Toman radiodifusoras en Chilpancingo; exigen presentación de 43 normalistas

Estudiantes, profesores e integrantes de la policía comunitaria de la CRAC en Tixtla, marcharon ayer en Chilpancingo y , bloquearon la autopista del Sol, para exigir justicia para los estudiantes asesinados en Iguala.

Chilpancingo, Gro. Desde el mediodía de hoy estudiantes y padres de familia realizaron diversas actividades en esta capital para presionar al gobierno para que presente con vida a los 43 estudiantes desaparecidos entre la noche del viernes y la madrugada del sábado pasados a manos de policías municipales de Iguala.

Las actividades comenzaron con la toma de dos radiodifusoras, ubicadas en el centro de Chilpancingo; otros contingentes se trasladaron a la caseta de Palo Blanco, ubicada a unos 10 km, en donde permiten el libre paso, previo a una cuota. Otra comisión se trasladó a la ciudad de México apara entrevistarse con funcionarios de la Segob.

Asimismo, continúan las brigadas “hasta encontrarlos” que implementa el gobierno del estado con servidores públicos. Esta mañana se trasladaron a los municipios de Huitzico y Tepecuacuilco, para buscar a los jóvenes.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SERGIO OCAMPO.

PGR, aún sin atraer caso de normalistas desaparecidos

México, DF. El gobierno federal se comprometió a reforzar la coadyuvancia para la localización de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Sin embargo, el apoyo no significa aún que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso.

“El subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, fue muy cuidadoso con sus palabras; dijo poco, no manifestó un compromiso para atraer la investigación, sólo para coadyuvar”, dijo uno de los integrantes del grupo de 18 personas que este medio día acudió al Palacio de Covián a entregar un documento.

Los familiares de los desaparecidos calificaron como “palos de ciego” o “taparle el ojo al macho” lo que ha hecho hasta el momento la Procuraduría de Justicia de Guerrero, tal como sacar a los empleados públicos a realizar una búsqueda que requeriría de un protocolo especializado para obtener avances.

Califican que los muertos en los hechos son “ejecuciones extrajudiciales de los tres estudiantes”; ello aunado a la situación de los heridos y de los desparecidos constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden permanecer en la impunidad.

En el texto de seis cuartillas entregado al subsecretario Miranda, firmado por padres de familia y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa), hace un recuento de los hechos del 26 de septiembre y hacen seis peticiones:

1.-Compromiso político del Ejecutivo federal de intervenir para investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los normalistas.

2.-Presentación con vida de los normalistas

3.-La conformación de un grupo multidisciplinario interinstitucional y de fuerzas especiales con amplia experiencia para que se avoque a la búsqueda inmediata de los jóvenes.

4.-Verdad justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición por las ejecuciones extrajudiciales de Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes y de todos los hechos del caso.

5.-Atención médica y rehabilitación integral de los estudiantes heridos (Aldo Gutiérrez Solano, Édgar Andrés Vargas, Fernando Marín Benítez y Jonathan Maldonado Hernández).

6.-Garantías de seguridad para los estudiantes, sus familiares y representantes.

En el documento, firmado por nueve familiares de desaparecidos y dos representantes de la sociedad de alumnos Ricardo Flores Magón, se indica que a las nueve de la noche, cuando 80 estudiantes de la normal se dirigían a la ciudad de Chilpancingo, a bordo de tres autobuses, cuyo eje es la desaparición de 43 personas, pero sin que hasta el momento la procuraduría estatal haya clarificado los hechos.

“Los hechos evidencian por parte de la policía municipal un uso excesivo de la fuerza, una intención deliberada de ejecutar ilegal y arbitrariamente a los estudiantes y de las autoridades estatales y federales, una omisión para implementar medidas de seguridad y preventivas que evitaran una segunda agresión y la desaparición de los estudiantes normalistas.

“Sin mediar palabra, los policías municipales (de Iguala) comenzaron a disparar en ráfagas de manera indiscriminada desde las distintas posiciones, cayendo herido en ese instante Aldo Gutiérrez Solano, alumno del primer año, originario de El Refugio, municipio de Ayutla, Guerrero.

“Los estudiantes que se encontraban en el autobús de atrás fueron violentamente descendidos del mismo por los policías y sometidos, acostándolos en el piso, a un costado de una bodega Aurrerá. El resto de los normalistas se dispersaron en diferentes direcciones, al tiempo que los policías municipales continuaban disparando”.

Finalmente, se añade en la carta entregada en Gobernación, un elemento de la policía preventiva que se identificó como ‘Comandante’ se dirigió a los jóvenes estudiantes diciendo “dialoguemos chavos”, a lo que los estudiantes contestaron que sí, pero que les permitieran levantar a su compañero Aldo -que se encontraba tendido en el piso-, a lo que los policías respondieron negativamente, diciendo que de todas maneras ya se iban y que no había pasado nada. Al día de hoy, Aldo Gutierrez se encuentra internado en estado vegetativo”.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.

Cassez quiere que se le reconozca como víctima de un “montaje grosero”: abogada

La captura de la ciudadana francesa, en 2005, ha dado un nuevo giro. Presentó denuncia para que se "identifique a los autores de esos 7 años y 2 meses que Florence pasó en la cárcel".

