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Pagan el doble de teléfono

Los pagos por recibos telefónicos a Telmex del Gobierno de Jalisco se han duplicado en la administración actual. En la gestión pasada, el año en que más se pagó por este servicio fueron 470 millones de pesos, y en el 2013 ascendió a más de 880 millones.

La administración de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a pesar de haber implementado un plan de austeridad, no escatima a la hora de contratar servicios y realizar llamadas telefónicas con costo al erario. 

De modo que de forma irregular, se duplicaron desde la llegada del actual gobierno los gastos de telefonía, en concreto los que se pagan a la empresa de Carlos Slim, Teléfonos de México (Telmex). 

En abril del 2013, cuando se firmó el convenio de colaboración con Telmex, se hizo público el coqueteo entre el gobierno estatal y la empresa.

De hecho, el propio gobernador recordó sus buenas relaciones con la compañía cuando fue alcalde de Guadalajara en el discurso de aquel 10 de abril: 

“Por eso, mi reconocimiento sobre todo a lo que ha expresado aquí el licenciado Héctor Slim, director general de Telmex, con quien ya trabajamos anteriormente en Guadalajara, con extraordinarios resultados cumpliendo metas. 

“Hoy habla de un programa también de justicia que tienen a través de la fundación, un programa que también vamos a impulsar y a signar”, señaló el mandatario jalisciense. 

La relación de Telmex y la agenda digital del Gobierno de Jalisco parece estrecha. 

Por eso es que llama aún más la atención el inusual incremento en los pagos a dicha empresa por el rubro “básicos y/o recibos diversos”. 

Mantiene tendencia

Tan sólo en el gasto de los pagos a Telmex de “todas las dependencias” durante el 2013. El buscador de “Transparencia de Gastos de Operación e Inversión” del Gobierno de Jalisco no muestra los resultados completos, pues señala: “se encontraron 3,336 registros, por favor seleccione otro criterio para acotar la búsqueda”. 

Al “acotar la búsqueda” a los primeros seis meses del 2013, y luego sumar el total de lo pagado también en los últimos seis meses, es evidente porqué el instrumento electrónico no permitió mostrar inicialmente todos los pagos, pues son tantos que suman 885 millones 917 mil 126 pesos. 

Una cantidad que pocos proveedores tienen acceso a recibir en un año corriente de parte de un gobierno estatal, y que Telmex, la empresa de uno de los hombres más ricos del mundo, ha recibido al menos en el primer año del actual gobierno priista.

Por otro lado, la tendencia en los gastos de telefonía en 2014 no muestra una baja, por el contrario, pareciera que se mantendrá en los mismos niveles o incrementará, pues del primero de enero al primero de octubre del 2014 ya suman 564 millones 86 mil 652.76 pesos, es decir, se ha pagado más que en cualquier año de la administración pasada y aún faltan tres meses para que termine el año. 

Los registros que tiene la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas de Jalisco (SEPAF) detallan el rubro previamente señalado para todas las dependencias, salvo una compra realizada por la SEPAF misma. 

Las “compras”, como se despliega en el portal, realizadas por la secretaría a cargo de Ricardo Villanueva Lomelí, fueron realizadas el 7 de julio de 2014, y el monto que suma es de 4 millones 978 mil 162.83.

El mismo día, el mismo monto 

Otro aspecto que llama la atención de los pagos del Gobierno de Jalisco a la empresa de Slim, es el hecho de que varias de las dependencias, sin importar su tamaño, erogan montos exactamente iguales por los presuntos recibos telefónicos. 

Por ejemplo, el 4 de abril del 2014, casi todas las dependencias, desde el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, pasando por la Secretaría de Cultura y dependencias como la Secretaría General de Gobierno, erogaron la cantidad de 4 millones 520 mil 234.57 peso, como pago por los servicios de Telmex. 

Además, dependencias como la Secretaría de Movilidad el mismo mes de abril, pero con sólo 12 días de diferencia, el 16, erogaron 4 millones 530 mil 638.61, una cantidad similar a la anterior que se repite en fecha y monto con otras dependencias, como la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Turismo y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón 

Lo mismo sucedió en diversas ocasiones en el 2013, pues el 30 de abril el grupo de dependencias realizó la misma erogación a favor de Telmex por 4 millones 399 mil 616.29, y unos días después, el 7 de mayo, pagaron 4 millones 530 mil 638.61.

En esta administración, el Gobierno de Jalisco ha estrechado lazos con Telmex, empresa con la que el mandatario estatal alguna vez gestionó proyectos para la instalación de Internet en diversos puntos públicos de Guadalajara, cuando era alcalde de dicho municipio. 

Por otro lado, el nuevo convenio firmado con Telmex con la administración jalisciense en abril pasado, incluye, entre otras cosas, un servicio de vigilancia con cámaras “inteligentes” que implementará la empresa de Carlos Slim. 

También en GDL subió el recibo 

El proyecto de GDL Libre, durante la administración del actual gobernador como alcalde de Guadalajara, para proveer de red inalámbrica en varias plazas públicas y parques del municipio, fue un convenio con Telmex, que presuntamente aportó el 70 por ciento de las redes.  

Pero luego de una erogación millonaria, el proyecto siguió el mismo esquema que ahora parece seguir con el Gobierno de Jalisco: la Coordinación de Tecnologías de la Información duplicó sus gastos de telefonía con la compañía de Carlos Slim.


En aquel entonces el recibo de teléfono del Ayuntamiento de Guadalajara fue de los 5 millones de pesos anuales, durante la administración de Alfonso Petersen Farah (2007-2009), a los 11 millones de pesos que llegó a pagar del erario en el periodo de  gobierno de Sandoval Díaz.

Durante los pasados procesos electorales del 2012, el área previamente referida fue señalada por el ex candidato al Gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro, pues refirió que de ahí salieron campañas virales y telefónicas en su contra.


Reporte Indigo publicó en aquel entonces el reportaje El#TrollCenter de @AristótelesSD, sobre un búnker en el que trabajaban empleados de Coordinación de Tecnologías de la Información de Guadalajara, en pro de las campaña del hoy gobernador, y contra los adversarios del mismo.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ÁNGEL PLASCENCIA

Ofrece Segob atender peticiones de madres de desaparecidas en Juárez

MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Luego de nueve días en huelga de hambre en las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos, funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) finalmente recibieron a un grupo de madres de desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y se comprometieron a cumplir sus demandas.

Y es que ante la negativa de una audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto, Malú García Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Berta Alicia García y Silvia Banda Pedroza trasladaron ayer el plantón hasta las calles aledañas a la dependencia que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong.

En ese lugar, Alejandra Negrete Morayta, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y Víctor Manuel Serrato Lozano, quien preside la Unidad de Derechos Humanos, recibieron a las mujeres y acordaron que hoy iniciarían mesas de negociación para resolver sus peticiones.

En entrevista, García Andrade, quien desde el pasado 23 de septiembre inició una huelga de hambre junto con las otras dos activistas, dijo que esta vez las autoridades mostraron una mayor disposición de atender sus peticiones con el fin de que levantaran el plantón.

