El encargado de autorizar estos gastos fue el diputado oficialista Armando Contreras Castillo, quien entonces encabezaba el Comité de Administración, integrado por siete legisladores.

Proceso realizó este recuento tomando sólo en cuenta los desembolsos en actividades y artículos que no están relacionados directamente con el trabajo legislativo de los diputados.

El puente de San Lázaro

Entre esos gastos se encuentra la construcción de un puente exclusivamente para que los Diputados federales se trasladen a pie a la ex Garita de San Lázaro, que actualmente es utilizada como resguardo de archivos históricos y no se encuentra abierta al público.

El puente, que une al Palacio de San Lázaro con la exgarita y que cruza por la avenida de Congreso de la Unión, parece un cruce peatonal común y corriente, pero se trata de una construcción de lujo, ya que es de cristal templado, tiene dos elevadores y fue construido por Corporación Integral Bedrok, SA de CV, por un costo de 26 millones 676 mil 900 pesos, según se especifica en el contrato DGAJ-OP-013/2022, del cual Proceso tiene copia.

De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC), la empresa es originaria de Puebla y se registró en 2016; cuenta con sólo dos accionistas, Jorge González Juárez y María Izamar Torres Hernández, quien firmó el contrato con la Cámara de Diputados.

Aunque fue hecho para que los legisladores, empleados y visitantes lo utilizaran, lo paradójico es que casi no se usa.

La construcción fue nombrada “Puente Bicentenario de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824” y fue inaugurado el 29 de abril de 2024 por la entonces presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, la priista Marcela Guerra Castillo, y los miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), entonces presidida por el morenista Ignacio Mier.

Pese a que el contrato del puente es público y establece que Corporación Integral Bedrok ejecutaría la obra, se solicitó vía transparencia la verificación del mismo, sin embargo, la Cámara de Diputados negó que esa empresa realizó la obra, sin dar más detalles de quién la construyó y su costo final.

“Dichos trabajos no fueron resultado del procedimiento de licitación pública HCD/LXV/LPN/OP/09/2022 plurianual, ni ejecutados por la empresa Corporación Integral Bedrok, tal como lo refiere el peticionario, en virtud de que el instrumento contractual celebrado con la citada empresa se dio por terminado anticipadamente”, detalla la respuesta.

Al realizar otra búsqueda en sus archivos, Proceso encontró como empresa adjudicada a SAIDPRO, SA de CV, sin embargo, no existe documento de adjudicación ni contrato, sino una nota informativa firmada por Martín Tadeo Huerta Hernández, director de Servicios Generales de la Cámara de Diputados relacionada con el acta de entrega y recepción física de la obra.

“Es de manifestar que, en cuanto a dicha acta, concerniente a la entrega y recepción Física de los trabajos del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios DGAJ-OP-013/2023 relativo a los trabajos de "Construcción del Puente del Palacio Legislativo a la Antigua Ex Garita de San Lázaro"; a la fecha los trabajos se encuentran en proceso de verificación de la conclusión de los trabajos, por lo que urna vez que se concluya y en caso procedente se suscriba el citado documento, se realizarán las acciones conducentes para su respectiva publicación”, detalla el documento.

Vestuario y uniformes

La Cámara de Diputados también gastó más de 19 millones de pesos para adquirir prendas de seguridad, protección personal, vestuario y uniformes.

El recinto de San Lázaro dio el contrato a la empresa de reciente creación Grupo Taurus, SA de CV, por un monto total de 19 millones 80 mil pesos con IVA incluido, el 11 de junio de 2024.

Entre las prendas solicitadas por los diputados se encuentran: mil 173 trajes para caballero, 221 trajes sastre pantalón para dama, 726 camisas, 290 blusas, 542 corbatas, 537 chamarras tácticas cazadoras, entre otros cientos de indumentarias.

Empleados consentidos

Pese a las afirmaciones de los legisladores morenistas, mayoría en la Cámara Baja, de que no habría lujos, en 2024 los diputados consintieron a sus empleados con regalos y paseos en días festivos que costaron al erario 3 millones 13 mil 919 pesos.

Para ello, la Cámara de Diputados celebró dos contratos para que sus empleados pudieran acudir a parques de diversiones con alimento incluido para el Día de Reyes y Día del Niño, ambos por un total de 1 millón 323 mil 149 pesos.

El paquete de Día de Reyes incluía el ingreso de 472 adultos y 584 niños al Acuario Michin Ciudad de México, con 585 boletos de alimento para niños, lo que costó 472 mil 247 pesos.

Para el Día del Niño los diputados llevaron a sus empleados a Six Flags, parque al que otorgó un contrato para el ingreso de mil 80 trabajadores de base, sindicalizados y operativos de confianza por 700 mil 902 pesos.

El año pasado los diputados también pagaron más de 36 cursos y talleres que costaron 11 millones 328 mil 752 pesos, pese a que no todos tienen relación con el quehacer legislativo.

Entre ellos se encuentran los talleres impartidos por Unvie Consultores sobre “Prevención del suicidio, manejo de la ansiedad y estrés en el trabajo y de acuerdos en la relación de pareja”, que costaron 137 mil 808 pesos.

La empresa Espacio Convergente, S de RL de CV, fue contratada para impartir los cursos de capacitación: "Desarrollo de habilidades laborales", "Estrés, conflicto y negociación en el trabajo", que costaron 167 mil 40 pesos, y el taller “Sororidad: fortaleciendo la unión entre mujeres”, por un monto de 111 mil 360 pesos. También pagó 80 mil 968 pesos a la empresa Conecta C+E Desarrollo y Capacitación para el curso “El estilo y la imagen que proyectas en tu entorno laboral”.

Entre los cursos más caros que pagó se encuentran los de "Análisis de negocio ágil", "Reparación de laptops avanzado a nivel componente", "Hacking ético", "Jenkins", "Kanban", "Redes de telefonía de nueva generación", "Soporte técnico en Mac avanzado", que fueron impartidos por la empresa Operadora Integradora Luzay, SC, que cobró un millón 573 mil 333 pesos.