Sophie Thonon, abogada de Florence Cassez, explicó la querella interpuesta por su defendida, en Francia, con la cual busca “que se le reconozca a ella como víctima de un montaje grosero y otras violaciones”.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, expuso: “La pretensión de Florence Cassez es la siguiente: estaba pensando en esa querella desde los primeros días de su detención, ¿por qué una persona inocente es detenida en esas condiciones? Piensa en un día hacer valer sus derechos como víctima… tomó el tiempo de reacostumbrarse en Francia… armar una querella de semejante importancia no se puede hacer rápidamente, decidimos que era el momento de presentarla“.

Precisó que en el derecho francés una denuncia penal de este tipo se presenta contra “X”, para que ”se identifique a los autores de esos 7 años y 2 meses que Florence Cassez pasó en la cárcel”, “a menudo en situaciones inhumanas, en contradicción con los grandes textos internacionales que México firmó”.

El pedido a la fiscalía francesa será transmitido a un juez de instrucción, quien “tiene que investigar por su cuenta con la policía francesa o mandando exhortos a la justicia mexicana y determina el grado de responsabilidad de cada uno“, apuntó la abogada.

Reconoció que aportará como documento “central”, para la investigación que se realizará, la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que en 2013 determinó la libertad de Cassez.

Todo esto, apuntó Thonon, es en busca de “una reivindicación o aspiración muy fuerte que Florence Cassez tenía desde hace muchos años”, para que se le reconozca como víctima de un montaje.

“Un montaje que pasó a ser un acto de acusación e influyó en la opinión pública, en los jueces y una buena parte del público en Francia”, refirió.

Sostuvo que se debe reconocer que la detención fue un montaje, ella, una víctima y, además, mostrar quiénes son los responsables.


Agregó que desconoce el tiempo que llevará la investigación; “en los tiempos de la justicia no puedo hacer un pronóstico”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Educación y democracia”

Miles de jóvenes en la calle dicen hoy que ellos quieren decidir su futuro académico, a quién quieren para dirigir al IPN. Es claro que los estudiantes quieren más participación e injerencia al interior del instituto.

A la memoria de Raúl Álvarez Garín

El “momento de México”, idea que impulsa profusamente el gobierno mexicano, se contrapone al “otro momento de México”, que se enterca, contradice y contrapone a la narrativa oficial.

No había terminado Enrique Peña Nieto de anunciar que México ayudará con los Cascos Azules a preservar la paz, cuando estallaron simultáneamente los casos Tlatlaya y Ayotzinapa.

Ese otro “momento” de México incluye un factor de expresión social que no se había registrado con tanta fuerza desde hacía mucho tiempo.

De nuevo, miles de jóvenes politécnicos salieron a las calles para exigir ser tomados en cuenta, luchar por su educación y defender el destino de una institución fundada por Lázaro Cárdenas y creada para poner “La Técnica al Servicio de la Patria”.

Han salido por miles porque sienten su futuro amenazado. Han visto en riesgo su única posibilidad de movilidad social y la esperanza que les ofrece haber accedido a sus estudios superiores. No quieren que se degrade, y con razón, su formación académica. No quieren que, silenciosamente, a partir de modificaciones en los planes de estudio y reglamento interno se termine por convertirlos en mano de obra barata y tecnificada al servicio de otros que sí serán ingenieros procedentes de otras universidades.

En el punto 9 de su pliego exigen que se den a conocer “… todas las formas de injerencia del sector privado en el IPN, tanto en los planes de estudio, programas de investigación y proyectos de colaboración, de manera que sea posible valorar la subordinación…” que podría tener el diseño educativo puesto al servicio no de la Patria y el interés general, sino de los intereses privados y trasnacionales, agregan. Quieren educación no degradada, pero también quieren democracia. No usan la palabra autonomía pero exigen un cambio en el régimen de gobierno en el Politécnico.

Piden la destitución de la actual directora, pero también la “democratización del proceso de elección de un nuevo director o directora del IPN por parte de la comunidad politécnica”.
Si este viernes el secretario de Gobernación anuncia que el punto 3 y el punto 6 -donde piden participación para decidir quién debe dirigir al Instituto, además de una democratización más amplia- son concedidos, se estará dando un paso sin retorno que cambiaría el actual estatus jurídico del IPN con enormes implicaciones.

El artículo 2o. de la Ley Orgánica señala que el IPN es un órgano desconcentrado del Estado dependiente de la SEP. El nombramiento de su director se decide verticalmente. No es la comunidad politécnica o una junta de notables -como en la UNAM- quien decide, sino el presidente de la República en turno.

Si miles de jóvenes en la calle dicen hoy que ellos quieren decidir a quién quieren para dirigir su institución y el gobierno, para atemperar el “tsunami” juvenil, acepta la exigencia, tendría que abrirse un debate amplio sobre una nueva Ley Orgánica y un estatus jurídico nuevo para el IPN.

