En estas siete semanas del operativo, que consiste en el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en el límite con Estados Unidos para que Trump pausara las tarifas del 25%, también se han confiscado 129,2 kilogramos de fentanilo y 952.695 pastillas de esta droga sintética.

La presidenta defendió los resultados de su estrategia de seguridad mientras se acerca, el 2 de abril, el fin de la segunda pausa de un mes que consiguió con Trump a cambio del despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera para combatir el tráfico de migrantes y drogas, en particular del fentanilo.

Además, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se reunirá el viernes en México con Sheinbaum, quien aseguró que la visita “no tiene ya que ver con el tema de los aranceles”, sino que “es una reunión de coordinación”.

“No es que vayamos a darle un informe, sino que es importante que se conozca cuáles son los resultados del gabinete de seguridad, acordamos una serie de acciones conjuntas en una reunión que hubo en Washington”, sostuvo.

La mandataria, quien asumió el 1 de octubre tras el récord de más de 196 mil asesinatos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), destacó que desde su llegada al poder los homicidios han caído un 22.4% hasta los 67 mil 46 diarios en marzo.

“Es importante destacarlo, aunque sea cifra preliminar de marzo, porque entre septiembre y marzo son 19 homicidios menos diarios, es decir, en septiembre de 2024 se cometían 19 homicidios más diariamente“, manifestó.

Durante el mandato de Sheinbaum, “han sido detenidas 15 mil 887 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 134,7 toneladas de droga, incluyendo 1.347 kilos de fentanilo y más de dos millones de pastillas de fentanilo”, apuntó el secretario García Harfuch.

Los cárteles de Sinaloa y Jalisco

El titular de Seguridad también resaltó acciones contra los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), los más poderosos de México y también declarados terroristas por el actual Gobierno de Trump.

En especial, resaltó el arresto el sábado de José Gregorio ‘el Lastra’, presunto reclutador del CJNG y vinculado con el hallazgo del supuesto campo de adiestramiento del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, en el occidental estado de Jalisco, donde colectivos de búsqueda denunciaron el 8 de marzo un “campo de exterminio”.

Sobre Sinaloa, estado del noroeste del país que padece la pugna interna del cartel por el arresto en julio pasado del capo Ismael ‘el Mayo’ Zambada, informó del arresto de 1.080 personas, el aseguramiento de 1,1 millones de pastillas de fentanilo y la destrucción de 68 laboratorios desde el inicio del Gobierno.

El PAN sostiene que los recursos utilizados en estas caravanas no provienen de aportaciones voluntarias, sino de un posible esquema de financiamiento ilegal disfrazado de donativos en especie. Además, exigió al Gobierno Federal transparentar los contratos otorgados a Padilla Farfán y verificar si estos fondos están siendo utilizados para financiar actividades proselitistas.

“Queremos saber cuántos contratos ha recibido, por qué montos, con qué dependencias, y si estos recursos están siendo utilizados para financiar campañas anticipadas a través de ‘donativos’ del empresario. La ciudadanía merece respuestas claras y cuentas públicas transparentes”, subrayó Triana.

El vocero panista advirtió que este no sería un caso aislado, sino parte de un esquema replicado en otros estados. 

Finalmente, Triana reafirmó el compromiso del PAN con la legalidad y la democracia.

“Morena no puede seguir escudándose en discursos de victimización cuando lo que hay detrás son redes de complicidad, conflicto de interés y corrupción institucionalizada. No lo vamos a permitir. Vamos a desenmascararlos y a defender el derecho de la ciudadanía a elecciones limpias y justas”, concluyó.

Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción.

Andrea Chávez dice ser víctima de una ‘persecución política’

Andrea Chávez ha defendido su actuación, argumentando que los recursos provienen de donativos empresariales.

Durante la sesión del Pleno del Senado del pasado 20 de marzo, la legisladora chihuahuense afirmó que era víctima de una persecución de parte del gobierno del estado.

Chávez reiteró que se siente “profundamente orgullosa” de sus acciones, y aseguró que las “mentiras” de sus opositores y “acoso de sus reporteros” constituyen un ataque a todos los residentes de Chihuahua.

“Querido chihuahuense, querida chihuahuense: hoy me persiguen por llevar médicos y enfermeros a las colonias, pero tengo muy claro que esto no es contra mí, es contra ustedes. No vienen por mí, vienen por ustedes. Vienen por sus impuestos, vienen por su derecho a la salud, vienen por su vivienda, vienen por su derecho a la vida, pero no los vamos a dejar pasar”, recalcó.

Sin embargo, el 25 de marzo de 2025, el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ, por sus siglas en inglés), decidió imponerle “medidas especiales administrativas”, o SMA (por sus siglas en inglés), para reforzar la seguridad y evitar riesgos.

Así lo informó la fiscal en jefe del caso, Saritha Komatireddy, quien en un oficio enviado al juez federal Block -quien lo revisaría el miércoles 26 de marzo de 2025-, notificó la decisión de colocar a Caro Quintero bajo las SMA.

Estas medidas incluirían comunicación limitada -o incluso nula- del detenido con otros presos, con medios de comunicación y hasta con familiares. También afectan la secrecía de las conversaciones entre el acusado y sus defensores, de modo que las autoridades podrían monitorearlas y grabarlas.

Las SM también implicarían confinamiento en solitario, para que el interno permanezca hasta 23 horas dentro de su estancia, con solo una hora en espacios comunes y bajo supervisión. Además, limitaría las llamadas telefónicas y cartas que enviara y/o recibiera el acusado.

Además, en su misiva, la fiscal Komatireddy también señaló al juez federal que, hasta el momento, Caro Quintero contaba con abogados designados por la Corte neoyorquina. Sin embargo, dijo que algunos litigantes privados se habían acercado a la Fiscalía estadounidense, para notificar su interés en llevar la defensa del capo sinaloense.

“En su lectura de cargos, al acusado se le asignó un abogado de oficio, y la semana pasada se le asignó un abogado de oficio con experiencia en casos complejos. Al mismo tiempo, el Gobierno ha recibido consultas de varios abogados que afirman que podrían ser contratados para representar al acusado”, enfatizó Komatireddy.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó, el 17 de marzo de 2025, se le aplicaría “todo el peso de la ley” a Caro Quintero, quien, según datos del Buró Federal de Prisiones de EE. UU. (BOP, por sus siglas en inglés), se encontraba recluido en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), con el número de registro 12303-016, ello después de ser enviado por el Gobierno mexicano a Estados Unidos, por supuestas causas de seguridad nacional.

“Han estado buscando a esta persona por años y lo conseguimos. Este malvado asesino será procesado con todo el peso de la ley”, dijo el magnate neoyorquino, durante una conferencia de prensa, llevada a cabo en el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Asimismo, Trump se refirió al agente especial de la Administración Antidrogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena, quien fue presuntamente secuestrado, torturado y posteriormente asesinado, en 1985, por órdenes del capo sinaloense Caro Quintero.

“México entregó recientemente a los 29 líderes más grandes de los cárteles, incluido el depravado capo acusado del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena”, afirmó el magnate neoyorquino.

El 28 de febrero de 2025, Caro Quintero se declaró -luego de ser extraditado a EE. UU., un día antes-, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, como no culpable de los múltiples cargos en su contra.

El cofundador del extinto Cártel de Guadalajara fue presentado en el Salón Ceremonial de la Corte neoyorquina, ante el juez magistrado Robert Levy, quien le leyó los cargos relacionados al delito de tráfico de drogas. Tras ello, el narcotraficante mexicano se declaró inocente.

Por otra parte, la Fiscalía General de EE. UU. confirmó que buscarían la pena de muerte en contra del capo sialoense. Asimismo, a pregunta expresa del juez, los fiscales federales confirmaron que Caro Quintero fue “expulsado”, no extraditado, por decisión del Gobierno de México.

La titular del SESNSP detalló que al corte del 24 de marzo de 2025 y con información de las fiscalías estatales, el promedio diario anual de víctimas por homicidio doloso era de 73.4 por ciento (797), casi la mitad de los mil 552 registrados.

Además, Figueroa Franco indicó que seis estados concentraban casi el 50 por ciento del total de homicidios en el país, destacando Guanajuato, donde se registraron 277 víctimas en lo que iba de marzo de 2025, lo que representaba el 17 por ciento del total nacional.

Según la titular del SESNSP, el segundo lugar fue el Estado de México, con 126 víctimas, el 7.8 por ciento del total en el país. Le siguieron Chihuahua (109), Baja California (99), Sinaloa (95) y Sonora (90).

Por su parte, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó que durante la Administración encabezada por Sheinbaum Pardo se habían detenido a 15 mil 887 personas relacionados con delitos de alto impacto, además de que se habían decomisado más de 8 mil armas, mil 347 kilos y dos millones de pastillas de fentanilo.