También a la empresa Desarrollo en Servicios Organizacionales, SC, le pagaron 920 mil pesos por los cursos de "Cableado estructurado UTP y FO avanzado", "Sistema de gestión ambiental", "Norma ISO 19011:2018", "Norma ISO 14001:2015".

En tanto, tal como lo reportó Figueroa Franco, en el mismo periodo, en Baja California, los homicidios bajaron 23.4 por ciento. En septiembre de 2024 había un promedio de 7.13 homicidios y en febrero de 2025 fue de 5.46.

Asimismo, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal reportó un aumento de 33.3 por ciento en homicidios en Guanajuato entre septiembre del año pasado y febrero de 2025.

La titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública dijo que en los cinco estados con más homicidios se vieron “reducciones significativas”, excepto en Guanajuato, donde había subido dicho delito.

“En los 5 estados en donde se concentra el mayor número de homicidios en todo el país, como veremos, existen reducciones significativas en el periodo analizado, que es la actual administración, con énfasis en la actual administración, para el delito de homicidio en todas estas entidades con excepción de Guanajuato”, enfatizó Figueroa Franco.

“Particularmente de septiembre de 2024 a febrero de de 2005 se tuvo un incremento de 33.3 por ciento y en febrero de 2025 se llegó a un promedio diario de 12.5 homicidios dolosos al día”, agregó la titular del SESNSP.

En tanto que, según Figueroa Franco, en el Estado de México la reducción fue de 23.5 por ciento. En septiembre de 2024 se reportó un promedio de 6.63 homicidios, mientras que en febrero de 2025 fue de 5.07.

Por último, en Chihuahua la caída en los homicidios fue de 26.6 por ciento. En septiembre de 2024 el promedio fue de 6.03 homicidios diarios y en febrero de 2025 fue de 4.43, indicó la titular del SESNSP.

Tras 40 años de ansias por tenerlo en su manos, la DEA está en desacuerdo con el Departamento de Justicia de Trump porque pretende enjuiciar al narcotraficante en la Corte Federal del Distrito Este en Nueva York.

“El encausamiento judicial más sólido contra Caro Quintero, y con el que de ser declarado culpable sería sentenciado a la pena de muerte por el asesinato del agente federal Enrique Kiki Camarena (en 1985), es el de California”, explica a Proceso un fiscal involucrado en el caso.

“Definitivamente el más débil de los expedientes contra Caro Quintero, por conspiración para exportar drogas es el de Nueva York. El Departamento de Justicia tendría que extraditarlo a California”, acota el fiscal, que por tratarse de un proceso abierto que aún no inicia habló con este reportero bajo la condición del anonimato.

La expulsión de Caro Quintero a Estados Unidos tomó por sorpresa a la misma DEA; los agentes encargados de los procesos judiciales contra el narcotraficante en California, Arizona, Texas y Nueva York se enteraron de su llegada el mismo jueves 27 de febrero último por la mañana.

“El gobierno de México lo mandó a Nueva York porque sabía que, si lo enviaba a California, Arizona o Texas, lo entregaba a las autoridades para ser procesado judicialmente y, en absoluto, de ser declarado culpable sería condenado a la pena de muerte.

“La extradición lo protegía contra una condena de pena de muerte, México lo expulsó a Nueva York porque ahí sus acusaciones no implican la pena de muerte, con esto el gobierno mexicano evitó que lo señalarán como irresponsable al poner en la antesala de la ejecución a uno de sus ciudadanos”, explica a Proceso uno de los agentes de la DEA a cargo del caso del asesinato de Camarena.

Contra Caro Quintero no habrá contemplaciones, la DEA usará toda su influencia para que se le enjuicie rápido y se le castigue con la condena máxima: la pena capital.

Además de la sed de venganza de la DEA por el secuestro, tortura y asesinato de uno de los suyos, Caro Quintero podría convertirse en el primer narcotraficante mexicano en ser condenado a la pena muerte, e incluso también el primero en recibir ese castigo bajo la designación de terrorista por el decreto instrumentado recientemente por Trump.

Advierte el fiscal:

El encausamiento judicial en California tiene el potencial para ser un escándalo en Estados Unidos y en México, involucra a políticos y militares, muchos de los cuales ya no viven, y también se señala a la CIA en el asunto del secuestro, tortura y asesinato de Camarena.

Desde que ocurrió el homicidio de Camarena, Proceso ha dado cuenta y sustentado con documentos clasificados como top secret, con entrevistas de agentes y exagentes de la DEA, la presunta participación de la CIA, así como de políticos, policías y militares mexicanos.

Uno de los políticos mexicanos mencionados en el caso Camarena-Caro Quintero es Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación en la presidencia de Miguel de la Madrid, y exdirector de la Comisión Federal de Electricidad en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El caso contra Caro Quintero en California y en poder de la Corte Federal del Distrito Central del estado acusa al capo sinaloense de conspiración para secuestrar, torturar y asesinar a Camarena.

El encausamiento incluye delitos de conspiración para traficar mariguana, cocaína, heroína, lavado de dinero procedente de la venta de los enervantes, portación de armas y municiones ilícitas, cargos por los que además sería sentenciado a cadena perpetua.

La condena de pena de muerte a Caro Quintero sería por el asesinato.

El encausamiento en Nueva York, por conspiración para exportar de México sustancias ilícitas y por lavado de dinero en esa entidad federativa, implicaría una condena de cadena perpetua como pena máxima, o de entre 15 y 20 años de cárcel como mínimo.

La incansable lucha de cuatro décadas que llevó a cabo la DEA para vengar a Camarena quedaría diluida por una decisión política y no judicial, si el Departamento de Justicia estadunidense declina la solicitud de extradición.

