FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MAJO SISCAR.
La Suprema Corte de Justicia decide esta semana si el derecho a la protección de datos personales exime o no a los funcionarios públicos de mostrar sus bienes para que la ciudadanía conozca si hay indicios de enriquecimiento ilícito o de conflictos de interés entre sus decisiones y sus negocios.
Conocer anualmente el patrimonio de los gobernantes para prevenir o detectar actos de corrupción, especialmente casos de enriquecimiento ilícito y posibles conflictos de interés entre sus negocios personales y las decisiones que toman. Este es el objetivo que persigue el Centro de Análisis Fundar desde la legislatura pasada y ahora está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quién decidirá esta semana si las declaraciones patrimoniales de los funcionarios deben ser públicas.
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que los funcionarios están obligados a entregar al estado su declaración patrimonial pero solo se hará pública total o parcialmente “siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público del que se trate”, como estipula el artículo 40.
AUTOR: MAJO SISCAR.
La Suprema Corte de Justicia decide esta semana si el derecho a la protección de datos personales exime o no a los funcionarios públicos de mostrar sus bienes para que la ciudadanía conozca si hay indicios de enriquecimiento ilícito o de conflictos de interés entre sus decisiones y sus negocios.
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que los funcionarios están obligados a entregar al estado su declaración patrimonial pero solo se hará pública total o parcialmente “siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público del que se trate”, como estipula el artículo 40.
