Regresa la luz a todo Baja California Sur, tras el paso de ‘Odile’

Quedaron dañados 108 circuitos y mil 353 transformadores, por el huracán; así como 7 mil 963 postes de distribución eléctrica.

A la fecha, la Comisión Federal de Electricidad ha logrado restablecer el suministro de energía eléctrica a la totalidad de los usuarios en la zona norte del estado y la zona de La Paz, así como a todos los usuarios en la zona de Los Cabos.

En un comunicado, la empresa detalló que de los 108 circuitos y los mil 353 transformadores dañados por el huracán Odile, se ha restablecido el ciento por ciento; de los siete mil 963 postes de distribución eléctrica dañados, se ha restablecido 99 por ciento, es decir, siete mil 921.

Asimismo, de las 534 estructuras de transmisión afectadas, 152 ya han sido recuperadas, es decir, 28 por ciento, aunque en esta materia el avance reclama trabajos que, por su complejidad, llevará alrededor de tres meses.

Expuso que el suministro de energía eléctrica ha sido restablecido en su totalidad y de existir problemas locales en el servicio debidos a fallas en las conexiones particulares en hogares o comercios, cortos circuitos o daños adicionales a la infraestructura eléctrica, estará en condiciones de brindar la mejor atención a sus usuarios.

La CFE subraya que los daños provocados por Odile fueron mayores a los causados por Wilma en el estado de Quintana Roo en 2005, así como las afectaciones ocasionadas en 2013 por los dos ciclones que se presentaron ese año: Manuel, en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Sinaloa, e Ingrid, que impactó en Veracruz e Hidalgo.

Las afectaciones a la infraestructura eléctrica por el huracán Odile fueron también más severas que las ocasionadas por el meteoro Isidore en 2002, que impactó en el estado de Yucatán.

La empresa señaló que para lograr el oportuno restablecimiento de la energía se estableció un plan técnico de trabajo diseñado por ingenieros e implementado por los trabajadores de la CFE, al dividir al estado en tres zonas.

La zona norte que comprendía los municipios de Constitución, Loreto, Santa Rosalía, Guerrero Negro, Comondú y Mulegé; la zona de La Paz, que abarcaba a La Paz y a Todos Santos, y la zona de Los Cabos que incluía a San José del Cabo y Cabo San Lucas.

con el apoyo de las secretarías de Gobernación (Segob), de Defensa Nacional (Sedena), de Marina-Armada de México (Semar), de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como la Policía Federal y la Gendarmería, se llevó a las zonas afectadas los trabajadores, vehículos y plantas de emergencia necesarias para el restablecimiento.

La CFE precisó que en las últimas semanas movilizó a cinco mil 664 trabajadores que, sumados a los 525 de la División Baja California, alcanzaron una fuerza laboral de seis mil 189 trabajadores.

Además se trasladaron dos mil 48 vehículos, que de igual manera sumados a los 173 de la División Baja California, dieron un total de dos mil 221 automotores especializados.

De todas sus divisiones, se transportaron 417 plantas de emergencia, y sumadas a las 34 correspondientes a la División Baja California, totalizaron 451 plantas con capacidades de generación de entre cuatro y 500 kilowatts.

Con dichas plantas de emergencia se pudo dar atención desde un inicio a los servicios de hospitales, albergues y plantas potabilizadoras de agua a colonias populares, avenidas, comercios y hoteles.

En el comunicado, la CFE reconoció que toda esta labor institucional fue posible gracias a la coordinación puntual y efectiva de la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, y agradeció la labor comprometida de sus trabajadores.

Además el trabajo eficaz de Petróleos Mexicanos (Pemex) por la manera oportuna en que envió el combustible necesario para las plantas de emergencia.


También agradeció a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a las secretarías de Salud (SSA) y de Economía (SE), por la coordinación para dar atención prioritaria a servicios básicos de agua, salud y desarrollo económico.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Piden familiares de normalistas desaparecidos reunión con Osorio Chong

Miles de estudiantes, maestros, campesinos y padres de familia de Guerrero marcharon por las calles de Chilpancingo durante cuatro horas para exigir la presentación con vida de 43 normalistas de Ayotzinapa.

México, DF. Un grupo de padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, reportados como desaparecidos, se encuentra en la Secretaría de Gobernación (SG) para solicitar la intervención de esta dependencia para la localización de sus familiares.

El caso de los normalistas sigue aún en manos del gobierno estatal, mientras que la fuerzas federales están en calidad de coadyuvantes en la investigación.

Los familiares de los desaparecidos solicitan hablar directamente con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien a su vez alista el encuentro, a las tres de la tarde, con los estudiantes del IPN.

María Inés Abraham Gaspar, tía de uno de los normalistas desaparecidos (Adán Abraham de la Cruz), dijo que los policías de Iguala se llevaron a los muchachos; sin embargo, los uniformados "se están lavando las manos, dicen que no los tienen".

"Unos jóvenes vieron cómo se llevaron a otros jóvenes en patrullas. Hay testigos, videos de eso, por eso sabemos que ellos los tienen.

"No sabemos si ellos están con vida o ya están muertos. No sabemos. Queremos que nos ayuden a encontrarlos; que los medios de comunicación y policías nos ayuden a encontrarlos".


"No sabemos en qué estado estén, si ya comieron, si están golpeados y por eso no los quieren presentar; han hecho recorridos. Unos papás nos comentaron, de los que llevaron a hacer la búsqueda, que los llevaron rápido, que parece que les urgía hacerlo rápido", comentó la señora, antes de ingresar a las oficinas centrales de Gobernación.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.

Persiste violencia en el país a 46 años del 68, lamenta AMLO

MÉXICO, D.F. (apro).- “¡Dos de octubre no se olvida!”, expresó el líder del partido político Morena, Andrés Manuel López Obrador, desde Puerto Peñasco, Sonora, al conmemorarse el 46 aniversario de la masacre de estudiantes en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en 1968.

Sin embargo, el tabasqueño lamentó que, pese al paso de los años, sigue imperando la violencia en México; además, recordó el asesinato de jóvenes normalistas en Iguala, Guerrero.

Asimismo, criticó la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que significará vaciar del erario unos 170 mil millones de pesos.

El excandidato presidencial detalló que en la primera etapa del nuevo AICM, que concluirá en 2017, se cerrará el actual aeropuerto por “saturación” de tráfico, y con ello se van a tirar por la borda miles de millones de pesos, acto que calificó de “absurdo e irracional”.

“No les importa nada, lo que quieren es tener año con año presupuesto para rellenar terrenos, para obras hidráulicas y, con el pretexto del nuevo aeropuerto, robarse la mitad o más del presupuesto destinado a esa obra, eso es Enrique Peña, son unos voraces, y el país ya no aguanta todo eso”, acusó.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: ROSALÍA VERGARA

Liberan en Puebla a activista opositor al libramiento Arco Poniente

ATLIXCO, Pue. (apro).- “Sigo en pie de lucha”, aseguró con el puño en alto el líder campesino Abraham Cordero, al abandonar esta tarde el penal de Atlixco, donde permaneció durante casi seis meses por oponerse a la construcción de Libramiento Arco Poniente y al gasoducto Morelos.

