distintos calibres, así como otras evidencias.

También se están realizando los protocolos de identificación y entrega de los cuerpos de las víctimas mortales mientras que ya fueron atendidas 16 personas que se encontraron en el lugar ilesas.

Testigos señalaron que los atacantes habían pasado montañas, de acuerdo con la prensa local. "No nos mataron a todos porque se les atoró el rifle, iba a ser una masacre", dijo uno de los sobrevivientes a la prensa local.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

José Luis Abarca suma otra condena: le dan 20 años por homicidio de Justino Carvajal

José Luis Abarca enfrenta una nueva condena por el asesinato de Justino Carvajal, primo de la Gobernadora Evelyn Salgado, a 12 años del crimen en Iguala, Guerrero.

El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, fue sentenciado a 20 años de prisión por el homicidio calificado cometido en 2013 en contra de quien era su síndico administrador, Justino Carvajal Salgado, sobrino del Senador Félix Salgado Macedonio.

A 12 años del homicidio, del que las autoridades ni familiares de Carvajal Salgado habían dado a conocer alguna investigación contra el exalcalde del Partido Revolucionario Democrático (PRD) por este crimen, se informó que el Juez del caso dictó la sentencia de 20 años de prisión en contra del también empresario Abarca Velázquez, señalado como autor intelectual del homicidio.

El exalcalde de Iguala, preso en el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, desde noviembre de 2014, luego de los hechos del caso Ayotzinapa, fue sentenciado el 12 de mayo de 2023 a una pena de 92 años y seis meses de prisión por el secuestro agravado de seis activistas de la Unidad Popular, entre ellos su dirigente Arturo Hernández Cardona, quien de acuerdo con el testimonio de uno de los sobrevivientes, habría sido asesinado personalmente por Abarca Velázquez.

El Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, absolvió al exalcalde de dos cargos de delincuencia organizada relativos al caso Ayotzinapa, pero lo condenó por el caso Unidad Popular (UP), así como el pago de una multa de 920 mil 700 pesos de reparación del daño.
La nueva sentencia de 20 años más de cárcel contra Abarca Velázquez la dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE) la tarde de este lunes, al señalar que “logró” que un Juez dictara la sentencia condenatoria en contra del exalcalde de Iguala.
“Mediante una intensiva investigación que permitió recabar pruebas contundentes, la FGE logró establecer la participación del sentenciado, en los hechos ocurridos en el día 8 de marzo de 2013, en la calle Zaragoza de la colonia Centro. José 'N' fue acusado de dar la instrucción para privar de la vida a la víctima, quien se desempeñaba en ese momento como síndico municipal”, indica el comunicado a más de 12 años de los hechos.
Además de la sentencia, Abarca Velázquez deberá pagar la reparación del daño correspondiente, agrega el comunicado de prensa.

José Luis Abarca fue detenido en octubre de 2014 junto a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, en una casa de Iztapalapa, en la Ciudad de México, luego de que salió huyendo de Iguala al librarse una orden de captura en su contra por su presunta responsabilidad en los ataques cometidos contra normalistas de Ayotzinapa, único caso por el que el empresario no ha sido sentenciado.

El homicidio

Alrededor de las 7 de la tarde de aquel viernes 8 de marzo de 2013, el entonces primer síndico de Iguala y dirigente social del PRD, Justino Carvajal, quien era primo hermano de la actual Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, fue asesinado a balazos cuando llegaba a la casa de su madre, en un edificio propiedad de su familia ubicado en la calle Ignacio Zaragoza del centro de Iguala.
Los informes policiacos indicaron que el político fue interceptado por civiles armados dentro del edificio y le dispararon en al menos dos ocasiones, en el pecho y en la cara junto a la boca. Esa noche se informó que llegó a la escena del crimen el Alcalde José Luis Abarca con otros miembros de su Cabildo.

Días antes, el 21 de febrero, Carvajal Salgado fue perseguido e interceptado por un grupo de hombres que presuntamente lo intentaron secuestrar y en esa ocasión, ante su resistencia cerca del Palacio Municipal, fue golpeado.