La venganza del capo

En Arizona y en Texas los expedientes criminales contra Caro Quintero y que son por asesinato tienen que ver con lo ocurrido entre 1983 y 1984 en una población perteneciente al Condado de Hidalgo, Texas, referente a un pleito por una mujer en el que un ciudadano mexicano mató a Emilio Caro Payán, papá de Rafael Caro Quintero.

Esta versión se conoció en la DEA y en otras agencias federales como el FBI, a raíz del asesinato de Kiki Camarena, pero nunca se le dio mucha credibilidad ni seguimiento.

Lo ocurrido en el Condado de Hidalgo provocó la furia de Caro Quintero, y bajo sus órdenes varios de sus pistoleros buscaron minuciosamente al mexicano que mató a su padre.

Eventualmente la gente de Caro Quintero encontró al presunto asesino de su papá y en los encausamientos se señala que al mexicano lo acribillaron con 70 balas de Uzi en el pecho y que además el capo mexicano lo remató con un tiro en la cabeza.

Hace unos cuatro años el caso dio un giro espectacular porque una persona no identificada y registrada en el encausamiento criminal emitido contra Caro Quintero en Arizona se presentó ante una oficina de la DEA o del FBI a hacer una denuncia.

Dicha persona ante los agentes federales recreó el incidente sobre cómo Caro Quintero se vengó de la muerte de su padre y además dijo que él sabía dónde habían enterrado al mexicano ultimado con la Uzi.

La versión de la persona no identificada establece que el presunto asesino del padre de Caro Quintero se enteró de que lo andaban buscando en México por lo que huyó del país e ingresó como indocumentado a El Paso, Texas.

“¿POR QUÉ? Esto no puede continuar. Lo único que tiene sentido es que Canadá se convierta en nuestro querido quincuagésimo primer estado. Esto haría que todos los aranceles y todo lo demás desaparecieran por completo. Los impuestos de los canadienses se reducirían sustancialmente, estarían más seguros, militarmente y en otros aspectos, que nunca antes, ya no habría un problema en la frontera norte y la nación más grande y poderosa del mundo sería más grande, mejor y más fuerte que nunca, y Canadá sería una gran parte de eso. La línea artificial de separación trazada hace muchos años finalmente desaparecerá, y tendremos la nación más segura y hermosa del mundo. ¡Y su brillante himno, ‘O Canadá’, seguirá sonando, pero ahora representando a un GRAN y PODEROSO ESTADO dentro de la nación más grande que el mundo haya visto jamás!”, finalzó Trump.

Ontario suministra electricidad a Minnesota, Nueva York y Michigan. “Los aranceles del Presidente Trump son un desastre para la economía estadounidense. Están haciendo que la vida sea más cara para las familias y las empresas estadounidenses”, señaló el primer ministro de Ontario, en un comunicado.

“Hasta que la amenaza de los aranceles desaparezca para siempre, Ontario no se echará atrás. Nos mantendremos firmes, utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance y haremos lo que sea necesario para proteger a Ontario”, agregó Ford.

Marcelo Luis Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE) llegó, el 10 de marzo de 2025, a Washington D.C., para abogar en contra de la decisión del presidente Trump de imponer aranceles del 25 por ciento a las importaciones de acero y aluminio desde México.

Programados para entrar en vigor el miércoles 12 de marzo de 2025, según una orden ejecutiva de Trump de febrero del mismo año, los aranceles afectarían a todos los países del mundo.

“El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, viajan hoy a Washington D. C. para hablar sobre el comercio de acero y aluminio con funcionarios estadounidenses”, dijo la Secretaría de Economía, en una publicación en su cuenta de la red social X, al tiempo que el titular de la SE publicó una fotografía de su llegada a la capital de EE. UU.

Howard Lutnick, titular del Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés), aseguró el domingo 9 de marzo de 2025, a la cadena NBC, que los aranceles al acero y aluminio estaban programados para entrar en vigor el día miércoles 12 del mismo mes y año.

Asimismo, ya Sheinbaum, descartó que se tratara de una cuestión de “género”, como interpretó la presidenta en los cuestionamientos de la periodista.

El pasado 27 de febrero el gobierno mexicano envió a Estados Unidos a 29 personas privadas de su libertad en México, entre las cuales se incluía a Rafael Caro Quintero, condenado por asesinar a un agente antinarcóticos estadounidense en 1985, Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, y a Óscar Omar Treviño Morales, conocido como Z-42, dos supuestos exlíderes del violento cártel de drogas Los Zetas.

Dicha acción se enmarcó dentro de las labores de “coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral”, siempre “en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”, y en la víspera de la aplicación de aranceles del 25% a México tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

En respuesta, Sheinbaum aseguró que “la verdad no tendría por qué en un evento de naciones unidas estar opinando sobre un evento de México, eso es lo primero”.

Continuó recordando que desde la llegada del presidente Donald Trump, su gobierno ha encabezado los esfuerzos de colaboración que han llevado a los resultados positivos en materia de seguridad, trasiego de drogas y migración ilegal.

Entre los artículos localizados se encontraron una hebilla de cinturón con la figura de dos pistolas, un rosario, chalecos antibalas, equipo táctico y casquillos percutidos de armas de alto calibre, lo que sugiere un escenario de violencia extrema. 

A pesar de la magnitud del hallazgo, González denunció la tardanza de las autoridades para intervenir en el sitio. "El problema es que seguimos encontrando cuerpos, pero la fiscalía no los levanta. Eso retrasa la identificación de las víctimas y aumenta el sufrimiento de las familias", expresó. 

Hasta las 19:00 horas del lunes, las buscadoras continuaban en el lugar esperando la llegada de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) para el levantamiento de los restos. En la zona también estuvieron presentes elementos de la Guardia Nacional, Guardia Estatal y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, quienes brindaron resguardo durante las labores. 

