AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F. (apro).- Después de desmentidos reiterados, finalmente el asunto de los “bonos” o “estímulos” discrecionales a los legisladores federales resultó cierto. La Secretaría General de la Cámara de Diputados, a cargo de Mauricio Farah, admitió lo que Jesusa Cervantes documentó en Proceso desde hace tres semanas, lo que denunció el diputado Ricardo Monreal y lo que ventilaron en tribuna legisladores de la oposición.
El fondo del problema es más grave. No es la compra tradicional de votos de rebeldes o de opositores seleccionados previamente. No es el pago por ausencias, por abstenciones o por irse al baño a la hora de votar asuntos delicados. No es algo aleatorio. Se ha convertido en un sistema para dominar al Poder Legislativo.
Se trata de reproducir a escala federal un método que los gobiernos priistas han aplicado en el Estado de México desde los tiempos de Alfredo del Mazo González. Para anular el contrapeso del Poder Legislativo y convertir a los diputados opositores en sirvientes del gobernador era necesario “maicearlos”. Al mejor estilo de Carlos Hank González y de la escuela de corrupción en la que se convirtió el Grupo Atlacomulco.