Asimismo, el funcionario federal dijo que en el operativo de la frontera norte, puesto en marcha desde el 5 de febrero de 2025, se habían detenido a mil 748 personas, e incautado mil 562 armas, 7 mil 884 cargadores, 129 kilos de fentanilo y casi un millón de pastillas de dicho opioide sintético.

Por lo anterior, se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas con lo que se obtuvieron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, mismo que otorgó las órdenes de cateo.

De manera simultánea, en las colonias Gasolinera del Valle, Torres Aeropuerto y Rancho Contento, se desplegó un operativo para ejecutar las órdenes de cateo, donde fueron detenidos Jesse Kevin “N” de 22 años y Juan Carlos “N” de 33 años, vinculados a una célula delictiva que opera en el estado.

Además, se aseguraron 20 kilos de polvo blanco, precursores químicos, cristal, seis armas largas, cuatro armas cortas, 207 cartuchos, 20 cargadores, diversas placas de circulación y seis vehículos, tres de ellos blindados.

En tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

A los detenidos se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Cabe mencionar que resultado de líneas de investigación, se tuvo conocimiento que el detenido de 33 años participó en una agresión a una familia que se trasladaba en un vehículo, en dicho evento fallecieron dos menores de edad.

Célula criminal

Información preliminar apunta que los detenidos son integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño “FEA”, vinculados al Cártel del Pacífico “CDP”, vertiente “Los Menores”, en Culiacán, Sinaloa.

Jesse Kevin Aguilar Avendaño, de 22 años, es conocido como “Jessy” o “Eduardo” o Safeta” “Alex”, “Monkey” y/o “Chango”.

Se le identifica como coordinador de células operativas, encargado de operar ataques contra grupos antagónicos tras la disputa con integrantes de la facción de “Los Mayos”, bajo las órdenes de un sujeto de apodo “Viejo Mayor”, dice la información disponible.

La persecución fue reportada entre las colonias Stanza Torralba, Camino Real y la zona de la 21 de Marzo, todas entre el oriente y el sur de la capital de Sinaloa. 

De acuerdo con reportes de medios locales, el enfrentamiento habría ocurrido mediante una persecución a tiros en una zona en donde se han presentado este tipo de actividades y en donde han muerto al menos cinco personas víctimas indirectas de estos choques entre Chapitos y Mayos. 

Entre los ataques más fuertes ocurridos en esa zona se encuentra uno reportado el 12 de diciembre de 2024 que dejó saldo de dos mujeres víctimas indirectas del choque armado, en medio de un despliegue de seguridad por el Día de la Virgen. 

Las muertes por ataque indirecto o en fuego cruzado suman 35 con el asesinato de Dana Sofía. Apenas a principios de este mes, Regina de 14 años murió en un hospital de la capital luego de ser herida en un enfrentamiento en la comunidad de Villa Juárez, perteneciente a Navolato y apenas a 20 kilómetros de Culiacán. 

Este nuevo crimen sucede apenas horas más tarde de que Omar García Harfuch anunciara la detención de Jesse N “el Jessy” y a Jan Carlos N “el Cholo”, presuntos operadores de una célula delictiva y señalados del asesinato de los menores Gael y Alexander, hermanos de 12 y 9 años de manera respectiva asesinados junto a su padre, Antonio, durante un ataque armado en el fraccionamiento Los Ángeles. 

Este crimen impulsó a un par de marchas en enero para pedir la destitución de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa.

En su respuesta expuso que se han realizado múltiples acciones de búsqueda, se entrevistó a la familia, se activaron las 46 cédulas municipales de búsqueda y se pidió la colaboración de los 31 estados restantes para la difusión de la ficha de búsqueda. 

Jorge Jiménez Lona cerró la respuesta con la revelación de que localizaron restos que podrían tratarse de Lorenza Cano, pero mientras no tengan los resultados de genética seguirán con las búsquedas.

En entrevista al término de la reunión con diputados locales, Jorge Jiménez, precisó que fue desde hace un mes que localizaron restos que podrían ser los de la buscadora. 

"Es importante la comprobación del material genético, hasta que no haya una comprobación sigue la búsqueda al 100 por ciento. Encontramos los restos hace un mes aproximadamente en la zona de Villagrán. Está el proceso (de identificación) en la Fiscalía, es complejo".

El secretario de Gobierno confirmó que se tuvo información que los llevó a los restos en Villagrán tras la reaprehensión de dos de los presuntos implicados en la privación ilegal de la libertad de Lorenza Cano y el asesinato de su esposo e hijo la noche del 15 de enero de 2024.