No obstante, según se detalló en la reunión con los funcionarios, gran parte del pliego petitorio no se podrá resolver de inmediato, ya que para algunos puntos (como la creación de una base de datos de personas desaparecidas y un banco de ADN) se requiere la aprobación del Ejecutivo, así como del titular de la Segob y del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, con quienes no se han podido reunir las mujeres hasta ahora.

De acuerdo con la activista, es muy probable que durante las negociaciones sólo queden resueltos los puntos que afectan directamente a Berta Alicia García y Silvia Banda Pedroza, en el sentido de contratar peritos argentinos para la identificación de los cuerpos de sus hijas, y que sus expedientes sean trasladados de las instancias estatales (donde actualmente se encuentran) a las federales para que se amplíe la investigación.

García Andrade advirtió que también deberá detallarse un plan de trabajo muy puntual que dé seguimiento al resto de las peticiones, entre ellas solicitar informes de los expedientes de las averiguaciones previas que obran en la Fiscalía del Estado de Chihuahua y gestionar ante el gobierno local el acceso permanente a programas de apoyo a familiares de víctimas de feminicidio.

Asimismo, explicó que en la reunión de ayer, los funcionarios recogieron el pliego petitorio para analizar la responsabilidad de las dependencias competentes.

Las mujeres confiaron en llegar a acuerdos concretos (con fechas, nombres y lugares) el próximo viernes 3, porque su salud está ya muy deteriorada y se exponen a riesgos durante las noches en el plantón.

Preguntaron si Osorio Chong necesita que miles de madres de víctimas se pongan en huelga de hambre para recibirlas y comprometerse con ellas, como sucedió con la protesta de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, esta misma semana.

Inicialmente las activistas solicitaron una audiencia con Enrique Peña Nieto para que firmara los acuerdos que se tomaron hace un año con funcionarios de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), pero que no cumplieron.

Ayer advirtieron que seguirán en plantón y huelga de hambre.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sin policías, y con homenaje a Álvarez Garín, miles conmemoran el 68

MÉXICO, D.F: Al grito de “¡se ve, se siente, Raúl está presente!”, en homenaje al líder estudiantil Raúl Álvarez Garín, fallecido el pasado 27 de septiembre, el Comité del 68 organizó el 46 aniversario luctuoso de la masacre estudiantil del 2 de octubre que todavía no se olvida.

Como parte del homenaje al líder estudiantil, Félix Hernández Gamundi –quien ahora dirige el Comité—, pidió un minuto de silencio que los presentes respetaron con el puño en alto. Después, reivindicó la lucha estudiantil de los politécnicos, la demanda de justicia por la matanza en Ayotzinapa, Guerrero y la defensa del agua y de la tierra de los de Atenco, Estado de México.

Celebró que la de hoy haya sido una manifestación sin presencia policiaca. En días pasados, la Secretaría de Seguridad Pública del DF anunció que tres mil elementos custodiarían la marcha y que se instalarían vallas metálicas frente a inmuebles como el Palacio de Bellas Artes.

El secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano, afirmó que hubo un acuerdo con los organizadores para que llegaran al Zócalo sin problemas.

“Por primera vez hemos marchado sin la presencia de la policía. Y es una gran marcha, enérgica y ordenada. Vemos el reencuentro de compañeros y contingentes que hace muchos octubres no veíamos en esta plaza”, destacó Hernánez Gamundi, quien recordó el apoyo del pueblo de Topilejo al movimiento del 68.

Reconoció la lucha de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por la educación pública a nivel superior. Se solidarizó con el movimiento, así como la presencia de universitarios de escuelas públicas y privadas, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Hoy venimos a conmemorar 46 años del movimiento del 68. A recordar a los camaradas asesinados. Venimos con la tristeza que nos embarga por la partida hace seis días de Raúl Álvarez Garín. El legado que nos dejó es su ejemplo de lucha. Venimos a plasmar el compromiso de la Generación del 68 de nunca dejar de estar codo a codo con las generaciones nuevas y que las represiones no queden en el olvido y en la impunidad”, afirmó.


Hernández Gamundi destacó que no olvidan al represor expresidente Luis Echeverria, quien estuvo en arraigo domiciliario por genocidio, pero fue liberado; aunque tiene en su historial 54 averiguaciones previas, de las cuales está implicado en 52, tanto por la masacre del 2 de octubre, como “El Halconazo” del 10 de junio de 1971. Finalizó su discurso comprometiéndose, junto con el Comité, a “romper con la impunidad”.

“Dios nunca muere”

Los líderes del Comité del 68 y sobrevivientes a la masacre se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco desde temprana hora. Los contingentes se formaron de la siguiente manera: Primero el Comité del 68, luego los líderes Yaquis, seguidos por los politécnicos, los universitarios, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y al final el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Unos jóvenes llevaron enormes pancartas para pedir la libertad de los presos políticos Abraham Cortéz, Alejandro Bautista y Mario González, detenidos durante la protesta del 2 de octubre del 2013.

Como antaño, los líderes del Comité del 68 marcharon codo a codo, mientras una adolescente, alentada por su mamá, les mostró de frente una pancarta con la leyenda: “Ustedes son mi orgullo”. Los manifestantes corearon: “¡Peña, Echeverría, la misma porquería!”. Sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de Garibaldi, cargaron una manta con un mensaje: “¡Y marcharemos cuando se nos dé la gana!”.

Alrededor de las 17:30 horas arribó el contingente a un pequeño templete prestado por el SME, ubicado frente a Palacio Nacional, en el Zócalo capitalino. Arriba ya los esperaba el líder de los electricistas, Martín Esparza, quien habló hasta el final del evento.

Como primer acto, dedicaron a Álvarez Garín el vals oaxaqueño “Dios nunca muere”, del compositor Macedonio Alcalá, pero con música de banda.


Luego, colocaron una de las mantas-homenaje con la letra de la canción “Al vent” de Raimon, que dice: “La cara al viento/ El corazón al viento/ Las manos al viento/ Los ojos al viento/ Al viento del manto.

Los representantes de los contingentes hablaron. La del Poli leyó su pliego petitorio, los yaquis demandaron la libertad de sus líderes Mario Luna, Fernando Jiménez y Tomás Rojo. Los del SME llegaron al final al Zócalo y los recibieron con aplausos.

Los de Atenco, machete en la mano derecha y una mazorca de maíz en la izquierda, rechazaron el proyecto del nuevo aeropuerto presentado recientemente por el gobierno federal. “¡Tierras sí, aviones no!”, corearon.

René Núñez, de la sección 22 de la CNTE de Oaxaca se refirió a la lucha social después del mensaje desde la cárcel enviado por Néstora Salgado, líder indígena de la zona de La Montaña de Guerrero, presa desde hace más de un año, acusada de delitos que no cometió, como el secuestro.


Esparza, líder del SME, celebró que este 2 de octubre se haya conmemorado con una movilización –tradición anual–, reivindicando la lucha de los politécnicos que, dijo, apoyarán.

“México sin PRI”

A la marcha conmemorativa del 2 de octubre se sumaron los simpatizantes de René Bejarano, agrupados en el contingente de Movimiento Nacional por la Esperanza y en el de Izquierda Democrática Nacional (IDN), quienes gritaban consignas en memoria de los caídos de 1968.

