Claudia Uruchurtu, Irma Galindo y Sandra Domínguez, coinciden familiares y amigos, fueron desaparecidas por enfrentarse a los poderes políticos y económicos del estado de Oaxaca: por defender el bosque y el territorio, acompañar a víctimas de la violencia y denunciar actos de corrupción en una de las regiones más peligrosas del país para la defensa de los derechos humanos. Sus casos permanecen impunes.
“Claudia ya se había convertido en un problema […] porque ella lo único en lo que estaba enfocada era en que se le ayudara a la comunidad [de Nochixtlán]”, asegura Sara Uruchurtu, hermana de la defensora. “No iban a permitir que alguien despertara o concientizara a la comunidad por la tala inmoderada [en el municipio de San Esteban Atatlahuca]”, dice Maurilio Santiago Reyes, director del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), al referirse a Galindo. “Sandra nunca tuvo miedo de señalar a autoridades [de Oaxaca] que estaban incumpliendo sus funciones”, recuerda su hermana Aracely Kisha Domínguez.
La defensa de los derechos humanos en Oaxaca ocurre en un contexto en que se entremezclan los intereses de autoridades, empresas y crimen organizado, sin que sea posible determinar sus responsabilidades. Así lo explica Marcos Leyva, director de la organización Educa Oaxaca, Servicios para una Educación Alternativa, para quien los casos de Galindo, enfrentada a la tala ilegal permitida por autoridades locales coludidas con grupos delictivos; de Uruchurtu, en pugna con el poder político por exigir transparencia y rendición de cuentas en una región atravesada por dinámicas criminales, y Domínguez, que acompañaba casos de violencia y señalaba a funcionarios que hoy integran el gobierno estatal, no escapan a esa lógica.
“[Antes] era un poco más visible la acción del Estado”, afirma. “En los años 80, 90, incluso más atrás, los actores del Estado eran los que generaban la represión a las organizaciones, movimientos [sociales] y defensores. Hoy esa percepción cada vez está más diluida por esta triada [autoridad-empresas-crimen organizado] y las relaciones que se dan entre estos tres actores”.
Leyva señala que las desapariciones de las tres defensoras ocurrieron, además, en un contexto de ruptura entre el gobierno de Oaxaca y las organizaciones y movimientos sociales. “Este proceso, que han denominado Cuarta Transformación, ha modificado la relación del Estado mexicano con los defensores y las defensoras. Ha habido una ruptura con este sector desde los gobiernos emanados de Morena”. Mientras que el expresidente Andrés Manuel López Obrador acusaba a las organizaciones de derechos humanos de ser conservadoras o seudoambientalistas, agrega, el gobierno estatal —que desde 2022 encabeza el morenista Salomón Jara— ha recurrido a denostarlas y criminalizarlas cuando no están de acuerdo con sus acciones.
A esta situación se suma la elección de políticos de Morena en más de una tercera parte de los 152 municipios del estado que se rigen por el sistema de partidos —el resto, 418, lo hace por el sistema normativo indígena—, y una continua persecución de personas defensoras de derechos humanos, como sucede con las comunidades que se oponen al Tren Interoceánico, que conecta al Pacífico con el Atlántico. El director de Educa Oaxaca también advierte sobre el posible alineamiento de este proyecto, y sus 12 polos de desarrollo industrial a lo largo del trayecto, con el llamado Plan México, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 13 de enero, que busca atraer inversiones millonarias al país.
En México desaparecieron 93 personas defensoras del ambiente y el territorio entre 2008 y 2023, de las que 39 continúan sin ser localizadas, según una investigación de este medio, Quinto Elemento Lab y Mongabay Latam. Del total, 62 víctimas son indígenas, principalmente de origen nahua, yaqui y mixteca. La presencia del crimen organizado y los conflictos agrarios están presentes en la mayoría de los casos, que se concentran en Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Jalisco. Educa Oaxaca, a través de la iniciativa “Todos sus nombres, todas sus luchas”, documentó durante el sexenio de López Obrador, entre diciembre de 2018 y octubre de 2024, 225 asesinatos de personas defensoras en el país. Oaxaca, con 58 casos, es el estado con mayor número de víctimas, seguido por Guerrero, con 39, y Michoacán, con 21. Estos tres estados concentran el 52% del total. La organización registra 23 personas desaparecidas en el periodo, de las que cuatro son mujeres, entre las que se encuentran Uruchurtu, Galindo y Domínguez, sobre quienes el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha emitido acciones urgentes al Estado mexicano para su búsqueda y localización.
Uruchurtu, justicia pendiente
Claudia Uruchurtu Cruz, defensora de derechos humanos, responsable del cuidado de su madre y su hijo, fue desaparecida el 26 de marzo de 2021 en el municipio de Asunción Nochixtlán, a la edad de 48 años. La entonces presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta y otros tres funcionarios del ayuntamiento fueron detenidos, enjuiciados y condenados el 7 de diciembre de 2022 por la desaparición forzada de la defensora.
Una semana más tarde, durante la lectura de las sentencias individualizadas, la jueza María Teresa Quevedo Sánchez reclasificó el delito de Victoria Huerta, al considerarla culpable únicamente de obstrucción a la justicia. Mientras que Juan Antonio Hernández Martínez, su escolta, fue sentenciado a 60 años de prisión, y sus colaboradores Nelci Yanet Vásquez Jiménez y Rolando Aquino Barrita a una condena de 40 años, por el delito de desaparición forzada, la exalcaldesa del PT-Morena recibió apenas cuatro años y dos meses de cárcel.
El 13 de diciembre de 2024, en una segunda instancia, la magistrada Margarita Leonor Gopar Pérez y los magistrados Luis Enrique Cordero Aguilar y Abraham Isaac Soriano Reyes, de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, modificaron la sentencia de Victoria Huerta, reduciéndola a tres años y siete meses, lo que significó su libertad inmediata.
La noche de su desaparición, Uruchurtu había participado en una manifestación frente al palacio municipal de Nochixtlán para exigir la liberación de un prestamista del ayuntamiento que había sido detenido y golpeado. Varios testigos aseguraron que unos hombres se llevaron por la fuerza a la defensora, obligándola a subir a una camioneta de color rojo. Uno de los sujetos fue identificado como el guardaespaldas de la alcaldesa.
Uruchurtu creció en la Ciudad de México, pero regresó a Nochixtlán en 2018. “Ahí es cuando se da cuenta de la existencia de una serie de problemas, a todo nivel, en términos de justicia social, de criminalidad y del manejo de los recursos del ayuntamiento. El gasto y el despilfarro, en el contexto de Nochixtlán, era un exceso”, explica su hermana Sara, quien refiere que la posición geográfica del municipio favorece el desarrollo de todo tipo de actividades económicas, lícitas e ilícitas, como la minería y el tráfico de personas.
La hermana de la defensora explica que, en los años previos a su desaparición, Uruchurtu pudo documentar, a través de solicitudes de transparencia y con contactos al interior del ayuntamiento, las altas nóminas de sus funcionarios, la discrecionalidad con que se ejercían los montos asignados a las comunidades indígenas del municipio, e incluso el desvío a actividades de campaña de recursos destinados a la atención de la pandemia de covid-19. Denunció los manejos irregulares ante instancias locales, estatales y federales —y en medios de comunicación—, lo que contribuyó a que, en noviembre de 2019, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) iniciara una auditoría por situación excepcional al municipio.
Es entonces cuando Uruchurtu, asegura Sara, se convierte “en un problema para esta gente”.
La defensora fue desaparecida antes que se dieran a conocer los resultados de la auditoría. En mayo de 2021, este órgano —que en un principio reservó la información por cinco años— confirmó irregularidades por 8.8 millones de pesos durante la administración de Victoria Huerta, y en octubre del mismo año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sumó a la cuenta otros 270,603 pesos que el municipio no pudo justificar.
Para la familia, cuenta Sara, la búsqueda de la defensora, la investigación de los hechos y el proceso judicial han sido desgastantes, principalmente por la modificación de la sentencia de la ex presidenta municipal y su liberación. “Fue un juicio muy traumatizante, muy victimizador”, ya que la jueza impidió que el proceso fuera público y consintió en que fueran maltratados los testigos de la desaparición, incluida una pareja de adultos mayores. “¿Quién va a apoyar a las víctimas cuando saben lo que van a sufrir en un juicio?”, pregunta.
En un comunicado firmado por Sara y su hermana Elizabeth, publicado tras la liberación de Victoria Huerta, señalan: “Sobre la conciencia de la magistrada y magistrados que decidieron modificar la sentencia [en segunda instancia] pesará esta decisión, que marca la historia de Oaxaca y muestra cómo se privilegia la injusticia sobre la verdad, la opacidad sobre el dolor de las víctimas, […] en otras palabras, privilegiar favores al gobernador del estado, Salomón Jara, y a la 4T, antes que favorecer la justicia”.
Jara ya había sido mencionado por la familia en otras ocasiones. En una entrevista de diciembre de 2022, Sara recordó que el mandatario, durante una visita a Nochixtlán el 14 de mayo de 2021 —cuando era senador de la República—, salió en defensa de Victoria Huerta: “Están denostando a nuestra presidenta, están aprovechando la coyuntura electoral para golpearla, es una injusticia su detención, es una mujer trabajadora, luchadora social, su único delito es la honestidad”, citó la hermana de Uruchurtu.
La familia de la defensora, afirma Sara, estudia la posibilidad de acudir a instancias internacionales y se propone trabajar en su legado, recuperar la información que recabó durante años en contra del ayuntamiento, retomar sus denuncias y vincular su historia con las de miles de familias de personas desaparecidas en el país. “[Queremos] buscar de qué forma se les puede apoyar. No hay apoyo para las familias de víctimas, eso tiene que cambiar”.
Galindo, cero avances
Originaria de la comunidad de Totoi, municipio de San Esteban Atatlahuca, la defensora de los bosques y promotora cultural ñuu savi (mixteca) Irma Galindo Barrios, de 41 años, fue desaparecida el 27 de octubre de 2021 en la Ciudad de México.
Había viajado a la capital del país para participar en una marcha organizada por las comunidades de Mier y Terán, Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, pertenecientes también al municipio de San Esteban Atatlahuca, en respuesta a los hechos violentos ocurridos en esas poblaciones del 21 al 23 de octubre. Casi cien familias de Ndoyonoyuji y Guerrero Grande fueron víctimas de desplazamiento forzado, luego de que un grupo armado, con el respaldo del gobierno municipal, quemara sus casas y atacara a la población, con un saldo de cuatro hombres desaparecidos y dos asesinados.
A Galindo se le vio por última vez en la estación del metro Barranca del Muerto, al sur de la Ciudad de México, cuando se dirigía a recolectar víveres destinados a las familias desplazadas, que se habían refugiado en un albergue del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de la ciudad de Tlaxiaco. La defensora debía acudir el 29 de octubre a una cita con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido a la situación de vulnerabilidad en que se encontraba, al ser la principal denunciante de la presencia de aserraderos clandestinos en el municipio de San Esteban Atatlahuca.
En noviembre de 2019, como respuesta a las acusaciones de los pobladores que asumieron la defensa de los bosques frente a la tala clandestina tolerada y promovida por las autoridades municipales, 17 casas de Totoi fueron quemadas; una era la de Galindo, quien tuvo que salir del país para preservar su vida. Regresó a finales de 2020 y se instaló en la comunidad de Mier y Terán, donde retomó su labor como defensora.
“Yo no tengo por qué esconderme, no estoy haciendo nada malo, estoy defendiendo un bosque. […] [El ayuntamiento de] San Esteban Atatlahuca no está cuidando estos bosques, los está saqueando”, dijo Galindo en una entrevista de diciembre de 2020, en la que, entre otras personas, señaló a Heriberto Nicanor Alvarado Galindo, presidente municipal de San Esteban Atatlahuca (2017-2019), y al comisario de bienes comunales Crescenciano Sandoval Quiroz, por amenazas y hostigamiento.
La defensora aseguró que, a mediados de 2018, Alvarado Galindo operó para que abandonara la regiduría suplente de Cultura, que ocupaba desde noviembre de 2017; que junto con Sandoval Quiroz “iniciaron” el ataque de octubre de 2019 en contra de las tres comunidades defensoras del bosque (Mier y Terán, Guerrero Grande y Ndoyonoyuji), que en febrero de ese año habían decidido remarcar su territorio para detener la tala clandestina; que durante esos ataques quemaron su casa y le pusieron “precio a su cabeza”, y que el comisario, en reuniones del ayuntamiento aseguraba que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, instancia ante la que Galindo denunció la tala ilegal, le dijo que “o me paraba, o ellos mismos vendrían a pararme”.
En su última publicación en Facebook, compartida el mismo día en que desapareció, la defensora, después de que le negaron el acceso a la conferencia matutina de López Obrador, insistió: “Solo les creen sus mentiras al presidente municipal [de San Esteban Atatlahuca], les envían recursos que usan para comprar armas y matarnos, y si hay organizaciones o colectivos que quieren ayudarnos, también los criminalizan, los amenazan, los hostigan y los condicionan. ¿A dónde iremos a parar? ¿Qué sigue?”.
Cielo Alvarado Bautista, compañera de la defensora y una de las 72 personas de la comunidad de Ndoyonoyuji que continúan desplazadas en Tlaxiaco, asegura que, tras la desaparición de la defensora, la tala ilegal no se ha detenido: “A pesar de todos estos problemas que hubo, la tala sigue. No paró, y lejos de que disminuyera, sigue aumentando. Había dos aserraderos, ahora ya hay hasta tres en las comunidades de Totoi, Progreso e Independencia”.
La madre de Galindo, agrega la artesana mixteca, murió poco después de su desaparición, y sus hermanas tuvieron que abandonar San Esteban Atatlahuca por razones de seguridad.
Hasta el momento, explica Santiago Reyes, director del Cedhapi, organización acompañante de las víctimas de las agresiones ocurridas en 2021 y de la familia de Galindo, las autoridades ministeriales no les han comunicado ningún avance en la investigación de la desaparición. Solo saben que la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue atraída por la Fiscalía General de la República.
Lo anterior, pese a que existe una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 22 de diciembre de 2021, para la protección de Galindo y otras cuatro personas desaparecidas. “No se ha dado ayuda humanitaria [a las familias desplazadas], no se han investigado los hechos [del 21 al 23 de octubre], y no hay una persona detenida [por el caso de Irma Galindo]”, asegura Reyes. A esto se suman las problemáticas propias de las comunidades defensoras del bosque: Mier y Terán, que está inconforme con las autoridades de San Esteban Atatlahuca por negarle acceso a los recursos que recibe el municipio por parte de la Federación; Guerrero Grande, cuyo agente municipal no es reconocido por el ayuntamiento, y Ndoyonoyuji, cuyas familias continúan desplazadas en Tlaxiaco ante la ausencia de condiciones para un retorno seguro.
Domínguez, pistas por investigar
La abogada, madre de una hija y defensora de derechos humanos Sandra Estéfana Domínguez Martínez, de 38 años, fue desaparecida junto con su esposo Alexander Hernández Hernández el 4 de octubre de 2024 en la comunidad María Lombardo de Caso, municipio de San Juan Cotzocón. El vehículo en que se trasladaban fue encontrado, días más tarde, en el estado de Veracruz.
Una de las personas señalada por activistas, abogados y familiares de la defensora como posible implicado en su desaparición es Donato Vargas Jiménez, coordinador estatal de Delegados de Paz, que fue deslindado del caso por el gobernador Jara. Vargas compareció, a mediados de octubre de 2024, ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero no se le ha imputado ningún delito; solamente fue separado del cargo, a petición del mandatario, por un periodo de 15 días.
En 2020 y 2023, Domínguez denunció públicamente a Vargas por violencia sexual, debido a que formaba parte de dos grupos de Whatsapp, “Sierra XXX” y “Mega peda” —con más de cien miembros, incluidos funcionarios—, en los que se compartían fotografías íntimas de mujeres, principalmente indígenas ayuuk.
La abogada dedicó los años previos a su desaparición al acompañamiento de denuncias por feminicidio y otros delitos, como en el caso de la expareja de Vargas, Martha Aracely Cruz Jiménez, quien lo acusó, en una conferencia de prensa sostenida junto a Domínguez en abril de 2023, de violencia familiar.
Algunos de los casos que recibieron más atención, recuerda Aracely Kisha Domínguez, hermana de la defensora, fueron los de Fanny Guadalupe López Nolasco, de 16 años, cuyo feminicidio quiso disfrazarse de suicidio, y el de Pijy, indígena ayuuk víctima de violación cuando era menor de edad, cuya identidad fue suplantada por la pareja de su agresor, Plácido “N”, para que el juez sobreseyera el caso y se cancelara la orden de aprehensión.
Otra línea de investigación que sigue la FGE, confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum del 17 de diciembre de 2024, es el posible vínculo de Alexander Hernández, esposo de la defensora, con el crimen organizado. “El objetivo de la desaparición no era ella”, aseguró. Los responsables, agregó, serían integrantes de un grupo criminal.
El 29 de enero, el secretario informó en su cuenta de X sobre un enfrentamiento entre agentes de la Comisión Nacional Antisecuestros y hombres armados cuando se daba cumplimiento en María Lombardo de Caso a una orden de aprehensión relacionada con la desaparición de la defensora. Murieron un policía y tres de los delincuentes.
Aunque la familia se ha mantenido al margen de las investigaciones, Aracely dice que no descartan que su desaparición haya estado motivada por su activismo. “Sandra no tiene miedo a enfrentarse a personas que tienen el poder. Es muy valiente y no se deja ante [la comisión] de violaciones de los derechos humanos. Es algo que, lamentablemente, muchas de las personas que nos representan dejan pasar”, asegura, al tiempo que advierte sobre las amenazas previas recibidas por la defensora. “Nosotros les hemos dado las bases para que investiguen”.
Recuerda que acompañó a su hermana a la conferencia de prensa de 2023 en la que señaló públicamente a Donato Vargas, y apenas terminó comenzaron las amenazas: “Estábamos en un café, le marcan y le empiezan a decir que ya bajara sus publicaciones [de Facebook], que ya había molestado al ‘gordo’, supongo que el ‘gordo’ era Donato, y que ya le parara”. Durante meses le estuvieron llamando a su despacho, continúa, “eran su sombra”. Todas las agresiones fueron documentadas por Domínguez en su página de Facebook.
El hostigamiento, dice Aracely, alcanzó también a su familia. Dos semanas antes de salir de vacaciones de fin de año, las llantas de todos sus vehículos fueron ponchadas. “Es preocupante, es como un ‘los estamos viendo’. Igual, a donde vamos siempre hay motos sin placas, motos con encapuchados, es muy evidente”, explica la hermana de la defensora, para quien es importante no desvincular la desaparición de Domínguez de las de Galindo y Uruchurtu, pues los tres casos evidencian qué tan “malévolo” puede ser el Estado, al desaparecerlas y negarles a sus familias el acceso a la justicia.
