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Y ahora, la demanda.

La ciudadana francesa que fue apresada durante siete años en México pide que la justicia de su país condene a quien la ‘encarceló ilegalmente’.

Florence Cassez ‘estuvo detenida durante siete años en condiciones a menudo inhumanas’, denunció su abogada

Florence Cassez, la ciudadana francesa que estuvo presa durante más de siete años en México y que fue liberada en enero de 2013, presentó en París una denuncia por detención y encarcelamiento ilegales, indicó ayer una fuente judicial francesa a la agencia AFP.

La joven, que siempre defendió su inocencia, fue detenida a fines de 2005 y condenada en 2009 a 60 años de prisión por pertenencia a una banda de secuestradores.

Cuatro años más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México anuló la pena y ordenó su inmediata puesta en libertad, considerando que se violaron sus derechos durante su arresto, puesto que la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI) realizó un montaje para mostrar la culpabilidad de la francesa ante las cámaras de Televisa y Televisión Azteca antes de ponerla en la manos de un juez. 

Florence Cassez “estuvo detenida durante siete años en condiciones a menudo inhumanas”, denunció su abogada francesa, Sophie Thonon, a AFP.

Según explicó, su clienta “pide ahora a la justicia francesa que identifique y condene a los autores del encarcelamiento ilegal del que fue víctima durante siete años”.

Novia de un secuestrador

La francesa Florence Cassez fue detenida en diciembre de 2005 al sur de la Ciudad de México con su novio Israel Vallarta, jefe de la banda de secuestradores conocida como “Los Zodiacos” y otros cómplices. 

Aunque Vallarta confesó haber participado en al menos seis secuestros, Cassez siempre argumentó que ella no tenía conocimiento de las actividades de su pareja. 

Motivo de tensión

El caso de la francesa llegó a ensuciar las relaciones entre México y Francia, y el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, se pronunció en público en favor de su liberación. 

Por ello, en 2011 el Gobierno mexicano decidió anular el año de México en Francia. 


A pesar de eso, la crisis diplomática entre ambas naciones llegó a su fin con la entrada de la administración de Enrique Peña Nieto.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Periodismo de esperanza

Marcela Turati recibe el premio a la excelencia de la Fundación Gabriel García Márquez. En entrevista para Reporte Indigo la mexicana habla de cómo el periodismo es para ella una misión.

Marcela Turati habla sin pausas. Su cabello revuelto inunda la pantalla. 

“¿Por qué tengo que estar leyendo esto? ¿A mí en qué me afecta?”, suelta como claves para entender su trabajo periodístico.

Agrega estas preguntas a las clásicas del oficio, como un retrato íntimo de sí misma frente a la computadora que ahora usa de vehículo para relatarse.

El miércoles, la periodista mexicana recibió –en Colombia- el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo.

Además de ese, varios momentos definen su carrera: sus viajes por América Latina, los meses que pasó recopilando historias en comunidades rurales, el curso que tomó en el 2000 con Ryszard Kapuscinski, la cobertura de la matanza de 72 migrantes en San Fernando, el día en que decidió si sería periodista o también activista…

“Hace diez años abandoné la redacción de mi periódico y emprendí un viaje por Latinoamérica. Impaciente, buscaba saber cómo es que el periodismo puede cambiar las cosas. Visité redacciones, entrevisté colegas, acompañé luchas ciudadanas, respiré nuevas realidades, eduqué la mirada y esbocé respuestas sobre un periodismo de lo posible, que moviliza y no paraliza”, dijo Turati en su discurso en Medellín.

Luego, en una conversación para Reporte Indigo, la periodista 

se toca el corazón y habla de los desaparecidos de la guerra contra el narco, de cómo procura hablar con cada víctima “como si fuera la primera”, cómo a veces tiene que poner distancia, prender una veladora, reunirse con sus compañeras de Periodistas de a Pie, su soporte colectivo. 

Relata sus viajes “amorosos” a casas de amigos, no a hoteles. “Debes tener los ojos y el alma limpia, no sentir que es una carga, eso que no nos dicen nunca en la redacción pero es importante. El autocuidado emocional es parte de lo que tenemos que aprender para hacer bien nuestro trabajo”, coloca sobre la mesa. 

Hay 42 años de distancia vital entre Turati y el otro ganador del Premio, el colombiano Javier Darío Restrepo. Se siente aquí como una voz de su generación, no solamente de los periodistas de su país. 

No lo piensa dos veces cuando se le pregunta si llegó a ser una misionera, como lo quiso en su niñez. 

“Creo que el periodismo es una misión (…) de estar con los más pobres, irse a los barrios y tratar de traducir ese dolor”.

Esta perspectiva la conecta con el periodista polaco Kapuscinski y el curso que le cambió la vida.

“Me gusta de él esta opción por los que sufren, este estar con la gente, de alguna manera padecer lo que ellos viven para poder escribirlo mejor y no ser un periodista de escritorio”, remata.

Tampoco la detiene si debe existir una línea divisoria entre el periodismo y el activismo, o pueden imbricarse. 

“Milito en la libertad de expresión, en el derecho de los ciudadanos a estar informados, porque no maten a más periodistas, es el límite que yo me puse”, dice como quien ha pensado la respuesta mucho tiempo atrás. 

De inmediato se lanza a la anécdota: varios compañeros quisieron tomar la avenida Reforma, en la Ciudad de México, para protestar por el aumento de las agresiones contra periodistas.

No sabían cómo hacerlo, algunos miembros de organizaciones civiles tuvieron que ayudarles. En medio de la marcha, pancarta en mano, Turati quiso entrevistar a un cronista.

Él tomó la pancarta mientras ella anotaba en su libreta. Luego cambiaron, ella con la pancarta, él con la libreta. Al final los dos se preguntaron: ¿quién haría la nota? 


“Queremos volver a las redacciones, nadie quiere estar todo el tiempo como en una central de alarmas, tampoco nos toca, porque hay organizaciones dedicadas a eso”, suelta de moraleja.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

Detienen a otros cinco militares por masacre de Tlatlaya; van 13

MÉXICO, D.F. (apro).- Al menos cuatro soldados de tropa y un oficial, relacionados con el caso Tlatlaya, fueron ingresados esta noche a la prisión del Campo Militar Número Uno.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los militares detenidos hoy están implicados en la masacre perpetrada en Tlatlaya, Estado de México, el lunes 30 de junio, donde murieron 22 personas.

