“Se puso sobre la mesa ese tema y ella dijo que si este nuevo equipo de investigación, y si la tecnología arroja elementos de tal manera que se pueda llamar al presidente, se va a hacer”, expuso Rosales.

El diálogo entre los familiares de los normalistas y el Gobierno federal se retomó con la llegada de la administración de Sheinbaum, pues en los últimos meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador la relación entre ambas partes se tensó.

“Los testigos son endebles”

Durante dos horas y media, los padres y madres de los 43 jóvenes dialogaron con Sheinbaum, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Población, Derechos Humanos y Migración, Arturo Medina; y el titular de la Unidad especializada para el Caso Ayotzinapa de la FGR, Rosendo Gómez Piedra.

Las autoridades informaron a los interesados que se conformará una nueva unidad de investigación liderada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y tendrá como eje principal el análisis de la telefonía celular y datos relacionados con el caso.

Asimismo, se buscará obtener los expedientes del Ejército mexicano que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los familiares han señalado como clave para avanzar en las investigaciones.

“Se está retomando el corazón de la investigación, que ya en la última etapa de la anterior administración se había dejado de lado”, señaló Rosales. “La Presidenta decía —y coincidimos en ese punto— que no se puede depender de los testigos medularmente, porque los testigos muchas de las veces son endebles, manipulables o cambiantes en una declaración, y en cambio las pruebas científicas tienen más honestidad, y creo que este nuevo equipo de investigación quiere llegar a ese punto”.

A la par, seguirá operando la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) que se instaló en el sexenio de López Obrador.

Tras la reunión, Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete, aseguró en entrevista que aunque esperaban que en la reunión se presentaran avances concretos, ven una disposición de la Presidenta para retomar las investigaciones.

“Creo que si queríamos partir de una base de confianza, creo que tenemos que empezar de ahí e ir con los señalamientos que hay hacia varias personas involucradas en la desaparición de nuestros hijos, y si existen elementos probatorios hacia la persona, pues se va a proceder a seguir la investigación contra cualquier persona, o funcionario, o policía”.

Acudirían a tribunales internacionales para extradición de Zerón

Con respecto a la extradición de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal que se encuentra prófugo en Israel, Rosales no se descartó acudir a tribunales internacionales para lograr que el ex funcionario testifique.

Detienen a presunto implicado en caso Ayotzinapa

Esta misma mañana, el Gobierno federal dio a conocer la detención de Martín Alejandro “N”, alias “Kamala”, a quien se le señala de los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. 

De acuerdo con las autoridades, en el expediente del caso obran declaraciones de “Kamala” en las que admitió haber sido el responsable de disparar a los estudiantes, por órdenes del “Choky”, además de supuestamente participar en el atentado contra los normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Martín Alejandro “N” ya había sido detenido anteriormente, pero fue liberado en 2018.

Rosales dijo previo a la reunión con Sheinbaum que esperaban recibir más información sobre el tema, puesto que “hay muchos detenidos, pero todos, la mayoría de estos detenidos tienen que ver con el tema de la Verdad Histórica”. 

“Si se están deteniendo varias personas, pero están ligados a esta investigación que ya fue desechada, una investigación irregular, desahuciada, pues yo creo que no estamos avanzando”.

Pese a que ambos han rechazado las acusaciones en su contra, las denuncias exhibieron los conflictos que existen en los altos niveles del SNA.

Aunado a los señalamientos, el Sistema sigue batallando con los problemas para terminarse de conformar, pues hay varios puestos sin ocupar, sobre todo en los estados de la República. Los sistemas estatales anticorrupción, que forman parte del SNA, tienen 277 vacantes, equivalentes al 36% de los cargos de los que disponen.

El SNA y sus problemas para consolidarse

Las acusaciones de corrupción pusieron el foco en este órgano que no se ha terminado de consolidar desde sus inicios en 2015.

Informes oficiales muestran que, hasta diciembre de 2024, en general los sistemas estatales anticorrupción tienen vacantes una tercera parte de sus cargos, aunque hay algunos estados de la República que tienen más ausencias.

A nivel nacional y a nivel estatal, los sistemas anticorrupción deben de contar con un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana, un Comité Rector del Sistema de Fiscalización, una Secretaría Ejecutiva y una Comisión de Selección.

El estado de Veracruz es el que registra una mayor cantidad de designaciones pendientes, con 24. Le siguen Guerrero con 21, Sonora con 16, Campeche con 13, Nuevo León y San Luis Potosí con 11, Tamaulipas con 10, Chihuahua y Ciudad de México con nueve, y Baja California de ocho.

Tampoco cuenta con un secretario ejecutivo, tras la renuncia de Roberto Moreno investigado por presunto mal uso de los recursos públicos.