Es claro que los estudiantes quieren más participación e injerencia al interior del Instituto. Quieren que se inicie un proceso “… de representación equitativa de estudiantes, docentes, trabajadores de apoyo y autoridades en cada uno de los consejos de cada una de las escuelas, centros y unidades y en el Consejo General Consultivo para la toma de decisiones”. Lo que los muchachos dicen es que quieren democracia.

Y como el “horno no está para bollos”, se da por hecho que se anunciará la renuncia de la directora, Yoloxóchitl Bustamante, a quien se le adjudicará la responsabilidad de llevar mal un proceso que derivó en un paro y en movilizaciones insólitas para el Politécnico.

Lo que no está claro es cómo se dará la sucesión. ¿Por el método que piden los manifestantes mediante un mecanismo que hoy no existe o por lo que actualmente dice el ordenamiento jurídico del Instituto? ¿Al próximo director o directora lo nombrará Peña Nieto y sus asesores o darán paso a un proceso democrático? No tienen mucho tiempo para decidirlo.

Ante el riesgo de que la movilización politécnica se fortalezca y extienda hacia otros sectores de la sociedad, es de esperarse que los 10 puntos tengan una respuesta inmediata, tal como lo prometió el secretario Osorio Chong. Sin embargo, el proceso apenas empieza dada la naturaleza de las exigencias.

Los muchachos politécnicos lograron la insólita escena del funcionario que baja a la calle, da la cara y promete respuesta pronta.

Le pusieron cascabel al gato. Le dijeron que quieren educación, pero también democracia. La cita es este viernes 3 a las 3. Como dijeron los muchachos. En Bucareli.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/REFORMA.
AUTOR: CARMEN ARISTEGUI

Organizaciones pedirán en Segob que Federación busque a normalistas desaparecidos

El gobierno de Guerrero confirmó que mil 800 servidores públicos recorrieron las ciudades de Iguala y Taxco, en donde tocaron puertas y solicitaron información relacionada con los 43 estudiantes desaparecidos desde la noche del viernes 26 de septiembre en el programa denominado "Hasta encontrarlos".

Un grupo de normalistas, representantes de organizaciones civiles y familiares de los desaparecidos tendrán una reunión con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, en la que le solicitarán que la federación asuma la búsqueda de los jóvenes, informó Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”.

Ayer, 2 de octubre, el gobierno de Guerrero confirmó que mil 800 servidores públicos recorrieron las ciudades de Iguala y Taxco, en donde tocaron puertas y solicitaron información relacionada con los 43 estudiantes desaparecidos desde la noche del viernes 26 de septiembre en el programa denominado “Hasta encontrarlos”.
Jesús Martínez Garnelo, secretario general de Gobierno en Guerrero, señaló que ayer, 2 de octubre, se realizaron 400 mil 300 visitas en colonias de ambos municipio.

Al respecto, en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Olivares señaló que la búsqueda casa por casa fue “una tomadura de pelo” en la que los burócratas sólo repartieron “volantitos”.

“Fue una tomadura de pelo porque no se está llevando a cabo con ningún protocolo. Se nota que el gobierno del estado no tiene una estrategia, no tiene nada, para poder dar con el paradero de los muchachos”, dijo.

Asimismo, dio a conocer que a la reunión programada con el subsecretario de Gobernación asistirán nueve padres de familia, tres estudiantes de la normal y tres integrantes de organizaciones civiles y de derechos humanos.


“A esta reunión se va con tres peticiones, la principal es que la federación asuma la búsqueda de estos muchachos porque en Guerrero el gobierno del estado tiene poco interés“, dijo.

Entrevista:



Ayer, 2 de octubre, alrededor de 20 mil personas, entre padres y madres de los normalistas desaparecidos, estudiantes, maestros, activistas sociales, sindicalizados y ciudadanos marcharon en Chilpancingo y bloquearon durante seis horas la Autopista del Sol para exigir la aparición con vida de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y castigo a los asesinos materiales e intelectuales de tres jóvenes, un niño, un chofer de autobús y una mujer en Iguala.


El 28 de septiembre se desarrolló el primer operativo de búsqueda de los desaparecidos, participaron 26 padres de familia y 86 alumnos de Ayotzinapa.

Suprema Corte determina que partidos políticos podrán criticar a sus opositores

Nueve de los ministros de la Suprema Corte votaron a favor del proyecto por el cual los partidos podrán criticar a sus adversarios sin que esto sea motivo de sanciones que antes incluía hasta el retiro del registro.

En las futuras contiendas electorales, los partidos podrán criticar o “denigrar” a sus adversarios e instituciones durante las campañas, lo que garantiza la libertad de expresión prevista en la Constitución.

Así lo aprobó este jueves 2 de octubre el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar la invalidez de un parte del artículo 69 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas que refiere como una obligación de los partidos políticos, “abstenerse en su propaganda política o electoral de cualquier expresión que denigre a las instituciones”.

El ministro Arturo Zaldívar explicó que, de acuerdo a la reforma constitucional de febrero pasado, dicho precepto sólo protege a las personas frente a la propaganda política o electoral que las calumnie, mas no así a “denigrar”. Además, “la prohibición no tiene cabida dentro de las limitaciones expresamente previstas en el artículo Sexto constitucional”, referente a la libertad de expresión.

Al sustentar su apoyo al proyecto, el ministro José Ramón Cossío consideró que “esto debe extenderse a calumniar a las personas. Me parece que se está generando de entrada un discurso prohibido, esto lo encuentro contrario al artículo 1° constitucional y al artículo 13 de la Convención”.

La sentencia de la corte indica que el ejercicio de la libertad de expresión “no sólo tiene una dimensión individual sino social, pues implica también un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno y apuntan a la necesidad de que las medidas restrictivas se sometan a un test estricto de proporcionalidad”.

El único voto en contra fue del ministro Alberto Pérez Dayán, quien descartó que la legislación de Chiapas atente contra el artículo Sexto, toda vez que “si el parámetro para definir su inconstitucionalidad es restringir la libertad de expresión, no puede entender que dentro del concepto “libertad de expresión” pueda admitirse denigrar a las instituciones”.

En cambio, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena argumentó que el término “denigrar” a las instituciones está comprendido dentro de la libertad de expresión y esta es una de las libertades más amplias que debe tener una sociedad que busca libertad de ideas y de discurso.

En un breve debate, nueve de los ministros votaron a favor del proyecto por el cual los partidos podrán criticar a sus adversarios sin que esto sea motivo de sanciones que antes incluía hasta el retiro del registro.

Multas por “denigrar”

La campaña emprendida por el Partido Acción Nacional en la contienda presidencial de 2006 en la que señalaba a Andrés Manuel López Obrador como “un peligro para México”, fue uno de los aspectos que provocó debates y reclamos entre los partidos y legisladores y que derivó en una reforma electoral en 2007.

Además de prohibir la contratación de publicidad en televisión y radio tanto por partidos como por particulares, los legisladores elevaron a rango constitucional en el artículo 41 la prohibición de utilizar expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos o que calumnien a las personas. Con ello se pretendía dejar atrás las campañas negras durante las contiendas.

Sin embargo, dicha prohibición redujo el margen de crítica entre los opositores durante una contienda electoral y trajo consigo multas a los partidos que, según juzgó la autoridad electoral, denigraban a terceros.

Un ejemplo de ello fue la multa por casi un millón y medio de pesos al PRD, PT, y Movimiento Ciudadano por la transmisión del spot “Miles de pruebas”, al considerar que denigró y difamó al Partido Revolucionario Institucional y su candidato Enrique Peña Nieto y a las tiendas Soriana durante la contienda presidencial de 2012.


En el spot de 20 segundos aparecen las tarjetas de la tienda Soriana mientras se escucha de fondo: “Vote por el PRI y le damos su tarjeta”. “Con la tarjeta Monex hay indicios de lavado de dinero”. Y mientras aparecían leyendas como “La presidencia de México no se compra”, una voz en off dice: “Hemos aportado miles de pruebas, suficientes para invalidar la elección. El destino de México no tiene precio”.



En la contienda por la gubernatura de Baja California en 2013, el IFE multó al PRI por casi 500 mil pesos por la difusión de un spot en el que se insinuaba que el candidato del PAN, Francisco ‘Kiko’ Vega había robado terrenos en el municipio de Tijuana cuando fue alcalde de dicha localidad.



“De una apreciación integral a los promocionales mencionados, puede colegirse que las expresiones e imágenes (…) son lesivas a la dignidad y honra del Partido Acción Nacional y de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, pues a través de las mismas se formula una imputación clara, inequívoca e indubitable al último de los mencionados respecto de la comisión de un delito (el de robo), situación que soslaya los límites de la libertad de expresión e información”, señalaron los consejeros electorales al aprobar la multa.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: Nayeli Roldán

Después del 68, se “normalizó” la violencia: Aziz

Alberto Aziz Nassif y Ricardo Raphael analizan la actual situación del país, tocando temas como el reciente movimiento en el IPN o el asesinato de 6 personas en Iguala.

Actualmente, hay una gran resonancia del 68 y el 2 de octubre, “yo me preguntaba ¿por qué no se olvida el 2 de octubre?, ¿por qué no está cerrado ese expediente?, ¿por qué no se ha terminado con una suerte de reparación del daño de lo que pasó con una impartición de justicia?, ¿por qué vivimos esta impunidad que se ha ido prolongando? No se hizo una comisión de la verdad se hizo una fiscalía que no sirvió de nada y no podemos tener como en Chile un Museo de la Memoria diciendo esta fue la dictadura y fueron 3500 y fracción de muertos, aquí son cientos y cientos de muertos y todos los días se acumulan, pues es que pasamos del 68 a la guerra sucia y de la guerra sucia a la guerra contra el narcotráfico y de ahí la normalización de la violencia”, señaló el profesor Alberto Aziz Nassif.

En entrevista para Aristegui CNN, Aziz -junto con el periodista Ricardo Raphael- hizo un análisis de la actual situación  de nuestro país; indicó que es muy sorprendente cómo termina la etapa de las reformas, el momento mexicano, México en el extranjero visto desde el extranjero como un modernizador y sin embargo la apreciación de su presidente es bajísimo, por lo que considera que hay un problema de legitimidad, la gente ya no cree porque no lo ve en concreto cómo se está resolviendo.

