AICM, puerta principal para el comercio ilegal de flora y fauna

Tráfico de vida silvestre, tercer negocio ilícito más importante del mundo: Interpol. México, punto de tránsito para el contrabando de animales y plantas, señala documento.

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WEB DE LA JORNADA.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es la principal puerta de entrada y salida para el comercio ilegal de flora y fauna en el país. Entre las especies animales que más se trafican se encuentran tortugas, monos, loros, guacamayas, pericos, tarántulas, mariposas, cocodrilos, serpientes, anfibios y hasta tigres y leones, así como pieles de jaguares y ocelotes.

La mayoría de los ejemplares tienen como destino Estados Unidos, Rusia, Alemania, Malasia, China, Japón, Argentina, Brasil y Colombia.

El tráfico de especies deja cuantiosas ganancias económicas, ya que los ejemplares mexicanos tienen un costo en el mercado local de entre 6 mil y 45 mil pesos. En el mercado internacional se llegan a vender hasta en 500 y 600 mil pesos, como los ciervos.

Otra especie muy solicitada es la guacamaya verde, que se cotiza en 3 mil pesos y su precio de reventa llega hasta 400 mil; el loro de cabeza amarilla se vende en mil pesos y su costo en otros países es de 300 mil; el tucán pecho amarillo, 500 mil, y se vende en 600 mil. Un mono araña se cotiza fuera del país hasta en 150 mil pesos. 

Marisol Vega, agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (Ueidaple), de la Procuraduría General de la República, comenta que hay extranjeros que arriban al AICM exclusivamente para dejar y/o llevarse animales de varias especies.

Dice que los ejemplares que más entran al país desde diversas entidades son aves y mamíferos de Sudamérica, como monos titis de talla pequeña, fáciles de trasladar y que pueden ocultarse en equipajes, cilindros de rollos de papel, refractarios e incluso debajo de la ropa.

Menciona que sólo sobreviven 30 por ciento de las aves que ingresan clandestinamente a México.

Una persona tenía la intención de traficar desde Perú 18 monos bebés en envoltorios de tobimedias. Previamente los drogó y para pasar los escondió en una faja debajo de la ropa y para que no se notaran, se puso una chamarra encima, que la Policía Federal detectó a tiempo, creyendo que era droga. Se logró rescatar a los titi, la persona fue detenida y consignada, explica.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el tráfico ilegal de vida silvestre es considerado por la Interpol como el tercer negocio ilícito más importante del mundo, después del de las armas y el narcotráfico.

La agente de la Ueidaple manifiesta que la terminal aérea de la ciudad de México es la principal puerta de entrada y salida de ese tráfico ilícito, pero además han detectado el incremento de operaciones de ese tipo en otros aeropuertos y puertos del norte y sur del país.

“En cuanto a ingresos, tenemos más presencia en el aeropuerto capitalino, pero los traficantes también están utilizando empresas de paquetería para envíos internos o externos en el traslado de pepino de mar.

Hay paquetes que llegan de Tabasco al Distrito Federal con pieles de cocodrilo e iguana ya curtidas para ser procesadas o manufacturadas para bolsas, cinturones y otros productos.

Para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el mercado ilegal de mascotas es uno de los principales factores que contribuyen a la extinción de especies en su hábitat natural. En los países en vías de desarrollo es común la venta de animales silvestres tanto para el mercado local como para exportación.

De 2013 a la fecha, la Profepa ha realizado unos 556 operativos en todo el país a fin de combatir el tráfico ilegal de fauna y flora, lo que permitió el aseguramiento de 4 mil 665 ejemplares de vida silvestre. Además, se pusieron a disposición del Ministerio Público Federal a 87 personas por la presunta comisión de delito ambiental.

Indica que el tráfico ilegal de ejemplares, partes y derivados de flora y fauna silvestres es un delito, según el artículo 420 fracciones IV y V del Código Penal Federal, que se castiga con uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días de salario mínimo de multa. Cuando se realiza o afecta un área natural protegida, o cuando se lleva a cabo con fines comerciales, se aplica una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil salarios mínimos de multa adicionales.

La mayoría de las especies silvestres se distribuyen en la ciudad de México para comercializarlas a particulares, quienes las tienen como mascotas, aunque también son trasladadas a estados de la República donde la gente tiene ranchos, añadió.

En Tráfico ilegal de especies silvestres y susimpactos, documento elaborado por la Semarnat, Profepa, el Instituto Nacional de Ecología, entre otras dependencias, se señala que México es un importante punto de tránsito para el contrabando de animales a Estados Unidos.

Menciona, asimismo, que el terrirorio mexicano alberga 10 por ciento de las especies del planeta y que ocupa el primer lugar en reptiles (50 por ciento endémicas), el segundo sitio en mamíferos, tercero en plantas, cuarto en anfíbios y décimo en aves.

Concluye que México es una de las cinco naciones con mayor diversidad de vida silvestre. Sin embargo, su vecindad con Estados Unidos –principal importador y exportador de plantas y animales–, ha deteriorado seriamente la diversidad de flora y fauna mexicana, que se trafica principalmente desde el AICM.

FUENTE: LA JORNADA

AUTOR: César Arellano García

Peor nivel de salarios en México desde hace 40 años

Los resultados del actual modelo económico han sido negativos en lo que respecta a la mayoría de los indicadores económicos que afectan  la vida de los mexicanos.

En particular  los indices  salariales muestran que estas políticas no han servido para mejorar las condiciones sociales de los mexicanos, sino que, por el contrario, han servido para ahondar la desigualdad en los últimos 40 años.

Así lo muestran los estudios de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), según los cuales  seis de cada diez hogares en México viven con un ingreso menor a 10 mil pesos mensuales. En los últimos 40 años los asalariados del país no se habían localizado en una posición tan precarizada.

Hugo Eduardo Beteta, director de la subsede regional de la Cepal en México, anunció que la proporción de los salarios respecto al Producto Interno Bruto (PIB) es del 27%, mientras que en 1975 era del 40%.

El declive de los salarios se aceleró  de 1989 a 2000, trayendo consigo un ameno marcado de la desigualdad en el país. A pesar de estos resultados patentemente negativos al política general de los gobiernos, tanto pancistas como priistas, no se ha modificado y no parece que esto suceda pronto.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0

AUTOR: REDACCIÓN.

INE podría tener nuevo órgano electoral en Guanajuato, a cargo de Mauricio Guzmán

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WEB DE REVOLUCIÓN 3.0.

El próximo martes 30 de septiembre se votará la propuesta de las las siete personas que integrarán el Organismo Público Local (OPL) de Guanajuato, órgano que sustituirá al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), una vez que la lista ha sido depurada. El órgano que sustituirá al IEEG estaría presidido por Mauricio Enrique Guzmán Yáñez.

El pasado viernes 26 de septiembre, por la noche, sesionó la Comisión de Vinculación con los organismos públicos locales, y el sábado fueron publicadas las listas con los nombres que serán propuestos al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para conformar dichos órganos de cada entidad.

Será el miércoles 1 de octubre cuando el INE publique la lista definitiva de los siete integrantes que tendrá cada uno de los 18 organismos públicos locales.

En el caso de Guanajuato, la lista propuesta la encabeza el queretano Mauricio Guzmán Yáñez, director de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, de la Junta Estatal Ejecutiva del IEEG, quien ocuparía la presidencia del OPL durante siete años.

Antes de ocupar dicho cargo, fue Secretario del Consejo General del IEEG de enero del 2011 a junio de este año.

