FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
Después de callar durante casi tres meses, la administración de Enrique Peña Nieto tuvo que reaccionar ante la evidencia: todo indica que un grupo de soldados ejecutó extrajudicialmente a 21 personas en el municipio mexiquense de Tlatlaya. Un reportaje de la revista Esquire, difundido de manera simultánea el miércoles 17 en la página electrónica de ese medio y en la de Proceso, provocó que el gobierno de Estados Unidos exigiera a las autoridades mexicanas una “explicación creíble” acerca de la matanza. Así, lo que no consiguieron las fundamentadas denuncias de Human Rights Watch y Amnistía Internacional lo logró Washington: orillar a la Secretaría de la Defensa y a la PGR a declararse “dispuestas” a investigar.
El gobierno de Enrique Peña Nieto había optado por el silencio, pero luego de que Washington le pidió una investigación creíble en torno a la muerte de 22 personas en Tlatlaya a manos del Ejército, ya no pudo mantener oídos sordos ante las versiones de la prensa nacional e internacional en el sentido de que se trató de una ejecución extrajudicial masiva.
Tuvo que llegar una declaración oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos para que la administración de Peña Nieto reaccionara. Los principales involucrados, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR), emitieron sendos comunicados la noche del viernes 19 para reiterar que han hecho bien las cosas, tanto en el operativo en ese municipio del Estado de México como durante su investigación, que aún no concluye.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
Después de callar durante casi tres meses, la administración de Enrique Peña Nieto tuvo que reaccionar ante la evidencia: todo indica que un grupo de soldados ejecutó extrajudicialmente a 21 personas en el municipio mexiquense de Tlatlaya. Un reportaje de la revista Esquire, difundido de manera simultánea el miércoles 17 en la página electrónica de ese medio y en la de Proceso, provocó que el gobierno de Estados Unidos exigiera a las autoridades mexicanas una “explicación creíble” acerca de la matanza. Así, lo que no consiguieron las fundamentadas denuncias de Human Rights Watch y Amnistía Internacional lo logró Washington: orillar a la Secretaría de la Defensa y a la PGR a declararse “dispuestas” a investigar.
Tuvo que llegar una declaración oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos para que la administración de Peña Nieto reaccionara. Los principales involucrados, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR), emitieron sendos comunicados la noche del viernes 19 para reiterar que han hecho bien las cosas, tanto en el operativo en ese municipio del Estado de México como durante su investigación, que aún no concluye.