El dirigente del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada salió libre luego de obtener un amparo que redujo su fianza a 57 mil pesos y después de que el MP había pedido que se le negara el derecho de caución al catalogarlo como una persona “peligrosa” para la sociedad.

–¿Un mensaje para el gobernador Rafael Moreno Valle? –inquirieron reporteros al activista cuando éste salía del reclusorio.

“Al gobierno del estado (quiero) decirle con mucho respeto que la represión y el autoritarismo no son el camino, que se tiene que abrir a un diálogo con respeto, apertura y mucha seriedad”, respondió.

–¿Vas a seguir en la lucha?

–Definitivamente sí, pero también me voy a reunir con todos nuestros compañeros, vamos a hacer un recorrido pueblo por pueblo como estamos acostumbrados, y ahí vamos a redefinir nuestra postura, que será la de todos ellos –puntualizó.

Cordero también dijo no sentir algún temor de volver a ser encarcelado por continuar con su activismo en las luchas sociales.

“Cuando uno sabe perfectamente que no ha cometido un agravio a la sociedad, a algún ciudadano o al mismo gobierno, no tenemos por qué temer”, expresó.

Enseguida agregó que tras su liberación, habrá ahora de pugnar por la libertad del también activista Juan Carlos Flores Solís y por las otras 30 personas que se encuentran en prisión en Puebla por haber participado en manifestaciones o protestas sociales contra diferentes proyectos.

“Las luchas sociales no han terminado”, expresó, pues “en México hay mucho que resolver socialmente; tanto el gobierno federal como el estatal tienen que poner atención en resolver los problemas sociales del país, se tienen que abrir a un diálogo donde se vaya resolviendo la problemática de un sinfín de organizaciones sociales que hoy se han dado a la tarea de movilizarse”.

Además de participar en la lucha contra el gasoducto Morelos, que ya ahora está en proceso de instalación en la zona de riesgo del volcán Popocatépetl, Cordero encabezó el movimiento contra el libramiento Arco Poniente, que implicaría la desaparición de áreas de cultivo de hortalizas, actividad de la cual depende la economía de miles de campesinos de la región de Texmelucan.

Apenas el 19 de septiembre, Cordero envió una carta a los poblanos en la que estableció:
“Se me imputan acciones que nunca cometí y la realidad por la cual me encarcelaron injustamente es por no compartir y disentir la forma de gobernar de Moreno Valle; destaco que el único delito que he cometido es defenderme de la intención del gobernador de obligarme y obligar a miles de campesinos a entregar nuestras tierras para la construcción de la autopista Arco Poniente”.

Al dejar el penal, el activista agradeció a las organizaciones y personas que pugnaron por su libertad que, al coincidir con la fecha del 2 de octubre, su excarcelación fue una “bendición”.

También dijo que su salud estaba bien y que tuvo un trato normal dentro del penal de Atlixco, donde compartía celda con otras seis personas.

El dirigente campesino fue encarcelado desde el 8 de abril, cuando fue acusado de privar de su libertad a tres empleados del Banco Estatal de Tierra.

Aunque desde un principio los cargos que se le imputaban no eran considerados graves y ameritaban su libertad bajo fianza, el juzgado le negó el beneficio al atender la solicitud del Ministerio Público, que consideró a Cordero como una “persona peligrosa” por movilizar a campesinos.

Unos días antes de su detención, igual fueron ejecutadas órdenes de aprehensión en contra de Juan Carlos Flores Solís y Enedina Rosas Vélez, otros activistas de Puebla que participaban en la lucha contra el gasoducto Morelos.

Enedina Rosas logra prisión domiciliaria

Desde la noche del miércoles y cuando faltaban sólo dos horas para vencer el plazo legal, el juzgado otorgó a la campesina Enedina Rosas Vélez la prisión domiciliaria, en atención al deterioro que sufrió su salud por los casi seis meses que ha pasado recluida en el penal de Atlixco por oponerse al Gasoducto Morelos.

“La unión hace la fuerza”, fue el mensaje que la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan envió a sus compañeros de lucha, a través de su hija Lucina Quintero.

En tanto que Mario Vélez, representante de la Unión Campesina Democrática, dejó en claro que el arraigo domiciliario de Rosas no es una concesión del juzgado ni del gobierno estatal, sino un triunfo de la “verdad” y de las organizaciones sociales.

“Hoy triunfó la verdad y todos aquellos que sin conocer a Enedina se solidarizaron y exigieron su libertad. Ella es inocente, el gobierno del estado no podrá nunca probar su culpabilidad, ni la de Abraham ni de Juan Carlos, presos también por oponerse al megaproyecto del Gasoducto Morelos”, aseguró.

Lucina Quintero dijo que su madre podrá ahora recuperarse de su delicado estado de salud en su casa, luego de que en los meses que estuvo en prisión fue diagnosticada con EPCO (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

Además, mencionó que alrededor de las nueve de la noche fue notificada de que una ambulancia trasladaría a su madre, de 65 años, del hospital a su casa para que continúe ahí su proceso legal, sin tener derecho a visitas y sin poder aproximarse a puertas o ventanas.

Desde el 6 de abril, Rosas Vélez fue encarcelada por el supuesto robo de dos celulares con violencia en contra de José Alí Reyes Méndez, empleado de la empresa italiana Bonatti, encargada de la construcción del gasoducto, lo que sólo se sostiene con el testimonio de siete trabajadores de la CFE y la empresa, quienes no han sido localizados para que acudan a declarar.

El abogado Óscar Martín Rojas Mendoza dijo que pese a que los testimonios en contra de Rosas carecen de valor luego de que sus acusadores quedaron en evidencia de haber mentido, la liberación de cargos se ha obstaculizado porque los juzgados han retardado la entrega de documentación que demuestra esas irregularidades.

Pese a ello, dijo que en los próximos días podrían estar en condiciones de pedir la liberación de Rosas por desvanecimiento de pruebas, luego de que las personas que la acusan parecieran ser “fantasmas”, pues después de seis meses ya no han sido localizadas.

El dirigente del Movimiento por la Alternativa Social (MAS), Marcos Mazatle, consideró que esta medida a favor de Enedina “no obedece a la sensibilidad del gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle”.

El MAS confirmó que el sábado 4 iniciarán una “cadena de ayunos” frente al Zócalo capitalino para exigir la libertad absoluta de ciudadanos que han sido apresados por participar en manifestaciones o hacer evidentes sus protestas contra la presente administración.

Mazatle precisó que en esta jornada de protesta además evidenciarán la violencia social y política contra las mujeres, pues de los más de 35 presos de conciencia, 25% son amas de casa, campesinas o representantes de comisarías ejidales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ

Cárteles codician San Pedro

Con la detención de “El H”, este miércoles en Guanajuato, la organización criminal que controla San Pedro recibe otro duro golpe a sus cadenas de mando y se vuelve vulnerable a la invasión de otros grupos.

