Con una Ley aprobada fuera de plazo y un articulado que, en muchos de sus componentes, viola la Constitución, el Congreso ha colocado una vara realmente baja en materia de telecomunicaciones.

Los motivos del Ejecutivo Federal para enviar una iniciativa poco convergente, poco moderna y muy sesgada son evidentes ante su nivel de popularidad, los principales indicadores económicos y las cifras vinculadas con la inseguridad. Pero los legisladores tuvieron en sus manos una oportunidad histórica y decidieron jugar como siempre lo han hecho: privilegiando los intereses electorales de cada uno de ellos o del instituto político al que pertenecen.

Una veintena de contiendas para Gobernador porvenir y las elecciones intermedias de 2015 sellan el destino de las telecomunicaciones en nuestro país.

Abogados criticaron la propuesta de convertir en deuda pública los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Y consideraron que, debido a los malos manejos que imperan, sobre todo en el gremio petrolero sería como darle carta blanca a la corrupción.

Arturo Alcalde Justiniani comentó que el énfasis no debería darse en la discusión entre quién paga: las empresas públicas o la Federación, porque finalmente es lo mismo, sino por qué siempre la población termina pagando el costo de la corrupción y del control de un sistema político que compromete invariablemente el futuro de los ciudadanos para cumplir con una serie de compromisos contraídos a espaldas de quienes van a terminar pagando.

Precisó que los pasivos de Pemex están formados por diferentes elementos; una parte es el salario; otra, pensiones y jubilaciones, pero también tiene todo lo que son supuestamente créditos laborales colectivos.

(29 de julio, 2014).- A pocos días de que entre en vigor la Gendarmería Nacional, según lo anunciado anteriormente por el gobierno federal, un informe publicado por el Centro de Estudios Fundar México, que analiza este tipo de cuerpos policiales, da cuenta de los yerros que desde su concepción, colocan a uno de las iniciativas estrella de Peña Nieto en un escenario difícil para contribuir a una mejor seguridad.

“El debate entre políticas de seguridad, democracia y derechos humanos: El caso de la nueva Gendarmería Nacional”, es el nombre del estudio realizado por el experto en Derechos Humanos, Miguel Moguel, quien analiza la justificación con que fue pensada la corporación, el conflictivo entorno en que fue concebida, así como los problemas que afronta en pos de reducir la inseguridad.

Anunciada por el entonces candidato presidencial del PRI, en 2012, y cuando la ola de asesinatos calderonistas mostraba sus números más bajos, la Gendarmería, si bien fue considerada una triquiñuela propagandística, también apuntaba como una opción alterna a la fuerzas enfocadas en actividades de seguridad nacional, así como el primer esfuerzo por eliminar la dependencia de las Fuerzas Armadas (Sedena y Marina).

Llegó acompañado de Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI y viejo amigo suyo. De hecho, gracias a los buenos oficios de Gamboa Patrón, el magnate sindical logró llegar al Senado en la fórmula plurinominal y obtener fuero legislativo por seis años.

Romero llegó molesto al Senado. Se le notaba en su gesto, normalmente adusto. Se arrellanó en su curul. No entendía ni de qué se trataba el debate en ese momento. Se puso a increpar al senador del PAN, Francisco Domínguez. Bravucón, como si saliera de una cantina, Romero retaba al presunto aliado del PRI a demostrar que Pemex había sido improductivo.

ZAMORA, MICH. A principios de mes, luego de varias visitas a las oficinas centrales de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), Verónica Montiel Valenzuela recibió una respuesta que la emocionó: “En dos semanas te vamos a entregar a tu hijo”, le dijeron.

Y ella volvió a su casa en Cortazar, Guanajuato, donde vive hace años. Desde entonces espera el retorno de su hijo Enrique, quien el 3 de diciembre de 2009 ingresó a la casa hogar La Gran Familia, de Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, Mamá Rosa, ubicado en este municipio michoacano, por problemas derivados del consumo de drogas.

México, DF. Las principales denuncias que enfrenta la dirigencia nacional del PRI son de orden laboral, ya sea por despidos injustificados o “irregularidades” en la relación con sus trabajadores.

De acuerdo con datos de la Secretaría Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en orden descendente le siguen los juicios de carácter mercantil, y otros más de procedimientos intrapartidarios y juicios electorales contra sus propios militantes.

Tan  sólo en los últimos dos años, la dirigencia nacional ha clasificado como temporalmente reservado un total de 77 expedientes, 67 de ellos de carácter laboral, tres de índole mercantil, y el resto del orden electoral. Estos casos sólo corresponden a la dirigencia nacional, pues los Comités Directivo Estatales tienen sus propias cifras y problemática.

Respecto a la clasificación de reserva temporal de dichos expedientes, el Comité de Información del Instituto Nacional Electoral (INE) ha hecho algunas observaciones y llamado la atención al PRI, debido a que la relación presentada al segundo semestre del 2014, el partido mantiene indebidamente información clasificada, cuando los casos ya causaron ejecutoria y son cosa juzgada.