AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
MÉXICO, D.F. (apro).- A estas alturas del partido dan risa las acusaciones que el gobierno federal ha orquestado para detener al líder de las autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles.
Acusarlo de posesión de drogas y armas de uso exclusivo del Ejército es tan fútil que ahora quieren investigar sus cuentas bancarias.
Lo evidente del caso es que Mireles es un personaje incómodo para el gobierno federal y estatal por múltiples razones, entre ellas por las denuncias que hizo de vínculos con el narcotráfico de la clase política michoacana, como son los casos del exgobernador interino, Jesús Reyna, y de Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador Fausto Vallejo; también por negarse a acatar la domesticación oficial de las autodefensas.
Pero quizá lo que más les preocupaba es que representaba el riesgo de que el fenómeno de las autodefensas armadas siga avanzando en otras regiones del país que, al igual que Michoacán, sufren la presencia ominosa del crimen organizado.