El catedrático e investigador de la Universidad de Guanajuato, Luis Miguel Rionda Ramírez; Indira Rodríguez Ramírez y Santiago López Acosta, quien en dos ocasiones ha buscado ser consejero electoral, encabezan la lista de propuestas. Ellos desempeñarían un periodo de seis años.

Completan la lista Yari Zapata López, María Dolores López Loza y René Palomares Mendívil, que serían propuestos al cargo de consejeros electorales por tres años.

En entrevista para Zona Franca, Mauricio Guzmán subrayó que aún no es definitiva la lista que presentó la Comisión de Vinculación.

Explicó que una de las diferencias entre el IEEG y el Organismo Público Local es que este último tendrá consejeros electorales, no consejeros ciudadanos, quienes tendrán la obligación de estar en el INE de tiempo completo, sin poder dedicarse a otra actividad profesional que les genere algún ingreso.

Podrán dedicarse a la docencia o a la investigación, siempre y cuando no reciban remuneración, aclaró.

Destacó además la figura del procedimiento especial sancionador, con la cual se podrá castigar a los políticos que infrinjan la normatividad electoral.

Guzmán Yáñez subrayó que la principal tarea del OPL será organizar y regular el proceso electoral rumbo a las elecciones del 2015, el cual comenzará a partir del próximo 7 de octubre.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0/ ZONA FRANCA.

AUTOR: Fernando Velázquez

Llamarían a declarar a Marcelo Ebrard por línea 12

La Comisión Especial de Seguimiento de uso de los Recursos Federales Destinados a la Línea 12 del Metro de la Cámara de Diputados analiza llamar al ex Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrad, a comparecer para aclarar las fallas en la obra.

El diputado perredista José Luis Muñoz Soria mencionó que esta posibilidad ya se planteó entre los 19 diputados que integran este organismo, sin embargo, se definirá después de que inicien las primeras comparecencias de ocho involucrados.

“No podemos descartar nada, no sería correcto. En la última reunión se planteó. Si fuese necesario, si se considera necesario invitarlo a platicar, lo invitaremos. Estaremos primero terminando estas comparecencias y en función de lo que estemos encontrando veremos si llamamos a comparecer a más funcionarios o invitarlos como pudiera ser él (Marcelo Ebrad)”, indicó Muñoz.

El ex Jefe de Gobierno puede rechazar la invitación a comparecer en esta Comisión debido a que ya no es funcionario público, explicó el legislador y agregó que no se espera una respuesta negativa por parte de Ebrard, ya que ha mostrado apertura a participar en la investigación de diferentes irregularidades.

Muñoz Soria destacó que las primeras comparecencias a esta comisión especial iniciarán el próximo miércoles 1 de octubre, a las 11:00 horas, a la cual se tiene una cita para el Secretario de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, Alfredo Hernández García, y a un representante de la empresa francesa Systra, la cual se encargó de hacer el informe técnico de las fallas de la Línea 12.

Así también, las declaraciones de representantes para el Consorcio Constructor, integrado por Alstom, Carso y ICA, y de empresas involucradas en la construcción, se tienen agendadas para el 6 de octubre, a la misma hora.

Será hasta el 8 de octubre, cuando acudirán a presentar su información el Titular del Proyecto Metro, Marco Antonio Ciriaco Arrollo, y al Contralor general del Distrito Federal, Hiram Almeida Estrada.

Por otra parte, el Secretario de Finanzas del Distrito Federal, Edgar Abraham Amador Zamora, y el Procurador de Justicia, Rodolfo Fernando Ríos Garza, tienen la cita el 13 de octubre.

Desde abril, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión especial que investigaría la aplicación de los recursos federales a las obras de la Línea 12 del Metro.

De acuerdo con la versión de algunos legisladores esta investigación serviría para encontrar a los responsables de las fallas del proyecto, así como para se pudiera aplicar las sanciones correspondientes, las cuales en un inicio se consideraron hasta las penales.

“Queremos saber cuál es la situación real del Metro, hemos escuchado muchas versiones de manera particular y yo creo que hay que aclararlo”, dijo Muñoz Soria.

“Se sabe que hay un problema del proyecto ejecutivo y me parece que hay que tener mucha claridad de saber qué es lo que pasó”.

El tenerse los resultados, se informará al pleno del Congreso, donde se podrá llamar a otras instancias.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0/TABASCO HOY
AUTOR: REDACCIÓN.

Robles ‘protege’ a empresa negligente

Aunque Héctor Robles Peiro, alcalde de Zapopan, declaró meses atrás que la empresa Argamuro S.A. de C.V. había pagado la multa interpuesta por el Municipio ante los daños del derrumbe del Hospitalito, en las oficinas del Ayuntamiento el pago no está registrado.

Un año ha pasado desde que el Hospital General de Zapopan, mejor conocido como el Hospitalito, se derrumbó a causa de las obras que se realizaban en el área de pediatría, causando lesiones en cuatro personas y crisis nerviosa en ocho.

El incidente ocurrió la tarde del sábado 5 de octubre del 2013, mientras empleados de la construcción realizaban labores de cimentación cuando una vibración provocó el derrumbe, según los reportes que la Policía de Zapopan dio a conocer.

Y aunque la Dirección de Obras Públicas del Municipio y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizaron investigaciones para determinar las causas por las que se dio el hecho, la empresa encargada de la obra no ha sido sancionada por las omisiones.

“Nos vamos a ir a las últimas consecuencias; si hay o no omisión por parte de algún servidor público, sea de nivel operativo, mando medio, o de primer nivel, vamos a tomar las determinaciones correspondientes”, declaró Héctor Robles el 23 de octubre del 2013 a medios locales.

El reporte del IJCF determinó que hubo una falta de prevención para evitar el derrumbe, lo que concluyó en el retiro de su cargo, tanto al director de Obras Públicas municipal, José Castellanos González, como otros cuatro funcionarios de menor nivel.

Entre ellos estaba el subdirector de Edificación de Obras Públicas, Rodolfo Arellano Rivera, y el verificador de obras públicas, Joel Agustín Buriel Albino, los cuales fueron cesados de sus cargos, además de dos inspectores de reglamentos a los que se suspendió por 30 días.

Para noviembre de ese año, la fracción edilicia de Movimiento Ciudadano señaló también las negligencias existentes en el caso de la asignación y ampliación del contrato con la empresa constructora, además de interponer un juicio de responsabilidades que fue desechado por el Congreso local.

Fue así que además de las sanciones a los funcionarios encargados de revisar la obra en proceso, el presidente municipal declaró que se establecería “un arreglo” con la empresa, Argamuro S.A. de C.V., para la reparación de los daños.

El Ayuntamiento de Zapopan determinó que los daños serían reparados por medio de una multa de 6 millones de pesos que la empresa debió haber saldado únicamente por los daños con el Municipio, dejando de lado los costos que determinaría el Hospitalito.

Sin embargo, a un año de los sucesos, la multa no ha sido pagada por la empresa, según un documento que el coordinador de regidores por Movimiento Ciudadano en el Municipio de Zapopan, Augusto Valencia López, obtuvo de la Sindicatura.

“Hace algunos meses, mencionó el alcalde que la multa ya había sido pagada por parte de la empresa Argamuro y que ascendía a cerca de 6 millones de pesos, y nosotros empezamos a averiguar, a tratar de investigar si esos recursos habían ingresado a la OPD (Organismo Público Descentralizado) de Salud o al Municipio, y nos dimos cuenta que no”, explicó Valencia López.

