AUTOR: MAJO SISCAR.
La ambigüedad jurídica de los niños internados en albergues, qué hacer con las víctimas y agresores de bullying o la falta de claridad en los procesos de adopción, son algunos de los problemas ante la falta de una legislación proactiva y una institución particular que proteja la infancia.
Cuatro de cada 10 mexicanos son menores de edad y para ellos existe una Ley Federal de Protección de los Derechos, que sin embargo se queda sólo en palabras porque no contiene mecanismos para salvaguardar esos mismos derechos.
El problema se agrava, según por los derechos de la infancia, porque en las leyes estatales ocurre algo similar.
Por ejemplo, el apartado C del artículo 14 de la citada ley dicta: “Se considere el diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos”. Catorce años después todavía no existen. No hay tampoco ninguna institución enfocada en la niñez.