MÉXICO, D.F. (apro).- La noche del domingo 2 de febrero el Pabellón Don Vasco de Morelia estaba que no cabía en sí. Los de la A levantaban el ánimo de los miles de asistentes con sus narcocorridos, y con gritos los invitaban a “ponerse bien locos” y a enrolarse para defender su tierra, Apatzingán, llena de policías y soldados. El espectáculo parecía una fiesta. Los invitados especiales eran los Caballeros Templarios.

El corresponsal del diario Reforma en Michoacán, Adán García, narró el concierto que ese día ofrecieron Los de la A (por Apatzingán) y El Komander, ataviados con uniforme militar y lanzando gritos a favor del cártel que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiere desterrar del suelo michoacano, con una estrategia militar reforzada con miles de soldados y militares distribuidos en las zonas de Tierra Caliente y la costa, pero que no llega a las raíces del problema.

Por 10 horas diversos grupos y cantantes divirtieron a los miles de michoacanos que llegaron hasta el auditorio propiedad del gobierno del estado. En uno de los momentos clímax, Los de la A y El Komander no tuvieron empacho en manifestar su devoción por Los Caballeros Templarios.

El investigador en temas sociales, Jorge Luis Garay, consideró que para restablecer la seguridad en Michoacán no sólo se trata de capturar a las cabecillas de Los Caballeros Templarios, como lo han exigido los grupos de autodefensa, sino que se debe actuar contra las redes sociales en las que participan, por ejemplo, funcionarios públicos, abogados y empresarios.

“¿Cuáles son las raíces esenciales de esta problemática? Hay un avance en la ilegalidad que se ha incrustado en diferentes instituciones de la sociedad y el Estado, no sólo del estado de Michoacán y de México, sino de otros países.

Lo que hemos estudiado en la evolución de la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios encontramos algo que es fundamental entender: no se trata sólo de organizaciones con componentes sólo criminales, son constituidos estos grupos como redes en los cuales participan agentes supuestamente legales y agentes que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad que no son solo criminales, sino que son o bien funcionarios públicos que están actuando contra la institucionalidad, o son agentes civiles, abogados, incluso empresarios que de alguna u otra manera están reproduciendo el capital ilegal en estas entidades”.