De igual forma el SNA no cuenta con una Comisión de Selección, el equipo encargado de elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Presuntos hechos de corrupción apuntan a integrantes del SNA

Acusaciones de presuntos hechos de corrupción han sacudido al Sistema en las últimas semanas. Todo inició a principios de febrero, cuando el Comité de Participación Ciudadana recibió una denuncia anónima contra Vania Pérez, presidenta de ese organismo del SNA, por no haber hecho públicos sus ingresos.

La denuncia llegó unos días antes de que se convirtiera en presidenta del Comité y fue turnada al Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del SNA y se centra en sus declaraciones patrimoniales presentadas, pues en ellas no hizo públicos sus ingresos como integrante del SNA, como docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de Monterrey, y como colaboradora de fundaciones y organizaciones sociales.

De cualquier forma, el pasado miércoles 25 de febrero Roberto Moreno presentó su renuncia antes de que el órgano de gobierno del SNA celebrara una reunión en la que iba a votar oficialmente por su destitución.

“Esta salida abre la oportunidad a un nuevo liderazgo y a una nueva visión al interior de la Secretaría Ejecutiva”, expresó Moreno en su carta de despedida.

En un hecho sin precedentes, el pasado 27 de febrero, las autoridades mexicanas realizaron la entrega masiva de 29 capos del crimen organizado a los Estados Unidos, como un intercambio para evitar la imposición de aranceles del 25 % a México por parte del presidente Donald Trump. 

Entre estas personas se encuentran altos perfiles como Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y señalado por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena; Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”; Miguel Ángel y Oscar Omar Treviño Morales, alias “Z-40” y “Z-42”, líderes de los Zetas.

Aunque aún no queda claro si se trató de extradiciones, la justicia mexicana ha sido señalada como responsable de frenar el traslado de algunas de estas personas a Estados Unidos.

En octubre del 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que el gobierno de su país había solicitado la revisión de los casos de los hermanos Treviño Morales, cuyas extradiciones no habían podido concretarse debido a los amparos otorgados a su favor por el Poder Judicial.

Mientras que en el caso de Rafael Caro Quintero, en días recientes, un Tribunal Federal ratificó la suspensión que impedía su traslado a territorio estadounidense. Según su abogado, desde hace días que se buscaba trasladarlo sin que hubiera concluido el juicio de extradición en su contra, que inició en 2022.

No obstante, David Saucedo, especialista en seguridad pública, señala que el gobierno mexicano estaría violando la ley al extraditar a personajes que estaban amparados, aunque el costo que percibe por incurrir en esta falta sería menor que la imposición de aranceles.

“Me parece que ese es el juego, esa es la estrategia y que lo que están haciendo es eso justamente: violar la ley para obtener un periodo de gracia adicional con el tema de los aranceles”, dijo en entrevista con Animal Político.

Entrega se da durante reunión bilateral

El traslado de los detenidos se llevó a cabo en el marco de una reunión entre el Gabinete de Seguridad de México y el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, para revisar los avances alcanzados en el tema del combate a las drogas, en particular del fentanilo. 

Funcionarios de ambos países también sostuvieron un encuentro para abordar las acciones que implementarán para fortalecer a sus economías en el marco del T-MEC. 

“Fueron en ambos casos muy buenas reuniones, se establecieron los principios de coordinación y de colaboración y mantener estas reuniones de manera permanente, reuniones de alto nivel tanto en el tema de seguridad como en el tema comercial”, dijo Sheinbaum al respecto.

Hasta ahora se desconoce si la entrega de los 29 capos permitirá extender la pausa establecida por Donald Trump para implementar los aranceles.

Cuestionada sobre la llamada que sostendrá con su homólogo estadounidense para llegar a un acuerdo, Sheinbaum indicó que hoy se definirán las características y la fecha. “Van a estar en comunicación”, afirmó.

La mañana del jueves, Aracely transitaba en una motocicleta por la calle Ejido de Santa Rita de la colonia Monte Blanco, en el municipio de Celaya, cuando personas armadas dispararon a la mujer que viajaba con su hijo.  

Al llegar paramédicos al lugar, encontraron ya sin vida a la mujer que, minutos más tarde, se confirmó estaba a cargo de la unidad de género en la policía municipal de Celaya. Su hijo fue trasladado para recibir atención médica. 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya destacó la trayectoria de Aracely en la corporación y confirmó que actualmente se dedicaba a dirigir el área especializada a la atención y protección a las mujeres que son violentadas en el municipio.  

Por la noche, en el municipio de Apaseo el Alto, vecino a Celaya, se registró otro ataque armado contra los policías que se encontraban resguardando un torneo de básquetbol que se realizaba en el centro deportivo San Fernando.  

En el deportivo se encontraban tres policías, cuando personas armadas llegaron y abrieron fuego contra los elementos y asistentes al torneo.  

En el lugar murieron dos policías, mientras que el tercero fue trasladado al hospital para recibir atención médica.  

Otras tres personas, integrantes del Comité Deportivo Municipal, también resultaron heridas. La mañana de este viernes se confirmó que falleció uno de los profesores del comité, que resultó herido. 

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre detenciones de personas responsables por los atentados dirigidos a elementos de la policía municipal.

También, este pasado jueves 27, el empresario Alonso Puerto fue víctima de un ataque armado cuando circulaba por la carretera internacional, logrando refugiarse en el Centro de Justicia Penal, al sur de Mazatlán. 

Este empresario enfrenta cargos por la venta de luminarias al Ayuntamiento de Mazatlán, desde mayo del año pasado, acusado de un daño al erario por más de 400 millones de pesos, junto al entonces alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. 

Todos estos eventos sucedieron en el marco de la celebración de la fiesta más importante de Mazatlán, cuyos hoteles reportan, según la Secretaría General de Gobierno, una ocupación hotelera del 80 por ciento. 

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado dio a conocer que, del 18 de febrero a la fecha, se han asegurado 118 laboratorios clandestinos durante operativos en la zona rural y ciudades, sobre todo en Culiacán y Cosalá. 

El más reciente aseguramiento sucedió el 26 de febrero con 9 laboratorios, 6 de ellos ubicados en Culiacán, en los poblados de Monte Verde de Villa, El Vizcaíno, Las Juntas, ejido Los Mayos de Abajo, Santa Loreto y Los Llanos del Refugio, y 2 en Cosalá, en las localidades de Las Amargosas y El Sauce, mientras que en Mocorito se localizó uno en Rancho Viejo. 

También reportaron el aseguramiento de 25 nuevas cámaras de videovigilancia clandestinas, estas en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, uno de los lugares con mayor presencia de grupos armados y choques entre estos desde el inicio de la guerra intestina entre facciones del Cártel de Sinaloa, el 9 de septiembre, a la fecha. 

Con este aseguramiento, la autoridad presume ya 499 cámaras incautadas, cuya propiedad se le adjudican al crimen organizado. De este total, 459 en Culiacán y su zona rural, en operativos que se han extendido ya a Mazatlán y Navolato.

Del grupo de los 29 extraditados, seis podrían enfrentar pena de muerte, tal es el caso de Caro Quintero, a quien el gobierno de EU busca enjuiciar por el secuestro y homicidio de Camarena ocurrido en 1985.

“Este momento es extremadamente personal para los hombres y mujeres de la DEA que creen que Caro Quintero es responsable de la brutal tortura y asesinato del agente especial de la DEA. También es una victoria para la familia Camarena. Hoy envía un mensaje a cada líder del cártel, a cada traficante, a cada criminal que envenena nuestras comunidades: serán responsables. No importa cuánto tiempo lleve, no importa cuán lejos corran, la justicia los encontrará”, dijo el administrador interino de la DEA, Derek S. Maltó, quien destacó la extradición de Caro Quintero por encima de la de los otros 28 integrantes del crimen organizado que fueron entregados a Estados Unidos.

La entrega de Caro Quintero ocurrió a un par de días de que venza el plazo que el presidente Donald Trump dio a México para la imposición de aranceles a los productos mexicanos como represalia por el tráfico de fentanilo y el cruce de migrantes a territorio estadunidense desde la frontera mexicana.

Así, el capo representa para el gobierno de Trump un triunfo más y el inicio de uno de los juicios más esperados en EU, donde, incluso, en octubre de cada año se conmemora “la semana del listón rojo” en honor al agente de la DEA, asesinado mientras operaba como agente encubierto en la lucha contra las drogas.

Una larga cacería

El secuestro y homicidio del agente de la DEA fue atribuido por los gobiernos de México y EU al Cártel de Guadalajara, encabezado por Ernesto Fonseca Carrilo, Don Neto; Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, y Caro Quintero.

La investigación del caso reveló la colusión de agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), jueces y otros altos funcionarios con el narcotráfico.

Rafael Caro Quintero fue detenido en San José de Costa Rica el 18 de septiembre de 1985 y extraditado a México; para el 12 de diciembre de 1989 fue sentenciado por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, homicidio calificado, siembra, cultivo, cosecha, transporte y tráfico de marihuana, suministro de cocaína y asociación delictuosa.

La condena establecía que debía permanecer 40 años en prisión, pero el 9 de agosto de 2013 fue liberado luego de cumplir 28 años recluido, por orden de un tribunal en Guadalajara que consideró que el caso debió llevarse en el fuero local y no en el federal.

En el año 2015, en cumplimiento a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue emitida una orden de reaprehensión en su contra.

Desde entonces, el gobierno estadunidense inició los trámites para solicitar su extradición, pues para la justicia de aquel país su liberación y estatus de prófugo era una afrenta directa.

Antes de su reaprehensión en julio de 2022, el gobierno de EU ofrecía como recompensa 20 millones de dólares a quien ayudara a capturarlo.

En 2018 la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) incluyó a Caro Quintero en la lista de los 10 hombres más buscados, y en ese año la fiscalía de Nueva York agregó una acusación más en su contra por el homicidio de Camarena.

En aquel momento el FBI calificó a Caro Quintero como un hombre “extremadamente peligroso” y se convirtió en el primer hombre buscado por la DEA en ser incluido en la lista de los 10 fugitivos del FBI.

Los cargos contra Caro Quintero incluyen, además del secuestro y homicidio de Camarena, el tráfico de marihuana, cocaína, metanfetaminas y armas de México a EU y liderar una organización criminal.

En el año 2020 su nombre apareció en una acusación de narcoterrorismo contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Según la información difundida por el Departamento de Justicia de EU, los cargos que enfrentará en Nueva York pueden culminar en pena de muerte o cadena perpetua.

Por ello, desde su reaprehensión, la defensa de Caro Quintero tramitó diversos amparos para evitar su envió, bajo el argumento de que en México ya fue juzgado por el caso Camarena y que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito; y que al estar en riesgo de recibir pena de muerte, el gobierno de EU podría incurrir en una violación al tratado de extradición que tiene con México.

Debido a que México se opone públicamente a la aplicación de la pena de muerte, es posible que a través del Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos de América la representación consular mexicana intente permutar esta sanción por cadena perpetua.

La Sección 22 de la CNTE comenzó su jornada de protestas desde ayer jueves 27 de febrero en la Cámara de Diputados y distintos puntos del estado de Oaxaca.

El magisterio protesta contra la reforma a la Ley del ISSSTE porque no toma en cuenta las exigencias de las y los maestros. Según Yenny Pérez, estas demandas incluso ya habían sido acordadas con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero el gobierno de Claudia Sheinbaum no las retomó.

Una de sus demandas es que los trabajadores de la educación se puedan jubilar tomando en cuenta sus años de servicio. Las mujeres a los 28 años y los hombres a los 30 años. 

Además, la CNTE exige regresar a un sistema de pensiones solidario que esté a cargo del Estado mexicano, y que las y los maestros no reciban como pensión lo que lograron juntar en sus cuentas individuales de Afore que son administradas por instituciones privadas.

De igual forma el magisterio exige que sus pensiones se calculen en salarios mínimos y no en Unidades de Medida de Actualización (UMAS), un sistema de referencia económica que el gobierno utiliza para calcular los pagos que se tienen que hacer en distintos trámites gubernamentales.

Frente a estas exigencias, de momento la Secretaría de Gobernación y el ISSSTE prometieron seguir en diálogo, de acuerdo al documento firmado por Martí Batres y Rocío Bárcena Molina.

“No vamos a promover nada que afecte al magisterio”, señala el primero de los compromisos firmados por Bárcena Molina y Martí Batres en una primera reunión con la Sección 22 de la CNTE.

Ambos funcionarios se comprometieron a no “apresurar al Congreso a aprobar una iniciativa sin antes llegar a acuerdos con maestras y maestros”.

Por ello, Joanna continúa organizando rifas y buscando financiamiento para viajar cada tanto de Toluca a Oaxaca, para exigir avances en las investigaciones a las autoridades y continuar con la difusión del boletín de búsqueda de la joven, “porque quiero que se siga escuchando el nombre de mi Lilith, y que la gente conozca las dificultades de una búsqueda sin recursos”.

El silencio de los testigos y la tardía intervención de las autoridades en el caso de Lilith

De acuerdo con las tres personas que estuvieron con Lilith el último día que se supo de su paradero, viajaron juntos al municipio de Pochutla, Oaxaca, el 31 de diciembre de 2022, y tenían su boleto de vuelta para el 6 de enero. Sin embargo, cuatro días antes de la fecha prevista para su regreso, Saori discutió con uno de sus acompañantes, y en seguida salió del hotel donde estaban hospedados, sin que se volviera a tener información de ella.

La noticia llegó a Joanna por redes sociales, cuando encontró el boletín de búsqueda de Lilith en Instagram, en una publicación donde se señalaba que había desaparecido el 2 de enero de 2023 en Playa Zicatela, vistiendo un short color negro de mezclilla, una playera blanca sin mangas y un top.

En cuanto supo la noticia, la madre de Lilith se puso en contacto con las tres personas que se encontraban con ella, pero no tuvo mayor información. La versión que dieron fue que salió del hotel por un ataque de pánico y que la buscaron sin éxito, aunque fue hasta dos días después de la desaparición cuando acudieron a poner la denuncia correspondiente.

Según los dichos de las tres personas que se encontraban de viaje con Lilith, al verla correr intentaron alcanzarla sin éxito, aunque en un video que las autoridades mostraron a Joanna se observa que dos de los acompañantes logran darle alcance en la calle y hablaron por un par de minutos con ella, para luego quedarse mirando cuando la joven se aleja.

Pese a que se cuenta con dicha evidencia, Joanna reclama que las autoridades encargadas de la investigación no han conseguido que las personas que estuvieron con su hija amplíen sus declaraciones y aporten información para localizarla.

“Apenas ahora la Comisión de Búsqueda local está esperando el análisis de la sábana de llamadas del teléfono de Lilith para poder crear otro plan, porque con la estrategia de búsqueda por polígonos no han tenido resultados positivos, pero van más de dos años de la desaparición, ¿por qué tuvieron que esperar tanto tiempo? Yo sé que no es fácil conseguir esos datos, pero desde hace mucho eran importantes en la investigación”, agrega angustiada.

Debido a las dilaciones en las intervenciones de las autoridades, Joanna señala que interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “pero de nada sirvió porque me canalizaron con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y nunca pasó nada, las inconsistencias y la revictimización que sufrió mi hija quedan en un par de llamadas a las que después ya no dan respuesta… pero yo estoy aquí para buscarla”.

Una vida llena de sueños y la convicción de defender derechos

Con voz entrecortada, Joanna describe a su hija como una joven aficionada al cosplay -disfrazarse como alguno de sus personajes favoritos- que sueña con poner un refugio para perros, y está indecisa entre estudiar gastronomía o diseño de modas. Antes de desaparecer, estudiaba el idioma inglés y el japonés, con la esperanza de viajar a Japón.

Lilith es una joven “llena de amor incondicional por los que no tienen voz, rescataba perritos, y aunque entonces yo no entendía la importancia que tenía, era de las que acudía a las marchas contra la violencia hacia las mujeres”, detalla su madre.

Ocho meses antes del viaje a Oaxaca y de su desaparición, Lilith se fue a vivir con su pareja, una de las tres personas que la acompañaban en aquellas vacaciones, por ello, Joanna reclama el no haber sido notificada por él de inmediato cuando no se supo lo que le ocurrió, hecho al que atribuye el entorpecimiento de los primeros días de su búsqueda.

“Con los planes de búsqueda en vida no hubo resultados, no se logró información de Lilith sobre si fue vista en alguna localidad, y todo esto ha sido muy difícil para mi, el estar viajando llena de esperanza para Oaxaca, estar pegando boletines en las zonas de mayor afluencia, pero siento que se pudo aprovechar mejor el tiempo”, lamenta.

Gracias al apoyo del colectivo Defensores por la Justicia, la carpeta de investigación del caso de Lilith fue turnada a una la fiscalía especializada en desapariciones del estado, con lo que Joanna espera que las diligencias avancen y logren hallar a su hija, “porque siento que conforme va pasando el tiempo ya no se tomó en serio la búsqueda, siguen con las mismas estrategias y no hay nada nuevo”.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación, actualmente en México hay 122 mil 833 personas desaparecidas y no localizadas. En el caso de Oaxaca son 737 casos.

En la captura también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN). 

De acuerdo con el expediente, el detenido declaró sobre su participación en el atentado contra los estudiantes los días 26 y 27 de septiembre de 2014. 

Así detalló que, por instrucciones de una persona identificada como “Choky”, le disparó a los normalistas en el centro de Iguala, Guerrero, donde fueron asegurados 17 estudiantes que posteriormente subieron a sus camionetas y fueron llevados a una casa de seguridad donde fueron asesinados inmediatamente. 

Que posteriormente utilizaron una excavadora para enterrarlos en el rancho donde se encontraban y a otros siete estudiantes los quemaron. 

De acuerdo con las autoridades, Martín Alejandro “M” fue puesto a disposición del ministerio público Federal para definir su situación legal.

“Hubo una solicitud concreta por escrito. Creo que no habían pasado horas desde que llegó cuando se convocó el Consejo de Seguridad Nacional, que está conformado por varios funcionarios. Se hizo el análisis en esa reunión. Se vieron las bases jurídicas, si estaban cumplidas, y se procedió. Fue un asunto inmediato”, aseveró Gertz. 

“Es una decisión del gabinete de seguridad. Es una decisión colegiada que se tomó en ese momento, en que no tiene nada que ver la señora presidenta de la República”, subrayó por su parte García Harfuch, y señaló que existía el riesgo de que varios de los “objetivos de seguridad” consiguieran su libertad –incluyendo a José Ángel Canobbio, “El Güerito”–, o continuaran atrasando sus procesos de extradición.  

Preguntado si la entrega de los narcotraficantes anulará la imposición de aranceles que el presidente estadunidense Donald Trump anunció para el próximo 4 de marzo, Gertz reviró, con una sonrisa, que “el cumplimiento de México es evidente; no hay manera de justificar ninguna sanción a una conducta que no solamente no es sancionable, sino que es encomiable”. 

El fiscal confirmó que la operación no derivó de procedimientos de extradición; de hecho, al menos seis de ellos tenían amparos que los protegían de ser extraditados a Estados Unidos. Sostuvo que la operación se basó en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que define las amenazas a la seguridad nacional, y el artículo 89 de la Constitución, dedicada a las “facultades y obligaciones” de la Presidencia. 

“No se está aplicando ninguna ley de extradición: esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de estas personas en ese país”, insistió Gertz, quien descartó que los connacionales pudieran enfrentar condenas de muerte, pues dijo que “cuando se sujeta una operación a una convención internacional como fue en este caso, se tiene que respetar los términos de esta convención”. 

Movilizan a 3 mil 512 elementos

Omar García Harfuch detalló que el “traslado” de los 29 delincuentes movilizó a 3 mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves, mediante una coordinación entre las instancias de seguridad civiles y militares.  

El responsable de la seguridad del gabinete de Sheinbaum indicó que los reos fueron trasladados de 11 cárceles –9 federales y 2 estatales– hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), desde el cual fueron enviados en 8 aeronaves hacia diversas ciudades de Estados Unidos.  

Las cárceles de las que fueron extraídos los reos “operan con total normalidad y no se registró ningún tipo de incidente durante estas operaciones”, presumió García Harfuch, quien agregó que ese acto de autoridad es “resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del gabinete de seguridad”. 

Tras resaltar que los 29 delincuentes representan “una amenaza a la seguridad de nuestro país”, el titular de la SSC los señaló por cometer “delitos atroces en nuestro país, como extorsión, secuestro, homicidio, ataques a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia”.

Ayer la DEA celebró la llegada del narco: “Rafael Caro Quintero, un capo del cártel que desató la violencia, la destrucción y la muerte en Estados Unidos y México, ha pasado cuatro décadas en la lista de fugitivos más buscados de la DEA, y hoy podemos decir con orgullo que ha llegado a Estados Unidos, ¡donde se hará justicia!”.

Señaló que “este es un momento extremadamente personal para los hombres y mujeres de la DEA que creen que Caro Quintero es responsable de la brutal tortura y asesinato del agente especial de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena”.

Y lanzó una advertencia a los criminales: “Ustedes serán juzgados. No importa cuánto tiempo tome, no importa cuán lejos corran, la justicia los encontrará”.

Rafael Caro Quintero es uno de los 29 líderes del crimen organizado que México transfirió a Estados Unidos.

El diputado del PT, Baltazar Gaona, se desmarcó de la postura mayoritaria de su bancada, quien argumentó que, de aprobarse, se estaría obligando a los médicos a realizar procedimientos que podrían contradecir sus valores personales y su formación profesional.

Finalmente, las reformas a la Ley de Salud se aprobaron con 23 votos a favor y seis en contra. Mientras transcurría la sesión y se emitían las diversas posturas de los legisladores, manifestantes protestaban a favor y en contra.

Salud tiene 180 días para emitir lineamientos

El decreto entrará en vigor un día después de que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado. En tanto, la Secretaría de Salud local tendrá 180 días para emitir los lineamientos específicos.

El dictamen aprobado establece la regulación de los servicios de interrupción del embarazo en el estado, garantizando su gratuidad, confidencialidad y disponibilidad, así como la objeción de conciencia para el personal de salud, siempre y cuando no obstaculice el acceso a las personas que así lo requieran.

También se prevé la creación de un registro estatal de procedimientos realizados en instituciones públicas y privadas, asegurando la protección de datos personales.

El 10 de octubre de 2024, con 27 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, el Congreso de Michoacán aprobó diversas reformas para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

De esta manera se reformaron los artículos 118, 141, 142, 143 y 146 del Código Penal de Michoacán, y se derogaron el 144 y el 145, en los que se establecían castigos tanto para las mujeres y personas gestantes, como para el personal de salud que interrumpiera el embarazo.

Actualmente el aborto está despenalizado en 21 entidades, en 19 de las cuales es permitido hasta las 12 semanas de gestación. En Sinaloa se permite hasta la semana 13, y en el caso de Yucatán se despenalizó con una orden judicial pero sigue como delito en el Código Penal estatal.

“Don Rodo” salió, a las 01:00 horas del 30 de abril de 2024, del Centro Federal de Readaptación (CEFERESO) No. 1, El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Ello luego de que el 28 de abril de 2024, Rogelio León Díaz Villarreal, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, ordenó su no vinculación a proceso y la liberación, por su presunta participación en los delitos de violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos y contra la salud, por no encontrar elementos suficientes.

La Fiscalía General de la República adelantó, el 29 de abril de 2024, que apelaría la liberación de “Don Rodo”, pero que también denunciaría penalmente la supuesta complicidad de la Policía Municipal de Autlán de Navarro, con el hermano del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En un comunicado, la institución de procuración de justicia reveló que la Policía Municipal de Autlán de Navarro denunciaron ante la misma FGR a los elementos del Ejército y la Guardia Nacional (GN) que participaron en el operativo de captura de “Don Rodo”, el 21 de abril de 2024, lo que, según la Fiscalía General de la República, evidenció la colusión con el supuesto narcotraficante.

La FGR también dio a conocer que jueces de control federal de la Ciudad de México negaron cuatro veces las órdenes de cateo para ingresar al domicilio de Oseguera Cervantes, en el municipio jalisciense de Autlán de Navarro, antes de capturarlo.

Además, la Fiscalía General de la República cuestionó al juez de control Rogelio León Díaz Villarreal, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, por ordenar la liberación de “Don Rodo”, con base en unos videos “fragmentados, sin secuencia cronológica y sin documentación técnica que les diera credibilidad y certeza”.

“En una investigación por delitos graves de alto impacto, y después de cuatro ocasiones en las que diversos Jueces de Control, con sede en la Ciudad de México, negaron órdenes de cateo en el domicilio de Abraham ‘O’, la Guardia Nacional mantuvo vigilancia sobre el inmueble que ha venido ocupando dicha persona”, detalló la FGR.

“En la madrugada del pasado 21 de abril, las unidades de la Guardia Nacional observaron a tres personas en las afueras del domicilio citado, portando armas de fuego y en actitud beligerante, quienes los amagaron y se introdujeron a tal domicilio, cerrando la puerta. Por tal motivo, los miembros de esa corporación se vieron obligados a dar seguimiento a dichas personas en el interior inmueble, en debido cumplimiento de su obligación legal de perseguir un hecho delictivo evidentemente flagrante”, añadió la Fiscalía.

“En el interior del inmueble, efectivamente encontraron a Abraham ‘O’, portando un arma larga carabina de asalto calibre 5.56 x 45 y un arma corta calibre .9 milímetros, así como una cartera-bolsa con 38 gramos de cocaína; dos mil 011 pastillas de fentanilo y 255 pastillas de fluoprofentanil, razón por la cual se procedió a su detención y traslado a la Ciudad de México, poniéndolo a disposición del Ministerio Público Federal”, agregó la FGR.

“Es muy importante señalar que, durante ese evento, familiares de Abraham ‘O’, pretendieron dolosamente ocultar la verdadera identidad de éste, atribuyéndole el nombre de Rodolfo Garibay González, y al respecto pudo acreditarse que dicha persona también había tramitado y obtenido una licencia con el referido diverso nombre, lo cual es un delito que se comprobó al identificar debidamente a la persona ya mencionada”, indicó la Fiscalía General de la República.

“Durante ese mismo evento, agentes de la Policía Municipal de Autlán, que tenían conocimiento de que quien actuaba era la Guardia Nacional con el resguardo del Ejército Mexicano, presentaron ante la Fiscalía Federal en esa ciudad una denuncia en contra de los elementos actuantes; evidenciando con ello, la colusión y la complicidad de las autoridades policiacas locales, que llegaron al extremo de comprometer a sus propios directivos de esa corporación municipal, entre ellos, al subdirector de la misma”, subrayó la FGR.

“Esa conducta cómplice y encubridora se ratificó cuando dichos elementos de la policía municipal fueron presentados como testigos por la defensa del acusado, en la audiencia de vinculación correspondiente. Ya en el procedimiento judicial, y después de haber obtenido del Juez de Control Rogelio León Díaz Villarreal, la calificación de legalidad en la detención, al arribar a la audiencia de vinculación, el acusado pidió una extensión de varios días; al final de los cuales sus abogados presentaron una serie de videos fragmentados, sin secuencia cronológica y sin documentación técnica que les diera credibilidad y certeza”, dijo la Fiscalía General de la República.

“Dado que dichas pruebas no habían sido puestas a disposición del Ministerio Público por un lapso de varios días, y con ello impidiendo con ello su valoración y dictaminación pericial respectiva, ya que se obtuvieron tan solo dos horas antes de la reanudación de la audiencia, lo cual dejó a la Representación Social en estado de indefensión; y, en esas circunstancias, el Juez decretó la libertad de dicha persona con base en estos videos tan cuestionables e insuficientes, mientras el propio Juez soslayaba y dejaba de valorar las acusaciones por los delitos graves ya señalados en contra de Abraham ‘O’”, acusó la FGR.

“En este caso, con tantas conductas judiciales negativas para impedir cateos; dándole credibilidad a cuestionables videos segmentados; más el soslayamiento del Juez a las acusaciones y pruebas por delitos graves; y la presencia ominosa de complicidad y encubrimiento de la policía municipal de Autlán y de sus directivos; todo ello ha generado una evidente conducta judicial y de autoridades diversas que le dieron ventajas indebidas al acusado, en contra de la Representación Social y de las víctimas, (artículo 225, fracción VII del Código Penal Federal); razones por las cuales se presentará de inmediato el recurso de apelación respectivo y las denuncias penales que procedan en contra de autoridades policiacas locales”, insistió la Fiscalía General de la República.

“Todo lo anterior es una muestra más de los constantes criterios parciales e incongruentes de autoridades judiciales, que no deben quedar al arbitrio de una persona; y sí deben estar estrictamente determinados por la ley, como lo señala el artículo 19 de la Constitución General de la República”, finalizó la FGR.

“Con motivo de la detención y puesta a disposición de Abraham ‘N’, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos de Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y Contra la Salud, en su modalidad de posesión de narcótico con fines de comercio, en su connotación de venta; un juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, llevó a cabo la audiencia inicial, la cual tuvo una duración aproximada de 15 horas, concluyendo en esta fecha”, había informado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el 28 de abril de 2024.

“Escuchadas las partes, el juzgador determinó no vincular a proceso a la mencionada persona y ordenó su libertad, al considerar que su forma de detención resultó contradictoria a lo expuesto por la autoridad en su Informe Policial, toda vez que, con las pruebas aportadas por la defensa, llegó a la convicción que ésta aconteció en diversas circunstancias”, abundó el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF), en un comunicado.

Sin embargo, el proceso de liberación se retrasó debido a un recurso presentado por el Ministerio Público, que solicitó más tiempo para presentar una apelación.

Ante esta situación, la defensa de González Valencia, encabezada por Víctor Francisco Beltrán, presentó una queja para acelerar el trámite y permitir la liberación de su cliente.

Rosalinda González fue detenida por primera vez en mayo de 2018 en Zapopan, Jalisco, bajo acusaciones de manejar los recursos financieros del CJNG.

Inicialmente enfrentó cargos por lavado de dinero, pero consiguió salir bajo caución de 1.5 millones de pesos.

En noviembre de 2021, fue detenida nuevamente por personal del Ejército Nacional, en conjunto con la Fiscalía General de la República.

A partir de ese momento, permaneció en reclusión hasta su liberación más reciente.

PESE A INTENTO DE BOICOT, TACURO DECIDE A FAVOR DEL AUTOGOBIERNO

TACURO ANTAKUA ¡VICTORIA PARA TACURO!

AL AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL ESTADO MEXICANO

Comunidades originarias y afromexicanas de #Michoacán a 27 de febrero de 2025.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo autónomo e independiente de gobiernos, partidos políticos e instituciones religiosas, constituido por autoridades tradicionales de 70 comunidades, exponemos conjuntamente lo siguiente:

La comunidad p’urhépecha de #Tacuro, pueblo ancestral con cientos de años de historia, ubicado en la Cañada de los Once Pueblos en el Municipio de #Chilchota, el día de hoy, reunidos en Asamblea General, máxima autoridad de los pueblos primigenios, determinó con 307 votos a favor y 0 en contra, administrar directamente sus recursos, regirse por usos y costumbres y autogobernarse.

Este ejercicio de democracia directa, convocado por las autoridades civiles y comunales de Tacuro y amparados por el derecho histórico, internacional, constitucional y estatal que tienen los pueblos originarios para ejercer su libre autodeterminación, es totalmente relevante e histórico, toda vez que se realizó pese al intento de boicot por parte de la Presidenta Municipal de Chilchota Alejandra Ortiz Suárez y su Secretario del Ayuntamiento Oskar Pake Gómez, que a través de un grupo de habitantes de Tacuro, principalmente empleados del Ayuntamiento así como sus familiares, tomaron el día de hoy la carretera Carapan-Zamora para intentar detener la consulta, sin embargo, el pueblo de Tacuro ya despertó, no hizo caso a las provocaciones y votó a favor de su autonomía.

Desde las cuatro regiones P’urhépecha, la región Hñahñú u Otomí, la región Matlatzinca o Pirinda, la región Nahua y la región Afromexicana de #Michoacan, felicitamos fraternalmente al pueblo de Tacuro y convocamos a todos los pueblos y comunidades a emprender una Jornada Estatal de Lucha en Defensa de la Autonomía y en contra de la Presidenta Alejandra Ortiz Suarez y Oskar Pake Gómez, enemigos de los pueblos indígenas que se niegan a reconocer su libre autodeterminación y autonomía.

Desde este momento, hacemos directamente responsable a la Presidenta Municipal Alejandra Ortiz Suárez, así como al Secretario del Ayuntamiento Oskar Pake Gómez de cualquier represión, detención arbitraria o criminalización que pudieran sufrir los compañeros que se encuentran exigiendo el autogobierno.

A los pueblos y comunidades integrantes del CSIM les pedimos atenta y respetuosamente que se preparen para atender la convocatoria a la Jornada Estatal de Lucha en Defensa de la Autonomía que estamos por iniciar. Las comunidades de la Cañada de los Once Pueblos no están solas, es tiempo de actual colectivamente.

¡Exigimos que el Cabildo de Chichota apruebe la transferencia de recursos a la comunidad de Tacuro!

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINAR

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM