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Sheinbaum anuncia 6 nuevas medidas contra desapariciones en México

La presidenta informó que buscan fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, equiparar el delito de desaparición como el de secuestro, así como incorporar en la ley búsqueda de investigación inmediata sin esperar 72 horas.

Luego del caso de Teuchitlán, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló seis iniciativas de reforma, entre ellas, tales como fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, equiparar el delito de desaparición como el de secuestro, crear una base única de información forense, así como incorporar en la ley búsqueda de investigación inmediata sin esperar 72 horas en ningún estado.

Sheinbaum adelantó que el tema lo abordará dividido en tres temas, primero las medidas legales que tomará su gobierno, así como las reformas jurídicas. Mañana abordará en la mañanera la campaña que ha hecho la oposición que, “como carroñeros” construyen campañas, compran boots. Y el miércoles cómo se construyen esas campañas de narcopresidenta, las cuentas falsas, de dónde vienen, la campaña de la oposición en X.

La mandataria federal dio lectura de dichas iniciativas, así como la firma de un decreto.
Es un delito grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse y por ello actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado. La construcción de la paz y la lucha contra la impunidad es un eje de mi gobierno”, aseguró. 
“Hoy estoy firmando un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañan la búsqueda con evidencias científicas”, dijo.

Además, este jueves enviará las siguientes iniciativas de reforma al Congreso de la Unión:

1. Una reforma a la Ley General de Población para consolidar el Certificado Único de Registro de Población como la fuente única de identidad de las personas que permita cruzarla con todos los registros administrativos que existen en el país para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas.

En esa labor participará la Secretaría de Gobernación por medio del Registro Nacional de Población y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

2. Una iniciativa de reforma a la actual Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para crear la base única de información forense que se alimente con datos de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y la FGR así como de los servicios forenses estatal y federal.

Con esa iniciativa se buscará crear la plataforma nacional de identificación humana que comunique y actualice la totalidad de registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país

Se incluirá lo que llamarán el registro electoral del INE para cotejo de huellas dactilares, realzar consultas que identifiquen indicios de vida o incluso a personas fallecidas.

También se fortalecerá el Centro Nacional de Identificación Humana que tendrá a su cargo la gestión de la plataforma nacional de identificación humana que contará con todas las técnicas incluidas la identificación de ADN, con el apoyo de instituciones científicas y en colaboración con la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, la comisión nacional y las comisiones estatales de búsqueda así como la agencia de trans digital.

3. La tercera iniciativa será incorporar en la ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata de todas las corporaciones y entidades del país, así como abrir de inmediato carpetas de investigación del delito de desaparición o no localización, sin necesidad de esperar 72 horas como todavía ocurre en algunos estados.

4. La cuarta iniciativa es equiparar el delito de desaparición al de secuestro y homologar penas y procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías estatales y la en la FGR.

5. La quinta es establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las fiscalías estatales y la FGR como medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

6. La sexta es fortalecer a la CEAV para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida.

El lunes pasado la presidenta fue cuestionada por este medio sobre las medidas que emprendería su gobierno para mejorar la labor del Estado para la búsqueda de personas desaparecidas, dado que familiares de las víctimas que emprenden estas búsquedas denuncian que hacen el trabajo del gobierno, además de que fue una de las principales consignas de la marca del 8M por la cantidad de mujeres que están desparecidas y no son buscadas por la autoridad.  

Ante el planteamiento la mandataria federal señaló la metodología que daba continuidad al sexenio pasado, sólo habló de algunos cambios que perfilaba su gobierno, pero sin entrar a detalle y no fue hasta que familiares de personas desaparecidas comenzaron las vigilias y manifestaciones en el zócalo de la Ciudad de México para protestar por la crisis de no localización de sus familiares, que la mandataria federal expuso dichas iniciativas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

"No habrá construcción oscura de verdades históricas”: Sheinbaum sobre narcocampamento de Teuchitlán

La autoridad federal da puntual seguimiento a la línea de tiempo de quienes, desde septiembre de 2024, tuvieron conocimiento de los hechos y responsabilidad jurídica del resguardo del predio y lo que encontraron en el mismo, aseguró la presidenta.

“En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas”, no habrá impunidad ni se encubrirá a nadie, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la investigación del rancho en Teuchitlán, Jalisco; pero será la Fiscalía General de la República quien dé los detalles del avance.  

La autoridad federal da puntual seguimiento a la línea de tiempo de quienes, desde septiembre de 2024, tuvieron conocimiento de los hechos y responsabilidad jurídica del resguardo del predio y lo que encontraron en el mismo, para deslindar responsabilidades y conocer la verdad frente a las víctimas y al pueblo de México.

Al inicio de la conferencia presidencial, la mandataria federal leyó la postura de su gobierno sobre el hallazgo de colectivos de búsqueda y que, ahora, el gabinete de seguridad tomó conocimiento y solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República “para garantizar una investigación profunda”. 

El Ejecutivo Federal refiere que se tiene el acompañamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, con expertos en el lugar. 
Estamos comprometidos en brindar certeza y verdad a las familias de las personas desaparecidas, esclarecer los hechos mediante la información que se obtenga de la evidencia científica y se persiga a los responsables. No habrá impunidad”. 
El gobierno federal se compromete a no ocultar nada porque “la verdad debe prevalecer siempre”.

También afirmó: “En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas, nunca; desde el gobierno no se tolerará la construcción de verdades a medias o falsedades. Siempre estaremos con la verdad y con la justicia”. 

La instrucción fue para funcionarios de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda atender a familiares de las víctimas de personas desaparecidas, dijo, en este y en otros casos.  

Para gabinete de seguridad la orden fue de coadyuvar en todas las investigaciones, pero será la FGR quien otorgue la información en las investigaciones y las pruebas que tiene sobre este caso y que se dará este miércoles en una conferencia a su cargo.  

“Nuestro sentir está con las familias de las personas desaparecidas. Sabemos de su necesidad y anhelo de rencontrarse con sus seres amados. Nunca vamos a confrontar a una madre, cuyo hijo, hija, hermano o un familiar desapareció”. 

La presidenta reiteró que no tendrá confrontación con los familiares de personas desaparecidas, también víctimas.  

“El eje de nuestro gobierno está centrado en el respeto a los derechos humanos, la construcción de paz y la atención a las víctimas, y siempre la verdad y la justicia. El eje de nuestro gobierno está centrado en el respeto a los derechos humanos”. 

La jefa del Ejecutivo federal convocará al Consejo Nacional de Seguridad Pública para construir los protocolos con todos los gobernadores y atender este delito; también para dar atención a las víctimas y el fortalecimiento de las Comisiones de Búsqueda, de las fiscalías estatales y la FGR. Esto, “con respecto al tema del delito de desaparición, y a los familiares que tienen lamentablemente un familiar desaparecido”, leyó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Ataque armado en Salamanca asesina a 7 personas

Un domingo familiar en las canchas de usos múltiples de San José de Mendoza se convirtió en una escena de terror cuando un comando armado irrumpió en el lugar y desató una ráfaga de disparos, cobrando la vida de siete personas y dejando a varias más heridas, en el municipio de Salamanca.

El multihomicidio sucedió alrededor de las 19:45 horas este domingo 16 de marzo, mientras decenas de personas disfrutaban la zona recreativa.

Según los primeros reportes, un grupo de hombres armados llegó de forma repentina y abrió fuego indiscriminadamente, accionando sus armas en una secuencia de disparos que duró cerca de 30 segundos.

El estruendo de las detonaciones sembró el pánico entre los asistentes, quienes buscaron refugio ante los más de 40 disparos que realizaron, aseguraron testigos.

En el sitio del ataque, cuatro personas perdieron la vida de manera instantánea. Otras tres víctimas, gravemente heridas, fallecieron posteriormente mientras recibían atención médica en diferentes hospitales de la zona.

De manera extraoficial, se reportan al menos seis personas lesionadas, algunas de las cuales fueron trasladadas a centros médicos por sus propios medios debido a la urgencia de la situación.

Autoridades no han informado el sexo e identidad de las víctimas, así como la del resto de los heridos o su estado de salud.

Tras la brutal agresión, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano se desplegaron rápidamente en la zona para asegurar el área y comenzar las primeras investigaciones.

Personal de tres o cuatro ambulancias también se presentaron en el lugar para brindar los primeros auxilios a los heridos y coordinar su traslado a los hospitales para recibir atención especializada.

Las autoridades ministeriales ya iniciaron con las primeras investigaciones para esclarecer los hechos, determinar el móvil de este violento ataque y dar con el paradero de los homicidas.


Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de ninguna persona relacionada con esta masacre.

FUENTE: ZONA FRANCA.
AUTOR: ZONA FRANCA.

Miles perdieron sus propiedades en Oaxaca, sospechosamente, con Murat de Gobernador

De marzo de 2021 a julio de 2022, los últimos dos años del Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, se acumularon mil 467 carpetas de investigación por despojo de propiedades en Oaxaca.

El entonces Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa (2016-2022), hoy militante de Morena, tuvo acceso a documentos que señalaban a funcionarios públicos de su administración –con apoyo de jueces de distrito– de despojo de propiedades.

Murat se comprometió a que se investigaría y habría sanciones, pero “solo nos tomó el pelo”, aseguran los hermanos Gómez Conzatti, tres de las miles de víctimas de esta red.

El entonces subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía, expuso que de marzo de 2021 a julio de 2022, los últimos dos años del Gobierno de Murat Hinojosa, se acumularon mil 467 carpetas de investigación por despojo de propiedades en Oaxaca, una entidad donde este delito se ha acelerado en el marco de la gentrificación del Centro Histórico y la zona de playas.

El 14 por ciento de estos casos, dijo, está relacionado con notarios públicos que avalan documentos falsos. Pero, agregó Mejía, también participan funcionarios del Registro Civil, del Registro de la Propiedad y del Instituto Catastral de Oaxaca, así como jueces de distrito.

Imagen: Gobierno federal.

El lunes 17 de febrero un periodista le recordó el caso a la Presidenta Claudia Sheinbaum y le dejó unos documentos sobre un despojo de cinco hectáreas en Tlacolula. “Le das el caso aquí a Adriana para que podamos revisarlo”, respondió la Presidenta. Los hermanos Gómez Conzatti hicieron lo propio con el entonces Gobernador Murat.

“Tuvimos oportunidad a finales del sexenio de la administración pasada de exponerlo, con prueba en mano, al entonces Gobernador y ahora Senador. En esa reunión, el entonces Gobernador viéndonos a la cara, y enfrente de todo su gabinete, afirmó que las personas que habían falsificado esos documentos desde el Registro Civil, es decir, sus servidores públicos, tenían que estar en la cárcel, que no era posible una bajeza de ese tamaño. Simplemente hoy, a cuatro años de haber emprendido esta lucha, no hay un solo servidor público en la cárcel ni ninguna persona particular en la cárcel”, dijo Caleb Gómez Conzatti.

Los documentos mostraron al Gobernador Murat que la red de despojo había alterado desde el Registro Civil y el Registro público de la Propiedad local las identidades de los hermanos para apoderarse de sus propiedades en el Centro Histórico de Oaxaca.

“Él mostraba una sorpresa aparentemente legítima de oír lo que estaba oyendo, de ver y leer las pruebas. En su momento se giraron instrucciones para que el Registro Público de la Propiedad opusiera la situación, aparentemente nos reinscribieron en el Registro Civil porque aceptaban todas estas irregularidades. Sin embargo, me di a la tarea de hacer una solicitud de información para obtener el expediente completo con el que supuestamente nos habían reinscrito de oficio y me encuentro con la sorpresa de que nos habían reinscrito hasta en tanto un juez dijera lo contrario, es decir, nada. Fue una tomada de pelo lo que sucedió. Nos ‘reinscribieron’ para que dejáramos de incomodar al Gobierno en turno con la condición de que los venciéramos en juicio. Por eso continuamos en nuestra batalla legal”, dijo Caleb Gómez.

Imagen: Gobierno federal.

En las mismas fechas en que los hermanos lo denunciaron ante el Gobernador Murat, también desde la conferencia matutina del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador se abordó el caso. El 15 de septiembre de 2022, a dos meses de que concluyera el Gobierno de Alejandro Murat, el entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, expuso desde Palacio Nacional que esta red estaba conformada por funcionarios públicos coludidos con grupos criminales para despojar inmuebles y luego revenderlos:
“En muchas de estas operaciones intervienen grupos criminales, supuestos líderes que intervienen en colusión con servidores públicos y notarios para alterar las escrituras. También esto va acompañado en ocasiones de violencia física, extorsión, amenazas, privación de la libertad e incluso en los casos más extremos, privación de la vida. Una vez que hacen las alteraciones, inscriben las nuevas escrituras y obtienen recursos a través de la venta de inmuebles”, explicó.
Un caso de homicidio para culminar el delito de despojo es el del Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, Enrique “N”, quien fue asesinado el 13 de septiembre de 2021, de acuerdo con el exsubsecretario Mejía. La propiedad despojada de este Magistrado se ubica a lado de uno de los inmuebles de los hermanos Gómez Conzatti que la misma red pretendía despojarles.

Sin embargo, el ahora Senador Alejandro Murat terminó su gobierno en noviembre de 2022 y, tras no lograr ser el candidato presidencial del PRI en 2024, se acercó a la denominada Cuarta Transformación y hoy milita en Morena.
De acuerdo con el dirigente de Morena Oaxaca, Emmanuel Navarro, Murat insistió en reunirse con el Secretario de Organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán, para tomarse la foto de su afiliación. También logró una foto con la dirigente nacional Luisa Alcalde. Ante los señalamientos, el expriista Murat dijo recientemente a la prensa:
“No tengan la piel tan delgada. No me preocupa nada, mi trayectoria habla por mí mismo”, aseguró. “A mí me han tratado de poca madre aquí en Morena y pa’ atrás ni para agarrar vuelito, así que no se me hagan bolas”.
El despojo a los hermanos

El caso de los hermanos Gómez Conzatti inició en 2020. Son propietarios de inmuebles en el Centro Histórico de Oaxaca, una zona de alta plusvalía.

El primer paso de esta red de despojo fue eliminar desde el Registro Civil de Oaxaca las actas de nacimiento de los hermanos Herbe, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti, y sustituirlas con datos de personas ya fallecidas. A la par, les inventaron tres identidades nuevas con el apellido López. Con ello, desde el Registro Público de la Propiedad y el Instituto Catastral dejaron de reconocerlos como copropietarios de sus inmuebles ubicados en el Centro Histórico de Oaxaca, los cuales dieron de alta a nombre de un tercero.
“En el año 2020, nos dimos cuenta que ninguno de los tres hermanos existíamos en el Registro Civil de Oaxaca, nos habían desaparecido de los archivos, del sistema e incluso de la base nacional del registro de nacimiento. Y nos crearon una nueva identidad de apellido López, donde nos cambiaron de papá y de nombre, y con ese nombre (falso) aparecíamos dados de alta en el Registro Nacional de Población, en la base de datos de Oaxaca. Al tiempo que sucedía esto, los inmuebles donde somos copropietarios en el Centro Histórico desaparecían del Registro Público de la Propiedad y del Catastro”, compartió Caleb Gómez.
Uno de los involucrados, señalan los hermanos, es Jorge Alberto Melo Gómez, notario público 135 actualmente residiendo en Italia. La Fiscalía de Oaxaca, bajo la gestión del Fiscal Bernardo Rodríguez, no ha solicitado su extradición pese a las carpetas de investigación existentes. Merlo utilizó el programa de Aristegui Noticias para calumniar en 2023 a los hermanos Gómez Conzatti, a quienes señaló de haber agredido a su familia y dijo estar suspendido como notario público en Oaxaca.
“Jorge Melo aparece como beneficiario de nuestros inmuebles. Uno de los inmuebles, donde ahora el que pretende llamarse dueño es este notario público 135, el inmueble de a lado del Centro Histórico que colinda en más de 100 metros lineales con nuestro predio, a ese propietario (Magistrado Enrique ‘N’) lo asesinan y sacan una carta póstuma donde el Magistrado exculpa de cualquier responsabilidad a este notario público 135. Nosotros hemos aportado los elementos necesarios para la judicialización penal de este notario, sin embargo, tiene un año prófugo en Italia bajo unas omisiones de la Fiscalía del estado”, aseveró Caleb Gómez.
Herbe Gómez, el otro hermano afectado, abundó en que el notario público 135, Jorge Alberto Melo Gómez, era el director del Registro Público de la Propiedad en 2004, el último año de Gobierno de José Murat (1998-2004), padre de Murat Hinojosa; el mismo periodo cuando comenzaron noticias sobre despojo de terrenos y cambios desde el Registro Público de la Propiedad.

“Son los mismos personajes moviéndose en círculos en esas instituciones y haciendo lo mismo por décadas”, observó Herbe.

Los jueces coludidos

Al iniciar una batalla legal en tribunales federales desde 2020, los hermanos Gómez Conzatti cuentan con una sentencia firme donde se condena al Estado de Oaxaca a que los reinscriban en los registros públicos con sus verdaderas identidades.

Sin embargo, parte del modus operandi de la red de despojos en Oaxaca es inventar delitos a las víctimas con apoyo de jueces de distrito con base en las identidades falsas obtenidas en el Registro Civil.
“Al mismo tiempo que te desaparecen del Registro de la Propiedad, del Registro Civil, te abren carpetas de investigación ya prefabricadas por delitos de suplantación de tu propia identidad, por despojo a tus propios inmuebles y supuesto uso de documentos falsos de tus propias actas de nacimiento y de tus propias escrituras. Es decir, hay que sumar también a una Fiscalía de Oaxaca que se presta a la integración de este tipo de carpetas de investigación con documentos falsos. También hay que superar a los jueces. Tenemos una sentencia firme que reconoce nuestra identidad, pero para eso tardamos casi tres años en superar obstáculos de algunos jueces de distrito –que después los protegen cambiándolos de suscripción– que, con toda esta documentación, al mismo coro de las instituciones de Oaxaca, son capaces de resolver que estás queriendo suplantar una identidad; te acusan de dolo, etcétera”, aseguró Caleb Gómez.
Asimismo, además de esta intimidación jurídica, los hermanos también comenzaron a ser blanco de acoso a través de noticias falsas, de gente armada afuera de su casa y demás.

Esta red de despojo de propiedades desde Oaxaca tuvo alcances nacionales al menos desde 2004, el último año de Gobierno del priista José Murat (1998-2004), padre del Senador morenista Alejandro Murat.

“Comienzan a salir muchísimas víctimas a lo largo del país que se quejan que desde Oaxaca los mismos notarios públicos que habíamos señalado, y que han sido señalados por décadas, escrituran inmuebles en la CDMX, Edomex, Morelos, Sinaloa a través de documentos falsos. Este fenómeno social, que es el cártel del despojo, podemos sintetizar que es un mecanismo que se organiza y alinea a las instituciones locales y federales”, aseguró Caleb Gómez.

Por este caso de intento de despojo a sus propiedades, y la lucha e intimidación jurídica durante cuatro años que les ha implicado, Herbe Gómez envió un mensaje a la Presidenta Claudia Sheinbaum, que pertenece al movimiento que le abrió las puertas al expriista Alejandro Murat:

“Quiero hacer un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum de que voltee a ver lo que está sucediendo en el sur, que voltee a ver qué es lo que hicieron estos personajes y que repiense quiénes son los que están integrando su equipo porque ese tipo de personajes realmente no pueden seguir viviendo de la impunidad y del pueblo que gobernaron”, aseveró.

El caso de despojo de propiedades en Oaxaca ya está en manos de la asistencia de Presidencia desde el 17 de febrero.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.

Rancho Izaguirre: comprado por la fuerza en 2012, devuelto en las sombras en 2025

En visita a domicilio, el CJNG amenazó al dueño con dañar a su hija si no vendía la parcela donde después se instalaría el campo de exterminio. Misteriosamente, a inicios de 2025 el predio apareció registrado como propiedad privada en el catastro municipal de Teuchitlán, sin claridad sobre quién concretó los trámites, cuentan vecinos.

Le llamaremos don Genaro, para preservar su seguridad. En 2012, a don Genaro Ramírez le compraron su tierra bajo coacción. Fue un día en que se hallaba en su domicilio de La Estanzuela, con su esposa y su hija preadolescente. De pronto llegaron unos hombres y entraron por la fuerza a la casa. Uno de los invasores sujetó a la niña, bajo amenaza de hacerle daño, los otros exigieron la venta de la parcela.

El ejidatario estanzuelino se aproximaba entonces a sus 50 años y quedó paralizado. “Dice don Genaro que los hombres que hablaron con él no iban armados, pero ni falta que hacía, por la manera y el imperio con que le hablaron”, relata uno de los habitantes que, como mucha gente de La Estanzuela, conocen la historia. Otra fuente dice que sí había gente armada, pero afuera, a poca distancia del domicilio.

Don Genaro no tuvo alternativa, vendió la parcela. Pero le dejaron los papeles. Es decir, conservó el certificado parcelario. Lo que querían los compradores era el control material del predio, poco les importaban los documentos de la propiedad, aparentemente.

Poco después de consumada la venta, fue construida la barda perimetral y el zaguán con la leyenda: “Izaguirre Ranch”. Fue así como el grupo criminal conocido como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abrió las puertas del infierno en el ejido La Estanzuela de Teuchitlán, Jalisco, el campo de entrenamiento y exterminio donde hay indicios del asesinato de al menos 1,500 personas y rastros de su calcinación. 

A partir de su identificación en el Sistema de Información Geoespacial del Catastro Rural, de la verificación de su condición de dominio pleno, de la consulta de fuentes locales y de testimonios ―anónimos desde luego, por razones de seguridad― de un puñado de vecinos de La Estanzuela, EMEEQUIS reconstruye el caprichoso rastro de la propiedad que acabó en manos criminales.

También reseñamos las oscuras circunstancias de la devolución del predio en 2025, su misterioso cambio de régimen de propiedad ejidal a propiedad privada, y su sorpresiva alta en el catastro municipal de Teuchitlán, sin que se cumplieran los trámites, presumiblemente sin la documentación requerida para efectuarlos, y sobre todo, sin claridad sobre quién los emprendió y concretó.

Es el predio donde el intocable grupo delictivo asentó su madriguera de bestialidad que a los largo de 13 años coexistió con cuatro gobiernos federales ( PAN, PRI, dos de Morena), cuatro gestiones estatales (PAN, PRI, dos de MC), y cinco municipales, (PRD, PAN, Morena, dos de MC), pues las únicas siglas que se impusieron durante ese periodo fueron las del CJNG.

Aunque, por otro lado, la historia del campo de exterminio de Teuchitlán comenzó y terminó, curiosamente, con el mismo alcalde, el experredista y ahora emecista José Ascención Murguía Santiago.  

LA PARCELA 446

Al poniente de la Laguna de La Vega, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, se ubican el ejido y la colonia ejidal de La Estanzuela, hogar de unos 2 mil 200 habitantes, según registros del INEGI en 2020.

El poblado se desarrolló alrededor del casco de la Hacienda La Estanzuela, unidad de producción cañera que hasta principios del Siglo XX floreció en más de 7 mil hectáreas de tierras, según la Síntesis Histórica del Municipio de Teuchitlán, de Julio César Antolín Larios, editada por el ayuntamiento (2016).

Con el reparto agrario de posrevolución del siglo XX, nació el Ejido La Estanzuela, en 1931, con una segunda dotación en 1935, según registros agrarios. Se ubica en una escuadra entre la Laguna de la Vega, la carretera Teuchitlán – El Refugio – San Marcos, y el Río Salado que baja desde Tala y desemboca en la laguna.

De acuerdo con datos oficiales, en 1998 la superficie del ejido tenía 1,634 hectáreas todavía, y 200 ejidatarios. Actualmente tiene 168 parcelas. Justo en medio de ese polígono se ubica el predio que corresponde, o correspondía, a la parcela N° 446 de dicho núcleo agrario, donde el grupo criminal conocido bajo las siglas CJNG montó su cubil de barbarie.

No son números sucesivos o secuenciales, sino de designación. A esa zona del ejido se llega únicamente por la colonia ejidal a La Estanzuela, desde la carretera a San Marcos. Traspuesta la población, comienza una brecha que se prolonga casi hasta el río, y que se bifurca en otras terracerías que topan con la laguna. Hay un par de negocios hoteleros al principio y hacia el final de la brecha principal.

Pero para hallar el Rancho Izaguirre basta girar en la primera desviación a la izquierda, que aparece a 700 metros de la salida de la comunidad, la cual se interna al poniente, y lleva directo a las puertas del campo de exterminio, y que ocupa sólo un tercio de la parcela de de don Genaro.

La parcela 446 es un terreno de 3.3 hectáreas, es decir, 33 mil metros cuadrados. El predio está rodeado totalmente de otras parcelas, todas ellas tierras de labor agrícola, principalmente destinadas al cultivo de agave, unas cuantas de ellas con viviendas de distintos tamaños, pero en todo caso, aisladas unas de otras. 

No espere el visitante hallar en el Rancho Izaguirre una finca, casa mayor o casco tipo hacienda, caballerizas y establos. Para tomar perspectiva, es preciso aclarar que en esa zona de Jalisco prácticamente toda tierra de cultivo con alguna construcción en ella, es susceptible de llamarse “rancho”, aunque la población de la zona no haga diferencia semántica para aludir a los del primer tipo.

Lo que es propiamente el “Rancho Izaguirre” ocupa una hectárea con 1000 metros, es decir, 11 mil metros cuadrados, totalmente bardeada, con muros de unos tres metros de altura, y conforma el segmento norte de la parcela. Al interior, su construcción principal es un bodegón de amplio cobertizo, pero la mayor parte está a cielo abierto. 

Del lado sur del Rancho Izaguirre está la parte media de la parcela, otra porción de tamaño semejante a la primera, pero toda esta bajo una maleza que ha tenido 13 años para hundir sus raíces lo más profundo posible, aunque acaso menos hondo de cuanto pueden haber penetrado los sedimentos de los cuerpos humanos calcinados, del  otro lado de la barda.

A pesar de no estar dividida por tapia alguna, esa zona media de maleza está perfectamente delimitada del extremo sur, donde se ubica el único tercio de la parcela que se sigue cultivando, si bien las fuentes no aclararon si este segmento siguió en posesión de don Genaro, o fue arrendada. 

Una vez que se conoció la dimensión de los hallazgos de los colectivos de madres buscadoras en el campo de exterminio de Rancho Izaguirre, y ante la ostensible inclinación de autoridades locales y federales por eludir indagatorias mayores en ese lugar, surgieron distintos esfuerzos civiles por esclarecer una de las preguntas más persistentes sobre ese sitio: la fecha en que inició operaciones.

Uno de ellos fue el del Centro de Investigación Interdisciplinaria (CICA), una organización con base en la Ciudad de México que agrupa a especialistas en diversas disciplinas relacionadas con la criminalística, y que desarrolló un estudio cronológico de imágenes satelitales de Rancho Izaguirre.

El estudio de CICA comienza el 30 de abril de 2011, fecha en que consigna que el terreno entonces “se encontraba sin edificación alguna y carecía de delimitación perimetral”. Después, el análisis da un largo salto a 2014, cuando identifica ya la barda perimetral y las edificaciones principales del predio; y sucesivamente, hasta mayo de 2013, cuando encuentra 19 perforaciones.

Lo cierto es que de acuerdo a la información recabada por EMEEQUIS, la barda perimetral se edificó en 2012, tan pronto como  don Genaro suscribió contrato, bajo coacción, y cedió los derechos agrarios que estaban en manos de su familia desde los años 30 del siglo XX.

Le fueron arrebatados a través del típico modus operandi de los grupos criminales: plata o plomo.

EL DESPOJO

Y es que la delincuencia organizada no sólo extorsiona y asesina a ciudadanos, también les despoja de toda clase de bienes inmuebles: terrenos, casas, edificios.

El despojo es un delito patrimonial del fuero común, cuyo perpetrador usurpa la propiedad de un bien en perjuicio de su legítimo propietario. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de despojo pasó de 21,616  en 2015, a 32,608 en 2021, lo que significó un vertiginoso crecimiento de 50.85%.

De modo que se trataba de una escalofriante expansión geométrica, aunque al parecer, como otras industrias, el despojo experimentó una desaceleración con la pandemia. De cualquier forma, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cerró con 25,618 investigaciones judiciales por despojo, 5,163 más de las 20,455 que acumuló en su primer ejercicio, de modo que tuvieron un crecimiento de 20.15%  

Pero, como en otros delitos, se presume que la cifra negra de casos de despojo, es decir, aquellos que no se denuncian, sea mucho mayor que el de los episodios denunciados. Y en ese paquete iba, desde luego, el de don Genaro, que no iba a poner en riesgo a su hija.

Después de que los delincuentes tomaron control de su parcela, la familia de don Genaro calló, durante años. “Él se fue apagando”, dicen sus conocidos y conocidas. “Vivió con miedo desde entonces”. Contrajo mal de Parkinson, según creen los vecinos, como resultado de la tensión que le causó el despojo de su terreno, y de saber en manos de quiénes había quedado su terreno.

Desde un principio, don Genaro y su familia supieron la naturaleza de los “compradores”, y aún cuando no podían saber con precisión las actividades a qué destinarían el predio, no era difícil deducirlas.

No obstante, ya cuando había encontrado una especie de sosiego en el silencio, don Genaro se llevó una nueva sorpresa: el ayuntamiento le requirió el pago del predial de la parcela. De modo que la propiedad había pasado al estatus de dominio pleno, es decir, se convirtió en propiedad privada, como lo corroboró este medio informativo, y aún más, alguien lo dio de alta en el catastro del ayuntamiento de Teuchitlán. 

Todas los vecinos consultados expresan su desconcierto ante el cambio de régimen de propiedad del predio donde estaba el campo de exterminio. “Eso es un misterio, un verdadero misterio”, dice un agricultor de la zona.

EL MISTERIOSO REGISTRO ANTE SEDATU Y EL AYUNTAMIENTO

A principios de este año, don Genaro Ramírez acudió a la Tesorería Municipal a pagar el impuesto predial de su casa, según testimonios de vecinos y conocidos que interactuaron con él. El antiguo ejidatario se llevó una gran sorpresa cuando el empleado que le entregó su cuenta en la presidencia municipal, agregó un requerimiento para que pagará el impuesto predial de su antigua parcela, ahora convertida en propiedad privada.

Don Genaro se mostró indeciso: “Pues decía que no sabía si pagar o no, porque pensó que pagar podría acarrearle problemas, ya que esa propiedad era la que supuestamente vendió en 2012”. Los testigos no saben si finalmente pagó.

El caso es que, en efecto, constituía un gran misterio el hecho de que el terreno apareciera en el catastro municipal, pues esto implicaba que se había consumado el cambio de régimen de propiedad, y para que eso ocurriera, era preciso, como se mencionó en líneas previas, cumplir con una serie requisitos y trámites para cuya ejecución son indispensables los documentos originales que acrediten los derechos parcelarios.

Para empezar, es necesaria la aprobación de la asamblea ejidal; después hay que presentar la solicitud y documentación ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y ante el Registro Agrario Nacional (RAN). 

Para dar entrada al trámite, dichas dependencias piden en documentación original: el certificado de derechos parcelarios si resulta procedente su canje por título de propiedad; si es parcela colectiva, deberá ingresarse el orginal dichos instrumentos de cada un de los titulares; las CURP de cada uno; la constancia de inscripción del acta de asamblea para la autorización del dominio pleno; identificación original vigente de la persona o personas solicitantes.

En caso  de que el trámite lo ejecute un tercero, este deberá presentar una carta poder simple, firmada ante dos testigos y acompañando copia de las identificaciones oficiales vigentes de estos.

Para recoger el documento por parte de un tercero, no basta una carta poder simple, sino que deberá ser notariada o, al menos, con ratificación de firmas ante un notario.

Según las estipulaciones del RAN, “el ingreso del trámite será procedente cuando el titular de la parcela autorizado por acuerdo de asamblea para adoptar el dominio pleno, (…), solicita de manera individual se le expida el título de propiedad respectivo”.

Ahí no termina el trámite. Hay que dar de alta después la propiedad ante el ayuntamiento del municipio en que se encuentra la propiedad. Y una vez notificadas, la autoridades municipales deberán acudir al ejido y efectuar un deslinde oficial de la propiedad para hacer efectiva la separación de la propiedad.

El caso es, según los vecinos, nunca hubo asamblea de ejidatarios que autorizase el dominio pleno, don Genaro ha dicho a sus coterráneos que el certificado de derechos parcelarios no fue prestado, entregado ni sustraído del lugar en que lo tenía su hija; y que ni él ni nadie de su familia efectuó trámite alguno relacionado. Tampoco acudieron al ayuntamiento a solicitar el deslinde.

Además, no hay testigo alguno entre los titulares de las parcelas colindantes con la número 446, que hayan sido convocados o notificados para el deslinde en cuestión, como exige el protocolo legal; ni existen testigos de que todo ello se haya ejecutado.

En suma, de acuerdo con indagatorias del redactor, sí hay un papel de compraventa en archivos, pero no hay registros de asamblea ejidal para autorizarla, nii solicitud o autorización; tampoco hay notificación alguna del ayuntamiento de Teuchitlán para efectuar y protocolizar deslinde del predio en cuestión.

Por ello el misterio que, por lo demás, parece dejar muchas migas para  las autoridades  judiciales.

TRECE AÑOS DE TINIEBLAS

Aquel pozo de atrocidades asentado en la antigua parcela de don Genaro duró 13 años, y coexistió con igual número administraciones de los tres niveles, con sus cifras y conteos de delitos y de muertos, con sus operativos policíacos y militares contra el crimen, con sus investigaciones judiciales.

Cuatro a nivel federal: los últimos meses del gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa; completas, de  punta a cola, las administraciones del priísta Enrique Peña Nieto y del morenista Andrés Manuel López Obrador; y el primer semestre de la gestión de la también morenista Claudia Sheinbaum Pardo.

Es pertinente recordar que, durante esos 13 años, los titulares de Sedatu fueron, con Enrique Peña Nieto, el hoy morenista Jorge Carlos Ramírez Marín; el hidalguense Jesús Murillo Karam, ahora en prisión; Rosario Robles, excarcelada, que estuvo en prisión por el caso de la Estafa Maestra. Con López Obrador, Román Meyer Falcón, y con Claudia Sheinbaum, Edna Elena Vega.

El RNA fue dirigido, en el sexenio de Felipe Calderón, por Emilio Cedrún Vázquez, de 2010 a 2012; con Peña Nieto, fue dirigido por Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; con López Obrador, el RNA fue dirigido por Plutarco García Jiménez y Luis Cruz Nieva; y con Claudia Sheinbaum repitió en el cargo Cruz Nieva.

A nivel estatal, transcurrieron cuatro administraciones estatales: el último año de ejercicio del panista Emilio González Márquez, las gestiones completas del priísta Aristóteles Sandoval y del emecista Enrique Alfaro; así como los primeros meses del gobierno del también emecista Pablo Lemus.

Cinco a nivel municipal, la primera del alcalde José Ascención Murguía Santiago, llamado “Chón Murguía”, que obtuvo bajo siglas del entonces obradorista PRD (2012-2015); la del panista Armando Andrade Gutiérrez (2015-2018), la del morenista José Alejandro Herrera Soto (2018-2021), la segunda de José Ascención Murguía Santiago (2021-24), por MC; y la tercera de José Ascención Murguía Santiago, también bajo bandera naranja (2024-)

Coincidentemente, el campo de exterminio comenzó y llegó a su fin, y la parcela de Ramírez pasó a propiedad privada, bajo gestiones municipales de Ascención Murguía.

Cabe señalar que se dejaron mensajes en las redes del alcalde emecista para buscar su postura, sin que hasta el momento hubiera respuesta.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: ESTEBAN DAVID RODRÍGUEZ.

Marina designa al almirante Juan José Padilla como director general del AICM

Padilla Olmos asumió el cargo de  director general de Grupo Aeroportuario de la CDMX en enero de 2024, tras ser designado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El almirante en retiro Juan José Padilla fue designado por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, como director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en el marco del proceso de fusión con dos paraestatales,

Mediante un comunicado, se informó que el almirante Padilla fungirá como director de las paraestatales Servicios Aeroportuarios (SACM) y Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), aunque sólo percibirá una sola remuneración económica.

Padilla Olmos asumió el cargo de  director general de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en enero de 2024, tras se designado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador mediante el consejo de administración.

“Se busca eliminar duplicidades en la estructura corporativa de dichas entidades aeroportuarias para optimizar operaciones y recursos, mejorar la rentabilidad de las empresas, la seguridad y la conectividad aérea del país en beneficio de las personas usuarias”, dice el comunicado.

Tras el proceso de fusión, el AICM fungirá como operador del aeropuerto Benito Juárez y será titular de las asignaciones en los aeropuertos internacionales de Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Guaymas, Loreto, Matamoros y Colima.

Además, de acuerdo con información oficial, ejercerá su participación accionaria en los aeropuertos internacionales de Toluca y Cuernavaca. 

“Adicionalmente, administrará y colaborara con el aeropuerto internacional de San Felipe y el nacional de Lázaro Cárdenas, respectivamente. En ese mismo tenor, paulatinamente incorporará a otros aeródromos del territorio nacional”, señala el comunicado.

Inversión millonaria

En enero pasado, se informó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) invertirá 8 mil millones de pesos para ser remodelado previo al Mundial de futbol del 2026, que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

La remodelación contemplará la realización de obras mantenimiento y conservación, así como de remodelación y estética, incluyendo el mejoramiento de las vialidades internas y externas del AICM.

El GACM aseguró que los recursos para realizar las remodelaciones “no requerirán del presupuesto de la federación”, pues se harán con los propios recursos que genera el aeropuerto.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Teuchitlán: Guerreros Buscadores de Jalisco denuncian exclusión de parte de la FGR

El colectivo manifestó que fueron ellos quienes realizaron el trabajo que debería haber hecho el Gobierno de Jalisco y consideran que ahora su presencia les resulta incómoda a las autoridades.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció públicamente que no se les permite estar presentes en el procesamiento de la zona de fosas clandestinas del Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. 

A través de un comunicado en redes sociales, el colectivo manifestó que fueron ellos quienes realizaron el trabajo que debería haber hecho el Gobierno de Jalisco y consideran que ahora su presencia les resulta incómoda a las autoridades. 

En su publicación, expresaron que no aceptarán más simulación por parte del gobierno y criticaron la indolencia y falta de empatía gubernamental, por lo que solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para garantizar su derecho a participar en las labores de búsqueda y procesamiento del lugar.
Ya empezamos mal Alejandro Gertz Manero, ya no soportamos tanta indolencia, falta de empatía y arrogancia gubernamentales, ya basta!!
De acuerdo con un oficio emitido por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, fechado el 16 de marzo de 2025, la Fiscalía General de la República instruyó que únicamente personal de las instituciones gubernamentales involucradas podrá estar presente en el procesamiento del lugar. El documento señala que, en caso de permitir la presencia de observadores, esta decisión será comunicada oportunamente.

El oficio firmado por Víctor Hugo Ávila Barrientos, comisionado estatal de búsqueda, fue dirigido al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. 

En él se informa que la participación del colectivo y otras organizaciones civiles está sujeta a las determinaciones que tome la autoridad federal.


El artículo 92 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada establece que las comisiones nacionales y locales de búsqueda deben garantizar mecanismos para que los familiares y sus representantes tengan acceso a las evidencias relacionadas con las búsquedas y puedan acompañar las acciones realizadas. 

Asimismo, señala que los familiares tienen derecho a proponer acciones y dar seguimiento a las diligencias, siempre bajo medidas que salvaguarden su integridad física y emocional.

El Rancho Izaguirre ha sido descrito como un lugar utilizado por grupos criminales para actividades relacionadas con desapariciones forzadas y presuntos entrenamientos clandestinos.

 En septiembre de 2024, operativos estatales llevaron a la detención de diez personas y al rescate de dos víctimas en el sitio, pero no se procesó toda el área debido a su extensión.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Veracruz vive un fin de semana de violencia; hay nueve personas asesinadas

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estos hechos violentos.

Un fin de semana violento sacudió la zona central de Veracruz, dejando un saldo de nueve personas asesinadas y una más herida en distintos hechos ocurridos en Acultzingo, Córdoba, Fortín de las Flores y Mariano Escobedo, entre la noche del sábado y este domingo.

Este sábado 15 de marzo, una llamada de emergencia alertó a las fuerzas federales y estatales sobre la presencia de cuerpos sin vida en el municipio de Acultzingo.

Durante un operativo, la Fiscalía General de Veracruz localizó una cueva en la localidad de Vaquería, donde encontraron y rescataron cinco cuerpos.

Debido a la magnitud del hallazgo, la Fiscalía Regional con sede en Orizaba, solicitó apoyo a la Fiscalía?para enviar más personal especializado desde Xalapa para colaborar en las labores de rescate e investigación.

Las diligencias continuaron este domingo, con un fuerte resguardo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

La cueva se ubica en un camino de terracería, aproximadamente a 4 kilómetros de la carretera “Camino del Mesón”, que conecta la cabecera municipal de Acultzingo con la zona alta de Vaquería y las vías del ferrocarril.

Horas después, en Córdoba, a unos 54 kilómetros de distancia, también en la zona centro, el empresario Ángel Terán Fuentes y su hijo Miguel Terán fueron asesinados dentro de una cancha privada de pádel, ubicada en la colonia Dimas.

De acuerdo con los primeros reportes, el empresario jugaba junto a su hijo y una joven cuya identidad no fue revelada, cuando hombres armados irrumpieron violentamente en el lugar y dispararon directamente contra ellos.

Las víctimas fueron identificadas como Ángel Terán Fuentes, propietario del taller automotriz Tersol, y su hijo, un estudiante universitario.?

Los agresores huyeron tras el ataque, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Durante la madrugada del domingo, en Fortín de las Flores, a 11 kilómetros de Córdoba, un hombre fue asesinado dentro de su domicilio, mientras que su hijo quedó herido de gravedad.

Los hechos ocurrieron en la colonia Adalberto Díaz Jácome, cuando sujetos armados ingresaron a la vivienda y abrieron fuego contra las víctimas.

El joven, gravemente herido, fue auxiliado y trasladado de emergencia a un hospital de la zona, donde permanece bajo resguardo policial.

Este domingo por la tarde, fue hallado un cuerpo calcinado en la localidad Loma Grande, municipio de Mariano Escobedo, a 22 kilómetros de Fortín de las Flores.?

El cuerpo fue localizado tras una llamada anónima al Palacio Municipal de Mariano Escobedo, que alertó sobre su presencia cerca de la carretera a Loma Grande, en la desviación hacia la Congregación El Berro.?

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estos hechos violentos ni sobre el avance en las investigaciones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

Nepotismo y reelección

Las reformas promovidas por Claudia Sheinbaum Pardo, relativas al rechazo a la reelección y al nepotismo electoral, fueron también un mensaje para los actuales gobernadores de todo el país, los cuales buscan perpetuarse en el poder a través de sus ligas familiares

Uno de los golpes de realidad más importantes que ha recibido la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se dio hace apenas unas semanas en el Congreso de la Unión, donde partidos “aliados” y algunos morenistas gandallas modificaron dos iniciativas particularmente importantes para la mandataria federal, relativas a la restricción del nepotismo electoral y a la no reelección.

Entendiendo tanto a nivel federal como en los gobiernos locales, es frecuente que existan acciones de nepotismo y reelección que, más allá de un reconocimiento a la labor de los servidores públicos, han generado cacicazgos, como el caso de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, quien pretende competir en 2027 por la gubernatura de su Estado, cuando su hija es la actual mandataria local; o bien, la familia Monreal, que lleva varios años dirigiendo Zacatecas.

La reforma se aprobó, pero se condicionó a que tuviera vigencia a partir de 2030, lo que permite a muchos políticos aprovecharse para competir en cinco años de posibles elecciones.

En Baja California hemos visto la urgencia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, por mantenerse en ritmo con las acciones emprendidas por el Gobierno de México, pues cada vez que un proyecto federal se aprueba, mueve todo lo necesario para ser de los primeros estados en aprobarlo.

En la mañanera del viernes 7 de marzo, Ávila Olmeda anunció que, siguiendo con el planteamiento de Sheinbaum, en próximos días enviaría una iniciativa al Poder Legislativo para restringir el nepotismo electoral y la no reelección en Baja California, con el objetivo de que no se puedan utilizar estas prácticas para crear cacicazgos.

El ejemplo más reciente en BC es el del regidor Sergio Tamai, de Mexicali, que luego de ocupar dos veces el puesto de edil, en el mandato de Marina del Pilar como alcaldesa y posteriormente en el primer gobierno de Norma Bustamante, su madre, Beatriz García, ocupó el puesto en la lista, también como edil. Es decir, luego de seis años de ser regidor, su madre ocupó el mismo cargo.

Si bien, cualquier acusación de esta índole podría recaer en violencia de género, la realidad es que, con la nueva ley, su progenitora no habría podido ocupar el mismo cargo, pues estaría constitucionalmente impedida.

Una de las versiones más frecuentes tras la afiliación a Morena de Carlos Torres Torres, es que existe una intención del esposo de la mandataria bajacaliforniana de ocupar un cargo de elección popular en el próximo ejercicio electoral en 2027, luego de que se confirmara que el nepotismo electoral sólo aplica para la sucesión del mismo cargo. Es decir, Torres Torres no podría competir por la gubernatura de Baja California, pero sí por la alcaldía de Tijuana.

Aunque sólo son rumores y no existe certeza en ello, la realidad es que un verdadero compromiso contra el nepotismo electoral sería que las familias guarden distancia de los cargos públicos cuando se trata de espacios de poder, pues como es sabido, Morena se fundó en Baja California a través de familiares y amistades, de las cuales algunas ya cuentan con cargos públicos, como la diputada Alejandra Ang, quien está casada con el regidor César Castro Ponce; o bien, que funcionarios no coloquen a sus familiares en puestos de poder, lo cual ocurría también en la administración de Jaime Bonilla Valdez.

Habrá que ver cuándo envía Ávila Olmeda la propuesta, cuánto tardan en aprobarla y cuál será el compromiso por cumplir lo constitucional y estatutariamente dentro de Morena, pues es común evadir sus propios compromisos a través de sus aliados como el PVEM, quienes aceptan cualquier cosa con tal de permanecer en el poder.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO VILLA.

“Exigimos la verdad”: colectivos de BC sobre hallazgos en Rancho Izaguirre en Jalisco

Colectivos de búsqueda de Baja California se reunieron este sábado 15 de marzo en el monumento Cuauhtémoc, en Tijuana, para llevar a cabo una vigilia por el luto nacional convocado por grupos de 19 estados del país, tras los hallazgos de restos óseos calcinados en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, el cual ya es comparado con los campos de exterminio del Holocausto.

A la vigilia en el monumento, que inició desde las 05:00 de la tarde, acudieron casi 200 personas, entre miembros de colectivos del estado y sociedad civil, los cuales tras una hora marcharon hacia la Fiscalía General del Estado (FGE), para colocar sobre veladoras y pares de zapatos como símbolo de las 493 prendas de vestir, 400 pares de calzado y restos óseos que se hallaron en el rancho en Teuchitlán, al tiempo que exigían a las autoridades revelar la verdad que se esconde en dicho lugar.

“Exigimos la verdad, quienes son esas personas, cuántas son, qué fue lo que pasó ahí, por qué no investigaron, eso es lo que exigimos todos los colectivos. Lo que los familiares quieren es saber qué pasó con su familia, quieren saber la verdad de todo esto”, manifestó Angélica Ramírez, coordinadora de Una Nación BuscandoT.

Y es que dado que se presume el rancho operaba como centro de reclutamiento, adiestramiento y exterminio, bajo el mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), engañando con falsas propuestas de trabajo a sus víctimas en distintos estados de la república, familiares de personas desaparecidas en Baja California tienen miedo de que entre la ropa, zapatos y restos que se hallaron en el rancho, puedan encontrar algún indicio de que su ser querido fue reducido a huesos o cenizas.

Sin embargo, al ser esta una posibilidad, Angélica compartió que a través de redes de colaboración con colectivos de Jalisco, estos diariamente les brindan información de las prendas que se van encontrando en el rancho, por lo que si alguna persona cree que su familiar es una de las víctimas, se hará todo lo posible para que pueda viajar a Jalisco para unirse a las búsquedas, algo para lo que también solicitarán a la FGE, colabore con la Fiscalía jaliciense.

Una de las madres bajacalifornianas que dijo ya está viendo la forma de trasladarse a Jalisco, es Bárbara Martínez, presidenta del Colectivo Buscando a Tolano, quien dijo va a buscar restos de sus dos hijos desaparecidos: César Ezequiel Rico de la Cerda, ausente desde 2018 tras ser visto por última vez en el fraccionamiento Urbi Villa del Prado segunda sección y Esteban Uriel Rico de la Cerda, quien permanece sin paradero desde 2020.

“Yo sí estoy pensando en viajar, de hecho tengo una prima que está en ese colectivo de Jalisco (Guerreros Buscadores), y me dijo: “prima, vengase, porque usted no sabe si aquí vaya a estar mis sobrinos”, porque son de diferentes estados de la república que se los han llevado. En eso andamos”, compartió Bárbara.

Exigen descartar que haya campos de exterminio en BC

Tras los hallazgos de restos óseos en el Rancho Izaguirre, lugar utilizado por el CJNG como centro de reclutamiento, adiestramiento y exterminio, colectivos de búsqueda de Baja California pidieron a las autoridades no descartar que también en este estado se encuentren operando lugares similares, por lo que exigen a las autoridades tomarse el tiempo de investigar.

“Tómense el tiempo, no descartemos que aquí en Baja California pueda haber un rancho similar al que apareció en Jalisco, que no se venden de los ojos. Tal vez en Rosarito haya un rancho igual, hay muchos desaparecidos en Rosarito, en Tijuana. No descartemos que hasta en la zona oeste del estado vaya a haber ranchos iguales, pero desgraciadamente todavía no se nos reportan”, pidió Bárbara Martínez.

Pero quien dio indicios de posibles lugares similares al Rancho Izaguirre, pero en Baja California, fue la coordinadora del colectivo Una Nación BuscandoT.

“En Mexicali hay uno, también están nombrando el tema de la colonia Alemán, por allá hay otro; en Rosarito tenemos el de la Casa de la Ocho, que se ha quedado a medias y es un lugar también que nos han puesto muchos peros para poder abrir. Tenemos varios ranchos en Ensenada que hemos estado los colectivos yendo a descartar, pero nos hemos quedado a mitad, porque cuando vamos a estos lugares alejados han sido en las brigadas de búsqueda, entonces prácticamente son por un día y es rápido lo que alcancemos a encontrar y la Fiscalía a pesar de que encontramos varios indicios no continúan con el cateo o con las revisiones”, mencionó Angélica Ramírez.

Los hallazgos en Rancho Izaguirre, Teuchitlán, Jalisco

Una escena que se asemeja a la época del Holocauto con 493 prendas de vestir, 400 pares de calzado y restos óseos, fue lo que encontraron miembros del colectivo Guerreros Buscadores en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco; artículos y huesos que pertenecen a cientos de personas desaparecidas en México, que eran reclutadas bajo promesas engañosas de trabajo del CJNG, quien después las privaba de su libertad y bajo amenazas de arrebatarles la vida a ellos o sus familiares, las obligaba a unirse a la organización criminal.

En el lugar se encontraron seis lotes de restos óseos, con fragmentos de cráneo y cenizas, al parecer de cuerpos humanos, los cuales se encontraban al interior de tres crematorios; también mochilas, carteras, colguijes y pulseras de cientos de víctimas.

Tras el destape del hallazgo la Fiscalía de Jalisco informó que fueron asegurados preliminarmente, 96 casquillos de diversos calibres, tres cargadores, unos aros aprehensores metálicos, tres libros, una libreta y una identificación oficial.

Las búsquedas por parte del colectivo iniciaron desde enero de este año, pero fue hasta el pasado 5 de marzo que se destaparon los macabros hallazgos en el lugar, que ahora se sabe, supuestamente estaba asegurado por parte de la Fiscalía de Jalisco, desde el 18 de septiembre de 2024, luego de que el rancho fue identificado como centro de adiestramiento del CJNG.

En esa fecha, elementos de la Guardia Nacional rescataron a dos personas secuestradas en el inmueble; detuvieron a 10 personas: David A, Kevin P, Christopher D, Luis R, Gustavo N, Juan A, Armando G, Ricardo T, Oscar J, y Erick D; aseguraron un cadáver envuelto en plásticos, varios vehículos, cuatro armas largas, dos pistolas, chalecos balísticos, 21 cargadores, un bote repleto de objetos pincha llantas y marihuana.

A pesar de estos hallazgos, cuando el colectivo Guerreros Buscadores realizó las búsquedas en enero, el lugar estaba prácticamente abandonado por parte de las autoridades, pues carecía de presencia de elementos policiacos que vigilaran el inmueble ni tampoco había sellos de aseguramiento a la vista.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ANA KAREN ORTIZ.

Emboscan y ejecutan a dos policías municipales de Valle de Santiago, Guanajuato

El ataque a los policías en Valle de Santiago ocurre 10 días después del asesinato del exdirector de Seguridad Pública del municipio, José Luz Méndez Baltazar.

Dos elementos de la policía municipal fueron abatidos la mañana de este día cuando se dirigían a iniciar la jornada laboral a bordo de un vehículo particular. Las víctimas son Juan Luis Botello, comandante de la corporación, y Salvador Cárdenas, su escolta.

Alrededor de las 6:30 de la mañana de este domingo, los dos policías se trasladaban en un vehículo Nissan Tsuru cuando fueron emboscados por personas armadas en el camino que conduce a la colonia Las Haciendas de ese municipio.

El comandante tenía al menos siete años de trabajo en la policía municipal de Valle de Santiago, mientras que Salvador Cárdenas tenía 15 años de trayectoria en la corporación.

Vecinos reportaron detonaciones de armas. Al llegar al lugar, elementos de seguridad encontraron los dos cuerpos sin vida al interior del vehículo con varios impactos por arma de fuego. Familiares de las víctimas también estuvieron presentes para identificarlos.

El ataque a los policías en Valle de Santiago se da sólo 10 días después del asesinato del exdirector de Seguridad Pública del municipio, José Luz Méndez Baltazar, quien había sido nombrado director del rastro municipal. Méndez Baltazar fue asesinado el pasado 6 de marzo a unos metros de su domicilio en la comunidad La Compañía.

Sólo una hora después y a unos 40 kilómetros de distancia, en la comunidad Tinaja de Pastores en el municipio de Yuriria, se registró otro ataque que terminó con la vida de una pareja y dejó a su hijo menor de edad lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, minutos antes de las 8 de la mañana vecinos de la comunidad Tinaja de Pastores reportaron al sistema de emergencias múltiples detonaciones por arma de fuego. Al llegar al lugar, elementos de la policía municipal y de la Fuerzas de Seguridad Pública del Estado encontraron al interior de la vivienda a tres personas con varias heridas por arma de fuego, una mujer y dos hombres, uno de ellos menor de edad.

Paramédicos de Protección Civil confirmaron que los dos adultos ya no contaban con signos vitales, mientras que lograron estabilizar al menor de edad para ser trasladado a recibir atención médica.

Más tarde se confirmó que las víctimas mortales eran los padres del menor de edad que se encuentra grave en el hospital.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARMEN PIZANO.

Familias reclaman a autoridades presentes y pasadas durante jornada de luto nacional por víctimas de desaparecidos

Familiares de desaparecidos se dieron cita en Guadalajara, Jalisco y en el Zócalo capitalino para protestar por los desaparecidos durante la jornada de luto nacional, tras encontrarse un campo de adiestramiento y exterminio en Teuchitlán, Jalisco. Exigen a las autoridades escuchar y dialogar con las familias de víctimas.

El reclamo al exgobernador, Enrique Alfaro, y al actual gobernador Pablo Lemus, en Guadalajara, Jalisco, y la exigencia a la presidenta Claudia Sheinbaum de escucha y diálogo con las familias de personas desaparecidas desde el Zócalo capitalino marcaron la jornada de luto nacional que se convocó este sábado tras el hallazgo de un campo de reclutamiento y exterminio en Teuchitlán.


“Presidenta: ¿Nos ves?”: Zócalo de la Ciudad de México

“Presidenta: ¿Nos ves?”, se leía en letras blancas en un Zócalo capitalino que se convirtió la tarde y noche de este sábado en un croquis del Rancho Izaguirre, en Teuchitlan, Jalisco, donde la semana pasada fue hallado un campo de reclutamiento y exterminio. 

Seguido de las letras blancas, trazos circulares y rectangulares marcaban distintas áreas del rancho: baño, centro de confinamiento, caseta, fosa… Al interior de cada una, hileras de zapatos, cada par con una veladora y marcado con un número escrito en un pequeño cuadro de papel, recordaban, frente a las puertas de Palacio Nacional, el horror. 

Unas horas antes, cerca de las 3 de la tarde, la jornada de oración y vigilia había comenzado al interior de la Catedral Metropolitana, donde los carteles y fichas de búsqueda de personas desaparecidas formaron una alfombra sobre las escalinatas al altar, mientras el obispo que presidía, Javier Acero Pérez, llamaba a autoridades y sociedad a voltear a ver a las familias que buscan ante la inacción de las instituciones, al tiempo que ofreció una disculpa a nombre de su Iglesia católica si en algún momento ha sido indiferente. 

“No podemos callarnos ante esta realidad. No tengamos miedo para acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar juntos el contacto, que al final todo esto se resume en diálogo con todos los actores sociales que sufrimos este daño”, llamó. 

Cuando la ceremonia terminó, afuera, en la plaza principal del país, ya comenzaba a pintarse el mensaje central junto con el croquis del Rancho Izaguirre. Poco más de una hora después, las familias lanzaron un mensaje de exigencia a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a Palacio Nacional: 

“Hace nueve meses una mayoría de votantes la eligió a usted para presidir la República… pero a pesar de las expectativas de tantas víctimas que también ejercimos nuestro derecho al voto, usted parece no querer voltear a vernos: no nos nombra, parece no escucharnos y no se dirige a nosotras”, se escuchó debajo de una carpa roja colocada cerca del asta. La referencia recordaba a lo que tantas veces ha repetido la Presidenta en torno a otras agendas: “Lo que no se nombra, no existe”.

“Sin embargo —continuó el pronunciamiento en voz de Ana Enamorado—, queremos creer que usted sabe que somos madres y padres, hermanas y hermanos, hijas e hijos, vecinos y amigos, que buscamos con esperanzas y zozobra, varillas y uñas, a nuestros seres queridos. Usted debe saber que somos nosotras, las familias, quienes ante la omisión del Estado hemos asumido la responsabilidad y la carga de la búsqueda”. 

Desde que la carpa comenzó a instalarse y las familias pedían a los asistentes colocar los pares de zapatos con la punta viendo hacia Palacio Nacional, decenas de personas —a veces desde la solidaridad, a veces desde la curiosidad— comenzaron a congregarse alrededor y a cada tanto, entre los discursos, llegó a escucharse: “No están solas, no están solas”. 

Cuando por el micrófono se mencionó un agradecimiento que las familias de todo el país –que se sumaron, sin distingos, a la convocatoria– le daban al Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y se mencionó su valentía, surgió un aplauso colectivo que hizo que la lectura parara por unos momentos, sólo para después seguir: “Pusieron al descubierto el infierno y el horror en Teuchitlán, al igual que lo hacemos los colectivos y familias en tantos lugares del país”. 

A la Presidenta le pidieron que no la engañen ni se engañe: reiteraron que no pertenecen a ningún partido político ni tienen otras banderas que no sean la verdad, la justicia y la presentación de sus seres queridos con vida. Rechazaron cualquier otra idea, incluso la que impulsó más tarde un grupo de asistentes que gritó consignas contra el gobierno frente a Palacio Nacional, terminó retirando las vallas que lo rodeaban y mantuvo un grito colectivo ante una línea de policías replegada hacia la pared del inmueble. 

“Las familias no convocaron a ningún acto violento; a las personas que llegan a la acción les pedimos que se acerquen al asta bandera, las familias no convocaron a esta acción, quienes vienen a la velada, les pedimos que nos vayamos replegando hacia el asta bandera, por favor. Las familias no convocaron a ninguna acción violenta”, rechazaron en el megáfono cuando el grupo que gritaba hacia la línea de policías en Palacio Nacional decidió permanecer ahí.

Para las familias, fue más importante remarcar que si bien la desaparición forzada de personas se remonta al periodo neoliberal y se agudizó durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, no se ha contenido ni se contiene ahora. Por el contrario, se generaliza y el dolor se multiplica en todos los estados de la República. 

Pidieron al gobierno de Sheinbaum que asuma la existencia de más de 120 mil personas desaparecidas en el país, reconozca el trabajo colectivo de las familias que buscan, apoye a las que viven amenazadas, sancione a los servidores públicos que permitieron el horror de Teuchitlán, identifique los cuerpos de personas en fosas, fortalezca las estrategias de búsqueda, reactive el Centro Nacional de Identificación Humana con suficientes recursos y construya un sistema judicial que resuelva las demandas de las víctimas. 

La unión de los colectivos se hizo patente en los actos sucesivos, cuando tomaron sus manos viendo hacia Palacio Nacional alrededor de las letras en blanco “Presidenta, ¿nos ves?”. Luego siguió un acto ecuménico con la representación de diversas espiritualidades: se vieron manos en alto hacia diferentes puntos cardinales, minutos de silencio, oraciones, consignas para que no haya un desaparecido más ni una mamá que pierda la vida en su búsqueda. 

Las plazas públicas en diversos estados del país, subrayaron, se convirtieron este sábado en espacios sagrados, con zapatos que representaron las vidas que hacen falta, y velas que las siguieron iluminando cuando la oscuridad cayó sobre el Zócalo y solo se escuchaba el murmullo de gritos frente a la línea de policías de Palacio Nacional, opacados por la memoria representada por gotitas de fuego en toda la plancha que mantenían encendida la voz uniforme de las familias: “Teuchitlán, nunca más”.

Jalisco: Colectivos piden respuestas sobre caso Teuchitlán; autoridades mantienen silencio

Plaza Imelda Virgen: “Alfaro sí sabía y Lemus le seguía”.

Se trata de la consigna que mantenían colectivos, familias buscadoras y el público en general que abarrotaron la Plaza Imelda Virgen, frente al Palacio de Gobierno. 

Los asistentes señalaron a las autoridades estatales pasadas y presentes por las omisiones  en el caso. “Se ve, se siente, gobierno delincuente”, “Narcogobierno” y “Lemus decía que todo cambiaría”, gritaban, mientras una piñata con el rostro del actual gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, era lanzada una y otra vez entre los asistentes del recinto. 

El Rancho Izaguirre fue intervenido por la Guardia Nacional desde el 18 de septiembre de 2024, durante la administración del gobernador Enrique Alfaro. Sin embargo, en ese entonces sólo se reportó la localización de dos personas privadas de la libertad y de un cadáver cubierto con plástico. Diez personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por estos hechos. 

Fue hasta el pasado 5 de marzo, cuando integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al sitio tras una serie de reportes recibidos en llamadas anónimas y tuvo el hallazgo de al menos tres hornos crematorios clandestinos, así como de segmentos óseos calcinados en el lugar.  

“Este hallazgo que debía ser producto de una investigación oficial, fue descubierto gracias al incansable esfuerzo de los colectivos y familias buscadoras. Nosotras las familias hemos tenido que hacer el trabajo que el Estado se niega a realizar. Con datos de testimonios y datos de operativos, desde hace años este lugar ha sido un centro de exterminio y reclutamiento forzado, operando bajo la permisibilidad y omisión de las autoridades”, mencionó a través de un altavoz, Marleti, fundadora del colectivo Entre Cielo y Tierra.

En la desesperación por no obtener respuesta de las autoridades, una media docena de asistentes comenzaron a escalar los muros del Palacio de Gobierno. En los descansos de las ventanas se les podía ver de pie mientras sostenían fichas de búsqueda, pancartas de más de un metro de alto para mostrar el rostro de su desaparecido, y una serie de zapatos eran colgados en la herrería de las ventanas.

Minutos después, ante los estallidos dirigidos a la doble puerta de madera del Palacio de Gobierno, fue sigilosamente abierta de lado derecho, pero solo salieron elementos de la Policía Estatal a resguardar el ingreso. Ninguna autoridad se presentó. Los manifestantes furiosos exigían la salida de Pablo Lemus del recinto para “dar la cara”. 

Los colectivos Entre Cielo y Tierra Oficial, y Luz de Esperanza, —convocantes de la manifestación—, reconocieron que previo o durante el evento ningún representante de la autoridad se pronunció, tuvo algún acercamiento o invitó al ingreso de una comitiva al Palacio de Gobierno. 

“No es coincidencia que los hallazgos de fosas clandestinas y crematorios sigan en aumento, mientras la Fiscalía de Jalisco minimiza los hechos. La falta de indulgencia en operativos previos demuestra que han sido encubiertos o en el peor de los casos tolerado… La inacción de los ministerios públicos, la resistencia a realizar diligencias periciales y limitaciones impuestas a las búsquedas en fosas, revelan la apuesta clara, la impunidad y la opacidad. Exigimos respuestas y acciones inmediatas”, agregó Marleti en el parlante. 

Las familias decidieron colocar una red en color rojo,  —que simulaba sangre— a la altura de la puerta del Palacio de Gobierno. Arriba de la red, colocaron todo tipo de zapatos: tenis, tacones, sandalias, zapatos formales y zapatos infantiles, para recordar las más de 15 mil desapariciones en Jalisco que siguen sin ser resueltas.

“No olvidamos”, fue una de las últimas frases coreadas en colectivo para recordar la deuda que tiene el Gobierno de Jalisco con dar respuestas ante la crisis de desapariciones y la exigencia a obtener más respuestas sobre lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, sus responsables y los datos de las investigaciones en el predio.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: SIBONEY FLORES, MARCELA NOCHEBUENA.