En una audiencia entre el Alcalde Abarca Velázquez y miembros de la Unidad Popular realizada el 1 de abril de ese año, Arturo Hernández exigió que el homicidio de Carvajal Salgado fuera tomado como un crimen político, y rechazó que el crimen sólo se adjudicara a la delincuencia organizada.
“Es una explicación muy cómoda para privar de la vida a luchadores sociales”, dijo en esa ocasión el activista que reclamó al entonces Gobernador Ángel Aguirre Rivero y a la Procuradora de Justicia, Martha Elba Garzón Bernal, dar seguimiento a las investigaciones para dar con los responsables.
Ese día, Hernández Cardona responsabilizó al Alcalde de lo que les pudiera suceder a los líderes de la Unidad Popular, señalamiento que el 29 de mayo presentaron en una denuncia ante el Fiscal Regional de la Fiscalía del estado.
“Presidente, aunque se vea como injusto yo te responsabilizo a ti desde ahora si le pasa algo a un compañero de la Unidad Popular y si algún compañero de la Unidad Popular cae”, declaró Cardona dos meses antes de su homicidio.
Durante mayo de 2013, las organizaciones adheridas a la Unidad Popular radicalizaron sus protestas en contra de la administración de Abarca Velázquez, al que acusaron del asesinato de Justino Carvajal, una de ellas realizada el 22 de mayo, donde hicieron pintas en el Palacio Municipal.

Días después, el 30 de mayo al terminar una protesta en la caseta de peaje de la autopista a Cuernavaca, ocho líderes de la Unidad Popular, entre ellos Arturo Hernández, fueron interceptados por un grupo armado que los secuestró. Tres días después fueron hallados asesinados cerca de Mezcala, Hernández Cardona, Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.

FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/ALEJANDRO GUERRERO.

Claudia habla de Andrea Chávez. “Todos debemos dar ejemplo. No es llegar por llegar”

En medio de la controversia que hay por las caravanas de la salud que encabeza la Senadora chihuahuense, Claudia Sheinbaum cree que "vale la pena poner ciertas reglas dentro del Consejo Nacional de Morena para cualquiera que legítimamente quiera participar en una elección".

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló la mañana de este martes sobre la polémica que ha desatado Andrea Chávez Treviño, Senadora de Morena, por hacer presuntos actos anticipados de campaña en Chihuahua. Ante dicha situación, anunció que enviará una carta al partido guinda para que se respeten las reglas y “nadie se adelante” en los procesos electorales.
"Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena porque creo que tiene que haber reglas. No se debe adelantar nada. Por ejemplo, ya salió publicado el que no hay nepotismo en la Constitución para cargos de elección popular. Morena planteó, la presidenta de Morena planteó -porque en la Constitución salió que al 2030- que en el caso de Morena sería en el 2027. Pues yo creo que eso ya debería de aprobarse", dijo.
"No es ninguna orden. No. Es una sugerencia, de una militante bajo licencia de Morena, de ciertas reglas que tiene que poner Morena para que nadie se adelante a nada. Eso yo creo que es importante. Lo he pensado. Ahora lo hago público. Creo que no se lo había platicado a nadie, pero creo que vale la pena poner ciertas reglas dentro del Consejo Nacional de Morena para cualquiera que legítimamente quiera participar en una elección que se va a dar, pero hasta el 2027", agregó Sheinbaum Pardo.


Durante su conferencia de prensa matutina, pidió recordar la ética del movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T). "Para nosotros no es llegar, no es un asunto de llegar al poder por llegar al poder. Para nosotros lo más importante es la transformación del país que se viene construyendo. Entonces todos debemos dar ejemplo", insistió.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum destacó tres principios del Humanismo Mexicano que marcan a quienes son militantes de esa forma de pensamiento y gobernantes:
  1. Por el bien de todos, primero los pobres.
  2. No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre.
  3. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
Al cuestionarle si más allá de la carta que va a mandar a la dirigencia de Morena, considera que debería de haber algún tipo de sanción, Claudia Sheinbaum atajó: "Las sanciones no me corresponden a mí. Las sanciones partidarias le corresponden a la Comisión de Honestidad y Justicia. Yo no me meto en eso".
"Mi opinión personal es que como una militante, una modesta militante con licencia, nuestro movimiento debe, uno, poner reglas para todas las elecciones que se vienen en adelante, y que todo mundo se ajuste a estas reglas; y dos, la ética del militante y del gobernante de la Cuarta Transformación, que es algo que nos debe distinguir siempre", concluyó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.