Este nuevo hallazgo se suma a los 19 puntos de exterminio localizados por el colectivo en lo que va del año, reforzando la crisis de desapariciones forzadas en la región y la falta de acciones inmediatas por parte de las autoridades para garantizar justicia y respuestas a las familias.

Este domingo decenas de mujeres periodistas marcharon en la capital del estado en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Es el quinto año consecutivo que salen a las calles para denunciar además las violencias estructurales y el machismo que afectan su trabajo y hasta ponen en riesgo su vida.

El recorrido de este domingo por la mañana inició en la plaza Unidos por Guerrero y concluyó en la plaza Primer Congreso de Anáhuac.

Las manifestantes portaron pancartas con mensajes como “Somos la voz de las sin voz”, “Ni víctimas ni pasivas, periodistas combativas” y “Vivas, libres y sin miedo”.

En un mitin las reporteras denunciaron agresiones e intimidaciones por parte de funcionarios para tratar de impedir su labor de informar.

Detallaron agresiones durante la marcha por la paz por el asesinato del alcalde de Chilpancingo Alejandro Arcos Catalán y después al tratar de entrevistar al alcalde sustituto Gustavo Alarcón Herrera.

Además de amenazas de supuesto personal y seguidores de la diputada local de Morena, Citlalli Yaret Téllez, luego de que el portal En Primer Plano publicó una nota de un paseo que la legisladora presumió en su cuenta de Facebook a bordo de una camioneta Telsa Cybertruck.

En su posicionamiento señalaron que tras el homicidio de Arcos Catalán, el 6 de octubre de 2024, y otros crímenes de alto impacto en Chilpancingo se volvió más ríspida la relación del gobierno estatal y municipal con la prensa para el acceso a la información.

“Las autoridades incrementaron su rigurosa seguridad. Las escoltas, sean de seguridad pública o privada, impiden o inhiben entrevistas y si las hay son cortas y apresuradas.

“En el caso del gobierno estatal, es prácticamente imposible acceder a información a pesar de que debe ser  pública. El acceso a la información que debe ser cotidiano, es extraordinario”, expresaron.

Advirtieron que los ayuntamientos están replicando la política de silencio del gobierno del estado.

Por eso demandaron a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Cecilia Narciso Gaytán, una postura clara y firme sobre los obstáculos a la libertad de expresión como la línea del gobierno del estado hacía los ayuntamientos para impedir que se cuestione a las autoridades. 

“No vamos a dejar de ejercer nuestra labor, no tendrán la comodidad de nuestro silencio. No nos vamos a quedar calladas ante las agresiones”, adelantaron.

El estado de Guerrero es gobernado por Evelyn Salgado Pineda, postulada por Morena.

De 2019 a 2022, la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) registró 73 agresiones contra mujeres en esta entidad.

El 21 de enero también fue detenido David "N", exintegrante de Protección Civil de Iguala, en la alcaldía Xochimilco. Las autoridades informaron que llevaba metanfetamina y marihuana al momento de su captura.

Según la "Narrativa de los Hechos" presentada en septiembre de 2023, policías municipales de Huitzuco trasladaron a un grupo de normalistas con la orden de esperar instrucciones de "El Patrón". Entre los agentes involucrados estaban Celedonio y Ariel Núñez.

A casi 11 años de la desaparición de los 43 normalistas, el gobierno mexicano continúa con la investigación y las detenciones de presuntos responsables.

Además, presidentes municipales, diputados y la estructura de Morena movilizaron a personas de sus localidades, lo mismo que miembros de organizaciones tan institucionales como el histórico Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) o la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), liderada por el diputado morenista Pedro Haces. 

Sin embargo, también hubo quienes aseguraron asistir con plena convicción para apoyar a la presidenta, tal como lo hicieron en mítines y asambleas de Andrés Manuel López Obrador. En algunos casos, lo hicieron en agradecimiento por “voltearlos a ver” y por recibir programas sociales como la pensión de Adultos Mayores, la principal estrategia de transferencia de recursos del gobierno morenista. 

Todo esto se desprende de 16 testimonios recopilados por Animal Político de entre diferentes grupos que asistieron este domingo a la asamblea de la presidenta y que a continuación mostramos. 

Bienestar pagó 900 pesos por asistir 

María Valerio, de 62 años, es de Ciudad Juárez. Ella, junto con más vecinos que llenaron siete autobuses llegaron a la Ciudad de México después de 30 horas de viaje. Por eso es que a las 11 de la mañana, poco antes de que la presidenta Sheinbaum comenzara su discurso, ella y su familia se desviaron por la calle de Bolívar para descansar. 

Cuando se le pregunta con qué grupo viene, Rosa responde que los trajo “Jeny de Bienestar”. La conoce porque su esposo es beneficiario de la pensión de Adultos Mayores y por eso tiene sus datos. “Nos hizo la invitación para venir a apoyar a Claudia, el miércoles me hablaron y les dije que sí”. 

– ¿Y a ustedes qué les dan por venir? -se le pregunta

-Nos dieron 900 pesos, pero de ahí tenemos que comer. 

-¿900 pesos es algo significativo para usted?

-Sí, porque soy ama de casa. Aunque es lo que nos vamos a gastar aquí. 

-¿Aún así le conviene venir? 

-Sí estoy bien cansada y traigo los pies bien hinchados de estar sentada, pero está bien porque vinimos a conocer, por eso nos animamos a venir. 

-¿Cuántos vienen en su autobús?

-Como 40, pero son varios camiones, nosotros somos el siete. 

-¿Y quién les paga?

-La de Bienestar. Ella nos transfiere. Yo creo que a ella le dan el dinero y ella nos lo da. 

-¿Y cuándo les van a transferir? 

-Ya, ya nos transfirieron, en la mañana.

Según el testimonio de María, son siete camiones con al menos 40 personas, eso serían 280 personas. Si cada una recibió 900 pesos, solo por este grupo que convocó “Jeny”, sumarían 250 mil pesos. 

