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La primera prueba

Desde el lunes 31 de marzo, 111 aspirantes a diversos juzgados y magistraturas del Décimo Quinto Circuito de BC, salieron a campaña en redes sociales y medios de comunicación

Lo que inició como una rabieta y un capricho político por parte del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que provocó ríspidas protestas e inconformidad por parte de la alta burocracia judicial de México, esta semana comenzó a materializarse: la elección judicial.

El pasado lunes 31 de marzo arrancó formalmente el periodo de campaña para que juristas de diversos ámbitos arranquen el proceso para obtener la simpatía de ciudadanos, pero principalmente de los gobiernos que tiene la capacidad de movilizar las estructuras electorales del país.

Durante la primera semana hemos visto abogados litigantes, jueces y magistrados, mostrando sus facetas “populares”, exhibiendo la perspectiva que tienen sobre lo que la ciudadanía busca en un representante del Poder Judicial. Algunas de las campañas son acartonadas, otras, insultantes; pero ninguna de ellas está centrada en garantizar justicia. Bromas, albures y hasta el uso de ciertos atributos físicos, son parte de la oferta jurídica del país, donde se está tomando la banalidad como un requisito para ocupar cargos dentro del Poder Judicial de la Federación.

Pero también ha sido una oportunidad para que personas inconformes con los resultados de sentencias o de abusos perpetrados desde el Poder Judicial, sean expuestos públicamente. El pasado los persigue a todos.

El Décimo Quinto Circuito, que corresponde a Baja California, cuenta con un total de 111 aspirantes a magistrados y jueces federales, de los cuales prácticamente la mitad aspira a ocupar espacio en las salas de segunda instancia.

En la lista podemos ver a ex funcionarios del PAN y Morena, principalmente; también a perfiles ligados a los actuales gobiernos. Todos tienen la intención de colocarse en los espacios de poder mediante el voto popular, pues en este circuito sólo se cuenta con 17 espacios para jueces de distrito y 14 magistraturas.

A diferencia de los topes de campaña de aspirantes a puestos locales, los magistrados y jueces federales tendrán topes de campaña modestos, pues según el INE, aspirantes a ministros, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y del Tribunal de Disciplina, podrán gastar un tope de un millón 468 mil 841 pesos, mientras que magistrados regionales electorales, podrán erogar 881 mil 304.80 pesos, magistrados de circuito y de apelación 413 mil 111 pesos; y jueces federales sólo con 220 mil 326 pesos.

Entendiendo que los aspirantes a togados a nivel federal tendrán un mes más de campaña, pues los aspirantes a magistrados y jueces locales iniciarán campaña hasta el 29 de abril, el recurso público que tienen como gasto máximo de campaña, confirma que sus pocas herramientas de comunicación y acercamiento con la sociedad serán a través de redes sociales. Y, por ende, el acceso a la ciudadanía -sobre todo la más vulnerable- se reduce de manera sustancial.

El gobierno morenista colocó las carpas para convertir la elección de funcionarios judiciales en un circo, pero también los mismos juristas están definiendo la calidad de las campañas que se están realizando, bajo la óptica de obtener simpatías por encima de beneficios para los justiciables.

Para el siguiente mes, cuando los aspirantes a magistrados y jueces locales se unan a la campaña, veremos el nivel de exposición que tendrán aspirantes para obtener la simpatía del electorado que no se encuentra consciente de las dimensiones de la decisión, y no propiamente por su culpa, sino por el improvisado ejercicio emprendido por el gobierno morenista.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO VILLA.

¿Por qué no se canceló de inmediato el Axe Ceremonia tras el accidente? Esto dijo Mauricio Tabe

Se buscó evitar un “mal mayor”, afirmó el panista al recordar lo ocurrido en la discoteca New’s Divine en 2008.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, explicó por qué no fue suspendido de inmediato el festival Axe Ceremonia después de que se conociera el accidente que costó la vida a dos jóvenes fotógrafos.

En diversas entrevistas, el panista respondió a los cuestionamientos en redes socialdes de que el evento hubiera continuado pese a la tragedia e incluso recordó el caso de la discoteca New’s Divine en junio de 2008, en la que murieron 12 jóvenes.

“Ese es otro tema muy delicado, era un evento de 45 mil personas y las autoridades, varias autoridades, Protección Civil, Seguridad Ciudadana, hicieron la valoración si se podía continuar o no con el evento. ¿De qué dependía? No generar un mal mayor.

“Una suspensión sin protocolos de desalojo, sin personal de seguridad suficiente, genera una condición de riesgo mayor, una estampida, violencia (...) Lo que se determinó en ese grupo de trabajo fue que era mucho más riesgoso una suspensión inmediata”, dijo Tabe a Michelle Rivera en Grupo Fórmula.

“No se pueden tomar decisiones al calor, lo que más nos gustaría escuchar es se acabó la fiesta. Una decisión de esas podría haber llevado a una tragedia mayor, ya hemos visto casos de desalojos, por ejemplo, de antros como el caso del New’s Divine donde en menores dimensiones el intento de un desalojo generó la muerte de jóvenes”, añadió.
Garantizar la seguridad

“Se hizo la valoración, si estábamos en condiciones materiales de garantizar la seguridad y la integridad de las personas para desalojar 45 mil personas antes de tiempo”, afirmó Tabe al portal UnoTV.


En otra entrevista al reportero Irving Pineda, explicó que primero se inició un proceso de verificación como lo marca la norma y luego se esperó al Instituto de Verificación Administrativa (Invea).
“Se analizaron las condiciones de riesgo, había decenas de miles de personas y en ese momento se hizo la verificación y se tomó la decisión de suspender el inmueble una vez que se aseguraran las condiciones de desalojo de las más de 40 mil personas. Si no se genera un problema mayor”.

En la madrugada de este domingo la alcaldía informó sobre la colocación de los sellos de suspensión de actividades en el Parque Bicentenario.

El proceso de verificación inició después de las 19:00 horas y los sellos fueron colocados a la 1:32 horas del domingo 6 de abril.

“Por seguridad de los asistentes y dado el aforo, se determinó realizar el desaolojo de manera ordenada, colocándose los sellos de suspensión en los accesos del parque Bicentenario”, dijo la alcaldía en su comunicado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Axe Ceremonia 2025: Presuntos nexos de los organizadores con hijo de AMLO generan controversia

Luego de la muerte de dos fotógrafos en el Axe Ceremonia 2025, la relación entre Diego Jiménez Labora, fundador del festival, y sus presuntos vínculos empresariales con Andrés López Beltrán se ha vuelto tendencia.

El Festival Axe Ceremonia 2025, realizado en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, se vio envuelto en controversia tras la muerte de dos fotógrafos debido al colapso de una estructura metálica. Fernando Belaunzarán, exdiputado federal y actual vocero del Frente Cívico Nacional, señaló que Diego Jiménez Labora, fundador del festival y líder de Grupo ECO, mantiene vínculos empresariales con Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“El evento en el que participan artistas nacionales y extranjeros como Meme del Real, Parcels, Natanael Cano y Charli XCX, es organizado por Grupo ECO encabezado por Diego Jiménez Labora, amigo cercano del hijo del expresidente y secretario de Morena, Andy López Beltrán, con quien incluso ha hecho negocios.
Belaunzarán también dijo que esos vínculos podrían explicar por qué elementos de la Policía Bancaria e Industrial habrían intentado limitar el trabajo de la prensa durante la cobertura del accidente.

“El influyentismo también es corrupción y también mata”, afirmó.

Vínculos empresariales entre Jiménez Labora y López Beltrán

Según información de Latinus, Diego Jiménez Labora es propietario de Grupo ECO, empresa organizadora de festivales como Ceremonia, Trópico y Bravo. Dicho medio también reportó en mayo de 2023 que Alejandro Castro Jiménez Labora, primo de Diego, colaboró en proyectos relacionados con el gobierno, incluyendo el Parque Ecológico de Texcoco. Estas conexiones han generado cuestionamientos sobre posibles influencias en la gestión y supervisión de eventos como el Axe Ceremonia.?

Acusaciones de encubrimiento y negligencia

Por su parte, Fernando Belaunzarán acusó a los organizadores del festival de intentar ocultar el incidente para continuar con el evento. Señaló que la estructura que colapsó no fue reportada a las autoridades, lo que podría indicar negligencia en las medidas de seguridad. Además, mencionó que la Policía Bancaria e Industrial habría intimidado a periodistas que documentaban el accidente, permitiendo que el festival continuara a pesar de la suspensión anunciada por la alcaldía Miguel Hidalgo.

Perfil de Diego Jiménez Labora

Diego Jiménez Labora es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Es fundador de Grupo ECO, empresa que organiza eventos culturales y musicales en México. Además de los festivales mencionados, administra el Auditorio Blackberry y ha colaborado con diversas marcas en proyectos de entretenimiento.

Reacciones y medidas posteriores al incidente

Tras el accidente, las autoridades suspendieron el segundo día del festival y colocaron sellos de suspensión en las entradas del Parque Bicentenario. Los organizadores expresaron su pesar por lo ocurrido y se comprometieron a apoyar a las familias de las víctimas, además de colaborar con las investigaciones en curso. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que los asistentes tienen derecho a solicitar el reembolso parcial por el servicio no brindado y, en caso de que se determine responsabilidad del promotor, podrían recibir una bonificación adicional.

Llamados a la transparencia y rendición de cuentas

Belaunzarán recalcó la importancia de investigar a fondo el incidente y las posibles influencias políticas y empresariales involucradas. Subrayó que el influyentismo también es una forma de corrupción que puede tener consecuencias graves. Diversos sectores de la sociedad han solicitado mayor transparencia en la organización de eventos masivos y una revisión exhaustiva de las medidas de seguridad para prevenir futuros accidentes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum pide investigar concesión a Parque Bicentenario tras tragedia en el Axe Ceremonia

La mandataria federal afirmó que en este caso no debe haber impunidad “más allá de que haya sido un accidente, hay que ver cómo estaba a colocada este equipo que se cayó”.

La investigación para que no haya impunidad en la muerte de dos jóvenes fotorreporteros en el Axe Ceremonia, en la Ciudad de México, alcanzará a los organizadores, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque en un inicio la respuesta de la mandataria a la búsqueda de justicia únicamente la centró en quienes tienen la concesión y en la alcaldía Miguel Hidalgo, a cuestionamiento de la prensa, debió hablar de quienes organizaron el evento.

“Todo tiene que investigarse, la fiscalía del gobierno… la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene que hacer toda la investigación a la concesión a los organizadores y a los servidores públicos que de alguna manera estuvieron involucrados en autorizar para ver si hay alguna responsabilidad o no, quien tiene que deslindar las responsabilidades”.

También habló de la atención a las familias de Berenice Giles y de Miguel Ángel Hernández: “Está (el gobierno de) la Ciudad y hoy le pedí a Rosa Icela Rodríguez que se ponga en contacto con las familias”.

La mandataria federal afirmó que en este caso no debe haber impunidad “más allá de que haya sido un accidente, hay que ver cómo estaba a colocada este equipo que se cayó”.

Previo a las preguntas de la prensa, la presidenta expuso: “Primero decir que lamentamos y enviamos nuestra solidaridad a los familiares de las personas que perdieron la vida en este accidente”, aunque en medio de las propuestas por el gremio rechazaron llamarle accidente para señalarlo como una negligencia.

Enseguida enfocó la respuesta en la historia de la concesión del sitio donde se dio la muerte de los dos fotorreporteros, este fin de semana, lo cual involucra a gobernantes de otros partidos.

“El Parque Bicentenario es el lugar donde estaba la antigua refinería de Azcapotzalco. Quedó abandonada mucho tiempo y después se hizo un parque y se concesionó, lo tenía concesionado la Semarnat hace mucho tiempo. Antes de irse Peña Nieto quita esa concesión y le da al Indaabin, que es la institución del gob d mexico que se dedica a administrar los predios del gobierno”.

Siguió: “El Indaabin en la época de Peña Nieto da una nueva concesión

Permaneció así porque hay un contrato de concesión no es nada más le quito la concesión y ya sino que hay un contrato y ahora hubo este accidente”.

La presidenta Sheinbaum Pardo fue informada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que estuvo muy atenta desde el primer momento con dependencias como Protección Civil y todas las autoridades del gobierno de la Ciudad. Después habló de la alcaldía que está en manos del panista Mauricio Tabe.

“Ahí hay que una parte le toca a la alcaldía Miguel Hidalgo que es quien da la autorizaciones y aunque sea una concesión federal quien da las autorizaciones de un evento son las alcaldías, hay que ver ahí qué pasó”.

Dos veces más aseguró que Brugada estuvo pendiente desde el primer momento en que se dio a conocer la tragedia en un evento que siguió pese a que en el sitio permanecían dos personas sin vida.

“Pidieron a la fiscalía que se hiciera una investigación a fondo para deslinde de responsabilidades y de sancione a los responsables”.

Del lado de su administración federal y por las condiciones en las que se dio esta concesión, este domingo la presidenta pidió a Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) “que de inmediato se ponga a revisar la concesión, en qué condiciones está esta concesión y que revisemos si bajo esta circunstancia es factible retirar esta concesión o no, que en todo caso lo administra el gobierno, pero se tiene que hacer una investigación”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

IDHEAS critica a México por negar desapariciones forzadas y pone como ejemplo a Nayarit y Veracruz

México es el Estado parte con el mayor número de Acciones Urgentes activadas ante el CED, con un total de 681 solicitudes relacionadas con desaparición forzada.

La organización IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, expresó su preocupación por la respuesta del Estado mexicano al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED), al considerar que minimiza la gravedad de la crisis de desapariciones en el país.

En un comunicado, IDHEAS señaló que México es el Estado parte con el mayor número de Acciones Urgentes activadas ante el CED, con un total de 681 solicitudes relacionadas con personas desaparecidas.

“Esta cifra, que supera ampliamente a la de otros países miembros de la Convención, evidencia la magnitud de la crisis que enfrentamos”, sostuvo la organización.

IDHEAS destacó que ha documentado desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales en distintas regiones del país, con especial énfasis en los casos de Veracruz y Nayarit.

Según la organización, en estas entidades se han identificado “patrones sistemáticos y generalizados de actuación que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.

Frente a ello, criticó que el Estado mexicano haya negado las observaciones realizadas por el Comité de la ONU, lo que, a su juicio, “debilita la voz de las víctimas y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.

“La apertura del procedimiento ante el CED es una oportunidad para construir entre todos/as los actores involucrados verdaderas acciones frente a una crisis de esta magnitud”, señaló IDHEAS.

La organización expresió su preocupación “ante la reciente respuesta del Estado mexicano a la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada, de Naciones Unidas (CED)”, emitidas en el marco del procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.

Además, llamó al Estado mexicano a asumir sus obligaciones internacionales y a colaborar de manera efectiva con los mecanismos de supervisión de derechos humanos.

La organización recordó que México fue el primer país condenado por el Comité en un caso individual de desaparición forzada, un hecho que, dijo, “refuerza el carácter estructural del problema”.

IDHEAS concluyó que solo el reconocimiento del problema, la voluntad política y la cooperación permitirán avanzar frente a las desapariciones forzadas en el país.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

EU aún busca a otros capos que están en México: "El Cuini", "La Tuta”, "El Teo"...

Pese a que el Gobierno que encabeza la Presidenta Sheinbaum Pardo no ha brindado detalles de quienes podrían enfrentar un posible proceso de extradición, hay varios líderes del narcotráfico, ya encarcelados en México, que desde hace años intentan frenar su traslado a la Unión Americana.

Abigael González Valencia, "El Cuini"; Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, el último líder del cártel "Los Caballeros Templarios"; Teodoro García Simental, alias “El Teo”, quien fuera lugarteniente del Cártel de Tijuana, entre otros capos que se encuentran detenidos en México, son solicitados por el Gobierno de EU, que hace unas meses logró el envío de 29 narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero.

De hecho, se espera que próximamente sean extraditados a Estados Unidos, otro número significativo de personajes vinculados al crimen organizado, así lo confirmó este martes 1 de abril, la propia Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Hay listas de extradiciones, hay más listas de extradiciones, y en la medida en que se pueda colaborar, se colabora”, dijo la mandataria federal.

La Presidenta destacó que las listas de personas solicitadas para extradición por parte de Estados Unidos existen desde hace tiempo y que la colaboración se realiza en la medida en que se pueden cumplir con los procedimientos.
“Sí hay [listas de extradiciones], pero desde hace tiempo, no es de ahora, además de las 29 personas que ya están allá”, aseguró la mandataria mexicana en referencia a los 29 reos que las autoridades mexicanas enviaron a principios de marzo a Estados Unidos, entre ellos, Rafael Caro Quintero, uno de los líderes del narcotráfico más conocidos, quien está acusado del asesinato Enrique “Kiki” Camarena, un agente de la DEA hace 40 años.
Pese a que el Gobierno que encabeza la Presidenta Sheinbaum Pardo no ha brindado detalles de quienes integran estas listas de extradición, hay varios líderes del narcotráfico, ya encarcelados en México, que desde hace años intentan frenar su extradición. Otros criminales continúan en libertad, pero son buscados por dependencias estadounidenses, las cuales, incluso, ofrecen recompensa por información que lleve a su captura.

Uno de estos casos es el de “El Cuini”. Desde hace años, el Gobierno de Estados Unidos busca extraditar a Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, líder financiero del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin embargo, diversos amparo han logrado que se mantenga recluido en México, actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 1, conocido como El Altiplano.

Luego de la captura del “El Cuini”, también cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG, en febrero de 2015, en Puerto Vallarta, Jalisco, las autoridades estadounidenses comenzaron con los protocolos para su extradición. En 2016, el Departamento de Justicia de la Unión Americana presentó una solicitud de extradición formal.

Pero aunque dicha solicitud fue aprobada en 2019, por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la defensa del también conocido como el líder de “Los Cuinis” se ha dedicado a interponer varios recursos legales para frenar su extradición a Estados Unidos. No obstante, se espera que el próximo mes de julio se lleve a cabo una audiencia en la que se defina el futuro de González Valencia.

Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, el último líder del cártel "Los Caballeros Templarios", es otro narcotraficante mexicano que está buscando frenar su traslado a la Unión Americana. Este jueves 3 de abril, presentó un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, contra su posible extradición a Estados Unidos.

De acuerdo con lo señalado en su demanda, el capo argumentó que se encuentra cumpliendo condenas de 30 y 28 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y secuestro, por lo que, dijo, tiene derecho a impugnar cualquier intento de extradición en su contra.

En este sentido, recordó que el pasado 31 de marzo de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la vocería de la Presidencia anunciaron que procederían a la extradición de varios narcotraficantes a Estados Unidos, incluyendo su nombre como uno de los candidatos sin ser notificado.

Sin embargo, el Juez a cargo del caso, Daniel Marcelino Niño Jiménez, resolvió que la solicitud del recluso carece de fundamentos suficientes para conceder la suspensión provisional, debido a que sigue sin demostrar una relación clara entre las declaraciones oficiales y una acción inmediata de extradición en su contra.

En consecuencia, el juzgador afirmó que es necesario presentar mayores hechos para determinar si procede o no la suspensión de oficio y de plano instada. A raíz de ello, dio un plazo de 24 horas para que, bajo protesta de decir verdad, “narre los hechos o abstenciones del acto o actos reclamados" que están siendo vulnerados.
Teodoro García Simental, alias “El Teo”, quien fuera lugarteniente del Cártel de Tijuana, es otro capo que a toda costa está buscando frenar su proceso de extradición, ya que este jueves 3 de abril, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México suspendió de manera provisional el proceso de extradición del capo hacia Estados Unidos.

A “El Teo”, quien permanece recluido en el Cefereso número 1, "El Altiplano", se le acusa por haberse desempeñado como jefe de sicarios del cártel de los hermanos Arellano Félix y de haber ordenado la ejecución de, al menos, 300 personas, cuyos eran disueltos en ácido, tarea que fue era llevada a cabo por un sujeto identificado como Santiago Meza Flores, alias “El Pozolero”.

A inicios del pasado mes de marzo, elementos de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de Marina (Semar), y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) lograron la detención de Leobardo "N", alias "Leo", presunto delincuente vinculado al tráfico de drogas y otros delitos graves, por quien el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cuatro millones de dólares.

Las autoridades mexicanas informaron que Leobardo "N" es requerido por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) "por delitos de delincuencia organizada, contra la salud, y violación a la Ley federal de armas de fuego y explosivos". Las investigaciones señalan que el detenido fue un presunto colaborador cercano de Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, además de ser el "responsable de la producción y distribución de metanfetamina y fentanilo para el Cártel de Sinaloa".
El 27 de marzo, también se logró la detención de Jesús Guadalupe “N”, alias “Jasiel Beltrán Reyes”, un presunto narcotraficante, quien cuenta con una solicitud de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos,  según informó la SSyPC, la cual explicó que el "sujeto que es requerido por autoridades estadounidenses por delitos de asociación delictuosa y tráfico de narcóticos".

"Al detenido se le relaciona con los delitos de asociación delictuosa y tráfico de drogas. Continuamos reforzando la seguridad en la entidad federativa para detener a los generadores de violencia que operan en la región", dijo por su parte el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, en X, antes Twitter.
Además de estos narcotraficantes, ya en manos de las autoridades mexicanas, hay otros capos mexicanos, quienes se encuentran en libertad, que son buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, a los que acusan de diversos delitos, particularmente relacionados al tráfico de drogas, en ese país.

Los criminales forman parte de las listas de los más buscados de la DEA y el FBI, entre ellos se encuentran do hijo del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán”, quien se encuentra preso y condenado en Estados Unido, Se trata de Ivan Archivaldo Guzman Salazar y de Jesus Alfredo Guzmán Salazar, por quienes las autoridades norteamericanas ofrecen recompensas millonarias.

A Ivan Archivaldo Guzman Salazar, apodado “El Chapito”, la DEA lo acusa de liderar, junto con su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, al Cártel de Sinaloa, organización criminal dedicada al tráfico de drogas, como cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y el fentanilo, hacia la Unión Americana, así cómo de enviar a este país “precursores químicos del fentanilo de China a México”.

Además, al hijo de “El Chapo” se le señala como el responsable de comandar sicarios armados que “perpetran actos de violencia para proteger y promover las operaciones del Cártel”; así como de recolectar las ganancias que les deja la droga a los socios del Cártel de Sinaloa, por lo que la Agencia está ofreciendo 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.


Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “Alfredillo” figura en la lista de fugitivos del Departamento de Estado de EU. Es señalado de traficar cocaína, marihuana y heroína hacia Estados Unidos, entre 2004 y 2005. Por él, como por su hermano, la DEA ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.

El informe de la Agencia estadounidense señala a “Alfredillo” de ser el encargado de las operaciones del Cártel de Sinaloa en Colombia, puntualmente en Medellín, donde se dedicaría a pactar operaciones para lavar dinero con empresarios locales y a controlar la producción de cocaína en dos laboratorios que tiene el cártel en la ciudad.

Entre los más buscados también se encuentra “El Mencho”, líder del CJNG, grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas, extorsión, secuestro, cobro de piso y saqueo de combustibles, por lo que la agencia antidrogas estadounidense lo clasificó como “armado y peligroso” y está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.

En la ficha de búsqueda de la DEA, se le señala de violar el “21 Código de los Estados Unidos, artículos 846; 21 Código de los Estados Unidos, artículos 963; 21 Código de los Estados Unidos, artículos 959; 21 Código de los Estados Unidos, artículos 841; 21 Código de los Estados Unidos, artículos 924”.
“Oseguera Cervantes ha hecho que el CJNG pase de ser una organización de tráfico de drogas con base regional a una potencia del crimen organizado internacional, involucrada en la producción y distribución de narcóticos en todo el mundo”, se lee en la ficha de las autoridades de EU, país en donde se le acusa a él y a su cártel de elaborar metanfetamina y heroína, y de traficar cocaína.


Fausto Isidro Meza Flores está incluido en la lista de los más buscados del FBI. Ésta dependencia estadounidense está ofreciendo hasta 5 millones de dólares por información que lleve a la captura del capo, también conocido como “Chapito Isidro”, a quien se le acusa de fabricar y distribuir metanfetamina; distribuir cocaína, marihuana y heroína en Estados Unidos, así como por el uso y posesión de arma de fuego.

El FBI señala al “Chapito Isidro” como el líder de la organización criminal Meza Flores “responsable de la posesión, distribución e importación de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana a los Estados Unidos”, la cual presuntamente controla “la producción, el transporte y la distribución de drogas en varios lugares de México”.

Liborio Núñez Aguirre, alias “El Karateca”, presunto integrante del Cártel de Sinaloa también forma parte de los 10 criminales más buscados por la DEA, la cual le imputa cargos de “conspiración para la importación de fentanilo, conspiración para el tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para el lavado de dinero”.

La Agencia ofrece hasta un millón de dólares por información que conduzca al arresto de “El Karateca”, a quien señala como el encargado de movilizar, de México hacia la Unión Americana, “grandes cantidades de fentanilo”, las cuales fueron transportadas en forma de pastillas y polvo”. Incluso, detalla la DEA, en 2022, “negoció la venta en Estados Unidos de aproximadamente 70 mil pastillas de fentanilo”.


Alan Gabriel Núñez Herrer es otro criminal al que la DEA vincula con el Cártel de Sinaloa. La agencia estadounidense lo acusa de trabajar para “Los Chapitos”, y lo señala de conspirar “para la importación de fentanilo, conspiración para el tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para el lavado de dinero”.

Por información que conduzca al arresto de Núñez Herrer, la Agencia ofrece hasta un millón de dólares, ya que lo clasifica como “armado y peligroso”, al señalarlo como el responsable de suministrar fentanilo a sus socios en Estados Unidos, en diversos momentos de 2022 y 2023, por lo que en éste mismo año, un jurado federal en el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra Núñez Herrera.

Óscar Noe Medina Gonzalez “El Panu” es otro presunto integrante del Cártel de Sinaloa que es buscado por la DEA, la cual lo acusa de ser el principal lugarteniente de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, por lo que esta dependencia estadounidense está ofreciendo cuatro millones de dólares a quien brinde información para lograr su captura.

“Medina González supervisa a cada uno de los comandantes regionales de los ‘Chapitos’, quienes son responsables de la seguridad en sus áreas designadas de México, y a los pistoleros de los Chapitos, los sicarios”, quienes se encargan de “proteger las operaciones de tráfico de fentanilo de los Chapitos, asesinar a miembros de cárteles rivales”, entre otras tareas criminales.


Hace unos días el medio de comunicación Milenio dio a conocer una supuesta lista con los nombres que el Gobierno de México está contemplando extraditar hacia Estados Unidos. El listado está compuesto por 29 narcotraficantes, 18 de los cuales ya están detenidos y 11 continúan en libertad. Entre ellos, se mencionan nombres como Abigael González Valencia y “El Cuini”, Servando Gómez “La Tuta”.

También se menciona a los hermanos Jesus y Luis Ignacio Amezcua, los llamados “reyes de la metanfetamina”, sin embargo, no existe información pública de que se solicite su extradición o de que ellos estén interponiendo algún amparo para evitar este proceso. Además, se habla de Oscar Mogollón Restrepo, Rubén Antonio Calderilla y Jesús Ramón Núñez Angulo.

Otro nombre que Milenio señala es el de Fidel Urbina, quien fue detenido en 2015 luego de estar en la lista de los más buscados del FBI. Así como Teodoro García Simental, alias “El Teo”; Enedina Arellano, alias “La Jefa”, Cartel de Tijuana, quien se encuentra en libertad; y Fernando Sánchez Arellano, también del Cartel de Tijuana y quien tampoco ha sido arrestado.

Albino Quintero Meraz, del Cártel de Juárez; Óscar Malherbe de León, del Cártel del Golfo; Alfredo Andrade Parra, de los Zetas y quien en 2015 fue designado como “un importante narcotraficante”, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo la Ley Kingpin; y Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, son otros nombres que Milenio señala como posibles extraditados.


También menciona a Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, de Cártel de los Beltrán Leyva, no obstante, en 2019, Estados Unidos desistió de extraditar a “El Indio” y a Rodolfo Pérez Ibarra, El Nito Amavizca, también del Cártel de los Beltrán Leyva, sin embargo, éste fue extraditado a Estados Unidos el pasado mes de febrero junto con otros 28 criminales, hecho que dio a conocer el propio Gobierno de México.

Otros posibles extraditables, según Milenio, son: Martín Gaudencio Avendaño Ojeda, alias “Chiquilín”, de quien tras su detención, en 2016, se habló de su posible extradición, sin embargo, actualmente no hay información que confirme que el Gobierno de Estados Unidos mantenga este propósito. También menciona a Francisco Javier Cantabarra; y a Arturo Díaz Díaz, del Cártel de Sinaloa.

Inés Coronel Barrera y Omar Coronel Aispuro, suegro y cuñado, respectivamente de “El Chapo”, aunque no hay información actual que confirme un proceso de extradición contra ellos. También Milenio menciona a: Alfredo Guzmán Beltran, “El Mochomito”; Alfonso Limón, del Cártel de Sinaloa; Félix Uriel Tinajero, del Cártel de Sinaloa; Guadalupe Féliz Núñez, “El Changuito Ántrax”, del Cártel de Sinaloa; Miguel Ángel Guzmán Loera, hermano de “El Chapo”; y Ramón Álvarez Ayala, “El R-1”, del CJNG.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: NORA NANCY GASPAR RESENDIZ.

México impone arancel temporal a clavos de acero chinos; acusa prácticas desleales de comercio

La Secretaría de Economía impuso una cuota provisional a las importaciones de clavos chinos de acero para evitar que sigan afectando la producción nacional.

México impuso un arancel temporal a las importaciones de clavos de acero producidos en China tras determinar que empresas de este país incurrieron en prácticas desleales de comercio internacional. 

La resolución publicada esta mañana en el Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que se aplicará una cuota compensatoria provisional de 0.380 dólares por kilogramo a las importaciones de “clavos de acero en rollo para pistola” originarios de China, independientemente del país de procedencia. 

Se trata de insumos que se utilizan para fijar o unir los distintos elementos que componen muebles, cajas, tarimas y otros productos de madera o material similar. 

La medida se desprende de un procedimiento administrativo de investigación por prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, también conocido como dumping, que inició la Secretaría de Economía en septiembre de 2024 a solicitud de la empresa mexicana Deacero. 

Tras analizar el periodo comprendido del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2024, la dependencia concluyó de manera preliminar que existen indicios de que “las importaciones de clavos para pistola originarias de China se realizaron en condiciones de discriminación de precios y causaron daño material a la rama de producción nacional del producto similar”.

De acuerdo con el decreto, durante el periodo analizado las importaciones originarias de China representaron más del 99 % de las importaciones totales y registraron un crecimiento del 66 %, mientras que la producción nacional cayó en 47 %. 

“Los resultados del análisis de daño y causalidad indican que la rama de producción nacional enfrenta una condición de deterioro, al grado que, en el periodo investigado, perdió mercado y se vio orillada a disminuir sus precios y ventas al mercado interno, afectando su utilidad operativa, a fin de enfrentar las condiciones de discriminación de precios de las importaciones investigadas”, señaló la dependencia. 

Ante estos resultados, la Secretaría de Economía determinó procedente la imposición de una cuota compensatoria provisional para impedir que se siga causando daño a la rama de producción nacional mientras continúa la investigación. 

La vigencia de la cuota será de cuatro meses contados a partir de mañana y su aplicación será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Guerra arancelaria

Esta medida se da en medio de la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos, en la que China ha resultado especialmente afectada. 

A partir del 9 de abril, el gigante asiático deberá pagar un impuesto del 54 % por las exportaciones que haga a Estados Unidos, según lo dispuesto por el presidente Donald Trump el pasado 2 de abril, al anunciar los aranceles recíprocos que amenazan a buena parte del mundo. 

China ya reaccionó el viernes con el anuncio de tarifas aduaneras adicionales del 34 % a los productos estadounidenses a partir del 10 de abril, una respuesta que agravó las pérdidas en los mercados financieros y que provocó que miles de millones de dólares en acciones se esfumaran.

De acuerdo con el decreto, durante el periodo analizado las importaciones originarias de China representaron más del 99 % de las importaciones totales y registraron un crecimiento del 66 %, mientras que la producción nacional cayó en 47 %. 

“Los resultados del análisis de daño y causalidad indican que la rama de producción nacional enfrenta una condición de deterioro, al grado que, en el periodo investigado, perdió mercado y se vio orillada a disminuir sus precios y ventas al mercado interno, afectando su utilidad operativa, a fin de enfrentar las condiciones de discriminación de precios de las importaciones investigadas”, señaló la dependencia. 

Ante estos resultados, la Secretaría de Economía determinó procedente la imposición de una cuota compensatoria provisional para impedir que se siga causando daño a la rama de producción nacional mientras continúa la investigación. 

La vigencia de la cuota será de cuatro meses contados a partir de mañana y su aplicación será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Guerra arancelaria

Esta medida se da en medio de la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos, en la que China ha resultado especialmente afectada. 

A partir del 9 de abril, el gigante asiático deberá pagar un impuesto del 54 % por las exportaciones que haga a Estados Unidos, según lo dispuesto por el presidente Donald Trump el pasado 2 de abril, al anunciar los aranceles recíprocos que amenazan a buena parte del mundo. 

China ya reaccionó el viernes con el anuncio de tarifas aduaneras adicionales del 34 % a los productos estadounidenses a partir del 10 de abril, una respuesta que agravó las pérdidas en los mercados financieros y que provocó que miles de millones de dólares en acciones se esfumaran.

Tanto México como Canadá lograron librar los aranceles adicionales impuestos por Trump en esta semana, aunque ambos países están sujetos a una tarifa del 25 % que deben pagar por los productos que exporten a Estados Unidos y que estén fuera del tratado de libre comercio trilateral T-MEC.

Hasta ahora ningún país se ha logrado salvar de los aranceles del 25 % que Estados Unidos aplicó al acero y al aluminio de importación.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Foto: Deacero

La mitad de directores de área de la Comisión Nacional de Búsqueda no tienen experiencia en desaparición de personas

Extrabajadores de Morena, asesores legislativos, expertos en temas electorales y exfuncionarios de otras dependencias dirigen 13 áreas de la Comisión Nacional Búsqueda, a pesar de no tener experiencia ni preparación previa en el tema.

Más de la mitad de los directores de área de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) carecen de experiencia en el tema de desaparición y aún así ocupan espacios clave para encontrar a las 126 mil personas reportadas como desaparecidas y no localizadas en México.

Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una serie de iniciativas al Congreso con el argumento de que servirán para fortalecer a la Comisión, aunque en los hechos esta institución se integra con gente sin experiencia.

La CNB cuenta con 23 directores y directoras en su estructura, de los cuales 13 no cuentan con experiencia previa en temas de desaparición. En algunos casos ni siquiera cumplen con el perfil académico y profesional para estar ahí.

Por ejemplo, hay direcciones que por ley deberían ser dirigidas por expertos en identificación forense, pero los encargados son exasesores legislativos y exfuncionarios del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Hay unidades para atender a familiares de víctimas y para crear estrategias contra la desaparición de personas, pero los directores son personas que antes trabajaron en Morena, expertos en temas electorales y exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Todos estos directores y directoras de área fueron contratados entre 2023 y 2025, luego de que Teresa Guadalupe Reyes Sahagún fue nombrada comisionada nacional de búsqueda, a pesar de que ella tampoco contaba con experiencia en la materia. Su último cargo antes de llegar a la CNB fue el de directora general del INEA.

Animal Político detectó la falta de experiencia de directores y directoras de la CNB con un cruce de información entre sus currículum; la plataforma Nómina Transparente en la que aparecen las personas contratadas en instituciones públicas, y a la página RHnet de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en la que se detallan los requisitos que se exigen para ocupar cada plaza dentro del gobierno

Estos casos de directores y directoras son diferentes a los perfiles sin experiencia que también trabajan en la Red Nacional de Personas Buscadoras, un grupo que la CNB creó para reforzar a 29 de las 32 comisiones locales de búsqueda que operan en los estados.

El problema de desaparición de personas resurgió en el sexenio de Claudia Sheinbaum, luego de que en Teuchitlán, Jalisco, fue encontrado un rancho donde el Cártel Jalisco Nueva Generación entrenaba contra su voluntad a jóvenes que había secuestrado, al mismo tiempo que asesinaba a quienes se oponían.

Antes de esto, en sus seis meses de gobierno, la presidenta Sheinbaum había omitido hablar de las víctimas de desaparición desaparecidas, uno de los principales pendientes que le dejó su antecesor y que ahora le tocará resolver a ella.

Exfuncionarios del INEA a cargo de direcciones forenses

En México hay 126 mil personas desaparecidas y no localizadas, según cifras oficiales. Ese no es el único problema: en los servicios médicos forenses del país hay más de 72 mil cuerpos sin identificar, según lo reportado por el medio especializado A dónde van los Desaparecidos.

Las familias de víctimas de desaparición alertan que entre esos 72 mil cuerpos sin identificar podrían estar sus seres queridos, y aunque el gobierno tiene instituciones y áreas especializadas para atender la crisis forense, en los hechos esos espacios están ocupados por personas que no tienen el perfil para hacer ese trabajo.

Un ejemplo es el Centro Nacional de Identificación Humana. Esta institución fue creada en 2022 como respuesta a la crisis forense, pero actualmente su titular es José Muñoz Gómez, un funcionario que antes trabajó como auditor en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en el Banco del Bienestar. También fue director de administración en el INEA.

José Muñoz Gómez es contador público, sin embargo, la página RHnet señala que el encargado del Centro Nacional de Identificación Humana debería tener estudios en medicina, odontología, antropología, criminalística, arqueología, química o biología.

Casos parecidos dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda son los de Rodrigo Osvaldo Montoya Arroyo, director de Identificación Humana A con estudios en Derecho; Luis Manuel González Nava, director de Identificación Humana B con estudios en Administración, y María Amelia Gutiérrez Cedillo, directora de Investigación y Registro Forense Región Este con estudios en Derecho Electoral.

Además de no contar con estudios relacionados con la identificación forense, los dos funcionarios y la funcionaria tampoco tienen experiencia previa en temas de desaparición.

María Amelia Gutiérrez revisaba contratos y licitaciones en la Fiscalía de la Ciudad de México y fue administradora en el INEA. Luis Manuel González dio soporte técnico al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados y coordinó una plataforma digital para el INEA. Rodrigo Osvaldo Montoya fue asesor legislativo en el Congreso federal.

Comunicadores a cargo de la capacitación en búsqueda de personas

La reforma al artículo 168 de la Ley General en Materia de Desaparición, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que las fiscalías del país deben capacitar a su personal para la búsqueda de personas. Esto lo deberían hacer con ayuda de la CNB.

Sin embargo, las áreas de la CNB que se encargan de las evaluaciones y capacitaciones del personal están bajo el mando de gente que no tiene experiencia en temas de desaparición.

Iván Barragán Contreras, director de Evaluación y Capacitación, tiene estudios truncos en Comunicación, aunque la Secretaría Anticorrupción no contempla que alguien con esta carrera pueda ocupar este puesto. Este funcionario ha sido productor del Canal 11 y de otros medios masivos de comunicación.

De acuerdo a la página RHnet, la persona encargada de la Dirección de Evaluación y Capacitación se tienen que encargar de coordinar la implementación del Programa Nacional de Búsqueda, así como capacitar en materia de búsqueda de personas a las instituciones que participan en esta labor.

Otro caso parecido es el de Xasni Pliego Granillo, actual directora general de Vinculación y Políticas Públicas de la CNB. Anteriormente ella fue secretaria de Organización de Morena y asesora de este partido en el Congreso de la Ciudad de México. Igualmente fue coordinadora de institutos estatales en el INEA.

Pliego Granillo tiene estudios en Mercadotecnia y Ciencias de la Comunicación, carreras que no están en las áreas de experiencia requeridas por la Secretaría Anticorrupción para ocupar el puesto de directora de Vinculación y Políticas Públicas de la Comisión.

Según la página RHnet, entre otras funciones, la persona encargada de esta área debería coordinar las acciones de certificación y especialización de los integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda, además de dirigir las acciones de capacitación de los servidores públicos involucrados en la búsqueda de personas.

Morenista y experto en fiscalización atienden a familias de víctimas

Las direcciones de Atención Ciudadana y de Atención Jurídica a Víctimas son otras que están ocupadas por personal sin experiencia previa.

La Dirección de Atención Ciudadana está a cargo de Guillermo Genaro Polanco García, excoordinador técnico de Morena y exdelegado de Programas para el Desarrollo en la Secretaría del Bienestar del gobierno federal.

La Dirección de Atención Jurídica a Víctimas y Casos de Desaparición está a cargo de Baudel González Rodríguez, exintegrante de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y exdirector jurídico de la empresa Team Projects CCLEGA, especialista en fiscalización electoral. 

Si bien ambos funcionarios tienen carreras en Administración Pública y Derecho, que son contempladas por la Secretaría Anticorrupción para ocupar esos puestos, no han tenido alguna experiencia anterior en cómo atender casos de desaparición de personas.

Exasesor legislativo y exfuncionaria de Sedatu coordinan acciones con estados

La coordinación de la Comisión Nacional de Búsqueda con las autoridades estatales es vital para encontrar a las personas desaparecidas, no obstante, hoy en día esas actividades están a cargo de personas que antes no habían hecho estas labores.

Ese el caso de Jessica Paola López Mendoza, actual directora de Vinculación y Articulación de los Estados, quien antes trabajó en la Dirección Jurídica de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México y fue exjefa de Control de Gestión en la Sedatu.

De acuerdo a la página RHnet, esta funcionaria tiene entre sus encargos vigilar el uso de recursos públicos que la CNB le da a las comisiones estatales de búsqueda, así como implementar acciones para que los tres niveles de gobierno trabajen en equipo en la estrategia contra la desaparición de personas.

Irene del Carmen Mendoza Mollinedo es directora de Relaciones Interinstitucionales. Antes de eso fue asesora legislativa del PRD y del Partido Acción Nacional (PAN), así como capacitadora y asistente electoral en el INE.

Según la página RHnet, además de garantizar la conexión entre dependencias de los tres niveles de gobierno, Mendoza Mollinedo también tiene entre sus funciones dar seguimiento a los problemas que enfrentan los colectivos de familiares de víctimas, a fin de que las autoridades puedan formular acciones de prevención para salvaguardar su vida.

Dulce María Paletina Cartagena Rivero es directora de Vinculación Región Norte. Antes de eso fue directora de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes en Reclusión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Cartagena Rivero, quien tuvo mayor acercamiento a temas de derechos humanos respecto a sus compañeras por su trabajo en la CNDH, pero no en tema de desaparición, tiene entre sus funciones consolidar estrategias de colaboración entre instituciones de gobierno, organizaciones sociales y organismos internacionales en Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, que componen una de las regiones del país con más víctimas.

Personal sin experiencia planea búsqueda de personas

Por último se encuentran dos directores encargados de la planeación de operaciones de búsqueda de personas desaparecidas, quienes antes de llegar a la CNB no contaban con experiencia en temas de desaparición de personas.

Carlos Alberto Escalante Oseguera, director de Operaciones de Búsqueda, antes fue coordinador de proyectos en la alcaldía Cuauhtémoc, asesor legislativo en el Congreso de la Ciudad de México y coordinador de la estrategia contra el analfabetismo en el INEA.

La Dirección de Operaciones de Búsqueda que ocupa Carlos Escalante es una de las más relevantes dentro de la CNB, ya que desde ahí se da seguimiento a las jornadas de búsqueda en la que participa la Comisión y se coordina el tratamiento de los datos forenses que las autoridades de todo el país recopilan.

En una situación parecida se encuentra Alfonso Torres Jiménez, director de Planeación de la Comisión Nacional de Búsqueda que antes fue subdirector de la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde permaneció los últimos seis años.

Entre sus funciones están las de coordinar las acciones que permitan el desarrollo de la planeación del Programa Nacional de Búsqueda de Personas, el Protocolo Homologado de Búsqueda, uso y operación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Las víctimas son los más de 124 mil desaparecidos, no Sheinbaum: colectivos, familiares, activistas y periodistas

«El dolor, la indignación y la rabia que ocasiona saber que existen campos de exterminio en México (aunque parece que desde arriba se evita reconocer que esas escuelas del terror son eso) no debe ser utilizado ni por quienes provocaron esta crisis humana desde 2006, ni por quienes dicen haber roto con las prácticas del pasado mientras repiten sus vicios. Tampoco por quienes dentro y fuera de México ven en el dolor una oportunidad política, de negocios, o injerencista», señalaron decenas de colectivos de búsqueda, familiares de víctimas, periodistas, intelectuales y activistas de México y otros países en una carta tras el hallazgo del campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco.

En el documento, titulado «Porque todo México es Teuchitlán», activistas, familiares, artistas y escritores como Jorge Verástegui González, Juan Villoro, Carolina Coppel, Francisco Barrios «El Mastuerzo», Juan Carlos Rulfo, el Nodo de Derechos Humanos (NODHO), los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes y Centro de Documentación sobre Zapatismo (CEDOZ) se pronunciaron contra la «indiferencia» y la impunidad en la crisis de desaparecidos en México, que suma más de 124 mil víctimas en el país.

«Aquí estamos, nos somos bots, no somos trolls. A la presidenta Sheinbaum le decimos que las víctimas son ellas y ellos, los más de 124 mil desaparecidos y desaparecidas, no ella. Escuche a sus madres y padres, a sus hermanos y hermanas, a sus hijos e hijas, es una deuda de Estado. Se les debía ayer, usted se los debe hoy, se los deberá para siempre, mientras no haya respuesta. Nos ponemos los zapatos ahí tirados, amontonados, y vacíos, los zapatos de los otros y otras que en alguna parte están. Su dolor no puede ser solo suyo, si dejamos que eso suceda les condenaremos, nos condenaremos a muerte, porque nada florece en el infierno», señalaron en la carta.

COMUNICADO:

A quienes la guerra no les es indiferente

El hallazgo del campo de explotación, tortura y exterminio en Teuchitlán, Jalisco es una pequeña y terrible muestra de la cruel crisis humana que vive México como resultado de la Guerra del Narco desatada en 2006 y que no ha terminado. El dolor de las familias de las y los desaparecidos atraviesa prácticamente cada rincón del país y se extiende más allá de nuestras fronteras. Al menos 124 mil personas han sido desaparecidas, una cifra desoladora porque no son números ni entradas en una base de datos, son niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres arrancados de sus hogares y comunidades, son personas que nos faltan y que el olvido amenaza con borrar.

La desaparición -cualquier desaparición- es un crimen injustificable, sin importar su causa o motivo, sin excusas ni matices. La búsqueda -cualquier búsqueda- es una obligación ineludible y nos convoca a no parar hasta encontrarles a todas y a todos, a comprometernos con ponerle fin al horror, sin importar a qué nos dedicamos, cuál es nuestra ideología y nuestra geografía.

El dolor, la indignación y la rabia que ocasiona saber que existen campos de exterminio en México (aunque parece que desde arriba se evita reconocer que esas escuelas del terror son eso) no debe ser utilizado, ni por quienes provocaron esta crisis humana desde 2006, ni por quienes dicen haber roto con las prácticas del pasado mientras repiten sus vicios. Tampoco por quienes dentro y fuera de México ven en el dolor una oportunidad política, de negocios, o injerencista.

No somos bots, trolls, o voces mercenarias ni ficticias, somos quienes gritamos NO cuando Tlatelolco, cuando Acteal, cuando Atenco, cuando Ayotzinapa. Somos quienes desde hace décadas nos oponemos a la militarización y el militarismo, a la guerra, a la deshumanización y al horror.

Somos seres humanos que no seguimos ciegamente ni condenamos por consigna, que siempre usaremos la razón para escuchar críticamente y el corazón para escuchar solidariamente, y que actuaremos en consecuencia ante la infamia. No nos confundan, no nos minimicen, no nos mientan.

Hemos visto cómo la sangre que recorre el país y los huesos que se esconden debajo de la tierra se multiplican porque la violencia -tanto estatal como no estatal- no cesa. Mientras, las estructuras criminales dentro y fuera del Estado se fortalecen, bajo el cobijo de la política de silencio e impunidad estructural, sistemática y rutinizada, que solo justifica más guerra, más muerte y más dolor. Sabemos que personajes de la política que permitieron que funcionara un campo de exterminio, que hoy es Teuchitlán, pero ayer fue Patrocinio, la Gallera, la Guapota o Colinas de Santa Fe, hoy gozan del horror en libertad y con trato preferencial, algunos en México, otros en el extranjero.

Saber que hoy mismo los y las que estuvieron presentes en Teuchitlán pueden estar vivos solo hace que la rabia aumente al saber que cada minuto cuenta para encontrarles. Saber que campos como ese pueden estar muy cerca de donde estamos y que nada pasa, que crecen con cuerpos, vidas y sueños rotos cada día hace que las ganas de gritar alto y de hacer algo desafíe todo, colores de partidos políticos, instituciones inoperantes, fiscalías que encubren, militares cómplices, poderosos que siguen haciendo de la cobardía y la crueldad el negocio más lucrativo.

Llamamos a que quien ahora nos pretende borrar, acallar, desaparecer y utilizar deje de hacerlo, porque de no ser así esta rabia irá creciendo junto con las aberrantes cifras de muerte, desaparición y normalización de la pesadilla. Criminalizar a las y los desaparecidos, desestimar la profundidad del dolor y la autenticidad de las familias buscadoras, minimizar su capacidad técnica y su oficio en la búsqueda son mecanismos que perpetúan la impunidad y colocan a las y los agredidos como agresores. Esta dinámica hace que todo quede en el campo no de la urgencia humana sino del oportunismo político. Así se garantiza la reproducción de crímenes como éste porque las redes de poder que involucran gobiernos, empresas y carteles no son señaladas.

Aquí estamos, nos somos bots, no somos trolls. A la presidenta Sheinbaum le decimos que las víctimas son ellas y ellos, los más de 124 mil desaparecidos y desaparecidas, no ella. Escuche a sus madres y padres, a sus hermanos y hermanas, a sus hijos e hijas, es una deuda de Estado. Se les debía ayer, usted se los debe hoy, se los deberá para siempre, mientras no haya respuesta. Nos ponemos los zapatos ahí tirados, amontonados, y vacíos, los zapatos de los otros y otras que en alguna parte están. Su dolor no puede ser solo suyo, si dejamos que eso suceda les condenaremos, nos condenaremos a muerte, porque nada florece en el infierno.

Estamos más allá de pliegos petitorios, de exigencias, de mecanismos especiales y de tecnicismos. La lucha de los y las buscadoras es el último llamado de humanidad para parar esta locura de ambición, muerte y dolor. Después de eso no hay nada más que esperar sino la fosa que nos toque, a quienes hoy sentimos el dolor y a quienes lo provocan.

¡SIN LAS FAMILIAS NO!

Firmas:

Individuales

Oscar Olivera Foronda, Comunidad del Agua, Bolivia

Italia Mendez (Integrante de la campaña Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la Tortura Sexual)

Raúl Zibechi

Michael Hardt

Carlos Taibo

Juan Villoro

Luis Hernández Navarro

Gilberto López y Rivas

Luis de Tavira / La Casa del Teatro.

Jorge Verástegui González

Volga de Pina R.

Alicia Castellanos Guerrero

Sylvia Marcos

Raquel Gutierrez Aguilar

Jorge Alonso Sánchez

Dr. Raúl Delgado Wise

Magdalena Gómez

María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera

Juan Carlos Rulfo

Francisco Barrios “El Mastuerzo”

Márgara Millán

Servando Gaja

Ana Esther Ceceña

Carolina Coppel

Inés Durán Matute.

Mariana Mora

Raúl Romero

Argelia Guerrero Rentería. Bailarina

Jaime Pastor Verdú

Pepe Mejía, periodista. Militante de Anticapitalistas

Manuel Garí Ramos

Lucia Linsalata

Nuria Ciofalo

Javier Sáenz Munilla, periodista, España.

Sabrina Melenotte, CIESAS/IRD, México/Francia

Dra Anita Schrader McMillan, Universidad de Oxford, Inglaterra.

Erika Sancruz

Azael Soriano

Alma Rosa Garcia Guevara

Valeria Moscoso Urzúa, Especialista Psicosocial, Docente y Defensora de Derechos Humanos

Nelly Perez Costana, Fundación Abril Cochabamba-Bolivia

Fernando Machicao, Colectivo Yakutantanaku, Cochabamba-Bolivia

Natividad Zurita, Comunidad Casa de semillas Muju Huasi, Cochabamba-Bolivia

Bernardo Bautista Hoepfner, Vietnam

Isabel Lozano Maurer

Francisco Robles Gil Martínez del Río

Genevieve Galán

Eduardo García Vásquez

Anahí García Reyes

Marco A Avendaño Mtz

David Roca Basadre

Evaristo Villar

Pepe Luna

Angel Madina

Juan Ibarrondo, Vitoria-Gasteiz

Celeste Maribel Tamayo Carrera

Iñaki madina

Josune

Koldo Camon Erostarbe

Unai Otxoa de Txintxetru

José Luis Torremocha Martín

Ana Laura Suárez Lima y Deva Esther Suárez Lima

Maite Monge. Vitoria-Gasteiz

Gerardo Pisarello

Txomin Arzallus Egia

Gurutze Morado Ibargutxi

Silvia Villaseñor

Prisciliano Leobardo Sosa Alvarado

Carlos Johari Pérez Herrera

Liliana Souza

David Jiménez

Roberto Contreras «Gato»

Jessica Trejo

Inés Eguino Clavel

Aitor Luna Olivares

Jorge Riechmann. Profesor universitario UAM.

Cristian Salcedo

Matilde Belem Huerta Lastra

Jorge Augusto Chávez Vera

Paulino Alvarado Pizaña

Ariadna Flores Hernández

Lao Tsé López Lozano

Jo James

Ana María Vera Smith

Luis Antonio D. Ordóñez,

Lourdes Valderrabano Teresa

Raúl García Sánchez

Mireya Perea Perea

Ranulfo Hidalgo Albino

Nieves Sanz Álvarez

Mariano Rolón Castelán

Vicente Gallego Ergueta

Yolanda Girón Molina

Guadalupe Solis Ramirez

Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. México D.F

Enrique Espinoza Camarena,

Pilar del Carmen Espinoza Höpfner

Carmen Höpfner Boner

Ana María Hoepfner Boner

Cecilia Zeledón/ Universidad de la Tierra en Puebla

María Recolons de Arquer Barcelona

Daniel Batista Hoepfner Londres

Ana Hoepfner en Calgary, Canadá

Bernardo Hoepfner Boner

José de Jesús Legorreta

Virginia Pérez Martínez

Lilia González Espinosa

Guadalupe Ortiz Chávez

Eduardo García Vázquez

Coral Morales Espinosa

Álvaro Quiroz Magaña

Pilar Chávez Ortiz

Benjamín Berlanga

Mercedes Núñez Cuétara Ibero Puebla

Carolina Díaz Iñigo

Itzel López Nájera Ibero Puebla

Patricia Hidalgo Rame

Pilar Salazar

María de Lourdes Covarrubias Velasco

Mario Sabato Magno Italia

Teresita Acquitter Francia

Valentina Soto

Claudia Alonso González, Centro para el Desarrollo de la Mujer A.C. (CEDEMAC), México

Juan Carlos Canales Fernández.

Bruno Baronnet, Universidad Veracruzana

Blanca Laura Cordero. BUAP

Davydd Greenwood

Luz María Sánchez

Roger Maldonado Baqueiro. Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, A.C.

Jorge Ángel Sosa Márquez, Ibero Puebla.

Oscar Soto Badillo

Francisco Valverde

Organizaciones

Les trois passants (Francia)

Ongi etorri errefuxiatuak araba

Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista, Grecia

Unión de sindicatos Solidaires (Francia)

Nodo Solidale (México/Italia)

Colectivo Armadillo Suomi/Finlandia

Centro de Documentación sobre Zapatismo -CEDOZ-

Asamblea Berlin, Alemania

La Resistencia Los Angeles

Vocesenlucha – Comunicación Popular

20zln – italia

Museo de Formas Imposibles, Finlandia

Alerta Feminista, París

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes

Nodo de Derechos Humanos (NODHO)

Fanzinoteka Guerra Idealista, Puebla

Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán

Colectivo Los Otros Abogadoz

Colectivo Casa Click

Encuentro Fotográfico México

Libertad bajo palabra editorial

Movimiento Atzin

Brigada en defensa del territorio Xochiteco

Asociación Cultural Loquesomos.org

Libélula Espacio Creativo, Puebla

Terraformar Librespacio Cultural

El Taller, Centro de Sensibilización y Educación Humana A. C.

IMDEC AC

Consejo Tiyat Tlali

Red Morelense de Apoyo al CNI-CIG/ Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía

Raíces en resistencia

Sexta por la libre Yucatán

Morada Tropikal El Teatrito Yucatán

Rizoma

Redmycz. Resistencias Enlazando Dignidad y Corazón Zapatista

Poposteando Ando

Mexicanos Unidos

Red de Apoyo Iztapalapa Sexta (Rais).

Colectivo de Profesorxs En La Sexta

Comunidad de Tlanezi Calli En Resistencia

Comunidad de Xochitlanezi

Colectivo Gavilanas

Colectivo de Trabajo Cafetos

Colectivo Cuaderno Común

Asociación de Exploración Científica y Recreativa

Brújula Roja

Colectivo La Otra Justicia

Colectivo Panadero La Grieta

Mexicali Resiste

Colectivo Mochosbij en común

Colectivo Noche de los Mayas

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

IMSS resalta su respuesta a la COVID: atención a millones y reconversión hospitalaria

El IMSS hizo un balance de su respuesta ante la COVID-19: reconversión hospitalaria, permisos laborales, módulos respiratorios y atención a no derechohabientes.

A cinco años del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que brindó atención médica a más de 11 millones de derechohabientes y a 353 mil personas sin seguridad social durante la pandemia por la COVID-19.

Como parte de su estrategia de emergencia sanitaria, el IMSS reconvirtió 187 hospitales para atender a pacientes con síntomas graves de la enfermedad, habilitó unidades temporales y creó módulos especializados para la detección temprana.

El Instituto destacó que su reconversión hospitalaria fue escalonada, de acuerdo con el crecimiento de los contagios. El 13 de febrero de 2021 alcanzó su mayor capacidad, con 19 mil 999 camas destinadas a personas con enfermedad grave. En la tercera fase de reconversión, 155 hospitales operaron de forma híbrida y 30 se dedicaron casi por completo al tratamiento de pacientes con la COVID-19, informó el Instituto en un comunicado.

Además, el organismo abrió 14 unidades temporales y 19 de expansión, incluyendo el Autódromo Hermanos Rodríguez, que sumó más de 200 camas al sistema de atención. Para el primer nivel de atención, se habilitaron tres mil 486 Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS), destinados al diagnóstico temprano y atención ambulatoria de casos sospechosos.
Desde marzo de 2020, el IMSS brindó atención gratuita a personas sin seguridad social, gracias a un convenio firmado en mayo de ese año para hacer frente a la emergencia nacional.

El Permiso COVID fue otra de las acciones clave. Esta medida otorgó certificados de incapacidad laboral a personas con síntomas del virus, sin necesidad de acudir a clínicas. Entre enero de 2021 y agosto de 2022, se emitieron 735 mil 266 permisos digitales. Hasta marzo de 2025, el IMSS ha registrado más de siete millones 550 mil constancias, equivalentes a 51 millones de días de incapacidad.

Estas cifras corresponden a más de cuatro millones 859 mil personas aseguradas que accedieron al beneficio, con el fin de reducir la propagación del virus en centros de trabajo.
“El Instituto reorganizó la atención médica en gran parte de sus unidades médicas y hospitales a fin de dar respuesta a la necesidad de la población”, detalló el informe.
Durante la pandemia, se redujeron significativamente otros servicios médicos. En comparación con 2019, las consultas familiares bajaron un 26 por ciento en 2021, las de especialidad un 50 por ciento y los egresos hospitalarios un 22 pr ciento.

Para contrarrestar este rezago, el IMSS lanzó jornadas de cirugía, urgencias y especialidades, además de fortalecer la atención en medicina familiar, odontología y trasplantes.

Según la institución médica, las atenciones pasaron de 2.8 millones en 2021 a 4.5 millones en 2023, lo que representó un incremento del 60 por ciento y una cifra récord de recuperación de servicios.

El programa Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA) fue otra iniciativa destacada. Se implementó en 2022 para reducir los riesgos en personas con enfermedades como diabetes, obesidad o hipertensión. ELSSA promueve hábitos saludables en los centros de trabajo, reduce ausentismo, mejora la productividad y fortalece la cultura organizacional.
El IMSS también desarrolló campañas informativas, cápsulas, cursos digitales y distribuyó insumos para fomentar la prevención en espacios comunitarios y laborales. Entre estas medidas, destacan los cursos CLIMSS dirigidos a microempresas, lavamanos instalados en unidades operativas y contenido audiovisual para redes sociales.
“El programa ofreció servicios con reducción de costos asociados a la atención médica, del ausentismo laboral, en la emisión de incapacidades”, señaló el Instituto.
Aunque la fase crítica ha quedado atrás, el IMSS mantiene su compromiso de brindar atención durante la etapa endémica y aplicar las lecciones aprendidas a futuras emergencias sanitarias.

El organismo subrayó que el esfuerzo conjunto de personal médico, de enfermería y administrativo fue esencial para responder a la magnitud de la crisis sanitaria que transformó el sistema de salud.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.