Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, se reunió con Kash Patel, el director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas), así como con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, y, con Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia de EE. UU., para abordar el tema de la lucha contra los cárteles del narcotráfico.
Así lo revelaron, el 26 de marzo de 2025, los tres funcionarios federales estadounidenses, durante una comparecencia ante el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja de Estados Unidos, en la que presentaron la Evaluación de Amenazas del presente año.
“La cuestión de la cooperación con México se extiende a toda la comunidad de inteligencia. Cuando el secretario Omar Harfuch, jefe de seguridad de México, estuvo aquí, no sólo se reunió con el director Patel, sino también con la directora Gabbard y conmigo. Así que hemos estado trabajando en ello para beneficio de ambos países”, detalló Ratcliffe.
En la misma audiencia, Gabbard confirmó también haberse reunido con García Harfuch asegurando que esto buscaba una mayor colaboración del Gobierno de México, en contra de los cárteles del narcotráfico.
“Como lo indicó el director Ratcliffe, ya nos han presentado y hemos comenzado a colaborar con nuestros homólogos en México y con el Gobierno mexicano. ¿Se podría hacer más? Diría que sí, por supuesto. Sé que la Administración [de Donald] Trump y su gabinete están buscando oportunidades para hacerlo”, enfatizó la funcionaria federal estadounidense.
En su turno, el director del FBI destacó el envío, por parte del Gobierno de México a EE. UU., de capos mexicanos del narcotráfico, incluyendo el traslado, el 27 de febrero de 2025, de 29 presuntos jefes y operadores de los principales cárteles de la droga.
“Hemos estado trabajando. Una de las primeras reuniones que tuve como director del FBI fue con mi homólogo, el secretario Harfuch de México. Y tras eso, hemos repatriado, extraditado o expulsado desde México a dos de los diez principales de la lista de los más buscados por el FBI, y a otros 33 delincuentes. Nuestra misión es encontrar a delincuentes violentos dondequiera que estén y, si están en México, los atraparemos”, dijo Patel.
Con 61 votos a favor y 30 sufragios en contra, el Pleno de la Cámara de Senadores rechazó, el 25 de marzo de 2025, crear una Comisión Especial sobre caso del rancho Izaguirre, que presuntamente era usado como campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ubicado en la comunidad La Estanzuela, en el municipio jalisciense de Teuchitlán.
Los votos a favor fueron emitidos por los integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), mientras que los sufragios en contra fueron de los miembros de las bancadas de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
La mayoría de Morena, PVEM y PT consideraron que el punto de acuerdo no era “de urgente resolución”. El PAN y el PRI, propusieron, por separado, la creación de un grupo interdisciplinario independiente de investigación internacional, para esclarecer dicho caso.
“Venimos a pedir una comisión especial de investigación de este campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, porque las madres buscadoras merecen respuestas”, planteó Manuel Añorve Baños, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado
El punto de acuerdo propuesto por el PRI fue rechazado por el Pleno de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, con 67 votos en contra y 27 sufragios a favor.
“No se considera de urgente resolución y, por lo tanto, se turna a la Comisión de Gobernación”, respondió el presidente en funciones de la Mesa Directiva del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM.
Luego, el presidente titular de la Mesa Directiva del Senado, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, aseguró que no era sano, ni razonable, ni de buena fe, permitir que un grupo interdisciplinario participara en estas investigaciones.
“No, no creo que sea ni sano, ni razonable, ni de buena fe, ni nada. Las autoridades, hoy la [Fiscalía General de la República] FGR, tomó finalmente el predio, se va a ir a fondo, no habrá impunidad, se sabrá la verdad”, indicó el senador.
Los legisladores de Morena, PVEM y PT sólo aceptaron citar al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, para dar cuenta del avance de las investigaciones. Por otra parte, el senador independiente, Manlio Fabio Beltrones Rivera, pidió no dudar de la capacidad del Estado mexicano para esclarecer estos hechos.
“No debemos de dudar de la capacidad del Estado mexicano para poder esclarecer los Teuchitlanes que existan en México. Sería muy lamentable que iniciáramos una jornada desconfiando de las instituciones mexicanas, por el contrario, hay que presionar a las mismas, exigir a ellas que nos den mejores resultados que en el pasado”, señaló el ex gobernador de Sonora.
Familiares que buscan a personas desaparecidas en Veracruz se enfrentan al acoso, intimidación y golpes por parte de policías y de agentes de la fiscalía estatal; exigen a las autoridades condiciones necesarias para continuar con su labor de búsqueda.
A finales de enero pasado, Norma salió de su casa para buscar a su hijo desaparecido en Veracruz, cuando la policía irrumpió en su domicilio, golpeó y detuvo a su otro hijo, también buscador. No fue un episodio aislado, sino una situación que enfrentan familias buscadoras a manos de elementos del Estado en la entidad.
Norma viajó durante tres horas para liberar a su hijo de los separos de la Policía Municipal de Poza Rica. Estaba golpeado y lastimado, bajo la acusación de que cometió una infracción de tránsito. La corporación se justificó así tras entrar a su casa, robar su moto y las cámaras de seguridad, causar destrozos y llevarse al buscador.
Actos como este, en el que elementos de seguridad golpean, acosan y dañan a las y los buscadores en Veracruz, se han convertido en una situación constante según denuncian las integrantes de colectivos de búsqueda.
“Si el gobierno, las autoridades, van a empezar, para que no se den a conocer este tipo de noticias, a atacarnos a los colectivos o a las familias, pues estamos fregados, porque entonces nos van a desaparecer también a nosotros como hicieron con nuestros familiares para que esto no se sepa”, opina Olga Lidia Salazar Hernández, representante del Colectivo Unidos por Amor a Nuestros Desaparecidos, quien considera que la violencia contra ellas es una forma de buscar silenciarlas.
“Porque todo el trabajo lo hemos hecho nosotros. Todos los trabajos que se han hecho en el estado de Veracruz y fuera de él, lo han hecho los colectivos”, remata.
El acoso y la violencia por parte de elementos del Estado se ha convertido en un problema más que enfrentan las integrantes de colectivos de búsqueda, en una entidad que reporta 7 mil 46 personas desaparecidas y no localizadas al 22 de marzo de 2025. Esto la ubica como la cuarta entidad con mayor cantidad de casos, detrás de Jalisco, Estado de México y Tamaulipas.
La misma policía que golpeó al hijo de Norma, quien pidió resguardar su identidad y no usar su verdadero nombre por temor a represalias, es la que está acusada de asesinar a golpes al buscador Magdaleno Pérez Santes el pasado 12 de marzo.
Él fue detenido y golpeado en los separos municipales. Tras ser liberado y llegar a su casa falleció por los golpes. Por este caso hay dos elementos vinculados a proceso en prisión preventiva, pero el Colectivo al que pertenecía, María Herrera Poza Rica, pidió la disolución de la Policía Municipal. Aunque hasta el momento sus peticiones no han sido atendidas.
“Hoy nos damos cuenta, que el chico (el hijo de Norma) aguantó porque es un muchacho joven, 22-23 años, tendrá por ahí el muchacho, pero pues no corrió la misma suerte nuestro compañero (Magdaleno), que ya era una persona adulta”, dice Salazar Hernández.
El joven reconoció a algunos de los agentes cuando irrumpieron en su casa, ya que habían participado juntos en una búsqueda en campo semanas atrás. A pesar de decirles que los conocía, la golpiza no se detuvo.
Cuando estaban en los separos, la policía revisó el teléfono del joven, quien guardaba fotografías de unas fosas clandestinas recién encontradas por el colectivo. Eso le costó más golpes, lo que incrementó la sospecha de que esa era la verdadera razón del abuso policial.
El joven fue liberado y trasladado a un hospital gracias a la intervención de Norma y otras autoridades. Sin embargo, dos meses después, el acoso continúa. Las patrullas policiales rondan constantemente su hogar, en lo que parece ser un claro acto de intimidación.
No es solo la Policía Municipal de Poza Rica la que lleva a cabo estos actos. Colectivos de Tierra Blanca, Coatzacoalcos, Córdoba y otras zonas de la entidad han reportado situaciones similares.
Aracely Salcedo, fundadora y representante del Colectivo de Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba, relata que recientemente vivió una situación de acoso. La Policía Municipal de Orizaba y la Policía Estatal la detuvieron bajo el pretexto de que la camioneta en la que viajaba era robada. Aunque logró aclararlo, unas cuadras más adelante volvió a ocurrir lo mismo, esta vez con seis patrullas rodeándola en un claro acto de intimidación.
Eso sucedió cuando estaba a bordo de una camioneta que siempre utiliza para trasladarse a las búsquedas y que está registrada ante las corporaciones que la detuvieron. Además, al detenerla le exigieron identificaciones y datos exactos de donde se encontraba y a dónde se dirigía, para dejarla ir.
“Hay compañeras que han sido asesinadas por buscar verdad, hay compañeros que de igual manera han sido acosados, han sido detenidos y pues ni hablemos del tema de lo que están viviendo las compañeras en Poza Rica, es algo terrible tener un compañero desaparecido, otro asesinado y ahora una más desaparecida”, indica.
Además de Magdaleno, las personas a las que se refiere Salcedo son Héctor Aparicio quien buscaba a su hijo José Alfredo y que fue desaparecido el 5 de febrero pasado en Poza Rica, y Alin Isaday Salas, cuya familia es parte de un colectivo porque buscan a su hermano Osiel Virgilio, y desapareció el 16 de marzo.
Aunque solo en uno de esos tres casos hay un señalamiento directo hacia policías, las integrantes de los colectivos cuentan con numerosos hechos de violencia perpetrados por corporaciones de seguridad.
“Esa autoridad que está para darnos seguridad no nos la brinda (…) son ellos los que acosan nuestro trabajo, los que nos persiguen y que a veces termina en una fatalidad”, cuenta.
Salazar Hernández señala que en el caso de Poza Rica se presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, aunque fue hace un par de meses, no han tenido ningún avance y eso las expone a seguir viviendo violencia.
Familias buscadoras en Veracruz temen por su seguridad
Cuando las buscadoras, como Norma, recurren a la Fiscalía General del Estado lo hacen buscando justicia y que pare la violencia, pero esa institución ha sido señalada por hacer muy poco en materia de desapariciones, lo que también las pone en riesgo.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado la forma en que la falta de justicia en temas de desaparición expone a las víctimas a volver a vivir violencia, en muchas ocasiones por parte del mismo Estado.
Por ejemplo, en la recomendación 122/2024 da cuenta de cómo un elemento de la propia Fiscalía acosó sexualmente a la hermana de una persona desaparecida durante las búsquedas. Ella tenía miedo, pues el policía ministerial contaba con todos sus datos personales.
En la 65/2024 cuenta cómo patrullas de la policía rodearon y cortaron cartucho contra unas víctimas cuando iban a una búsqueda en fosas clandestinas, aunque llevaban escolta de la propia policía. Situaciones como estas son contadas constantemente por las buscadoras, donde a pesar de tener escolta, otros policías las intimidan.
En la recomendación 38/2024, una víctima relata que forma parte del mecanismo de protección (aunque no explica si estatal o federal) y por ello se le asignó vigilancia policial, sin embargo, los policías no realizan los rondines, pero sí recibe amenazas que sospecha son de las mismas autoridades.
Aunque está documentado, muchas recomendaciones han sido rechazadas junto a la petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de brindarles seguridad a las víctimas.
La Fiscalía General del Estado ha recibido ya 7 recomendaciones de la Comisión Estatal este año (de las 17 emitidas en total), varias de ellas relacionadas con desapariciones de personas. Una fue rechazada y el resto está en proceso.
Distintos actores políticos han señalado que estos rechazos son sistemáticos. Al negar las recomendaciones, las víctimas recurren a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha emitido tres recomendaciones en 2025 y cinco en 2024 a la FGE, instándole a aceptar las emitidas por la Comisión Estatal en años anteriores.
“La no aceptación por parte de esa autoridad evidencia una actitud de indiferencia y falta de compromiso en el cumplimiento de las leyes y una falta de colaboración en la tarea de protección no jurisdiccional de los derechos humanos”, señala la recomendación 229/2024.
Esta recomendación documenta las amenazas recibidas por las víctimas indirectas para que dejen de buscar, y la sospecha de que provienen de personal de la Fiscalía, pues usaron datos que solo tenía esa dependencia. Lo mismo sucede con otra de las recomendaciones, donde se les pide que ahora sí acepten y donde se señala las amenazas por parte de personal de esta y otras dependencias.
El integrante del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda, Pedro Lobato, asegura que se requiere que las recomendaciones de derechos humanos donde se solicitan garantías de no repetición se cumplan, que existan capacitaciones al personal y altos mandos de las corporaciones y existan sanciones no solo administrativas sino punitivas contra quienes cometan esos actos.
Dijo que el Mecanismo de Búsqueda, conformado por la Secretaría de Gobierno, FGE, SSP, Comisión de Búsqueda, el Consejo Ciudadano y demás, ya tenía reportes desde la administración pasada del acoso y violencia que realizan los elementos de policías en diferentes partes del estado contra las buscadoras. Pero éste no ha cesado y ya cobró una vida.
Salcedo asegura que los colectivos llevan bitácoras de las persecuciones y actos de intimidación como una forma de protección; también han interpuesto quejas ante los organismos de control interno de las corporaciones, pero no han tenido resultados.
Salazar Hernández afirma que han documentado otros casos, como el de otro joven, hijo de una buscadora, que fue detenido y golpeado en la playa de Tecolutla. No les permitieron pagar la multa y, al identificarse como víctima indirecta de desaparición, los golpes se intensificaron.
Ahora, plantean presentar esos casos a la gobernadora Rocío Nahle, en las mesas de trabajo que esperan tener en unos meses con las autoridades. Ahí, pedirán celeridad a las investigaciones, pues no hacerlo las sigue poniendo en riesgo.
Explica que, aunque estos casos son frecuentes, en los últimos meses las situaciones de violencia se han intensificado, incrementando el temor por su seguridad.
Familias buscadoras piden mayor seguridad en Veracruz
Salazar asegura que su mayor temor es que los desaparezcan o asesinen, y ya no puedan continuar buscando a sus seres queridos, que en muchos casos los desaparecieron las propias corporaciones.
“Muchas de las compañeras a las que justo estaban viviendo estas situaciones habían sido víctimas de desaparición forzada (es decir, a manos de agentes del Estado) que es uno de los graves hechos que tenemos dentro del estado”, dice Lobato.
En el 44 % de las desapariciones suscitadas entre 2007 y 2018 en Veracruz, existen indicios de participación de agentes del Estado, y en un 1 % son de estas corporaciones junto a delincuencia organizada, según el informe especial sobre la situación de seguridad y desaparición de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El informe señala a instituciones del Estado que cometieron las desapariciones, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, Fuerza Civil (que ya no existe), Fiscalía del Estado y policías de 10 municipios.
Salazar señaló que apenas en diciembre fueron detenidos 13 elementos de la policía por casos de desaparición forzada, que seguían trabajando en la corporación, aunque ya contaban con órdenes de aprehensión. Ellos tienen procesos judiciales abiertos por tres casos distintos.
Debido a los agresores identificados, que trabajan en dependencias de seguridad, y las constantes violencias, es que las buscadoras aseguran no poder confiar en las corporaciones de seguridad que las deberían proteger y en realidad las violentan.
“Ya ni siquiera en la autoridad podemos confiar (…) enojados porque el gobierno nos quiere quitar de en medio para que no sigamos marcándole los errores, porque solamente nos quieren quitar de en medio para que no sigamos haciendo el trabajo que ellos deberían de hacer y no lo hacen”, sentencia Salazar.
Por su parte, Salcedo afirma que lo único que buscan es poder seguir trabajando para encontrar a sus seres queridos y que las autoridades les brinden las condiciones para poder hacerlo.
“Nosotros trabajamos en grupos, en colectivos, trabajamos porque hubiese una ley, nos esforzamos porque fuese implementada, porque fuese homologada, porque de ahí se desprendieran comisiones, protocolos, se activaran a incluso alertas y todo, y ni siquiera nos dejan operar eso (…) ahí estamos las madres exigiendo una y otra, y otra vez exactamente lo mismo, que nos den la seguridad para poder realizar ese gran trabajo y esa gran labor que hacemos desde el corazón”, dice Salcedo.
Académicos de la UNAM confiaron en que se reivindiquen el Derecho y el sentido común y se deseche la demanda de Ortiz Rodríguez en contra del exrector Enrique Graue.
Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechazaron el fallo judicial y el pago de 15 millones de pesos a la asesora de la tesis de licenciatura de la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel.
Mediante una carta, los académicos señalaron que esto “expresa de forma escandalosa las desviaciones a las que conduce la manipulación de la justicia con propósitos políticos”.
“Ahora esa profesora, asesora de tesis plagiadas, presentó y ganó una demanda por daño moral. La Juez Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México estimó que la difusión de su conducta y las declaraciones de quienes encabezaban a la UNAM y a la FES Aragón le ocasionaron perjuicio a Rodríguez Ortiz. Esos funcionarios no actuaron a nombre personal sino en representación de la Universidad Nacional y del plantel en donde ocurrieron los plagios”, indicaron los profesores.
Manifestaron que la sentencia de la juez Flor de María Hernández Mijangos premia a la asesora de tesis “ostensiblemente plagiadas”, por lo que castiga a los funcionarios que tuvieron que ocuparse del asunto y consideraron que la justicia, en este caso, es deformada para favorecer una venganza política.
Piden desechar demanda de Ortiz
Confiaron en que se reivindiquen el Derecho y el sentido común y se deseche la demanda de Ortiz Rodríguez.
“Ya ha sido ominoso que la ministra Esquivel obstaculice el ejercicio de transparencia y de ética académica que habría con la publicación del dictamen sobre su tesis. A ese abuso de poder, ahora se quiere castigar a los entonces funcionarios universitarios que no hicieron más que cumplir con su deber”, precisaron.
El pasado 20 de marzo, Hernández Mijangos condenó a Enrique Graue, exrector de la UNAM, y a Fernando Macedo Chagolla, exdirector de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, a pagar 15 millones de pesos a la profesora Martha Rodríguez Ortiz, asesora de la tesis supuestamente plagiada de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, por supuesto daño moral.
La condena emitida en contra de Graue y Macedo fue por haber atacado el “honor y reputación” de la profesora Rodríguez Ortiz, luego de que se descubriera que dirigió las dos tesis que pudieron ser plagiadas.
“Se declara judicialmente que los condenados Enrique Luis Graue Wiechers y Fernando Macedo Chagolla obraron ilícitamente con malicia efectiva al haber realizado públicamente en diversos medios informativos, manifestaciones dolosas carentes de veracidad e imparcialidad respecto a la actora, irrogando un daño moral al haber atacado su honor y reputación”, señala la sentencia de la que Animal Político tiene copia.
Caso del plagio de la tesis de ministra Esquivel
El 21 de diciembre de 2022, el académico de la UNAM, Guillermo Sheridan dio a conocer que la ministra Esquivel Mossa, quien en ese entonces aspiraba a ser la nueva presidenta de la Suprema Corte, había cometido un supuesto plagio en su tesis de licenciatura de la UNAM.
A raíz de esta revelación y luego de diversos procedimientos en la UNAM, en junio de 2023 el Comité Universitario de Ética (Cuética) aseguró haber concluido el análisis de las tesis de la ministra Esquivel y del exalumno Ulises Báez y estar en “posibilidad de presentar un extenso y cuidadoso dictamen de naturaleza ética y técnico académica” del asunto.
En ese sentido, Esquivel Mossa rechazó en varias ocasiones las acusaciones en su contra, presentando para ello cartas escritas a su favor por parte de personajes involucrados en su proceso de titulación como la maestra Rodríguez Ortiz o el maestro Javier Carreón Hernández, uno de los sinodales presentes en su examen profesional.
El Operativo Enjambre en que participan corporaciones federales y del Estado de México fue puesto en marcha en noviembre pasado, como un mecanismo para desarticular la complicidad criminal entre integrantes de los gobiernos municipales y organizaciones delincuenciales.
Oscar Daniel “N”, quien se desempeñó como director de Seguridad Pública del municipio de Chicoloapan en el trienio pasado, fue detenido como parte de la Operación Enjambre implementada contra funcionarios municipales con presuntos vínculos con organizaciones criminales, señalado por el supuesto delito de extorsión.
“Como parte de las acciones para desarticular entramados criminales en el #Edoméx, elementos de la #FiscalíaEdoméx y de @SEMAR_mx detuvieron por cumplimiento de orden de aprehensión a Oscar Daniel ´N´, quien se desempeñó como Director de Seguridad Pública del municipio de #Chicoloapan”, anunció la Fiscalía mexiquense.
La detención se concretó en calles de Santa María Chiconautla, en el municipio de Ecatepec, en cumplimiento de la orden de aprehensión NEZ/NEZ/FCC/024/308552/24/10.
Después, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial en el Centro de Reinserción Social de Tenango del Valle para que determine si existen datos de prueba que lleven a presumir su participación en el delito de extorsión, en modalidad agravada, al haber sido cometida por un funcionario público perteneciente a una institución de seguridad y por utilizarse violencia e intimidación.
El Operativo Enjambre en que participan corporaciones federales y del Estado de México fue puesto en marcha en noviembre pasado, como un mecanismo para desarticular la complicidad criminal entre integrantes de los gobiernos municipales y organizaciones delincuenciales.
Desde entonces, han sido detenidas las expresidentas municipales de Amanalco, María Elena “N”, y de Santo Tomás de Los Plátanos, María del Rosario “N”; y Pedro Luis “N”, alias “Wicho”, exalcalde electo de Santo Tomás de Los Plátanos, quien se había fugado el día de su toma de protesta.
Además, el exdirector del DIF de Tonatico y cerca de treinta exjefes y elementos policiacos de municipios como Amanalco, Tejupilco, Tlatlaya, Naucalpan, Ixtapaluca, Nicolás Romero, Ecatepec, Coatepec Harinas, Aculco y Acambay.
Isidro “N”, otrora director de Seguridad Pública de Texcaltitlán, se suicidó al momento en que se iba a cumplimentar orden de aprehensión en su contra.
En todos los casos, se investiga la posible participación de los detenidos en ilícitos como secuestro, homicidio y/o extorsión.
En medio de la postergación de la ley contra el nepotismo, Gloria Santos quiere conservar su cargo como magistrada en el Tribunal Superior de Justicia, su hijo Joaquín Campos convertirse en juez Familiar, al igual que Vicente del Valle, esposo de Saraí Campos, hija de Gloria Santos.
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) y excandidata a ministra de la Suprema Corte, Gloria Rosa Santos Mendoza, tiene a sus dos hijos trabajando en la institución y uno de ellos busca convertirse en juez Familiar en la próxima elección judicial.
Se trata de Joaquín Campos Santos, director de la Unidad de Gestión Administrativa de Proceso Oral en materia Familiar del TSJCDMX, y Saraí Campos Santos, secretaria de Acuerdos del Juzgado Décimo Tercero de lo Familiar local.
La magistrada Santos Mendoza formó parte de las listas del Instituto Nacional Electoral (INE) como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Proceso informó el 2 de febrero último que, en el año 2007, cuando era juez de lo Familiar, envió a la niña Ilse Michel a un albergue de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) como víctima de violencia familiar, dependencia que la envió, sin previo aviso, al albergue subrogado del DIF, Casitas del Sur, de donde desapareció y cuyo caso destapó una red de tráfico de menores en esa casa hogar.
Para el 18 de febrero la magistrada presentó por escrito su declinación a la candidatura para ministra de la Corte.
Sin embargo, ratificó su intención de declinar una vez que el INE ya había impreso, al menos, 100 millones de boletas en las que su nombre aparece como candidata a la Corte, mismas que ya no pueden ser corregidas.
Esto, debido a que la magistrada ratificó personalmente sus escritos de declinación hasta el 28 de febrero último a las 15:45 horas, una semana después de que inició la impresión de las boletas.
Ante ello, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que no se trató de un error atribuible al órgano electoral.
“Que quede perfectamente claro y todos tengamos la misma información: no hay tal error, hay un proceso que se estableció en el Consejo General, hay una renuncia y debe existir una ratificación de la misma, ésta se dio una semana después de que inició la impresión y, por lo tanto, materialmente estamos imposibilitados para corregir, como sucede en cualquier proceso electoral”, señaló Taddei.
Debido a que el nombre de Santos Mendoza aparecerá en la boleta electoral, la consejera presidenta informó que el INE tomará las medidas jurídicas para los votos que obtenga esa candidatura que “no existe”, aunque aparezca en la papeleta.
Pase directo
En lugar de contender para ministra de la Corte, Santos Mendoza participará en la elección judicial capitalina en la que tiene pase directo a la boleta electoral para intentar conservar su cargo como magistrada en materia Familiar, en el que gana mensualmente 149 mil 302.22 pesos, menos impuestos, que quedan en 106 mil 244.55 pesos, según los registros públicos del TSJCDMX.
Como secretaria de acuerdos, su hija Saraí Campos Santos gana mensualmente 62 mil 806.8 pesos, menos impuestos, por lo que obtiene un ingreso neto de 47 mil 281.46 pesos.
Durante el proceso de insaculación del Comité de Evaluación del Poder Legislativo de la Ciudad de México, realizado el pasado 26 de febrero, Vicente del Valle Noriega, esposo de Saraí Campos Santos y yerno de la magistrada Santos Mendoza, resultó seleccionado como candidato a juez Familiar.
El pasado 19 de marzo el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) publicó las listas definitivas de candidatos a la elección judicial en las que Del Valle Noriega aparece como uno de los postulados por candidatura única —del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo local— para juez Familiar.
En tanto, el área de la que Joaquín Campos Santos (hijo de la magistrada) es titular se encarga de brindar apoyo administrativo a los juzgados de Proceso Oral en dicha materia, tales como las notificaciones a las partes, oficios y exhortos, entre otros.
Así como de digitalizar los documentos, administrar, controlar y supervisar las unidades de Apoyo Tecnológico y de la Central de Comunicaciones Procesales; supervisar la preparación de las salas de audiencia oral; controlar la agenda y asignación de las salas de audiencia oral, entre otras funciones.
Como titular de dicha Unidad de Gestión, Campos Santos tiene fe pública y gana 72 mil 809.36 pesos mensuales, menos impuestos, lo que implica una remuneración neta mensual de 55 mil 174.89 pesos.
Proceso verificó que tanto Joaquín como Saraí Campos Santos obtuvieron sus cédulas profesionales en el año 2014 como licenciados en Derecho por la Universidad Tepantlato, en la que su madre también es catedrática e incluso tiene un aula con su nombre: “Aula Dra. Gloria Rosa Santos Mendoza”.
Al igual que la magistrada, Joaquín Campos Santos busca quedarse en el TSJCDMX en la próxima elección judicial.
Al haber sido postulado por los comités de Evaluación del Poder Ejecutivo y del Judicial, su nombre aparece en la lista de candidatos publicada por el IECM como candidatura doble para juez Familiar.
Gerardo Ruiz aseguró que el gobierno municipal está dispuesto a cooperar plenamente con las autoridades competentes en la investigación sobre los exelementos de seguridad, además, subrayó que estos incidentes no ocurrieron bajo su administración, ya que él asumió el cargo el 1 de octubre.
El alcalde de Tala, Juan Gerardo Ruiz Delgado, se pronunció sobre la detención de tres expolicías de la localidad, acusados del delito de desaparición forzada por haber entregado a un hombre a un grupo criminal relacionado con el rancho Izaguirre, donde se señala que se cometía el reclutamiento forzado de personas.
Durante una entrevista, Ruiz Delgado reveló que oficialmente no le han requerido información sobre los expolicías detenidos. Aseguró que el gobierno municipal está dispuesto a cooperar plenamente con las autoridades competentes en la investigación sobre los exelementos de seguridad, además, subrayó que estos incidentes no ocurrieron bajo su administración, ya que él asumió el cargo el 1 de octubre.
"Quiero ser muy claro y sí quiero ser muy claro en esta situación. Todos los hechos que señalan no fueron en nuestra administración, fue en la administración pasada. Nosotros iniciamos esta administración el día primero de octubre y, por eso, los hechos señalados son de la administración pasada y del año pasado, no son dentro de nuestra administración," enfatizó el alcalde.
A pesar de la preocupación de la población por estos acontecimientos, Ruiz Delgado afirmó que los ciudadanos se encuentran tranquilos.
Sostuvo que el gobierno a su cargo ha buscado fortalecer la policía municipal.
"Nosotros confiamos, más sin embargo, si una cosa lleva a la otra con todo gusto (haré lo que corresponda). Insisto, estamos en una postura de cooperación y lo vamos a seguir haciendo. Le decimos a la ciudadanía que hemos trabajado en una policía muy amable, cercana a la gente y hemos dotado a los policías de herramientas necesarias," comentó el edil.
El emecista también aseguró que se están llevando a cabo exámenes de control y confianza para garantizar que los elementos actuales no estén coludidos con el crimen organizado.
Ruiz también manifestó su disposición a recibir el apoyo del gobierno del estado y de otras autoridades federales para abordar la situación de seguridad en Tala.
"Nuestra postura es de cooperación y apoyo. Lo que se requiera para esclarecer estos hechos, lo haremos con todo gusto. Insisto, lo que tengamos que hacer estamos en una en una postura de total cooperación para las diferentes autoridades federales, estatales y lo que se requiera vamos a estar trabajando," afirmó.
En respuesta a las inquietudes sobre posibles campamentos de reclutamiento forzado en Tala, de lo cual quedó registro en el año 2017, el alcalde indicó que no ha recibido denuncias recientes, aunque reconoció la importancia de estar alerta ante cualquier indicio de actividad delictiva.
"Desde que nosotros tomamos la administración hemos trabajado en una policía de prevención más que de castigo. La ciudadanía está viendo este esfuerzo y la tranquilidad que se busca para la población es nuestra prioridad. Siempre va a haber algo más que trabajar en el tema de seguridad, pues la seguridad de los ciudadanos es innegociable," expresó.
Finalmente, Ruiz Delgado expresó su solidaridad con las familias de las víctimas de desaparición, afirmó que tiene el compromiso de apoyarles en la medida de lo posible.
"Quiero expresar toda nuestra solidaridad con las familias de víctimas de desaparición. Es un tema que nos indigna a todos y que nos compete a todos. En este gobierno, si es necesario apoyar desde cualquier manera a las familias de las víctimas, lo vamos a hacer de la mejor manera," concluyó, e hizo un llamado a la colaboración comunitaria y a impulsar el enfoque de prevención del delito para restablecer la confianza de los ciudadanos en su cuerpo policial.
En el Senado iniciaron las comparecencias de aspirantes a una magistratura electoral en 30 estados, un proceso en el que la coalición morenista tiene la última palabra para definir a las personas elegidas.
La coalición encabezada por el partido Morena en el Senado tiene la mayoría para definir, en los próximos días, a las 56 personas magistradas que se integrarán a los Tribunales Electorales que calificarán las elecciones en 30 entidades durante los próximos 7 años, incluidos 15 estados que en 2027 renovarán su gubernatura
Los Tribunales Electorales de las entidades federativas son los encargados de calificar las elecciones de gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales, y fueron excluidos de la reforma al Poder Judicial. Es decir, sus integrantes no se elegirán por el voto de la ciudadanía, sino por el método tradicional de designación en el Senado de la República.
Al tener más de las dos terceras partes de los integrantes del Senado, junto con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, Morena se apresta para avalar los perfiles sin necesitar la aprobación de los tres partidos de oposición (PAN, PRI y MC).
Dentro de las 56 magistradas y magistrados que serán seleccionadas figuran los de 15 tribunales electorales que calificarán las elecciones de gubernatura de 2027: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.
Más de mil candidaturas para magistraturas de tribunales electorales
La Comisión de Justicia, que preside el morenista Javier Corral, es la encargada de evaluar a las mil 20 personas aspirantes que se registraron para el proceso, por lo que sus integrantes conformaron seis grupos para entrevistarlos de forma virtual desde el lunes 24 de marzo, en comparecencias que tienen una duración de 10 minutos.
Esta Comisión tiene hasta el 4 de abril para definir una preselección con perfiles idóneos que entregarán a la Junta de Coordinación Política -que preside el morenista Adán Augusto López Hernández-; sin embargo, el listado no es necesariamente vinculante en la decisión final que tome la Jucopo.
Ese órgano entregará a la Mesa Directiva, a más tardar el 7 de abril, la lista final con 56 perfiles propuestos para cubrir los cargos de magistrada o magistrado de órganos locales en materia electoral hasta 2032. Los senadores deberán votar esas propuestas en el Pleno “por cédula”, a través del llenado de una papeleta que se deposita dentro de una urna.
Algunas de las integrantes de esa Comisión de Justicia, como la panista Laura Esquivel, advierten que realizarán su evaluación conscientes de que la última palabra la tiene la mayoría encabezada por el partido Morena.
“No somos ingenuos, la verdad es que los antecedentes inmediatos no nos dejan un buen sabor de boca. Ahí tenemos la más reciente, la de (la Comisión Nacional de) los Derechos Humanos, que hubo comparecencias y estuvimos ahí todos presentes, evaluamos e hicimos preguntas y, al final, todos conocemos el resultado: quedó la peor calificada. Entonces, repito, no somos ingenuos, pero por nosotros no quedará”, advierte la legisladora en entrevista.
En noviembre pasado, la coalición encabezada por Morena impuso con el voto de la mayoría calificada a Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH pese a ser la peor evaluada precisamente por la Comisión de Justicia, entre un listado de 15 aspirantes.
Magistraturas vacantes para tribunales electorales locales
Completar la integración de los tribunales electorales es una tarea que el Senado tiene pendiente desde 2021, debido a la falta de consenso entre los grupos parlamentarios, ya que en la pasada Legislatura ninguna coalición contaba con los votos suficientes para conformar la mayoría calificada.
La entidad con más magistraturas pendientes es Ciudad de México, donde se incorporarán cuatro integrantes. Le siguen Jalisco, Estado de México y Michoacán, con tres. Los órganos electorales que incorporarán a dos personas magistradas son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.
Asimismo, las entidades donde será incorporado un nuevo integrante son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Sinaloa y Veracruz.
La panista Laura Esquivel pone énfasis en el primer compromiso importante que tendrían las nuevas magistraturas, de cara a los comicios de 2027.
“Necesitamos personas con experiencia que no lleguen a la elección del 2027 a aprender, necesitamos personas que hayan demostrado que son independientes, que tienen ética y que sus resoluciones estarán basadas en la ley, en la justicia y en los resultados electorales, en la voluntad de lo que las personas así deciden en el 2027 (…) Ojalá que no repitan con este proceso el cochinero que han hecho con la reforma al Poder Judicial y la vergüenza y el cochinero que hicieron con la titularidad de los Derechos Humanos”.
En una reunión que sostuvo en Ginebra, Suiza, la representante de jueces y magistrados en México pidió a la comunidad internacional ejercer presión para suspender la elección judicial al señalar que compromete la independencia de personas juzgadoras.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) hizo un llamado urgente a la comunidad internacional a exigir al gobierno de México cancelar la elección judicial del próximo 1 de junio y revertir la reforma constitucional en la materia.
En una reunión que sostuvo en Ginebra, Suiza, con integrantes del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) y del Centro para los Derechos Civiles y Políticos, la directora nacional de la asociación, la jueza Juana Fuentes Velázquez, aseguró que la elección de jueces, magistrados y ministros propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador e impulsada ahora por su sucesora, Claudia Sheinbaum, implica la desaparición definitiva de la independencia del Poder Judicial en México.
Esto a su vez pone en peligro a quienes imparten justicia y amenaza el acceso a la ciudadanía a una defensa efectiva de sus derechos. “Sin jueces independientes, los derechos humanos se convierten en promesas vacías”, expresó.
En el mensaje que dirigió en el marco del 58º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la jueza acusó a ambos gobiernos de emplear a los medios de comunicación para manipular la opinión pública y justificar lo que llama: un “golpe de Estado” al Poder Judicial de la Federación.
Se trata, según indicó, de “una estrategia para desacreditar a las personas juzgadoras que, en el ejercicio de su función constitucional, emitieron resoluciones que protegían los derechos humanos frente a decisiones del Ejecutivo que vulneran la Constitución Mexicana”.
Por ello, hizo un llamado no sólo a exigir que se revierta la reforma al Poder Judicial y las medidas que contiene, sino a pedir que se restablezca la independencia judicial; el cese inmediato de la persecución en contra de jueces y magistrados, así como el respeto absoluto de las resoluciones judiciales y de los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Piden presión internacional
Fuentes Velázquez resaltó que, si se permite que la independencia judicial sea destruida en México, se sentará un “precedente nefasto” para la región, por lo que hizo un llamado a ejercer presión a nivel internacional para evitar que se consolide lo que considera un “régimen autocrático” en el país.
“Esta es una alerta internacional. No podemos permitir que el silencio y la inacción legitimen el sometimiento del Poder Judicial. La comunidad internacional debe reconocer que lo que ocurre en México, es un punto de quiebre para la región latinoamericana, y que su indiferencia abrirá la puerta a una nueva era de autoritarismo”, aseguró.
La jueza sostuvo que “la democracia en México pende de un hilo” y señaló que participar en la elección del Poder Judicial “es abrir la puerta a los abusos y a la arbitrariedad”, así como a un retroceso “a los años más oscuros del autoritarismo”.
Denuncias de jueces y magistrados a nivel internacional
Esta no es la primera vez que la asociación de jueces y magistrados denuncia ante un organismo internacional hechos relacionados con la elección de personas juzgadoras.
El pasado mes de enero, la Jufed denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que en México se producen actos contrarios a la Constitución para “coptar al Poder Judicial” a través de unas “elecciones viciadas”.
Desde Costa Rica, donde se ubica la sede del organismo, la directora de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, dio a conocer que sostuvo reuniones con integrantes de la Corte y de otras instituciones para fortalecer alianzas y defender la independencia del Poder Judicial.
“Día con día se acumulan violaciones a la Ley de Amparo y se producen actos contrarios a nuestra Constitución y a las convenciones internacionales, dirigidas a llevar a cabo el golpe de la independencia del Poder Judicial y su cooptación mediante elecciones no seguras y viciadas”, sostuvo la juzgadora a través de un mensaje.
Un hombre fue asesinado a tiros en la colonia Álamos, en la CdMx. Los agresores escaparon en motocicleta, pero fueron rastreados por cámaras y detenidos en la colonia Tránsito.
Un hombre de aproximadamente 51 años fue asesinado a tiros este martes en la colonia Álamos, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CdMx). Los responsables huyeron en una motocicleta negra, pero fueron localizados y detenidos más tarde.
El ataque ocurrió en la avenida Isabel la Católica, casi esquina con Soria. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC-CdMx) llegaron al sitio tras recibir un reporte de disparos y hallaron a la víctima con heridas de bala en el rostro.
Paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. La zona fue acordonada y se dio aviso al Ministerio Público para iniciar la investigación.
De acuerdo con los primeros reportes, los agresores interceptaron a la víctima afuera de una construcción y le dispararon a quemarropa. Tras el ataque, escaparon en una motocicleta en dirección desconocida.
Efectivos de la #SSC tomaron conocimiento de una persona que perdió la vida por disparos de arma de fuego, derivado de una agresión directa, en la avenida #IsabelLaCatólica y la calle #Soria, en la colonia #Álamos, de @BJAlcaldia.
Las autoridades revisaron las grabaciones de videovigilancia para seguir el rastro de los responsables. Cámaras de seguridad captaron la ruta de escape de los agresores.
Tras analizar las imágenes, policías ubicaron a los sospechosos circulando por la colonia Tránsito. Una persecución permitió su captura sin incidentes mayores.
La SSC-CdMx informó que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal en las próximas horas.
Peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron indicios en el lugar del crimen. Se busca determinar el móvil del homicidio.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre la identidad de la víctima ni las posibles razones del ataque.
El área del homicidio permaneció cerrada mientras se realizaban las diligencias. Vecinos de la colonia Álamos expresaron preocupación por la violencia en la zona.
Elementos de seguridad reforzaron la vigilancia en el sector para evitar nuevos incidentes y recabar testimonios de testigos.
Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar si los detenidos están vinculados con otros hechos delictivos.
Flores Hernández fue detenido mientras caminaba en calles de Iguala, municipio en donde hace una década habría participado en la custodia de una camioneta utilizada por el crimen organizado para desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Elementos del Gabinete de Seguridad aprehendieron este martes a Rey "N", alias “El Negro”, de 50 años de edad, en Iguala, Guerrero, a poco más de una década de que, presuntamente, participara en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando se desempeñaba como policía municipal.
El exgobenador de Morelos prometió presentarse a declarar ante la Fiscalía General del Estado a declarar y dijo tener la conciencia tranquila.
La Cámara de Diputados rechazó esta tarde el proceso de desafuero contra el legislador morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones.
La discusión tuvo momentos álgidos, incluidos los posicionamientos de diputadas de Morena que pedían no otorgar “el escudo” del fuero al exgobernador de Morelos, fue liderada por la Sección Instructora de la Cámara Baja, que argumentó que la Fiscalía de Morelos –que pide investigar al exfutbolista por una presunta violación– no integró debidamente la carpeta en su contra.
Tras la decisión de los legisladores, Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, pidió no ignorar ni solapar que las fiscalías no integren de forma correcta las carpetas de investigación, “esto sólo provoca impunidad”.
#Entérate │ 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones. Queda aprobado el dictamen de la Sección Instructora relativo al expediente LXVI/HCD/DP/02/2025. Se declara notoriamente improcedente la solicitud para que se retire el fuero constitucional a Cuauhtémoc Blanco Bravo
Hernández Mora, quien es la primera titular de dicha Secretaría –creada por la también primera Presidenta de México– destacó: “Me parece reprobable que en la discusión pública se esté dejando de lado a una posible víctima y que la discusión se centre en un posible desafuero, en el que –en sus dichos– las y los legisladores encontraron una carpeta mal integrada, poniendo el foco de la discusión desde el enfoque político sobre si se defiende o no a un posible agresor y no desde una dimensión de justicia”.
En un posicionamiento realizado desde su cuenta de la red social X, Hernández planteó que el exfiscal [de Morelos], “acusado de encubrir feminicidas, Uriel Carmona, haya utilizado su posición con fines políticos, no significa que la denuncia de una víctima deba quedar de lado, que no proceda el desafuero, tampoco”.
También expuso que actualmente hay un nuevo Fiscal en Morelos “y confiamos en que en éste y en otros casos se revisen las omisiones señaladas, se investigue a profundidad y no se deje jamás a ninguna mujer sin respuesta justa y legal”.
El mal funcionamiento de algunas fiscalías locales promueve la impunidad y no garantiza la justicia pronta y expedita hacia las mujeres.
He estado al pendiente de la discusión legislativa sobre el posible desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco y comparto lo siguiente:
Previo a la discusión de desafuero, el exgobernador de Morelos y actual legislador por Morena, subió a la tribuna de la Cámara y se dijo dispuesto a acudir a la Fiscalía General del Estado para continuar la investigación que pesa en su contra.
"No tengo miedo, aquí estoy, parado frente a ustedes. Nada más, esto fue después de seis meses la señora presentó esta demanda en mi contra y estoy dispuesto a ir a la Fiscalía porque mi conciencia está muy tranquila", expresó.
Mujeres morenistas rechazan al “Cuau”
El jueves pasado, las legisladoras de la bancada de Morena, Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) de la Cámara de Diputados pidieron a las 251 diputadas votar a favor del desafuero para que la Fiscalía pudiera continuar con la investigación.
Durante la sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, la Diputada María Teresa Ealy aseguró que el fuero no puede ser un "escudo" para evadir responsabilidades, sobre todo, cuando se trata de denuncias graves de violencia contra las mujeres, luego de que el exfutbolista fue acusado de violación en grado de tentativa por su media hermana.
Como representante de las mujeres mexicanas, manifiesto mi total indignación ante la ruin y poco ética decisión de denegar la declaración de procedencia para el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. ¡La justicia no es un juego ni una simulación! No cuenten conmigo para legitimar esta… pic.twitter.com/eL14jPwKAj
“El rechazo al desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo no puede dejarnos indiferentes. Desde esta comisión siempre hemos defendido la justicia con perspectiva de género y no podemos permitir que el fuero sea un escudo para evadir responsabilidades, sobre todo, cuando hay denuncias graves de violencia contra las mujeres”, comentó.
Asimismo, la emecista Anayeli Muñoz se dijo molesta con la determinación de la Sección Instructora al lamentar que no creyera en la palabra de la víctima, por lo que llamó a la Comisión a permitir que se realice la investigación correspondiente sin politizar el caso.
"No estoy de acuerdo con que se haya desechado esta petición, porque es muy importante creerle a las mujeres. Me parece que la primera premisa que debemos tener como feministas, como políticas y como mujeres que hemos enfrentado la violencia es creerle a las víctimas, creerle a las mujeres, que se realicen las investigaciones", indicó.
Por otra parte, la panista Ana María Balderas lamentó el papel de la Cámara de Diputados, debido a que "le falló a miles de mujeres que se sintieron lastimadas con el dictamen aprobado ayer".
La organización que acompaña a familiares de desaparecidos desde hace más de 30 años alertó que “se necesitan acciones más profundas y más inversiones”.
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideró que las recientes medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar las desapariciones de personas “se quedan cortas ante la magnitud del problema”.
La organización que acompaña a familiares de desaparecidos desde hace más de 30 años alertó en un comunicado publicado en sus redes sociales que “se necesitan acciones más profundas y más inversiones”.
El Centro Prodh apuntó “es fundamental que se dialogue con actores internacionales y con buscadoras”, y recordó la exigencia de la #SinLasFamiliasNo.
Ante los hallazgos de restos humanos en un rancho de Teuchitlán, la organización criticó que sobre el tema “el debate se centre en cuestionar cómo es nombra el sitio, cuando se ha probado que jóvenes eran reclutados, privados de la libertad contra su voluntad, asesinados si no acataban”.
Tras puntualizar que lo anterior “de suyo es gravísimo, (y) tendría que estar al centro”, el Centro Prodh consideró que “las medidas anunciadas para reformar la Ley de Población y la Ley de Desapariciones son insuficientes”.
Apuntó que por la “magnitud de la crisis”, las medidas anunciadas este lunes 24 de marzo por la presidenta, por las que se pretende reformar las leyes de Población y en Materia de Desapariciones Forzadas, Desapariciones por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, “se quedan cortas” además de que son “redundantes frente a lo que prevé la ley”.
La organización insistió en que “las iniciativas deben ser retroalimentadas por los colectivos” de familias de personas desaparecidas, y en el caso específico de Teuchitlán, “es esencial la voz de las familias de Jalisco”.
En el contexto del Día Internacional del Derecho a la Verdad, “honramos a todos los colectivos de familiares de personas desaparecidas que luchan por justicia, verdad y memoria en México”, puntualizó el Centro Prodh.
Análisis de experto cuestiona la reforma del director del ISSSTE, Martí Batres, como la doble tributación que proponía; señala los despistes de la Consejería Jurídica y destaca la deuda con los maestros que no pudo resolver AMLO.
El agravio contra integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que detonó un paro de 72 horas, un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México y caos vial en la capital del país la semana última tuvo como origen una iniciativa de ley con “pobreza jurídica”, con medidas inconstitucionales y que no satisfacía las promesas incumplidas del expresidente Andrés Manuel López Obrador para los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Así lo advierte Gustavo Leal Fernández, especialista en política pública de Salud y Seguridad Social e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.
En entrevista, asegura: “El origen, el fondo del asunto, es que no es concebible que un gobierno que asume la continuidad, como lo asumió la presidenta (Claudia Sheinbaum), haya pasado por alto el gran problema de la oferta no cumplida de López Obrador en el apartado B” del artículo 123 constitucional.
Doctor en Economía por la UNAM, recuerda el ajuste que el tabasqueño hizo al apartado A de dicha ley en beneficio de los trabajadores asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como la modificación al “mal llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es un complemento escaso, muy corto, para los trabajadores que están en cuentas individuales en el ISSSTE. Son dos parches que él metió”.
Uno de ellos es referente a la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, promovida por el entonces presidente Felipe Calderón. Se trata de la misma que la CNTE exige echar atrás y que los llevó a manifestarse tres días seguidos en la capital del país y a ocupar la plancha del Zócalo.
Gustavo Leal continúa:
Los trabajadores, sobre todo el magisterio, durante todo el sexenio de López Obrador 2018-2024 le estuvieron planteando que había un efecto terrible por la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en términos del cálculo de la cuenta de la pensión.
Sin embargo, explica, pese a esos pendientes del obradorato, el nuevo director del ISSSTE, Martí Batres, presentó el 14 de enero último, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, 25 puntos para la “transformación del ISSSTE, que no son tales, sino una agenda mínima de lo que tiene que hacer el instituto. De transformación no tiene absolutamente nada”.
No obstante, detalla, en el punto 25 expuso la manera de financiar ese plan: “presentó una barbaridad, una idea estrambótica, absolutamente inoportuna”. Se refiere a la aplicación de un impuesto extra de 2.7% sobre el salario integrado, es decir, sobre la suma de sus prestaciones, contra tres millones de trabajadores pertenecientes al Apartado B.
De esos tres millones, detalla, 9.7% están “arriba” de las 10 UMAS; es decir, que ganan más de 34 mil pesos mensuales. En la exposición, Batres dijo que esa decisión daría al ISSSTE tres mil 700 millones de pesos que se usarían para fortalecer su servicio de salud.
“Lo inquietante fue que la presidenta repitió dos o tres veces más la iniciativa en conferencias matutinas”, afirma. Y no fue todo, advierte: “La presidenta, con una extraordinaria velocidad, presentó el 7 de febrero, muy pocos días después, la iniciativa. Y eso prendió evidentemente al principio en el magisterio democrático”; es decir, en la CNTE. Por eso empezaron sus movilizaciones en el norte y se extendieron a todo el país.
“Pobreza jurídica”
Analista y conocedor de iniciativas de reforma de los gobiernos del PRI y del PAN, Gustavo Leal Fernández asegura que en la iniciativa presentada por Sheinbaum (que retiró el miércoles 19 de marzo) hay “una falla total de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y su titular, Ernestina Godoy”.
Al leer la iniciativa, dice, “es increíble la pobreza jurídica que tiene. No hay una sola justificación en la exposición de motivos sobre por qué le vas a aplicar una doble tributación a los trabajadores arriba de las 10 UMAS; no sólo a los maestros, sino todos los trabajadores al servicio del Estado; del Poder Legislativo, del Judicial, del Ejecutivo”; incluidos los universitarios y los trabajadores de la Secretaría de Salud y del IMSS-Bienestar. Éstos últimos, aclara, “no somos trabajadores de confianza”.
Lo único que contenía el documento, aclara, es la explicación de que “el seguro de Salud está desfinanciado y entonces necesitamos recursos. Si aplicamos esa doble tributación, les vamos a recuperar de los trabajadores tres mil 700 millones de pesos y nosotros vamos a poner como Poder Ejecutivo otros siete mil millones. En total salen 11 mil 500 millones”.
Con estancias posdoctorales en universidades de Austria y España y profesor en Estados Unidos, Leal Fernández también cuestiona la parte de la iniciativa referente al FOVISSSTE (Fondo de Vivienda del ISSSTE).
Es de una pobreza asombrosa porque no tiene datos duros, no explica nada. Igual que la parte de salud, en la exposición de motivos no se exponen los motivos por los cuáles el FOVISSSTE debe recuperar la capacidad de volver a construir.
Peor aún, añade, “lo que realmente se le está pidiendo a los trabajadores es que acepten un cheque en blanco a cargo de su patrimonio de vivienda. Eso es responsabilidad total de la Consejería Jurídica. ¡Cómo le pudieron pedir a la presidenta Sheinbaum que firmara eso!”.
Inconstitucionalidad y soledad
Por si fuera poco, añade Leal Fernández, la doble tributación que implicaba la iniciativa era inconstitucional. “De acuerdo con el artículo 34 constitucional fracción IV es insostenible, tú no puedes grabar dos veces a ningún ciudadano mexicano más que si tienes un motivo especial de orden público” dice.
Todas esos señalamientos, expone, generaron “una enorme movilización del magisterio democrático. ¿Por qué? Porque hay un agravio, porque lo que se esperaba es que si la presidenta iba a atender el asunto del Apartado B, de los trabajadores al servicio del Estado, pues considerara lo que se le pidió al presidente AMLO y él no atendió”.
Luego de que el miércoles 19 de marzo, tras reunirse con representantes de la CNTE, se anunció que la presidenta retiraba la iniciativa de Batres –a quien le dejó la Jefatrura de Gobierno de la CDMX para irse a la campaña presidencial–, el especialista insiste:
Es muy inquietante que esto haya llegado a la Presidencia de la República y que ésta no haya notado el extraordinario problema conflictivo que iba a generar.
Conocedor también de los procesos del Ejecutivo y Legislativo, considera que, por la manera en que dicha iniciativa fue presentada, “pareciera más bien que hay un asunto de lo que se llama ‘La soledad del Palacio’, donde ya nadie te ayuda a pisar piso”. Y cierra: “La presidenta se tardó seis semanas en entenderlo”.
Aún así, reconoce como “muy inteligente” la medida de Sheinbaum Pardo de retirar la iniciativa y, con ello, abrir una ruta de debate con los cinco puntos que planteó. Sin embargo, recomienda consultar las siguientes decisiones con los trabajadores y, en particular, con los maestros, antes de lanzar los decretos que planea para no generar un nuevo conflicto.
Y cierra con una frase: “Como decía Napoleón: ‘Si vamos tan rápido, vámonos despacio’ y examinando con cuidado lo que vamos a firmar”.
La orden contra migrantes del Secretario de Defensa, Pete Hegseht al Pentágono fue emitida el pasado 20 de marzo en respaldo a las estrategias de monitoreo y captura de indocumentados que llevaba a cabo el CBP.
El Comando Norte informó que por orden del Secretario de Defensa Pete Hegseht, ahora soldados estadunidenses a bordo de vehículos tácticos patrullan la frontera Estados Unidos que colinda con México, para detectar y rastrear a inmigrantes.
Esta autorización adicional permite a miembros del servicio (militar) conducir apoyo de monitoreo terrestre para detectar, rastrear y monitorear movimientos de actividades sospechosas; usando vehículos militares tácticos o por medio de patrullajes a pie en zonas asignadas por el Buró de Aduanas y Patrulla Fronteriza”, indicó el Comando Norte.
La orden de Hegseht al Pentágono fue emitida el pasado 20 de marzo en respaldo a las estrategias de monitoreo y captura de inmigrantes indocumentados que llevaba a cabo el CBP.
“Ellos (el Departamento de Seguridad Interior) también permitirán al de Defensa proporcionar movilidad de transporte terrestre para personal de CBP, utilizando vehículos tácticos para patrullar rutas”, matiza el Comando Norte por medio de un comunicado de prensa.
El Departamento de Defensa abunda en que previo a esta autorización de patrullaje militar en la zona limítrofe, los elementos militares desplegados a la región solamente observaban y reportaban a las autoridades migratorias cualquier movimiento de actividad sospechosa.
Bajo la luz verde que dio Hegseht al Comando Norte, los soldados estadunidenses se movilizarán por medio de los vehículos 2nd Stryker del equipo de Brigada de Combate y con el Equipo de Fuerza de Tarea asignado a la frontera sur.
Por orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos Donald Trump y bajo la declaratoria de emergencia de seguridad nacional por amenaza de invasión de inmigrantes, el Comando Norte tiene desplegados a unos 9 mil soldados en la zona fronteriza que colinda con México.
“La autorización para transportar a personal de CBP durante los patrullajes significa que personal (militar) estará cerca y a la mano para llevar a cabo actividades necesarias de la aplicación de la ley”, apuntó en el comunicado, el general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte.
Los soldados están restringidos por ley, a no participar en actividades exclusivas de los agentes de CBP como detención y arrestos de personas, confiscaciones de artículos y substancias, ni en revisión de personas que intentan ingresar como indocumentados a Estados Unidos.
La FGR atrajo esta madrugada el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, y abrió una investigación federal. Peritos ya trabajan en el sitio para esclarecer los hechos.
La Fiscalía General de la República (FGR) asumió el control del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, la madrugada de este martes. Con esta medida, el caso pasa a ser un asunto de competencia federal.
El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, confirmó la intervención durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Informó que el Ministerio Público, la policía y peritos ingresaron al predio para iniciar las investigaciones.
Gertz Manero explicó que, hasta ahora, la Fiscalía estatal tenía el control del sitio, lo que había impedido el acceso de las autoridades federales. Sin embargo, con la intervención de la FGR, el Ministerio Público de la Federación abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada.
El Fiscal detalló que la captura de José Gregorio "N", alias "El Lastra", permitió la apertura de la investigación federal. Gracias a ello, se logró su remisión a un penal de alta seguridad y la FGR pudo ingresar oficialmente al predio ubicado en La Estanzuela, Teuchitlán, Jalisco.
🔴#ÚLTIMAHORA I La @FGRMexico ya tomó posesión del caso del rancho Izaguirre desde la madrugada de hoy.
"La madrugada del día de hoy tomamos posesión de ese lugar. No habíamos podido tomar posesión porque como bien se sabe, se estaba manejando por la Fiscalía local por haber sido la que hizo todas las gestiones desde el mes de septiembre de 2024. En ese momento, ya es un asunto de carácter federal”, declaró desde Palacio Nacional.
Durante la conferencia matutina, el funcionario indicó que ahora la FGR es la encargada de la investigación y está a la espera de que la fiscalía estatal entregue documentos, bienes, prendas y restos óseos que tenga en resguardo. No obstante, aclaró que los peritajes en curso de la instancia local deberán concluirse antes de ser entregados.
El Ministerio Público de la Federación y peritos de investigación han comenzado a trabajar en el rancho para determinar la realidad de lo que hay en el sitio. "Está ocupado por las partes federales y están entrando los peritos para determinar la realidad que hay ahí", afirmó Gertz Manero.
El Rancho Izaguirre había permanecido bajo resguardo de las autoridades estatales desde septiembre de 2024, pero con la reciente atracción del caso por parte de la FGR, las diligencias ahora se desarrollarán bajo el fuero federal.
