De acuerdo con sus palabras, "este comercial, digamos, esta propaganda pagada salió en algunos medios de comunicación desde hace algunos meses"; sin embargo, "se hizo más notorio porque se publicó en el último partido de futbol que hubo el fin de semana".

Ante dicha situación, la Segob envió una carta la semana pasada a los medios mexicanos para solicitarles que retiren los materiales. La petición también respondió a una serie de quejas que recibió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) contra distintas televisoras, como "Televisa, TV Azteca, Imagen".

"La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1°, señala que en México queda prohibido todo acto o práctica de discriminación", se lee al inicio de la misiva que está fechada el 15 de abril de 2025.

Posteriormente, se recuerda que "en los artículos 2, 223 y 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se establece que en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión está prohibida toda forma de discriminación, y que la programación que se difunda, en el marco de la libertad de expresión, deberá propiciar la difusión de valores artísticos, históricos y culturales, la unidad nacional y el respeto a los derechos humanos".

"En ese contexto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha recibido quejas ciudadanas relacionadas con el video difundido por la Secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, que ha sido publicado en la televisión, así como en diversos medios de comunicación, y hace referencia a personas migrantes", se expone en el documento.

"Del análisis hemos encontrado que el spot contiene un mensaje discriminatorio que atenta contra la dignidad humana y que puede fomentar actos de rechazo o violencia hacia las personas en situación de movilidad", se alerta.

"Por tal motivo, le invitamos a que el spot sea retirado con el objeto de cumplir con la construcción de una sociedad sin discriminación, tal como lo establece nuestra Constitución", se exhorta.

"De todas maneras va a ser incluido nuevamente en la Ley. No debe ser. Estaba bien el artículo como estaba planteado. Ya pedí que investiguemos cómo fue que se quitó ese artículo, bajo qué argumentos; pero creemos que nuestra soberanía y el respeto a México merece volver a poner este artículo en la Ley", concluyó.

“El mundo es un lugar cada día más complejo y parece que en cada decisión nos jugamos nuestro destino. Estoy convencida de que nos espera un futuro maravilloso, pero que no está exento de variadas amenazas. Ayúdenme a encararlas y vencerlas, para hacer un Quintana Roo cada día más próspero, pero donde esa prosperidad sea compartida por todas y todos, un Quintana Roo más justo, igualitario y solidario”, concluyó.

"Depende de los gobiernos que pongan límites y no permitan que la industria haga esto, la industria son comerciantes y quieren hacer negocio, y si para ellos les sale más barato comprar políticos y funcionarios que modificar procesos, cambiar máquinas, fórmulas de medicamentos, alimentos o bebidas, lo van a hacer porque saben que sigue habiendo políticos muertos de hambre, funcionarios ambiciosos", aseguró.

La Auditoría Superior de la Federación también detectó durante la fiscalización de otros contratos de Birmex la falta de una correcta contabilidad de recursos públicos, gastos superiores a lo autorizado, su representante legal no dio entregables para comprobar la entrega de algunos productos de Sanofi y ubicó productos caducados en el almacén recién comprados, entre otras irregularidades que requirieron que el órgano fiscalizador pidiera que el Órgano Interno del Laboratorio realizara las investigaciones pertinentes a sus funcionarios.

Sobre medicamentos caducados, en la verificación física de la existencia en el almacén de materia prima y productos terminados de Birmex, la Auditoría identificó la existencia de 27 mil piezas del medicamento diclofenaco (lote VE302) caducados en el mes de agosto de 2024, pero pagados a Neuronic Mexicana durante el ejercicio fiscal 2023; así como 47 mil 159 piezas de la vacuna B.C.G. (lote 0372G027) con fecha próxima de caducidad en octubre de 2024, pagados al proveedor Serum Institute, durante el ejercicio fiscal 2023.

Después del reciente caso de sobreprecio por 175 claves, que de concretarse hubiera afectado al erario por 13 mil millones de pesos, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el cese de directivos, entre ellos, el Director general de Birmex, Iván Olmos, quien fue sustituido por Carlos Ulloa, quien no tiene experiencia en el sector médico-farmacéutico. Fue el secretario particular de Sheinbaum cuando fue Jefa de Gobierno de la CDMX.

La Presidenta Sheinbaum planteó esta semana que en los casos que la Secretaría Anticorrupción detecte sobrecostos hay inhabilitación de la empresa –que ya nunca más se contratará–, hay la multa o se cancela el contrato.

Este miércoles, en conferencia matutina se le cuestionó qué candados se pondrán a Birmex para evitar más casos de corrupción al interior como el del sobreprecio por 13 mil millones de pesos detectado antes de cometerse en la compra consolidada de medicamentos 2025-2026 por 300 mil millones de pesos:

“Prevenir, estar atentos, particularmente en estas licitaciones o invitación restringida o asignaciones que representan muchos recursos”, dijo. “Las farmacéuticas –no todas, pero muchas de ellas– ganan una licitación diciendo que pueden entregar medicamentos en tal fecha y después no los entregan; hay un montón de medicamentos que no se han entregado en la fecha que dicen que la van a entregar. Ahí va a haber sanciones, inhabilitaciones incluso”.

