AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F. (apro).- La iniciativa del Ejecutivo federal en telecomunicaciones y radiodifusión es un edificio chueco, construido sobre cimientos frágiles, que puede derrumbarse con un elemental ejercicio de anticonstitucionalidad de sus artículos.
Especialistas de diversos sectores –menos los más vinculados a los monopolios, a los concesionarios y al gobierno– coinciden en algo fundamental: la Ley Peña-Televisa es anticonstitucional. Va en contra de la reforma aprobada en 2013.
Han detectado, por lo menos, 23 violaciones a la Constitución en el cuerpo de 312 artículos más 29 transitorios y la Ley de Sistema Público de Radiodifusión en México, que es un retroceso a los tiempos oscuros del estalinismo-priista para controlar los medios dependientes del erario público.