Apenas el jueves 25 de septiembre, unos 25 militares fueron detenidos por la Policía Federal Judicial Militar, de los que sólo ocho fueron sujetos a proceso en la justicia castrense, aunque tres de ellos deberán enfrentar cargos por homicidio y otros delitos, de acuerdo con lo informado el martes pasado por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Hasta el momento, la Sedena no ha informado oficialmente sobre los cargos que enfrentan los cinco militares, aunque se advierte que ya fueron consignados a un juzgado castrense.

Con los soldados ingresados hoy, suman 13 los detenidos en relación con los hechos violentos ocurridos en Tlatlaya.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

Los límites del control civil

MÉXICO, D.F: La matanza de Tlatlaya, Estado de México, pone a prueba el alcance de una realidad que desde diciembre de 2012 simplemente se acalló: la permanencia del Ejército en las calles pese al anuncio oficial de un retiro o presencia mínima. Los operativos no sólo se han intensificado –219 mil 378 patrullajes en este año en el que han participado 91 mil 547 efectivos.

Otro dato: las Bases de Operación Mixta (policial-militar) pasaron de 97 a 141 y en las calles se emplea a 37 mil efectivos diarios. Esa estrategia, cada vez más seria, no sólo no ha logrado controlar la criminalidad, sino que comienza a vulnerar a la población civil por los atropellos cometidos por militares y uniformados.

La discusión sobre la muerte de 22 personas el 30 de junio último como producto de un enfrentamiento militar con una banda criminal, pretendió desviarse en un primer momento sobre la condición de la actividad ilegal de las víctimas. Ante la debilidad probatoria institucional de hechos que fueron negados al inicio por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y respaldados por el silencio cómplice casi total de los medios –con la excepción de Esquire y Proceso–, según la estrategia del gobierno de los últimos dos años, se optó por sacrificar a unos cuantos elementos de tropa y un mando intermedio para refugiarse en la desobediencia y falta de aplicación de los protocolos de actuación militar (jueves 25 de septiembre).

Así, se busca evitar una indagación mayor y un debate serio sobre lo que el incidente representa para el sistema político. De ahí que se lanzara desde Nueva York otra cortina de humo para rescatar la legitimidad del Ejército, entre otras cosas, anunciando la participación de México en misiones de paz bajo el seno de las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Apenas el 30 de mayo pasado se estrenaba –así se presume incluso en el segundo informe de gobierno–, la vigencia del Manual del uso de la fuerza, de aplicación común a las tres (sic) Fuerzas Armadas y con ello se da cumplimiento a los criterios constitucionales y las leyes castrenses del Ejército y la Marina. En realidad es una versión sui géneris o tropicalizada del código de conducta y de los principios elaborados en la práctica de las misiones de paz de los Cascos Azules de Naciones Unidas (Sedena, Segundo Informe de Labores, lunes 1 de septiembre de 2014, p. 40).

Con todo, una lectura detallada del Manual a la luz de lo acontecido en Tlatlaya, muestra que pese a las 13 generaciones de egresados militares de cursos de derechos humanos (impartidos por la CNDH) –incluido el convenio con la Cruz Roja Internacional (2013) para acercar el conocimiento del derecho internacional humanitario–, todo queda en una coartada para prevalecer en las calles sin el debido entrenamiento para dar seguridad a la población.

El Manual es muy claro en el sentido de aplicar protocolos de actuación en la advertencia a probables agresores y determinar así el uso de la fuerza –letal o no–, imponiendo incluso la grabación de los hechos para el esclarecimiento en caso de ser necesario. Otra disposición importante es la comunicación y coordinación con las autoridades civiles (aunque también establece procedimientos de actuación en ausencia de autoridades civiles).

Lo relevante del caso, a la luz de la reconstrucción de lo que ocurrió en Tlatlaya, es la absoluta inobservancia del Manual y la recurrencia a un comportamiento ya interiorizado en el personal militar: identificación y supresión del potencial enemigo o agresor, sin la mínima coordinación con las autoridades civiles. Hasta el momento no hay consignación ante autoridades judiciales civiles.

El resultado trágico de Tlatlaya va más allá de una cuestión de disciplina militar y de excluir o desviar la responsabilidad penal como pretende la aplicación del Manual al calificar un eventual homicidio como culposo, quedando así exonerado el personal militar involucrado en hechos como el ocurrido en territorio mexiquense.

Resulta por ello, poco razonable que se diga que no hay responsabilidad institucional porque no se sabe que el “alto mando” hubiese ordenado violar los derechos humanos, y así lo confirma la declaración del propio titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos Zepeda el viernes 26.

Los usos y costumbres de la seguridad del sistema político mexicano operan con la lógica del silencio y las complicidades mutuas en el ámbito civil y el militar. Excepcionalmente, ante el abuso político del recurso militar, un alto mando solicitó la orden por escrito para reprimir (2005). No pasó de ahí.

El componente militar en el contexto histórico y político tiende a ser parte del problema (con la paradoja que es el último recurso de solución del que se ha abusado), tanto en su uso policial como en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Al final, el resultado es una distorsión, una pérdida, de la fuerza armada en su esencia definitoria de defensa nacional.

La participación directa de los militares en la lucha contra el narcotráfico durante los últimos gobiernos priistas y panistas tiene consecuencias negativas para las instituciones castrenses y, en particular, en la relación civil-militar en México. El fracaso de la guerra calderonista, continuada en los hechos por el actual gobierno, aunque no lo reconozca, no se limita al alarmante número de muertes, desapariciones forzadas y violaciones graves a los derechos humanos relacionados con la actividad de las fuerzas militares y policiales de los que dan cuenta los organismos civiles internacionales.

El daño se extiende de modo orgánico y operativo a las fuerzas armadas en términos que nuestra incipiente institucionalidad democrática, en materia de relaciones civiles-militares, no sólo se muestra débil o incapaz de reaccionar, sino que se encuentra amenazada ante la prolongada permanencia e influencia castrense.

Hay factores estructurales del diseño legal e institucional que dieron lugar a la organización de unas fuerzas armadas que responden más a tareas de dominio y control (político) en lo interno que en el desempeño real de funciones de defensa. La razón es simple, así se concibieron, histórica y políticamente, de acuerdo también a una realidad geoestratégica, como lo es la cercanía con Estados Unidos y nuestra adscripción natural a su órbita de seguridad. De ahí que la actividad castrense se volcase hacia la seguridad interior y hallase su mejor condición de influencia con la crisis de seguridad pública del país.

Con el anuncio presidencial de participar en misiones de paz, la cuestión es determinar a ciencia cierta si las Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir su función sin haberse transformado institucionalmente, en democracia y con transparencia, como sus contrapartes en el hemisferio.

Otra cuestión importante queda abierta para la comunidad internacional: si nuestros medios e intelectuales nacionales serán tan complacientes ante incidentes trágicos como el de Tlatlaya, sin que haya investigaciones profundas y sólo culpables a medias.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERUBIEL TIRADO (ANÁLISIS)

Fotogaleria: Manifestacion de Miembros de INGAPE Tijuana en memoria del 2 de Octubre 1968

Miembros de INGAPE Tijuana realizaron como cada fin de Semana su blaconeo, en esta ocasion en comemoracion a la masacre del 2 de octubre, haciendo el llamado a la ciudadania Tijuanense, a no olvidar tan tragico suceso y llamando a no ser victimas de la manipulacion de los medios, asi como el llamado a seguir los balconeos.
Los balconeos son todos los Sabados y Domingos en plaza San Jorge en la 5 y 10 de la Ciudad de Tijuana y en la Catedral ubicada en la Zona centro teniendo el habitual tendedero politico, y la declamacion de poemas, asi como megafono abierto para hacer el llamado a la ciudadania a no creer en los politicos corruptos que tienen a nuestra patria en la miseria, deseperanza y ola de violencia.




Balconeo INGAPE TJ 2 de Octubre de 2014

Normalistas bloquean Autopista del Sol; exigen presentación con vida de sus 43 compañeros

MÉXICO, D.F: Normalistas de Ayotzinapa, padres de familia, estudiantes, miembros de organizaciones sociales y del magisterio disidente marcharon en esta capital para condenar la masacre de Iguala donde policías municipales y sicarios asesinaron a seis personas en diferentes ataques armados que dejaron una veintena de heridos.

Los manifestantes mantienen bloqueados los cuatro carriles de la autopista del Sol, a la altura del punto conocido como el parador del Marqués -al sur de esta ciudad- como medida de presión a las autoridades en demanda de la presentación con vida de 43 normalistas que siguen desparecidos.

La marcha comenzó cerca del mediodía en la parte norte de la capital y concluyó dos horas y media después en la autopista del Sol en el mismo punto donde fueron asesinados dos normalistas de Ayotzinapa en diciembre de 2011 durante un desalojo realizado por policías federales y estatales.

La manifestación realizada en el contexto de la conmemoración de la matanza de Tlatelolco, se caracterizó por ser pacífica pero enérgica en consignas y reclamos en contra de las autoridades ante la increíble desaparición de normalistas.

El bloqueo de la autopista comenzó a las 15:30 horas y se mantiene hasta el momento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

Rehenes del miedo

Las escuelas son ahora blanco de extorsiones por parte del crimen organizado en Tamaulipas. Al menos 15 institutos privados han cerrado puertas por esta razón.

Al menos unas 15 escuelas en Tamaulipas suspendieron sus actividades a consecuencia de la ola de amenazas y extorsión que viven maestros, padres y directivos.

Pese a que solo tres planteles educativos han anunciado de manera oficial el cierre de labores, fuentes en este estado aseguran que hay más colegios que suspendieron las clases de manera definitiva.

Esta el momento, padres de familia de los colegios Montessori American School, así como el William Shakespeare American School y la Universidad México Valle en Reynosa han anunciado el cierre de labores.

Sin embargo, esta situación no es nueva para los tamaulipecos.

Gabriela, una madre de familia quien acudió a la escuela Montessori American School en Tampico para recoger las pertenencias de sus hijos, aseguró que este problema tiene, al menos, cinco años.

“Es una situación de hace mucho tiempo, no sé porqué se sorprenden tanto de que una escuela cierre. En los últimos 5 años han cerrado empresas con inversiones de millones de dólares en Tamaulipas y no sé porqué se vienen a sorprender”, dijo a Reporte Indigo.

Reveló que el cierre de los colegios no se debe por un problema financiero como lo quiere hacer creer la Secretaria de Educación de Tampico, sino por la inseguridad que vive en el estado.

“Si ya están seguros que el cierre no es por inseguridad, para qué nos mandan policías”, afirmó Gabriela.

Padres de familia acudieron el pasado martes a partir de las 9:00 horas a la escuela Montessori American School en Tampico, para llevarse plantas y material didáctico con el que trabajaban en el instituto sus hijos.

El colegio cerró a consecuencia de las llamadas de extorsión y amenazas que ponían en riesgo a los alumnos y al personal.

Rocío, otra madre de familia, lamentó el cierre, pero agradeció a los propietarios la decisión de suspender definitivamente las actividades. 

“Yo pregunté directamente con la coordinadora y me dijo que los habían amenazados”, dijo.

Fuentes consultadas en Tamaulipas por Reporte Indigo informaron que las acciones de extorsión se están realizando por jóvenes, quienes integran pequeños grupo independientes del crimen organizado.

La misma historia

En 2011, la Secretaría de Educación en Tamaulipas confirmó que por motivos de inseguridad y la inasistencia de alumnos, se vio obligada a cerrar 17 planteles educativos en la frontera.

Según la dependencia estatal, en esa ocasión el cierre no se debió por escuelas inseguras, sino por entornos que no permitían el adecuado resguardo a los estudiantes.

Las escuelas que cerraron estaban ubicadas en los municipios de San Fernando, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Guerrero, Méndez, Burgos, Cruillas, Camargo, Mier y Miguel Alemán.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.

La UNAM y el Poli, amigos y rivales

Las dos universidades más grandes de México formaron el Comité Nacional de Huelga de 1968. Tenían peticiones, no los escucharon, los reprimieron y hasta ahora nadie pide perdón ni asume culpas por las muertes que no tienen número oficial

Los “Goyas” y el  “¡Huélum, Huélum, glooooria! ¡A la cachi cachi porra!”, eran un clásico de los 60.

La UNAM y el Politécnico Nacional eran los eternos rivales en los juegos interuniversitarios y los amigos para las alianzas convenientes para unir su fuerza. 

Pero en 1968 se olvidaron de “Goyas” y “Cachiporras” y se unieron ante lo que consideraban represión a las  ideas de izquierda que invadían al mundo joven, pero que el gobierno de entonces no supo cómo manejar. 

Unidos, formaron el Consejo Nacional de Huelga y pedían la liberación de presos políticos en una época represiva, incluyendo al líder de izquierda Demetrio Vallejo.

Protestaban por la violenta contención sufrida con la toma de la Ciudad Universitaria por el Ejército, el bazukazo en la Escuela Nacional Preparatoria (San Ildefonso) y la represión con gases lacrimógenos durante el enfrentamiento entre estudiantes del IPN y la Preparatoria Ochoterena de la UNAM. 

Una cosa eran las rivalidades entre ellos y otra muy diferente, que interviniera el gobierno. 

Su pliego petitorio era largo.

Desde agosto, los rivales deportivos se habían unido para planear manifestaciones pacíficas. 

Los tiempos estaban revueltos en México y el mundo, pero el país tenía que “barrer la casa” para recibir a los miles de turistas que llegarían a ver los Juegos Olímpicos que serían inaugurados el 12 de octubre. Faltaban pocos días y no encontraban la forma de dialogar. 

Para evitar dar mala impresión a los visitantes, llegaron algunos interlocutores enviados por Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación, la rectoría de la UNAM en manos de Javier Barros Sierra, y la del Poli, a cargo del intelectual Guillermo Massieu Helguera. 

Les pedían prudencia, pero no les concedían nada. Les pedían no más marchas, pero no liberaban a los presos. 

No pudieron dialogar con quiénes pedían, no los tomaron muy en serio y nadie intentó persuadirlos y llevarlos a la paz. 

Nadie les hizo mucho caso y de pronto, cuando menos lo esperaban, los sorprendieron por la retaguardia y los atacaron a balazos en una manifestación pacífica. 

Fueron solamente 29 minutos de un intenso tiroteo que empezó a las 5:55 de la tarde y que ejecutaron más de 5 mil soldados, policías, granaderos y el grupo de paramilitares llamado Batallón Olimpia.

Murieron muchos manifestantes. Aún no hay un número oficial reconocido por los gobiernos. También hubo muchos presos. También, desaparecidos que todavía no pueden ser enterrados por sus familiares. 

Lo que hubiera sido una jugada maestra para calmar los ánimos de los estudiantes de la UNAM y el Poli, resultó en los 29 minutos más trascendentes para una historia del país.

Los hechos dieron la vuelta al mundo porque hubo algo que los organizadores de la matanza no calcularon: la presencia de la prensa extranjera que ya había llegado en avanzada para cubrir la Olimpiada. 

Mientras la prensa nacional era silenciada y reportaba 29 bajas, un reportero enviaba a la BBC de Londres que al menos habían muerto 300 estudiantes.

Y lo que empezó como una más de las manifestaciones del CNH marcó la historia. 

La unión del Poli y la UNAM continuó como un duelo compartido en algo que hubiera podido evitarse si alguien les hubiera puesto atención. 

La represión violenta es un añejo reclamo y una herida por la que nadie, aún, ha pedido perdón. 

Finalmente muchas visitas cancelaron. 


Y los que llegaron tenían un tema y un lugar más que visitar: Tlatelolco, el lugar en donde murieron muchos jóvenes idealista, unidos sin más rivalidades: la UNAM y el Poli.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: NORMA GARZA

Transparencia en progreso

En 2015 México encabezará la Alianza para un Gobierno Abierto Digital que incluye 65 países. Esto es una oportunidad para el país de cumplir las tareas pendientes de la anunciada Estrategia Digital.

Al recibir la presidencia del organismo regulador internacional sobre transparencia digital, México mostrará que aún tiene pendientes por cumplir, y también las metas ya alcanzadas. 

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), incluye 65 países unidos para presentar digitalmente y de forma transparente los datos gubernamentales, será presidida por México durante el siguiente periodo, según anunció el presidente Enrique Peña Nieta durante su pasada visita a la ONU. 

México se unió al organismo digital como fundador en septiembre de 2011, y la presidencia se asignó después de la participación de Peña Nieto en la reunión del organismo celebrada en la Cumbre de la ONU. 

El inicio del liderato de AGA, el mes de octubre, coincidirá con el primer aniversario de la Estrategia Digital Nacional, que preside Alejandra Lagunes, y que retomó compromisos incumplidos por la administración anterior e incorporó propios, en los que están trabajando para llegar a las metas.

La primera evaluación realizada a México por la AGA para el plan de acción 2011-2013, muestra cuáles eran los pendientes que aún no se implementan.

Fin de sexenio sin metas cumplidas 

El primer informe, que abarcó datos hasta diciembre de 2012, ya presentaba temas que tenían atraso o no habían comenzado. 

La primera meta no cumplida fue “publicar estadísticas de las investigaciones sobre cohecho transnacional en empresas mexicanas que operan en el extranjero o extranjeras que operan en México”.

Otro tema rezagado es la divulgación de un programa con “información relevante” en el manejo de residuos de plástico PET, aunque tenía a finales de 2012 un avance “sustancial”.

La elaboración de publicaciones en formatos “abiertos y libres” también había sido incluida por la administración calderonista. 

Hasta ahora se ha llevado a cabo la versión beta del portal datos.gob.mx.

El gobierno no ha alcanzado su meta propuesta de publicar los recursos que se destinan, asignan y ejecutan para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos, ni la información que permita evaluar los esfuerzos de protección a estos derechos. Quedó pendiente desde el sexenio pasado.

Tampoco desde entonces se han publicitado en web los presupuestos de cada escuela primaria y secundaria, que incluye el programa.

Las donaciones y los contratos de Pemex se han mostrado en sitios web oficiales solo parcialmente.

La publicación de los gastos de cada dependencia o entidad en publicidad oficial ya vieron la luz en abril de 2013, mediante el Índice de Gasto en Publicidad Oficial en las Entidades Federativas, elaborado por Artículo 19 y Fundar.

Hay muchas metas que cumplir, a las que también se sumó el compromiso de publicar los programas de subsidios y prestación de servicios públicos.

En el ámbito de seguridad, desde 2011 el país se había comprometido a “elaborar un programa dirigido a las víctimas de delitos, para conocer el estado de sus averiguaciones previas vía electrónica”. 

Sobre el tema la Procuraduría General de la República (PGR) implementó un programa que permitía que las víctimas accedan a las etapas de la averiguación previa iniciada a partir de su denuncia desde cualquier módulo de Internet.

“A pesar de que el sistema fue anunciado por la Titular de la PGR (entonces Marisela Morales), nunca se habilitó. Una de las razones presentadas por la PGR es que estaban en proceso de capacitación de los ministerios públicos en la utilización del sistema”, consigna el documento.

Entre los compromisos del pasado sexenio quedó sin cumplir la publicación mensual en cada colonia y localidad del número de denuncias realizadas ante el ministerio público, por lugar de ocurrencia y tipo de delito.

Una de las recomendaciones de este informe fue que se considerara a la Secretaría de la Función Pública como un “interlocutor no relevante” al interior de la AGA, ya que “se encuentra en proceso de desaparición”.

Alejandra Lagunes, quien está a cargo del programa de  Estrategia Digital Nacional, ha declarado que se están realizando adecuaciones a sus líneas de acción.

En una entrevista publicada ayer en El Economista, dijo: “Nos encontramos trabajando en cambios, que lo planteamos desde un principio, que una Estrategia Digital tiene que ser dinámica y tiene que ser flexible, tiene que adaptarse a los cambios de tecnología y al aprendizaje”. 

Nuevos planes por cumplir 

Con la llegada de la administración peñista se anunció un nuevo plan de acción que comprende los años 2013 a 2015, cuyos resultados se evaluarán al cierre de este 2014.

El primer paso fue que en octubre del año pasado México e Indonesia recibieron la copresidencia de la AGA.

Las propuestas de este “nuevo plan” coinciden en gran medida con los pendientes que vienen desde 2011 y aún no se han implementado.

Como acciones concretas anunciaron  la creación del portal gob.mx, el cual se encuentra aún en versión beta y espera concentrar el próximo año el acceso a 6 mil trámites de gobierno. 

A este compromiso agregaron el mejor acceso a los órganos reguladores del Estado, sus decisiones y las Normas Oficiales vigentes. 

La administración actual no retomó el compromiso del acceso a las averiguaciones previas, en cambio se comprometió a crear un registro electrónico de detenidos, que incluya el “acceso a datos estadísticos de detenciones o aseguramientos en el país, así como las circunstancias y causas de la detención”. 


Ni esta ni la “base de datos de personas desaparecidas” se han hecho públicas, aunque el compromiso que incluyó este gobierno fue que contendría datos estadísticos de valor y las diferentes fuentes y autoridades que registran dicha información.

El 24 de agosto, la PGR anunció que tenían contabilizada una cifra de 22 mil 322 desaparecidos. No se publicó ninguna base de datos. 

El “Padrón único y abierto de beneficiarios” de programas sociales también continúa pendiente. Su objetivo anunciado es “mejorar las acciones de política social al identificar con mayor precisión las poblaciones objetivo”.

La política de “datos abiertos” buscó en el discurso una mayor difusión del presupuesto, el gasto, los impuestos, los fondos para emprendedores. Todo se encuentra en versión beta.

También está pendiente difundir información georreferenciada de proyectos de infraestructura.

En temas de seguridad la administración actual también ofertó publicar información estadística sobre los delitos cometidos, su frecuencia, ubicación, averiguaciones previas, incompetencias y un mapa del incremento y decremento delictivo en las diferentes zonas del país. También continúa en “implementación”.

A ello se suman otros planes que no se han concretado, como la divulgación de ganancias del sector de hidrocarburos y el destino de los recursos que provienen de esta industria.

Al término de la presidencia de México de este organismo multilateral, tocará una segunda evaluación que pondrá una calificación a esta serie de compromisos que aún se encuentran como buenas intenciones sin ancla en la realidad.

Lo que podremos encontrar pronto 

Información estadística que se incluirá en los portales del gob.mx divididos en las distintas zonas del país. 

Delitos cometidos:
> Frecuencia, ubicación, averiguaciones previas, incompetencias, mapa de incremento y decremento
> Información relevante en el manejo de residuos de plástico PET
> Estadísticas de las investigaciones sobre cohecho trasnacional

> Publicar los recursos que se destinan, asignan y ejecutan para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos

Se apaga el dragón

Aunque el director del proyecto Dragon Mart Cancún parece estar despreocupado por las sanciones de la Profepa, las obras del centro comercial están suspendidas desde hace un mes.

A pesar de que llevan a cuestas una sanción superior a los 20 millones de pesos impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los inversionistas de Dragon Mart le apuestan a la nulidad de los juicios en su contra.

Desde hace más de tres años que se anunció la construcción de este mega centro de comercialización de productos chinos en el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, el polémico proyecto ha tropezado una y otra vez con leyes ambientales.

Apenas hace unas semanas la Profepa le impuso una multa por medidas de remediación y restauración por el desmonte de vegetación en el predio El Tucán.

Pero al director y socio comercial de la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún, Juan Carlos López Rodríguez, no le preocupan las sanciones, pues buscará anular el juicio.

Aunque no han pensado en suspender los trabajos de construcción, López Rodríguez aceptó por primera vez que “analizarán la viabilidad del mismo”.

Tan es así que desde hace más de 30 días que el Dragón no lanza fuego. Las obras están suspendidas.

Peligro ambiental 

Con la vorágine de denuncias, la empresa solo ha logrado emparejar 500 metros de la carretera federal Cancún-Chetumal, pero sin ningún cimiento.

Aunque permanece su espectacular mercadológico: “Aquí se generarán 8 mil 500 empleos. Que no te cuenten cuentos chinos. Infórmate”.

Desde hace más de dos años Reporte Indigo denunció que el megacentro traerá afectaciones ambientales y destruirá la planta productiva local.

El proyecto inicial consiste de un inmueble con 12.7 hectáreas de área de exhibición, cuatro hectáreas para 20 bodegas para almacenaje, 722 viviendas y 38 hectáreas para futuras bodegas y restaurantes.

López Rodríguez aclaró a algunos medios locales que Real Estate Dragon Mart Cancún prefirió esperar la resolución de la instancia federal para seguir con el procedimiento físico en el terreno, luego de que le solicitara la Manifestación de Impacto Ambiental a nivel federal.


Por lo pronto, los trabajos del nuevo paraíso de distribución de productos chinos hacia Latinoamérica, suspendido en varias ocasiones desde su presentación el 22 de marzo de 2011, paró máquinas.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: GEORGINA HOWARD.

Desde Francia, Cassez denuncia “encarcelamiento ilegal” en México

La ciudadana francesa exige a la justicia de su país "que identifique y condene a los autores del encarcelamiento ilegal del que fue víctima durante siete años", comentó su abogada.

La ciudadana francesa Florence Cassez presentó una denuncia en París por la detención y “encarcelamiento ilegal” en México, de acuerdo con su abogada.

Cassez fue detenida en nuestro país en 2005 y sentenciada en 2009 a 60 años de prisión por secuestro; siempre defendió su inocencia pese a testigos que la señalan como integrante de un grupo de secuestradores.

El 23 de enero de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación formalizó la anulación de la condena y ordenó su inmediata liberación, por considerar que sus derechos fueron violados luego de que se realizó un montaje televisivo -transmitido por Televisa- sobre su detención, lo cual vició el proceso penal en su contra.

La entonces Agencia Federal de Investigaciones, a cargo de Genaro García Luna, presentó el 9 de diciembre de 2005 la supuesta detención de Cassez en una transmisión “en vivo”, cuando en realidad llevaba horas detenida. (Ver nota enero 2013=> Videos: 5 periodistas que ‘balconearon’ a Televisa por el montaje Cassez)

“Florence Cassez estuvo detenida durante siete años en condiciones, a menudo, inhumanas“, argumentó su abogada, Sophie Thonon.


“Pide ahora a la justicia francesa que identifique y condene a los autores del encarcelamiento ilegal del que fue víctima durante siete años”, agregó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Debe investigarse relación de funcionarios de FCH con operativo ‘Rápido y Furioso’: abogado

La organización "Desarma México" considera que funcionarios del sexenio del panista Felipe Calderón pudieron ser cómplices de la operación con EU, a través de la cual se introdujeron armas a México.

Ocho integrantes de la organización Desarma México interpusieron una denuncia para que se investigue el operativo ‘Rápido y Furioso’, a través del cual se introdujeron armas a México desde EU; el tema sustancial es provocar que la PGR investigue este caso de forma seria, sólida, desde el punto de vista técnico-jurídico, con todas las condiciones del Ministerio Público; y se determine si funcionarios mexicanos del gobierno federal, en la administración de Felipe Calderón, tuvieron qué ver con la introducción de armas -con el fin de seguirles la pista a las bandas delincuenciales-, expuso el abogado Gonzalo Aguilar Zinzer.

En entrevista para Aristegui CNN, el miércoles por la noche, el litigante indicó que si se investiga, un número muy elevado de funcionarios que está seguro que estuvieron involucrados en esto, serán evidenciados y por lo tanto la sociedad civil habrá triunfado.

Explicó que Desarma México es un proyecto que surgió hace dos años, con el impulso del académico Sergio Aguayo, cuando “me desgarró la información sobre la operación” que partió en EU.

“Formamos un equipo específico para ello e investigamos el tema a profundidad, después de dos años de una investigación con mucho rigor, de la preparación de un tema con mucha estructura y del propósito no sólo para presentar una denuncia, sino para crear conciencia en la sociedad civil ante un tema como este”, apuntó.

Se trata, pues, de un grupo de intelectuales,  amas de casa, padres de familia, artistas, profesionistas, que “nos reunimos y nos incorporamos en una sola unidad para crear Desarma…, un proyecto para analizar el fenómeno del creciente y exponencial nivel de uso de armas en México, y encontrar las causas que lo generan y encontrar los medios que estos grupos tienen para obtenerlas”.

Cuando se hace público, a través de Wikileaks, el programa Rápido y Furioso, inició una investigación en el Congreso de Estados Unidos, apuntó.

Allí comparecieron  funcionarios del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) quienes juraron decir verdad en los hechos.

Ellos involucraron a funcionarios mexicanos, por ejemplo en reuniones con miembros del gobierno de los Estados Unidos; se trata de funcionarios mexicanos de Presidencia de la Republica, de la Secretaría de Gobernación, el Cisen, de la PGR, de la Marina, de la Sedena y de la SSP, agregó.

“Ya con muertos, heridos, secuestrados, enfrentados y demás debía haber un mapeo de los hechos a través de las diligencia del levantamiento de las armas, diligencias que se practican en la investigación de los hechos para identificar los números de serie de las armas y sellos y las claves que les pusieron desde los Estados Unidos y saber que pertenecían al programa Rápido y Furioso”, dijo sobre la operación.

Esa información es recogida a través de un procedimiento balístico, forense, a través de peritos, que levantan las armas, levantan los casquillos, que lo hace México o probablemente peritos que se trasladaron de los Estados Unidos.

Es decir, EU intervino en diligencias del Ministerio Público mexicano, en escenas del crimen, sólo con el propósito de levantar el mapeo del uso de las armas o, aún peor, que la autoridad mexicana obtuviera esa información balística y la remitiera a la autoridad de los Estados Unidos para el único propósito de seguir identificando las armas de Rápido y Furioso, comentó.

Del presidente Barack Obama para abajo y del presidente Calderón para abajo “no tenemos la menor duda de que hay funcionarios de altísimo nivel que tomaron la decisión, no te puedo decir qué funcionarios porque no sé pero la investigación nos lo va a proporcionar”, confió Zinzer.


La denuncia ante PGR:

“Tendremos que tomar una decisión” sobre Yoloxóchitl en el IPN: Osorio Chong

“No estamos pensando en un Poli diferente al que tenemos”, aseguró el secretario. El viernes responderá a peticiones de estudiantes, con el fin de que regresen a las aulas, "y con ello se pueda terminar este movimiento".

La directora del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl Bustamante, ha estado en pláticas con el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, sobre su renuncia al cargo, solicitada por el movimiento estudiantil, indicó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. 

“Tendremos que tomar una decisión al respecto en las próximas horas... ha habido mucho diálogo… perfilando solución, que los jóvenes queden satisfechos, vemos eso como una alternativa, no es lastimando a nadie sino construyendo con todos”, expuso.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, ni afirmó ni negó si ya presentó su renuncia -como se dio a conocer en medios- e indicó que “en unas horas más lo sabremos”, en referencia a la reunión con estudiantes del IPN, este viernes a las 3 de la tarde en la calle de Bucareli.

El anterior encuentro con el movimiento, reconoció, fue “muy bueno”, y ahora “preparamos la respuesta que permita que regresen a las aulas”, “trabajamos en cada punto para dar respuesta puntual”, “que en cada caso y que en lo posible se vayan muy satisfechos y con ello se pueda terminar con este movimiento que por supuesto tiene justificación y debemos encontrar salida pronta”.

Respecto al pliego petitorio de los estudiantes del IPN, indicó que “desde el inicio siempre nos manejaron como punto fundamental” un presunto achicamiento de la institución (“mano de obra barata”).

Ante ello, Chong consideró que existió falta de comunicación y consensos para  aprobar el nuevo reglamento, que los estudiantes exigen sea abrogado.

“El no consultarle a la comunidad estudiantil, el no comentarle al propio personal docente, como a todos, tiene señalamientos o afectaciones… el tema no es solo el contenido (del reglamento) sino no haber sido tomados en cuenta”, precisó.

Agregó que lo que se implementó en el nuevo reglamento no se hizo a la par de las reformas, sino que viene de un proceso que llevaba meses atrás, “no lo consensaron, simplemente, y no estamos pensando en un Poli diferente, ni en modificaciones que afecten a alumnos o se les ponga por debajo de otras instituciones,

que se les considere técnicos en lugar de ingenieros, no es el camino que se está pensando, se tiene que construir de otra manera cualquier escenario”. 

Descarta “educación regresiva”

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) es una gran institución, de ninguna manera se está tratando de hacer una educación regresiva, dijo el secretario.

Sostuvo que el gobierno de la República no está pensando en un Politécnico diferente al de hoy y rechazó la posibilidad de que se tecnifique la educación superior.


Sobre el tema de instrumentar la autonomía en el Instituto Politécnico Nacional, dijo que no está dentro de los diez puntos del pliego petitorio que entregaron los estudiantes, sin embargo se tendría que hacer todo un análisis para saber lo que le conviene a la institución.

VÍDEO:



El pliego petitorio que los estudiantes del IPN entregaron el martes a Osorio Chong, el cual responderá este viernes:

Pliego Petiorio IPN Gobernación FINAL.pdf by Aristegui Noticias



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.

El detenido junto al narco ‘H’ es ¡del Partido Verde!

Germán Goyeneche (o Goyenechea) Ortega contendió en 2011 contra el actual diputado federal y dirigente del partido en el estado, Ricardo Astudillo Suárez.

El hombre detenido el miércoles junto con el narcotraficante Héctor Beltrán Leyva en San Miguel Allende, Guanajuato, es identificado como Germán Goyeneche (o Goyenechea) Ortega, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y reconocido empresario en Querétaro.

Ortega contendió en 2011 contra el actual diputado federal y dirigente del partido en el estado, Ricardo Astudillo Suárez.

Además, formó parte del grupo de forcados queretanos -aficionados a los toros. También preside la versión local del Parlamento Ciudadano de México (Pacime), donde rindió protesta como representante en Querétaro en marzo de 2008.

Residía en San Miguel de Allende, donde era director del Fraccionamiento Otomí Centro Hípico, complejo residencial de lujo, enclavado en un centro ceremonial Otomí.

En Querétaro se le vincula a políticos de diferentes partidos y al sector empresarial.

El miércoles, cuando fue anunciada la detención del “H”, no existía como ahora las diferentes referencias sobre este militante del PVEM. En la conferencia de prensa de ayer, Tomás Zerón de Lucio sólo dijo esto sobre el acompañante de Héctor Beltrán: Héctor Beltrán Leyva, fue detenido en compañía de otra persona de nombre Germán Goyenechea Ortega, quien fungía como un operador financiero de su grupo. Ambos portaban armas cortas de uso exclusivo de las fuerzas armadas al momento de su detención… 


Los elementos de operaciones especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, lograron su detención de manera rápida y eficaz, sin realizar un solo disparo en el interior de un restaurant de mariscos”.  

Ciudad y Poder, un medio de Querétaro, cuenta parte de la historia de Goyeneche:

Germán Goyeneche era un “distinguido” miembro de la sociedad queretana.. antes de ser capturado por la PGR por ser operador financiero del cártel de los Beltrán Leyva. Relacionado con el rubro empresarial y político en la entidad, Goyeneche se distinguía por haber sido un apasionado de las corridas de toros, luchador en pro del medio ambiente (aunque parezca contradictorio) y una persona que, al menos en apariencia, se preocupaba por el bienestar de las familias de Querétaro.

En su juventud se graduó de la carrera de Agronomía en el Tec de Monterrey Campus Querétaro. Actualmente, cuenta con 44 años de edad. 

Ricardo Astudillo, actual diputado federal y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se caracteriza por ser uno de sus más cercanos, ya que entre gritos y sombrerazos (por su pasado como forcado), metió a Goyeneche a su partido en 2008. Esto fue criticado hasta por la dirigente nacional del PVEM, ya que la “fiesta brava”, de la que Germán es apasionado, va en contra de los principios mas básicos del instituto político. 

Apenas el pasado 4 de marzo, Astudillo propuso a Goyeneche como representante ecologista ante el Parlamento Ciudadano, lo que colocó al empresario de bienes raíces al frente de dicha organización, también conocida como “100 por Querétaro”.

Después de que se conoció su captura, Astudillo no ha hecho declaraciones al respecto. Pese a los intentos de este medio por contactarlo, no se ha obtenido respuesta ni de él ni de los demás representantes del Partido Verde Ecologista de México.

Es de recordarse que el diputado federal del PVEM ha manifestado su interés por contender por la alcaldía de Corregidora el próximo 2015, en una candidatura conjunta con el PRI y el Partido Nueva Alianza. En opinión de miembros del comité municipal del PRI, la cercanía de Goyeneche con Astudillo no afectaría la candidatura de este, aunque afirmaron que aún es prematuro hablar sobre candidatos seguros. “Si te pones a ver quien tenía vínculos con Goyeneche, te salen embarrados todos”, nos comentaron. 

“Luchador social”

En una entrevista hecha el pasado 13 de septiembre en el programa Paren el Mundo, que se transmite a través de Radio Ciudad y Poder, Goyeneche manifestó que una de las más grandes preocupaciones de los queretanos es la seguridad, debido a la fuerza de distintos cárteles. Incluso, dijo que “en Querétaro estamos en un Oasis, si estamos seguros, pero eso se va a acabar”.

En ese sentido, durante la entrevista, Goyeneche hizo un llamado a las autoridades para que cumplieran con sus promesas, y se dijo defensor de los intereses de los habitantes. Entre sus acciones, dijo, se encontraba ejercer presión a los gobernantes para mejorar la cuestión de seguridad en Querétaro.

En ese momento, este entrevistador y el equipo del programa, ni se imaginaban que unas semanas mas tarde sería apresado por ser operador financiero de Héctor Beltrán Leyva. 

En su página de Facebook, Goyeneche se identifica como director de Otomí Lake and Villas, un exclusivo fraccionamiento de San Miguel de Allende. De igual forma, se conoce su vínculo con distintas empresas del mismo gremio.


Goyeneche fue detenido ayer en San Miguel de Allende mientras comía con el capo que también es conocido como “el H”. De acuerdo a la PGR, fungía como operador financiero del delincuente, quien, en su vida oculta, también se desempeñaba como agente de bienes raíces y distribuidor de obras de arte en nuestra ciudad. 

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Héctor Beltrán Leyva, ‘El H’, capturado mientras comía en San Miguel Allende

Lo detienen gracias a un operativo conjunto de la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional. Se hacía pasar por empresario en Querétaro, donde vivía.


El líder del cártel de los Beltrán Leyva, Héctor Beltrán Leyva, fue capturado el miércoles en San Miguel Allende, Guanajuato, durante un operativo conjunto de elementos de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional.

El director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, informó en conferencia de prensa que la detención se concretó de manera rápida, eficaz y sin disparos en un restaurante de mariscos, en la referida localidad, donde además fue capturado Germán Goyeneche Ortega, quien acompañaba a Beltrán Leyva en ese momento, y es identificado como operador financiero del cártel que encabezaba Héctor.

Héctor Beltrán, sobre quien pesan 29 averiguaciones previas del orden federal, lideraba la organización del grupo criminal que lleva sus apellidos y cuya actividad principal era el trasiego de droga desde Sudamérica hasta Estados Unidos y Europa.

La captura se logró tras 11 meses de labores de inteligencia realizadas por la Sedena, en coordinación con la AIC y la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina–Armada de México (Semar).

Se tienen datos de que la organización bajo el mando de Beltrán Leyva, en posible alianza con otros grupos delictivos, habría diversificado sus actividades hacia la producción y el comercio de drogas sintéticas.

El funcionario agregó que desde diciembre de 2009 -tras el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva- Héctor Beltrán asumió el liderazgo de la organización criminal y adoptó un perfil moderado para pasar desapercibido, pero continuó con sus actividades de trasiego de estupefacientes en todo el territorio nacional.

Asimismo ubicó su domicilio en Querétaro, donde se hacía pasar como empresario dedicado al comercio de bienes inmuebles y obras de arte. 

Zerón de Lucio abundó que la detención se logró en un restaurante de mariscos, y que tanto Beltrán Leyva como Goyeneche Ortega, uno de los operadores financieros de su grupo, portaban armas cortas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Pero no hubo disparos.

El funcionario federal recordó que el gobierno de Estados Unidos de América ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por su arresto, para ser juzgado por diversos delitos.

Por su parte la PGR ofrecía una recompensa de hasta 30 millones de pesos, por datos que llevaran a su captura.


Información que ayer proporcionó la PGR:

MENSAJE DE TOMÁS ZERÓN DE LUCIO, DIRECTOR EN JEFE DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, SOBRE LA DETE… by Aristegui Noticias:




Por su parte la Administración Federal Antidrogas (DEA) de Estados Unidos felicitó al gobierno de México por la captura de Héctor Beltrán Leyva.

Su ficha oficial lo describe como encargado de la planeación, supervisión y control general del tráfico de drogas y recolección de dinero de la organización criminal.

Héctor Beltrán Leyva fue señalado en documentos judiciales en Nueva York e Illinois junto con otros 43 coacusados como parte de encausamientos múltiples contra algunas de los mayores grupos de tráfico de drogas mexicanos.

En Brooklyn y en Chicago, un encausamiento del 20 de agosto de 2009 acusa Beltrán Leyva, Ignacio Coronel y Jesús Zambada García, como presuntos miembros de la Federación.

Tanto el cártel de los hermanos Beltrán Leyva como el Cártel de Sinaloa son señalados por el trasiego de 200 toneladas métricas de cocaína y del contrabando de 5.8 mil millones de dólares en efectivo entre 1990 y 2008.

Los dos cárteles fueron incluidos de manera conjunta bajo la acusación de formar parte de un “arreglo cooperativo” para traficar la cocaína a Estados Unidos.


El encausamiento aclara sin embargo que el cártel de los hermanos Beltrán Leyva rompió su alianza con el cártel de Sinaloa en 2008 debido al control de las rutas hacia Estados Unidos y la lealtad de los distribuidoras mayoristas de las drogas.




FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Guerrero ha sufrido una catástrofe humanitaria”; AI exige investigación sobre masacre

Las organizaciones Amnistía Internacional (AI) y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) hicieron la exigencia conjunta de que se investigue de manera imparcial el asesinato de tres normalistas y 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, por los hechos violentos en Iguala del pasado fin de semana en que policías municipales atacaron a civiles y normalistas.

La organización AI detalló conocer los por menores de los hechos violentos en Iguala y de los 43 estudiantes que hasta hace horas, siguen desaparecidos. En un comunicado en su página de internet dijo que “el asesinato de los estudiantes, la privación arbitraria de la libertad, la situación de personas heridas y de personas desaparecidas, constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no deben permanecer en la impunidad”.

“Por ello, Amnistía Internacional insta a las autoridades a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva, con todos los medios legales a su alcance para esclarecer los hechos y asegurar que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia”, remarca.

De igual forma hace un “enérgico llamado” a todas las autoridades estatales y federales para adoptar todas las medidas adecuadas de búsqueda para dar con el paradero y presentación con vida de los 43 estudiantes hasta ahora desaparecidos.

También señala que en distintas ocasiones, los esfuerzos para localizar a personas víctimas de desaparición “requieren un trabajo efectivo coordinado de las autoridades federales, estatales y municipales respondiendo a su obligación de asegurar que las personas desaparecidas sean protegidas de cualquier acto de tortura y garantizar la integridad física y psicológica de las mismas”.

Por su parte, el CCTI declaró que los hechos acaecidos en Iguala la noche del viernes y madrugada del sábado son evidentes violaciones graves a los derechos humanos por parte de policías municipales de Iguala y un comando de hombres armados que disparó contra normalistas, deportistas y civiles, “lo que sólo puede juzgarse como ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales”.

“Guerrero ha sufrido una catástrofe humanitaria con miles de muertos y desplazados, cientos de desaparecidos. A eso se suman las catástrofes ambientales de temblores, tormentas y huracanes. La sociedad guerrerense esta inmovilizada, paralizada por el miedo y el terror, salvo algunos sectores de larga trayectoria de lucha como estudiantes y maestros”, aseguró el colectivo.


Finalmente, exigió una investigación expedita, eficiente y oportuna para llevar ante la justicia a “todas las autoridades municipales o de cualquier otro nivel de gobierno involucradas en estas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras penas crueles, inhumanas o degradantes” y la presentación con vida de los normalistas desaparecidos.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: Hercilia Castro.