Birmex dejó de producir desde 2000

Birmex ya no produce vacunas ni medicinas, solo las compra a otras grandes farmacéuticas como Sanofi desde que inició la cancelación de producción nacional en el 2000, durante el Gobierno de Vicente Fox.

En 1956, el antecesor de Birmex (Instituto Nacional de Higiene) producía vacunas contra la Difteria, Pertussis y Tétanos, Toxoide Tetánico, sueros y reactivos de diagnóstico. En 1999 se constituyó BIRMEX, con la operación de dos plantas: el Instituto Nacional de Higiene, que producía vacunas bacterianas, sueros hiperinmunes y reactivos biológicos y el Instituto Nacional de Virología que producía vacunas virales.

Del 2000 al 2003 se dejó de producir la vacuna DPT (Difteria, Pertussis y Tétanos), debido a que "se presentaron problemas con la toxicidad y potencia" del componente pertussis, y también en ese periodo se cerró la línea de vacuna antitifoídica debido "a la baja demanda" y la introducción de nuevos productos al mercado, documentó la ASF.

En el mismo periodo se dejaron de producir los reactivos de diagnóstico rosa de bengala y salmo typhi capilar, decisión tomada por la Dirección General de BIRMEX por la baja rentabilidad de dichos productos, documenta la Auditoría Superior de la Federación.

"Se terminó la distribución de vacunas por la corrupción, quieren hacer parecer que es muy complicado, muy difícil que una institución del Gobierno puede hacer lo que hacen las instituciones privadas. Esto fue aún peor cuando entró Vicente Fox porque ellos tenían la intención de privatizar todo; descalificaban todo esfuerzo que se hiciera en la Secretaría de Salud, su intención es que se hicieran mal las cosas para que se pudieran robar el dinero y sacarlo, la palabra elegante que utilizaban era subrogación de servicios, que no era otra cosa que encarecer los servicios por fuera para enriquecer a los amigos, los compadres", dijo el Dr. Héctor L. Frisbie, quien fue Director General del Hospital de Alta Especialidad Materno Infantil en León.

Y entre los años 2005 al 2010, ya en el sexenio de Felipe Calderón, se dejaron de fabricar los reactivos biológicos de diagnóstico histoplasmina y coccidioidina, igualmente ‘por la baja demanda y rentabilidad’; y en ese último año se dejaron de producir los sueros antitoxinas tetánica y diftérica en virtud de la ‘baja demanda’ como consecuencia del control del tétanos y la difteria.

Actualmente se tienen alianzas comerciales con “Sanofi Pasteur” y “Serum Institute of India”, además de vínculos con organismos y fundaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, Fundación Bill & Melinda Gates, Fundación Slim, entre otros.

Durante el 2023, Birmex pagó 13 contratos y dos convenios modificatorios para llevar a cabo la adquisición de vacunas y medicamentos, lo cual no estuvo exento de irregularidades por parte de las farmacéuticas, observó la ASF.

Por ejemplo, Birmex pagó a Sanofi Pasteur un monto de mil 254 millones de pesos para las adquisiciones de vacunas de Hexavalente; vacunas anti-infuenza; vacunas antiamarílica y 9 mil vacunas Tdpa OPD's (tétanos, difteria y pertussis acelular) que antes producía BIRMEX.

El proveedor Sanofi no proporcionó el oficio emitido por el responsable sanitario del fabricante ni reporte de red fría de la entrega a Birmex, quien no pudo dar entregables que acreditaran este suministro.

“El 2 de mayo de 2024, se llevó a cabo la visita domiciliaria, en la que el Apoderado Legal exhibió documentación correspondiente a los contratos de los servicios prestados a BIRMEX; sin embargo, no exhibió la documentación relativa a los entregables que acreditaran el suministro de los bienes”, observó la ASF.

Retraso en construcción de planta

En noviembre de 2007, Birmex compró una planta a la empresa farmacéutica Sanofi Aventis, ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por un monto de 237 millones 229 mil pesos para remodelarla y acondicionarla para la producción de vacuna contra la influenza en México.

La primera etapa se desarrolló de 2008 al 2014, sin embargo, la segunda etapa correspondiente al revestimiento de la planta, ya no se realizó y se inició hasta 2019-2020, en plena pandemia por la COVID-19.

En 2014, el entonces Director General de BIRMEX solicitó realizar los estudios del estado en que se encontraba la planta y ante los supuestos “resultados desfavorables” obtenidos en dicha revisión, se tomó la decisión de realizar un contrato de asociación público privada.

El 1 de septiembre de 2015, documenta la Auditoría, se celebró el contrato entre BIRMEX y un consorcio constituido por Sanofi Pasteur (Azteca Vacunas) y Suministrador de Vacunas a fin de concluir los trabajos de la construcción de la planta para la producción de vacunas contra la influenza en México.

El objetivo era desde entonces, 2015, producir vacunas contra la influenza, combos pediátricos (Hepatitis “B”, Tétanos, Difteria, Tos ferina, Poliomelitis y Haemophilus Influenzae B) con una vigencia del contrato de 15 años. De hecho, Birmex tenía el compromiso con la Secretaría de Salud de venderle 450 millones de vacunas contra la influenza y 83 millones de dosis de vacuna combo pediátrico, durante los 15 años de vigencia del contrato con el consorcio referido.

