El Poder Judicial Federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional ofrecer una disculpa pública a la familia del joven irapuatense Salvador Cárdenas, quien fue víctima de desaparición forzada en marzo de 2017 a manos de militares de un regimiento adscrito a la XII Región Militar con sede en dicha ciudad y días después fue encontrado asesinado a balazos.
Las fuerzas castrenses realizaban patrullajes en zonas aledañas a los ductos de Pemex, en pleno apogeo del robo de combustible o “huachicol” en el estado, e incurrieron en abusos y violaciones a derechos humanos, como ocurrió con Salvador y su familia.
La sentencia muestra incluso que según informes oficiales, entre fines de 2016 y octubre de 2017 la Sedena realizaba la Operación Jabalí contra el robo de combustible en Guanajuato, con aseguramientos de vehículos y contenedores de combustible, así como reportes de ubicación de diversas tomas clandestinas. Pero el Ejército no puso a disposición de la Fiscalía a una sola persona como detenida por estos operativos.
En la resolución que ordena el cumplimiento de la disculpa pública por parte de la Sedena, se establece que se realice el sábado 18 de enero en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, “por tratarse de una plaza pública en la capital del estado con gran valor histórico y cultural, con el fin de que el acto sea visible y significativo y acorde a la gravedad de los hechos materia de disculpa pública”.
Para llevarla a cabo se estableció que “la máxima autoridad de la XII Zona Militar y del 8º. Regimiento Militar Blindado de Reconocimiento deberán reconocer públicamente la responsabilidad de dicha institución, por la violación a los derechos derivada de su incomunicación, detención arbitraria, desaparición y muerte”.
La disculpa debe nombrar a Salvador y a su madre en calidad de víctimas, “por los graves daños causados; reconocer la dignidad de éste como persona y ratificar la voluntad de que no volverán a ocurrir ese tipo de hechos”.
De esta sentencia fue notificado el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, a quien se le requirió ordenar a sus subalternos y tomar las medidas necesarias para que se acate su cumplimiento.
En octubre del año pasado asumió como comandante de la XII Región Militar el general Maximiliano Cruz Ramos, a quien le corresponderá ofrecer la disculpa. Además, deben estar presentes funcionarios federales y responsables de la función de seguridad pública en el estado.
La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, organización que acompaña a la familia, dio a conocer públicamente la convocatoria judicial para la disculpa, en cumplimiento de la sentencia del juicio de amparo 241/2017.
Esta resolución, contenida en la sentencia de la causa 241/2017 del Juzgado Noveno de Distrito de Irapuato, a cargo de la jueza Karla Macías Lovera, quedó firme tras ser ratificada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, luego de una serie de impugnaciones y recursos por parte de la Sedena que finalmente fueron desechados.
La jueza Macías Lovera emitió sentencia por este caso en contra de militares que la tarde del 17 de marzo de 2017 detuvieron en Irapuato a Salvador mientras éste caminaba por una calle de su comunidad acompañado de sus primos, mismos que alcanzaron a correr cuando los soldados los interceptaron sin motivo aparente.
Su familia denunció su desaparición al día siguiente ante las autoridades y lo buscó, incluso en las sedes militares, donde negaron saber del muchacho de 19 años, que en el momento de ser detenido se dirigía con sus primos a recoger a su novia para ir a un baile.
El cuerpo de Salvador fue encontrado el 24 de marzo en una carretera cercana. Había sido asesinado de un disparo en la cabeza.
La jueza atendió el caso expuesto por familiares de Salvador que denunciaron su desaparición forzada e interpusieron un amparo, determinando la responsabilidad de militares, por lo que ordenó la reparación integral del daño, dentro de la cual figura la disculpa pública.
Karla Macías ha emitido varias sentencias en materia de desaparición y contra abusos cometidos por militares, que incluyen el caso de Rosendo Radilla, desaparecido en la década de los 70 y en el que determinó que se trató de una acción cometida durante un periodo de “terrorismo de Estado” y que debe de investigarse a los más altos mandos de Sedena de ese entonces.
También impuso multas en 2018 al entonces secretario de Marina, Francisco Soberón, por no informar sobre casos de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo que llegaron hasta la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y al propio titular de Sedena, Salvador Cienfuegos, cuando esta instancia omitió presentar a un testigo durante el desahogo de un proceso judicial.
“Córrele, que te van a cuerear”
Salvador formaba parte de una familia con dos hijos. Su padre fue migrante para trabajar en Estados Unidos por varios años y luego se dedicó a sembrar la tierra y a criar animales, junto con su madre.
Sonriente, conversador, gustoso de los bailes y las “cascaritas” de futbol, Salvador era estimado por quienes lo conocían en su comunidad, donde desde niño aprendió labores agrícolas.
Se quedó en ella para dedicarse de lleno a ayudar a sus padres en el cultivo y el cuidado de los borregos, luego de dejar inconclusos sus estudios de preparatoria (en contra de la voluntad de sus padres) y de intentar una sola vez entrar a Estados Unidos, sin conseguirlo.
