AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Lo mismo en el Distrito Federal que en Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí y el Estado de México, los liderazgos históricos de izquierda que no tienen filiación con los grandes partidos políticos han denunciado que la criminalización de la protesta social tiene como fondo la renovación de prácticas autoritarias, represivas y violatorias de derechos fundamentales, cuyo objetivo es conseguir la desmovilización.
Desde 2012, las denuncias y pronunciamientos de organizaciones sociales están en aumento y los gobernadores y autoridades locales, sin distingo de partidos, son señaladas como responsables de la andanada represiva.
De acuerdo con el Foro de Izquierda Proletaria (FIP), donde convergen numerosas organizaciones populares, la criminalización es uno de los rostros que el Estado manifiesta para encausar una reactivación de “guerra sucia” que, con la presencia cómplice del crimen organizado, ha derivado en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y prisión a quienes se oponen al régimen.
