En el 2018, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó un análisis en el que concluyó que en los pozos Pedro María Anaya, Santa Ana Ahuehuepa, San Francisco Bojay y el Torreón, cuya agua sirve para el consumo de las comunidades, se exceden los niveles máximos permitidos de alguno o varios de los siguientes metales: arsénico, mercurio, manganeso y plomo.
Por ello, debido a que también existen condiciones sanitarias que ponen en riesgo la salud de las personas como la contaminación prevaleciente en el agua, en el suelo de la presa y en su periferia, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) extremó medidas en el 2018. La Cofepris también alertó que no había un plan de acción oficial para resolver esta problemática.
La comisión difundió un oficio en el que emitió una declaratoria de emergencia sanitaria para los poblados de Tula Allende y Tepetitlán, que están localizados a los alrededores y en la periferia de la Presa Endhó, lugar al que llegan los residuos que son desechados por la Refinería.
“Se emite como medida de acción extraordinaria para salvaguardar la salud de la población de Tula Allende y Tepepitán, localizados en la presa Endhó y su periferia, DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA para dichas localidades, debido a las condiciones extraordinarias y de urgente atención sanitaria en las que se encuentran, las cuales constituyen en riesgo sanitario actual e inminente para la salud de las personas que ahí habitan,
Sin embargo, esta declaratoria se encuentra olvidada, pese a que en el 2019, Víctor Toledo, quien fue secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un proyecto de atención ambiental y de emergencia en la zona que luego fue frenado.
Debajo de un puente que se encuentra sobre el Río Tula, la refinería cuenta con un desagüe con el que vierte sus desperdicios, los cuales llegan a la presa Endhó que conecta con 9 pozos de agua potable que es consumida por las comunidades de la zona.
Es la única planta de la que se sabe dónde se vierten los desechos, pues se desconoce dónde desaguan la termoeléctrica, la industria cementera y la petroquímica que están en esa cuenca.
¿Los responsables?
México Evalúa realizó un estudio de caso en el 2021 en el que analizó con el estándar ESG de Sustainalytics la efectividad de la política de responsabilidad corporativa de Pemex a nivel agregado y con respecto de empresas comparables, en un marco de indicadores de impactos ambientales, sociales y de gobernanza.
El estudio concluyó que la operación de una empresa petrolera como Pemex puede tener impactos en los derechos humanos de las comunidades locales, ya que sus proyectos productivos se orientan a impulsar la rentabilidad de la empresa, pero al insertarse temporal o permanentemente en un territorio concreto también pueden afectar el medioambiente y la salud de poblaciones específicas.
“Si estas afectaciones no se miden adecuadamente, los efectos perniciosos en el nivel de vida de las comunidades podrían ser profundos y duraderos; es decir, podrían traducirse en incrementos en los indicadores de morbilidad, mortalidad, nivel de vida y pobreza”, dice el estudio “La responsabilidad corporativa de Pemex a prueba”.
En el caso de Tula, agrega que Pemex debe evaluar en términos de materialidad temas como el acceso a la tierra de las comunidades locales y su derecho a la salud y a un nivel de vida adecuado, además de que el Consejo de Administración debe formular un plan coherente, flexible y realista, a fin de incluir prioridades, estrategias de crisis y oportunidades para generar valor.
Esto, debido a que, de acuerdo con datos del Informe Nacional de Calidad del Aire publicado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en 2018, en la cuenca atmosférica de Tula se incumplieron los límites normados de protección a la salud de la población por efecto de contaminantes como partículas suspendidas PM10 y PM2.5, y ozono (O3).
“Atitalaquia y Atotonilco son los municipios en los que con mayor frecuencia se registran concentraciones superiores a los límites de partículas suspendidas establecidos en la norma; en tanto que Tepeji del Río y Tula de Allende lo son para el ozono (INECC, 2020, p.6). La cuenca atmosférica de Tula es la mayor generadora anual de contaminantes en Hidalgo; aporta el 97% del dióxido de azufre (SO2), 45% de las partículas PM2.5 y el 43% de los óxidos de nitrógeno (NOx) emitidos en el estado (INECC, 2020, p.3)”, explica.
Pemex y CFE, empresas contaminantes
Por otro lado, argumenta que la refinación realizada por Pemex es un proceso intensivo que se traduce en la generación de emisiones contaminantes a la atmósfera si no cuenta con las tecnologías adecuadas para capturar los gases contaminantes.
“De acuerdo con el Inventario de Emisiones del Estado de Hidalgo (IEEH), año base 2011, este proceso representó el 25% de las emisiones de SO2 proveniente de las fuentes puntuales en el estado. Y entre las causas principales se cuenta el uso de combustóleo pesado en procesos de combustión”, añade.
Según el Gobierno de Hidalgo, en el citado inventario, las fuentes fijas, que son la generación de energía eléctrica, a cargo de la CFE, y la refinación del petróleo, a cargo de Pemex, aportan en su conjunto el 38% de las PM10 y el 35% de PM2.5,
Por su parte, en un estudio realizado en el 2022, México Evalúa afirmó que de la CFE no se pudo obtener ningún elemento de análisis entre los recomendados por la metodología SASB para analizar el impacto de la empresa en el medio ambiente.
Agregó que sí es posible conocer sus emisiones de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), pero no pone a disposición del público sus emisiones totales de gas de efecto invernadero, además de que no cuenta con una estrategia reconocible o plan a corto y largo plazo para gestionar estos gases, como lo prevé la metodología SASB.
En cuanto al tema del aire, tampoco se pudo acceder a la cantidad de emisiones, por lo que no fue posible completar la valoración, según los requisitos de la metodología.
Además, en cuanto al agua, no se encontró información pública que permitiera conocer el total de agua extraída por CFE, de agua consumida, ni el porcentaje de cada una en regiones con un estrés hídrico inicial alto o extremadamente alto.