De acuerdo con el oficio 0500-A/736/2014, dirigido al secretario del Ayuntamiento de Zapopan, Elías Rangel Ochoa, desde la sindicatura con copia de envío a la oficina del regidor naranja se señala que, derivado de los procedimientos administrativos de responsabilidad sobre el derrumbe del hospital, únicamente se realizaron sanciones de despido de los cuatro funcionarios señalados.

El oficio dice que “en lo que respecta a la persona moral involucrada, constructora Argamuro S.A. de C.V.”, fue presentada una demanda por la reparación del daño, al igual que una denuncia penal por daño patrimonial. De esa forma, el Municipio omite la multa y el pago que pudo haber realizado la empresa implicada.

Cabe destacar que el pasado 2 de julio, medios locales consignaron la declaración de Héctor Robles, donde señaló el ingreso de los 6 millones de pesos al Ayuntamiento a su cargo: 

“La parte jurídica con la empresa que estaba ya se finiquitó, ya se hizo esta licitación pública y lo que sigue es arrancar de nuevo las obras”, señaló Robles en el marco de la nueva licitación para la continuación de las obras.

En perspectiva de las declaraciones del alcalde zapopano y la ausencia de un ingreso por la multa desde la oficina del síndico municipal, Augusto Valencia menciona que Robles Peiro “es un mentiroso” por haber emitido una opinión que encubre a la constructora.

“El alcalde es un mentiroso, en este tema es lamentable que quien tiene la representación del gobierno municipal mienta, y no tenga consecuencias”, declaró Augusto Valencia.

Aunque la Sindicatura no menciona la multa del Municipio, a donde los 6 millones de pesos pudieron haber ingresado fue a la Tesorería de Zapopan. En ese sentido Reporte Indigo presentó una solicitud de transparencia al Municipio para obtener los documentos que acreditaran el pago realizado, según el alcalde.

Fue así como el 17 de septiembre se emitió el oficio 1400/2014/T-1797 en el cual se señala: “se hace de su conocimiento que en los archivos de esta Tesorería municipal no se localizaron documentos que cumplan con los parámetros que establece el peticionario. 

“No hay una información cierta sobre si va a pagar la empresa o no va a pagar, el hecho que nos contesten que va a haber una demanda civil, habrá que esperar que la demanda civil concluya, para ver en qué determina un juez externo la responsabilidad de esta empresa”, mencionó Valencia López.

Así pues, para el regidor por MC, el Ayuntamiento queda señalado como omiso hasta que no exista una sanción clara, y por lo tanto se evidencia una defensa a la empresa negligente.

“Las atribuciones que tiene el gobierno para poder sancionar actos irregulares, no se dieron, y de hecho habrá que empezar con reconocer que a los funcionarios implicados en este caso no los sancionaron, al contrario, los premiaron”, concluyó Augusto Valencia al señalar que tras la destitución del director de Obras Públicas, fue el director de Construcción quien ocupó su lugar. 

Diputado federal defiende constructora

El caso del derrumbe ocurrido en el Hospital General de Zapopan, conocido coloquialmente como el Hospitalito, toma un nuevo curso tras el señalamiento de que la empresa constructora no ha pagado la multa que el municipio le obligó a pagar por los daños.

A un año de que se suscitaron los hechos, la multa no llega. Regidores de oposición, como la fracción edilicia de Movimiento Ciudadano en Zapopan, no se explican el por qué de la falta de este pago, se habla de que un diputado federal que podría estar implicado en la omisión. 

En entrevista con Reporte Indigo, el regidor Augusto Valencia declaró que tenían el dato de que  un diputado federal presionaba para que Argamuro S.A. de C.V. no reparara los daños.

“Actores externos presionan al gobierno municipal para proteger a esta empresa constructora (…) es un diputado federal del PRI, solamente nos faltan pocos elementos para poder determinar el nombre y apellido de esta persona.

“ Pero me parece que es muy delicado que sean los diputados federales priistas quienes estén protegiendo empresas constructoras”, explicó Valencia López.

De acuerdo con fuentes consultadas por Reporte Indigo, se trataría del diputado federal, Abel Salgado Peña; el legislador es actualmente diputado de mayoría relativa en el distrito seis, con sede en Zapopan. En el 2007 fue diputado local en Jalisco, cargo que ocupó hasta el 2010, y donde, cabe señalar,  perteneció a la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

De igual forma, de 2010 a 2012 fue regidor por el PRI en Zapopan, donde perteneció a la Comisión de Desarrollo Urbano en ese Municipio.

Es así como los señalamientos hacia el diputado para la defensa de la constructora implicada en el caso del Hospitalito podrían tomar forma, al igual que las declaraciones puestas en duda hacia el alcalde de Zapopan, ya que a un año de los hechos ocurridos no se sabe qué pasó con los 6 millones a pagar, ni el por qué de una declaración de que sí se habían liquidado.

FUENTE: REPORTE INDIGO.

AUTOR: JONATHAN VILLANUEVA

Barack Peña

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WEB DE PROCESO.

MÉXICO, D.F: La clase política de Estados Unidos se niega a aceptar la realidad de la estrepitosa caída de su predominio económico, poder político e influencia ideológica en el mundo.

Recurre una vez más a la fuerza de las armas como un acto desesperado por afianzar su control sobre los recursos y los pueblos del planeta.

Las nuevas agresiones en Irak, Siria, Palestina y Ucrania fomentadas o dirigidas por Barack Obama, otrora Premio Nobel de la Paz, también le han permitido construir su propio pacto con la oposición, al estilo del “Pacto por México” de Enrique Peña Nieto, para unir a la clase política frente a las cada vez más contundentes críticas a su gestión, tanto desde la izquierda como de la derecha.

La tasa de aprobación ciudadana para Obama se encuentra en el nivel más bajo que ha tenido durante los casi seis años que ha ocupado la Casa Blanca. Hoy todas las encuestas coinciden en que más de 50% de la población desaprueba su labor, mientras solamente 40% lo apoya (véase: http://ow.ly/BDg2V). Asimismo, la gran mayoría de quienes desaprueban expresan un sentimiento fuerte al respecto (strongly disapprove), mientras solamente la mitad de quienes aprueban están tan convencidos (véase: http://ow.ly/BDgjJ).

La movilización social del pueblo afroamericano en Ferguson, la traición a los latinoamericanos en materia migratoria y la consolidación del poder militar del Estado Islámico (EI) en el Medio Oriente desnudan el fracaso del gobierno de Obama tanto en materia de política interior como en el exterior. Obama es entonces el perfecto “amigo” y símil de Peña Nieto. Ambos presidentes trabajan para intereses ajenos y, por lo tanto, son repudiados por sus pueblos.

La revuelta de Ferguson, Missouri, responde al hecho de que los afroamericanos se encuentran en una situación aún más precaria que cuando Obama ganó su primera elección presidencial en 2008. La brecha entre los “blancos” y los “negros” en términos de ingresos, patrimonio, rendimiento educativo y desempleo se ha ensanchado de manera pronunciada. Igualmente, el racismo estructural del sistema de “justicia” estadunidense llena las cárceles del país con cada vez más afroamericanos. Este es el contexto para la brutalidad policiaca que ha abierto las heridas y despertado la conciencia de la comunidad afroamericana. Obama no solamente ha dado la espalda a los latinos que lo apoyaron con tanta convicción, sino también a su propia comunidad.

