AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Las reformas constitucionales aprobadas recientemente en el Congreso han resultado ser un mero trámite legislativo para validar –pero sobre todo para consolidar– la entrega absoluta de los recursos energéticos de México y los mexicanos a los grandes capitales privados, sobre todo a los trasnacionales, de lo cual no van a salvarse ni siquiera amplísimas extensiones de tierras ejidales a lo largo y ancho del país. Desde hace años, consorcios trasnacionales, principalmente los de origen estadunidense y español, tienen al botín mexicano repartido en sectores como el carretero, el energético y el de telecomunicaciones… Y en este festín prodigado por Enrique Peña Nieto, su gobierno manipula tramposamente los términos del Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018…
MÉXICO, D.F: En abril pasado y entre verdades a medias o la plena opacidad, el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI) presentó como proyectos de gobierno cuantiosas inversiones privadas, anunció obras que en realidad estaban condicionadas a las leyes complementarias en materia de telecomunicaciones y energía que todavía no se aprobaban, y presumió como “inversión” hasta los fondos de ahorro para vivienda de los trabajadores.