Salvador se dirigía de su casa en El Llanito, alrededor de las 6 de la tarde del 17 de marzo junto con sus dos primos a bordo de una motocicleta, con rumbo a la vecina localidad de la Calera, comunidad ubicada a pie de la carretera federal Irapuato-León.
El muchacho, que cumplía 20 años al día siguiente, iba a recoger a su novia a la Calera, para luego dirigirse a un baile. Nunca llegó a esos dos destinos, puesto que dos jeeps con soldados los alcanzaron cuando se detuvieron en la moto para que uno de los primos fuera tras unos sembradíos a orinar.
Cuando volvió, vio cómo soldados, que portaban unas tablas, interrogaban y golpeaban a Salvador, así que corrió para ponerse a salvo. Se metió por un río, escuchó a uno de los soldados gritar “¡tírale!”, luego oyó varios disparos, pero pudo ponerse a salvo. “¡Córrele, que te van a cuerear!” fue uno de los gritos que los primos y otros vecinos de la zona escucharon aquella noche.
Avisados de lo ocurrido, los padres de Salvador lo estuvieron buscando por el rumbo durante la noche y madrugada del día siguiente. Le chiflaron “por si acaso los ‘sardos’ (soldados) lo habían tirado por ahí” (según los testimonios recabados) y acudieron al Centro de reinserción social y a instalaciones militares, donde les dijeron que no sabían nada y que no se encontraba retenido en esos lugares.
“Los sardos le dijeron a la quejosa que si metía demanda le iba a ir muy mal porque la acusación que les estaba haciendo era muy grave”, dice una de las sentencias.
En el amparo resuelto a favor de las víctimas (Salvador y su familia) la jueza determinó que los militares fueron responsables de la privación ilegal de la libertad, la incomunicación y la desaparición forzada de Salvador, cuyo cuerpo fue hallado el 24 de marzo (apenas una semana después) en la carretera de cuota Irapuato-Salamanca, entre la maleza a espaldas de las instalaciones de una empresa, con una herida de proyectil en el cráneo.
Aunque no fue sino hasta el 6 de abril cuando la entonces Procuraduría (actual Fiscalía general del estado), en respuesta a un requerimiento de la jueza, confirmó que en el Servicio Forense había un cuerpo que habían recuperado de la carretera y que correspondía a las señas de Salvador, posteriormente identificado por su familia.
Tanto las autoridades de la XII Región Militar como del 8º Regimiento sostuvieron todo el tiempo que no tuvieron que ver con la detención y desaparición de Salvador, pero hubo varios testimonios y otras pruebas demostraron lo contrario.
Incluso, coordenadas geográficas obtenidas a través de ubicar el teléfono celular de Salvador correspondieron a una zona de la ciudad de Guanajuato donde se ubica un destacamento militar, detrás de una unidad deportiva.
En su sentencia de amparo, la jueza asentó que se pudo corroborar que militares incluso acudieron a “tomar declaraciones” de algunos testigos del caso, cuya identidad fue protegida, por lo que violaron el propio Código de Justicia Militar.
Además de solicitar sábanas de llamadas y videograbaciones de algunos sitios ubicados dentro de las coordenadas encontradas por el teléfono de Salvador, el Juzgado Noveno requirió informes y efectuó diligencias de búsqueda ante diversas instancias militares y civiles; pidió informes incluso a Pemex por la cercanía con ductos, así como a empresas particulares de la zona, entre otros actos.
Aunque falló en favor de la familia de Salvador, la sentencia de la jueza fue revocada en 2021 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito en Guanajuato, que resolvió reponer todo el proceso y que la jueza solicitara a las autoridades militares y a otras involucradas (Fiscalía, Comisión de Búsqueda) los informes necesarios sobre su actuación en el caso.
La Sedena, una vez más, negó que los soldados estuvieran involucrados en la desaparición, cuestionó la autoridad de la jueza para realizar la investigación sobre estos hechos y dijo que la denunciante (la madre de Salvador) no había acreditado su parentesco.
Así, este proceso llevó a una primera sentencia en 2018, que fue impugnada por la Sedena y que seis años después terminó con la ratificación de lo resuelto por la jueza, por parte del Tribunal Colegiado en Materia Penal, en diciembre pasado.
Incluso, el caso fue remitido a la Suprema Corte, que rechazó llevarlo y lo devolvió al Tribunal Colegiado.
Dentro del desahogo del juicio de amparo, la jueza solicitó informes a diversas autoridades, así como ordenó diligencias. Uno de los rastros contundentes lo representó el teléfono celular de Salvador, que permaneció encendido y cuya ubicación después de su desaparición fue señalada en puntos donde se encuentran instalaciones militares en Irapuato.
No obstante, la investigación sobre la desaparición forzada de Salvador continúa, puesto que la sentencia ordena a la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la FGR concluir hasta que logre la imputación a todos los responsables de su desaparición.
