La fiscal Sara Irene Herrerías es candidata a ministra de la Suprema Corte, con un “récord” del 90 % de impunidad en los casos que han pasado por sus manos.
Es decir, un rezago importante en la resolución de delitos como la desaparición forzada de personas, la desaparición cometida por particulares, los delitos cometidos contra las personas migrantes, los cometidos contra la libertad de expresión, que incluye el asesinato y desaparición periodistas y comunicadores del país, y la tortura.
Ahora, la candidata a ministra aparecerá el próximo 1 de junio de 2025 en la boleta electoral morada -que es para elegir a los próximos ministros y ministras de la Corte- postulada por el Poder Ejecutivo (PE) y el Poder Legislativo (PL).
Animal Político buscó a la candidata a ministra de la Corte para hablar sobre su paso por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y los resultados de cuatro de las nueve áreas que tiene bajo su mando, quien accedió a dar una entrevista especificando que, sobre temas relacionados con funciones o resultados de la Fiscalía Especializada no puede hablar, pues dichos asuntos competen a la Fiscalía General de la República.
“Lo que sí le puedo decir es que cada uno de los delitos que lleva la FEMDH son muy complejos para investigar y para judicializar”, señaló en entrevista.
Candidata promete defender a víctimas, pero deja pendiente resolución de sus casos
“La justicia que llega tarde no es justicia”. Con esta frase, la candidata a ministra Sara Irene Herrerías Guerra se presenta ante la ciudadanía en la plataforma Conóceles del INE, para informar su intención de ser una de las próximas ministras de la Suprema Corte.
En dicha página, la candidata señala que desde 2019 y “a la fecha” ha encabezado la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), órgano de la FGR que tiene bajo su mando nueve áreas entre las que están la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM), la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y la Fiscalía Especializada en Investigación de Delito de Tortura.
No obstante, su función al frente de esta área inició desde mucho antes, en 2016, cuando fue nombrada como subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención al Delito y Servicios a la Comunidad, de la extinta Procuraduría General de la República (PGR). Es decir que lleva ocho años en el cargo.
Precisamente, de una revisión hecha por este medio sobre las averiguaciones previas y carpetas de investigación que fueron iniciadas; judicializadas y consignadas; en las que se determinó el No Ejercicio de la Acción Penal (NEAP); y la reserva o archivo temporal de los casos se puede constatar que la resolución de asuntos de las áreas a cargo de Herrerías fue muy baja.
Por ejemplo, respecto a las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía Especial en Desaparición Forzada se encontró que del 2016 al 2023 está área inició 968 indagatorias por el delito de desaparición forzada de personas, mientras que en el mismo periodo inició mil 44 investigaciones por desaparición cometida por particulares, una suma total de dos mil 12 casos, según una solicitud de acceso a la información con número 330024624001942.
“En caso de desaparición de personas, en donde se hacía antes como un seguimiento de los casos, pero no se consignaba y se judicializaba, hemos estado también en distintas investigaciones, [pero] para datos como muy específicos tendría, y con todo gusto podemos verlo con el área de comunicación social de la Fiscalía, porque de acuerdo a lo que me marca el INE, sólo puedo hablar como justo de mi trayectoria en general y hacia dónde quiero ir”, señaló la candidata a ministra de la Corte.
Sin embargo, en otra solicitud (330024624000781) un ciudadano solicitó conocer el número de casos en los que la FGR logró consignar o vincular a proceso a presuntos responsables de los delitos previstos en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, obteniendo la siguiente respuesta:
“Al respecto la Unidad Administrativa informa que localizó una averiguación previa consignada y treinta y seis carpetas de investigación judicializadas por los hechos que la ley considera como delitos”. Es decir, que la Fiscalía presentó ante un juez solo el 1.84 % de los casos.
Respecto a la labor de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, el organismo a cargo de Herrerías Guerra respondió en otra solicitud de información (330024624001942) que en el periodo del 2018 al 2024 inició 10 mil 409 carpetas de investigación por delitos cometidos en contra de personas migrantes o extranjeras.
A principios de 2024, otra persona solicitó (330024624000879) a la FGR conocer cuántas carpetas de investigación iniciadas por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en contra de migrantes habían sido judicializadas (presentada ante un juez) entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2023.
La respuesta de la FGR nuevamente fue contundente: “Después de realizar una minuciosa búsqueda en sus archivos, se localizaron CERO REGISTROS de carpetas de investigación judicializadas por hechos posiblemente constitutivos de delitos en contra de personas migrantes”.
En contraste, la candidata aseguró a este medio que “desde que entramos nosotros, hay también más de 50, 60 sentencias condenatorias por los distintos delitos que afectan a migrantes, como es el tráfico de migrantes, que es el que nos toca a nosotros en la FEMDH”.
Finalmente, respeto a la labor de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delito de Tortura, el organismo informó que del 2016 al 2023 inició cinco mil 833 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de tortura, un ilícito en el que, aunque haya pasado mucho tiempo desde que se cometió, existe la posibilidad de investigarlo y denunciarlo.
De estás indagatorias, la Fiscalía informó que 261 habían sido enviadas a la “reserva” o “archivo temporal” y cuatro mil 955 habían sido determinadas con el “no ejercicio de la acción penal”, mientras que solo 75 habían sido “consignadas” o “judicializadas”; es decir, que fueron presentadas ante un juez solo el 1.29 % de las investigaciones.
“Yo en este momento como fiscal atiendo a las víctimas, trato de ser empática con ellas, ponerme en su lugar para entender qué es lo que ellas necesitan y quieren, pero al momento de impartición de justicia, están ambas partes. Fui 13 años proyectista de sala penal y sé la importancia de, sobre un mismo asunto, ver las distintas versiones sobre un mismo hecho y en todo momento respetar los derechos procesales también del imputado. Y en caso de que no es la materia penal, en los demás casos, justo de ambas partes tenemos que ser objetivos y cercanos a las partes en un proceso para impartir justicia”, señaló.
Delitos cometidos contra la prensa, con el 98.27 % de impunidad: Artículo 19
Hace unos días, la organización Artículo 19, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de la libertad de expresión y a la información, presentó su informe anual titulado Barreras informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, en el que se documentan 639 agresiones contra periodistas en posible nexo con su trabajo.
Durante la presentación del informe la organización hizo un llamado a consolidar una política de protección a periodistas que se enfoque en la prevención, la justicia y la reparación para acabar con la impunidad en los casos que llegan a la FEADLE.
En dicho documento, la organización señaló que en todo 2024, la FEADLE inició un total de 84 carpetas de investigación por diversos delitos cometidos contra periodistas, con tan solo una indagatoria por el delito de homicidio, que en comparación con los datos registrados por Artículo 19, y documentados en el informe, la FEADLE sólo ha atraído un porcentaje bajo de casos.
“Una vez atraído el caso, los procesos de investigación para las víctimas pueden ser interminables o mantenerse incluso en un limbo de impunidad. En el caso de la FEADLE misma, de 2,781 indagatorias o carpetas de investigación iniciadas entre 2010 y 2024, hay 201 casos resueltos, ya sea por sentencias condenatorias, suspensión condicional del proceso, o por acuerdos reparatorios. Es decir, 84.77 % de los casos se mantienen en la impunidad y si se considera sólo los casos de sentencias, 98.27%”, señaló la organización.
Respecto a su labor al frente de la FEADLE, la candidata Herrerías Guerra aseguró que en libertad de expresión “más de 200 personas han sido imputadas por este delito. También tenemos sentencias condenatorias y soluciones alternas”.
“Siempre he pensado que no solo las sentencias son las que dan justicia a las víctimas, sino también los resultados que uno puede tener por los medios alternativos de solución de conflictos. En esa materia, la libertad de expresión tiene que ver mucho con el delito de amenazas, que se puede solucionar por medios alternos y finalmente, al solucionar ese delito, evitas que la violencia crezca y que luego tenga otras consecuencias”.
En el informe, Artículo 19 señala que la FGR enfrenta serias dificultades para cumplir con su responsabilidad de investigar y procesar delitos contra la libertad de expresión. A pesar de los compromisos de asegurar la justicia para los periodistas afectados por delitos, los avances son escasos, enviando el mensaje de que los agresores no serán perseguidos y gozan de impunidad.
Además, la candidata asegura que en materia de los asuntos derivados de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también han seguido las investigaciones, así como judicializado y consignado varios de ellos.
Sara Irene: ocho años encabezando la fiscalía especializada en derechos humanos
“¿Por qué quiero ocupar un cargo público? Para que la justicia sea confiable, entendible y contribuya a la justicia social. Para que todas las personas sean oídas”, asegura la candidata a ministra de la Corte en su perfil publicado por el INE.
En su currículum vitae, después de una larga lista de aspectos para describir su formación académica, tesis y doctorados, la candidata a ministra expone que de 2016 a 2019 fue subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención al Delito y Servicios a la Comunidad, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Herrerías Guerra se incorporó a la extinta PGR en noviembre de 2016, cuando el entonces procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, la nombró subprocuradora, cargo que mantuvo durante la administración del procurador Alberto Elías Beltrán. Luego de dejar sus puestos ambos funcionarios fueron indagados por la presunta comisión de diversos delitos.
En 2019, el primer fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la ratificó al frente de la ahora Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, cargo que desempeña hasta la fecha.
“El que suscribe, doctor Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República […] en lo dispuesto en el Acuerdo A/013/19 por el que se instala la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, con efectos a partir de esta fecha ha tenido a bien designarla Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos”, se puede leer en un oficio de la FGR publicado el 16 de julio de 2019.
Sin embargo, de acuerdo con diversos medios nacionales, el nombramiento de la fiscal se dio a pesar de que el colectivo #FiscalíaQueSirva pidió al fiscal general que el proceso de designación de este puesto fuera abierto y transparente.
La exigencia de las organizaciones de la sociedad civil fue sobre todo debido a que la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos tendría bajo su cargo organismos clave para la defensa de los derechos humanos de las personas en el país, casos que en su mayoría continúan pendientes de resolución.
—¿Ahora por qué quiere ser ministra de la Suprema Corte? —, se le pregunta.
—Llevo toda mi vida profesional como servidora pública y siempre he querido que el presupuesto público se use para lo que es, para hacer un servicio público y cumplir una función pública. He estado en prevención del delito, en procuración de justicia, impartiendo justicia cuando fui proyectista y en protección de derechos humanos cuando estuve en CNDH y en SEGOB. Quiero que toda esta experiencia pueda servir para hacer una justicia más cercana a la ciudadanía, más ágil, más entendible. Por eso quiero ser ministra de la Suprema Corte—, responde.
Por ese motivo, asegura, no pidió licencia -como lo recomendó el propio INE- para competir por un cargo de ministra de la Suprema Corte, “porque considero que tengo un compromiso con mi trabajo”.
“Tengo nueve áreas de investigación, no solo eso, también llevo las quejas y recomendaciones de CNDH y otras… todo lo que es la atención ciudadana de la Fiscalía. Y dentro de esos asuntos de la Fiscalía tengo en curso temas muy delicados y creo que tengo un compromiso para hacerlo y para resolverlos, porque son asuntos que conozco y que considero que debo de resolver. No creo que pueda dejar a las víctimas que confiaron en nosotros así. Sábados y domingos, y muy temprano o en la tarde, es cuando estoy atendiendo la campaña, pero sí creo que tengo un compromiso con el trabajo que realizo”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
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