FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: REDACCIÓN.
Autoridades Yaquis denuncian que la detención de Mario Luna, vocero de esta comunidad indígena en Sonora, responde a un ataque por parte del gobierno de Sonora por su oposición, desde el año 2010, a la construcción del Acueducto Independencia.
A pesar de que pesaba sobre él una orden de aprehensión desde hacía más de un año, Mario Luna, autoridad y vocero de la Tribu Yaqui en la comunidad sonorense de Vicam, no esperaba lo que iba a suceder el 11 de septiembre.
Ese día, un grupo de personas vestidas de civil lo detuvo y se lo llevó en el interior de un vehículo no oficial a un rumbo desconocido.
Fueron momentos de incertidumbre para la familia y la comunidad. Nadie sabía dónde estaba, ni quién se había llevado a Mario. Pasaron tres horas, tiempo en el que ninguna instancia judicial, ni ninguna autoridad, informó a los familiares que el vocero Yaqui fue detenido, efectivamente, por elementos policiacos, y que había sido trasladado vía aérea al Cereso de Hermosillo, en virtud de una orden de aprehensión emitida en junio de 2013; cuando Francisco Romo, integrante de la comunidad, denunció a Mario y a otros tres dirigentes comunitarios -entre los que se encuentra Tomás Rojo, actual vocero Yaqui-, de secuestrarlo durante dos días y de haberle robado su coche tras unos altercados en la comunidad.
Sin embargo, para las autoridades Yaquis la aprehensión y el posterior auto de formal prisión que el miércoles 17 de septiembre emitió un juez contra Mario Luna, en realidad, esconde un ataque por parte del gobierno de Sonora a la comunidad por su oposición, desde el año 2010, a la construcción del Acueducto Independencia; una obra que denuncian que viola el decreto presidencial del general Lázaro Cárdenas que, en 1940, ordenó que 50% del caudal de este cuerpo de agua debía ser otorgado a los indígenas yaquis, para su aprovechamiento.
En este sentido, las autoridades tradicionales de Vicam exponen que Francisco Romo fue detenido de acuerdo con el reglamento de usos y costumbres de la Tribu Yaqui que reconoce la Constitución Mexicana, luego que éste, al parecer en estado de ebriedad, intentara supuestamente embestir con su automóvil a las personas que se encontraban bloqueando la carretera internacional contra la operación del Acueducto Independencia. Pero que ni Mario Luna, ni Tomás Rojo, estuvieron presentes durante la detención de Romo, ni ordenaron su retención.
“El juez no analizó debidamente todas las pruebas, ni las vinculó para determinar la probable responsabilidad y admite que existen pruebas que hacen dudar que Mario Luna estuviese en el lugar de los hechos. Nunca se probó la conducta de Mario Luna Romero, sólo hay declaraciones de oídas que presumen podría haber ordenado la detención, pero no se determinó dónde y cuándo Mario Luna dio la orden”, argumentan las autoridades Yaquis en un comunicado en el que, además, señalan que presentaron “un dictamen antropológico que explica los usos y costumbres de la Tribu Yaqui, la forma cómo ejercen sus leye tradicionales, comprobando así que no se está hablando de un secuestro, sino de un proceso común de justicia comunitaria, que está reconocido en la Constitución y en los Tratados Internacionales sobre Pueblos Indígenas”.
“Mario fue detenido por los métodos que pensábamos que ya estaban desterrados. Lo detuvo un grupo parapoliciaco, vestidos de civil y con vehículos no oficiales. Luego tuvo una desaparición forzosa de tres horas y además fue trasladado vía aérea a Hermosillo, como si fuera un delincuente de alta peligrosidad. Se violaron sus derechos elementales como persona, y se violó el debido proceso”, asegura por su parte en entrevista con Animal Político Tomás Rojo, actual vocero Yaqui, que ante esta situación considera a Mario Luna como “un preso político”.
“Lo que se pretende con esta detención arbitraria es criminalizar nuestras prácticas tradicionales y también nuestra lucha. Y lo hacen mediante la invención de delitos y expedientes porque nos oponemos a la construcción de un acueducto que nos está robando el agua”, denuncia Rojo.
Activista indígena, en peligro de juicio injusto: Amnistía Internacional
Luego que Mario Luna fuera detenido el pasado 11 de septiembre, Amnistía Internacional (AI) emitió un comunicado en el que manifiesta su temor de que la causa contra el vocero Yaqui sea, en realidad, de motivación política, “por su destacado papel en las protestas contra un acueducto que afecta al acceso al agua de la comunidad indígena yaqui”.
“Amnistía Internacional ha examinado las pruebas presentadas contra Mario Luna Romero y teme que la causa contra él esté sesgada y sea de motivación política. El activista está a la espera de que, el 17 de septiembre, se anuncien los resultados de su acusación. No obstante, si es remitido a juicio, puede ver negado su derecho a un juicio justo; además, no podrá optar a la libertad bajo fianza, y puede enfrentarse a una detención prolongada, lo que pondría en peligro su seguridad”, indica AI.
Asimismo, la organización recuerda que los gobiernos estatal y federal “no han obtenido el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad, mediante un proceso transparente, para la realización de este proyecto”. Y señala que así lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ordenó que se tomaran medidas correctivas, en especial respecto a un nuevo informe de impacto ambiental y un proceso de consulta con la comunidad.
“Pese a que se han dictado diversas órdenes judiciales de suspensión del proyecto -recalca Amnistía-, la construcción ha continuado, hasta permitir que el acueducto inicie un funcionamiento que ha dado lugar a una reducción significativa de los niveles de agua.
Pese a orden de aprehensión, Luna viajó al DF para denunciar despojo de río
Cabe recordar que el 7 de agosto pasado, Animal Político publicó una nota sobre que, a pesar de que desde junio pesaba en su contra una orden de aprehensión, Mario Luna se presentó el 6 de agosto en la Biblioteca Helena Garro de la Ciudad de México para denunciar la “criminalización” que emprendieron las autoridades de Sonora contra esta comunidad indígena, por su oposición al proyecto Acueducto Independencia, con el cual se pretende desviar agua del Río Yaqui hacia la capital estatal, Hermosillo.