El río de gente partió del Ángel de la Independencia, pasadas las tres de la tarde. Iban en la vanguardia de la manifestación y detrás de ellos les seguían las banderas rojas del Frente Popular Francisco Villa (FPFV) escoltados por la retaguardia de más perredistas, quienes marchaban con gorras y banderas amarillas.

Eran más de 500 personas quienes desde su arribo a la columna de la Independencia, no ocasionaron más desmanes que el cierre del Paseo de la Reforma, donde los comercios estaban vacíos o cerrados; sólo algunos empleados que tomaban fotos y videos.


Ya sobre la Avenida Juárez, se detuvieron por unos momentos para lanzar consignas como “¡México sin PRI, México sin PRI!”, “¡2 de octubre, no se olvida!”, “¡De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste!” y “¡El que no brinque es Peña, el que no brinque es Peña!”… Sólo atraían las miradas de quienes transitaban por las grandes avenidas de la ciudad.

No hubo más a su paso. Las vallas metálicas que se colocaron a lo largo de los comercios, restaurantes, bancos y hoteles de la avenida Juárez ni siquiera fueron requeridas por actos violentos, tampoco hubo la necesidad de que contingentes de granaderos resguardaran la manifestación.

Eso sí, cuando los militantes perredistas llegaron al Eje Central, a la altura del Palacio de Bellas Artes, evitaron encontrarse con los miles de estudiantes quienes partieron de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, lugar donde fue ejecutada la matanza hace ya 46 años.

La mancha amarilla y roja de gente decidió doblar en sentido contrario en el también llamado Eje Lázaro Cárdenas, para introducirse en el Zócalo por la calle Venustiano Carranza, que estaba vacía, pero al escuchar el estruendo de las consignas, los comerciantes se apresuraron a cerrar las cortinas y ventanas, a poner seguros en las puertas, a esconderse como si el contingente fuera hueste de la Revolución Mexicana. Fue más el miedo, que el tiempo en que pasaron por esa calle.

Por fin la marcha desembocó en la plaza mayor del país, donde pasaron lista a los manifestantes, doblaron sus mantas y se empezaron a dispersar. Ya no importó tanto el discurso de quienes se subieron al templete instalado frente al Palacio Nacional.

Desde el templete se observó que los militantes de las corriente liderada por Bejarano no eran tantos en comparación con los estudiantes presentes quienes no paraban en el grito “¡2 de octubre no se olvida!”.

Saldo blanco

Por la noche, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) informó que en la marcha participaron unas 25 mil personas.

En un comunicado, aseguró que ésta se desarrolló “con incidentes menores, como pintas en algunas calles y cristales rotos en las sucursales bancarias ubicadas en la calle de Flores Magón esquina con Sabino, y 5 de Mayo esquina con Palma. Estos daños fueron originados por un grupo que se asume como anarquista”.

El GDF agregó que para garantizar la seguridad de los manifestantes se implementó un operativo con personal de las secretarías de Gobierno, Seguridad Pública y Protección Civil.


La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal confirmó que desplegó un operativo de acompañamiento y observación con 65 visitadores y cuatro unidades de ombudsmóvil. Al final de la jornada “no se reportó alguna queja recibida”, dijo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA Y JUAN CARLOS CRUZ.

“Niño Verde” impuso a operador de “El H” al PVEM, acusan

QUERÉTARO, Qro. (apro).- El empresario Germán Goyeneche Ortega, presunto operador financiero del narcotraficante Héctor Beltrán Leyva, El H, obtuvo su militancia en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por un acuerdo del Consejo Político Nacional, encabezado por Jorge Emilio González Martínez.

Ivonne Vandenpeereboom Jiménez, una de las fundadoras del partido y expresidenta del mismo en la entidad, definió dicho acuerdo como una imposición.

“Fue una imposición total. De repente llegaron a una asamblea gente que no conocíamos, incluido Germán Goyeneche. En esa asamblea eligieron a Ricardo Astudillo Suárez como presidente”, aseguró.

El acuerdo CPN-3/2006, firmado por el Niño Verde –del que Apro tiene copia–, incluye una lista de 93 militantes afiliados con base en los artículos 2º y 88 de los estatutos del partido.

En el número 47 figura Goyeneche Ortega, y también aparecen los nombres de Ana Jacqueline Goyeneche González y Elvira Goyeneche González.

En aquel momento, la presidenta del PVEM en Querétaro, María de Jesús Ibarra Silva, calificó como irregular la afiliación de los 93 militantes y advirtió que esas inscripciones no pasaron por el Comité Ejecutivo Estatal, cuando los estatutos facultaban a los comités estatales para estar a cargo del padrón.

En el padrón que Ibarra Silva consideró vigente hasta 2007 no aparece Germán Goyeneche Ortega.

Ivonne Vandenpereboom aclaró que fue hasta 2008 cuando conoció a Germán Goyeneche como militante, pese a que el documento del PVEM señala que se unió a sus filas desde 2006.

El diputado local Yairo Marina Alcocer, del PVEM, supuso que Goyeneche Ortega –quien es primo hermano de su suegra– llegó al partido como todos los militantes, “voluntariamente”.

También consideró que, si bien en redes sociales circulan fotografías suyas junto a Germán Goyeneche alzándole los brazos a Ricardo Astudillo Suárez, “no sería raro que en breve también circulen fotografías con actores del resto de partidos políticos en Querétaro”.

Y justificó:

“Es un queretano de una familia conocida, respetada y grande, tiene mucha familia en Querétaro”, atajó Yairo Marina, aunque aclaró que no es su amigo.

Después del triunfo de Astudillo Suárez como presidente del PVEM, éste promovió a Germán Goyeneche como representante de Querétaro ante el Consejo Consultivo del Parlamento Ciudadano de México (Pacime).

En un acto realizado en la Cámara de Diputados, según un comunicado del PVEM, Astudillo definió a Goyeneche Ortega como “un queretano preocupado por su estado, quien seguramente cumplirá su papel como un digno representante de Querétaro ante Pacime para impulsar la eficiencia de las instituciones gubernamentales y se propicie la prosperidad social y de esta forma fortalecer a México, tanto en su desarrollo político, social y económico”.

FUENTE: PROCESO.

Y ahora, la demanda.

La ciudadana francesa que fue apresada durante siete años en México pide que la justicia de su país condene a quien la ‘encarceló ilegalmente’.

Florence Cassez ‘estuvo detenida durante siete años en condiciones a menudo inhumanas’, denunció su abogada

Florence Cassez, la ciudadana francesa que estuvo presa durante más de siete años en México y que fue liberada en enero de 2013, presentó en París una denuncia por detención y encarcelamiento ilegales, indicó ayer una fuente judicial francesa a la agencia AFP.

La joven, que siempre defendió su inocencia, fue detenida a fines de 2005 y condenada en 2009 a 60 años de prisión por pertenencia a una banda de secuestradores.

Cuatro años más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México anuló la pena y ordenó su inmediata puesta en libertad, considerando que se violaron sus derechos durante su arresto, puesto que la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI) realizó un montaje para mostrar la culpabilidad de la francesa ante las cámaras de Televisa y Televisión Azteca antes de ponerla en la manos de un juez. 

Florence Cassez “estuvo detenida durante siete años en condiciones a menudo inhumanas”, denunció su abogada francesa, Sophie Thonon, a AFP.

Según explicó, su clienta “pide ahora a la justicia francesa que identifique y condene a los autores del encarcelamiento ilegal del que fue víctima durante siete años”.

Novia de un secuestrador

La francesa Florence Cassez fue detenida en diciembre de 2005 al sur de la Ciudad de México con su novio Israel Vallarta, jefe de la banda de secuestradores conocida como “Los Zodiacos” y otros cómplices. 

Aunque Vallarta confesó haber participado en al menos seis secuestros, Cassez siempre argumentó que ella no tenía conocimiento de las actividades de su pareja. 

Motivo de tensión

El caso de la francesa llegó a ensuciar las relaciones entre México y Francia, y el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, se pronunció en público en favor de su liberación. 

Por ello, en 2011 el Gobierno mexicano decidió anular el año de México en Francia. 


A pesar de eso, la crisis diplomática entre ambas naciones llegó a su fin con la entrada de la administración de Enrique Peña Nieto.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Periodismo de esperanza

Marcela Turati recibe el premio a la excelencia de la Fundación Gabriel García Márquez. En entrevista para Reporte Indigo la mexicana habla de cómo el periodismo es para ella una misión.

Marcela Turati habla sin pausas. Su cabello revuelto inunda la pantalla. 

“¿Por qué tengo que estar leyendo esto? ¿A mí en qué me afecta?”, suelta como claves para entender su trabajo periodístico.

Agrega estas preguntas a las clásicas del oficio, como un retrato íntimo de sí misma frente a la computadora que ahora usa de vehículo para relatarse.

El miércoles, la periodista mexicana recibió –en Colombia- el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo.

Además de ese, varios momentos definen su carrera: sus viajes por América Latina, los meses que pasó recopilando historias en comunidades rurales, el curso que tomó en el 2000 con Ryszard Kapuscinski, la cobertura de la matanza de 72 migrantes en San Fernando, el día en que decidió si sería periodista o también activista…

“Hace diez años abandoné la redacción de mi periódico y emprendí un viaje por Latinoamérica. Impaciente, buscaba saber cómo es que el periodismo puede cambiar las cosas. Visité redacciones, entrevisté colegas, acompañé luchas ciudadanas, respiré nuevas realidades, eduqué la mirada y esbocé respuestas sobre un periodismo de lo posible, que moviliza y no paraliza”, dijo Turati en su discurso en Medellín.

Luego, en una conversación para Reporte Indigo, la periodista 

se toca el corazón y habla de los desaparecidos de la guerra contra el narco, de cómo procura hablar con cada víctima “como si fuera la primera”, cómo a veces tiene que poner distancia, prender una veladora, reunirse con sus compañeras de Periodistas de a Pie, su soporte colectivo. 

Relata sus viajes “amorosos” a casas de amigos, no a hoteles. “Debes tener los ojos y el alma limpia, no sentir que es una carga, eso que no nos dicen nunca en la redacción pero es importante. El autocuidado emocional es parte de lo que tenemos que aprender para hacer bien nuestro trabajo”, coloca sobre la mesa. 

Hay 42 años de distancia vital entre Turati y el otro ganador del Premio, el colombiano Javier Darío Restrepo. Se siente aquí como una voz de su generación, no solamente de los periodistas de su país. 

No lo piensa dos veces cuando se le pregunta si llegó a ser una misionera, como lo quiso en su niñez. 

“Creo que el periodismo es una misión (…) de estar con los más pobres, irse a los barrios y tratar de traducir ese dolor”.

Esta perspectiva la conecta con el periodista polaco Kapuscinski y el curso que le cambió la vida.

“Me gusta de él esta opción por los que sufren, este estar con la gente, de alguna manera padecer lo que ellos viven para poder escribirlo mejor y no ser un periodista de escritorio”, remata.

Tampoco la detiene si debe existir una línea divisoria entre el periodismo y el activismo, o pueden imbricarse. 

“Milito en la libertad de expresión, en el derecho de los ciudadanos a estar informados, porque no maten a más periodistas, es el límite que yo me puse”, dice como quien ha pensado la respuesta mucho tiempo atrás. 

De inmediato se lanza a la anécdota: varios compañeros quisieron tomar la avenida Reforma, en la Ciudad de México, para protestar por el aumento de las agresiones contra periodistas.

No sabían cómo hacerlo, algunos miembros de organizaciones civiles tuvieron que ayudarles. En medio de la marcha, pancarta en mano, Turati quiso entrevistar a un cronista.

Él tomó la pancarta mientras ella anotaba en su libreta. Luego cambiaron, ella con la pancarta, él con la libreta. Al final los dos se preguntaron: ¿quién haría la nota? 


“Queremos volver a las redacciones, nadie quiere estar todo el tiempo como en una central de alarmas, tampoco nos toca, porque hay organizaciones dedicadas a eso”, suelta de moraleja.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

Detienen a otros cinco militares por masacre de Tlatlaya; van 13

MÉXICO, D.F. (apro).- Al menos cuatro soldados de tropa y un oficial, relacionados con el caso Tlatlaya, fueron ingresados esta noche a la prisión del Campo Militar Número Uno.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los militares detenidos hoy están implicados en la masacre perpetrada en Tlatlaya, Estado de México, el lunes 30 de junio, donde murieron 22 personas.

Apenas el jueves 25 de septiembre, unos 25 militares fueron detenidos por la Policía Federal Judicial Militar, de los que sólo ocho fueron sujetos a proceso en la justicia castrense, aunque tres de ellos deberán enfrentar cargos por homicidio y otros delitos, de acuerdo con lo informado el martes pasado por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Hasta el momento, la Sedena no ha informado oficialmente sobre los cargos que enfrentan los cinco militares, aunque se advierte que ya fueron consignados a un juzgado castrense.

Con los soldados ingresados hoy, suman 13 los detenidos en relación con los hechos violentos ocurridos en Tlatlaya.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

Los límites del control civil

MÉXICO, D.F: La matanza de Tlatlaya, Estado de México, pone a prueba el alcance de una realidad que desde diciembre de 2012 simplemente se acalló: la permanencia del Ejército en las calles pese al anuncio oficial de un retiro o presencia mínima. Los operativos no sólo se han intensificado –219 mil 378 patrullajes en este año en el que han participado 91 mil 547 efectivos.

Otro dato: las Bases de Operación Mixta (policial-militar) pasaron de 97 a 141 y en las calles se emplea a 37 mil efectivos diarios. Esa estrategia, cada vez más seria, no sólo no ha logrado controlar la criminalidad, sino que comienza a vulnerar a la población civil por los atropellos cometidos por militares y uniformados.

La discusión sobre la muerte de 22 personas el 30 de junio último como producto de un enfrentamiento militar con una banda criminal, pretendió desviarse en un primer momento sobre la condición de la actividad ilegal de las víctimas. Ante la debilidad probatoria institucional de hechos que fueron negados al inicio por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y respaldados por el silencio cómplice casi total de los medios –con la excepción de Esquire y Proceso–, según la estrategia del gobierno de los últimos dos años, se optó por sacrificar a unos cuantos elementos de tropa y un mando intermedio para refugiarse en la desobediencia y falta de aplicación de los protocolos de actuación militar (jueves 25 de septiembre).

Así, se busca evitar una indagación mayor y un debate serio sobre lo que el incidente representa para el sistema político. De ahí que se lanzara desde Nueva York otra cortina de humo para rescatar la legitimidad del Ejército, entre otras cosas, anunciando la participación de México en misiones de paz bajo el seno de las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Apenas el 30 de mayo pasado se estrenaba –así se presume incluso en el segundo informe de gobierno–, la vigencia del Manual del uso de la fuerza, de aplicación común a las tres (sic) Fuerzas Armadas y con ello se da cumplimiento a los criterios constitucionales y las leyes castrenses del Ejército y la Marina. En realidad es una versión sui géneris o tropicalizada del código de conducta y de los principios elaborados en la práctica de las misiones de paz de los Cascos Azules de Naciones Unidas (Sedena, Segundo Informe de Labores, lunes 1 de septiembre de 2014, p. 40).

Con todo, una lectura detallada del Manual a la luz de lo acontecido en Tlatlaya, muestra que pese a las 13 generaciones de egresados militares de cursos de derechos humanos (impartidos por la CNDH) –incluido el convenio con la Cruz Roja Internacional (2013) para acercar el conocimiento del derecho internacional humanitario–, todo queda en una coartada para prevalecer en las calles sin el debido entrenamiento para dar seguridad a la población.

El Manual es muy claro en el sentido de aplicar protocolos de actuación en la advertencia a probables agresores y determinar así el uso de la fuerza –letal o no–, imponiendo incluso la grabación de los hechos para el esclarecimiento en caso de ser necesario. Otra disposición importante es la comunicación y coordinación con las autoridades civiles (aunque también establece procedimientos de actuación en ausencia de autoridades civiles).

Lo relevante del caso, a la luz de la reconstrucción de lo que ocurrió en Tlatlaya, es la absoluta inobservancia del Manual y la recurrencia a un comportamiento ya interiorizado en el personal militar: identificación y supresión del potencial enemigo o agresor, sin la mínima coordinación con las autoridades civiles. Hasta el momento no hay consignación ante autoridades judiciales civiles.

El resultado trágico de Tlatlaya va más allá de una cuestión de disciplina militar y de excluir o desviar la responsabilidad penal como pretende la aplicación del Manual al calificar un eventual homicidio como culposo, quedando así exonerado el personal militar involucrado en hechos como el ocurrido en territorio mexiquense.

Resulta por ello, poco razonable que se diga que no hay responsabilidad institucional porque no se sabe que el “alto mando” hubiese ordenado violar los derechos humanos, y así lo confirma la declaración del propio titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos Zepeda el viernes 26.

Los usos y costumbres de la seguridad del sistema político mexicano operan con la lógica del silencio y las complicidades mutuas en el ámbito civil y el militar. Excepcionalmente, ante el abuso político del recurso militar, un alto mando solicitó la orden por escrito para reprimir (2005). No pasó de ahí.

El componente militar en el contexto histórico y político tiende a ser parte del problema (con la paradoja que es el último recurso de solución del que se ha abusado), tanto en su uso policial como en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Al final, el resultado es una distorsión, una pérdida, de la fuerza armada en su esencia definitoria de defensa nacional.

La participación directa de los militares en la lucha contra el narcotráfico durante los últimos gobiernos priistas y panistas tiene consecuencias negativas para las instituciones castrenses y, en particular, en la relación civil-militar en México. El fracaso de la guerra calderonista, continuada en los hechos por el actual gobierno, aunque no lo reconozca, no se limita al alarmante número de muertes, desapariciones forzadas y violaciones graves a los derechos humanos relacionados con la actividad de las fuerzas militares y policiales de los que dan cuenta los organismos civiles internacionales.

El daño se extiende de modo orgánico y operativo a las fuerzas armadas en términos que nuestra incipiente institucionalidad democrática, en materia de relaciones civiles-militares, no sólo se muestra débil o incapaz de reaccionar, sino que se encuentra amenazada ante la prolongada permanencia e influencia castrense.

Hay factores estructurales del diseño legal e institucional que dieron lugar a la organización de unas fuerzas armadas que responden más a tareas de dominio y control (político) en lo interno que en el desempeño real de funciones de defensa. La razón es simple, así se concibieron, histórica y políticamente, de acuerdo también a una realidad geoestratégica, como lo es la cercanía con Estados Unidos y nuestra adscripción natural a su órbita de seguridad. De ahí que la actividad castrense se volcase hacia la seguridad interior y hallase su mejor condición de influencia con la crisis de seguridad pública del país.

Con el anuncio presidencial de participar en misiones de paz, la cuestión es determinar a ciencia cierta si las Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir su función sin haberse transformado institucionalmente, en democracia y con transparencia, como sus contrapartes en el hemisferio.

Otra cuestión importante queda abierta para la comunidad internacional: si nuestros medios e intelectuales nacionales serán tan complacientes ante incidentes trágicos como el de Tlatlaya, sin que haya investigaciones profundas y sólo culpables a medias.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERUBIEL TIRADO (ANÁLISIS)

Fotogaleria: Manifestacion de Miembros de INGAPE Tijuana en memoria del 2 de Octubre 1968

Miembros de INGAPE Tijuana realizaron como cada fin de Semana su blaconeo, en esta ocasion en comemoracion a la masacre del 2 de octubre, haciendo el llamado a la ciudadania Tijuanense, a no olvidar tan tragico suceso y llamando a no ser victimas de la manipulacion de los medios, asi como el llamado a seguir los balconeos.
Los balconeos son todos los Sabados y Domingos en plaza San Jorge en la 5 y 10 de la Ciudad de Tijuana y en la Catedral ubicada en la Zona centro teniendo el habitual tendedero politico, y la declamacion de poemas, asi como megafono abierto para hacer el llamado a la ciudadania a no creer en los politicos corruptos que tienen a nuestra patria en la miseria, deseperanza y ola de violencia.




Balconeo INGAPE TJ 2 de Octubre de 2014

Normalistas bloquean Autopista del Sol; exigen presentación con vida de sus 43 compañeros

MÉXICO, D.F: Normalistas de Ayotzinapa, padres de familia, estudiantes, miembros de organizaciones sociales y del magisterio disidente marcharon en esta capital para condenar la masacre de Iguala donde policías municipales y sicarios asesinaron a seis personas en diferentes ataques armados que dejaron una veintena de heridos.

Los manifestantes mantienen bloqueados los cuatro carriles de la autopista del Sol, a la altura del punto conocido como el parador del Marqués -al sur de esta ciudad- como medida de presión a las autoridades en demanda de la presentación con vida de 43 normalistas que siguen desparecidos.

La marcha comenzó cerca del mediodía en la parte norte de la capital y concluyó dos horas y media después en la autopista del Sol en el mismo punto donde fueron asesinados dos normalistas de Ayotzinapa en diciembre de 2011 durante un desalojo realizado por policías federales y estatales.

La manifestación realizada en el contexto de la conmemoración de la matanza de Tlatelolco, se caracterizó por ser pacífica pero enérgica en consignas y reclamos en contra de las autoridades ante la increíble desaparición de normalistas.

El bloqueo de la autopista comenzó a las 15:30 horas y se mantiene hasta el momento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

Rehenes del miedo

Las escuelas son ahora blanco de extorsiones por parte del crimen organizado en Tamaulipas. Al menos 15 institutos privados han cerrado puertas por esta razón.

Al menos unas 15 escuelas en Tamaulipas suspendieron sus actividades a consecuencia de la ola de amenazas y extorsión que viven maestros, padres y directivos.

Pese a que solo tres planteles educativos han anunciado de manera oficial el cierre de labores, fuentes en este estado aseguran que hay más colegios que suspendieron las clases de manera definitiva.

Esta el momento, padres de familia de los colegios Montessori American School, así como el William Shakespeare American School y la Universidad México Valle en Reynosa han anunciado el cierre de labores.

Sin embargo, esta situación no es nueva para los tamaulipecos.

Gabriela, una madre de familia quien acudió a la escuela Montessori American School en Tampico para recoger las pertenencias de sus hijos, aseguró que este problema tiene, al menos, cinco años.

“Es una situación de hace mucho tiempo, no sé porqué se sorprenden tanto de que una escuela cierre. En los últimos 5 años han cerrado empresas con inversiones de millones de dólares en Tamaulipas y no sé porqué se vienen a sorprender”, dijo a Reporte Indigo.

Reveló que el cierre de los colegios no se debe por un problema financiero como lo quiere hacer creer la Secretaria de Educación de Tampico, sino por la inseguridad que vive en el estado.

“Si ya están seguros que el cierre no es por inseguridad, para qué nos mandan policías”, afirmó Gabriela.

Padres de familia acudieron el pasado martes a partir de las 9:00 horas a la escuela Montessori American School en Tampico, para llevarse plantas y material didáctico con el que trabajaban en el instituto sus hijos.

El colegio cerró a consecuencia de las llamadas de extorsión y amenazas que ponían en riesgo a los alumnos y al personal.

Rocío, otra madre de familia, lamentó el cierre, pero agradeció a los propietarios la decisión de suspender definitivamente las actividades. 

“Yo pregunté directamente con la coordinadora y me dijo que los habían amenazados”, dijo.

Fuentes consultadas en Tamaulipas por Reporte Indigo informaron que las acciones de extorsión se están realizando por jóvenes, quienes integran pequeños grupo independientes del crimen organizado.

La misma historia

En 2011, la Secretaría de Educación en Tamaulipas confirmó que por motivos de inseguridad y la inasistencia de alumnos, se vio obligada a cerrar 17 planteles educativos en la frontera.

Según la dependencia estatal, en esa ocasión el cierre no se debió por escuelas inseguras, sino por entornos que no permitían el adecuado resguardo a los estudiantes.

Las escuelas que cerraron estaban ubicadas en los municipios de San Fernando, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Guerrero, Méndez, Burgos, Cruillas, Camargo, Mier y Miguel Alemán.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.

La UNAM y el Poli, amigos y rivales

Las dos universidades más grandes de México formaron el Comité Nacional de Huelga de 1968. Tenían peticiones, no los escucharon, los reprimieron y hasta ahora nadie pide perdón ni asume culpas por las muertes que no tienen número oficial

Los “Goyas” y el  “¡Huélum, Huélum, glooooria! ¡A la cachi cachi porra!”, eran un clásico de los 60.

La UNAM y el Politécnico Nacional eran los eternos rivales en los juegos interuniversitarios y los amigos para las alianzas convenientes para unir su fuerza. 

Pero en 1968 se olvidaron de “Goyas” y “Cachiporras” y se unieron ante lo que consideraban represión a las  ideas de izquierda que invadían al mundo joven, pero que el gobierno de entonces no supo cómo manejar. 

Unidos, formaron el Consejo Nacional de Huelga y pedían la liberación de presos políticos en una época represiva, incluyendo al líder de izquierda Demetrio Vallejo.

Protestaban por la violenta contención sufrida con la toma de la Ciudad Universitaria por el Ejército, el bazukazo en la Escuela Nacional Preparatoria (San Ildefonso) y la represión con gases lacrimógenos durante el enfrentamiento entre estudiantes del IPN y la Preparatoria Ochoterena de la UNAM. 

Una cosa eran las rivalidades entre ellos y otra muy diferente, que interviniera el gobierno. 

Su pliego petitorio era largo.

Desde agosto, los rivales deportivos se habían unido para planear manifestaciones pacíficas. 

Los tiempos estaban revueltos en México y el mundo, pero el país tenía que “barrer la casa” para recibir a los miles de turistas que llegarían a ver los Juegos Olímpicos que serían inaugurados el 12 de octubre. Faltaban pocos días y no encontraban la forma de dialogar. 

Para evitar dar mala impresión a los visitantes, llegaron algunos interlocutores enviados por Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación, la rectoría de la UNAM en manos de Javier Barros Sierra, y la del Poli, a cargo del intelectual Guillermo Massieu Helguera. 

Les pedían prudencia, pero no les concedían nada. Les pedían no más marchas, pero no liberaban a los presos. 

No pudieron dialogar con quiénes pedían, no los tomaron muy en serio y nadie intentó persuadirlos y llevarlos a la paz. 

Nadie les hizo mucho caso y de pronto, cuando menos lo esperaban, los sorprendieron por la retaguardia y los atacaron a balazos en una manifestación pacífica. 

Fueron solamente 29 minutos de un intenso tiroteo que empezó a las 5:55 de la tarde y que ejecutaron más de 5 mil soldados, policías, granaderos y el grupo de paramilitares llamado Batallón Olimpia.

Murieron muchos manifestantes. Aún no hay un número oficial reconocido por los gobiernos. También hubo muchos presos. También, desaparecidos que todavía no pueden ser enterrados por sus familiares. 

Lo que hubiera sido una jugada maestra para calmar los ánimos de los estudiantes de la UNAM y el Poli, resultó en los 29 minutos más trascendentes para una historia del país.

Los hechos dieron la vuelta al mundo porque hubo algo que los organizadores de la matanza no calcularon: la presencia de la prensa extranjera que ya había llegado en avanzada para cubrir la Olimpiada. 

Mientras la prensa nacional era silenciada y reportaba 29 bajas, un reportero enviaba a la BBC de Londres que al menos habían muerto 300 estudiantes.

Y lo que empezó como una más de las manifestaciones del CNH marcó la historia. 

La unión del Poli y la UNAM continuó como un duelo compartido en algo que hubiera podido evitarse si alguien les hubiera puesto atención. 

La represión violenta es un añejo reclamo y una herida por la que nadie, aún, ha pedido perdón. 

Finalmente muchas visitas cancelaron. 


Y los que llegaron tenían un tema y un lugar más que visitar: Tlatelolco, el lugar en donde murieron muchos jóvenes idealista, unidos sin más rivalidades: la UNAM y el Poli.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: NORMA GARZA

Transparencia en progreso

En 2015 México encabezará la Alianza para un Gobierno Abierto Digital que incluye 65 países. Esto es una oportunidad para el país de cumplir las tareas pendientes de la anunciada Estrategia Digital.

Al recibir la presidencia del organismo regulador internacional sobre transparencia digital, México mostrará que aún tiene pendientes por cumplir, y también las metas ya alcanzadas. 

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), incluye 65 países unidos para presentar digitalmente y de forma transparente los datos gubernamentales, será presidida por México durante el siguiente periodo, según anunció el presidente Enrique Peña Nieta durante su pasada visita a la ONU. 

México se unió al organismo digital como fundador en septiembre de 2011, y la presidencia se asignó después de la participación de Peña Nieto en la reunión del organismo celebrada en la Cumbre de la ONU. 

El inicio del liderato de AGA, el mes de octubre, coincidirá con el primer aniversario de la Estrategia Digital Nacional, que preside Alejandra Lagunes, y que retomó compromisos incumplidos por la administración anterior e incorporó propios, en los que están trabajando para llegar a las metas.

La primera evaluación realizada a México por la AGA para el plan de acción 2011-2013, muestra cuáles eran los pendientes que aún no se implementan.

Fin de sexenio sin metas cumplidas 

El primer informe, que abarcó datos hasta diciembre de 2012, ya presentaba temas que tenían atraso o no habían comenzado. 

La primera meta no cumplida fue “publicar estadísticas de las investigaciones sobre cohecho transnacional en empresas mexicanas que operan en el extranjero o extranjeras que operan en México”.

Otro tema rezagado es la divulgación de un programa con “información relevante” en el manejo de residuos de plástico PET, aunque tenía a finales de 2012 un avance “sustancial”.

La elaboración de publicaciones en formatos “abiertos y libres” también había sido incluida por la administración calderonista. 

Hasta ahora se ha llevado a cabo la versión beta del portal datos.gob.mx.

El gobierno no ha alcanzado su meta propuesta de publicar los recursos que se destinan, asignan y ejecutan para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos, ni la información que permita evaluar los esfuerzos de protección a estos derechos. Quedó pendiente desde el sexenio pasado.

Tampoco desde entonces se han publicitado en web los presupuestos de cada escuela primaria y secundaria, que incluye el programa.

Las donaciones y los contratos de Pemex se han mostrado en sitios web oficiales solo parcialmente.

La publicación de los gastos de cada dependencia o entidad en publicidad oficial ya vieron la luz en abril de 2013, mediante el Índice de Gasto en Publicidad Oficial en las Entidades Federativas, elaborado por Artículo 19 y Fundar.

Hay muchas metas que cumplir, a las que también se sumó el compromiso de publicar los programas de subsidios y prestación de servicios públicos.

En el ámbito de seguridad, desde 2011 el país se había comprometido a “elaborar un programa dirigido a las víctimas de delitos, para conocer el estado de sus averiguaciones previas vía electrónica”. 

Sobre el tema la Procuraduría General de la República (PGR) implementó un programa que permitía que las víctimas accedan a las etapas de la averiguación previa iniciada a partir de su denuncia desde cualquier módulo de Internet.

“A pesar de que el sistema fue anunciado por la Titular de la PGR (entonces Marisela Morales), nunca se habilitó. Una de las razones presentadas por la PGR es que estaban en proceso de capacitación de los ministerios públicos en la utilización del sistema”, consigna el documento.

Entre los compromisos del pasado sexenio quedó sin cumplir la publicación mensual en cada colonia y localidad del número de denuncias realizadas ante el ministerio público, por lugar de ocurrencia y tipo de delito.

Una de las recomendaciones de este informe fue que se considerara a la Secretaría de la Función Pública como un “interlocutor no relevante” al interior de la AGA, ya que “se encuentra en proceso de desaparición”.

Alejandra Lagunes, quien está a cargo del programa de  Estrategia Digital Nacional, ha declarado que se están realizando adecuaciones a sus líneas de acción.

En una entrevista publicada ayer en El Economista, dijo: “Nos encontramos trabajando en cambios, que lo planteamos desde un principio, que una Estrategia Digital tiene que ser dinámica y tiene que ser flexible, tiene que adaptarse a los cambios de tecnología y al aprendizaje”. 

Nuevos planes por cumplir 

Con la llegada de la administración peñista se anunció un nuevo plan de acción que comprende los años 2013 a 2015, cuyos resultados se evaluarán al cierre de este 2014.

El primer paso fue que en octubre del año pasado México e Indonesia recibieron la copresidencia de la AGA.

Las propuestas de este “nuevo plan” coinciden en gran medida con los pendientes que vienen desde 2011 y aún no se han implementado.

Como acciones concretas anunciaron  la creación del portal gob.mx, el cual se encuentra aún en versión beta y espera concentrar el próximo año el acceso a 6 mil trámites de gobierno. 

A este compromiso agregaron el mejor acceso a los órganos reguladores del Estado, sus decisiones y las Normas Oficiales vigentes. 

La administración actual no retomó el compromiso del acceso a las averiguaciones previas, en cambio se comprometió a crear un registro electrónico de detenidos, que incluya el “acceso a datos estadísticos de detenciones o aseguramientos en el país, así como las circunstancias y causas de la detención”. 


Ni esta ni la “base de datos de personas desaparecidas” se han hecho públicas, aunque el compromiso que incluyó este gobierno fue que contendría datos estadísticos de valor y las diferentes fuentes y autoridades que registran dicha información.

El 24 de agosto, la PGR anunció que tenían contabilizada una cifra de 22 mil 322 desaparecidos. No se publicó ninguna base de datos. 

El “Padrón único y abierto de beneficiarios” de programas sociales también continúa pendiente. Su objetivo anunciado es “mejorar las acciones de política social al identificar con mayor precisión las poblaciones objetivo”.

La política de “datos abiertos” buscó en el discurso una mayor difusión del presupuesto, el gasto, los impuestos, los fondos para emprendedores. Todo se encuentra en versión beta.

También está pendiente difundir información georreferenciada de proyectos de infraestructura.

En temas de seguridad la administración actual también ofertó publicar información estadística sobre los delitos cometidos, su frecuencia, ubicación, averiguaciones previas, incompetencias y un mapa del incremento y decremento delictivo en las diferentes zonas del país. También continúa en “implementación”.

A ello se suman otros planes que no se han concretado, como la divulgación de ganancias del sector de hidrocarburos y el destino de los recursos que provienen de esta industria.

Al término de la presidencia de México de este organismo multilateral, tocará una segunda evaluación que pondrá una calificación a esta serie de compromisos que aún se encuentran como buenas intenciones sin ancla en la realidad.

Lo que podremos encontrar pronto 

Información estadística que se incluirá en los portales del gob.mx divididos en las distintas zonas del país. 

Delitos cometidos:
> Frecuencia, ubicación, averiguaciones previas, incompetencias, mapa de incremento y decremento
> Información relevante en el manejo de residuos de plástico PET
> Estadísticas de las investigaciones sobre cohecho trasnacional

> Publicar los recursos que se destinan, asignan y ejecutan para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos

Se apaga el dragón

Aunque el director del proyecto Dragon Mart Cancún parece estar despreocupado por las sanciones de la Profepa, las obras del centro comercial están suspendidas desde hace un mes.

A pesar de que llevan a cuestas una sanción superior a los 20 millones de pesos impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los inversionistas de Dragon Mart le apuestan a la nulidad de los juicios en su contra.

Desde hace más de tres años que se anunció la construcción de este mega centro de comercialización de productos chinos en el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, el polémico proyecto ha tropezado una y otra vez con leyes ambientales.

Apenas hace unas semanas la Profepa le impuso una multa por medidas de remediación y restauración por el desmonte de vegetación en el predio El Tucán.

Pero al director y socio comercial de la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún, Juan Carlos López Rodríguez, no le preocupan las sanciones, pues buscará anular el juicio.

Aunque no han pensado en suspender los trabajos de construcción, López Rodríguez aceptó por primera vez que “analizarán la viabilidad del mismo”.

Tan es así que desde hace más de 30 días que el Dragón no lanza fuego. Las obras están suspendidas.

Peligro ambiental 

Con la vorágine de denuncias, la empresa solo ha logrado emparejar 500 metros de la carretera federal Cancún-Chetumal, pero sin ningún cimiento.

Aunque permanece su espectacular mercadológico: “Aquí se generarán 8 mil 500 empleos. Que no te cuenten cuentos chinos. Infórmate”.

Desde hace más de dos años Reporte Indigo denunció que el megacentro traerá afectaciones ambientales y destruirá la planta productiva local.

El proyecto inicial consiste de un inmueble con 12.7 hectáreas de área de exhibición, cuatro hectáreas para 20 bodegas para almacenaje, 722 viviendas y 38 hectáreas para futuras bodegas y restaurantes.

López Rodríguez aclaró a algunos medios locales que Real Estate Dragon Mart Cancún prefirió esperar la resolución de la instancia federal para seguir con el procedimiento físico en el terreno, luego de que le solicitara la Manifestación de Impacto Ambiental a nivel federal.


Por lo pronto, los trabajos del nuevo paraíso de distribución de productos chinos hacia Latinoamérica, suspendido en varias ocasiones desde su presentación el 22 de marzo de 2011, paró máquinas.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: GEORGINA HOWARD.

Desde Francia, Cassez denuncia “encarcelamiento ilegal” en México

La ciudadana francesa exige a la justicia de su país "que identifique y condene a los autores del encarcelamiento ilegal del que fue víctima durante siete años", comentó su abogada.

La ciudadana francesa Florence Cassez presentó una denuncia en París por la detención y “encarcelamiento ilegal” en México, de acuerdo con su abogada.

Cassez fue detenida en nuestro país en 2005 y sentenciada en 2009 a 60 años de prisión por secuestro; siempre defendió su inocencia pese a testigos que la señalan como integrante de un grupo de secuestradores.

El 23 de enero de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación formalizó la anulación de la condena y ordenó su inmediata liberación, por considerar que sus derechos fueron violados luego de que se realizó un montaje televisivo -transmitido por Televisa- sobre su detención, lo cual vició el proceso penal en su contra.

La entonces Agencia Federal de Investigaciones, a cargo de Genaro García Luna, presentó el 9 de diciembre de 2005 la supuesta detención de Cassez en una transmisión “en vivo”, cuando en realidad llevaba horas detenida. (Ver nota enero 2013=> Videos: 5 periodistas que ‘balconearon’ a Televisa por el montaje Cassez)

“Florence Cassez estuvo detenida durante siete años en condiciones, a menudo, inhumanas“, argumentó su abogada, Sophie Thonon.


“Pide ahora a la justicia francesa que identifique y condene a los autores del encarcelamiento ilegal del que fue víctima durante siete años”, agregó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Debe investigarse relación de funcionarios de FCH con operativo ‘Rápido y Furioso’: abogado

La organización "Desarma México" considera que funcionarios del sexenio del panista Felipe Calderón pudieron ser cómplices de la operación con EU, a través de la cual se introdujeron armas a México.

Ocho integrantes de la organización Desarma México interpusieron una denuncia para que se investigue el operativo ‘Rápido y Furioso’, a través del cual se introdujeron armas a México desde EU; el tema sustancial es provocar que la PGR investigue este caso de forma seria, sólida, desde el punto de vista técnico-jurídico, con todas las condiciones del Ministerio Público; y se determine si funcionarios mexicanos del gobierno federal, en la administración de Felipe Calderón, tuvieron qué ver con la introducción de armas -con el fin de seguirles la pista a las bandas delincuenciales-, expuso el abogado Gonzalo Aguilar Zinzer.

En entrevista para Aristegui CNN, el miércoles por la noche, el litigante indicó que si se investiga, un número muy elevado de funcionarios que está seguro que estuvieron involucrados en esto, serán evidenciados y por lo tanto la sociedad civil habrá triunfado.

Explicó que Desarma México es un proyecto que surgió hace dos años, con el impulso del académico Sergio Aguayo, cuando “me desgarró la información sobre la operación” que partió en EU.

“Formamos un equipo específico para ello e investigamos el tema a profundidad, después de dos años de una investigación con mucho rigor, de la preparación de un tema con mucha estructura y del propósito no sólo para presentar una denuncia, sino para crear conciencia en la sociedad civil ante un tema como este”, apuntó.

Se trata, pues, de un grupo de intelectuales,  amas de casa, padres de familia, artistas, profesionistas, que “nos reunimos y nos incorporamos en una sola unidad para crear Desarma…, un proyecto para analizar el fenómeno del creciente y exponencial nivel de uso de armas en México, y encontrar las causas que lo generan y encontrar los medios que estos grupos tienen para obtenerlas”.

Cuando se hace público, a través de Wikileaks, el programa Rápido y Furioso, inició una investigación en el Congreso de Estados Unidos, apuntó.

Allí comparecieron  funcionarios del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) quienes juraron decir verdad en los hechos.

Ellos involucraron a funcionarios mexicanos, por ejemplo en reuniones con miembros del gobierno de los Estados Unidos; se trata de funcionarios mexicanos de Presidencia de la Republica, de la Secretaría de Gobernación, el Cisen, de la PGR, de la Marina, de la Sedena y de la SSP, agregó.

“Ya con muertos, heridos, secuestrados, enfrentados y demás debía haber un mapeo de los hechos a través de las diligencia del levantamiento de las armas, diligencias que se practican en la investigación de los hechos para identificar los números de serie de las armas y sellos y las claves que les pusieron desde los Estados Unidos y saber que pertenecían al programa Rápido y Furioso”, dijo sobre la operación.

Esa información es recogida a través de un procedimiento balístico, forense, a través de peritos, que levantan las armas, levantan los casquillos, que lo hace México o probablemente peritos que se trasladaron de los Estados Unidos.

Es decir, EU intervino en diligencias del Ministerio Público mexicano, en escenas del crimen, sólo con el propósito de levantar el mapeo del uso de las armas o, aún peor, que la autoridad mexicana obtuviera esa información balística y la remitiera a la autoridad de los Estados Unidos para el único propósito de seguir identificando las armas de Rápido y Furioso, comentó.

Del presidente Barack Obama para abajo y del presidente Calderón para abajo “no tenemos la menor duda de que hay funcionarios de altísimo nivel que tomaron la decisión, no te puedo decir qué funcionarios porque no sé pero la investigación nos lo va a proporcionar”, confió Zinzer.


La denuncia ante PGR: