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Colectivos de búsqueda piden a ONU “mano dura” contra el Estado mexicano por desapariciones

Colectivos de búsqueda de desaparecidos calificaron de positiva la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, que inició un procedimiento contra el Estado tras recibir “información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México”.

El Comité de Naciones Unidas también ordenó al Estado mexicano resguardar el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde el pasado 5 de marzo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco halló un campo de exterminio del crimen organizado, restos humanos y más de 400 indicios de víctimas de desaparición. La orden de la ONU incluye el resguardo del predio y de todos los restos óseos y elementos probatorios encontrados en el lugar, así como realizar de manera inmediata el análisis genético de los fragmentos para su identificación.

Frente a las medidas del CED, familiares de búsqueda y colectivos celebraron la intervención, pero señalaron que la ONU debe ser “más dura” en sus medidas contra el Estado por la crisis de desaparecidos y su falta de atención a las víctimas. “Nosotros siempre estamos acudiendo a organismos internacionales porque la justicia mexicana ya se nos negó. La ONU debería ser más dura en sus medidas y en las resoluciones que dicta”, dijo al diario El Universal Yoltzi Martínez, del Colectivo Raúl Trujillo Herrera.

Se trata de la primera vez que se activa este procedimiento, considerado “el más extremo” del Comité, para la crisis que suma más de 124 mil víctimas en México, explicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que llamó al Estado a colaborar activamente en el nuevo análisis “enviando información fidedigna y abriéndose al escrutinio internacional”.

“Este recurso extremo no se habría adoptado si México hubiera implementado la Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones, que el Comité recomendó en su visita de 2021”, añadió el Centro Prodh.

Por su parte, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo señaló que la decisión del CED “es un reconocimiento sobre la preocupante situación que ha vivido México en materia de desaparición por años, y abre la posibilidad para que haya un escrutinio internacional que ayude en el acceso a la verdad y la justicia para miles de familiares que buscan a sus seres queridos”.

Las medidas del CED para Teuchitlán también incluyen la comparación de los resultados con perfiles genéticos de personas desaparecidas, analizar exhaustivamente los objetos personales localizados y determinar su potencial propiedad, así como llevar a cabo un análisis de contexto para determinar patrones, motivos, modus operandi, perfiles de las personas desaparecidas y particularidades de la región que explican el fenómeno.

La intervención de la ONU tras los hallazgos del Rancho Izaguirre es resultado de la petición de la consultora Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que presentaron ante el organismo internacional 18 casos con medidas cautelares, en los que argumentan que estas son de interés para todos los colectivos y personas desaparecidas en tanto no exista una investigación exhaustiva que identifique los fragmentos encontrados y objetos con sus respectivos dueños.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

27 personas buscadoras han sido asesinadas y tres más desaparecidas en México

En medio de la terrible crisis de desaparición de personas que no cesa en México, las familias que buscan a sus seres queridos también se han vuelto objeto de amenazas y ataques, con al menos 27 asesinadas de 2010 a la fecha.

Tras 6 días de permanecer en estado crítico a causa de una agresión con arma de fuego durante un intento de secuestro, la buscadora Teresa González Murillo falleció el 2 de abril. Con la agresión y fallecimiento de la buscadora integrante del colectivo Luz de Esperanza de Jalisco, desde 2010 a la fecha suman 27 personas buscadoras asesinadas y tres desaparecidas por buscar a un familiar.

El ataque y asesinato de González Murillo se da en el marco del hallazgo de un campamento de entrenamiento y sitio de reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJJNG) en Teuchitlán, Jalisco, a principios de marzo. La noticia también generó una oleada de críticas y una campaña de desprestigio en contra de las madres buscadoras en todo el país, pese a que las desapariciones no han cesado. De acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 4 de abril hay 126,852 personas desaparecidas en todo el país, aunado a la crisis forense que atraviesa México, con más de 72 mil cuerpos sin identificar. 

La lista está integrada por madres, padres, esposas, maridos y hermanos que antes de su muerte habían investigado el paradero de sus familiares, no fueron escuchados por las autoridades, señalaron omisiones y, en distintos casos, denunciaron públicamente el riesgo que corrían y las amenazas en su contra por buscar.

Los asesinatos ocurrieron en Chihuahua, Durango, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, Puebla y Baja California durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y el actual gobierno de Claudia Sheinbaum. La mayoría de los casos permanecen impunes.


En 2021, A dónde van los desaparecidos recuperó la historia de 12 personas buscadoras asesinadas por buscar a sus familiares. Cuatro años después, lamentablemente sumamos los nombres de 16 personas buscadoras a las que también les falló la autoridad desde que se llevaron a su familiar. Les volvió a fallar cuando no buscó y les obligó a salir a buscar. Les falló al no protegerles. Les sigue fallando al no hacerles justicia. 

Estos son —en orden cronológico— los nombres de 27 personas buscadoras asesinadas y tres desaparecidas por buscar a su familiar, que el proyecto A dónde van los desaparecidos documentó a partir de una lista en construcción, reportes de colectivos, notas de medios y consultas a aliados:

Marisela Escobedo

Marisela Escobedo Ortíz, buscaba a su hija Ruby Marisol Frayre de 16 años. Fue asesinada fuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua el 16 de diciembre de 2010 al terminar una protesta para exigir justicia para su hija, quien fue asesinada y su cuerpo desaparecido por su pareja sentimental, Sergio Barraza, en 2008. 

Marisela había denunciado amenazas de muerte 10 días antes de su homicidio.

Leopoldo Valenzuela Escobar 

Leopoldo Valenzuela Escobar, Don Polo, fue asesinado en Nuevo Ideal, Durango, el 4 de febrero de 2011 por un comando armado que ingresó a su casa. Buscaba a su hijo Leopoldo Valenzuela Gómez, de 29 años, secuestrado por varios sujetos encapuchados que ingresaron al negocio familiar el 23 de septiembre de 2010. 

Fue asesinado cuatro días después de haber dado a conocer su historia y señalar con nombre y apellido, a los responsables.

Nepomuceno Moreno Núñez

Nepomuceno Moreno Núñez, conocido comoDon Nepo, fue asesinado en Hermosillo, Sonora, el 28 de noviembre de 2011 cuando viajaba en su camioneta. Participó en los Diálogos por la Paz en el Castillo de Chapultepec, donde ante el presidente Felipe Calderón denunció la detención ilegal y desaparición forzada que sufrió su hijo Jorge Mario, de 18 años, el primero de julio de 2010, cuando viajaba con amigos desde Hermosillo a Ciudad Obregón, Sonora.

Don Nepo, había denunciado amenazas dos semanas antes de ser asesinado.

Era integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Sandra Luz Hernández

El 12 de mayo de 2015, Sandra Luz Hernández fue asesinada en Sinaloa cuando se dirigía a un encuentro con un informante que supuestamente le daría información del paradero de su hijo Edgar García Hernández, de 25 años; desaparecido desde el 12 de febrero de 2012 después de que personas armadas se lo llevaron de su casa por la fuerza.

Se unió al colectivo Madres con Hijos Desaparecidos, en Culiacán, Sinaloa.

Bernardo Carreto

El 22 de diciembre de 2015, Bernardo Carreto fue asesinado en Tepozcuautla, Guerrero, mientras viajaba en su camioneta con su familia. Buscaba a sus hijos Víctor, Juan y Miguel Carreto Cuevas, de 15, 20 y 23 años, secuestrados y desaparecidos el 10 de mayo del mismo año,  por un grupo armado en un retén en la entrada de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Los tres jóvenes se dirigían a vender una becerra para comprar el regalo de su madre, Rosa Cuevas.

Bernardo empezó a recibir amenazas al menos cuatro meses antes de su asesinato, y pese a ello, las autoridades no le brindaron protección.

José de Jesús Jiménez Gaona

José de Jesús Jiménez Gaona, padre de Jenny Isabel Jiménez Vázquez, fue asesinado en junio de 2016 mientras circulaba en su auto casi frente a la fiscalía del estado, en Poza Rica, Veracruz. Su esposa quedó herida. Buscaba a su hija Jenny Isabel, de 23 años, desde mayo de 2011, cuando salió a cenar con unos amigos y nunca regresó.

Dos meses antes de su asesinato, durante una búsqueda en campo, habría localizado junto a otras personas buscadoras 15 fosas clandestinas.

José de Jesús pertenecía a la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Miriam Rodríguez 

Miriam Rodríguez, fue asesinada en su casa en San Fernando, Tamaulipas el 10 de mayo de 2017 por los secuestradores y asesinos de su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, de 16 años, secuestrada y desaparecida en enero de 2014 en Tamaulipas.

La buscadora empezó a recibir amenazas después de investigar a los responsables del plagio y lograr la detención de, al menos, nueve de ellos.

Pablo Iván Miramontes

Pablo Iván Miramontes fue desaparecido y asesinado 100 días después de la desaparición de su hermano César Alejandro, en abril de 2018 en el centro de Guadalajara, Jalisco. El buscador desapareció después de haber recibido una llamada telefónica de un supuesto informante sobre el paradero de su hermano, y de acudir a la cita para recibir los datos. Dos semanas más tarde, su cuerpo fue localizado en una fosa clandestina ubicada a pocos kilómetros de la casa familiar.

José Iván Orozco Medina

José Iván Orozco Medina, falleció en enero de 2018 a causa de una agresión a balazos cuando viajaba en la carretera San Francisco-Nuevo Zirosto, en Uruapan, Michoacán. Buscaba a su padre Leonel Orozco y a sus hermanos Leonel y Moisés, desaparecidos en 2008, 2009 y 2012 en Michoacán. Su padre fue extraído de la casa familiar por hombres armados vestidos con ropa militar.

Era integrante del colectivo Familiares caminando por la justicia.

Zenaida Pulido Lombera

Cuando se dirigía a denunciar amenazas de muerte en su contra, Zenaida Pulido Lombera fue asesinada por un comando armado en Aquila, Michoacán, el 19 de julio de 2019. La buscadora que meses antes de su asesinato coordinó la Quinta Caravana “Buscando encontraremos”, buscaba a su esposo Elidio Cisneros, desaparecido en 2003.

Durante la caravana, localizó una fosa con restos óseos en Tizupan, a partir de ese momento empezó a recibir amenazas.

Era integrante del colectivo Familiares Caminando por Justicia, en Michoacán.

María del Rosario Zavala

María del Rosario Zavala fue asesinada en la puerta de su casa el 14 de octubre de 2020 en León, Guanajuato, tras una jornada de búsqueda en la que un joven le dijo que sabía dónde se encontraba su hijo Yatziri Misael Cardona Zavala, de 16 años, desaparecido en diciembre 2019 después de que un grupo de hombres armados lo sacaron por la fuerza de la casa familiar.

Francisco Javier Barajas

Francisco Javier Barajas, fue asesinado la noche del 29 de mayo de 2021 cuando caminaba por las calles del centro de Salvatierra. Buscó a su hermana Lupita Barajas, quien desapareció en febrero de 2020, tras salir de la casa de sus padres y fue localizada en una fosa clandestina cuatro meses después. Tras encontrar a su hermana, Javier continuó sus labores como buscador activo. 

Era integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato.

Aranza Ramos 

El 15 de julio de 2021, un día después de participar en una jornada de búsqueda en campo en la que colectivos localizaron un lugar donde se realizaban asesinatos, un grupo de hombres armados ingresaron a la casa de la buscadora Aranza Ramos y se la llevaron por la fuerza frente a su madre y su bebé de dos años; minutos más su cuerpo fue localizado sin vida. Aranza buscaba a su esposo Brayan Omar Celaya, desaparecido en diciembre de 2020.

Era integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora.

José Nicanor Araiza Dávila

7 días después del asesinato de la buscadora Aranza Ramos, se registró el homicidio de José Nicanor Araiza Dávila, quien fue sacado por la fuerza de su casa en Villa de Cos, Zacatecas. Cinco días más tarde, su cuerpo fue localizado sin vida en una brecha de terracería al norte del estado. Buscaba a su hijo, José Nicanor Araiza Hernández, de 27 años, desaparecido desde el 30 de septiembre de 2018, cuando después de recibir una llamada, salió de casa y no volvió.

Pertenecía y colaboraba con varios colectivos de familiares de personas desaparecidas en Zacatecas.

Jorge Ulises Cardona Zavala

Jorge Ulises Cardona Zavala, hijo de la buscadora Rosario Zavala, fue asesinado por sujetos armados que viajaban en una motocicleta en Guanajuato en 2022, 2 años después del homicidio de su madre. Buscaba a su hermano Yatziri Misael Cardona, de 16 años, desaparecido en diciembre de 2019 después de que un grupo de hombres armados lo sacó por la fuerza de la casa familiar.

Brenda Jazmín Beltrán Jaime

Brenda Jazmín Beltrán Jaime, fue asesinada el 17 de julio de 2022 en Cajeme, Sonora. Su cuerpo fue localizado en un hotel con huellas de violencia extrema. Buscaba a su hermano Luis Heraldo, desaparecido desde el primero de diciembre de 2018 en Bacúm, Sonora, después de ser privado de su libertad por un grupo armado.

Formaba parte del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme.

Grisell Pérez Rivera 

Grisell Pérez Rivera, fue desaparecida el 26 de marzo de 2021 y localizada sin vida en agosto de 2022 en Hidalgo. Aunque no tenía ningún familiar desaparecido, dedicó muchos años de su vida a acompañar a familiares de mujeres desaparecidas.

Rosario Lilián Rodríguez Barraza

Rosario Lilián Rodríguez Barraza, fue asesinada el 31 de agosto de 2022 en La Cruz de Elota, Sinaloa; un día antes fue subida a una camioneta a la fuerza cuando salía de una misa dedicada a su hijo Fernando Abixahi Ramírez Rodríguez, de 20 años, desaparecido el 16 de octubre de 2019. También buscaba a su hermana Diana Carolina Rodríguez Sánchez, desaparecida el 27 de septiembre de 2019.

Dos semanas antes de su homicidio, la buscadora, integrante del colectivo Buscadores sin Justicia, denunció la inacción de las autoridades.

Blanca Esmeralda Gallardo 

El 4 de octubre de 2022, Blanca Esmeralda Gallardo fue asesinada en Puebla mientras estaba a la espera de que terminaran las investigaciones de la Fiscalía General del Estado por la desaparición de su hija Betzabé Alvarado Gallardo, de 22 años. La buscadora fue asesinada en Villa Frontera, una colonia al norte de Puebla, cerca del mismo lugar donde desapareció su hija el 13 de enero de 2021.

Formaba parte del colectivo Voz de los Desaparecidos.

María del Carmen Vázquez Ramírez

María del Carmen Vázquez Ramírez, buscaba a su hijo Osmar Zúñiga Vázquez, desaparecido en junio de 2022. Fue asesinada en Guanajuato 5 meses después, el 6 de noviembre de 2022, por dos hombres en motocicleta que dispararon contra ella afuera de su casa en Abasolo, Guanajuato.

Era integrante de los colectivos Hasta encontrarte y Personas Desaparecidas de Pénjamo.

Teresa Magueyal Ramírez

Teresa Magueyal Ramírez, fue asesinada en la comunidad de San Miguel Octopan, Guanajuato el 2 de mayo de 2023 en las cercanías de un jardín de niños mientras circulaba en su bicicleta. Buscaba a su hijo José Luis Apaseo Magueyal, desaparecido el 6 de abril de 2020, en Celaya, Guanajuato.

Tras la desaparición de su hijo, se unió al colectivo Una Promesa Por Cumplir.

Griselda Armas

El 23 de octubre de 2023, Griselda Armas fue asesinada durante una balacera entre civiles armados y policías en Tacámbaro, Michoacán. En el ataque también falleció su esposo Marco Antonio Valdovinos. Griselda buscaba a su hijo Diego Yahir Valdovinos Armas, de 16 años, desaparecido un mes antes.

Tras su asesinato, familiares señalaron que la madre buscadora había recibido amenazas por parte de miembros de grupos del crimen organizado.

Angelita Almeraz León

Angelita Almeraz León, buscaba a su hermano José Juan Vázquez León, desaparecido en junio de 2018. Fue asesinada en una agresión directa con arma de fuego dentro de su salón de belleza en Baja California el 8 de febrero de 2024.

La buscadora había recibido amenazas de muerte; al momento de su homicidio, era beneficiaria del Mecanismo Estatal de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de Baja California.

Era presidenta del colectivo Unión y fuerza por nuestros desaparecidos, Tecate.

Noé Sandoval Adame

Cinco días después del homicidio de la buscadora Angelita, el padre buscador Noé Sandoval Adame fue asesinado en Zumpango, cerca de Chilpancingo, Guerrero, el 13 de febrero de 2024, en un ataque directo con arma de fuego afuera de su casa. Buscaba a su hijo Kevin Sandoval Mesa, de 16 años, desaparecido el 17 de noviembre de 2023 después de enlistarse en una cuadrilla de trabajo para cortar madera en la Costa Chica de Guerrero.

Era miembro del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera Chilpancingo.

Sofía Raygoza Ceballos

Sofía Raygoza Ceballos, fue localizada sin vida con huellas de violencia dentro de un vehículo en Villanueva, Zacatecas, el 8 de febrero de 2025. En 2023 reportó la desaparición de su hija Frida Sofía Murillo Raygoza, quien fue localizada con vida meses después. Durante el tiempo de búsqueda de su hija, Raygoza cuestionó la negligencia, protocolos y métodos de la fiscalía estatal; además, se convirtió en una voz incómoda por encarar autoridades.

Magdaleno Pérez Santos

Magdaleno Pérez Santes, padre buscador de Diana Paloma Pérez Vargas, desaparecida en 2019. Fue asesinado en Poza Rica, Veracruz, en marzo de 2025.

Teresa González Murillo

El 27 de marzo de 2025, Teresa González Murillo, buscadora en Jalisco, fue agredida con arma de fuego tras resistirse a un secuestro en su casa; seis días después se confirmó su fallecimiento. Tras su muerte, la Fiscalía de Jalisco afirmó que de acuerdo a las investigaciones la agresión fue derivada de un intento de robo, y aceptó que no tiene como línea de investigación su actividad como buscadora.

Organizaciones como el CEPAD y colectivos como “Luz de esperanza”, del que era integrante, piden que no se descarte su actividad como buscadora.

“Demandamos a las autoridades competentes una investigación exhaustiva y transparente que conduzca a la pronta detención de los responsables de este atroz crimen, es imperativo el que se garantice la seguridad de todas las personas dedicadas a la noble labor de búsqueda, para que puedan ejercer su derecho sin temor ni amenazas”, señaló a través de un comunicado el colectivo Luz de Esperanza.

Teresita, como se le conocía a la buscadora, se unió al colectivo “Luz de Esperanza” en Jalisco, en septiembre de 2024, para buscar a su hermano Jaime Gonzaléz Murillo, quien fue visto por última vez en el centro de Guadalajara, zona en la que la buscadora era líder de comerciantes ambulantes.

Guanajuato, el estado de los buscadores desaparecidos

A estas 27 personas buscadoras asesinadas por buscar a un familiar se suman los nombres de las buscadoras Lorenza Cano Flores y Luz Alejandra Lara Cárdenas y el del buscador Óscar Iván Jiménez Torres, quienes desaparecieron en distintos hechos en 2024, todos en el estado de Guanajuato.

La primera buscadora de la que se ha reportado su desaparición es Lorenza Cano Flores, quien fue desaparecida después de que un comando armado entró a su casa en Salamanca, Guanajuato, para llevársela por la fuerza. Al intentar detener a los sujetos armados, su esposo y su hijo fueron asesinados. Desde aquel 15 de enero de 2024 se desconoce su paradero.

Lorenza Cano busca a su hermano José Francisco, desaparecido el 17 de agosto de 2018. 

Pertenece al colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos.

Once meses después, el 5 de noviembre, la pareja buscadora Luz Alejandra Lara Cárdenas y Óscar Iván Jiménez Torres fueron desaparecidos en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tras recibir una llamada telefónica, informaron a sus familiares que saldrían un momento y volverían más tarde a la casa de un primo donde estaba reunida la familia. La pareja jamás regresó. Un día después la camioneta en la que se trasladaban fue localizada abandonada. 

Ambos participaban en la búsqueda del hermano de Oscar, Abel Jiménez Torres, desaparecido desde el 21 de mayo de 2017. La pareja era integrante del colectivo Proyecto de búsqueda de Guanajuato. 

Por está desaparición, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos emitió una acción urgente para la búsqueda, localización y debida diligencia en el caso.

“Instamos a las autoridades de investigación y búsqueda estatales a coordinar esfuerzos para localizarles y esclarecer los hechos, respetando el derechos de participación de familiares y actores interesados”, publicó en su cuenta oficial de X la oficina del Alto Comisionado de la ONU DH.

Tras el asesinato de la buscadora Teresa González Murillo organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro ProDH y el Consejo Iberoamericano de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) condenaron el homicidio y se unieron a las exigencias de justicia así como de una investigación exhaustiva. 

“Desde el CentroProdh nos unimos a la exigencia de justicia tras el asesinato de Teresa González, quien buscaba a su hermano, Jaime González Murillo. Nuestra solidaridad con su familia y el colectivo @LuzEsperanz_ofi. Nuevamente, hacemos un llamado al Estado de garantizar el derecho a la búsqueda y a la seguridad de #MadresBuscadoras, para que ya no haya más asesinatos, porque #BuscarNoDebeCostarLaVida”, publicó el organismo en su cuenta oficial de X, @CentroProdh. 

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó el asesinato de la buscadora y exhortó a las autoridades a realizar una investigación para que se garantice el derecho a la verdad y a la justicia para los familiares y para la sociedad mexicana en su conjunto.

FUENTE: A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS.
AUTOR: ANALY NUÑO, ARANZAZÚ AYALA MARTÍNEZ.

Ceci Flores revela que Adán Augusto le ofreció seguridad a cambio de dejar de buscar a sus hijos

La activista asegura que no ha tenido contacto con la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La madre buscadora de Sonora, Ceci Flores, dio a conocer que Adán Augusto López, cuando era secretario de Gobernación en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, le pidió dejar de buscar a sus hijos a cambio de seguridad. 

En entrevista en el Senado de la República, la madre buscadora, quien acudió para reunirse con la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Margarita Valdez, también afirmó que en la actual administración de la Secretaría de Gobernación no las han invitado a dialogar.
“Me dicen que no puedo buscar o escojo, busco a mis desaparecidos, o me dan una seguridad permanente. Yo prefiero buscar a mis hijos”, relató.

Al ser cuestionada sobre si esa propuesta fue de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la madre buscadora Ceci Flores afirmó que fue el actual senador morenista Adán Augusto López, extitular de Gobernación.

Sobre Rosa Icela Rodríguez, la madre buscadora de Sonora dijo: “Yo no he hablado con la secretaria, ella tampoco ha hablado ninguna conversación conmigo, ni ha siquiera tomado el tema de nuestros desaparecidos”.

Asimismo negó que se hubiera invitado a las Madres Buscadoras de Jalisco, al no ser convocada su representante Virginia Ponce.
“Solamente están invitando a colectivos que ellos quieren que los puedan manipular. Pero no nos han invitado a nosotras ni a la señora Virginia Ponce. Dijeron, invitaron a las Madres Buscadoras de Jalisco, mienten, a las Madres Buscadoras de Jalisco. Ella es la representante de Madres Buscadoras de Jalisco.

“Si otra persona está diciendo que representa a Madres Buscadoras de Jalisco, mienten, yo soy la única representante. Yo soy la líder de Madres Buscadoras de Jalisco, la fundadora. Traigo mi camisa bien puesta, como siempre. Si nos invitan, vamos a ir, pero siempre con la verdad. No nos van a manipular de ninguna manera. No nos van a hacer que manipulemos información y que digamos lo que ellos quieran”, afirmó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

La FGJ-CdMx investiga a empresas, organizadores y autoridades por muertes en festival

Tras el colapso de una estructura en el festival AXE Ceremonia, la Fiscalía capitalina avanza en la investigación para esclarecer los hechos y garantizar que las muertes de los dos fotógrafos no queden impunes.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), Bertha Alcalde Luján, emitió este lunes un mensaje sobre el trágico accidente ocurrido en el festival AXE Ceremonia 2025, en el Parque Bicentenario.

En el incidente, una estructura decorativa movilizada por una grúa colapsó, lo que cobró la vida de los fotógrafos Miguel Ángel Rojas Hernández, de 26 años, y Citlalli Berenice Giles Rivera, de 28 años.

Las familias de ambas víctimas del accidente denunciaron que algunos de los objetos personales de los fallecidos no les han sido devueltos.

En el caso de Berenice, su cámara, la cual era su herramienta de trabajo, sigue desaparecida. Por otro lado, la familia de Miguel Ángel reportó que no se les han entregado sus tenis, cartera y mochila. Estos hechos se suman a la indignación y al dolor de las familias, amigos y colegas de los fotoperiodistas.
La Fiscalía expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y destacó que ha proporcionado apoyo integral con personal de psicología, trabajo social y asesoría jurídica.
"Es muy importante que un caso como este no quede impune, tanto por el daño y el dolor que causa a las víctimas directas, como por quienes asisten a estos eventos como espectadores y profesionales, quienes tienen derecho a hacerlo en condiciones óptimas de seguridad", subrayó la titular.
Desde el conocimiento del suceso, se dio inicio a una investigación con dos componentes: el fáctico, para esclarecer cómo y por qué colapsó la grúa, y el jurídico, para determinar responsabilidades.

La titular informó que la investigación abarca tres áreas:
  • Personas y empresas que operaban la maquinaria, responsables de garantizar su adecuada instalación.
  • Organizadores del evento, quienes debieron asegurar que las instalaciones cumplían con las normas de seguridad.
  • Autoridades encargadas de supervisar el evento, tanto antes como durante y después de su realización.


Hasta el momento, se han avanzado inspecciones físicas, evaluaciones periciales, revisión de documentos y entrevistas a testigos e involucrados.

"Trabajaremos lo más rápido posible para esclarecer los hechos y procurar que se haga justicia", afirmó al reiterar el compromiso de garantizar seguridad en eventos masivos.

Brugada respalda revisión de concesión

La Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, también reiteró su compromiso con las familias de las víctimas del accidente.

Brugada expresó sus condolencias y aseguró que su administración estará al lado de las familias para garantizar justicia, la reparación integral del daño y la implementación de medidas para la no repetición de este tipo de tragedias.

Durante su intervención, Brugada destacó que la FGJ-CdMx ya está llevando a cabo una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades.
“Hay responsabilidades que todos vemos a simple vista, como son los de la empresa encargada de este evento y todas las demás responsabilidades de todo el proceso. La Fiscalía es la responsable de investigar, pero es obvio que ahí pasaron cosas que no podemos dejar que haya impunidad”, declaró al señalar que las empresas encargadas del evento y las autoridades involucradas serán investigadas.
La mandataria enfatizó que no se permitirá la impunidad en este caso y que se trabajará para determinar quiénes fallaron en garantizar la seguridad de los asistentes.

Además, Brugada celebró la decisión de la Presidenta Sheinbaum de revisar la concesión del Parque Bicentenario, lugar donde ocurrió el accidente.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Harfuch reconoce que en los siguientes años el Gobierno se concentrará en extorsiones

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que la extorsión es el único delito de alto impacto que no ha tenido una reducción en el actual sexenio, por lo que el Gobierno de México trabaja y concentrará sus esfuerzos en los próximos años para combatir dicho problema, en especial el que afecta físicamente a negocios.

A pesar de que, según datos oficiales que ha revelado el Gobierno de México, la mayoría de los llamados delitos de alto impacto ha mostrado una reducción en lo que va del sexenio actual, hay uno que persiste y no ha cedido: la extorsión. Esto, de acuerdo con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En el programa de "Los Periodistas", que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire y Canal Once, el titular de la SSPC señaló que disminuir la extorsión en el país es uno de los pendientes que tiene la actual Administración,  comandada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
"Todos los delitos, en lo que va de la Administración, han ido a la baja, menos el delito de extorsión. El delito de extorsión no ha bajado", señaló García Harfuch en respuesta a un cuestionamiento que le fue planteado sobre las acciones que pueden llevar a la cabo las agencias de seguridad para contrarrestar los actos de extorsión de los que pueden llegar a ser víctimas algunos establecimientos comerciales.
El Secretario indicó que el Gobierno federal, con el apoyo de las instituciones que conforman al Gabinete de Seguridad, trabaja actualmente para combatir las extorsiones en el país, y habló sobre la importancia de que las fiscalías estatales también participen activamente en las labores de contención.


"Es un delito que estamos trabajando y que tenemos que homologar con las fiscalías estatales. ¿Por qué? Porque es el primer contacto con la ciudadanía, las autoridades locales", mencionó el funcionario en el espacio conducido por Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela.
Extorsión a negocios, la prioridad

En su participación con "Los Periodistas", Omar García Harfuch explicó que existen varios tipos de extorsión, desde aquella a gran escala que se presenta en sectores como el de la agricultura, hasta las que están dirigidas a pequeños negocios o a la ciudadanía en general.
"Hay casos muchos más graves de extorsión, como los ciclos productivos de limón o de aguacate en Michoacán, donde el Ejército mexicano ha tenido de octubre a la fecha una cantidad de detenciones impresionantes y operativos constantes, pero también hay las extorsiones más comunes", detalló el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Dentro de esas "extorsiones comunes", Harfuch puso como ejemplo la telefónica, misma que, dijo, "genera una alta percepción de inseguridad", pese a que no representa un riesgo físico para las posibles víctimas.
No obstante, la que genera mayor preocupación para el Gobierno mexicano en la actualidad, es la extorsión física que afecta a los negocios, es decir, el llamado cobro o derecho de piso que grupos delincuenciales exigen en tiendas de abarrotes, papelerías, estéticas, ferreterías y demás negocios locales, con tal de que puedan operar en la zona en cuestión.
"La extorsión física, en los negocios, es la que más nos ocupa en estos momentos porque es la que puede generar un daño a la víctima", apuntó el titular de la SSPC.
Extorsión: calamidad que agobia negocios en México

La extorsión es uno de los temas a los que la Administración de Claudia Sheinbaum debe prestar especial atención, al ser uno de los principales de los principales delitos registrados en territorio nacional durante los últimos años.

El cobro de derecho de piso, es decir, la exigencia de dinero a cambio de que los establecimientos no sufran algún quebranto, fue la calamidad que más padecieron los dueños o encargados de negocios en el país durante 2023, pues en 18 estados de la República fue el delito que los afectados ubicaron como la principal preocupación.


El segundo delito que los empresarios padecen con más frecuencia es el robo de mercancía en tránsito, en por lo menos 19 entidades federativas.

A nivel nacional, de enero a noviembre de 2023, se registraron 10 mil 255 víctimas de extorsión, un alza marginal del 0.80 por ciento respecto al mismo período de 2022, que contabilizó 10 mil 172 víctimas del mismo delito.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“El fiscal del terror” busca ser juez en Michoacán; lo vinculan con el narco y el asesinato de dos periodistas

Exfiscal destituido en 2022 tras la filtración de audios en los que presuntamente negociaba con un líder criminal busca ser electo como juez en Michoacán en la elección judicial del próximo 1 de junio.

Francisco Herrera Franco, exfiscal regional de Michoacán durante la administración del exgobernador Silvano Aureoles, competirá en la próxima elección judicial, pese a haber sido señalado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y estar supuestamente relacionado con el asesinato de dos periodistas. 

De acuerdo con el listado definitivo de candidaturas, aprobado el pasado 21 de marzo por el Instituto Nacional Electoral (INE), Herrera Franco aparecerá en la boleta electoral en el estado de Michoacán, circuito 11, postulado por el Poder Legislativo para ocupar un cargo como juez federal en materia penal. 

Apodado “el fiscal del terror”, Herrera Franco fue destituido de su cargo en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán en mayo de 2022, luego de que se filtraron unos audios donde se le escuchaba presuntamente pactando con un líder criminal de la entidad, dejando este y más señalamientos en su contra sin resolver.

Pese a lo anterior, en el sistema del INE llamado “Conóceles” -plataforma en la que los ciudadanos pueden consultar los perfiles de las y los candidatos al Poder Judicial- Herrera Franco asegura que una de sus propuestas es trabajar en contra de “la impunidad y la corrupción (que) han sido problemas determinantes para un distanciamiento entre los ciudadanos y los jueces”.  

Animal Político buscó a Herrera Franco para cuestionarlo sobre los señalamientos en su contra y los motivos de su destitución, pero al cierre de edición no se recibió respuesta de su parte.

Organizaciones de la sociedad civil como Defensorxs, Artículo 19, Laboratorio Electoral, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Práctica: Laboratorio para la Democracia y el Observatorio Sonora por la Seguridad, que están vigilando la elección judicial, han detectado varios perfiles de candidatos con irregularidades, que podrían estar relacionados a actividades de la delincuencia organizada, como es el caso de Herrera Franco.

El exfiscal se suma a cuatro candidatos más del Poder Judicial que son señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado y que ya fueron denunciados.


Representantes mazahuas acusan a exfiscal de Michoacán de estar involucrado con la delincuencia organizada

El primer señalamiento vertido en contra de Herrera Franco por supuestamente estar ligado al narcotráfico ocurrió en febrero de 2021, cuando representantes mazahuas de diversas comunidades de Zitácuaro acusaron directamente al fiscal regional de presionarlos para que sus pobladores se unieran a un grupo delictivo. 

“Acabamos de enterarnos que están del lado de un cártel y que llegan a instruir a nuestro pueblo que se integren a un bando. Señor fiscal, asuma su responsabilidad como funcionario, usted no tiene por qué estar llegando a los pueblos a decir ‘intégrate a este cártel’ ¿Por qué hace eso?”, le cuestionó uno de los representantes populares, según lo documentó el portal de noticias Índice Político.

En la reunión en la que se denunciaron los hechos participaron autoridades comunales y ejidales de Crescencio Morales, Carpinteros, Francisco Serrato y Donaciano Ojeda, así como autoridades estatales y municipales. La reunión se realizó luego de que la noche del domingo 17 de enero y la madrugada del 18, 13 habitantes de la tenencia de Donaciano Guerra fueron asesinados y uno más resultó lesionado en un enfrentamiento con un presunto grupo criminal de talamontes.


Esta situación derivó en el levantamiento armado de las comunidades en autodefensas, acusando el abandono del gobierno, entonces encabezado por Silvano Aureoles y el presidente del ayuntamiento de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello, quien abandonó el cargo, a siete meses de haber ganado la reelección, para competir por la gubernatura de la entidad. 

En un intento por desactivar este movimiento de las comunidades indígenas, autoridades municipales y estatales entablaron mesas de trabajo, donde participó Herrera Franco, pero los acercamientos no prosperaron debido a que desde el primer encuentro los pobladores acusaron los vínculos del fiscal regional con el crimen organizado. 

En la reunión celebrada el 9 de febrero de 2021, los pobladores lanzaron una de las primeras acusaciones contra Herrera Franco: 

“¿Quiere que se aplique la ley? Que se aplique primero en usted, porque está incurriendo en un delito. ¿Por qué da esas instrucciones de que mi pueblo se integre a un grupo delincuencial? Tenemos pruebas y en su momento se presentarán. Ya estamos hartos de que ustedes como funcionarios se les nombra para que resguarden el territorio ¿y qué hacen? Se involucran con la gente que daña este país y ahora sí quieren aplicar la ley ¿y a ustedes quién se las aplica de sus actos? Nada más espero que no por haber hablado aquí nos pase lo que le pasó a los de Ayotzinapa, ya no puede uno hablar porque luego la represión y el mismo funcionario que lo debe de cuidar a uno es el que lo manda a desaparecer”, señaló uno de los denunciantes, en un video que se difundió ampliamente en redes sociales.

En particular, las y los pobladores acusaron al entonces fiscal regional de operar para el grupo conocido como “Cártel de los Cristaleros”, ligado al Cártel de la Familia Michoacana, que opera entre los límites de Michoacán y el Estado de México. Este grupo es señalado por la fabricación, tráfico y venta de metanfetamina, además de extorsiones, despojo de propiedades y cobro de piso, dio a conocer el periódico La Jornada en una nota publicada días después.

El vínculo de exfiscal con asesinato de dos periodista de Michoacán

En medio de las acusaciones vertidas en contra del entonces fiscal regional, el reportero Roberto Toledo fue asesinado en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, el 31 de enero de 2022, cuando se encontraba fuera de las oficinas del portal Monitor Michoacán, lugar en el que el comunicador colaboraba.

El director del portal, Armando Linares, informó sobre la muerte del reportero en una transmisión en vivo en Facebook, en la que consideró que el ataque se debió a que el portal que diriguía denunciaba actos de corrupción de políticos. 

“Exhibir corrupciones de políticos y funcionarios el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros […] perdió la vida en manos de tres personas que le dispararon de una manera ruin y de una manera cobarde. Nosotros no estamos armados y no traemos armas, nuestra única defensa es una pluma, un lapicero y una libreta. Hay nombres y sabemos de dónde viene todo esto”, dijo. 

En entrevista para Milenio, Armando Linares reveló que el portal Monitor Michoacán había recibido amenazas desde 2021, luego que la agencia denunció actos de corrupción del gobierno de Zitácuaro, presidido por el priista Antonio Orihuela, y de quien era el fiscal regional, Herrera Franco.


“Las amenazas eran prácticamente para todo el equipo de Monitor Michoacán, las cuales comenzaron hace un año cuando exhibimos una corrupción del fiscal regional, que estaba en Zitácuaro, Francisco Herrera Franco”, aseguró. Por este motivo, Roberto manejaba un perfil bajo, justo para evitar riesgos dadas las amenazas, las cuales ya habían sido denunciadas en su momento contra el fiscal. 

Incluso, desde el 3 de noviembre de 2021, el portal publicó: “Tras varios años de sembrar el pánico y abusar del poder conferido, este martes trascendió que Francisco Herrera Franco ya no es el fiscal regional de Zitácuaro, en lo oscurito y por la puerta de atrás, el hasta hoy fiscal de este municipio fue cambiado al municipio de Apatzingán, según fuentes extraoficiales de esa dependencia. Su lugar será ocupado por Alberto Núñez Mora, quien desempeñó ese mismo cargo en Uruapan”.

“Las amenazas surgieron hace poco más de un año y tres meses cuando empezamos a exhibir algunas situaciones graves con el exfiscal regional de Zitácuaro, Francisco Herrara Franco, quien fue señalado por el ahora autogobierno de las comunidades de pretender invitarlos a que se unieran a una célula delincuencial. Posteriormente llega la nueva administración municipal y estas amenazas se hicieron más fuertes, estas llamadas eran muy continuas y muy directas de que le bajáramos en tono con el fiscal como con el gobierno”, abundó Linares en entrevista para Azucena Uresti en Radio Fórmula.

Con el asesinato de Roberto Toledo, ese año sumaron cuatro asesinatos de periodistas en el país. Los otros fueron la periodista Lourdes Maldonado y el fotoperiodista Margarito Esquivel, en Tijuana, Baja California, y José Luis Gamboa, director de un portal en Veracruz. 

En una publicación realizada el 28 de enero, tres días antes del asesinato de Roberto Toledo, Linares informó que habían solicitado protección federal: “Temo por mi vida, por supuesto, y estaré solicitando la protección federal; se estarán presentando las denuncias correspondientes, por lo pronto ya hay un acercamiento con el gobierno federal para este tema”.

A pesar de ello, el 15 de marzo de 2022, Armando Linares, director del medio Monitor Michoacán, también fue asesinado. El crimen ocurrió apenas dos meses después de que Linares denunciara en las redes sociales de la agencia las amenazas dirigidas a su equipo de trabajo y al abogado Joel Vera, colaborador del medio.

Tras el asesinato de ambos comunicadores, el medio digital Monitor Michoacán tomó la decisión de cerrar en definitiva sus plataformas al asegurar que “las autoridades deben actuar oportunamente y no esperar a que un periodista sea asesinado”. 

El 24 de marzo de 2022, la Fiscalía General del Estado de Michoacán acordó revisar 21 carpetas de investigación acumuladas desde el 2007 sobre periodistas desaparecidos y asesinados en la entidad, en una reunión en la que tanto el fiscal Adrián López Solis y sus colaboradores escucharon las demandas del gremio periodístico de la entidad. 

Agrupados en el colectivo Ni Uno Más, las y los periodistas exigieron que se avanzara en las investigaciones para dar con los responsables de los asesinatos de Roberto Toledo y Armando Linares, del portal de noticias Monitor Michoacán, según lo reportó El Sol de Morelia.  

Las y los periodistas insistieron en que la Fiscalía investigara las amenazas contra el grupo periodístico, luego de que su director Armando Linares señaló al alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela y al exfiscal regional de Zitácuaro, Francisco Herrera Franco.

Además, le recriminaron que la institución no dio protección adecuada a las víctimas, por lo que exigieron que el caso de los dos periodistas asesinados fuera atraído por la Fiscalía General de la República (FGR). López Solís informó que la carpeta ya le había sido entregada a las autoridades federales, pero que el caso se mantenía en el fuero local.

Por llamada con supuesto líder criminal, termina administración de Herrera Franco

A pesar de los señalamientos previos, una llamada entre el fiscal regional de Apatzingán, Francisco Herrera Franco, y Edwin Rivera Padilla, alias ‘El Barbas’, presunto líder criminal en el oriente de Michoacán, derivó en el despido de Herrera Franco.

De acuerdo con la agencia de noticias 90 Grados, en esta llamada Herrera Franco y Rivera Padilla -asesinado con otras 19 personas en un palenque clandestino en Zinapécuaro- discutieron sobre un homicidio cometido por un miembro del grupo del Barbas, y le pidieron ayuda al entonces fiscal de Zitácuaro.

En la llamada, Herrera Franco aconsejó a su interlocutor que su socio se entregara para simular un delito culposo y no uno cometido con dolo. Al finalizar la llamada, Rivera Padilla agradeció al fiscal su ayuda, manifestando que “sabe que estoy ‘al cien’ con usted, lo que pida se le trata de apoyar, yo sé que usted igual”. “Ya sabes que jalamos bien”, respondió Herrera Franco.

Tras la filtración de la llamada, Herrera Franco fue destituido de la Fiscalía General del Estado. 

A la lista de denuncias en su contra también se suma la del empresario Jesús Ricardo Cordero Ontiveros, quien en septiembre de 2019 denunció al exfiscal por supuestamente fabricarle una “acusación legal” en su contra o la denuncia de un ciudadano que lo acusó por una presunta detención ilegal e incomunicación cuando era fiscal regional de Zitácuaro. 

Herrera Franco al igual que otros funcionarios de seguridad llegaron a Michoacán de la mano del excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, y el exprocurador de justicia y exsecretario de seguridad estatal, José Martín Godoy Castro, quienes formaron el denominado grupo de “Los Chilangos”, conocidos por su supuesta corrupción al interior de las citadas dependencias. 

Los compromisos políticos que contrajo el exgobernador Silvano Aureoles -que actualmente tiene una orden de aprehensión y una ficha roja emitida en su contra por la presunta comisión de diversos delitos- con el priismo por la ayuda prestada para llegar a la gubernatura, hicieron que el gobierno de Michoacán mantuviera a los funcionarios señalados en sus cargos y protegiera a “Los Chilangos” a pesar de sus escándalos. 

Organización denuncia que siete candidatos de la elección judicial están relacionados al crimen organizado y violencia de género

Desde el pasado 15 de marzo, Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs A.C. informó que diversas ciudadanas y ciudadanos del país denunciaron que al menos siete personas candidatas que aparecerán en las boletas en las próximas elecciones por un cargo dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) están presuntamente relacionados con actividades del crimen organizado y con denuncias por violencia de género o acoso. 

Se trata de cuatro candidatos que competirán por ser jueces o magistrados en materia penal que fueron denunciados por estar supuestamente vinculados a la delincuencia organizada y tres candidatos denunciados por violencia de género y acoso, que podrían aparecer en las boletas para la próxima elección judicial a celebrarse el próximo 1 de junio de 2025.

Desde antes del inicio de las campañas, que comenzaron este domingo 30 de marzo, la organización Defensorxs comenzó a realizar actividades de “vigilancia ciudadana de la elección judicial”. Mediante cuatro grupos y un total de 700 personas monitorean, revisan e “identifican puntos de riesgo en la elección judicial”.

Una vez que reciben la denuncia, el equipo de litigio estratégico de la organización realiza la investigación que puede ser usada para presentar quejas o denuncias formales ante las autoridades competentes.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Negligencia y omisiones en Axe Ceremonia, detrás de muerte de fotógrafos Berenice y Miguel; exigen cancelar permisos del festival

Una grúa que colapsó, el silencio durante horas de los organizadores y la suspensión del festival Axe Ceremonia hasta el día siguiente, son parte de las negligencias y omisiones que envolvieron la muerte de los fotógrafos Berenice y Miguel.

Berenice y Miguel amaban la música y tomar fotografías de conciertos, hasta que fueron víctimas de la negligencia de los organizadores del Festival AXE Ceremonia 2025 en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

El pasado sábado 5 de abril alrededor de las 6 de la tarde, los jóvenes fotoperiodistas Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández cubrían el festival de música indie cuando quedaron sepultados debajo de una estructura metálica que colapsó debido a las fuertes rachas de viento. Berenice y Miguel fueron trasladados de emergencia al Hospital General Dr. Rubén Leñero, pero llegaron sin signos vitales.

A pesar del accidente, el festival continuó por horas con las presentaciones programadas, incluyendo las de Natanael Cano y Charli XCX. ​Siguió pese a que dos personas habían fallecido. Los asistentes, en su mayoría, supieron la noticia hasta que salieron del festival.

Las cuentas en redes sociales de AXE Ceremonia continuaron activas con lo que acontecía en el escenario. Hasta las 9 de la noche informaron sobre el incidente, pero no mencionaron a los fallecidos, solo hablaron de dos heridos, aunque el IMSS informó que los dos jóvenes llegaron sin vida al hospital.

Protesta en Parque Bicentenario por la muerte de Berenice y Miguel en el AXE Ceremonia 2025

Contrario a lo que pasó un día antes, cuando los organizadores del festival decidieron guardar silencio y que el show debía continuar hasta que terminaran los conciertos, al día siguiente con los sellos de clausura de fondo, los nombres de Berenice y Miguel se escucharon fuerte. Fotógrafos, periodistas, estudiantes y amigos colocaron un altar en la entrada del Parque Bicentenario.

Veladoras, flores y letreros con frases tan dolorosas como ciertas: ‘Ninguna pasión debería costar la vida’ o ‘Nadie merece morir por hacer lo que ama’, destacaron durante el homenaje a los jóvenes fotógrafos.

En un pronunciamiento, periodistas exigieron que se cancelen los permisos y concesiones de las empresas ECO Live, organizadora del festival, y Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, concesionaria del Parque, y las siguientes ediciones del festival AXE Ceremonia.

“Que nunca más haya un evento sin protocolos de seguridad suficientes y que prioricen el dinero por encima de la seguridad de sus asistentes y los trabajadores”, demandaron.


AXE Ceremonia 2025: negligencias y omisiones

La indignación tiene motivos de sobra. Los organizadores del festival colocaron osos decorativos sobre grúas de tijera para que los asistentes se ubicaran en el parque, para que tuvieran un punto de “encuentro seguro”. Sin embargo, esas grúas no deben ser usadas para colocar carteles, lonas o ninguna otra cosa. Uno de los fabricantes señala en uno de sus manuales que si se colocan carteles en una plataforma de tijera se genera “un efecto velero” que puede provocar que vuelquen.

Las autoridades se señalaron unas a otras. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, aseguró que hicieron una inspección el viernes, previo al festival de música, y la grúa que causó la muerte de los jóvenes no estaba colocada ni tampoco estaba contemplada en el programa especial de protección civil.

Mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México responsabilizó a los organizadores y a la alcaldía en un comunicado. “Estos lamentables hechos fueron el resultado de una deficiente supervisión de medidas preventivas por parte de los organizadores y las áreas operativas de la Alcaldía Miguel Hidalgo”, indicaron.

Horas después, alrededor de las 01:30 de la mañana del 6 de abril, cuando ya había terminado el primer día de conciertos, la alcaldía Miguel Hidalgo colocó sellos de suspensión en el Parque Bicentenario.

Qué empresa tiene la concesión del Parque Bicentenario y cuál organiza el festival AXE Ceremonia

Por ello, durante la jornada de protesta, los manifestantes también reclamaron a las autoridades no haber realizado una suspensión inmediata de las actividades del festival, así como la falta de protocolos de desalojo y el número insuficiente de personal de seguridad para poder cancelar el evento masivo.

Tras la muerte de los jóvenes fotógrafos, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) informó que revisará la concesión del Parque Bicentenario. Esto pese a que en 2023 ya había muerto un fotógrafo en ese lugar. Alberto Clavijo murió también en un accidente en el Parque Bicentenario, pero durante un concierto de RBD.

Desde el 1 de marzo de 2018 y hasta por 25 años, la concesión del Parque está en poder de Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP S.A. de C.V. cuyo representante legal es Charles Edward Mc Phail Trouyet.

Mientras que Grupo Eco pertenece a Diego Jiménez Labora Prieto, quien es el organizador del festival AXE Ceremonia. Actualmente la marca Ceremonia está registrada bajo La Agencia de los Socios, donde Jiménez Labora Prieto también tiene participación.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación.

Durante la velada en memoria de Bere y Mike, también se exhortó a la Fiscalía a realizar “una investigación que considere el encubrimiento de las muertes”, “que se finquen responsabilidades por los homicidios dolosos y la destitución de los funcionarios que permitieron la realización y continuación del festival a pesar del accidente”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NELDY SAN MARTÍN.

Sheinbaum defiende el diálogo como estrategia para evitar aranceles recíprocos de EU

La Presidenta Sheinbaum explicó que imponer aranceles al acero y aluminio podría aumentar los precios en México. Por ello, destacó que apuesta por el diálogo como medida para proteger a la economía nacional y a las empresas mexicanas.

En medio de las críticas de la oposición, que acusa al Gobierno de ceder ante la falta de aranceles recíprocos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la estrategia de México en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, que tienen como objetivo principal proteger la economía nacional y evitar incrementos en los precios internos.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo explicó que, aunque no se descarta imponer tarifas al acero y aluminio, el Gobierno prioriza el diálogo para evitar medidas que podrían impactar negativamente en los precios nacionales.

"Sería muy fácil poner aranceles al acero y al aluminio, pero eso incrementaría los precios aquí en México", señaló la mandataria federal.


En este contexto, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, viajará esta semana a Washington para continuar las pláticas con el objetivo de llegar a un acuerdo que proteja a la industria mexicana sin recurrir a medidas que afecten a los consumidores.

Sheinbaum Pardo destacó que el Gobierno federal mantiene comunicación constante con empresarios mexicanos para garantizar que cualquier decisión sea en beneficio de la economía nacional.

"Más allá de lo que haga otro país, nosotros buscamos evitar los aranceles recíprocos y hasta ahora lo hemos logrado", afirmó.


La titular del Ejecutivo también subrayó que, aunque Canadá ha optado por imponer aranceles, México respeta las decisiones de otras naciones y apuesta por una solución negociada.

Incluso, señaló que ello permitiría proteger a las empresas mexicanas sin generar aumentos en los precios de productos clave como el acero y el aluminio.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El exsecretario de Obras Públicas de Coyuca de Benítez es asesinado en Guerrero

Noel Garay Benítez, quien ocupó el cargo de Secretario de Obras Públicas durante la administración de Ossiel Pacheco Salas, fue asesinado en un ataque armado.

Noel Garay Benítez, exsecretario de Obras Públicas del municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, fue asesinado la tarde del domingo cerca de la cabecera municipal. En Chichihualco, un hombre encargado de un deshuesadero también fue víctima de homicidio el día previo.

Respecto al exsecretario de Obras Públicas, reportes preliminares indican que el homicidio se cometió alrededor de las 5:30 horas, en un camino que conecta la comunidad de Los Barrios con la cabecera de Coyuca.

El exfuncionario viajaba en una camioneta Nissan tipo Frontier, último modelo, cuando fue interceptado por un comando. Después del atentado, la camioneta se estrelló contra una barda de concreto.

Corporaciones de seguridad arribaron al lugar para acordonar el área, mientras personal de la Fiscalía inició las primeras diligencias de Ley. Noel Garay Benítez fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el Gobierno del morenista Ossiel Pacheco Salas, de 2021 a 2024.

Al cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado (FGE) no había emitido un comunicado acerca de este nuevo hecho de violencia en ese municipio de la Costa Grande.

El 23 de octubre de 2023, el titular de Seguridad Pública municipal, Alfredo Alonso López, y el director de la Policía, Honorio Salinas Garay, además de 11 agentes, entre ellos una mujer, fueron emboscados y masacrados en la localidad de El Papayo.

El 29 de mayo de 2024, en su cierre de campaña, el candidato de Fuerza y Corazón por México a la Presidencia de Coyuca de Benítez, Alfredo Cabrera, fue ultimado a balazos en su natal pueblo Las Lomas.

La mañana del 27 de febrero pasado, fue asesinado el director de la Policía Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Coyuca de Benítez, Jaime Maciel Ramírez, en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, cerca de su domicilio en la colonia Basilia.

En Chichihualco, un hombre encargado de un deshuesadero de automóviles fue asesinado la mañana del sábado en el municipio de Leonardo Bravo, en la región Centro. Fuentes de la policía informaron que minutos antes de las 11:00 horas recibieron el reporte de detonaciones de arma de fuego a orillas de la carretera Chilpancingo-Chichihualco, a la altura de la colonia La Piedra, en la entrada de la población.

Corporaciones policiacas y militares encontraron a un hombre sin vida que yacía en la entrada de un deshuesadero de autopartes. El cuerpo presentaba lesiones por arma de fuego y en la escena fueron hallados casquillos percutidos de arma corta. La zona fue acordonada para que personal de la Fiscalía General del Estado iniciara las diligencias de Ley. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Chilpancingo.

De acuerdo con vecinos, la víctima se llamaba Sergio "N", de 45 años, conocido como "El Chucky" y encargado del establecimiento de venta de autopartes usadas. En la víspera, cerca de la medianoche, se reportó una balacera en la comunidad de Yextla, en el mismo municipio.

La SSP de Guerrero informó que, tras estas denuncias, agentes del Ejército, Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal, que integran la Base de Operaciones Interinstitucionales, reforzaron la vigilancia y los recorridos en el corredor Xochipala-Yextla, donde se ubican localidades de los municipios de Eduardo Neri, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo.
“Los elementos desplegados realizan labores de prevención social del delito y proximidad social”, agregó la dependencia estatal. Además, se llevan a cabo operativos de vigilancia mediante patrullajes y la instalación de puestos de atención ciudadana para fortalecer la seguridad y atender a la población, indicó la institución en un comunicado de prensa. Las operaciones, aseguró, se mantendrán de manera permanente en la zona.
FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/.

Morena olvida el caso contra "Alito", que se descompone con un olor a impunidad

El dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas, hoy Senador con fuero, aún enfrenta acusaciones de varios delitos y es investigado por la FGR y por la Fiscalía de Campeche por su pasado en aquella entidad.

Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas aún tiene pendiente un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados que determinará si le quita o le deja intacto el fuero, una protección que la bancada priista ayudó a mantener en el caso del Diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, una votación que ha generado cuestionamiento de un pacto de impunidad que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha negado.

Desde el inicio de la Legislatura el Diputado Hugo Erik Flores, que preside la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, ha hablado de reactivar el caso contra el dirigente del PRI, aunque en los hechos el caso ha permanecido congelado.

De hecho, en los últimos días una figura muy cercana al líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en sus tiempos como Gobernador de Campeche, fue detenida acusada de desvío de recursos, lo que ha puesto los focos en la gestión de Moreno Cárdenas y en las acusaciones en su contra.

Se trata de Walter Olivera Valladares, vocero durante el Gobierno estatal de “Alito”, detenido el domingo en Mérida durante un operativo, en el que colaboraron las Fiscalías de Yucatán y Campeche, por los delitos de posible peculado, y uso indebido de atribuciones y facultades.
Olivera Valladares, yerno de Carlos Miguel Aysa González, el exgobernador suplente de “Alito”, es acusado por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM) de haber desviado 16 millones de pesos en publicidad gubernamental.
Olivera Valladares es indagado por tener un departamento en el Club Campestre de Mérida; así como un departamento en una exclusiva zona en Cancún, Quintana Roo, y una mansión en un fraccionamiento exclusivo en Campeche llamado Campeche Hills, ubicado a dos kilómetros de donde tenía su residencia el ahora líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y donde también residía su suegro Carlos Miguel Aysa González.


Las acusaciones contra "Alito"

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en su contra una investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias.

Desde 2022, la FGR ha girado oficios a dependencias del Gobierno federal para que, “con carácter RESERVADO y URGENTE” (sic), le sea entregada información sobre procedimientos administrativos relacionados con Moreno Cárdenas en el periodo de 2015 a 2020, según documentos obtenidos por SinEmbargo.

Se trata prácticamente del periodo en el que Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito”, se desempeñó como Gobernador de Campeche –aunque en 2020 ya presidía el PRI–, cuya actual Fiscalía Estatal presentó denuncias en su contra, el 11 de mayo, con base en información del Gobierno del estado y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La carpeta de investigación FED/FEMCC-CAMP/0000275/2002 contra el entonces Diputado federal y ahora Senador está a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos Borja, quien instruyó a su Equipo de Investigación y Litigación, cuya titular es la Fiscal Blanca Flor Ramón Peralta, a profundizar las pesquisas.
Esta investigación de la FGR contra Moreno Cárdenas, probada por SinEmbargo con documentos, es diferente a la que lleva a cabo contra éste la Fiscalía de Campeche también por presunto enriquecimiento ilícito, delito que se castiga hasta con 25 años de prisión.
El 17 de agosto, la Fiscalía de Campeche, que encabeza Rento Sales Heredia, solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el desafuero de Moreno Cárdenas, quien podrá defenderse ante la Sección Instructora previamente a que se vote en el pleno, un caso que se ha arrastrado a lo largo de un par de Legislaturas en San Lázaro y que sigue sin resolverse, a pesar de la voluntad del oficialismo de llevar a cabo este proceso.

¿Qué pasó con el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas?


El 3 de septiembre del 2022 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la Sección Instructora que debía analizar la procedencia de la acción penal y la pérdida del fuero -la inmunidad constitucional-, del entonces diputado federal Moreno Cárdenas. Este órgano quedó integrado por Jaime Humberto Pérez Bernabé, de Morena, en carácter de presidente y como secretarios fueron designados el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy Rangel; el vicecoordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi; y el coordinador del PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdez.

A partir de ese momento empezaron a correr plazos clave. La Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, a través de la Sección Instructora, tendría que haber rendido un dictamen en un plazo de 60 días hábiles, que se cumplió el 25 de noviembre del 2022. Este plazo sólo podría ampliarse en caso de que fuese necesario disponer de más tiempo, para subsanar alguna duda o trámite.

El caso se enfrió en un primer momento porque fue una diputada del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, cercana a “Alito”, quien presentó la iniciativa que permitió la reforma constitucional, respaldada por el tricolor, para mantener la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028, en apoyo de tareas y combate al crimen organizado. La referida reforma fue aprobada en la cámara de diputados el 15 de septiembre del 2022 y en la Cámara de Senadores el 4 de octubre del 2022.
En la actual Cámara de Diputados Morena, por sí mismo, tiene 253 votos, suficientes para declarar la Procedencia de la Acción Penal contra “Alito” Moreno. Y podría sumar los 49 legisladores del Partido del Trabajo, más los 62 del Partido Verde Ecologista de México, para un total de 364 diputados. Sobrada fuerza para quitarle el fuero, la inmunidad constitucional, al dirigente priista, para ponerlo a disposición de la autoridad judicial.
El diputado morenista Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional de San Lázaro, dio a conocer que en la primera semana de marzo se reunirá esa instancia para marcar la ruta del juicio de procedencia de la acción penal contra el ahora senador priista Alejandro Moreno Cárdenas, quien apenas el año pasado se reeligió para permanecer al frente del tricolor hasta el 2028.

“Estamos esperando la información de ‘Alito’. La próxima semana que tengamos Comisión Jurisdiccional ya vamos a marcar una ruta. Aunque el diputado Moreira se enoje, hay rutas legales que tenemos que seguir. A lo mejor no sabe mucho de leyes, pero nosotros sí, más o menos, conocemos de procedimientos”, indicó Flores Cervantes en declaraciones a medios de comunicación.

Unos días antes, en entrevista publicada en SinEmbargo, Flores Cervantes dijo que promovería que fueran descongeladas las peticiones de desafuero en contra de Moreno Cárdenas, de la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Lucía Piña Hernández y el Fiscal Alejandro Gertz Manero, entre otras.

La Comisión Jurisdiccional de la pasada legislatura, de la que formaban parte, entre otros el diputado federal priista Rubén Moreira, incondicional del dirigente nacional del PRI, dio por descartada la solicitud de desafuero contra Moreno Cárdenas, promovida en 2022 por la Fiscalía de Campeche para que pudiera ser juzgarlo por presunto enriquecimiento ilícito. Pero en la actual Comisión se tiene la intención de continuar desahogando el caso, ya que no se encuentra un respaldo legal de las decisiones de la anterior legislatura, aseguró el morenista Flores Cervantes.

¿Quiénes deciden sobre el desafuero?


Para procesar una petición de que se declare la procedencia de la acción penal contra un legislador, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 40 que “la Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos se designen a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la Sección Instructora” encargada de documentar el caso.

La Sección Instructora es una instancia integrada por cuatro diputados miembros de la Comisión Jurisdiccional, que tiene a su cargo practicar todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho de responsabilidad política y penal de algún servidor público, en este caso de los legisladores, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el denunciado.
Las conclusiones de la Sección Instructora terminarán proponiendo que se declare que hay o no lugar a proceder en contra del servidor público denunciado por la conducta o el hecho materia de la denuncia que dio origen al procedimiento.
En octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la Sección Instructora de la LXVI Legislatura, la cual está presidida por el diputado Hugo Eric Flores (Morena). Lo acompañan: Adriana Belinda Quiroz Gallegos (Morena), Germán Martínez Cázares (PAN), así como Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM).

El lado oscuro de "Alito"


Al caso del político, que comenzó su carrera como parte de un grupo de choque en la Universidad de Campeche, se le suman las oscuras acusaciones en su contra que, durante varias semanas, y hasta que fue frenada por un amparo, la Gobernadora morenista Layda Sansores difundió a través de audios en los que Moreno Cárdenas es exhibido en presuntos actos de corrupción como lavado de dinero durante su gestión en esta entidad.
En las primeras grabaciones, difundidas en mayo de 2022, se escucha a Moreno Cárdenas ordenar que se destinen al menos 4.5 millones de dólares para el pago del publicista español, Antonio Solá, así como para la elección del 2021 en el estado de Campeche.
En otro audio, “Alito” habla de intentar extorsionar al dueño de Cinépolis. En uno más da cuenta de cómo habría hecho fraude con la venta de terrenos. En otro se le escucha supuestamente poniéndose de acuerdo con un Diputado para hacer un negocio con medicamentos.

A estas grabaciones se suma dos nuevas, una difundida en junio de 2022, donde se escucha al dirigente nacional del PRI hablar sobre dinero que se habría entregado en efectivo a la cadena Televisa para borrar el rastro de capital que supuestamente provendría de gastos de campaña. Además, en otro audio habla de "matar de hambre" a los periodistas, mostrando su control del presupuesto destinado a comunicación, en el que está precisamente inmiscuido su exvocero, ahora detenido.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MANUEL GONZÁLEZ.