Feliciana Ortega es del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Salió a las 3 de la tarde del sábado para estar por la mañana en el Zócalo. Lleva una gorra guinda con blanco, con la insignia de Morena, el partido al que apoya porque es “hueso colorado”, dice. Por eso, cuenta mientras camina sobre avenida Juárez, que está aquí para “luchar y para estar con ella (con la presidenta Sheinbaum) sobre todo por lo que está pasando del otro lado. Estamos inconformes”, sostiene. 

Ella fue convocada por Morena del municipio de Santo Domingo Tehuantepec. El autobús, dice, corre por cuenta del partido, lo mismo que el “apoyo” de 600 pesos que le dieron a cada uno de los asistentes, que según calcula, suman 200 personas. Por el grupo de Feliciana, el gasto sumaría 120 mil pesos. 

Rosa Pacheco, de 37 años, es trabajadora del hogar. Todavía no da el mediodía y ya va en sentido contrario a la masa que busca llegar al Zócalo por la calle Francisco I. Madero. No escuchará el discurso de la presidenta. 

En su rostro se ve el fastidio del viaje que emprendió desde el municipio de Santa Rosa, Oaxaca, el sábado a las 7 de la noche. Llegó a las 3 de la mañana a la Ciudad de México y se quedó ahí por otras horas con sus dos hijas adolescentes y su hijo que no rebasa los cinco años, esperando que amaneciera.

Al preguntarle sobre el apoyo que le darían, responde que no le han dicho cuánto dinero le van a dar por su asistencia. “Sí nos dijeron que nos van a dar algo, pero no sé qué”. Su vecina, dice, le avisa cuando hay “alguna salida”, como cuando acudió al mitin de Sheinbaum en su recorrido por Oaxaca, esta es la primera vez que acude a la Ciudad de México.

Asisten funcionarios por temor a perder su empleo

Desde las siete de la mañana, Mauricio, a quien se cambió el nombre por temor a represalias, llegó a la plancha del Zócalo para encontrarse con el resto de sus compañeros del gobierno capitalino. Él, como el resto, pertenece a un tipo de contratación llamado “nómina 8”, en el que deben firmar contrato cada año, lo que les genera incertidumbre laboral. 

Por eso, cuando sus jefes le piden “apoyar” en actos como este, cree que no se puede negar, aún cuando signifique renunciar a sus descansos de fines de semana y a que cada vez ha sido más frecuente, porque desde la campaña de Sheinbaum y hasta este domingo, les han pedido asistir a todos y cada uno de los eventos de la mandataria. 

“Desde las siete que llegamos no nos podemos mover de ahí. Ni comer porque si te anda del baño a dónde vas. Y ahí nos tuvieron cinco horas esperando bajo el sol”, se queja Mauricio. 

Su caso no fue el único. Los mandos de distintas secretarías recibieron un croquis en el que se indicaba el lugar que los funcionarios de cada dependencia debían ocupar al llegar al Zócalo. En el dibujo, frente al templete se colocó el personal de Capital Humano, el área de la Secretaría de Finanzas encargada de los recursos humanos de todo el gobierno de la Ciudad. 

A lado, ubicaron a todo el personal de los Pilares, una de las principales estrategias de política social de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. También la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Medio Ambiente. 

En el siguiente cuadrante estuvieron los funcionarios de la Consejería Jurídica y Servicios Legales, junto con otras cuatro instituciones. Atrás de ellos ubicaron a la Secretaría de Salud y Cultura, Vivienda y Movilidad. 

Animal Político comprobó la asistencia de estos funcionarios ubicándolos según el croquis. Norma Vázquez, de la Consejería Jurídica, explica que los asistentes de esta institución suman 500 personas. Lo lograron gracias a la “organización interna. Les pedimos apoyo a los compañeros y todos vinieron con mucho gusto. Siempre que nos convocan para la presidenta estamos aquí apoyando”, dice Norma, mientras reparte un lunch que incluye una torta, una manzana, una fritura y jugo.

En tanto, las funcionarias de la Secretaría de Cultura que trabajan en las bibliotecas de la Ciudad de México se uniformaron con playeras verdes. Apenas habían pasado 20 minutos del discurso de Sheinbaum cuando algunas decidieron irse, dado que ya habían pasado lista. Una de sus compañeras llevaba el control de su asistencia en hojas blancas, donde cada una debía anotar su nombre. 

Virginia Martínez, la funcionaria que se encargó de convocar a sus compañeras, explica que si alguien no va “no pasa nada. Aquí todas vienen por su voluntad”. La lista, dice, sólo la ocupan para “ver quién vino, pero no tiene mayor importancia la lista”. 

Otros más, desde sus cargos públicos convocaron a esta asamblea, como la presidenta municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores. Explica que logró la asistencia de 7 mil personas trasladadas en 110 autobuses desde su municipio. 

Con cierto dejo de orgullo afirma que la gente de Chimalhuacán “siempre está lista para apoyar a la presidenta y siempre hemos tenido convocatoria. La convocatoria se hace abierta a los vecinos y a los liderazgos de las 180 comunidades”. 

“Ya tenemos una manera de organizarnos y siempre, para tanto los trabajos de gobierno como de partido, los compañeros están listos para seguir apoyando”, presume. Lo demostraron, ya que en esta ocasión solo tuvieron cuatro días para organizarse, pues la presidenta convocó a la asamblea el 4 de marzo.

En esta asamblea también estuvieron presentes funcionarios federales del ISSSTE, del IMSS y hasta de una institución de especialidad como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), quienes acudieron a un acto como este por primera vez. “Nos comentaron de Secretaría de Salud que quien quisiera apoyar, podíamos asistir”, afirmó Sandra Zamora, directora de administración. 

Sindicatos institucionales presentes

También estuvieron miles de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), una de las organizaciones gremiales más antiguas, con liderazgos que ocupan la secretaría general por décadas, como ocurrió con los priistas Carlos Jonguitud, y luego con Elba Esther Gordillo, quien pisó la cárcel acusada de lavado de dinero. 

Actualmente es dirigido por Alfonso Cepeda, quien mostró apoyo al primer gobierno de izquierda con Andrés Manuel López Obrador, y ahora con Claudia Sheinbaum. 

Según Daniel Espinoza, de la sección 10 del SNTE, sumaron 40 mil asistentes. 

-¿Cómo es que ahora el SNTE apoya a Sheinbaum? -se le pregunta. 

-Porque nosotros hemos recibido mucho apoyo desde el anterior gobierno de López Obrador, desde la pandemia, los aumentos por encima de la inflación, y ahora con esta nueva administración lo mismo. 

-¿Más apoyo que con los priistas?

-No bueno, los priistas hicieron lo que tenían que hacer. Nosotros somos un sindicato institucional y este nuevo gobierno es la institución y nosotros también estamos apoyándolos. 

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México es una organización liderada por el diputado morenista Pedro Haces, quien hace tres meses fue captado usando un helicóptero junto con el líder de la bancada, Ricardo Monreal. 

Sus agremiados de Puebla, comerciantes, transportistas, taxistas, obreros, mototaxis, acudieron “por su voluntad”, insiste Elpidio Díaz, secretario general de Puebla y diputado local. Cada liderazgo de los municipios, dice, aporta los recursos para los lunch y las unidades para el traslado. 

También estuvieron otros 500 integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, según David García, secretario de actas de la sección 12. Ocuparon varias filas de sillas en la plancha del Zócalo. En la semana, dijo, tuvieron una asamblea donde hicieron la invitación para asistir, además de los grupos de WhatsApp para asegurarse que todos los agremiados estuvieran enterados.

Al finalizar el evento, poco después de la 1 de la tarde, miles de personas caminaron hacia Reforma y las calles aledañas para encontrar sus respectivos autobuses y regresar a sus comunidades.

Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, era el más relevante. Como vocero de la iniciativa privada, Cervantes informó que se distribuyeron 500 invitaciones entre empresarios de todo el país, para acudir a lo que él mismo calificó como “un evento de unidad nacional”.

Evento que, en realidad, ya había perdido el propósito inicial, que era el de responder a Trump movilizando y mostrando el músculo de Morena y sus partidos, organizaciones y sindicatos aliados.

“Como bien saben, esta asamblea fue convocada por si no llegábamos a algún acuerdo, con el objetivo de anunciar una estrategia y acciones que habíamos preparado con meses de anticipación”, explicó la propia presidenta en su discurso, “afortunadamente, ha prevalecido el diálogo y, sobre todo, el respeto entre nuestras naciones”.

Así, la presidenta Sheinbaum volvió a guardarse las medidas que iba a anunciar; el famoso plan b, c y d que, según ha dicho en las conferencias mañaneras, tiene listo para activar en caso de que se haga realidad la amenaza de aplicar 25 por ciento de aranceles a los productos que México exporta a Estados Unidos.

Sheinbaum siguió sin anunciar dichas medidas y su informe fue, en realidad, un recuento de la crisis arancelaria, en el que volvió a explicar el contenido de sus dos llamadas con el presidente Trump: la del lunes 3 de febrero, y la del pasado 6 de marzo, en la que acordaron que sería hasta el 2 de abril cuando se apliquen los aranceles a los productos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

“Ahora, quiero expresarles que somos optimistas, porque ese día, el 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que pondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo”, agregó Sheinbaum ante un Zócalo en el que, según el gobierno de la Ciudad de México, había más de 350 mil personas congregadas.

“No somos extremistas, pero hay principios”

La presidenta emocionó a la plaza con frases atribuidas a héroes nacionales, como “la patria es primero” de Vicente Guerrero, o “el respeto al derecho ajeno es la paz” de Benito Juárez.

Y también echó mano de los dichos de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, para animar una plaza que se derretía bajo el sol ardiente del mediodía: “hay un pueblo entero que nos respalda”, “no hay divorcio entre pueblo y gobierno”, “por el bien de todos, primero los pobres”.

De hecho, el momento más emotivo del mitin fue cuando Sheinbaum estaba haciendo un recuento de la relación México-Estados Unidos y mencionó al expresidente y sus diálogos con la primera administración Trump, entre 2018 y 2020.

Convertido en su némesis perfecta, Trump le dio pretexto para presumir sus logros en 150 días de gobierno.

“Andy” y la foto de espaldas a Sheinbaum

Congregados todos los líderes de la llamada “cuarta transformación”, el Zócalo de la unidad frente a Trump también sirvió para que los dirigentes mostraran su propia fuerza.

Exaspirantes a la Presidencia, precandidatos a gubernaturas, líderes locales y las candidatas a la Suprema Corte de Justicia, como la ministra Lenis Batres, aprovecharon el momento para placearse entre las huestes del partido-movimiento.

Entre los más buscados para los retratos estaba el hijo de López Obrador, quien ocupaba un lugar en la zona de invitados especiales junto a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

Andrés López Beltrán, “Andy” como lo llaman los morenistas, fue abordado por simpatizantes, legisladores y por los coordinadores parlamentarios.

Incluso, antes de que empezara el mitin, su presencia causó un momento incómodo para la presidenta Sheinbaum, quien salió de Palacio Nacional y caminaba rumbo al templete justo cuando los coordinadores de Morena y el Partido Verde se retrataban junto a “Andy”, quien actualmente es secretario de Organización de Morena.

Cuando los asistentes buscaban los camiones y microbuses que los regresarían a sus colonias, municipios y estados de origen, comenzó el auténtico festival, con la Maldita Vecindad y la Sonora Santanera, que tocaron una hora, mientras la plaza quedaba vacía.

“Se está haciendo la investigación de este tema, porque igual hay un desvío de recursos públicos: fueron compradas para cierto fin y están usándose para otra cosa; estamos rastreando todo el asunto, se está investigando por parte de la contraloría”, dijo el mandatario este lunes al responder una pregunta en su rueda de prensa semanal. 

Ramírez Bedolla aclaró que no es una persecución contra la iglesia católica e hizo un llamado a que si algún sacerdote u otra persona trae una de esas camionetas “pues que la devuelva, es lo mejor, que la entregue personalmente, porque seguramente las recibieron de buena fe: si el señor arzobispo te da la las llaves de una camioneta, no creo que andes preguntando, tú de buena fe agradeces y la usas; ellos no están enterados del acuerdo o de la negociación que hizo el arzobispo con el gobernador, para nada”. 

Refirió que en los casos en que se haya actuado de buena fe, habrá una consideración en el sentido de que hay inocencia porque no se sabía de dónde venía, no habrá represalias, al contrario si se aclara esa situación en el caso de camioneta por camioneta vamos cerrando la carpeta”. 

Sin embargo, en presunta alusión al arzobispo, el gobernador señaló: “Quien fue responsable tiene que responder en el más alto nivel de esta situación”. 

Por su parte, el arzobispo Carlos Garfias advirtió que las acusaciones relacionadas con las camionetas no tienen sustento. 

“Si a mí me quieren involucrar en algo, que me lo demuestren y que no sea algo mentiroso, que no sea invención; no tengo nada que ocultar, las acusaciones que hacen que las demuestren y en lo que tenga que ser recriminado que me lo recriminen, pero con objetividad, no de manera mentirosa y engañosa”. 

Cuestionado al respecto en una rueda de prensa ofrecida el domingo 9 en Morelia, después de que el tema fue ventilado por un columnista de un diario de la Ciudad de México, el jerarca religioso rechazó los señalamientos, pues “si alguien hubiera tenido una evidencia de acusación no me la estarían haciendo ahora, lo hubieran dicho en el momento que sucedió el caso”, argumentó. 

Sin dar mayores detalles, Garfias Merlos dijo que “si los benefactores (presuntamente se refiere a los donantes de las camionetas) están relacionados en algún momento dado con alguna persona del gobierno, no quiere decir que haya sido el gobierno quien lo pagó, ¿verdad? Son temas que, insisto, son inventados y mentirosos”. 

No obstante, reconoció su amistad con el exgobernador: “Somos amigos con Silvano (Aureoles), no tengo por qué negarlo, hemos sido muy cercanos desde antes de que él fuera gobernador, desde antes de que yo llegara a Morelia como arzobispo, no es de ahora que tengamos la relación”. 

Añadió: “Todo lo que se pueda decir de una persona, de Silvano, de mí o de quien sea, hay que demostrarlo y hay que distinguir lo que es mentira, lo que es fantasía, lo que es conclusión de alguien, quien haya sido, hay que demostrarlo”.  

El arzobispo dijo que si el gobernador Ramírez Bedolla “tiene algo que decir, que me lo diga a mí; las personas que están involucradas en estas acusaciones que me lo digan a mí y vamos aclarando las cosas, no hacer algo mediático que desacredita y crea desconfianza e incertidumbre en la sociedad”. 

—¿Hay buena relación con el gobierno actual? —preguntó un reportero al jerarca católico. 

—Yo estoy en diálogo con algunos funcionarios del gobierno actual. Directamente con el gobernador no hemos tenido un encuentro personalizado, pero espero que pronto lo tengamos.

El gobernador Julio Menchaca Salazar dijo que si alguien no usó la fuerza conforme marcan los protocolos, habrá sanciones, aunque pidió “distinguir” entre lo que es represión y el uso legítimo de la fuerza para el orden público. Asimismo, no consideró equivocado haber colocado las vallas –la confrontación surgió tras su derribo, cuando una parte intentó pasar–, porque, afirmó, era necesario resguardar el patrimonio. 

Andrea Mena fue retenida junto con su hermana, una menor de edad. Denunció que los elementos que las llevaron al sótano del Palacio de Gobierno y que fueron golpeadas. Relató que cuando los contingentes llegaron a Plaza Juárez, varias mujeres comenzaron a quitar las vallas y, reconoció, “mi única participación en ese momento junto a mi hermana fue quitar una de esas vallas y empujarla”.  

“Al percatarnos del encapsulamiento que estaban haciendo los policías, no pude evitar correr sin pensar en nada más para jalar a la chica que se querían llevar, y mi hermana me siguió. Mi mamá se quedó en una esquina, pero de un momento a otro a mi hermana y a mí nos encapsularon también, nos rociaron con gas y yo solo la abracé muy fuerte para que no me separaran de ella y lo único que sentía eran patadas por todo el cuerpo. Abrí los ojos y vi policías hombres, mujeres y hombres civiles golpeándome. Procedieron a echarle un líquido en la nariz a mi hermana, lo que hizo que ella se desvaneciera y me soltara. Y ahí yo vi como a ella le saco su teléfono un policía y a mí también”. 

Su testimonio lo hizo público a través de su cuenta de Facebook, además de ser una de las mujeres que se han adherido a la queja colectiva, que sigue recibiendo a más personas.  

“Nos llevaron al ‘sótano’ de gobierno y el trayecto para llegar ahí fue lo peor. Entre patadas, cachetadas, jalones de cabello y palabras como ‘viejas revoltosas’, ‘¿para qué vienen?’, ‘mira a dónde trajiste a tu hermana?’, ‘cállate o te va peor’, pinché vieja pendeja’ ‘dame tus datos personales o te doy otro (golpe)’, hasta llegar al sótano en donde me tenían en el piso esposada y a mi hermana también siendo ella menor de edad. Ahí me pusieron de frente con mi hermana y vi como una ‘policía’ vestida toda de negro sin su uniforme que la respaldara como policía le dio una cachetada, la cual la dejo en shock un rato (mi hermana no recuerda cómo llego al sótano) para después levantarnos con palabras agresivas y empujones”.  

Andrea asegura que les gritaba en todo momento que su hermana era menor: “es menor de edad, le estás pegando a una menor de edad, esposaste a una menor de edad”, pero no tenía respuesta. A la par, afuera la presión de las manifestantes, medios y organizaciones de la sociedad civil que monitoreaban la marcha crecía, con el grito de “es secuestro”, debido a que los jaloneos, golpes, gases y manera en la que fueron llevadas las jóvenes fue documentada.  

Entre las retenidas, también Ashley Odeth Pedraza Cerón, defensora de derechos humanos e integrante del Comité Cerezo, que monitoreaba la manifestación, así como otras jóvenes identificadas como Tania N. N. y Jazmín N. N.  

La organización civil Servicios de Inclusión Social y Derechos Humanos (Seiinac) también reportó que, con base en testimonios recabados de sus integrantes, 13 personas fueron detenidas de manera violenta y golpeadas por las fuerzas de seguridad pública, entre ellas activistas, medios de comunicación y sociedad civil. También, que adolescentes fueron detenidas arbitrariamente.  

Con base en el relato de Andrea, pretendían subirlas a una patrulla. “Cuando estábamos fuera del ‘sótano’ desposaron a mi hermana y a mí me seguían teniendo así (esposada); esa policía que me saco fue la única que me trató con decencia y me escuchó, pero tampoco se quiso identificar”.  

Afuera, entre los reclamos, una policía intentaba coordinar la recuperación de las jóvenes, que también quedó en medio del rocío de gases y entre la línea de protección al edificio gubernamental de los refuerzos de seguridad y las mujeres manifestantes.  

“Todo termino cuando una activista de Marea Verde junto a una reportera auxilió a mi mamá y pudieron entregarnos con ellas. En diferentes videos se ve que como salimos llorando y si salimos llorando es por todo lo que nos hicieron ahí adentro, no había razón ni motivo para que actuaran así con nosotras”, expuso Andrea, quien mencionó que ha identificado a algunos policías que, denunció, la patearon en el piso y la arrastraron del cabello, “todo eso mientras me encapsulaban junto a mi hermana; en ese momento todos los policías eran hombres”.  

La secuencia de imágenes del momento en el que Andrea y su hermana salen bajo custodia del edificio y, partir de ahí, caminan rumbo a Derechos Humanos, fueron capturadas por reporteras y fotógrafos –dos de ellos también agredidos cuando documentaban el momento en el que los policías se las llevaron la primera vez–. 

Al término del arranque de la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana y entrega de ambulancias en Hidalgo, que se llevó a cabo en la plaza Aniceto Ortega de Pachuca, el gobernador Julio Menchaca fue inquirido sobre la actuación policial el pasado sábado. 

“Hay que distinguir lo que es represión del ejercicio legítimo del orden público, aquí se dieron, desafortunadamente, situaciones lamentables (…) yo lamento mucho que un evento en donde la gran mayoría de las participantes tuvo un comportamiento muy civilizado, otro grupo se dedica a vandalizar y a provocar; entonces es lamentable. Vamos a reforzar los protocolos, pero la obligación del Estado es guardar el orden público.  

Ante el cuestionamiento de si no hubo un exceso en el uso de la fuerza, el morenista comprometió que “si alguien cometió un exceso, si alguien lastimó o no utilizó la fuerza con lo que marcan los protocolos, habrá sanciones”. No obstante, acotó que hay “personas de carne y hueso, hombres y mujeres policías, son ofendidos, son maltratados”, que también están sometidos a mucha presión en situaciones difíciles.                

Confirmó que “hay dos detenidos que estaban roseando gasolina”, y afirmó que “hubo personas que se metieron a la marcha con el fin de causar daño y eso exacerba a veces el ánimo”.  

“Nos gustaría es hacer un análisis serio, pero no solamente salir con una reacción rápida, sino profunda. Yo no voy a permitir un exceso en el uso de la fuerza pública”, añadió, al tiempo que dijo desconocer el gasto realizado por el Poder Ejecutivo en la colocación de vallas.  

En una conferencia posterior del Gabinete de Seguridad, con llamado sobre la hora, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, sostuvo que la autoridad no agredió, y que su actuar fue “poniendo por delante que se mantuviera el orden y que no se generaran hechos violentos que pudieran afectar a terceras personas”.  

El uso de la fuerza 

El nombre de Rosaura fue pintado por una manifestante en los escudos de las mujeres policías, se trata de la joven de 26 años que fue asesinada por su expareja, el exelemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mineral de la Reforma Marco Antonio M.G., a quien ella había denunciado dos veces por violencia familiar. El primer proceso fue suspendido condicionalmente por la jueza Janett Montiel Mendoza, aunque Rosaura advirtió que sentía riesgo de una nueva agresión, que ocurrió; el segundo no llegó a la audiencia inicial, justo porque ella fue ultimada junto con su madre y su hermano, en su propia casa. 

Cuestionado sobre la sensación social de que la fuerza y los recursos del Estado se han empleado incorrectamente, al priorizar proteger inmuebles, aunado a que los policías actuaran contra manifestantes, el gobernador contestó: “Yo hago un compromiso (…) pongo aquí toda mi capacidad, todo el esfuerzo para poder estar resolviendo ese y todos los problemas que tiene el estado. No es una cuestión de falta de interés ni solamente refugiarnos en la falta de recursos, porque faltarían muchos para resolver todos los problemas del estado, pero lo que asumo es trabajar con mucha intensidad para resolver todos los temas”. 

Un día después de las movilizaciones por el 8M en Hidalgo, el cadáver de una mujer fue localizado dentro de un costal que había sido abandonado sobre la carretera federal Palmillas-Portezuleo, a la altura de Palo Largo, Huichapan. Con base en información de corporaciones de seguridad que conocieron el hallazgo, la víctima presentaba signos de tortura.