Permite Conagua desorden minero

Especialista en gestión integral del agua advierte que en los últimos dos sexenios se han expedido concesiones irregulares a Grupo México.

Desde hace una década, la Comisión Nacional del Agua ha expedido concesiones irregulares a las mineras de Grupo México, propiedad de Germán Larrea.

Los gobiernos panistas lo supieron en su momento y lo avalaron.

Hoy se padecen los desastres ambientales que ha dejado la minera Buenavista del Cobre, una de sus filiales, en los ríos Sonora y Bacanuchi.

Los daños superan con mucho los mil 790 millones de dólares de multa que le impuso Estados Unidos a Grupo México por las afectaciones ambientales provocadas por su mina Asarco en El Paso, Texas.

Conagua, explica Miguel Ángel Montoya, concedió a Larrea un permiso oficial bajo el concepto de “uso público urbano”, pese a las actividades que desarrolla Grupo México.

El asesor en gestión integral del agua del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, advierte que en los últimos dos sexenios se han expedido diez títulos para realizar actividades de minería.

Pero en ninguno de ellos, dice, se incluye la permisión de descarga, es decir, no se le autoriza verter aguas residuales, “ni intermitente ni sistemáticamente, sean o no contaminantes ”.

Montoya realizó un amplio estudio para este grupo parlamentario donde se advierte que existe la posibilidad, de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, de revocar las diez concesiones otorgadas.

Propuesta que, adelanta, harán los perredistas aduciendo como causal el daño ambiental.

 “Se dañan los ecosistemas a consecuencia de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, por descargas de aguas residuales que contengan materiales o residuos peligrosos que ocasionen daños a la salud, recursos naturales, fauna, flora o ecosistemas”, dijo Montoya.

Ya son 40 mil metros cúbicos de productos tóxicos derramados en esos ríos, en franca violación a la Ley de Aguas Nacionales, porque había decretos de veda que impedían el uso industrial del recurso, explica el especialista.

Con las concesiones otorgadas, Grupo México dispone de 21 millones de metros cúbicos de líquido, 75 por ciento más que los siete municipios aledaños, que suman apenas 5.5 millones al año.

La concesión más reciente que le entregó la actual administración, el pasado 5 de septiembre del 2013, fue para uso público urbano, aunque para el especialista es obvio que se trata de una actividad industrial.

Incluso, señala, fue avalada por la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que certificó a la empresa de Larrea “como industria limpia”.

Concesiones a revisión

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara Baja ya solicitó al IFAI documentar 66 concesiones más otorgadas a la mina Buenavista del Cobre.

De éstas, 15 fueron avaladas por Conagua y 43 por la Semarnat, algunas incluso para modificar el uso del suelo, mientras que la Secretaría de Economía le otorgó cuatro.

De acuerdo con Montoya, en total se podrían analizar 319 concesiones que en los últimos 14 años han otorgado a Grupo México las mismas dependencias; más cuatro licencias de la Secretaría de la Defensa Nacional para el uso de explosivos.

El problema, explica, es que muchas de esas concesiones vencen hasta los años 2055 y 2060.

Germán Larrea inició su emporio en 1992 cuando el entonces presidente Carlos Salinas modificó la ley minera.


Desde entonces, Grupo México explota minas en Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, Coahuila, Guerrero, Guanajuato, Durango y las cuencas del Río Bravo, la Pacífico Norte y las Centrales del Norte, y en todas se registran problemas por el abasto de agua.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: GEORGINA HOWARD.

Línea 12 del Metro reabrirá por completo en noviembre… de 2015

MÉXICO, D.F. (apro).- El secretario de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal (Sobse), Alfredo Hernández, informó que la reapertura total de la Línea 12 del Metro estará lista hasta noviembre… del próximo año.

Esta información echa por la borda la declaración del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en el sentido de que en este mes se abrirían al menos dos estaciones.

También descarta la aseveración del actual director del Metro, Joel Ortega, quien el 12 de marzo –cuando anunció el cierre parcial de la llamada Línea Dorada– dijo que la reparación podría estar lista en medio año, es decir, en el mes que está por concluir.

Tras reunirse con los integrantes de la Comisión Investigadora de la Línea 12 del Metro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Alfredo Hernández informó que las 11 estaciones cerradas, se abrirán de manera paulatina, aunque ninguna será en lo que resta del año.

Detalló que en mayo del 2015 comenzarán a operar las estaciones Culhuacán y San Andrés Tomatlán. En junio, Calle 11, Lomas Estrella y Periférico Oriente y en noviembre, el resto: Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac.

El funcionario detalló que entre los motivos por los que tardará tanto tiempo la rehabilitación, está que la cantidad de piezas a reemplazar se elevó de 312 mil a 581 mil, es decir, 47% más que las anunciadas por la empresa Systra y la Sobse el pasado 4 de septiembre, cuando ofrecieron el informe técnico final.

Aclaró que la tardanza se debe a que muchas de ellas se deben mandar a hacer a Alemania, Francia y España.

Hernández no precisó el costo de las piezas, las reparaciones ni de dónde provendrán los recursos para pagarlo, si del gobierno capitalino o del consorcio constructor formado por ICA, Alstom y Carso.

Rehabilitarán tramo subterráneo

El titular de la Sobse, Alfredo Hernández, informó a los diputados que también se va a intervenir el tramo subterráneo de la línea que actualmente está en operación.

Explicó que se necesitan cambiar las especificaciones de las curvas con radios menores a 350 metros. No obstante, aclaró que no será necesario cerrar las estaciones, pues los trabajos se coordinarán con el Metro para realizarlos durante la noche.

Argumentó que las conclusiones que dieron paso al calendario de trabajos de rehabilitación están respaldas por 160 especialistas, el análisis de tres mil documentos técnicos y más de 200 pruebas y simulaciones en las vías originales y otras en un laboratorio de Francia.

Y justificó: “Este estudio confirmó la incompatibilidad entre las ruedas y los trenes y el riel como el principal problema que generó el desgaste ondulatorio que provocó esfuerzos en la vía. Ya contactamos a los proveedores extranjeros para surtir las piezas. Tenemos la fórmula exacta para poder resolver los problemas”.

El titular de la Sobse dijo que ésta analiza la sustitución de componentes de las vías, en tanto que el Sistema de Transporte Colectivo y la empresa española CAF estudian lo correspondiente a los trenes.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

Secuestran y liberan a socio de la constructora Homex

MÉXICO, D.F. (apro).- El director de Vivienda Media de la empresa de construcción Homex, Julián de Nicolás Gutiérrez, fue secuestrado este lunes cuando despachaba en sus oficinas de la Ciudad de México, aunque unas horas después habría sido liberado.

Se trata del hermano de Gerardo, José Ignacio y Eustaquio Tomás, conocidos empresarios sinaloenses.

De acuerdo con diversas versiones, este lunes por la mañana un comando llegó a las oficinas del empresario en la delegación Álvaro Obregón en el Distrito Federal y se llevaron a Julián de Nicolás a bordo de un auto.

Hacia las 20:00 horas, el portal Eje Central informó que el empresario fue liberado. No ofreció más detalles del secuestro, aunque publicó que Eustaquio Tomás, es uno de los empresarios de la construcción más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto.

En junio pasado un juez federal de Culiacán declaró a Homex y sus filiales en concurso mercantil pues la empresa se declaró en situación de insolvencia, según información del diario Reforma.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

Cancela Peña su visita al Senado en medio de críticas del PAN

MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto canceló su presencia en el Senado y designó al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, para asistir en su representación a la inauguración de un evento sobre el federalismo, en medio de la amenaza de la bancada del PAN de no acudir al acto, tras considerar que no se informó a la Junta de Coordinación Política.