El Municipio de San Pedro es una plaza muy codiciada para los cárteles de la droga, por su vida nocturna y porque la organización que dominaba la plaza es una de las más golpeadas por la detención o muerte de sus cadenas de mando.

La última es la de Héctor Beltrán Leyva “El H”, detenido este miércoles en Guanajuato.

Los golpes a esa organización son la aprehensión de Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”, la muerte de su hermano Arturo, “El Barbas” o “El Jefe de Jefes”, y esta detención “El H”.

Y a nivel local, en San Pedro, las cadenas de mando de gente que trabajaba para esa organización criminal también fueron golpeadas.

Como la muerte de Héctor “El Negro” Saldaña y la detención de Héctor Huerta Ríos alias “La Burra”.

Esta disminución del grupo que controla el municipio, así como la venta de droga de alta calidad alrededor de sus antros, es un botín para cualquier otra organización criminal.

Y una invasión de otros cárteles es una disputa armada en potencia dentro de San Pedro.

Abre el municipio a la codicia de otros cárteles

Cualquier operación de otras organizaciones de la droga para entrar a San Pedro es posible, porque como lo señala el mismo exacalde Mauricio Fernández, es una zona “neutra” .

Fuentes federales consultadas por Reporte Indigo, proproporcionaron información de inteligencia sobre las células integradas por jóvenes originarios de Sinaloa que llegaron en los últimos meses a San Pedro, y que buscan aprovechar la “neutralidad” en la que está el municipio, luego de todos los golpes contra Los Beltrán Leyva.

Pero no sólo estos jóvenes sinaloenses podrían iniciar operaciones, sino grupos como El Cártel del Golfo y los mismos Zetas, quienes siempre han buscando ingresar a San Pedro para realizar sus operaciones de narcomenudeo.

Incluso, información de inteligencia militar obtenida por Reporte Indigo, indica que en los momentos de inseguridad más difíciles que vivió Nuevo León, la disputa por la plaza de San Pedro fue un intento de Los Zetas.

Pero éstos acordaron con Héctor Huerta Ríos “La Burra”, controlar el área metropolitana de Monterrey, a cambio de dejarle a Los Beltrán Leyva la operación de San Pedro. 

Según el informe militar, ingresar al municipio más próspero de México, representaría una fachada perfecta para los líderes del Cártel del Golfo y de Los Zetas.

El Cártel de Los Beltrán Leyva tiene presencia en San Pedro desde 1990, esto cuando Arturo Beltrán Leyva “El Barbas” era considerado jefe de plaza de este municipio, donde además  vivía Édgar Valdés Villarreal “La Barbie”.

Incluso, Arturo, se habría refugiado en en San Pedro cuando era buscado por el Ejército Mexicano.

Con la captura de Héctor Beltrán Leyva “El H”, este miércoles, esa organización recibe otro duro golpe a sus cadenas de mando.

Un operativo del Ejército Mexicano en la Colonia Del Valle, en el 2009, logró la captura de Héctor Huerta Ríos “La Burra”, señalado por autoridades castrenses como operador de Los Beltrán Leyva en San Pedro.

Tras su captura, este grupo quedó bajo el liderazgo de Héctor “El Negro” Saldaña, quien fue captado por una cámara de seguridad llegando en un Ferrari a un tienda en San Pedro. 

Éste fue ejecutado en la Ciudad de México el día de la toma de protesta, como alcalde, de Mauricio Fernández.

Todavía no se daba la noticia de la muerte de  “El Negro” Saldaña y Fernández lo anunció públicamente en su toma de protesta.

Por esto, el entonces alcalde fue llamado a declarar a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), en Nuevo León.

Otro factor que vuelve a San Pedro una plaza codiciada es la desintegración del polémico “Grupo Rudo” que fundó precisamente el exalcalde Mauricio Fernández.

Y es que, una Corte de Distrito de Texas, inició el proceso en el que las autoridades de los Estados Unidos acusan por el delito de asesinato a uno de los integrantes de ese polémico Grupo Rudo.

Se trata de Jesús Gerardo Ledezma Cepeda, acusado en el estado de Texas por haber participado en la ejecución de Juan Guerrero Chapa, exabogado del narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo que actualmente está recluido en prisión en Estados Unidos.

Ledezma fue detenido por los Marshalls del FBI en la ciudad de McAllen, junto con su hijo Jesús Ledezma Campano, cuando ingresaban a Estados Unidos por el Puente Anzaldúas.

Su hijo, Ledezma Campano, se desempeñó como efectivo de la Policía de San Pedro, de acuerdo a la nómina municipal.

Jesús Ledezma Cepeda, alias “Chuy” o “Juan Ramos”, formaba parte del Grupo Rudo sampetrino investigado por la Secretaría de Marina por sus vínculos con Los Beltrán Leyva.

Mauricio Fernández: ‘Es zona neutra’

Asegura exalcalde que la captura de Héctor Beltrán Leyva “El H” no tendrá repercusiones en San Pedro, aunque dice es “zona neutra”.

En este municipio el Cártel de Los Beltrán Leyva tiene presencia desde 1990, cuando Arturo “El Barbas” era considerado jefe de la plaza. 

“San Pedro está en una visión que yo le llamo neutra, entonces no hay ningún cártel que esté operando (aquí). Tiene ya muchos años con esta visión neutra” asegura el exedil.

“No creo que tenga alguna repercusión para el Municipio en lo absoluto”.

El exedil dice que no ve algún conflicto de intereses entre cárteles de la droga.

“No creo que tenga ninguna consecuencia”.

Autoridades federales dieron a conocer la detención de Héctor Beltrán Leyva, “El H”, en San Miguel de Allende, en Guanajuato. 

La organización de Los Beltrán Leyva opera principalmente en Sinaloa, Morelos, Edomex, Guerrero.


El exalcalde sampetrino recordó que en materia de seguridad, San Pedro se mantiene entre los mejores del mundo.

“Puede estar viviendo familiares (de los capos), y no me extrañaría que estuvieran viviendo hijos y mamás, pero eso no es ningún delito que se les persigue. 

“Y como es un municipio muy seguro, pues es muy atractivo para mucha gente vivir aquí”,dice Fernández.

Y asegurea que esos capos preocupan en todo México, pero no en San Pedro.


“Son personas que preocupa a nivel nacional, pero que tengan un repercusión en San Pedro no la veo, como tampoco la veo cuando fue la captura de “El Chapo”, ni por alguien más, está muy tranquilo”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.

Pagan el doble de teléfono

Los pagos por recibos telefónicos a Telmex del Gobierno de Jalisco se han duplicado en la administración actual. En la gestión pasada, el año en que más se pagó por este servicio fueron 470 millones de pesos, y en el 2013 ascendió a más de 880 millones.

La administración de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a pesar de haber implementado un plan de austeridad, no escatima a la hora de contratar servicios y realizar llamadas telefónicas con costo al erario. 

De modo que de forma irregular, se duplicaron desde la llegada del actual gobierno los gastos de telefonía, en concreto los que se pagan a la empresa de Carlos Slim, Teléfonos de México (Telmex). 

En abril del 2013, cuando se firmó el convenio de colaboración con Telmex, se hizo público el coqueteo entre el gobierno estatal y la empresa.

De hecho, el propio gobernador recordó sus buenas relaciones con la compañía cuando fue alcalde de Guadalajara en el discurso de aquel 10 de abril: 

“Por eso, mi reconocimiento sobre todo a lo que ha expresado aquí el licenciado Héctor Slim, director general de Telmex, con quien ya trabajamos anteriormente en Guadalajara, con extraordinarios resultados cumpliendo metas. 

“Hoy habla de un programa también de justicia que tienen a través de la fundación, un programa que también vamos a impulsar y a signar”, señaló el mandatario jalisciense. 

La relación de Telmex y la agenda digital del Gobierno de Jalisco parece estrecha. 

Por eso es que llama aún más la atención el inusual incremento en los pagos a dicha empresa por el rubro “básicos y/o recibos diversos”. 

Mantiene tendencia

Tan sólo en el gasto de los pagos a Telmex de “todas las dependencias” durante el 2013. El buscador de “Transparencia de Gastos de Operación e Inversión” del Gobierno de Jalisco no muestra los resultados completos, pues señala: “se encontraron 3,336 registros, por favor seleccione otro criterio para acotar la búsqueda”. 

Al “acotar la búsqueda” a los primeros seis meses del 2013, y luego sumar el total de lo pagado también en los últimos seis meses, es evidente porqué el instrumento electrónico no permitió mostrar inicialmente todos los pagos, pues son tantos que suman 885 millones 917 mil 126 pesos. 

Una cantidad que pocos proveedores tienen acceso a recibir en un año corriente de parte de un gobierno estatal, y que Telmex, la empresa de uno de los hombres más ricos del mundo, ha recibido al menos en el primer año del actual gobierno priista.

Por otro lado, la tendencia en los gastos de telefonía en 2014 no muestra una baja, por el contrario, pareciera que se mantendrá en los mismos niveles o incrementará, pues del primero de enero al primero de octubre del 2014 ya suman 564 millones 86 mil 652.76 pesos, es decir, se ha pagado más que en cualquier año de la administración pasada y aún faltan tres meses para que termine el año. 

Los registros que tiene la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas de Jalisco (SEPAF) detallan el rubro previamente señalado para todas las dependencias, salvo una compra realizada por la SEPAF misma. 

Las “compras”, como se despliega en el portal, realizadas por la secretaría a cargo de Ricardo Villanueva Lomelí, fueron realizadas el 7 de julio de 2014, y el monto que suma es de 4 millones 978 mil 162.83.

El mismo día, el mismo monto 

Otro aspecto que llama la atención de los pagos del Gobierno de Jalisco a la empresa de Slim, es el hecho de que varias de las dependencias, sin importar su tamaño, erogan montos exactamente iguales por los presuntos recibos telefónicos. 

Por ejemplo, el 4 de abril del 2014, casi todas las dependencias, desde el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, pasando por la Secretaría de Cultura y dependencias como la Secretaría General de Gobierno, erogaron la cantidad de 4 millones 520 mil 234.57 peso, como pago por los servicios de Telmex. 

Además, dependencias como la Secretaría de Movilidad el mismo mes de abril, pero con sólo 12 días de diferencia, el 16, erogaron 4 millones 530 mil 638.61, una cantidad similar a la anterior que se repite en fecha y monto con otras dependencias, como la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Turismo y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón 

Lo mismo sucedió en diversas ocasiones en el 2013, pues el 30 de abril el grupo de dependencias realizó la misma erogación a favor de Telmex por 4 millones 399 mil 616.29, y unos días después, el 7 de mayo, pagaron 4 millones 530 mil 638.61.

En esta administración, el Gobierno de Jalisco ha estrechado lazos con Telmex, empresa con la que el mandatario estatal alguna vez gestionó proyectos para la instalación de Internet en diversos puntos públicos de Guadalajara, cuando era alcalde de dicho municipio. 

Por otro lado, el nuevo convenio firmado con Telmex con la administración jalisciense en abril pasado, incluye, entre otras cosas, un servicio de vigilancia con cámaras “inteligentes” que implementará la empresa de Carlos Slim. 

También en GDL subió el recibo 

El proyecto de GDL Libre, durante la administración del actual gobernador como alcalde de Guadalajara, para proveer de red inalámbrica en varias plazas públicas y parques del municipio, fue un convenio con Telmex, que presuntamente aportó el 70 por ciento de las redes.  

Pero luego de una erogación millonaria, el proyecto siguió el mismo esquema que ahora parece seguir con el Gobierno de Jalisco: la Coordinación de Tecnologías de la Información duplicó sus gastos de telefonía con la compañía de Carlos Slim.


En aquel entonces el recibo de teléfono del Ayuntamiento de Guadalajara fue de los 5 millones de pesos anuales, durante la administración de Alfonso Petersen Farah (2007-2009), a los 11 millones de pesos que llegó a pagar del erario en el periodo de  gobierno de Sandoval Díaz.

Durante los pasados procesos electorales del 2012, el área previamente referida fue señalada por el ex candidato al Gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro, pues refirió que de ahí salieron campañas virales y telefónicas en su contra.


Reporte Indigo publicó en aquel entonces el reportaje El#TrollCenter de @AristótelesSD, sobre un búnker en el que trabajaban empleados de Coordinación de Tecnologías de la Información de Guadalajara, en pro de las campaña del hoy gobernador, y contra los adversarios del mismo.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ÁNGEL PLASCENCIA

Ofrece Segob atender peticiones de madres de desaparecidas en Juárez

MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Luego de nueve días en huelga de hambre en las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos, funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) finalmente recibieron a un grupo de madres de desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y se comprometieron a cumplir sus demandas.

Y es que ante la negativa de una audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto, Malú García Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Berta Alicia García y Silvia Banda Pedroza trasladaron ayer el plantón hasta las calles aledañas a la dependencia que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong.

En ese lugar, Alejandra Negrete Morayta, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y Víctor Manuel Serrato Lozano, quien preside la Unidad de Derechos Humanos, recibieron a las mujeres y acordaron que hoy iniciarían mesas de negociación para resolver sus peticiones.

En entrevista, García Andrade, quien desde el pasado 23 de septiembre inició una huelga de hambre junto con las otras dos activistas, dijo que esta vez las autoridades mostraron una mayor disposición de atender sus peticiones con el fin de que levantaran el plantón.

No obstante, según se detalló en la reunión con los funcionarios, gran parte del pliego petitorio no se podrá resolver de inmediato, ya que para algunos puntos (como la creación de una base de datos de personas desaparecidas y un banco de ADN) se requiere la aprobación del Ejecutivo, así como del titular de la Segob y del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, con quienes no se han podido reunir las mujeres hasta ahora.

De acuerdo con la activista, es muy probable que durante las negociaciones sólo queden resueltos los puntos que afectan directamente a Berta Alicia García y Silvia Banda Pedroza, en el sentido de contratar peritos argentinos para la identificación de los cuerpos de sus hijas, y que sus expedientes sean trasladados de las instancias estatales (donde actualmente se encuentran) a las federales para que se amplíe la investigación.

García Andrade advirtió que también deberá detallarse un plan de trabajo muy puntual que dé seguimiento al resto de las peticiones, entre ellas solicitar informes de los expedientes de las averiguaciones previas que obran en la Fiscalía del Estado de Chihuahua y gestionar ante el gobierno local el acceso permanente a programas de apoyo a familiares de víctimas de feminicidio.

Asimismo, explicó que en la reunión de ayer, los funcionarios recogieron el pliego petitorio para analizar la responsabilidad de las dependencias competentes.

Las mujeres confiaron en llegar a acuerdos concretos (con fechas, nombres y lugares) el próximo viernes 3, porque su salud está ya muy deteriorada y se exponen a riesgos durante las noches en el plantón.

Preguntaron si Osorio Chong necesita que miles de madres de víctimas se pongan en huelga de hambre para recibirlas y comprometerse con ellas, como sucedió con la protesta de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, esta misma semana.

Inicialmente las activistas solicitaron una audiencia con Enrique Peña Nieto para que firmara los acuerdos que se tomaron hace un año con funcionarios de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), pero que no cumplieron.

Ayer advirtieron que seguirán en plantón y huelga de hambre.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sin policías, y con homenaje a Álvarez Garín, miles conmemoran el 68

MÉXICO, D.F: Al grito de “¡se ve, se siente, Raúl está presente!”, en homenaje al líder estudiantil Raúl Álvarez Garín, fallecido el pasado 27 de septiembre, el Comité del 68 organizó el 46 aniversario luctuoso de la masacre estudiantil del 2 de octubre que todavía no se olvida.

Como parte del homenaje al líder estudiantil, Félix Hernández Gamundi –quien ahora dirige el Comité—, pidió un minuto de silencio que los presentes respetaron con el puño en alto. Después, reivindicó la lucha estudiantil de los politécnicos, la demanda de justicia por la matanza en Ayotzinapa, Guerrero y la defensa del agua y de la tierra de los de Atenco, Estado de México.

Celebró que la de hoy haya sido una manifestación sin presencia policiaca. En días pasados, la Secretaría de Seguridad Pública del DF anunció que tres mil elementos custodiarían la marcha y que se instalarían vallas metálicas frente a inmuebles como el Palacio de Bellas Artes.

El secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano, afirmó que hubo un acuerdo con los organizadores para que llegaran al Zócalo sin problemas.

“Por primera vez hemos marchado sin la presencia de la policía. Y es una gran marcha, enérgica y ordenada. Vemos el reencuentro de compañeros y contingentes que hace muchos octubres no veíamos en esta plaza”, destacó Hernánez Gamundi, quien recordó el apoyo del pueblo de Topilejo al movimiento del 68.

Reconoció la lucha de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por la educación pública a nivel superior. Se solidarizó con el movimiento, así como la presencia de universitarios de escuelas públicas y privadas, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Hoy venimos a conmemorar 46 años del movimiento del 68. A recordar a los camaradas asesinados. Venimos con la tristeza que nos embarga por la partida hace seis días de Raúl Álvarez Garín. El legado que nos dejó es su ejemplo de lucha. Venimos a plasmar el compromiso de la Generación del 68 de nunca dejar de estar codo a codo con las generaciones nuevas y que las represiones no queden en el olvido y en la impunidad”, afirmó.


Hernández Gamundi destacó que no olvidan al represor expresidente Luis Echeverria, quien estuvo en arraigo domiciliario por genocidio, pero fue liberado; aunque tiene en su historial 54 averiguaciones previas, de las cuales está implicado en 52, tanto por la masacre del 2 de octubre, como “El Halconazo” del 10 de junio de 1971. Finalizó su discurso comprometiéndose, junto con el Comité, a “romper con la impunidad”.

“Dios nunca muere”

Los líderes del Comité del 68 y sobrevivientes a la masacre se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco desde temprana hora. Los contingentes se formaron de la siguiente manera: Primero el Comité del 68, luego los líderes Yaquis, seguidos por los politécnicos, los universitarios, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y al final el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Unos jóvenes llevaron enormes pancartas para pedir la libertad de los presos políticos Abraham Cortéz, Alejandro Bautista y Mario González, detenidos durante la protesta del 2 de octubre del 2013.

Como antaño, los líderes del Comité del 68 marcharon codo a codo, mientras una adolescente, alentada por su mamá, les mostró de frente una pancarta con la leyenda: “Ustedes son mi orgullo”. Los manifestantes corearon: “¡Peña, Echeverría, la misma porquería!”. Sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de Garibaldi, cargaron una manta con un mensaje: “¡Y marcharemos cuando se nos dé la gana!”.

Alrededor de las 17:30 horas arribó el contingente a un pequeño templete prestado por el SME, ubicado frente a Palacio Nacional, en el Zócalo capitalino. Arriba ya los esperaba el líder de los electricistas, Martín Esparza, quien habló hasta el final del evento.

Como primer acto, dedicaron a Álvarez Garín el vals oaxaqueño “Dios nunca muere”, del compositor Macedonio Alcalá, pero con música de banda.


Luego, colocaron una de las mantas-homenaje con la letra de la canción “Al vent” de Raimon, que dice: “La cara al viento/ El corazón al viento/ Las manos al viento/ Los ojos al viento/ Al viento del manto.

Los representantes de los contingentes hablaron. La del Poli leyó su pliego petitorio, los yaquis demandaron la libertad de sus líderes Mario Luna, Fernando Jiménez y Tomás Rojo. Los del SME llegaron al final al Zócalo y los recibieron con aplausos.

Los de Atenco, machete en la mano derecha y una mazorca de maíz en la izquierda, rechazaron el proyecto del nuevo aeropuerto presentado recientemente por el gobierno federal. “¡Tierras sí, aviones no!”, corearon.

René Núñez, de la sección 22 de la CNTE de Oaxaca se refirió a la lucha social después del mensaje desde la cárcel enviado por Néstora Salgado, líder indígena de la zona de La Montaña de Guerrero, presa desde hace más de un año, acusada de delitos que no cometió, como el secuestro.


Esparza, líder del SME, celebró que este 2 de octubre se haya conmemorado con una movilización –tradición anual–, reivindicando la lucha de los politécnicos que, dijo, apoyarán.

“México sin PRI”

A la marcha conmemorativa del 2 de octubre se sumaron los simpatizantes de René Bejarano, agrupados en el contingente de Movimiento Nacional por la Esperanza y en el de Izquierda Democrática Nacional (IDN), quienes gritaban consignas en memoria de los caídos de 1968.

El río de gente partió del Ángel de la Independencia, pasadas las tres de la tarde. Iban en la vanguardia de la manifestación y detrás de ellos les seguían las banderas rojas del Frente Popular Francisco Villa (FPFV) escoltados por la retaguardia de más perredistas, quienes marchaban con gorras y banderas amarillas.

Eran más de 500 personas quienes desde su arribo a la columna de la Independencia, no ocasionaron más desmanes que el cierre del Paseo de la Reforma, donde los comercios estaban vacíos o cerrados; sólo algunos empleados que tomaban fotos y videos.


Ya sobre la Avenida Juárez, se detuvieron por unos momentos para lanzar consignas como “¡México sin PRI, México sin PRI!”, “¡2 de octubre, no se olvida!”, “¡De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste!” y “¡El que no brinque es Peña, el que no brinque es Peña!”… Sólo atraían las miradas de quienes transitaban por las grandes avenidas de la ciudad.

No hubo más a su paso. Las vallas metálicas que se colocaron a lo largo de los comercios, restaurantes, bancos y hoteles de la avenida Juárez ni siquiera fueron requeridas por actos violentos, tampoco hubo la necesidad de que contingentes de granaderos resguardaran la manifestación.

Eso sí, cuando los militantes perredistas llegaron al Eje Central, a la altura del Palacio de Bellas Artes, evitaron encontrarse con los miles de estudiantes quienes partieron de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, lugar donde fue ejecutada la matanza hace ya 46 años.

La mancha amarilla y roja de gente decidió doblar en sentido contrario en el también llamado Eje Lázaro Cárdenas, para introducirse en el Zócalo por la calle Venustiano Carranza, que estaba vacía, pero al escuchar el estruendo de las consignas, los comerciantes se apresuraron a cerrar las cortinas y ventanas, a poner seguros en las puertas, a esconderse como si el contingente fuera hueste de la Revolución Mexicana. Fue más el miedo, que el tiempo en que pasaron por esa calle.

Por fin la marcha desembocó en la plaza mayor del país, donde pasaron lista a los manifestantes, doblaron sus mantas y se empezaron a dispersar. Ya no importó tanto el discurso de quienes se subieron al templete instalado frente al Palacio Nacional.

Desde el templete se observó que los militantes de las corriente liderada por Bejarano no eran tantos en comparación con los estudiantes presentes quienes no paraban en el grito “¡2 de octubre no se olvida!”.

Saldo blanco

Por la noche, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) informó que en la marcha participaron unas 25 mil personas.

En un comunicado, aseguró que ésta se desarrolló “con incidentes menores, como pintas en algunas calles y cristales rotos en las sucursales bancarias ubicadas en la calle de Flores Magón esquina con Sabino, y 5 de Mayo esquina con Palma. Estos daños fueron originados por un grupo que se asume como anarquista”.

El GDF agregó que para garantizar la seguridad de los manifestantes se implementó un operativo con personal de las secretarías de Gobierno, Seguridad Pública y Protección Civil.


La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal confirmó que desplegó un operativo de acompañamiento y observación con 65 visitadores y cuatro unidades de ombudsmóvil. Al final de la jornada “no se reportó alguna queja recibida”, dijo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA Y JUAN CARLOS CRUZ.

“Niño Verde” impuso a operador de “El H” al PVEM, acusan

QUERÉTARO, Qro. (apro).- El empresario Germán Goyeneche Ortega, presunto operador financiero del narcotraficante Héctor Beltrán Leyva, El H, obtuvo su militancia en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por un acuerdo del Consejo Político Nacional, encabezado por Jorge Emilio González Martínez.

Ivonne Vandenpeereboom Jiménez, una de las fundadoras del partido y expresidenta del mismo en la entidad, definió dicho acuerdo como una imposición.

“Fue una imposición total. De repente llegaron a una asamblea gente que no conocíamos, incluido Germán Goyeneche. En esa asamblea eligieron a Ricardo Astudillo Suárez como presidente”, aseguró.

El acuerdo CPN-3/2006, firmado por el Niño Verde –del que Apro tiene copia–, incluye una lista de 93 militantes afiliados con base en los artículos 2º y 88 de los estatutos del partido.

En el número 47 figura Goyeneche Ortega, y también aparecen los nombres de Ana Jacqueline Goyeneche González y Elvira Goyeneche González.

En aquel momento, la presidenta del PVEM en Querétaro, María de Jesús Ibarra Silva, calificó como irregular la afiliación de los 93 militantes y advirtió que esas inscripciones no pasaron por el Comité Ejecutivo Estatal, cuando los estatutos facultaban a los comités estatales para estar a cargo del padrón.

En el padrón que Ibarra Silva consideró vigente hasta 2007 no aparece Germán Goyeneche Ortega.

Ivonne Vandenpereboom aclaró que fue hasta 2008 cuando conoció a Germán Goyeneche como militante, pese a que el documento del PVEM señala que se unió a sus filas desde 2006.

El diputado local Yairo Marina Alcocer, del PVEM, supuso que Goyeneche Ortega –quien es primo hermano de su suegra– llegó al partido como todos los militantes, “voluntariamente”.

También consideró que, si bien en redes sociales circulan fotografías suyas junto a Germán Goyeneche alzándole los brazos a Ricardo Astudillo Suárez, “no sería raro que en breve también circulen fotografías con actores del resto de partidos políticos en Querétaro”.

Y justificó:

“Es un queretano de una familia conocida, respetada y grande, tiene mucha familia en Querétaro”, atajó Yairo Marina, aunque aclaró que no es su amigo.

Después del triunfo de Astudillo Suárez como presidente del PVEM, éste promovió a Germán Goyeneche como representante de Querétaro ante el Consejo Consultivo del Parlamento Ciudadano de México (Pacime).

En un acto realizado en la Cámara de Diputados, según un comunicado del PVEM, Astudillo definió a Goyeneche Ortega como “un queretano preocupado por su estado, quien seguramente cumplirá su papel como un digno representante de Querétaro ante Pacime para impulsar la eficiencia de las instituciones gubernamentales y se propicie la prosperidad social y de esta forma fortalecer a México, tanto en su desarrollo político, social y económico”.

FUENTE: PROCESO.

Y ahora, la demanda.

La ciudadana francesa que fue apresada durante siete años en México pide que la justicia de su país condene a quien la ‘encarceló ilegalmente’.

Florence Cassez ‘estuvo detenida durante siete años en condiciones a menudo inhumanas’, denunció su abogada

Florence Cassez, la ciudadana francesa que estuvo presa durante más de siete años en México y que fue liberada en enero de 2013, presentó en París una denuncia por detención y encarcelamiento ilegales, indicó ayer una fuente judicial francesa a la agencia AFP.

La joven, que siempre defendió su inocencia, fue detenida a fines de 2005 y condenada en 2009 a 60 años de prisión por pertenencia a una banda de secuestradores.

Cuatro años más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México anuló la pena y ordenó su inmediata puesta en libertad, considerando que se violaron sus derechos durante su arresto, puesto que la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI) realizó un montaje para mostrar la culpabilidad de la francesa ante las cámaras de Televisa y Televisión Azteca antes de ponerla en la manos de un juez. 

Florence Cassez “estuvo detenida durante siete años en condiciones a menudo inhumanas”, denunció su abogada francesa, Sophie Thonon, a AFP.

Según explicó, su clienta “pide ahora a la justicia francesa que identifique y condene a los autores del encarcelamiento ilegal del que fue víctima durante siete años”.

Novia de un secuestrador

La francesa Florence Cassez fue detenida en diciembre de 2005 al sur de la Ciudad de México con su novio Israel Vallarta, jefe de la banda de secuestradores conocida como “Los Zodiacos” y otros cómplices. 

Aunque Vallarta confesó haber participado en al menos seis secuestros, Cassez siempre argumentó que ella no tenía conocimiento de las actividades de su pareja. 

Motivo de tensión

El caso de la francesa llegó a ensuciar las relaciones entre México y Francia, y el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, se pronunció en público en favor de su liberación. 

Por ello, en 2011 el Gobierno mexicano decidió anular el año de México en Francia. 


A pesar de eso, la crisis diplomática entre ambas naciones llegó a su fin con la entrada de la administración de Enrique Peña Nieto.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Periodismo de esperanza

Marcela Turati recibe el premio a la excelencia de la Fundación Gabriel García Márquez. En entrevista para Reporte Indigo la mexicana habla de cómo el periodismo es para ella una misión.

Marcela Turati habla sin pausas. Su cabello revuelto inunda la pantalla. 

“¿Por qué tengo que estar leyendo esto? ¿A mí en qué me afecta?”, suelta como claves para entender su trabajo periodístico.

Agrega estas preguntas a las clásicas del oficio, como un retrato íntimo de sí misma frente a la computadora que ahora usa de vehículo para relatarse.

El miércoles, la periodista mexicana recibió –en Colombia- el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo.

Además de ese, varios momentos definen su carrera: sus viajes por América Latina, los meses que pasó recopilando historias en comunidades rurales, el curso que tomó en el 2000 con Ryszard Kapuscinski, la cobertura de la matanza de 72 migrantes en San Fernando, el día en que decidió si sería periodista o también activista…

“Hace diez años abandoné la redacción de mi periódico y emprendí un viaje por Latinoamérica. Impaciente, buscaba saber cómo es que el periodismo puede cambiar las cosas. Visité redacciones, entrevisté colegas, acompañé luchas ciudadanas, respiré nuevas realidades, eduqué la mirada y esbocé respuestas sobre un periodismo de lo posible, que moviliza y no paraliza”, dijo Turati en su discurso en Medellín.

Luego, en una conversación para Reporte Indigo, la periodista 

se toca el corazón y habla de los desaparecidos de la guerra contra el narco, de cómo procura hablar con cada víctima “como si fuera la primera”, cómo a veces tiene que poner distancia, prender una veladora, reunirse con sus compañeras de Periodistas de a Pie, su soporte colectivo. 

Relata sus viajes “amorosos” a casas de amigos, no a hoteles. “Debes tener los ojos y el alma limpia, no sentir que es una carga, eso que no nos dicen nunca en la redacción pero es importante. El autocuidado emocional es parte de lo que tenemos que aprender para hacer bien nuestro trabajo”, coloca sobre la mesa. 

Hay 42 años de distancia vital entre Turati y el otro ganador del Premio, el colombiano Javier Darío Restrepo. Se siente aquí como una voz de su generación, no solamente de los periodistas de su país. 

No lo piensa dos veces cuando se le pregunta si llegó a ser una misionera, como lo quiso en su niñez. 

“Creo que el periodismo es una misión (…) de estar con los más pobres, irse a los barrios y tratar de traducir ese dolor”.

Esta perspectiva la conecta con el periodista polaco Kapuscinski y el curso que le cambió la vida.

“Me gusta de él esta opción por los que sufren, este estar con la gente, de alguna manera padecer lo que ellos viven para poder escribirlo mejor y no ser un periodista de escritorio”, remata.

Tampoco la detiene si debe existir una línea divisoria entre el periodismo y el activismo, o pueden imbricarse. 

“Milito en la libertad de expresión, en el derecho de los ciudadanos a estar informados, porque no maten a más periodistas, es el límite que yo me puse”, dice como quien ha pensado la respuesta mucho tiempo atrás. 

De inmediato se lanza a la anécdota: varios compañeros quisieron tomar la avenida Reforma, en la Ciudad de México, para protestar por el aumento de las agresiones contra periodistas.

No sabían cómo hacerlo, algunos miembros de organizaciones civiles tuvieron que ayudarles. En medio de la marcha, pancarta en mano, Turati quiso entrevistar a un cronista.

Él tomó la pancarta mientras ella anotaba en su libreta. Luego cambiaron, ella con la pancarta, él con la libreta. Al final los dos se preguntaron: ¿quién haría la nota? 


“Queremos volver a las redacciones, nadie quiere estar todo el tiempo como en una central de alarmas, tampoco nos toca, porque hay organizaciones dedicadas a eso”, suelta de moraleja.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

Detienen a otros cinco militares por masacre de Tlatlaya; van 13

MÉXICO, D.F. (apro).- Al menos cuatro soldados de tropa y un oficial, relacionados con el caso Tlatlaya, fueron ingresados esta noche a la prisión del Campo Militar Número Uno.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los militares detenidos hoy están implicados en la masacre perpetrada en Tlatlaya, Estado de México, el lunes 30 de junio, donde murieron 22 personas.

Apenas el jueves 25 de septiembre, unos 25 militares fueron detenidos por la Policía Federal Judicial Militar, de los que sólo ocho fueron sujetos a proceso en la justicia castrense, aunque tres de ellos deberán enfrentar cargos por homicidio y otros delitos, de acuerdo con lo informado el martes pasado por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Hasta el momento, la Sedena no ha informado oficialmente sobre los cargos que enfrentan los cinco militares, aunque se advierte que ya fueron consignados a un juzgado castrense.

Con los soldados ingresados hoy, suman 13 los detenidos en relación con los hechos violentos ocurridos en Tlatlaya.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

Los límites del control civil

MÉXICO, D.F: La matanza de Tlatlaya, Estado de México, pone a prueba el alcance de una realidad que desde diciembre de 2012 simplemente se acalló: la permanencia del Ejército en las calles pese al anuncio oficial de un retiro o presencia mínima. Los operativos no sólo se han intensificado –219 mil 378 patrullajes en este año en el que han participado 91 mil 547 efectivos.

Otro dato: las Bases de Operación Mixta (policial-militar) pasaron de 97 a 141 y en las calles se emplea a 37 mil efectivos diarios. Esa estrategia, cada vez más seria, no sólo no ha logrado controlar la criminalidad, sino que comienza a vulnerar a la población civil por los atropellos cometidos por militares y uniformados.

La discusión sobre la muerte de 22 personas el 30 de junio último como producto de un enfrentamiento militar con una banda criminal, pretendió desviarse en un primer momento sobre la condición de la actividad ilegal de las víctimas. Ante la debilidad probatoria institucional de hechos que fueron negados al inicio por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y respaldados por el silencio cómplice casi total de los medios –con la excepción de Esquire y Proceso–, según la estrategia del gobierno de los últimos dos años, se optó por sacrificar a unos cuantos elementos de tropa y un mando intermedio para refugiarse en la desobediencia y falta de aplicación de los protocolos de actuación militar (jueves 25 de septiembre).

Así, se busca evitar una indagación mayor y un debate serio sobre lo que el incidente representa para el sistema político. De ahí que se lanzara desde Nueva York otra cortina de humo para rescatar la legitimidad del Ejército, entre otras cosas, anunciando la participación de México en misiones de paz bajo el seno de las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Apenas el 30 de mayo pasado se estrenaba –así se presume incluso en el segundo informe de gobierno–, la vigencia del Manual del uso de la fuerza, de aplicación común a las tres (sic) Fuerzas Armadas y con ello se da cumplimiento a los criterios constitucionales y las leyes castrenses del Ejército y la Marina. En realidad es una versión sui géneris o tropicalizada del código de conducta y de los principios elaborados en la práctica de las misiones de paz de los Cascos Azules de Naciones Unidas (Sedena, Segundo Informe de Labores, lunes 1 de septiembre de 2014, p. 40).

Con todo, una lectura detallada del Manual a la luz de lo acontecido en Tlatlaya, muestra que pese a las 13 generaciones de egresados militares de cursos de derechos humanos (impartidos por la CNDH) –incluido el convenio con la Cruz Roja Internacional (2013) para acercar el conocimiento del derecho internacional humanitario–, todo queda en una coartada para prevalecer en las calles sin el debido entrenamiento para dar seguridad a la población.

El Manual es muy claro en el sentido de aplicar protocolos de actuación en la advertencia a probables agresores y determinar así el uso de la fuerza –letal o no–, imponiendo incluso la grabación de los hechos para el esclarecimiento en caso de ser necesario. Otra disposición importante es la comunicación y coordinación con las autoridades civiles (aunque también establece procedimientos de actuación en ausencia de autoridades civiles).

Lo relevante del caso, a la luz de la reconstrucción de lo que ocurrió en Tlatlaya, es la absoluta inobservancia del Manual y la recurrencia a un comportamiento ya interiorizado en el personal militar: identificación y supresión del potencial enemigo o agresor, sin la mínima coordinación con las autoridades civiles. Hasta el momento no hay consignación ante autoridades judiciales civiles.

El resultado trágico de Tlatlaya va más allá de una cuestión de disciplina militar y de excluir o desviar la responsabilidad penal como pretende la aplicación del Manual al calificar un eventual homicidio como culposo, quedando así exonerado el personal militar involucrado en hechos como el ocurrido en territorio mexiquense.

Resulta por ello, poco razonable que se diga que no hay responsabilidad institucional porque no se sabe que el “alto mando” hubiese ordenado violar los derechos humanos, y así lo confirma la declaración del propio titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos Zepeda el viernes 26.

Los usos y costumbres de la seguridad del sistema político mexicano operan con la lógica del silencio y las complicidades mutuas en el ámbito civil y el militar. Excepcionalmente, ante el abuso político del recurso militar, un alto mando solicitó la orden por escrito para reprimir (2005). No pasó de ahí.

El componente militar en el contexto histórico y político tiende a ser parte del problema (con la paradoja que es el último recurso de solución del que se ha abusado), tanto en su uso policial como en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Al final, el resultado es una distorsión, una pérdida, de la fuerza armada en su esencia definitoria de defensa nacional.

La participación directa de los militares en la lucha contra el narcotráfico durante los últimos gobiernos priistas y panistas tiene consecuencias negativas para las instituciones castrenses y, en particular, en la relación civil-militar en México. El fracaso de la guerra calderonista, continuada en los hechos por el actual gobierno, aunque no lo reconozca, no se limita al alarmante número de muertes, desapariciones forzadas y violaciones graves a los derechos humanos relacionados con la actividad de las fuerzas militares y policiales de los que dan cuenta los organismos civiles internacionales.

El daño se extiende de modo orgánico y operativo a las fuerzas armadas en términos que nuestra incipiente institucionalidad democrática, en materia de relaciones civiles-militares, no sólo se muestra débil o incapaz de reaccionar, sino que se encuentra amenazada ante la prolongada permanencia e influencia castrense.

Hay factores estructurales del diseño legal e institucional que dieron lugar a la organización de unas fuerzas armadas que responden más a tareas de dominio y control (político) en lo interno que en el desempeño real de funciones de defensa. La razón es simple, así se concibieron, histórica y políticamente, de acuerdo también a una realidad geoestratégica, como lo es la cercanía con Estados Unidos y nuestra adscripción natural a su órbita de seguridad. De ahí que la actividad castrense se volcase hacia la seguridad interior y hallase su mejor condición de influencia con la crisis de seguridad pública del país.

Con el anuncio presidencial de participar en misiones de paz, la cuestión es determinar a ciencia cierta si las Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir su función sin haberse transformado institucionalmente, en democracia y con transparencia, como sus contrapartes en el hemisferio.

Otra cuestión importante queda abierta para la comunidad internacional: si nuestros medios e intelectuales nacionales serán tan complacientes ante incidentes trágicos como el de Tlatlaya, sin que haya investigaciones profundas y sólo culpables a medias.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERUBIEL TIRADO (ANÁLISIS)

Fotogaleria: Manifestacion de Miembros de INGAPE Tijuana en memoria del 2 de Octubre 1968

Miembros de INGAPE Tijuana realizaron como cada fin de Semana su blaconeo, en esta ocasion en comemoracion a la masacre del 2 de octubre, haciendo el llamado a la ciudadania Tijuanense, a no olvidar tan tragico suceso y llamando a no ser victimas de la manipulacion de los medios, asi como el llamado a seguir los balconeos.

Los balconeos son todos los Sabados y Domingos en plaza San Jorge en la 5 y 10 de la Ciudad de Tijuana y en la Catedral ubicada en la Zona centro teniendo el habitual tendedero politico, y la declamacion de poemas, asi como megafono abierto para hacer el llamado a la ciudadania a no creer en los politicos corruptos que tienen a nuestra patria en la miseria, deseperanza y ola de violencia.

Balconeo INGAPE TJ 2 de Octubre de 2014