AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
Varias secretarías de Estado, un órgano desconcentrado, un ente fiscalizador y la oficina de la Presidencia, además de los senadores priistas, se movilizaron para proteger al empresario Roberto Alcántara de la tormenta de protestas que generó en agosto pasado su estreno como operador del telepeaje electrónico en las autopistas. Nada importaron las afectaciones a los automovilistas, las denuncias de que una empresa de Alcántara tiene deudas con Hacienda ni la falta de rendición de cuentas: el paisano y compadre del presidente Peña Nieto cayó suavemente en una red de funcionarios, familiares y amigos…
MÉXICO, D.F: Compadrazgos, socios, nepotismo, amiguismo… De todo hubo detrás de la concesión del telepeaje a Roberto Alcántara Rojas. La Secretaría de la Función Pública (SPF), la de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la de Comunicaciones y Transportes (SCT), igual que Banobras, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (Capufe) dejaron al empresario hacer cuanto quiso.
Las instancias de gobierno involucradas en la licitación pública internacional se hicieron de la vista gorda con tal de que el empresario del transporte y amigo del presidente Enrique Peña Nieto se quedara con la operación del cobro electrónico en casi la mitad de la red pública de autopistas de cuota del país.