A finales de enero de 2024, unos días después del doble homicidio y la privación ilegal de la libertad de Lorenza Cano, autoridades locales detuvieron a José Adrián y José Iván, señalados como los presuntos responsables, pero fueron liberados porque el juez local a cargo del caso consideró que el Ministerio Público no habían presentado los datos de prueba que vincularan a los detenidos con el crimen. 

La Fiscalía local apeló la resolución y obtuvo nuevamente las órdenes de aprehensión que cumplimentó a principios de este 2025.

Más de 4 mil reportes

En el encuentro con diputados locales, Jorge Jiménez Lona precisó que durante 2024, el año que privaron de la libertad a Lorenza Cano, recibieron 4 mil 428 reportes de personas desaparecidas. Se localizaron 2 mil 474 personas, de las cuales el 87.9 por ciento se encontraron con vida y el 12.1 por ciento sin vida. 

Respecto al apoyo que se brindó a la familia, el comisionado de Atención Integral a Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón, comentó que dos de los presuntos responsables de la desaparición de Lorenza Cano y el homicidio de su esposo e hijo están vinculados a proceso, les han dado acompañamiento jurídico y se les dio un apoyo económico por más de 50 mil pesos para los servicios funerarios del esposo e hijo de la buscadora.

Lorenza Cano Flores buscaba a su hermano José Francisco, desaparecido el 17 de agosto de 2018.

Apenas el 13 de marzo García Muñoz Ledo aseguró que “la paz en Guanajuato será una realidad porque la estamos construyendo en equipo”. Había acudido a un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad para presentar los resultados de los operativos de seguridad implementados en la entidad.  

Sinaloa registró 14 asesinatos, seguido de Guerrero y Michoacán con 10 cada uno y el Estado de México, Jalisco y Tabasco con ocho, respectivamente. Salvo por Jalisco, que es gobernada por Movimiento Ciudadano, las demás entidades son gobernadas por mandatarios emanados de Morena.

Ataques contra policías en Guanajuato

Los últimos dos mandos abatidos eran Juan Luis Botello, comandante de la policía municipal, y Salvador Cárdenas, su escolta, quienes fueron emboscados en el camino que conduce a la colonia Las Haciendas, en Valle de Santiago.

El ataque ocurrió 10 días después del asesinato del exdirector de Seguridad Pública del municipio, José Luz Méndez Baltazar, quien había sido nombrado director del rastro municipal: fue asesinado el pasado 6 de marzo a unos metros de su domicilio en la comunidad La Compañía.

Durante la glosa del primer informe de gobierno de Libia Dennise García Muñoz, el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, aseguró que el asesinato de policías en la entidad es consecuencia de “enfrentar al crimen”.

“Tenemos policías asesinados porque estamos enfrentando la criminalidad. Hoy las y los guanajuatenses quieren una policía que voltee a donde está la criminalidad y la instrucción que tenemos por parte de nuestra gobernadora Libia García y su servidor es que tenemos que voltear a ver en donde está la criminalidad, por ello tenemos el firme compromiso con toda nuestra gente”, afirmó el funcionario estatal.

El año pasado, la gobernadora, Libia Dennise Muñoz Ledo dijo que los ataques contra mandos policiales tenían una constante: se encontraban en su día de descanso, y sin armas.

“Esto se genera normalmente los ataques a policías en sus días francos, cuando muchas veces ellos no portan armas, cuando se encuentran justamente en sus días de descanso, por supuesto estaremos revisando qué medidas tomar al respecto, para poder proteger su vida y su integridad”, aseveró la gobernadora a finales del 2024.

En enero de este año, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que encabeza Omar García Harfuch reveló que durante el primer mes del 2025, hubo 216 homicidios en la entidad.  El miércoles 22 de enero, fue el día de mayor violencia pues se registraron un total de 20 asesinatos.

Sicarios atacaron por sorpresa y mataron a dos Policías Municipales e hirieron a dos más, en un Polideportivo de Apaseo el Alto, Guanajuato, no les importaron para nada los Civiles que estaban dentro https://t.co/bCPt3O5fiv pic.twitter.com/fdaBH5eLWN

— Blog del Narco México (@blogdelnarcomx) February 28, 2025

“El objetivo central de la visita es sostener reuniones con representantes del sistema de Naciones Unidas para actualizarlos sobre las graves violaciones a la independencia judicial que están ocurriendo en México al implementar la regresiva reforma judicial impuesta desde el Poder Ejecutivo y su partido”, sentenció en el comunicado.

Añadió que planteará el despido masivo de personas juzgadoras a causa de la reforma judicial y que la elección mediante el voto popular que se llevará a cabo el 1 de junio próximo carece de garantías y gira en torno a “irregularidades, intromisiones y manipulación” por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, la jueza Fuentes Velázquez, quien refutó que la elección judicial se trate de una “modernización”, dijo que denunciará ante la ONU y otras instancias que el gobierno federal y la mayoría de Morena en el Congreso han violado las resoluciones que ordenan detener la reforma judicial.

“Venimos a Ginebra a encender las alarmas internacionales. La comunidad internacional debe saber que la democracia mexicana está siendo socavada desde adentro. Hoy más que nunca necesitamos una solidaridad activa con quienes defendemos la justicia desde los tribunales”, dijo Fuentes Velázquez.

Elección judicial, en medio de crisis de derechos humanos: Jufed

En su mensaje, la directora nacional de la Jufed agregó que la implementación de la reforma judicial ocurre en el contexto del descubrimiento del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde localizaron un campo de adiestramiento del crimen organizado.

De esta manera, la jueza advirtió que la reforma al Poder Judicial se produce en medio de una crisis de derechos humanos en México y señaló que una elección de jueces, magistrados y ministros que ocurre en el “en el contexto del crimen organizado posibilita su infiltración” en los procesos de selección.

“Lo que está en juego no es solo la carrera 3 judicial, sino la seguridad, la justicia y la libertad de millones de mexicanas y mexicanos”, señaló.

Jueces y magistrados denuncian actos contrarios en elección judicial

Esta no es la primera vez que la asociación de jueces y magistrados denuncian ante un organismo internacional hechos relacionados con la elección de personas juzgadoras.

El pasado mes de enero, la Jufed denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que en México se producen actos contrarios a la Constitución para “cooptar al Poder Judicial” a través de unas “elecciones viciadas”.

Desde Costa Rica, donde se ubica la sede del organismo, la directora de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, dio a conocer que sostuvo reuniones con integrantes de la Corte y de otras instituciones para fortalecer alianzas y defender la independencia del Poder Judicial.

“Día con día se acumulan violaciones a la ley de amparo y se producen actos contrarios a nuestra Constitución y a las convenciones internacionales, dirigidas a llevar a cabo el golpe de la independencia del Poder Judicial y su cooptación mediante elecciones no seguras y viciadas”, sostuvo la juzgadora a través de un mensaje.

Daniel se encontraba el 16 de enero de 2020 en la colonia Florido de Tijuana cuando fue secuestrado. El grupo armado pidió un rescate, que la familia pagó, pero no lo liberaron. Desde entonces, el joven pasó a engrosar las estadísticas oficiales de la Secretaría de Gobernación federal que aseguran que en Baja California, en los últimos seis años, suman 2 mil 235 denuncias que siguen activas por desaparición, más 60 casos que ya fueron hallados sin vida. Una cifra, no obstante, que activistas y colectivos de búsqueda en Tijuana consideran muy alejada de la realidad. La activista Paula Sandoval apunta que, al menos, habría 24 mil carpetas abiertas por desaparición, debido en parte por la cifra negra de quienes tienen miedo a denunciar, o por un posible subregistro de las autoridades. 

Desde la desaparición de su hermano, Paula, que fundó el colectivo Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos, ha visto ya muchos horrores como el de Teuchitlán, el campo de exterminio en Jalisco.

Precisamente, su colectivo y ella fueron los que recibieron la llamada anónima el lunes pasado y se apersonaron en la calle donde yacía el cráneo sobre la banqueta. 

A unos pocos metros, se encuentra una bodega abandonada en la que hay un sótano a oscuras, donde se sospecha que pudiera estar el resto del cuerpo, o más restos humanos. La sospecha se debe, explica Paula, a que en ese mismo lugar ya se había encontrado anteriormente un cadáver sin cabeza –la cual fue hallada después, en enero de este año–. Sin embargo, debido a la premura con la que asistieron el lunes pasado al lugar y a la falta de lámparas y de equipamiento, el colectivo dio parte a las autoridades y ya no rastreó más a fondo la bodega.  

–Hay fosas clandestinas por todas partes –dice tajante la activista–, Baja California completa es un panteón clandestino. Tan solo en Mexicali, por poner un ejemplo, se encontró un rancho con más de 300 restos humanos.

–Creemos que es el momento de transitar del uso de la ‘varilla T’ (una varilla fina de hierro con forma de ‘t’ en un extremo, que los padres y madres utilizan para clavar en la tierra en busca de pistas) al uso de la tecnología –comenta el activista. Además del dron equipado con cámaras especiales, su colectivo utiliza imágenes satelitales de uso libre de la NASA, lo cual les ha dado como resultado el hallazgo, solo en 2024, de 23 casos positivos de restos humanos en diferentes puntos entre Baja California y Sonora; entidad vecina donde según los registros de la Segob suman entre el pasado sexenio y lo que va del actual casi 2 mil 700 denuncias por desaparición que siguen activas, más 134 personas que ya fueron halladas, pero sin vida, y donde precisamente el activista denuncia que en mayo de 2023 la camioneta del colectivo recibió 7 impactos de bala como amenaza. 

Tras el ingreso al rancho ‘Los Huesos’, ya acompañados por personal de la Fiscalía de Baja California, Gonzalo explica que empezaron a excavar en un pedazo de tierra de unos cuatro metros cuadrados y un par de metros de profundidad, del que primero salieron dos piezas dentales, luego la cabeza de un fémur, luego un pedazo de mandíbula con dientes completos, hasta que emergieron más de 300 piezas de restos humanos.

Además, hallaron celulares, mucha ropa, mochilas, e incluso tablets electrónicas, lo cual lleva a Gonzalo a establecer cierta similitud con el campo de reclutamiento forzado del crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco, aunque en el caso de ‘Los Huesos’ no saben realmente cuál pudo haber sido la dimensión real del hallazgo, pues denuncia que más de un año y medio después la Fiscalía no les ha dado detalles. Aún no se sabe, por ejemplo, o no les dijeron, si los restos corresponden a una o más personas, ni la temporalidad de los mismos.

“Todo lo quieren politizar”: madre buscadora

Lo que sí saben los padres y madres buscadores, apunta ahora Gonzalo, es que el lugar donde se ubica el rancho ‘Los Huesos’ es zona de tránsito de personas migrantes y de presencia de grupos del crimen organizado, de los que omite el nombre para evitar represalias y amenazas. 

Gonzalo admite que no puede asegurar que los restos correspondan a migrantes, pero considera que debería ser una clara línea de investigación por el contexto de la zona fronteriza. Eso, matiza, en el caso de que las autoridades quieran o puedan investigar, pues recuerda que en casos como el del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, la Fiscalía jalisciense tenía desde hace meses conocimiento de ese centro clandestino, y no hizo nada por investigar el caso. Al contrario, de no ser por los padres y madres buscadores que lo sacaron a la luz pública, el lugar continuaría muy probablemente en la clandestinidad.

De vuelta al rancho en Mexicali, Gonzalo cuenta que una particularidad que encontraron es que los grupos del crimen organizado, ante la acción de los colectivos de búsqueda, están comenzando a exhumar los cuerpos que enterraron para trasladarlos a crematorios y hornos clandestinos como este de ‘Los Huesos’ en la colonia ‘ladrillera’, con la finalidad de desaparecer cualquier rastro o evidencia.

La señora Soraya recuerda, por ejemplo, las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 18 de marzo, cuando a raíz del descubrimiento del rancho Izaguirre en Teuchitlán acusó una “campaña” en contra de su gobierno y para ‘golpear’ al expresidente López Obrador, y acusó además a la ‘oposición’ de querer sacar ‘tajada’ política del hallazgo. O las palabras posteriores del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, cuestionando que los cientos de pares de zapatos y tenis encontrados en el rancho, cuya imagen dio la vuelta al mundo, fueran realmente de personas desaparecidas. 

–La verdad, es muy triste ver cómo todo lo quieren politizar –apunta la madre buscadora–. Piensan que una alza la voz por querer ensuciar el nombre de López Obrador, cuando la verdad es que yo, como madre que busca desesperadamente a su hijo, qué me voy a estar preocupando por querer ensuciar el nombre de nadie. Yo lo único que quiero es encontrar a mi hijo.

–Ese personaje político –interviene Gonzalo, en referencia a Noroña–, al ser la cabeza del Senado de la República, debería tener mucha más empatía hacia las víctimas, y no solo en sus palabras, sino también en su corazón. Pero, en lugar de eso, lo que busca es demeritar nuestro trabajo como colectivo, como si esto fuera una ‘guerra’ en contra del pueblo que asegura representar.

Sobre las propuestas presentadas el 17 de marzo por la presidenta Claudia Sheinbaum, que causaron preocupación entre los colectivos de las familias de desaparecidos por el desconocimiento evidente del tema, la OMCT se sumó al extrañamiento por la falta de consulta e involucramiento de las familias de víctimas, en los planes gubernamentales para tender el problema. 

“Son las madres y familiares quienes, organizadas, colectivamente han creado acciones y mecanismos para buscar a sus familiares. Teuchitlán, recuerda que sin las familias, esta crisis no tendrá solución, el Estado debe asegurar su protección no sólo ante narrativas de estigmatización y criminalización que buscan desacreditar el movimiento sino por el alto riesgo que implica la propia labor de búsqueda”, alertó la organización.  

La OMCT recordó que el hallazgo hecho por Guerreros Buscadores de Jalisco ocurre luego de que en 2024 México cerró con 37 desapariciones al día, en promedio, una realidad que “no se trata de cifras, sino de cientos de historias, familias y personas con sueños esperanzas, cuyos proyectos de vida han sido arrebatados por la violencia y la falta de respuesta de las autoridades”. 

En un comunicado, la organización puntualizó que en el contexto actual “las familias no sólo deben afrontar la incertidumbre de no saber dónde está su ser querido, con los impactos psicosociales que esto implica, sino que además, también enfrentan la violencia institucional del Estado, que las revictimiza y estigmatiza por su labor”.  

Apunto que actualmente “300 personas defensoras de derechos humanos, cuya labor se enfoca en la búsqueda de personas desaparecidas, se encuentran bajo medidas de protección por parte del Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos”, como resultado de buscar a personas desaparecidas “en un entorno de constante miedo, amenazas e inseguridad”.  

La OMCT hizo “un enérgico llamado a las autoridades del Estado mexicano a garantizar investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre los delitos cometidos en el sitio, así como a permitir la participación significativa de las familias en los procesos de búsqueda, investigación y rendición de cuentas”.

Centro de reclutamiento operaba desde el Rancho Izaguirre

De acuerdo con las investigaciones, “El Lastra” lideraba una célula criminal encargada del reclutamiento de personas mediante engaños para el CJNG. La operación se realizaba desde el Rancho Izaguirre, identificado como un centro de adiestramiento donde los reclutas eran entrenados en el uso de armas y acondicionamiento físico.

El esquema de reclutamiento incluía la publicación de ofertas laborales falsas en redes sociales y grupos cerrados. Las promesas de empleo consistían en puestos de guardias de seguridad con sueldos de entre 4 mil y 12 mil pesos semanales. Una vez contactados, los interesados eran citados en terminales de autobuses para luego ser trasladados al rancho.

En el lugar, detalló Omar García Harfuch, las personas reclutadas entregaban sus pertenencias y eran uniformadas con ropa táctica y botas. Durante un mes de entrenamiento, permanecían incomunicados. Según el testimonio del detenido, quienes se negaban a continuar o intentaban escapar eran golpeados y, en algunos casos, privados de la vida.

‘El Lastra’ operó la célula de mayo de 2024 a marzo de 2025

La célula operó en este esquema de mayo de 2024 a marzo de 2025. También se le atribuye la privación ilegal de la libertad de dos estudiantes universitarios en junio de 2024.

Las autoridades identificaron a José Gregorio “N” como colaborador directo de Gonzalo “N”, alias “El Sapo”, jefe regional del CJNG en Jalisco, Nayarit y Zacatecas. El 10 de marzo de este año, “El Lastra” se reunió con “El Sapo” en Puerto Vallarta, donde recibió la orden de concluir las actividades de adiestramiento. Posteriormente se ocultó en Tala, Jalisco, y más tarde se trasladó a la Ciudad de México.

Fue reportado como desaparecido en 2020 en Chiapas

De acuerdo con los registros, José Gregorio “N” había sido reportado como desaparecido desde el 25 de agosto de 2020, cuando su pareja lo perdió de vista en la colonia Club Campestre de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Desde entonces, su ficha de búsqueda permaneció activa en Chiapas y Veracruz.

Las fichas de búsqueda lo describen como originario de Veracruz, de 1.83 metros de estatura, tez morena y con dos tatuajes. Tras su identificación como presunto responsable de la operación en el Rancho Izaguirre, su imagen circuló nuevamente.

Lo detienen en la autopista México-Toluca tras operativo

La detención de “El Lastra” se realizó en el kilómetro 15 de la autopista México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, donde se encontraba en compañía de Abril “N”.

El área de investigación y patrullaje cibernético de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también reportó que, como parte de las acciones relacionadas con este caso, se desactivaron 39 páginas en redes sociales utilizadas para el reclutamiento de personas con fines delictivos.

El 12 de mayo de 2018, el entonces candidato presidencial de Morena presentó en Oaxaca sus 10 compromisos básicos por la educación de México. En el quinto punto anunció que sería prioritario fortalecer a las escuelas normales y a la UPN “para actualizar los métodos de enseñanza aprendizaje”.

Luego, en 2021, la reforma a la Ley General de Educación Superior abrió paso a que el Consejo Académico de la UPN convocara a un Congreso Nacional Universitario (CNU), el cual se realizó en mayo de ese año. De éste resultaron como acuerdos exigir la autonomía de la universidad, recuperar su carácter nacional –que se diluyó por la entrega de la administración de las unidades a los gobiernos estatales– y democratizar la vida universitaria “remontando el régimen autoritario instaurado en el pasado”.

Este documento se presentó ante el Senado en diciembre de 2021 para que se elaborara la nueva Ley Orgánica de la UPN. En marzo de 2024 la Comisión de Educación dictaminó una iniciativa, pero ésta sigue sin someterse al pleno. Tampoco se ha llamado al segundo congreso que acordó la comunidad UPN.

Marcelino Guerra Mendoza, catedrático de la Unidad Ajusco durante 44 años, señala que contrario a la expectativa que tenían los maestros en el “primer piso de la 4T”, poco a poco la UPN quedó borrada, sin que se reconozca la experiencia, trayectoria e historia que tiene esa institución en el sistema educativo nacional.

A casi cuatro años del CNU, los trabajadores advierten que…

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0021 de la revista Proceso, correspondiente a marzo de 2025

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.24 % a tasa quincenal. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.25 % y los de servicios, 0.22 %.

A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.19 %. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios crecieron 0.09 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno cayeron 0.41 %.

En los primeros 15 días de marzo, las frutas y verduras vieron una reducción anual de su precio de 3.67 %, mientras que los pecuarios incrementaron en 8.93 %

Inflación: lo que más subió y bajó de precio

Entre los servicios y productos que más aumentaron de precio en la primera quincena de marzo está el tomate verde que tuvo un incremento de 10.45 %, el limón (9.02%), el transporte aéreo (6.09%); lociones y perfumes (2.65%); la carne de res (1.53%); y los detergentes (1.11%).

Por el contrario, lo que más bajó de precio es el chayote, la cebolla, los nopales, las papas y otros tubérculos, así como las toallas sanitarias, la gasolina de bajo octanaje y las cremas para la piel.

El rechazo de la Sesión Instructora generó el enojo de legisladoras de distintos partidos políticos, quienes presionaron para que la solicitud de desafuero estuviera a discusión esta misma semana en el Pleno de la Cámara, conformado por 500 diputados y diputadas.

El Pleno de los diputados tiene una conformación histórica, pues por primera vez cuenta con una mayor presencia de mujeres que de hombres. En total son 251 legisladoras y 249 legisladores.

Esto hace que las diputadas tengan en sus manos la posibilidad de votar en contra del desechamiento de la Sección Instructora, con el objetivo de que retome la solicitud de desafuero y haga un análisis exhaustivo del caso de Cuauhtémoc Blanco.

Luego de una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ivonne Ortega, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, hizo un llamado para que todas las legisladoras se unan para evitar que se deseche la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco.

“Aquí quiero pedirle a las mujeres de cualquier partido… hay una presunta víctima, que eso es lo más importante, y también puede haber un presunto victimario o no. Nosotros no estamos juzgando al diputado Cuauhtémoc Blanco, lo que estamos pidiendo es que se pueda generar la investigación en condiciones iguales que cualquier persona que pudiera cometer un delito y que la Fiscalía determine”, comentó Ortega Pacheco.

Noemí Luna, vicecoordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), se sumó a este mismo llamado luego de la reunión de la Jucopo.

“No es un tema de mujeres, es un tema en general, pero sí hay causas que nos deben unir a las mujeres y por eso el exhorto a las diputadas de todos los partidos políticos es que no permitamos esta tropelía”, señaló Noemí Luna.

La vicecoordinadora panista añadió que “nosotros no prejuzgamos si hay delito o no lo hay, lo que lastima es que se utilice el fuero como paraguas de impunidad para ni siquiera investigar. No llegamos todas, cuando a una sola mujer ni siquiera se le escucha”.

Además de las diputadas del PAN y de Movimiento Ciudadano, previamente legisladoras de Morena ya se han pronunciado por evitar que se deseche la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco.

Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de la bancada morenista, es una de las diputadas que ha alzado la voz en este sentido, junto con otras compañeras suyas, entre las que también se encuentra Anaís Burgos, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.