Sin identificar a las empresas directamente involucradas, el organismo precisa que se indagará si existen prácticas violatorias, como haber realizado o firmado actos, contratos, convenios o procedimientos para desplazar a otros agentes de mercado o para rehusarse a vender bienes o servicios a determinadas personas.
En el acuerdo publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación, el IFT específica que “el presente procedimiento tiene por objeto verificar si existe o no una probable violación a la Ley Federal de Competencia Económica, por lo que no existe todavía la determinación de los hechos y normas cuya violación pueda constituir una infracción, ni la plena identificación del sujeto a quien deberá oírse en defensa como probable responsable”.