Los contundentes éxitos militares del EI en una zona supuestamente “pacificada” por el ejército estadunidense evidencia el absoluto fracaso de más de dos décadas de bombardeos e intervención militar desde el inicio de la Guerra del Golfo en 1990. Así como la consolidación del poder del narco en Michoacán revela la derrota de la “guerra contra las drogas” iniciada por Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto por órdenes de Washington, la situación en Irak demuestra la enorme fragilidad y debilidad de las estrategias militares dirigidas desde la Casa Blanca en todo el mundo.

Existe una sorprendente continuidad entre el gobierno de Obama y el de George W. Bush Jr. (2000-2008), comparable a la falta de cambio o “transición” durante los 12 años de gobiernos panistas en México. Del mismo modo en que el PAN terminó por devolver el poder al viejo PRI, lo más probable es que Obama también entregue la Casa Blanca de regreso al Partido Republicano cuando termine su segundo cuatrienio en 2016 o, en su caso, a Hilary Clinton, quien representa exactamente los mismos intereses.

El discurso de Barack Obama del pasado 17 de septiembre en la Base Militar MacDill, en Florida, fue revelador con respecto a su verdadera orientación política. “Entre la guerra y la recesión económica (…) estos han sido 14 años llenos de retos. Quiero que sepan, mientras los acompaño hoy, que hoy estoy tan seguro, como lo he estado siempre, de que este siglo, justo como el siglo anterior, será dirigido por América (sic) (…) Es y será un siglo americano (sic)”.

No se asomó ni por error la palabra “cambio” o “esperanza” en el discurso del presidente que supuestamente introduciría transformaciones importantes en el sistema político de Estados Unidos. Obama ahora se quita la máscara al presentarse como el defensor de la más absoluta continuidad conservadora, tanto con los ocho años anteriores a los suyos en que Bush Jr. ocupó la Casa Blanca (“han sido 14 años”), como con el siglo pasado de “liderazgo” estadunidense en el mundo, incluyendo constantes intervenciones militares, económicas y políticas a lo largo y ancho de América Latina.

La “democracia” estadunidense se encuentra tan dolida y traicionada como la mexicana. Quienes luchan por un mejor país deben enfrentar la realidad de que lo que ocurre en México es parte de un fenómeno global de vaciamiento del sentido de las instituciones “liberales” en todo el planeta. No se trata desde luego de abandonar el frente nacional, sino de constantemente vincularlo con las luchas paralelas que están teniendo lugar en el mundo. Por ejemplo, el empuje hacia la independencia de Escocia, la resistencia del pueblo palestino y los esfuerzos del nuevo partido ciudadano “Podemos” en España, todos indican que se acercan nuevos tiempos. También sería muy importante estrechar los lazos con los gobiernos de izquierda en Sudamérica.

La izquierda mexicana ha cometido el error de descuidar el frente internacional durante los últimos lustros. La revitalización de este ámbito de acción sería particularmente importante en este momento, dado el dinamismo actual en tal esfera. Una mejor vinculación con movimientos y luchas en otras latitudes podría fortalecer de manera importante el proceso de reconstrucción de la izquierda nacional y nacionalista.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: JOHN M. ACKERMAN.

Lo que todo mexicano quisiera (no) saber sobre los bancos

MÉXICO, D.F: Según un estudio reciente de la Comisión Federal de Competencia, la cobertura de cajeros automáticos es insuficiente y está dominada por los grandes bancos. Además el cargo por retirar efectivo en un cajero que no es del banco del usuario es muy caro: entre 20 y 30 pesos en promedio.

Hacer un pago móvil a una cuenta de un banco diferente a la cuenta del usuario es imposible.

Las redes de pagos móviles operan básicamente a través de la “telefónica preponderante”, o sea Telmex.

Los bancos podrían estar tomando decisiones a favor de sus accionistas y no necesariamente a favor del funcionamiento eficiente del sistema de información crediticia.

Los bancos pequeños enfrentan limitaciones de información para competir de manera efectiva en productos específicos para segmentos de la población.

Los usuarios no cuentan con un historial para obtener créditos porque el gobierno no provee información sobre pagos realizados a Infonavit o Fovisste.

Las medianas y pequeñas empresas enfrentan serias dificultades para tener acceso a financiamiento/capital de inversión.

Los fondos de inversión instrumentan políticas de diferenciación de precios que resultan discriminatorias y discrecionales.

No hay una base de datos sobre el historial de riesgo de clientes en busca de seguros, lo cual lleva a que las pólizas sean muy caras.

La Comisión Federal de Competencia sólo cuenta con tres días para emitir una resolución sobre una concentración mediante liquidación bancaria, lo cual lleva a que el organismo no pueda erradicar conductas anticompetitivas o barreras a la competencia.

Los bancos no compiten entre sí para ofrecer una mejor tasa de interés con el fin de atraer clientes.

Los tarjetahabientes encuentran dificultades para trasladar sus saldos deudores a un banco distinto que les ofrezca mejores condiciones: Sólo 5% de los clientes de tarjetas de crédito cambiaron de banco entre 2011 y 2012.

Los usuarios afrontan serias dificultades para elegir productos financieros –como crédito automotriz o seguro para el retiro– porque no tienen acceso fácil a la información para comparar.

Los acreditados están atados a términos de contratación desventajosos, con altas tasas de interés o altas tasas de comisiones o condiciones inflexibles de plazo o formas de pago.

Hay nula movilidad de clientes entre proveedores de cuenta de nómina, lo cual obstaculiza la competencia.

Es básicamente imposible trasladar una garantía hipotecaria de una institución a otra, lo cual inhibe el refinanciamiento del crédito.

Existen acciones anticompetitivas coordinadas entre los bancos; en otras palabras, están coludiéndose para abusar del consumidor.

Los usuarios pagan sobreprecios en el ramo de los seguros ligados a crédito, especialmente el automotriz y el hipotecario.

Las autoridades regulatorias del sistema financiero actúan con una gran discrecionalidad.

La cobertura de establecimientos que aceptan pagos con tarjeta es baja.

Los usuarios que reciben o envían remesas no cuentan con la información necesaria y por ello se enfrentan a comisiones adicionales a las pactadas inicialmente en el servicio.

En ciertos sectores la banca de desarrollo es ineficiente y genera riesgos para la competencia.

El Infonavit y el Fovissste establecen condiciones de crédito más onerosas que otros intermediarios financieros, por lo que sus ventajas no se ven reflejadas en menores costos para los consumidores.

Los intermediarios financieros ofrecen de manera insuficiente ciertos servicios financieros a algunos sectores de la población.

Hay un serio conflicto de interés en algunos consejos de administración de la banca de desarrollo, que tiene participantes con intereses dentro de los sectores que fomentan.

Quienes ofertan servicios de ahorro para el retiro compiten principalmente a través de la promoción de sus servicios (43% del gasto de las Afores se destina a esta actividad, mientras que sólo 4% va a la inversion). Los gastos de promoción elevan los costos de operación de las Afores, sin beneficios claros para los consumidores. Y por ello la mitad de los trabajadores que cambiaron de Afore en 2013 fueron a dar a otra institución que les ofrecía menor rendimiento neto.

Como la información sobre transacciones que involucran fideicomisos es considerada “secreto bancario”, la Comisión Federal de Competencia no puede determinar si hay prácticas anticompetitivas en ese sector.

El sistema financiero no está innovando y no está buscando atraer a los consumidores vía calidad, innovación y mejores precios. En esencia, nos tiene atrapados.

Como no hay competencia, sino más bien colusión y mala regulación, los bancos hacen básicamente lo que se les da la gana: abusan, manipulan, esconden, exprimen. Por eso las filiales de bancos extranjeros en México tienen mayores tasas de ganancia aquí que en otras partes del mundo donde operan.

Ante esta lamentable realidad, lo único que hace la Comisión Federal de Competencia es ofrecer 36 recomendaciones “no vincu­lantes”. Mientras tanto, allí está el servicio malo y caro que padecemos los usuarios. Y la pasividad o la complicidad del gobierno.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DENISE DRESSER (ANÁLISIS)

Denuncian desaparición de 58 normalistas de Ayotzinapa

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WEB DE PROCESO.

MÉXICO. D.F: Integrantes del comité estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos denunciaron la desaparición de 58 estudiantes tras los hechos de violencia registrados en Iguala, donde policías municipales y sicarios asesinaron seis personas en diferentes ataques contra civiles.

Al respecto, los dirigentes estudiantiles señalaron que tienen indicios de que algunos normalistas se encuentran retenidos en el cuartel del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala.

Otros más pudieran estar en las inmediaciones de los cerros tratando de sobrevivir y llegar a una lugar seguro, informaron esta mañana durante una conferencia realizada en las instalaciones de la normal de Ayotzinapa, ubicada en el poblado de Tixtla de Guerrero.

Por ello, responsabilizaron a las autoridades federales, estatales y municipales de la desaparición de los normalistas y de cualquier atentado en su contra.

En respuesta, el gobierno estatal emitió esta noche un comunicado donde confirmó la desaparición de 58 normalistas desde la madrugada de este sábado y anunció el inició de la averiguación previa AEBPNL/49/2014, así como acciones para buscar y tratar de localizar a los estudiantes.

El comunicado oficial refiere que la Secretaría de Seguridad Pública estatal implementa un operativo en Iguala y las comunidades cercanas, en coordinación con normalistas y padres de familia.

“Desde otras instancias de gobierno se ha establecido contacto con los familiares de algunos de los jóvenes presuntamente desaparecidos para corroborar que efectivamente no se han reportado con sus familiares o bien que ellos desconocen sobre su paradero, con el objetivo de descartar aquellos casos en donde los jóvenes ya estén ubicados o bien ya hayan tenido contacto con sus familias, verificando que se encuentren en buen estado”, refiere el boletín.

Al respecto, la dirigencia estudiantil informó que el viernes 26, salieron de la normal de Ayotzinapa al menos 110 estudiantes, a bordo de dos autobuses,  rumbo a la ciudad de Iguala para realizar actividades previas a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco registrada el 2 de octubre de 1968.

Los normalistas eran en su mayoría, estudiantes de primer año,  indicaron.

Luego de los ataques armados realizados por policías municipales y civiles armados durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, que dejaron un saldo de tres normalistas ejecutados y una decena de heridos, los estudiantes se dispersaron para tratar de salvar su vida.

Poco menos de la mitad del contingente pudo regresar a la Normal, cuatro de ellos permanecen heridos en hospitales de Iguala y 58 siguen desparecidos, informaron.

La dirigencia estudiantil señaló que la prioridad en este momento es localizar a sus compañeros y responsabilizaron al alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca de cualquier atentado en contra de los normalistas, argumentando que en este lugar se vive un ambiente de inseguridad y terror.

Hasta las 21:00 horas de este domingo, las autoridades estatales no habían localizado a los normalistas que cumplieron un día desaparecidos tras los hechos de violencia protagonizados por uniformados y sicarios en contra de estudiantes, futbolistas y civiles.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Periodistas entre desprotección, crimen y autocensura

Atrapados en la extrema violencia generada por la delincuencia organizada y la ofensiva frontal del Estado –a veces sustituida por la complicidad ante el testigo incómodo–, los periodistas siguen cayendo bajo las balas de los sicarios, forzados a entrar en las nóminas criminales u obligados a exiliarse para sobrevivir. En entrevista, defensores de los derechos de periodistas denuncian que los mecanismos oficiales de protección siguen sin funcionar y que no hay voluntad del gobierno federal para detener las agresiones contra el gremio.

MÉXICO, D.F: Ser periodista en México implica enfrentarse a las agresiones en un ambiente de impunidad y abandono institucional, con la autocensura y el exilio como opciones casi únicas de supervivencia.

Esa es la condición del trabajo informativo en regiones donde persiste la violencia generada por la delincuencia organizada y por el embate frontal del Estado, sobre todo cuando éste ha eludido su responsabilidad de garantizar la libertad de expresión, coinciden Balbina Flores, Francisco Sandoval y Jade Ramírez, defensores de derechos de los periodistas.

Entrevistados por separado días después de que en el noticiero estelar de MVS, conducido por Carmen Aristegui, difundiera el video de la reunión de Servando Gómez, La Tuta, con Eliseo Caballero y José Luis Díaz, los activistas no justifican las acciones de Caballero y Díaz, pero resaltan que a partir de 2005, cuando se acentuó la violencia de los cárteles, los reporteros que cubren esa fuente se volvieron blanco de agresiones.

Hasta la fecha, indican, esos ataques no han cesado pese a que ya existen instrumentos jurídicos e instituciones como la Ley General para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

De acuerdo con el último informe estadístico de la FEADLE, de enero de 2000 al 31 agosto de 2014 se reportaron 102 homicidios y 24 desapariciones de periodistas, de los cuales la dependencia federal  investiga 30 asesinatos y 12 desapariciones.

El informe publicado en la página de la fiscalía mencionada señala que del 5 de julio de 2010, cuando la dependencia comenzó a operar, al 31 de agosto de 2014, inició 596 indagatorias por delitos contra periodistas y medios de comunicación, el 35.4% de las cuales (es decir 211) son amenazas.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1978, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Los sexenios pasan, desempleo se queda

De acuerdo a cifras oficiales del Inegi, el déficit de empleo se arrastra y en los últimos 14 años, 8 millones de personas no han encontrado empleo en la economía formal

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WEB DE REPORTE INDIGO.

Ya son 8 millones de mexicanos los que están en lista de espera desde hace 14 años, porque no han logrado encontrar un trabajo en la economía formal.

Ni con el “cambio” que prometió Vicente Fox ni con la oferta “vivir mejor” del presidente del empleo, Felipe Calderón, lograron colocarse en un empleo.

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de agosto del 2000 a igual mes de este año, la Población Económicamente Activa (PEA) se incrementó en 12 millones.

Sin embargo, la generación de empleos formales en ese mismo periodo apenas rebasó los 4 millones.

Pero este déficit de empleo se arrastra desde hace 24 años y asciende a 34 millones de plazas, de acuerdo con las propias cifras oficiales del Inegi.

Esas mismas estadísticas revelan que Ernesto Zedillo heredó de su antecesor Carlos Salinas, una tasa oficial de desocupación abierta de 2.1 por ciento de la PEA.

En su sexenio, Vicente Fox elevó esa tasa a 3.6 por ciento, y en el gobierno de Felipe Calderón repuntó hasta el 5.1 por ciento.

Calderón, a su vez, hereda a la nueva administración una tasa oficial de subocupación de 7.6 por ciento.

Dejando una tasa de informalidad laboral del 59.22 por ciento de la PEA, y a 2.8 millones de mexicanos en desocupación abierta.

Trabajos que no llegaron...

De acuerdo con los datos del Inegi, en los últimos 21 meses, un millón 200 mil mexicanos quedaron fuera del mercado laboral en el sector formal de la economía.

Además, en ese lapso la tasa de informalidad laboral fue de 58.2 por ciento, y 27.9 la de ocupación en el sector formal. Es decir, uno de cada tres mexicanos en edad y condición de laborar logró colarse en el sector formal de la economía.

En ese lapso debieron crearse 2 millones 100 mil empleos formales registrados en el IMSS, pero sólo se crearon 756 mil, 36 mil al mes, en lugar de los 100 mil requeridos por la demanda.

De ahí que se quedaron un millón 344 mil mexicanos en edad y condición de laborar en la lista de espera, que se sumarán a los 8 millones de los últimos 14 años, o a los 34 millones de los últimos 24 años.

El otro déficit 

Un factor que destacan las cifras del Inegi es que la mayor parte de los desocupados son aquellos mexicanos con mayor instrucción escolar.

De la tasa de desocupación al segundo trimestre de este año, 21.1 por ciento no contaba con estudios completos de secundaria, mientras que el 79 por ciento reportó un nivel más alto de educación.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que la escasa generación de empleo formal en México es preocupante, así como la precarización laboral que se registra en el país.

Incluso, pronosticó que entre 2014 y 2016, la creación de plazas formales en el país no será significativa.

De ahí que al cierre de este año la tasa oficial de desocupación se mantendrá en un nivel de 4.9 por ciento, y 4.7 por ciento hasta 2016, estimó.

Las estadísticas de la OIT revelaron también que México ocupa el escalón número cuatro (entre 40 países considerados) en número de “ninis”.

Sólo es superado por Turquía, Macedonia e Israel, donde el inventario de jóvenes que no trabajan ni estudian se multiplica.

La OIT calcula que en el mundo una cuarta parte de los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad se encuentra en esta situación.

El año pasado, reveló, cerca de 74.5 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad estuvo desempleado, un millón más que el año anterior.

De ahí que la tasa mundial de desempleo juvenil haya aumentado a razón de 13.1 por ciento, tres veces más que la tasa de desempleo de los adultos.

Anticipó que para el 2018 habrá 215 millones de personas en el desempleo. Sólo se crearán 40 millones de empleos nuevos al año y sólo entrarán anualmente a ese mercado 42.6 millones de personas.

Lo que dejaron…

Indice de la Población Económicamente Activa en los últimos sexenios:

> Ernesto Zedillo heredó una tasa del 2.1 por ciento de la PEA 

> Vicente Fox elevó esa tasa a 3.6 por ciento.

> Con Felipe Calderón repuntó hasta el 5.1 por ciento.

> Enrique Peña Nieto hereda una tasa de desempleo del 7.6 por ciento.

FUENTE: REPORTE INDIGO.

AUTOR: GEORGINA HOWARD.

Investigan asesinato de líder panista

El Gobierno de Guerrero busca a los responsables del homicidio de Braulio Zaragoza, secretario general del PAN estatal, baleado la mañana de ayer en un hotel cercano a la Quebrada.

En una de las zonas turísticas más concurridas de Guerrero, el secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, Braulio Zaragoza Maganda Villalba, de 35 años, fue asesinado de tres impactos de bala en el interior del hotel El Mirador, ubicado en el puerto de Acapulco.

El Ministerio Público del sector de Barrios Históricos, informó que alrededor de las 08:30 horas de este domingo un individuo ultimó al dirigente del blanquiazul cuando se encontraba en el área del restaurante de la hospedería.

Informó que, según las primeras investigaciones, el dirigente local panista fue atacado por la espalda al momento de intentar correr de su agresor.

Al lugar arribaron elementos de las policía ministerial, federal y estatal, quienes acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones y búsqueda del o los responsables de la agresión.

Autoridades responden

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, condenó el asesinato del líder panista.

“Condeno rotundamente el homicidio del secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Braulio Zaragoza Maganda Villalba”, publicó el mandatario guerrerense en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “La PGJE ya ha iniciado la investigación para ubicar a los responsables de este lamentable suceso, y aplicarles todo el peso de la ley”.

Madero vs. impunidad

El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, también se manifestó sobre la muerte de Zaragoza Maganda.

Dijo que el político “se distinguió como un militante activo y comprometido con el trabajo político del partido”, y  exigió a las autoridades federales y locales esclarecer de inmediato el caso “porque ya no podemos permitir este clima de inseguridad en México ni que reine la impunidad”.


“Nuestro corazón está con sus familiares y con sus compañeros de trabajo ante la brutal pérdida de nuestro gran amigo”, expresó Madero en un comunicado.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

Narcos y periodistas, una vieja historia

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (REPORTAJE ESPECIAL)

Informes de organismos de inteligencia federales tienen documentado desde hace años que la prensa michoacana se debate entre la adulación a los gobernantes, la sumisión a la delincuencia organizada –conseguida a base de dinero y amenazas– y la peligrosa opción de la independencia. El reciente escándalo del video que involucra al excorresponsal de Televisa Eliseo Caballero con La Tuta permite conocer más de cerca las redes que tejen las bandas delictivas y la medida en que están presentes en la vida pública, ya sea con voceros oficiosos o con mensajeros forzados.

MORELIA, Mich: El video que muestra una reunión del líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez, La Tuta, con el corresponsal de Televisa en el estado, Eliseo Caballero, y José Luis Díaz, director de la agencia Esquema, reavivó el viejo problema de la relación de la prensa con el crimen organizado en la entidad.

Desde que Carmen Aristegui difundió el material en su segmento de MVS Noticias, el lunes 22, el gobierno federal desempolvó una investigación que ya tiene años y en la cual se señala que al menos 30 reporteros locales han tenido una relación con la delincuencia organizada, principalmente con La Familia Michoacana y después con los Caballeros Templarios, que les han pagado por sus servicios.

Según el expediente del gobierno federal del que Proceso tuvo conocimiento, esos grupos delictivos controlaron por años a la prensa estatal mediante la cooptación y las amenazas, hasta que estalló el movimiento de las autodefensas ciudadanas, que pronto acapararon la atención de los medios de alcance nacional e internacional. A partir de entonces los Templarios buscaron a reporteros para pedirles su opinión sobre nuevas estrategias de propaganda. Fue el caso de Sergio Caballero y José Luis Díaz, con quienes organizaron varios encuentros.

Caballero, por su parte, afirma que nunca lo cooptó el crimen organizado. Insiste en que acudió a dos reuniones con La Tuta bajo amenazas y no para asesorarlo en el manejo de medios o contactarlo con otros reporteros.

Entrevistado en un restaurante del centro de Morelia, sostiene que dichos encuentros fueron entre junio y septiembre de 2013, uno de ellos fue grabado por gente del grupo delictivo; en éste aparece Caballero recibiendo unos billetes de mano del jefe criminal y dándole una opinión sobre el manejo de las mantas como estrategia de comunicación.

“Fueron mil 500 pesos los que me dieron. Si nos los recibía, creí que se iba a enojar y me podría matar. Yo sólo respondí a las preguntas que me hacía, sin hacer ningún compromiso porque lo que quería esta persona era aparecer en Televisa”, argumenta el reportero.

El diálogo se grabó en el pueblo de Tumbiscatío. A ella también fue José Luis Díaz, director de la agencia de noticias Esquema, que para el miércoles 24 ya estaba desmantelada y él escondido.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1978, ya en circulación)

De la ONU a Tlatlaya

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ANDREA B. ASSUNTO.

El caso de los militares acusados representa la oportunidad para esta administración de poner manos a la obra en un tema que quedó relegado en sexenios pasados. Y ya dio el primer paso...

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WEB DE REPORTE INDIGO.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha sumado ganancias en los últimos días. 

El pasado 21 de septiembre, el mandatario fue galardonado por promover el Pacto por México con el premio “Ciudadano global”, otorgado por el Atlantic Council.

Además, en el mismo viaje que realizó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU, por sus siglas en inglés), concretó la participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en las operaciones de paz de la ONU. 

Pero no solo eso. El mandatario mexicano asumió la presidencia de la Alianza por Gobiernos Abiertos, por lo que se comprometió a apoyar la transparencia de los gobiernos  y combatir la corrupción.

Este nombramiento no pudo tener un timing más puntual.

Y es que mientras eso sucedía, en México se reveló el caso de la presunta masacre de civiles en Tlatlaya, en el Estado de México.

Un caso en el que se puso bajo la lupa el respeto de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.

Esto, puede significar la primera prueba del Gobierno para resolver el conflicto que se presenta en el deber de los militares.

Y es que las fichas comenzaron a desplomarse, la versión oficial se desmoronó una vez que fueron detenidos los oficiales. 

Incluso, Humans Right Watch (HRW) dirigió nuevamente su atención en el incidente al que calificó como “la peor masacre de los últimos años”. 

“Poco a poco se está desmoronando la versión oficial de los hechos, que busca encubrir, proteger a los responsables (…) de los crímenes cometidos, una vez más, por parte de las fuerzas militares”, dijo José Miguel Vivanco, director de HRW para América. 

Sin embargo Peña Nieto pareció no dejó pasar la oportunidad de demostrar que su gobierno iba a tomar cartas en el asunto.

Desde Nueva York aseguró que “la Procuraduría General de la República (PGR) está ahondando en la investigación y será la instancia que dé respuesta a este tema”.  

Hechos errados

Según la versión inicial, el pasado 30 de junio presuntos delincuentes habrían disparado contra los soldados que patrullaban el municipio y éstos repelieron la agresión. El incidente dejó 22 civiles muertos. 

Ahora, el hecho dio un giro con el reporte en Esquire de una testigo que asegura que el Ejército ejecutó a las víctimas. 

“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, indicó la joven a la revista. 

Y aunque la declaración de esta testigo no ha sido tomada en cuenta por la PGR, pues actualmente la ciudadana se encuentra detenida, otros tres testigos del hecho otorgarán los testimonios que la Procuraduría utilizará para reconstruir el caso.


“Es un asunto bastante complejo, en el que nuestra obligación es encontrar la verdad, sea cual sea. Me puedo comprometer con ustedes a que eso haré, buscar la verdad, sea cual sea”, afirmó el procurador general Jesús Murillo Karam, el pasado 24 de septiembre.

El PRI emprende el asalto al INE

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

Los dirigentes del PRD y del PAN se muestran preocupados porque, dicen, el PRI pretende “agandallarse” el Instituto Nacional Electoral al proponer la fórmula de cuotas partidarias de consejeros para colocar a personal afín al instituto político. De lograrlo, advierten, la reforma electoral será un fracaso, de ahí que incluso se hayan reunido con el presidente del organismo, Lorenzo Córdova, antes de que venza el plazo para la designación del Consejo General, el martes 30. La mayoría de los 51 prospectos, sostienen, son proclives al PRI.

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MÉXICO, D.F: Con el Instituto Nacional Electoral (INE) bajo su control, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) trama un asalto a los órganos electorales estatales que, de consumarse, neutralizaría la reforma que pretende emancipar a éstos de los gobernadores.

El controvertido proceso de selección es conducido por Marco Antonio Baños Martínez, identificado por la oposición como operador del PRI, quien es acusado de hegemonizar la integración de las listas de aspirantes a consejeros estatales gracias a un bloque que integra con otros consejeros del mismo signo partidario y uno propuesto por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Javier Santiago Castillo.

“Es muy claro que (Baños) fue asesor, que colaboró y fue empleado de Manlio Fabio Beltrones”, recuerda Francisco Gárate Chapa, el nuevo representante Partido Acción Nacional (PAN) ante el INE, quien advierte que el “agandalle” del PRI o la fórmula de cuotas partidarias de consejeros representará un fracaso de la reforma electoral.

“Si no vencemos la tentación del cuotismo estaremos dando al traste con una reforma constitucional y una nueva legislación electoral que, de por sí, nació cuestionada”, ratifica el panista, con quien coincide el representante del PRD, Camerino Márquez, sobre el plan del PRI de controlar los órganos electorales de los estados:

“El criterio debe ser inclusión, discusión a fondo, construcción de consensos y respeto absoluto a todos los participantes. Que no haya dados cargados, favoritismos, consigna, vetos subjetivos ni premios por consigna. Queremos un árbitro independiente”.

Hay tal alarma en la oposición que, el lunes 15, los presidentes de PAN y PRD, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, se desayunaron con Lorenzo Córdova, presidente del INE, y el consejero Ciro Murayama para exigirles imparcialidad y evitar el asalto del PRI a los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

Tras esa reunión, la comisión presidida por Baños debió eliminar 17 aspirantes claramente identificados con el PRI y reinscribió a 34 que habían sido eliminados.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1978, ya en circulación)

Caso Tlatlaya: la “indisciplina” militar que mató a 22 personas

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARIAZAGA (REPORTAJE ESPECIAL)

Sólo bajo presión las autoridades mexicanas debieron reconocer que lo ocurrido el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya es demasiado turbio, por lo que debe ser aclarado. Testimonios y fotografías desmienten la versión original, la de un supuesto enfrentamiento entre militares y criminales, y hablan en cambio del asesinato de presuntos delincuentes que ya se habían rendido. Sedena ya consignó ante un juez militar a ocho de los participantes en esa acción, acusándolos de “desobediencia” e “indisciplina”.

MÉXICO, D.F: Contra su voluntad, el gobierno mexicano ha tenido que actuar ante las crecientes evidencias de una posible matanza de civiles perpetrada por el Ejército, pero se encamina a culpar a “soldados desobedientes” para evadir cualquier responsabilidad política.

Sin explicar aún qué pasó la madrugada del 30 de junio en el poblado San Pedro Limón del municipio mexiquense de Tlatlaya, ya dirigió la atención a militares de infantería de bajo rango participantes en lo que cada vez más toma la forma de una ejecución sumaria de 21 presuntos delincuentes que se habían rendido, más el abatimiento de otro que habría muerto en condiciones de enfrentamiento, según los testimonios e imágenes publicadas por la prensa nacional e internacional.

La noche del pasado jueves 25, luego de que Proceso diera a conocer en su portal electrónico que ese día un grupo de soldados rasos más un teniente habían sido consignados ante un juez castrense, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que un oficial y siete elementos de tropa fueron puestos a disposición del juzgado Sexto militar.

La Sedena agregó que sus elementos quedaron “internos” en la prisión del Campo Militar Número 1, en el Distrito Federal, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos en contra de la disciplina militar –sin explicar en qué consistió ésta–, desobediencia e infracción de deberes. Precisó que el último de los cargos sólo aplica para el oficial. Los acusados están recluidos en un sector conocido como “las negras”, por lo reducido y oscuro del espacio.

El reportero Arturo Rodríguez había adelantado la información y pronto fue reproducida en distintos medios, ante el silencio inicial del Ejército. La Sedena se vio obligada a informar, tal y como había ocurrido una semana antes, luego de que la administración de Barack Obama hiciera una declaración pública en la que le pidió al gobierno de Peña Nieto una investigación verídica de lo ocurrido en el Tlatlaya, Estado de México (Proceso 1977).

Sedena, que se había empeñado en sostener que el abatimiento de los presuntos delincuentes ocurrió a raíz de un enfrentamiento durante un patrullaje militar, indicó que la intervención de la justicia castrense era independiente de las investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Pero el comunicado de la Sedena amplió las dudas.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1978, ya en circulación)

Los legisladores, tan vulnerables como corruptibles

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (REPORTAJE ESPECIAL).

El asesinato del diputado Gabriel Gómez Michel evidenció la debilidad del Poder Legislativo: es fácil atentar contra sus integrantes –representantes de miles de mexicanos y garantes de la institucionalidad– y es fácil corromperlos. Las historias se multiplican. Hay legisladores secuestrados, prófugos, denunciados, con familiares que han sufrido ataques o que están vinculados con el crimen organizado…

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MÉXICO, D.F: Los diputados tienen miedo. El secuestro y asesinato del diputado federal Gabriel Gómez Michel (PRI) exhibe “lo vulnerable” de uno de los tres poderes del Estado mexicano, el Legislativo. Existe otro temor: que sus integrantes se corrompan con mayor facilidad cada vez.

Esta es la opinión de Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para quien el caso obliga a que los órganos de inteligencia y la Secretaría de la Defensa Nacional investiguen a todos aquellos que aspiren a puestos de elección popular. De lo contrario, dice el perredista, “no vamos a quitarles la tentación” a las bandas delincuenciales de “penetrar en los poderes del Estado”. Y revela: “Esa es la magnitud del poder alcanzado por los grupos delincuenciales”.

Originario de Michoacán, uno de los estados con mayor presencia y evidencia de infiltración del crimen organizado en la estructura gubernamental, Aureoles revela que, después del asesinato de Gómez Michel, otros legisladores federales han sido amenazados de muerte. De hecho, Proceso pudo confirmar el levantón y liberación de otro diputado federal días antes del ataque perpetrado en Jalisco.

A lo anterior se suman secuestros y atentados contra legisladores que representan los distritos de mayor virulencia en Guerrero, Michoacán, Estado de México y Jalisco.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1978, ya en circulación)

El poder del narco

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

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WEB DE PROCESO.

MÉXICO, D.F. (apro).- El secuestro y asesinato del diputado federal del PRI, Gabriel Gómez Michel, no es un asunto del PRI ni del poder legislativo, es un tema del país entero, pues con ello se evidenció la vulnerabilidad del Estado mexicano.

Pueden correr páginas y páginas generando hipótesis sobre los motivos de su cruel muerte y la de su chofer y amigo, pero hay un punto que salta a la vista y no se necesita tener mucha imaginación: se dañó a una de las arterias de la República, del Estado.

No sólo fue la saña de quemarlos vivos, privarlos de su libertad a plena luz del día, ante cámaras de vigilancia y en un terreno donde bulle la presencia del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue un acto no negociable: secuestrarlos y en unas cuantas horas matarlos.

Fue dar una prueba de hasta dónde puede maniobrar el crimen organizado sin que el gobierno haga nada. Fue dar una muestra de la complicidad de autoridades que dejaron pasar por lo menos 20 minutos vitales luego de la privación de la libertad del diputado y su acompañante.

La impunidad, la complicidad, lo podrido del sistema político, la filtración del crimen organizado hasta las venas del Estado, es lo que revela este trágico hecho.

Si Michoacán no ha hecho reaccionar a las autoridades como uno espera, con eficacia y pulcritud, con detenciones de quienes comenten crímenes y sin veleidades, donde un día se manda a un “virrey” a poner orden, otro se abre la puerta a las autodefensas y al siguiente se les fustiga y apresa por encarar la verdad, como el caso del doctor José Manuel Mireles, detenido por defender su tierra, su gente y no alinearse a los cantos del “virrey” Alfredo Castillo.

Pero si Michoacán es un caso tan evidente en donde el crimen organizado dispone de la vida y propiedades de toda una región, cómo no esperar casos como el de Gómez Michel, en donde se dio una clara y efectiva muestra de que quien tiene el poder no es el gobierno ni la ciudadanía, sino un grupo criminal.

El investigador Edgardo Buscaglia ha dicho que el crimen organizado está en todo, controla todo, elecciones, candidatos, presupuestos, gobiernos, y hoy los hechos le están dando la razón.

De los poderes locales se ha dicho que en ellos ya participa el crimen, que si antes el jefe de plaza decidía quién ocuparía la dirección de Seguridad Pública de un municipio, ahora se tiene la certeza de que ha puesto o corrompido incluso a gobernadores.

Y de uno de los poderes más altos, del Congreso de la Unión, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que han logrado llegar personajes vinculados con el crimen organizado, ya fuera por terceras personas, por familiares pertenecientes a cárteles de la droga o porque a los propios legisladores en algún momento se les mencionó en una averiguación previa.

La realidad es que no hay control sobre quién llega a la Cámara de Diputados o al Senado de la República, y menos aún si en el camino de su legislatura son presionados por el crimen organizado, si son amenazados o cooptados, lo que podría no resultar difícil si la corrupción en muchos casos corre por sus venas.

Los controles se empezaron a relajar en el municipio más alejado y menos conocido del país, pero hoy esta ausencia de control ha hecho llegar al crimen organizado hasta el nivel de los legisladores federales, hasta matarlos sin que nadie los persiga, sin que nadie se los impida, como es el caso de Gómez Michel.

La fragilidad evidenciada del Poder Legislativo ya no debe ser una alerta para el Estado, es una realidad que debe atacar de raíz. Es su obligación. Sólo cuando el crimen organizado llega hasta quienes lo permitieron, el poder último, es cuando se reacciona.

Quizá para México sea demasiado tarde, pues las autoridades parecen estar más preocupadas por someter a los legisladores para que legitimen sus decisiones de mutilar una y otra vez la Constitución, que lejos están de pensar lo que ellos mismos han provocado: la muerte lenta, sangrante de la República vía el alto poder.

Si el lugar de origen de Gómez Michel era el predilecto de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el líder del CJNG, si Jalisco es plaza de este cártel y tiene cercanía con Michoacán, Zacatecas, Colima, Guerrero y el Estado de México, donde la lucha por las plazas con La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios es pan de todos los días, ése no es el punto.

El tema es que todas esas entidades y sus representantes federales ya acortaron el camino que los separaba de la amenaza y la imposición del crimen organizado. Ahora son los cárteles los que dominan la vida, percepción y emociones de muchos legisladores. La psicosis está creada.

Los intocables y soberbios del otro poder, el Ejecutivo federal, reaccionarán quizá cuando a ellos les toque.

Por las mentes de muchos diputados pasará la idea de si la muerte fue por aprobar una ley que va en contra de la población, si fue por tener vínculos con el crimen organizado, si fue por la inseguridad que ellos no han contribuido a detener, si fue por su indolencia al olvidar para qué fueron electos, si fue porque no se quiso atender una demanda del crimen organizado…

Pueden pensar lo que deseen, de cualquier forma, todo los llevará irremediablemente al miedo con el que transitarán aun después de abandonar el cargo en la actual Legislatura federal, del poder que ya fue vulnerado.

Así como hoy se sienten, desde hace más de una década lo padece la ciudadanía en muchas regiones del país, donde llega un comando, los levanta, los mata y nadie atiende a las víctimas, a sus deudos.


La muerte de Gómez Michel es sólo una muestra de lo que se vive en el rincón más apartado del país, sólo que hoy, llegó hasta uno de los poderes más altos del país, a una de los tres pies sobre los que descansa la República.