El presidente de la Mesa Directiva, el senador perredista Miguel Barbosa, dio a conocer la cancelación presidencial. El poblano negó que esta invitación fuera una “decisión unipersonal” y consideró que “al presidente del Senado no le van a pisar las sombras”, en clara referencia a la posición panista.

El vicepresidente de la Mesa Directiva, el priista Arturo Zamora, afirmó que el jefe del Ejecutivo federal es “respetuoso de las instituciones” y su presencia no pretendía violentar la división de poderes.

Durante la mañana, el senador panista Javier Corral anunció que su bancada no acudiría a la sesión del martes 30 por tratarse de una “cortesanía”, mientras que la senadora del PRD, Dolores Padierna, afirmó que “la ultraderecha intolerante no puede soportar que el PRD ocupe la presidencia de uno de los Poderes de la Unión”.

En rueda de prensa, Corral afirmó que la bancada se fraccionará para asistir a Guerrero en protesta por el asesinato de Braulio Zaragoza Maganda, secretario general panista, ocurrido el fin de semana, y por la desaparición de más de 50 personas en esta entidad.

“Es una estrategia del PAN de tratar de separarse de Peña Nieto, cuando ha estado pegado por el ombligo desde que hicieron las ‘concertacesiones’ con Carlos Salinas de Gortari”, reviró Padierna.

“Lo que nosotros no haremos es ser parte, ser comparsas del homenaje de (Miguel) Barbosa y del PRD a Peña Nieto. No vamos a ser partícipes de la utilización del Senado para agradecerle a Peña que le dio la Mesa Directiva al PRD en el Congreso”, dijo Javier Corral antes de divulgarse que el presidente no acudiría al Senado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Feminicidios a la alza en Jalisco

El estado ocupa el número 20 a nivel nacional en este delito, según el Instituto Nacional de las Mujeres. Aunque la cifra oficial no concuerda con organizaciones civiles, que apuntan a que la entidad ha superado en un 20 por ciento, en ocho meses de este año, el total de casos registrados en el 2013.

“En México, la violencia contra las mujeres es un asunto cotidiano, cuya expresión más dramática son los asesinatos de mujeres”. 

Así lo expresa Alejandra Cartagena López, miembro del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) en Jalisco. 

Ella es  abogada del caso de Imelda Virgen Rodríguez, quien este lunes 29 de septiembre fue recordada a dos años de su asesinato.

El caso de Imelda Virgen ha sido emblemático para el estado de Jalisco debido a que se suscitó poco después de la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal del Estado, en agosto del 2012.

Aunque el asesinato de Imelda se dio un mes después de la tipificación, de acuerdo con las autoridades de la materia éste sería catalogado como parricidio y violación.

A dos años del suceso, organismos civiles siguen pugnando esto al tratarse del primer caso ante la visibilización institucional y el reconocimiento de un delito, que hasta ahora llama la atención de las autoridades a nivel nacional.

Lo cierto es que la publicación de la reforma en el Legislativo local fue hasta después de ocurrido el hecho, por lo que es poco probable que se pueda tipificar como feminicidio, dado que las leyes no son retroactivas. 

“En Jalisco, después de un proceso de incidencia política y jurídica de varios años, el 14 de agosto del 2012, las organizaciones civiles logramos que se tipificara el delito de feminicidio, comenzando su vigencia el 23 de septiembre del 2012.

“Sin embargo, a pesar de que más del 80 por ciento de los casos registrados desde entonces a la fecha son feminicidios, sólo el 20 por ciento han sido consignados como tal”, declaró Cartagena López en una rueda de prensa que se realizó ayer lunes 29, por motivo del segundo aniversario luctuoso de Imelda Virgen. 

De acuerdo con cifras dadas a conocer por la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, el pasado 24 de junio en una visita al municipio de Tonalá, nuestro estado ocupa el lugar 20 a nivel nacional por el número de feminicidios.

Aunque la cifra se contrapone a lo dicho por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, donde se señaló que Jalisco ocupaba el quinto lugar en la materia en el año 2013.

Pero los números de las autoridades estatales demuestran que la entidad está mostrando una tendencia a la alza en los casos de feminicidio del 2013, en relación con los casos registrados hasta agosto de este año. 

Según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), obtenidas por Reporte Indigo vía Transparencia, en tan sólo ocho meses de este año ya se superó el numero de averiguaciones previas iniciadas el año pasado.

Para el año 2012 la dependencia sólo registró un caso en el mes de diciembre, ocurrido en Tonalá, donde un posible móvil especificado por la Fiscalía podría ser la venganza. Organizaciones señalan que la falta de protocolos de actuación (presentados hasta noviembre de ese 2012) fue lo determinó que la autoridad no registrara más casos.

Ya para el año 2013, con los protocolos presentados, y tipificado el delito en el Código Penal, se registraron 20 averiguaciones previas abiertas por feminicidio en todo el estado, siendo el mes de noviembre el que registró el mayor número de casos, con seis en tan solo un mes.

Violencia en la ZMG

Entre los principales motivos señalados por la FGE de acuerdo al número de feminicidios, aunque la mayoría son señalados como “no especifica” u “otro”, de por medio hubo casos de alcoholismo, adulterio, problemas pasionales, robo, venganza o violación en torno a las averiguaciones previas del 2013.

La concentración de estos casos en el 2013, de acuerdo con el informe obtenido de la FGE, se encuentra en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), con un 60 por ciento de las pesquisas registradas, donde Tlajomulco tuvo el mayor número de casos, representando el 25 por ciento del total en Jalisco para el año 2013.

Mientras que el 40 restante es en el interior del estado.

El rango de edad de las víctimas registradas por la Fiscalía apunta a que es entre los 18 y los 30 años donde se concentran el mayor número de casos: 8 de los 20 en ese año.

De igual forma, de los casos del 2013, según la cifras, por el delito de feminicidio, once personas fueron detenidas y consignadas por la dependencia, de las cuales sólo una fue sentenciada por un juez.

Pese a que institucionalmente no se habla de un incremento de los casos de feminicidios, y recientemente se rechazó la alerta de género desde el Poder Legislativo estatal, a tan sólo ocho meses de este año, la cifra de averiguaciones previas por feminicidio se eleva a los 24 casos.

Es decir, a poco más de la mitad de este año, ya se ha superado un 20 por ciento de feminicidios tipificados por la Fiscalía en perspectiva del total de registrados en el 2013, o sea, 20 en total. 

Cabe destacar que de las averiguaciones previas abiertas, tanto en el año 2013, como en este 2014, sólo alrededor del 50 por ciento han sido consignadas ante un juez por parte de los ministerios públicos.

De acuerdo con datos de Alejandra Cartagena López, abogada del caso de Imelda Virgen, en Jalisco han muerto 88 mujeres este año. 

De estos asesinatos, la Fiscalía sólo ha registrado 24 como feminicidios, según los datos obtenidos por Reporte Indigo, lo que significaría que sólo el 27 por ciento de los casos cumple con el protocolo para ser tipificado como tal, según la autoridad estatal.

Persiste exigencia en caso de Imelda

“Son dos años de extrañarte Pina, o Imelda, como ahora también he aprendido a llamarte. Dos años y las lagrimas ya no son como antes, el dolor sigue aquí, pero es distinto, se percibe distinto, es de otra manera, es un dolor que activa y sí, se puede decir, funcional”, expresó Sofía Virgen Rodríguez, hermana de Imelda, a nombre de su familia por su segundo aniversario luctuoso.

El 29 de septiembre del 2013, Imelda Virgen Rodríguez fue violada y golpeada por dos hombres que contrató su marido, Gilberto Enrique Vázquez Cortés, luego que ella decidiera terminar la relación. 

Gilberto Vázquez llegó a perseguir y acosar a su todavía esposa, ante las miradas temerosas de los vecinos que notaban su extraña actitud. A dos años de su muerte, se recuerda cómo su marido contrató a David Calzada Ceja y Sergio Fabián Sánchez Belmonte, a través de Jocelin Juviana Calzada Ceja, hermana del primero. 

Dos años han pasado y la exigencia de la familia es la misma que la de aquel 25 de marzo del 2013, cuando se llevó a cabo la primera audiencia pública del caso: tipificar el caso de Imelda Virgen como el primer feminicidio del estado de Jalisco.

Familiares, acompañantes y la propia abogada de la familia, Alejandra Cartagena, han denunciado diversas irregularidades en el proceso, como la ausencia de los abogados defensores de los acusados en las audiencias, así como los malos tratos de parte de agentes del Ministerio Público. 

En septiembre del 2013 se presentó un documental sobre su caso y de este modo fue visibilizado más. La familia Virgen Rodríguez exige justicia y pide a las autoridades un trato justo.

“Un sistema que tiene un Estado omiso, que evade su responsabilidad, al que le parece que hablar de feminicidios y alerta de género le es incómodo, inútil y vergonzoso, que no quiere o no le conviene entender que eso significaría que hubiera más educación (…) para que esta situación dejara de ser vista con vergüenza o con culpa de parte de las víctimas, y entonces poder exigir una legislación y trato dignos”, sentenció Sofía Virgen.

FUENTE: REPORTE INDIGO.

AUTOR: JONATHAN ÁVILA.

‘El PRI entregará el gobierno’

El aspirante a la Gubernatura de Nuevo León que renunció al tricolor hace dos semanas, explica que hay señales de que el Estado y Los Pinos mantienen inmovilizados a los priistas.

Para el expriista Jaime “El Bronco” Rodríguez, existen señales para asegurar que la Gubernatura de Nuevo León será entregada al PAN, por el PRI y por Los Pinos.

El exalcalde del Municipio de García dice que la postulación de Ildefonso Guajardo, secretario de Economía federal, como candidato tricolor a la Gubernatura, fortalece la idea de esta posible “concertacesión”.

Una negociación entre  la cúpula del PAN y el presidente Enrique Peña Nieto.

“Yo veo en mi experiencia política que hay una inercia muy fuerte en ese pensamiento”, confiesa a Reporte Indigo el aspirante a la Gubernatura.

“El elemento más claro es que veo que el PRI está inmovilizado por el gobierno. 

“La militancia priista está inmovilizada, no está trabajando, y la militancia del PAN tampoco. 

“El PAN está tan confiado de que va a ganar porque alguien ya dijo que va a ganar y alguien ya dijo quién va a perder”, expresa “El Bronco”.

Rodríguez está convencido que el candidato tricolor que postulará el PRI y el sistema será Ildefonso Guajardo, un priista que electoralmente no es fuerte ni tampoco popular.

“Estos días he visto que el Gobierno del Estado está impulsando a dos o tres posibles, quizás pensando que pudieran cambiar la decisión del sistema nacional, pero al final es lo mismo. 

“Si el presidente cambia de opinión, es porque el gobernador lo convenció y no porque sea el mejor o el peor candidato. 

“Dos personas decidirán la ruta del estado para el PRI y no los miles de militantes que tiene el partido”.

Y remata “El Bronco”: “Todo esto se negocia arriba y yo quiero negociar abajo, con la gente”.

‘Es una decisión tomada, candidatura de Ildefonso’

Hace dos semanas el exedil de García renunció al PRI, partido donde militó durante 33 años, y anunció que buscará contender por la Gubernatura de Nuevo León como candidato independiente.

“El Bronco”, con su renuncia, calló la boca de muchos que aseguraban que su campaña sólo era un instrumento de presión para negociar posiciones dentro del PRI.

“Siempre hay una costumbre de intentar y luego recular. Yo nunca he sido así”, aclara.

“Hoy quiero encabezar un movimiento que haga las cosas mejores. En el PRI no se puede. En el interior de los partidos políticos no se puede”.

-Pero en el PRI nunca ha existido la libertad, la autocrítica. Eso no es nada nuevo-.

“Los priistas saben que en el partido siempre intenté esto”, responde Rodríguez.

-¿No hubieras renunciado si el PRI hubiera garantizado un proceso abierto para elegir a su candidato?-

“No, pero el PRI no va a tener un proceso abierto. Es una falacia. Es una utopía pensar que lo va a tener porque los que hoy gobiernan, los que tienen el poder, son los priistas más añejos, los más viejos, que piensan que todo el mundo se tiene que disciplinar y que todo el mundo debe de seguir la línea que viene desde arriba. Lo más aberrante del priismo en estos momentos es la instrucción. 

-¿Será Ildefonso Guajardo el candidato del PRI?-

“Quizás cambie el sistema si llegase a tener un rechazo, pero los priistas no se atreven a hacer eso. Los priistas van a aguantar, al menos, lo que decidan. Es lo que le conviene al sistema, independientemente de lo que le convenga a los militantes de un partido. Es una decisión tomada”.

La elección del 2015: Pueblo vs políticos

“El Bronco” cree que la elección del próximo año será una contienda electoral entre dos: El pueblo contra los políticos.

“El sistema partidista se está cayendo”, asegura el exedil que libró dos intentos de ejecución en su trienio.

“Los nuevoleoneses están cansados de los partidos y eso va a ayudar a que la gente participe más. Habrá una elección de dos: pueblo contra políticos”.

-Hay mucha gente que sigue viendo a Jaime Rodríguez en su faceta de priista-.

“No me la voy a quitar nunca. Esa no se quita”, admite.

-¿Qué harás para que la gente te crea este nuevo discurso de ciudadanía e independencia?-

“Me va a creer porque yo soy uno de ellos. Yo soy una gente como cualquiera. Yo no soy superior a nadie. Lo que estoy proponiendo es que los partidos ya no gobiernen. Si la gente me da la confianza, los partidos no gobernarán”.

El proyecto que impulsa va a contracorriente. Nunca en México un candidato no postulado por un partido político ha podido competir en una elección por una Gubernatura.

‘Ejército’ reclutado por Facebook

Rodríguez habla de su ejército de 56 mil simpatizantes que ha reclutado en dos años y que conforman la estructura electoral con la que intentará competir en la elección del 2015.

Es una estructura que utiliza la red social de Facebook y Twitter como medio de organización y reclutamiento.

“Hay un trabajo de dos años que hemos hecho. Estoy convencido que la red social tiene un impacto muy fuerte en la sociedad y usamos esa herramienta para reclutar.

“Le llamamos ‘ejército’ porque el reclutamiento es para eso: reclutamos gente que está convencida de que puede vencer al sistema.

“Este ejército, ya real, físico, preparado, capacitado, orientado, llega a 56 mil personas y queremos llegar al día de la elección con 106 mil que son los que necesitamos para ganar una elección”.

Está convencido de que su estructura –nunca antes probada en una elección- funcionará en la campaña electoral.

“Es la única manera de vencer al sistema”, dice el exdirigente de la CNC.

“Es una estructura ciudadana, que no es del PRI ni del PAN, que quiere que el estado sea gobernado por gente ajena a los partidos políticos.

La primera prueba que enfrentará “el ejército” de Jaime será en un par de meses, cuando arranque la campaña para conseguir las 106 mil firmas, requisito indispensable para registrarse como candidato a la Gubernatura.

“Creo que tenemos la estructura para eso. Nada más García –el municipio que gobernó entre el 2009 y 2012- va a tener 100 mil electores para el día de la elección y se espera que el movimiento consiga 25 mil firmas.

“En Galeana, nada más mi mamá, sólo en el ejido donde ella vive, va a conseguir mil firmas”.

Jaime adelanta que la campaña de recopilación de firmas en el estado se llamará “El que firma, vota.

“Nuestra idea no es sólo conseguir firmas, sino despertar al ciudadano. 

“Lo que pretendemos es hacer historia”.

Los amigos de ‘El Bronco’

El tema del financiamiento persigue al proyecto de Rodríguez y más en caso de que se postule como candidato independiente a la Gubernatura de Nuevo León.

El aspirante revela que en dos años se han gastado cerca de 3 millones de pesos, aportados por amigos empresarios y productores agrícolas.

En la campaña de recolección de firmas se gastarán otros 3 millones de pesos.

 “Hay amigos míos que son amigos desde hace muchos años. 

“Son empresarios y medios empresarios,  amigos míos, productores agrícolas, exitosos, cada uno de nosotros hicimos una aportación a este movimiento. 

“Hemos gastado en dos años alrededor de 3 millones de pesos, que implican que hemos reclutado los 56 mil. 

“Vamos a gastar de octubre a marzo 3 millones de pesos más para reclutar y tener las firmas”, explica “El Bronco”.

Otra fuente de financiamiento serán las aportaciones que realizarán cada uno de los ciudadanos que integran su estructura electoral en el estado.

“Cada uno de los reclutados realizará aportaciones desde 500 y máximo mil pesos. 

“Tendremos 56 millones de pesos suficientes para competir en la campaña contra los miles y miles de millones de pesos que van a gastar el PRI y el PAN.

“La gente que quiere que esto cambie no necesitas comprarla, no necesitas pagarles. 

“En el PRI se gasta mucho dinero porque todo es pagado, el que va a reclutar le pagas y acá no le pagamos a nadie”.

Se le pregunta si cree que el Estado lo considere como una amenaza.

“No dudo que ellos sientan que yo sea una amenaza, pero no me preocupa. 

“He vencido otras adversidades mucho más peligrosas y sé como no tenerle miedo. 

“Yo confrontaré y enfrentaré ese riesgo”.

Las alianzas

Rodríguez revela que en este momento existen negociaciones con organizaciones como Vía Ciudadana y Rescatemos Nuevo León, para que respalden su proyecto por la Gubernatura.

También confirma que se trabaja para construir una alianza electoral con partidos políticos, como Movimiento Ciudadano y Morena.

La idea es conformar un bloque en contra del bipartidismo del PRI y PAN en Nuevo León

“Queremos tener alianzas con otras organizaciones como Vía Ciudadana, Rescatemos Nuevo León, pero no estoy autorizado todavía para hablar de ello”,  adelanta.

“Hemos negociado con los partidos políticos para que no postulen candidato a gobernador y que se sumen a nuestro proyecto. Ellos están analizando eso, quizás lo logremos, quizás no”.

Este fin de semana Jaime Rodríguez presentará la asociación civil: “Cerebro, Corazón y Carácter” y el 12 de octubre anunciará la plataforma que se utilizará para postular candidatos independientes y ciudadanos.

“Estamos tratando de concretar una gran alianza, pero el 12 de octubre, con o sin ellos, se hará la presentación completa de cómo vamos a tener candidatos independientes”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.

AUTOR: CÉSAR CEPEDA.

Exige ONU a Peña protección a testigos y periodistas por caso Tlatlaya

MÉXICO, D.F. (apro).- Desde Ginebra, la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto una investigación a fondo e independiente de la presunta ejecución extrajudicial de que fueron víctimas 21 personas a manos de miembros del Ejército en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, así como otorgar garantías de seguridad para testigos de la matanza y periodistas que revelaron los hechos.

En un comunicado, los relatores especiales del organismo internacional sobre ejecuciones extrajudiciales y sumarias y el de la libertad de expresión, Christof Heyns y David Kaye, respectivamente, firmaron un pronunciamiento en el que anuncian que se mantendrán al tanto de las investigaciones y de la situación de seguridad de testigos y periodistas.

Heyns, quien visitó México el año pasado, reconoció como un avance la detención de ocho militares como presuntos responsables de la ejecución extrajudicial de supuestos delincuentes en la localidad de Cuadrilla Nueva el 30 de junio de este año.

Tras insistir en que el gobierno de Peña Nieto “tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar a todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, recordó la condición de ilegalidad en que caen los cuerpos policiacos y armados que recurren al uso desproporcionado de la fuerza.

“Sólo se puede recurrir al uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente necesario para impedir que una persona detenida escape o cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida, es decir, cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves”, apuntó Heynes al considerar que por la información recabada “este no fue el caso de Tlatlaya”.

En el comunicado se dio cuenta de que los hechos ocurrieron durante una operación militar en contra de presuntos delincuentes, y que en esos acontecimientos sobrevivieron tres mujeres, dos de las cuales fueron presuntamente detenidas por cargos de posesión de armas de fuego y crimen organizado

Al reconocer que una investigación periodística reveló la presunta ejecución sumaria a través del testimonio de una de las sobrevivientes,  Heynes y el relator sobre libertad de expresión, David Kaye, pidieron a Peña Nieto “proporcionar medidas urgentes de protección para la sobreviviente que dio testimonio y las dos sobrevivientes actualmente detenidas, así como para el periodista y el fotógrafo que produjeron el artículo, y los medios de comunicación que lo publicaron”.

Kaye “exhortó a las autoridades mexicanas a que garanticen la seguridad de todos los trabajadores de los medios en cuestión”.

Sobre la presunta masacre de Tlatlaya, miembros de organizaciones de derechos humanos se pronunciaron por que la matanza quede totalmente esclarecida por la Procuraduría General de la República (PGR) y manifestaron su extrañeza por la tibieza con que se ha conducido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para abordar el caso.

Durante el segundo coloquio “Evaluación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, los defensores Luis Ernesto López Portillo Vargas, María Luisa Aguilar y Mario Santiago Juárez, cuestionaron la reacción tardía del gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República (PGR) para tomar las investigaciones, en tanto que la Procuraduría de Justicia Militar anunció el procesamiento por “faltas y delitos a la disciplina militar”.

Mario Santiago Juárez, jefe de investigación y documentación en el Museo de Constituciones de la UNAM, recordó que antes de la reforma al Código de Justicia Militar de abril de este año, los casos de abusos cometidos por efectivos castrenses no eran castigados porque las fuerzas armadas “eran juez y parte, y todo quedaba entre amigos”.

Luego de señalar que una vez que la justicia civil a través de la PGR y el Poder Judicial federal tomen el caso, “podremos saber qué en este asunto y darle un mayor seguimiento”.

El activista y académico criticó que a través de los medios de comunicación es que se haya revelado incluso que el pelotón al que se le responsabiliza de la matanza ya tuviera antecedentes, “y la CNDH no tenía ese dato o no lo había dado a conocer, por eso creo que la impunidad generalizada se debe a que el Estado no intenta investigar ni sancionar a responsables y ese sentido la CNDH es parte de esa impunidad porque sus recomendaciones han sido tibias y no ha utilizado todas sus facultades constitucionales y legales para detenerla”.

María Luisa Aguilar, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, resaltó que tras la reforma al Código de Justicia Militar “desde el 30 de junio la Secretaría de la Defensa Nacional estaba obligada a dar parte a la PGR para que tomara la investigación”.

Alertó sobre el riesgo de que las pruebas que incriminen a mandos militares hayan sido alteradas en el caso Tlatlaya, y recordó que en el caso de la ejecución extrajudicial cometida por militares en 2010, la  del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, la intromisión militar ha derivado en que el único acusado tenga cargos por homicidio culposo.

Al señalar que el caso de Rubio Villegas fue el primero en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) calificó como inconstitucional los ordenamientos del código de justicia militar que permitían a los militares investigarse a sí mismos en casos de violaciones a derechos humanos de civiles, la abogada dijo que “el gran reto es para las autoridades civiles de sancionar adecuadamente los hechos, porque de cualquier forma la justicia militar sigue llevando a cabo investigaciones”.

Ernesto López Portillo Vargas, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), cuestionó que la PGR no haya emitido ninguna orden de aprehensión y que hasta ahora pretenda enviar peritos al lugar de los hechos, a más de un mes de los acontecimientos.

Para el defensor, lo lamentable de los hechos de Tlatlaya radica en que tanto autoridades judiciales como el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, hayan emitido pronunciamientos apresurados antes de realizar investigaciones y que después fueron desmentidos con la investigación periodística.

“Está a prueba la voluntad del presidente Enrique Peña Nieto para sujetar a controles a las fuerzas armadas (…) sigue habiendo una enorme dificultad para establecer responsabilidades claras, no políticas sino jurídicas sobre los miembros de las fuerzas armadas, y Tlatlaya debería y podría ser un ejemplo de cómo están dispuestos a avanzar con las consecuencias jurídicas si se prueba que estamos ante ejecuciones extrajudiciales, que por lo demás se trata de una de más graves violaciones a derechos humanos”, puntualizó.

López Portillo cuestionó que pese a la fuerte presencia militar en el país, la CNDH haya disminuido el número de recomendaciones a la Sedena, a pesar de que organizaciones civiles y reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refieren la persistencia de los abusos cometidos por las fuerzas castrenses.

Después de destacar que en 2009 cerca de 40% de las recomendaciones emitidas por el organismo eran dirigidas a la Sedena, que en 2013 ese porcentaje cayó a 3.4, y que lo que  va de este año no hay una sola recomendación al Ejército, el director de Insyde puntualizó: “No es creíble que no existan violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, o en su caso que el ombudsman diga por qué no recomienda y que nos explique cuáles son sus criterios para por un lado recibir quejas y no producir recomendaciones frente a las fuerzas armadas, todo indica más una posición política más que técnica, y eso es lo que produce tal nivel de sospechas”.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Minisalarios en México violan la Constitución, acusa la Cepal

MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) volvió a alertar sobre la insuficiencia del salario mínimo establecido en el país, pues consideró que con ello se vulneran preceptos constitucionales por no cubrir la necesidades básicas de una familia.

Al presentar Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible, en la Facultad de Economía de la UNAM, la secretaria ejecutiva del organismo regional, Alicia Bárcena, sugirió: “Hay que poner foco al empleo; el empleo bien remunerado con seguridad social y derechos es la llave de salida de la desigualdad”.

Sobre el incremento a los minisalarios, propuesto por el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, Bárcena señaló que “en la Cepal planteamos un debate serio sobre el tema del salario mínimo que requiere del concurso de todos los actores; no se trata de perjudicar al sector privado ni tener una política inflacionaria, pero es necesario que los aumentos de productividad estén acompañados del incremento del salario”.

De acuerdo con el reporte de Cepal, México es uno de los países de la región donde el salario mínimo no muestra una recuperación en la última década. Si bien a mediados de los noventa se detuvo el sostenido descenso que venía experimentado desde los ochenta, la última década está pautada por su relativa estabilidad.

La última información disponible muestra que casi 14% de los ocupados reciben un ingreso inferior al salario mínimo, mientras que alrededor de dos de cada cinco ocupados perciben hasta dos minisalarios.

“En un estudio reciente sobre los efectos del salario mínimo en México, en el que se explora la variación de su valor en las diferentes municipalidades, se descubrió que una parte significativa del incremento de la desigualdad en México entre fines de los ochenta y comienzos de la década del 2000 se debe a la fuerte caída del salario mínimo real en ese periodo”, se destaca en el informe de la Cepal.

Más aún, esta evolución explica prácticamente todo el incremento de la desigualdad en los quintiles inferiores de la distribución de ingresos durante los años noventa.

En números, la situación es la siguiente, de acuerdo con el organismo regional:

La relación entre el salario mínimo y el valor de la línea de pobreza per cápita demuestra la capacidad de compra del salario mínimo. Esta relación presenta una gran variación entre países, desde 0.66 en México hasta 3.18 en Costa Rica en 2011.

Dado que este salario debe cubrir las necesidades del trabajador y su familia, para que un hogar de cuatro miembros, dos de ellos perceptores de ingresos, logre superar el umbral de pobreza, la relación debe ser superior a dos.

Esto sucede en ocho de los 17 países considerados en 2011, mientras que en 2002 solamente ocurría en sólo cinco.

“México es el único país, al final de la década analizada, donde el valor del salario mínimo es inferior al del umbral de pobreza per cápita. La relación se ha incrementado significativamente en Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Uruguay. Mientras que en los países del Caribe, sobre los cuales existen datos, los salarios mínimos superan alrededor de dos o más veces la línea de pobreza anual para adultos, excepto en el caso de Jamaica, donde en 2009 la proporción fue de 1.8”.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS

Perfilan desaparición forzada de normalistas de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El procurador Iñaky Blanco Cabrera reveló que policías de Iguala detuvieron a por lo menos 10 normalistas de Ayotzinapa, quienes permanecieron retenidos en el patio del cuartel y, posteriormente, sujetos desconocidos se los llevaron a bordo de patrullas oficiales a un lugar del que hasta el momento se desconoce su ubicación.

Por ello, anunció que existen elementos para fincar responsabilidad penal por el delito de desaparición forzada de personas en contra de los agentes municipales que permanecen detenidos, debido a que existen indicios de que los normalistas estuvieron en los separos del cuartel policiaco de Iguala.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, informó que en Iguala no se ha realizado el proceso de certificación para implementar el esquema del mando único de la policía municipal.

También dijo que el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, se ha negado a entregar los reportes de actividades de los policías municipales, a pesar de que autoridades estatales se lo han requerido.

En tanto, normalistas de Ayotzinapa marcharon esta tarde en la capital de la entidad para exigir la presentación con vida de los 57 estudiantes que permanecen desaparecidos desde hace tres días, luego de que policías municipales y sicarios asesinaron a seis personas y dejaron heridas a más de 17 en diversos ataques registrados durante la noche del viernes y la madrugada del sábado anterior.

El contingente arribó a la sede del Congreso estatal donde exigieron la instalación de una mesa de dialogo con diputados locales para abordar el tema de los normalistas desaparecidos, ya que aseguran que fueron detenidos por policías municipales.

La ausencia de respuesta desató la ira de los manifestantes, quienes irrumpieron violentamente al Congreso y arremetieron a pedradas contra el inmueble, provocando sólo daños materiales, pues previamente los trabajadores habían desalojado el lugar.

Por la tarde, otro grupo de normalistas, integrantes del magisterio disidente y ciudadanos realizaron otra marcha para exigir paz, seguridad y castigo a los responsables de la masacre de Iguala, donde fueron asesinados tres estudiantes de Ayotzinapa, un adolescente futbolista y dos civiles.

En Acapulco, el procurador Iñaky Blanco y el secretario de Gobierno, Jesús Martínez, dieron una conferencia en conjunto donde señalaron que el responsable de la seguridad en Iguala, previo a los hechos trágicos de este fin de semana, es el alcalde José Luis Abarca.

Al respecto, Martínez Garnelo dijo que durante la madrugada del sábado el edil perredista en todo momento negó tener información sobre acciones violentas en Iguala, argumentando que se encontraba dormido y que “todo estaba tranquilo”.

En tanto que el fiscal guerrerense dio a conocer que existen indicios para consignar a algunos de los 22 policías municipales, quienes permanecen detenidos en Acapulco, por el delito de desaparición forzada de personas.

Ello debido a que en la investigación obtuvieron un testimonio donde se indica que varios normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos durante la noche del viernes y permanecieron en los separos del cuartel de la policía municipal de Iguala.

Incluso, un policía municipal de Iguala, en su declaración ministerial, dijo que observó a por lo menos 10 normalistas en el patio del cuartel y, posteriormente, “sujetos desconocidos se los llevaron a bordo de patrullas oficiales”.

Blanco Cabrera informó que esta versión se refuerza con los videos que obtuvieron del sistema de cámaras de la ciudad, donde se observa que los normalistas detenidos viajan en la batea de patrullas oficiales circulando sobre las principales calles de Iguala.

El funcionario estatal dijo que realizan operativos en cuatro puntos del municipio de Iguala donde pudieron ser llevados los normalistas, quienes hasta el momento siguen desparecidos.

El fiscal informó que de los 22 uniformados detenidos se demostró científicamente que 16 de ellos accionaron sus armas de cargo durante la operación que realizaron para tratar de impedir que los normalistas de Ayotzinapa se apoderaran de dos autobuses.

Blanco concluyó que los policías detenidos actuaron con extrema violencia, no acataron los protocolos para disuadir una manifestación, por lo que el uso de las armas de fuego no puede ser justificado.

También anunció que en las próximas horas consignarán a los uniformados por el delito de desaparición forzada de personas.

Luego agregó que en este tema también existen indicios de que participaron miembros de la delincuencia organizada en coordinación con la policía municipal de Iguala.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

Larrea y su ‘Bestia’

El tren de Ferromex que recorre el país y transporta a miles de indocumentados hasta EU, significa un peligro por el nulo mantenimiento de Grupo México a su sector ferroviario, que domina el 70 por ciento las vías.

Además de los daños ambientales provocados por la explotación de minas, Grupo México es autor intelectual y material de otro de los principales problemas del país: la industria ferroviaria.

El dominio del 70 por ciento de los ferrocarriles de México significa casi el monopolio y un negocio redondo, ventajoso y hasta exclusivo del consorcio presido por el segundo hombre más rico de la República Mexicana, Germán Larrea Mota-Velasco.

A través de sus empresas subsidiarias Ferromex y Ferrosur, solo deja el 30 por ciento a otras compañías y domina los ferrocarriles de carga que conectan la frontera norte y sur del territorio nacional.

Mejor conocida en el sureste del país como “La Bestia”, en este convoy Grupo México transporta productos agrícolas, industriales, mineral, autopartes, químicos, metales y cemento.

Y de manera informal, también traslada a un alto porcentaje de migrantes centroamericanos que año tras año buscan alcanzar el sueño americano trepados en los trenes de carga que llegan hasta Mexicali, Nogales, El Paso, Ojinaga y Piedras Negras.

De acuerdo con una serie de estudios legislativos, las rutas férreas no han crecido ni el 1 por ciento desde la época de Porfirio Díaz; en consecuencia, las vías presentan un importante desgaste y falta de mantenimiento.

Por eso La Bestia circula a menos de 26 kilómetros por hora y llega a tardar hasta 30 días en llegar de Coatzacoalcos, Veracruz, Salina Cruz, o por vías de otra empresa a la  frontera norte.

Para evitar más descarrilamientos y que los migrantes aborden el tren en cualquier parte del país, el Gobierno Federal anunció recientemente una inversión de 6 mil 58 millones de pesos en beneficio de Ferromex, Ferrosur, FC del Noreste y Chiapas-Mayab.

Mientras que empresas como Grupo México, a través de sus dos subsidiarias,  recibieron ingresos anuales por 24 mil 128 millones de pesos, según el informe 2013 de la compañía de Larrea.

Por el abandono de la industria, y ante la negativa de crear transporte de pasajeros, la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Estas  buscan incentivar de trenes de pasajeros, así como inhibir prácticas desleales; pero es un tema que está atorado en el Senado de la República desde principios de año.

En resumen, no permite la aparición de nuevas rutas, genera una competencia desleal y no invierte en mejorar su infraestructura.

El imperio

Fue en el sexenio de Ernesto Zedillo cuando se privatizó Ferrocarriles Nacionales y en su lugar se crearon empresas ferroviarias: las tres principales fueron Ferromex, Ferrosur y Kansas City Southern de México.

La primera, propiedad de Grupo México; la segunda, filial de Grupo Inbursa, que pertenece a Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo. Y la tercera de origen estadounidense.

Para combatir a su principal competidor (Kansas City) decidieron fusionarse en el 2005 y tras un largo litigio de seis años, promovido por la Comisión Federal de Competencia, ganaron.

La Comisión Federal de Competencia determinó en 2009 una multa de 400 millones de pesos por considerar que esa asociación implicaba una práctica monopólica.  

Actualmente, la División de Transporte de Grupo México está representada por Infraestructura y Transportes México, S.A. de C.V. (“ITM”), y sus subsidiarias Grupo Ferroviario Mexicano, Ferromex, Ferrosur, Intermodal México y Texas Pacífico.

Con ello tiene en su poder la compañía ferroviaria más grande en México, ya que  cuenta con una red de más de 10,500 kilómetros de vía y un total de 780 locomotoras.

De acuerdo con su informe anual 2013, Germán Larrea posee el 74.9 por ciento de las acciones de su rama ferroviaria, mientas que el consorcio de Slim se quedó con el 25.1 por ciento de participaciones.

Ferromex tiene 593  trenes y Ferrosur 172, así como una plantilla laboral de 10 mil trabajadores, con lo cual lograron transportar 51 mil 54 millones de toneladas.

Su fuerte es el transporte de minerales que provienen de sus propias minas, haciendo de ello un negocio redondo, ya que sus competidoras le tienen que pagar para usar sus rutas de transporte.

De acuerdo con diputados federales, por eso no les interesa mejorar las condiciones de sus trenes en el sur de la República Mexicana, que es donde comienza la travesía de los migrantes.

En cambio, otro sector que es de prioridad para la transnacional, está situado en el norte del país, donde quienes más requieren de sus servicios son las armadoras automotrices.   

La historia del ferrocarril se remonta a 1876, cuando Porfirio Díaz otorgó contratos a empresas extranjeras para construir las vías que conectarían al centro del país con la frontera estadounidense, el Golfo de México y el Pacífico.

Y desde entonces los kilómetros de vías edificados prácticamente son nulos, pues representan menos del 1 por ciento.

El cuento de nunca acabar

Grupo México opera un monopolio en torno a la minería y el ferrocarril, que es solo un andamiaje de su fuente de ingresos. Por eso la industria ferroviaria está en el abandono.

Así define la historia reciente de los ferrocarriles mexicanos la diputada federal Purificación Carpinteyro, que llegó a San Lázaro por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En entrevista con Reporte Indigo explica que el sistema ferroviario es uno más de los servicios que carecen de competitividad y que por ende, presenta un importante rezago.

“Es impresionante que el incremento de vías sea prácticamente nulo a pesar de la extensa geografía del país, y que ahora solo existan trenes de carga con precios que no son competitivos”.

Explica el hecho de que no haya trenes de pasajeros y sí de carga, de una forma sencilla: se debe a que los trenes están en manos de la industria minera, cuya prioridad es transportar sus minerales.

Al afirmar que México es un país de monopolios, detalla que si se prestara atención a todos los rubros, seríamos el principal exportador de flores a Estados Unidos, y no Holanda y Colombia.

“No me explico cómo estando tan cerca, y teniendo trenes, les otorgue más ganancias a los productores que envían flores  en aviones. Eso es un símbolo de que estamos mal en ese rubro”.

Y es que de acuerdo con diversos análisis, las tarifas de transportación férrea son superiores a las de Europa, lo cual denota que los dueños de la industria no tienen interés en los demás sectores.

“En el caso de la minería hay una alineación vertical en la cadena de valor, porque quien tiene la extracción minera, tiene la concesión del ferrocarril y así mantiene una ventaja competitiva”.

Detalla que la privatización del ferrocarril se dio en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y se concluyó en el Ernesto Zedillo, fortaleciendo las empresas de Carlos Slim y Germán Larrea.

Por último, lamenta la falta de infraestructura para trenes rápidos de pasajeros que conecten ciudades importantes, con mejores tecnologías y menores índices de contaminantes.

El tren de los migrantes

Son cuatro las empresas que operan “La Bestia”, el tren de carga que atraviesa de sur a norte el territorio nacional con centenares de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos de Norte América.

El sistema ferroviario de carga en México cuenta con un total de 23 mil 804 kilómetros de vía , pero el paso de los indocumentados se da por los trenes de las empresas Ferromex, Ferrosur, Kansas City Southern de México y Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

Por las vías de esta última empresa es donde más accidentes se han registrado. En los últimos meses se habla de seis descarrilamientos que han dejado varados miles de migrantes.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, al año pasan más de 400 mil migrantes centroamericanos, casi todos, montados en La Bestia.

Y es que la ruta del tren sale de las zona sur del país y desemboca en la frontera norte. En el caso de Ferromex, hay cinco puntos por donde se puede llegar a los límites con Estados Unidos de Norte América.

Estos son: Mexicali, Nogales, El Paso, Ojinaga y Piedras Negras y hacia el sur, sus trenes parten desde Coatzacoalcos, Veracruz, Salina Cruz.

Por eso la empresa de Germán Larrea se convierte en el tren de preferencia de los indocumentados, pese a sufrir maltrato, robos, secuestros y cualquier tipo de extorsión.

Al respecto, Cristina Auerbach, de la asociación Familia Pasta de Conchos, afirma que Grupo México debe ser investigado por el cruce de migrantes y la ola de abusos que sufren en su trayecto al vecino país del norte.

“Es curioso que supuestos integrantes de cárteles mexicanos se suban a La Bestia y dejen sin nada a los indocumentados, que los bajen y hasta los secuestren y que a los trenes no les roben nada”.

“En los convoyes llevan mercancía que nunca es sustraída. Se trata de un tren que no detiene su paso aunque un vehículo se interponga entre las vías y los supuestos narcos puedan subir y bajar en cualquier momento. Necesitamos que eso se investigue”.

Ese es, simplemente el viacrucis de los indocumentados en su paso por La Bestia…

FUENTE: REPORTE INDIGO.

AUTOR: JONATHAN VILLANUEVA.

Se les acabó la gasolina

Una banda delictiva que comercializaba al menos 4 millones de litros mensuales de gasolina robada fue desarticulada por autoridades federales.

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció ayer la desarticulación de una banda que comercializaba al menos cuatro millones de litros mensuales de gasolina robada.

“Con el apoyo de las Fuerzas Armadas se desarticuló una organización dedicada al robo de combustible, la cual comercializaba ilegalmente cuatro millones de litros mensuales en empresas ubicadas en Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí, por medio de más de 100 pipas”, dice el despacho de la dependencia federal.

En un comunicado, la procuraduría anunció lo que considera un golpe al robo de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El procurador general Jesús Murillo Karam dijo que tan solo por los vehículos que se utilizaban para el transporte se puede tener una idea de tamaño del grupo criminal y sus ganancias, que “por eso se seguirán buscando a las bandas dedicadas a este tipo de delito”.

La PGR aseguró que el líder de esta banda logró además registrar empresas de manera lícita en Pemex.

En el operativo colaboraron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. La pesquisa se realizó el pasado 25 de septiembre y se logró la detención de cinco personas.

Cuentas congeladas 

Al líder de la banda se le congelaron cuentas bancarias y en los próximos días se dará a conocer el nombre de las otras empresas con las que tenía relaciones comerciales con conocimiento de que era combustible robado.


También la dependencia anunció que toda la operación de robo, traslado y venta contaba con la protección de un grupo de policías que están detectados y en contra de quienes se actuará en las próximas horas.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Acusan de fraude a diputado que instigó la liquidación de Luz y Fuerza

MÉXICO, DF (apro).- El diputado federal panista Mario Sánchez Ruiz, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y quien aconsejó a Felipe Calderón liquidar la compañía de Luz y Fuerza el Centro (LFC), está en problemas: Enfrenta acusaciones de fraude y falsificación de documentos.

No son imputaciones nuevas, porque se originaron hace diez años, sólo que el afectado, Jaime López Tejeda, se hartó de la “impunidad” de que goza Sánchez Ruiz en Sonora y decidió llevar su protesta a la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, para –afirma– exhibir al legislador del Partido Acción Nacional (PAN) como lo que es: “Corrupto” y “delincuente”.

López Tejeda desplegará este martes dos grandes pancartas frente a la Cámara de Diputados, antes de la sesión del pleno, para enterar a los legisladores de los grupos parlamentarios de todos los partidos, incluido el PAN, de los casi dos millones de pesos que le debe Sánchez Ruiz, empresario sonorense que llegó hasta la presidencia del CCE, el organismo cúpula del sector privado.

Amigo íntimo de Calderón, quien lo apoyó para presidir en dos periodos el CCE, y de Josefina Vázquez Mota, de quien fue el enlace con el sector privado en la campaña de 2012 –cuando el PAN perdió el poder–,  Sánchez Ruiz contrató, en 2004, los servicios como ingeniero de López Tejeda para un desarrollo inmobiliario.

Sin embargo, pasó el tiempo y Sánchez Ruiz –también empresarios gasolinero– se escondía para no pagarle, por lo que López Tejeda inició acciones legales para cobrar sus honorarios. La víctima ha ganado juicios, pero en Sonora no ha prosperado nada.

Una de las mantas que desplegará mañana la víctima dice del diputado del PAN: “Te acuso públicamente de no pagar lo que debes, falsificar documentos, tráfico de influencias, ser un violador del estado de derecho, causar un gran daño a la sociedad sonorense y cajemense, usar tu puesto como diputado panista para beneficio personal y perjuicio de los demás. En suma, te acuso de ser un corrupto”.

Otra: “Mario Sánchez Ruiz, en tu desmedida ambición por el dinero no te importa atentar contra el patrimonio de las familias y el futuro de sus niños. ¡Deshonras al Poder Legislativo y a tu partido, el PAN! Paga lo que debes en lugar de violar el estado de derecho falsificando documentos”.

Y es que el ingeniero realizó varios avalúos, como perito, para la empresa Sinteck SA de CV, dedicada a la construcción de fraccionamientos y propiedad de Sánchez Ruiz, con quien pactó un pago aproximado de 200 mil pesos.

López Tejeda ha ganado ya juicios civiles para obtener el pago, pero el diputado Sánchez Ruiz, presidente de la Comisión de Economía, falsificó documentos, en complicidad con un notario, para seguir evadiendo el pago.

En efecto, ganó el juicio y le fueron embargadas tres propiedades en el fraccionamiento Las Villas sección Los Arcos de Ciudad Obregón, que garantizaban el pago, pero Sánchez Ruiz las vendió falsificando las escrituras.

Todo esto fue acreditado por la Procuraduría General de Justicia de Sonora, pero las relaciones del diputado panista con el gobernador Guillermo Padrés, también del PAN, han impedido que se ejerza acción penal en su contra, previo juicio de procedencia para  quitarle el fuero.

Han pasado ya 10 años desde que Sánchez Ruiz firmó el contrato con el ingeniero, pero nada ha pasado, por lo que éste vino a la Ciudad de México para informar a la sociedad del carácter delincuencial de quien se ufanó de haber recomendado a Calderón liquidar a Luz y Fuerza del Centro.

El 10 de agosto de 2012, cuando a Sánchez Ruiz el cabildo de Ciudad Obregón le entregó la distinción de “Cajemense distinguido”, López Tejeda protestó, pero fue ignorado, como ocurrió inclusive con Vázquez Mota en su campaña.

Fue Sánchez Ruiz, como presidente del CCE, quien pidió a Calderón terminar con Luz y Fuerza del Centro. Fue en una comida, a principios de 2009, como narró la reportera del diario Reforma, Verónica Gascón.

“Señor Presidente, le voy a pedir un favor, ojalá acabe con Luz y Fuerza”, le dijo Mario Sánchez… Calderón le preguntó si estaba seguro, dado que eso implicaría que más de 40 mil trabajadores se quedarían en la calle, a lo que el sonorense reviró con determinación:

“Si usted tiene 40 mil personas criticándole, yo le pongo 80 mil comerciantes que se lo van a aplaudir”. Y así fue. Pero ahora este líder empresarial es acusado de corrupto y delincuente…

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

INE: El poder al PRI

MÉXICO, D.F. (apro).- Ante el horror cotidiano de la violencia que no amaina, las ejecuciones extrajudiciales como Tlatlaya y los desaparecidos –más de 10 mil sólo en el sexenio de Enrique Peña Nieto–, reaparece otro signo de la degradación en curso: El asalto de priistas y burócratas al flamante Instituto Nacional Electoral (INE).

Como ha ocurrido con el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el propio Consejo General del INE, los ciudadanos han sido marginados por contubernios entre los partidos políticos y, ahora, en la integración de los órganos electorales locales por los propios consejeros electorales.

A unos días del inicio formal del proceso electoral 2015, este domingo 7 de octubre –año en que se renovarán la Cámara de Diputados y nueve gubernaturas–, en el INE se aprobará, este martes 30, una lista de consejeros locales donde pululan priistas encubiertos y de la burocracia electoral sólo comprometidos con quienes los designaron.

Nada bueno augura este reparto.

Por eso un grupo amplio de organizaciones y personalidades comprometidas con la democracia han manifestado, con razón, su alarma por el desaseado proceso de de selección y designación de los integrantes de 18 nuevos Organismos Públicos Electorales (Oples), en particular quienes provienen de la estructura electoral, refugio de priistas embozados.

En una carta enviada al presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien mañana martes conducirá la sesión en que los 11 consejeros votarán las 18 listas integradas por la Comisión de Vinculación, presidida por Marco Antonio Baños –identificado con los intereses del PRI–, los ciudadanos admiten que, si bien los servidores electorales son ciudadanos, no todos tienen una trayectoria social ni compromisos democráticos que garanticen su imparcialidad.

“Desafortunadamente –recuerdan–, muchos de ellos se han formado en la vieja cultura política que no resiste la seducción del Príncipe y frecuentemente es dúctil a sus designios, aunque éstos sean contrarios a la ley y a la ética”.

Por ejemplo, sólo 76 de 124 ciudadanos seleccionados para integrar los Oples no tienen vínculos con algún organismo electoral, federal o estatal. Es decir, 40% de los consejeros propuestos y que este martes podrían ser avalados por el Consejo General del INE están vinculados con la burocracia electoral.

Pero si estos funcionarios electorales tienen un sesgo partidista que hace temer que no actúen conforme a los principios de imparcialidad e independencia que el árbitro electoral debe observar, hay casos de inobjetable compromiso partidista por sus vinculaciones políticas y acreditada militancia como priistas puros y duros.

Aunque a lo largo del proceso las listas de prospectos se fueron depurando, por su propia incapacidad o por observaciones de la oposición, en la lista final de 126 consejeros de los Oples se colaron numerosos priistas, embozados o descarados.

Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Nuevo León son realmente de escándalo.

En Chiapas, cinco de siete consejeros tienen una relación directa con la coalición PRI-Verde que gobierna el estado: Lourdes Morales Urbina, propuesta como presidenta, María del Carmen Girón y Margarita López Morales, así como los esposos Lily de María Muñoa Chang y Ricardo Aguilar Estrada.

El es allegado a Jorge Mario Lescier, colaborador del CEN del PRI, y su mujer es cercana a Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente del Partido Verde en Chiapas, quien colocó también a otros de sus allegados: Carlos Domínguez.

En Oaxaca también cuatro de los siete consejeros propuestos tienen algún vínculo con el PRI: El presidente que se propone, Gustavo Meixueiro Nájera, fue secretario técnico del Comité del Centro de Estudios y de Opinión Pública del Congreso, en 2003, cuando su presidente era José Antonio Hernández Fraguas, nada menos que actual representante del PRI ante el INE.

Más aún, Meixueiro fue secretario particular de Hernández Fraguas en la Secretaría de Administración durante el gobierno del priista Ulises Ruiz Ortiz.

Los otros tres propuestos para consejeros con supuestos nexos priistas son Filiberto Martínez Chávez, Nora Hilda Urdiales Sánchez y Elizabeth Bautista Velasco.

En Tabasco, tres de los siete consejeros propuestos por la comisión presidida por Baños no sólo tienen proclividad priista, sino vínculos con Andrés Granier, el exgobernador encarcelado por corrupción:

Luisa Fernanda Viveros Vidal, propuesta como consejera presidenta del órgano local, fue representante del PRI en el proceso electoral 2012; Claudia del Carmen Jiménez López fue subdirectora de Comunicación Social en el gobierno de Granier en el ayuntamiento de Centro, y David Cuba Herrera fue director jurídico de la Secretaría de la Contraloría estatal en el sexenio de Granier Melo.

En Nuevo León, donde habrá elecciones de gobernador, al menos tres de siete consejeros tienen vínculos con el PRI: Mario Alberto Garza Castillo, propuesto como consejero presidente por siete años, fue asesor de Enrique Martínez, exgobernador de Coahuila, vinculado al diputado federal Abel Guerra Garza y a la senadora Cristina Díaz, ambos del PRI.

También Miriam Hinojosa Dieck, quien trabajó para el exgobernador José Natividad González Parás; Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, quien participó en la campaña del actual gobernador de Rodrigo Medina y su despacho está vinculado con el de Humberto Medina Aislie, padre del mandatario estatal.

San Luis Potosí es un caso curioso: Rodolfo Aguilar Gallegos, propuesto como consejero presidente e identificado con el PAN, ya encabezó el órgano electoral en dos periodos y fue el responsable del error del PREP que, en 2009, provocó dudas en la elección de gobernador.

Y en ese estado, como en Chiapas, se ha propuesto que dos parientes sean consejeros: César Porras Flores y Dennis Porras Guerrero son padre e hija, identificados como proclives al PRI, lo mismo que Laura Elena Fonseca Leal, a su vez hija del exgobernador priista del estado Guillermo Fonseca.

Hay más casos, pero los enumerados sólo ilustran que el proceso de selección tuvo un claro sesgo a favor de un partido político y de la burocracia electoral, a costa de ciudadanos de acreditada independencia.

Malos augurios para el 2015.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS)