XALAPA. El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato y Servicios Educativos, Eliseo Islas Chagoya, denunció hoy que más de 600 trabajadores de la educación del sindicato que dirige Elba Esther Gordillo devengan doble salario, como maestros comisionados y servidores públicos en la entidad.

“Hay más de 600 compañeros que están comisionados, que son del SNTE, que tiene posiciones de regidores y síndicos en Veracruz, juegan a la simulación, engañan al gobierno del estado”, dijo en entrevista.

Islas Chagoya aseguró, sin embargo, que la nueva reforma educativa mermará las prebendas y privilegios políticos del SNTE, logrando así que “los aviadores” desaparezcan del magisterio.

 En el regreso del PRI a la presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busca “una sana relación” con el gobierno de Enrique Peña Nieto, luego de dos años de confrontación con Felipe Calderón por las presiones del expresidente al Poder Judicial de la Federación (PJF).

El PJF está abierto a mantener las mejores relaciones posibles, de plena colaboración constitucional y en la que no haya la preeminencia de un poder sobre otro u otros, dijo el ministro Juan Silva Meza en su segundo informe como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“En cada poder del Estado tenemos responsabilidades bien definidas”, aseguró ante Peña Nieto y los presidentes del Senado, Ernesto Cordero, y de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra.

 Organizaciones de la sociedad civil participantes en la Cumbre Ciudadana que congregó a más de 500 grupos, advirtieron que el Pacto por México signado entre el gobierno y las tres principales fuerzas políticas del país está incompleto.

En conferencia de prensa, Suhayla Bazbaz, presidenta de Cohesión Comunitaria e Innovación Social, puntualizó que para que dicho acuerdo realmente tenga impacto en la sociedad “requiere que se sistematicen los para qué de las propuestas y se aclaren los cómo de su implementación mediante un proceso de interlocución público y abierto con organizaciones de la sociedad civil, instituciones de investigación y docencia y con la ciudadanía”.

 MANAGUA. En el tercer día del juicio oral y público que se desarrolla en Nicaragua en contra de 18 mexicanos, acusados de tráfico internacional de estupefacientes y lavado de dinero, entre otros delitos, el representante del Ministerio Público se sacó un as de la manga: cinco nuevos peritajes, que solicitó fueran incorporados como “pruebas sobrevenidas”.

Los cinco nuevos peritajes, con fechas del 10 y 12 de diciembre, están relacionados con un reporte de documentoscopía, que consta de 38 folios y que comprende un análisis sobre la autenticidad de los pasaportes que utilizaban los 18 mexicanos, capturados desde el 24 de agosto del presente año, transportando de forma ilícita un total de 9.2 millones de dólares.

Otro de los documentos que el representante del Ministerio Público, Giscard Moraga, pidió al juez Edgar Altamirano que fuera admitido en el juicio oral y público se refiere a un reporte sobre las llamadas telefónicas que realizó la presunta cabecilla de la banda mexicana, Raquel Alatorre. Este documento consta de dos folios.

Un tercer reporte es un análisis que practicó la Dirección de Investigación de Delitos Económicos de la Policía Nacional, con apoyo de la Dirección General de Aduanas (DGA), sobre los movimientos migratorios relacionados a cada una de las camionetas incautadas, las placas referidas, los conductores, etcétera. El informe comprende desde 2008 hasta 2012.

Un cuarto informe de peritos corresponde al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), de 26 páginas, referido a un análisis de la información contenida en los equipos de posicionamiento global (GPS), que portaba cada una de las Van que se movían impunemente por Centroamérica y Panamá, bajo la cobertura de pertenecer al gigante mexicano Televisa.

“Son pruebas completamente necesarias, por ello pedimos que la autoridad judicial (el juez Altamirano) las admita y que nos permita incorporarlas como pruebas sobrevenidas”, de acuerdo con el artículo 306 del Código Procesal Penal de Nicaragua.

Asimismo, con la incorporación de las pruebas, se solicitó que intervengan como nuevos testigos los peritos que elaboraron los documentos.

Mientras la Cámara de Diputados aprobó por mayoría los cambios a la Ley de la Administración Pública, que incluyen la desaparición de dos secretarías y nuevas atribuciones a Gobernación, el PRI anunció desde tribuna que acudirá ante la Corte para echar abajo la decisión del Senado sobre la ratificación de los nombramientos en materia de seguridad.

Con los votos de PAN y PRD quedó establecido que tanto el comisionado como el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) deberán ser ratificados por el Senado antes de que ocupen su cargo y los obliga a que cada seis meses presenten un reporte sobre la materia ante la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

Al argumentar en contra de los cambios que el Senado hizo a la Ley de la Administración Pública que presentó el equipo de Enrique Peña Nieto, el diputado priista Héctor Gutiérrez de la Garza advirtió:

“No vamos a obstruir la Ley de la Administración Pública, pero sí vamos a recurrir a la acción de inconstitucionalidad, ya que el Senado de la República no está facultado para ir por encima de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”, acusó.

Gutiérrez de la Garza explicó que una vez que la ley sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, los legisladores priistas presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la acción de inconstitucionalidad, con el fin de que el máximo tribunal del país determine si los legisladores rebasaron a la propia Constitución.

El sitio “change.org” envió más de tres mil firmas de apoyo para retirar la invitación de la Universidad de Harvard al expresidente Felipe Calderón para que sea profesor en la Escuela Kennedy.

En respuesta, el decano de la Escuela Kennedy, David T. Ellwood, defendió la permanencia de Calderón, al argumentar que favorecerá el aprendizaje de los estudiantes, destaca el diario 24 horas en una nota publicada este viernes.

La participación de Calderón, expresó Ellwood, permitirá a los universitarios “convivir con líderes mundiales y hacer preguntas difíciles relacionadas con políticas públicas importantes”.

En el sitio “change.org” está abierta la petición de John Randolph, exagente de la Patrulla Fronteriza, quien convoca a sumar firmas contra la incorporación de Calderón a Havard, por su responsabilidad en la violencia provocada por la guerra contra el narcotráfico.

“Hay pendientes derechos civiles y casos de asesinatos vinculados a las acciones de Calderón”, se lee en la petición:http://www.change.org/petitions/harvard-university-president-faust-deny-outgoing-mexican-president-felipe-calderon-employment-at-harvard

Los jóvenes detenidos y liberados con las reservas de ley tras los disturbios del pasado 1 de diciembre, exigieron a las autoridades capitalinas la excarcelación inmediata de sus 14 compañeros que siguen en prisión, entre ellos una mujer.

En un video que circula en las redes sociales, con un formato similar al utilizado por el movimiento #YoSoy132 en su surgimiento, los jóvenes denuncian que durante su detención fueron víctimas de abusos por parte de los policías por el simple hecho de ejercer su derecho a la libre manifestación.

La secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Janet Napolitano, visitó ayer México en la que sostuvo reuniones con los equipos de las secretarías de Gobernación y de Hacienda, para abordar temas de la agenda bilateral comoseguridad, migración, administración de aduanas e intercambio comercial, entre otros.

En primer término, Napolitano se reunió con el equipo de Gobernación, que encabeza el secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Durante el encuentro, las delegaciones de ambos países expresaron su disposición de continuar con el trabajo conjunto para enfrentar los riesgos crecientes que amenazan sus respectivas fronteras, así como mejorar los esfuerzos de colaboración para luchar contra el tráfico de personas, terrorismo y la delincuencia transnacional, informó Segob por medio de un comunicado. 

El ex presidente Felipe Calderón regresó este jueves a la Ciudad de México para refrendar su militancia dentro del Partido Acción Nacional (PAN), en el Comité Delegacional ubicado en Álvaro Obregón.

Calderón Hinojosa arribó alrededor de las 13:00 horas y permaneció cerca de 40 minutos dentro de las instalaciones. Rafael Del Olmo, presidente del Comité Delegacional, indicó que el ex mandatario le comentó que sentía que lo culpaban por la derrota del blanquiazul en los pasados comicios, de acuerdo al diario Reforma.

La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, indicó que su dependencia se combatirá al crimen organizado y la violencia, conpolíticas de prevención del delito, que logren consolidar una sociedad segura y en paz.

“El delito se combate con la reconstrucción del tejido social, por lo que desde la Sedesol se seguirán impulsando acciones encaminadas a fortalecer la convivencia ciudadana”, indicó la funcionaria a través de un comunicado.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Sergio Cervantes,  propuso analizar el incremento gradual en 4 por ciento al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicinas, en lugar de fijarlo en una tasa de 16 por ciento.

Agregó que ante la situación de pobreza que enfrentan millones de mexicanos, incrementar los impuestos sería perjudicial.

El ex diputado federal, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, quien a partir de este miércoles se convirtió en el nuevo director de Liconsa, dentro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), tiene historial en Twitter, marcado por su defensa a toda costa del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A través de su cuenta de Twitter, se ha expresado con bastante soltura contra los críticos del PRI, como el movimiento #YoSoy132, cuyos miembros los llegó a calificar como “vándalos”.

En la misma red social, Ramírez Puga se ha expresado así de medios nacionales: “El periódico Reforma no es otra cosa que el brazo armado del PAN para golpear al PRI”. El anterior tuit lo publicó en diciembre de 2011, luego de que el diario revelara queEnrique Peña Nieto no sabía si era precandidato o candidato del PRI, en la precampaña presidencial.

En diciembre del año pasado, a través de Twitter atajó las críticas a Peña Nieto, quien no supo responder cuánto costaba el kilo de tortillas porque no era “la señora de la casa”. En aquel entonces, el diputado ironizó: “A partir de mañana le subo el sueldo a Domitila y me la llevo a todos lados… no vaya a ser el diablo… je je je”.

El gobierno de México pidió a Estados Unidos su “beneplácito” para nombrar al actual embajador de México en Reino Unido, Eduardo Medina Mora, como representante diplomático en ese país, confirmó la corresponsal de Noticias MVS, Dolia Estévez, quien citó fuentes de Washington.

Aunque no existe plazo para que se oficialice el nombramiento, Estévez señaló que la aceptación por parte de Washington podría darse antes del 21 de enero de 2013, fecha en la que el presidente, Barack Obama, rendirá protesta para un segundo periodo.

La multa de 1 mil 900 millones de dólaresimpuesta al banco HSBC en Estados Unidos por lavado de dinero es “irrisoria”, pues equivale acinco semanas de los ingresos del banco de origen inglés y representa menos del 10 por ciento de sus ganancias de capitalización de junio a la fecha, señaló Edgardo Buscaglia, experto en temas de seguridad, crimen organizado y lavado de dinero.

Marcela Turati recibirá el premio Louis M. Lyons por su cobertura de la guerra contra el narcotráfico y por el papel que ha desempeñado en la protección y formación de los periodistasen México, informó Nieman Foundation for journalism at Harvard.

Los Nieman Fellow destacaron la “excelencia periodística y el liderazgo” de Turati, y su coraje, al igual que de otros periodistas mexicanos en la cobertura del crimen organizado. El Premio Louis M. Lyons lo entregarán a Turati el siete de febrero del 2013.

Los Nieman Fellows de 2013, que incluyen a 12 periodistas internacionales y 12 estadounidenses, eligieron a Turati porque ser una reportera que ha informado sistemáticamente sobre las víctimas en la guerra contra el narcotráfico, y también por la dedicación para garantizar la supervivencia de sus colegas.

Alfonso Durazo, quien fue secretario particular del candidato del PRI a la Presidencia en 1994, Luis Donaldo Colosio, desde que éste fue secretario de Desarrollo Social (1992-1993), cuestionó los recientes nombramientos del equipo que conformará esta misma secretaría, encabezada por la ex perredista Rosario Robles, como primera titular en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Son nombramientos que están marcados por el mismo criterio partidario, se notan más en dependencias como en Sedesol y en las de administración de justicia (PGR) en la posibilidad de sesgar su trabajo para favorecer políticamente al partido en el poder, en este caso el PRI”, expuso en entrevista.

El diputado de Movimiento Ciudadano señaló que la Sedesol ha sido históricamente “sensible” a la desviación de recursos en tiempos electorales.

“Todos los integrantes están marcados por su compromiso político con el partido en el poder y creo que repetirán los vicios que hemos señalado en estos últimos años en Sedesol respecto a la desviación de recursos y tareas hacia actividades de naturaleza electoral”, indicó.

“25 mil desaparecidos”,

Carmen Aristegui F.

Reforma, viernes 14 de diciembre, 2012.

The Washington Post publicó, hace unos días,información obtenida de documentos oficiales de la Procuraduría General de la República nunca antes revelados. 

Funcionarios, que tuvieron acceso a ellas y frustrados por el colapso y la inacción institucional, decidieron darla a conocer por esta vía indirecta. Se trata de una lista con más de 25 mil personas adultas y menores de edad registrados como desaparecidos durante el sexenio de Felipe Calderón. Veinticinco mil es, por donde se le vea, una cifra inusitada.

La cifra, aunada a la de personas asesinadas de manera violenta durante el sexenio, que ronda en los 100 mil, son los datos escalofriantes en el balance de un sexenio.

La lista de desaparecidos se conformó con la información entregada por autoridades y procuradurías locales a la PGR.

El diario señala que las identidades y características de estas personas, como edades, vestimentas y otros datos proporcionados por familiares o amigos -como el último momento en que fueron vistos o las actividades que realizaban- se encuentra agrupada en columnas en un formato de Excel por la Procuraduría.

El periodista William Booth, autor de la nota, señala que esto confirma lo que se ha venido diciendo de tiempo atrás sobre México: que hay aquí un fenómeno explosivo en el número de personas desaparecidas. Ni en tiempos de la Guerra Sucia en México, ni en la peor dictadura latinoamericana, se tiene registro de tal número de desaparecidos.

El abogado Alberto Zinser pidió investigar a losfuncionarios responsables de la detención de Sonia Beatriz Lorenzo, quien el pasado 4 de diciembre fue detenida sin orden de aprehensión por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y cuya libertad se condicionó a que renunciara a la custodia legal de sus tres hijos.

En entrevista con Noticias MVS primera emisión, el defensor de Lorenzo refirió que el arresto de la mujer fue parte de una disputa que mantiene con el padre de los niños, Alfredo Souza de Diego, por la custodia de los trillizos, quienes actualmente tienen 7 años. A pesar de que Lorenzo tiene la custodia legal de sus hijos, fue acusada de retenerlos ilegalmente.

El pasado 6 de diciembre, cuando aún estaba recluida, Lorenzo publicó un desplegado en el diario Reforma en el que solicitaba al jefe de Gobierno y al procurador capitalino que atendieran su caso, ya que no sólo había sido detenida  sin conocer el motivo, sino que no ha podido recuperar a uno de sus hijos a pesar de tener su custodia legal.

Lorenzo recuperó su libertad, pero su abogado considera que se debe investigar a los funcionarios responsables de su detención y habló de posibles abusos durante su arresto.

La mexicana Beatriz Elena Veramendi Martínez, una ex agente de seguridad diplomática del Departamento de Estado, fue detenida el 4 de diciembre por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), acusada de delincuencia organizada.

Según el diario Reforma, Veramendi Martínez trabajó cuatro años para la Embajada de Estados Unidos en México, incluso, fue premiada por el embajador Carlos Pascual. Su detención tuvo lugar cuando realizaba actividades de buceo en La Paz, Baja California Sur.

Veramendi, quien en 2008 fuera secretaria particular del ex subprocurador Noé Ramírez Mandujano, actualmente procesado por presuntos nexos con el narcotráfico, fue arraigada durante 20 días luego que un testigo protegido identificado como “Jennifer” dijo haber “escuchado” que ella guardaba el dinero que presumiblemente cobraba su jefe, de acuerdo con la indagatoria SEIDO/UEITMIO/408/2012.

“Jennifer”, el testigo estrella de la “Operación Limpieza” de 2008, dijo a la PGR que escuchó decir eso al abogado José Antonio Cueto, acusado de ser el gestor de las relaciones públicas de la organización criminal de los Beltrán Leyva. Aunque hasta el momento, no ha podido ser corroborado ya que Cueto se encuentra prófugo de la justicia.

Este es el primer caso relevante de la administración de Jesús Murillo Karam, al frente de la PGR, aunque corresponde a una indagatoria que se inició en la gestión de Marisela Morales, de quien Veramendi también fue secretaria particular en la Coordinación General de Investigación.

El equipo que defiende al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington por acusaciones de lavado de dinero, aseguraron este viernes en conferencia de prensa que su cliente no tiene cargos penales en Estados Unidos, ni vínculo alguno con la delincuencia organizada y los inmuebles incautados no son de su propiedad.

El licenciado Marco Tulio Ruiz, aseguró que el ex priista “no es miembro de la delincuencia organizada, no realizó ni realiza ni se ha dedicado en su vida al lavado de dinero”.

Ruiz afirmó que la defensa en Estados Unidos, el licenciado Joel Androphy, explicó que “no hay ningún cargo penal en Los Estados Unidos, que los cargos penales probablemente hayan prescrito, que para poder acusar a alguien en Estados Unidos, no basta que lo hayan mencionado en la prensa, que se requiere probarlo ante una Corte”.

El abogado explicó que la imagen de Yarrington fue estigmatizada dentro del contexto de la campaña política de Enrique Peña Nieto, cuyo fin fue “golpear al candidato en ese entonces a la Presidencia de la República y a su partido”, hecho que considera como “persecución política”.

“Supimos desde ese entonces, que Tomás Yarrington era objeto de una persecución política, decidimos guardar silencio, esperando el momento oportuno, porque privilegiamos proteger su libertad, a que estuviera metido en los vendavales del contexto político”, afirmó.

Asimismo dijo que en cuando se le respeten las garantías individuales a su cliente, Yarrington comparecerá ante las autoridades.