Pero para 2017 esta producción aún no era operativa. Solo pudo vender mínimo 15 millones de dosis de la vacuna de antiinfluenza (de las 450 millones pactadas) y 1 millón 536 mil dosis de combo pediátrico (de las 83 millones pactadas).

Hasta 2020, en plena pandemia por la COVID-19, se observó avance en la construcción de la planta agendada desde 2015.

El Dr. Héctor L. Frisbie estima que, hasta que se castigue con cárcel a todos estos funcionarios públicos coludidos con la industria farmacéutica, se podrá ver en unos 30 años un cambio en la calidad del servicio de salud pública.

"Es importante no solo remover a los funcionarios públicos de sus puestos porque ellos ya se van con las bolsas llenas, que vayan tras de ellos y les quiten todo su patrimonio, que los dejen en la calle, que los lleven a la cárcel; ojalá la Secretaria Anticorrupción se atreva a hacerlo", dijo.

“Es urgente revisar si hay fallas en los mecanismos de protección o si ha aumentado la violencia de género en la región”, concluyó Luisa Fernanda, para reiterar la necesidad de políticas públicas que garanticen la seguridad de las mujeres, especialmente en zonas rurales y vulnerables.

SAN QUINTÍN, MUNICIPIO CON ALTA INCIDENCIA DE DELITOS CONTRA LA MUJER

Una de las salas del recién inaugurado Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en San Quintín lleva el nombre de Lucero Ruby, en memoria de una mujer víctima de violencia, desaparición y, finalmente, feminicidio a manos de su ex pareja.

Su historia tuvo impacto porque se trataba de una mujer que trabajaba en el centro de salud, fue agredida dentro de una de las oficinas del hospital con arma de fuego.

San Quintín es un municipio donde la mayoría de sus habitantes son migrantes de comunidades indígenas que llegan para trabajar en campos agrícolas. En ese contexto, las autoridades han relacionado estos datos culturales con los casos de violencia familiar y de género.

Raúl Hernández Arellano, juez de Control en el CEJUM, explicó que durante su permanencia en San Quintín otro caso que le intranquilizó fue un intento de feminicidio cometido por un hombre que intentó quemar viva a su esposa. No podía creer el nivel de violencia, comentó durante la ceremonia de apertura del Centro en noviembre de 2024.

Hernández Arellano fue el primer juez en asumir funciones dentro del CEJUM con el compromiso de atender de manera urgente los casos relacionados con violencia contra mujeres. Para ello, ha tomado diversas capacitaciones en línea, a través del Poder Judicial.

Cuando llegó al Juzgado de San Quintín, el 1 de noviembre de 2022, antes de que el CEJUM iniciara operaciones en octubre pasado, se encontró con un rezago de aproximadamente 2 mil 200 expedientes acumulados por la ausencia de un juez. En un año logró desahogar todas las carpetas, de las cuales estimó que entre el 70 y 80% estaban relacionadas con violencia familiar contra mujeres.

Abogado penalista egresado de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Hernández Arellano fue previamente defensor de oficio, experiencia que, según él, fortaleció sus habilidades en la defensa y comprensión del sistema penal, lo que ahora le permite abordar con sensibilidad los casos de víctimas.

Respecto a las necesidades del CEJUM, considera  urgente fortalecer la plantilla ministerial con más mujeres agentes del Ministerio Público. Actualmente, sólo una fémina desempeña esta función en toda la zona, lo que ha generado cuellos de botella en la atención de casos.

“Tenemos asuntos que se nos quedan atorados porque no se da abasto (la Ministerio Público). Reconozco que hay una buena coordinación, pero es indispensable la presencia de más ministerios públicos”, señaló el juez Raúl Hernández.

Añadió que muchas veces las víctimas deben esperar uno o dos meses para tener una audiencia de imputación, lo cual retrasa el acceso a la justicia.

Uno de los compromisos que asumió al tomar el cargo fue precisamente abatir el rezago y garantizar una resolución pronta y expedita a las mujeres que enfrentan situaciones de abuso.

Recientemente, la FGE obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva contra un sujeto acusado de feminicidio en grado de tentativa y secuestro agravado. Se trata de Aurelio N, señalado por agredir brutalmente a su pareja sentimental el 23 de marzo de 2025 en San Quintín.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Mujer por Razón de Género, el imputado privó de la libertad a la víctima y la llevó a un lugar aislado, donde intentó asesinarla. Durante el ataque, la mujer sufrió múltiples lesiones, incluyendo fractura en un pie.

Fue por la intervención oportuna de un familiar que la localizó con vida, la rescató y la trasladó a un centro médico para recibir atención urgente. El 31 de marzo, Aurelio N fue vinculado a proceso y se le impuso medida cautelar de prisión preventiva.

"Repito, no se llegó todavía a ningún acuerdo, pero hay comunicación, tanto a nivel Secretaría de Comercio y de Economía como a nivel de presidentes", sostuvo.