Además dijo que hay muchos temas importantes, graves, de seriedad como para que empiece un movimiento social, que empiece a crecer y se conecte con los demás y entonces se haga un escenario más difícil de solucionar.

Por su parte, Raphael expresó que hay una distinción que hace el economista Fausto Hernández, “hay un mexiquito y un mexicote”; mexiquito es un lugar donde viven casi dos de cada ocho mexicanos, que es el de las grandes urbes, el Interlomas, el de Puerta de Hierro de Guadalajara, este lugar que se parece a Miami, a Houston, lugar muy productivo, crece todos los años paga buenos salarios. Por otro lado hay “un mexicote”, donde viven ocho de cada 10 mexicanos que es donde está Guerrero, es donde está Chiapas, Ayotzinapa, donde está la pugna entre la guerrilla y el narcotráfico en Iguala, curiosamente los mexicanos tenemos que estar viviendo como “dos vidas”. 

Y además tenemos un presidente que va a Nueva York, se echa un discurso sobre el mexiquito y al mismo tiempo tenemos en Iguala el asesinato de 6 muchachos; es difícil intelectualmente y anímicamente, estar viviendo estos dos elementos, aseveró.

“Fechas como la del 2 de octubre siempre nos remiten a estos dos Méxicos, que por cierto no empezaron ayer, llevan mucho tiempo andando”, enfatizó el periodista.

¿Para qué la pluralidad partidista?, preguntó Raphael. Y expuso que después de la alternancia del PAN en el poder, “un partido distinto al PRI”, y tras el regreso del PRI, están las cosas como antes.

“Hay la sensación de que desde el 97 para acá no ha cambiado tanto”, agregó.

En cuanto al actual conflicto del Instituto Politécnico Nacional indicó que “van a obtener satisfacción en la mayoría de los puntos y donde pusieron la clave es en cambiar la forma de gobernabilidad del IPN, el tema es cómo se asumen las decisiones en el Poli y claramente el Poli no puede seguir siendo tratado como si fuera la dirección general de publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, es un órgano universitario, que requiere órganos colegiados, democráticos, donde las decisiones se van tomando de tal manera que se construyen consensos para evitar que alguien pueda imponer un reglamento y luego tenga que andar renunciando porque lo impuso”.


Por lo que “esperaría del presidente (EPN) es que tracen ruta para democratizar la vida del IPN, creo que se lo merecen estos muchachos”.

El montaje del Ejército

MÉXICO, D.F. (apro).- El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pasó a la historia como un experto en montajes para hacer propaganda de una aparente eficacia policial. Lo mismo ha ocurrido con el Ejército mexicano en Tlatlaya.

Poco a poco, el montaje de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la actuación del Ejército en ese municipio mexiquense ha quedado en evidencia. Lo que presentó como una acción legal y legítima se está revelando cada vez más como una ejecución sumaria.

El silencio que el gobierno de Peña Nieto mantuvo durante tres meses se rompió en mal momento para el Ejército, en pleno recordatorio por el 46 aniversario de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, en hechos que involucraron directamente al Ejército y al Estado Mayor Presidencial (EMP), la guardia castrense del presidente.

Por las implicaciones políticas y el costo en la imagen internacional que ha tenido la violación grave de derechos humanos en Tlatlaya, las investigaciones han sido encaminadas hacia tres “soldados indisciplinados” que cometieron el delito de homicidio por “uso excesivo de fuerza”.

Acorde con la opacidad con la que ha actuado, la administración federal no ha querido informar cuántas personas habrían sido asesinadas de esa manera. Los testimonios refieren 21 de los 22 fallecidos. Por más que el presidente diga que el Ejército esclarecerá lo ocurrido, hasta ahora lo que ha prevalecido es el encubrimiento, ocultando cuántos militares y de qué grado pueden estar implicados.

Al reducir los hechos a una “indisciplina militar”, se evita que las responsabilidades sigan en la cadena de mando propia de todo Ejército: desde el encargado del grupo que actuó hasta los comandantes de guarnición, zona y región militares, que obedecen al Alto Mando del Ejército representado por el titular de la Sedena, quien obedece a su vez al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República.

El propósito es evitar la responsabilidad institucional. Para asegurar, como dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante la Cámara de Diputados, el viernes 26 de septiembre, que se trató de “un hecho aislado” y no de una forma de actuar de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Tlatlaya es una muestra más de que los militares no están entrenados para las funciones de seguridad pública. Lo suyo es la defensa nacional, la seguridad interior en casos de amenaza a la integridad del Estado mexicano y, en consecuencia, actúan para abatir al enemigo.

En esos términos se refirió la Sedena el mismo día de los hechos en Tlatlaya, el 30 de junio pasado. Informó que un grupo de efectivos de la 22ª Zona Militar “abatió” a 22 “secuestradores” durante un enfrentamiento. Aseguró que los militares patrullaban hacia las cinco y media de la mañana cuando fueron atacados cerca del poblado Cuadrilla Nueva, en ese municipio.

Si así lo reportó en su parte de novedades el teniente a cargo de la patrulla militar, así lo informó la comandancia de la zona militar y así lo comunicó oficialmente la Sedena a la opinión pública.

Ya con el escándalo encima, el viernes 19 de septiembre la Sedena insistió en que se trató de “un incidente” en donde la patrulla militar “repelió” la agresión de los civiles.

Conforme ha tenido que dar explicaciones, ha dejado en claro que sus hombres no están hechos para lidiar con la población civil, aun tratándose de delincuentes.

Si “los soldados indisciplinados” dispararon contra los civiles cuando el enfrentamiento ya había cesado, y dispararon “sin justificación alguna”, como aseguró el martes el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, es evidente que por más cursos de derechos humanos que pregona la Sedena no se va a cambiar la mentalidad de los militares y que en lugar del “comando de voz” que se da para la deposición de las armas, los soldados prefieren disparar que averiguar.

Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Michoacán y Morelos, por mencionar algunos, han dado cuenta en años recientes de la repetición de “incidentes” similares.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Fusilamientos y desapariciones, la ingobernabilidad peñista

MÉXICO, D.F. (apro).- En cualquier gobierno, un muerto por violencia o un desaparecido por razones políticas o del narcotráfico debería de ser un escándalo y motivo de una campaña para exigir respuestas a las autoridades y la aplicación de la ley sin cortapisas. Sobre todo si se trata del fusilamiento de 22 personas y la desaparición de otras 57 en dos pueblos gobernados por el crimen organizado.

Hoy, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, la indolencia y la impunidad es la que impera. Al menos con Felipe Calderón la mayor parte de los medios llamaban la atención cuando ocurrían hechos de esta naturaleza y criticaban al gobierno panista por su incapacidad de gobernar.

Pero ahora con el priista mexiquense, recientemente premiado como el “estadista del año” por una organización de Estados Unidos, no hay reacciones de la magnitud de los hechos, a pesar de que se trata de actos que muestran visos de ingobernabilidad como el fusilamiento de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México; la desaparición de 58 estudiantes rurales en Iguala, Guerrero; la ejecución de seis más en Michoacán y en Chihuahua; el descubrimiento de una fosa clandestina con 32 cuerpos en Veracruz, o la muerte del diputado Gabriel Gómez Michel, inmolado junto con su chofer.

Ante la prensa domesticada por la publicidad y los intereses políticos, Peña Nieto ha dicho que los niveles de violencia y de muertes relacionadas con el crimen organizado han disminuido, pero los últimos hechos demuestran todo lo contrario. Y el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó como un hecho aislado la matanza en Tlatlaya, Estado de México. Pero todo esto es completamente falso.

El sistema político mexicano fue diseñado para ser presidencialista. Durante los 12 años de administración panista, esta forma de gobierno no cambió, aunque con la derrota del PRI los gobernadores se convirtieron en virreyes y así siguen operando hasta ahora, con toda impunidad y complicidad del solaz comportamiento de Peña Nieto, inmerso en su narcisismo de mirarse únicamente en el espejo de las reformas constitucionales sin percatarse de la violencia que se sigue expresando en todo el país, poniendo en duda la gobernabilidad.

No hay uno solo de los gobernadores que no tenga una mancha negra en su expediente de gobernabilidad, y en muchos de ellos esa marca es un sello de corrupción y de negocios ilegales con el crimen organizado, como sucedió con Fausto Vallejo en Michoacán.

Ese es el estado donde Peña Nieto ha puesto más interés para combatir al crimen organizado, debido a las llamadas de atención de grupos empresariales extranjeros y del mismo gobierno de Estados Unidos, que puso una alerta al mencionar que se estaba formando un gobierno narcotraficante.

Pero además de Michoacán, otros estados donde quien gobierna es el grupo criminal de la zona son: Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Morelos. Chihuahua, Nuevo León y Coahuila.

No obstante, el fracaso de Michoacán ha traído más violencia en el mismo estado y en los colindantes, Guerrero, Estado de México y Morelos, que ha crecido debido a la indolencia y la impunidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, sobre todo el federal, que constitucionalmente está obligado a combatir delitos federales como el narcotráfico y sus consecuencias: muertes, desapariciones, secuestros y extorsiones que sufren los habitantes de cada entidad.

Las acciones aparatosas de la detención de Joaquín El Chapo Guzmán o la muerte de Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, o de Nazario Moreno, El Chayo, no ha variado en lo mínimo la geografía de poder del crimen organizado en México, comprobando la afirmación de que nada vale cortar las cabezas de las bandas criminales porque saldrán otras nuevas.

Peña Nieto no ha sido capaz de ir a la raíz del problema que está en la parte política, en los gobernadores, legisladores, funcionarios públicos, militares, banqueros e inversionistas involucrados en las bandas criminales de manera directa o como lavadores de dinero.

Y mientras el Ejecutivo priista sigue vendiendo su imagen de triunfador y reformador de México, pueblos, comunidades y ciudades enteras continúan sufriendo el reino de terror impuesto por el crimen organizado, que sigue y seguirá creciendo en un terreno abonado por la corrupción y la impunidad del gobierno en turno.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

Los políticos “estamos indefensos ante el narco”: líder del PAN en San Lázaro

MÉXICO, D.F. (apro).- Después de difundirse la fotografía en la que aparecen el empresario Germán Goyeneche Ortega, presunto operador financiero del capo Héctor Beltrán Leyva, y el diputado federal del PAN, Ricardo Villarreal García, el coordinador de los legisladores panistas, Isabel Trejo, sostuvo que “la criminalidad tiene un altísimo poder corruptor y penetrador de las instituciones públicas… y quienes andamos en cargos estamos indefensos”.

“Creo que todos los que estamos en la vida pública y andamos en cargos, como el del diputado federal, y que somos candidatos, estamos expuestos a que mucha gente esté en los eventos, acuda; es difícil que uno pueda a saber cuántas personas tienen una intención clara y cuántas personas no la tienen, y realmente uno está indefenso ante el ascenso o el acercamiento de personas que uno no conoce”, justificó Trejo luego de que el propio Villarreal aclarara que se trató de un acto público, y de ninguna manera un “encuentro privado” entre él y el operador de El H.

Isabel Trejo también dijo que Ricardo Villarreal explicará a su partido de forma “más detallada” el evento en el que participó y al que asistió el operador de “El H’.

“Ahí uno tiene que ser cuidadoso porque siempre está uno sujeto a presiones y a personas de todo tipo, que no conoce uno, y uno siempre actúa de buena fe. Sin embargo, cuando se entra a un cuadro y a un contexto de esta naturaleza, la autoridad es la que tiene que coadyuvar a conocer la verdad y las intenciones de estas personas”, añadió.

Isabel Trejo sustituyó en la coordinación del PAN a Luis Alberto Villarreal García (hermano de Ricardo) luego de que el segundo asistió a una fiesta en Puerto Vallarta, Jalisco, organizada por otro personaje vinculado al narco, Edelmiro Sánchez Hernández, encerrona a la que también asistió el actual líder de los panistas en San Lázaro.

Según el diario Reporte Índigo, medio que reveló la fiesta motivo del escándalo, Edelmiro Sánchez fue detenido por narcotráfico en 2004 e involucrado en el homicidio del panista Hernán Belden, perpetrado en 2012 en Nuevo León.

Del evento en el que participó Ricardo Villarreal García, el coordinador panista comentó: “Yo digo una cosa y la sostengo, la criminalidad tiene un altísimo poder corruptor y penetrador de las instituciones públicas, pero también de las vidas privadas y de las empresas, de la sociedad en su conjunto. Sus representantes son altamente corruptores y poderosos”.

Entonces, agregó, “muchos ciudadanos, políticos y empresarios, quedamos indefensos ante su iniciativa, porque no sabemos qué es lo que realmente tienen”.

Luego ejemplificó con el caso del perredista José Luis Abarca, alcalde de Iguala, Guerrero, quien solicitó licencia y ya se le investiga por presuntos vínculos con el crimen organizado:

“Si el alcalde de Iguala también está siendo sometido presuntamente por la delincuencia y lo obligan a usted, con plata o con plomo, a incursionar, entonces sería muy injusto hacer un señalamiento a la acusación (de que está involucrado en el narcotráfico). Hay que ser muy cuidadoso, pero para eso están las instancias judiciales. Uno no puede investigar por sí mismo”, atajó.

A su vez, el diputado Ricardo Villarreal rechazó ser amigo de Germán Goyeneche, aunque sí aceptó que lo conoce, “como a todo empresario que invierte en San Miguel de Allende”, Guanajuato.

No obstante, dijo estar dispuesto a declarar antes las autoridades, pues el panista insistió en que la foto donde se le captó con el operador de El H se trató de une acto público.

El diputado del PAN detalló que la fotografía fue tomada el pasado lunes, y que él mismo la subió a su cuenta de Facebook, pues se trató de un evento de cámaras empresariales al que fue invitado como orador principal.

“Fue el pasado lunes a las siete de la noche. No era una reunión secreta sino un evento público con cerca de 80 empresarios del municipio”, abundó.

También destacó que el acto fue organizado por el Consejo Empresarial de San Miguel de Allende, “donde estaban distintos colegios, cámaras, empresarios, sobre todo de la construcción, y dueños de desarrollo inmobiliarios”.

Luego comentó que el empresario y también operador financiero de Héctor Beltrán Leyva es conocido tanto en San Miguel de Allende como en Querétaro.

“Es una persona que todo mundo conoce como un empresario, y si él tiene vínculos con Beltrán Leyva, pues será un tema que tendrá que decir ante la PGR”, reconoció Ricardo Villarreal.

Además dijo que Germán Goyeneche es “propietario o socio” del club hípico en San Miguel de Allende, que se llama Otomí; “de hecho, el club fue inaugurado por el presidente municipal Mauricio Trejo hace algunos meses, sobre todo porque hacen eventos ecuestres muy importantes a los que va gente de todo el país”.

Más aún, el diputado panista admitió que “lo conozco, como a muchos empresarios, pero no tengo una amistad con él en lo personal”.

Por cierto, el alcalde Mauricio Trejo llegó al cargo bajo las siglas de PRI y PVEM.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Regresa la luz a todo Baja California Sur, tras el paso de ‘Odile’

Quedaron dañados 108 circuitos y mil 353 transformadores, por el huracán; así como 7 mil 963 postes de distribución eléctrica.

A la fecha, la Comisión Federal de Electricidad ha logrado restablecer el suministro de energía eléctrica a la totalidad de los usuarios en la zona norte del estado y la zona de La Paz, así como a todos los usuarios en la zona de Los Cabos.

En un comunicado, la empresa detalló que de los 108 circuitos y los mil 353 transformadores dañados por el huracán Odile, se ha restablecido el ciento por ciento; de los siete mil 963 postes de distribución eléctrica dañados, se ha restablecido 99 por ciento, es decir, siete mil 921.

Asimismo, de las 534 estructuras de transmisión afectadas, 152 ya han sido recuperadas, es decir, 28 por ciento, aunque en esta materia el avance reclama trabajos que, por su complejidad, llevará alrededor de tres meses.

Expuso que el suministro de energía eléctrica ha sido restablecido en su totalidad y de existir problemas locales en el servicio debidos a fallas en las conexiones particulares en hogares o comercios, cortos circuitos o daños adicionales a la infraestructura eléctrica, estará en condiciones de brindar la mejor atención a sus usuarios.

La CFE subraya que los daños provocados por Odile fueron mayores a los causados por Wilma en el estado de Quintana Roo en 2005, así como las afectaciones ocasionadas en 2013 por los dos ciclones que se presentaron ese año: Manuel, en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Sinaloa, e Ingrid, que impactó en Veracruz e Hidalgo.

Las afectaciones a la infraestructura eléctrica por el huracán Odile fueron también más severas que las ocasionadas por el meteoro Isidore en 2002, que impactó en el estado de Yucatán.

La empresa señaló que para lograr el oportuno restablecimiento de la energía se estableció un plan técnico de trabajo diseñado por ingenieros e implementado por los trabajadores de la CFE, al dividir al estado en tres zonas.

La zona norte que comprendía los municipios de Constitución, Loreto, Santa Rosalía, Guerrero Negro, Comondú y Mulegé; la zona de La Paz, que abarcaba a La Paz y a Todos Santos, y la zona de Los Cabos que incluía a San José del Cabo y Cabo San Lucas.

con el apoyo de las secretarías de Gobernación (Segob), de Defensa Nacional (Sedena), de Marina-Armada de México (Semar), de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como la Policía Federal y la Gendarmería, se llevó a las zonas afectadas los trabajadores, vehículos y plantas de emergencia necesarias para el restablecimiento.

La CFE precisó que en las últimas semanas movilizó a cinco mil 664 trabajadores que, sumados a los 525 de la División Baja California, alcanzaron una fuerza laboral de seis mil 189 trabajadores.

Además se trasladaron dos mil 48 vehículos, que de igual manera sumados a los 173 de la División Baja California, dieron un total de dos mil 221 automotores especializados.

De todas sus divisiones, se transportaron 417 plantas de emergencia, y sumadas a las 34 correspondientes a la División Baja California, totalizaron 451 plantas con capacidades de generación de entre cuatro y 500 kilowatts.

Con dichas plantas de emergencia se pudo dar atención desde un inicio a los servicios de hospitales, albergues y plantas potabilizadoras de agua a colonias populares, avenidas, comercios y hoteles.

En el comunicado, la CFE reconoció que toda esta labor institucional fue posible gracias a la coordinación puntual y efectiva de la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, y agradeció la labor comprometida de sus trabajadores.

Además el trabajo eficaz de Petróleos Mexicanos (Pemex) por la manera oportuna en que envió el combustible necesario para las plantas de emergencia.


También agradeció a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a las secretarías de Salud (SSA) y de Economía (SE), por la coordinación para dar atención prioritaria a servicios básicos de agua, salud y desarrollo económico.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Piden familiares de normalistas desaparecidos reunión con Osorio Chong

Miles de estudiantes, maestros, campesinos y padres de familia de Guerrero marcharon por las calles de Chilpancingo durante cuatro horas para exigir la presentación con vida de 43 normalistas de Ayotzinapa.

México, DF. Un grupo de padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, reportados como desaparecidos, se encuentra en la Secretaría de Gobernación (SG) para solicitar la intervención de esta dependencia para la localización de sus familiares.

El caso de los normalistas sigue aún en manos del gobierno estatal, mientras que la fuerzas federales están en calidad de coadyuvantes en la investigación.

Los familiares de los desaparecidos solicitan hablar directamente con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien a su vez alista el encuentro, a las tres de la tarde, con los estudiantes del IPN.

María Inés Abraham Gaspar, tía de uno de los normalistas desaparecidos (Adán Abraham de la Cruz), dijo que los policías de Iguala se llevaron a los muchachos; sin embargo, los uniformados "se están lavando las manos, dicen que no los tienen".

"Unos jóvenes vieron cómo se llevaron a otros jóvenes en patrullas. Hay testigos, videos de eso, por eso sabemos que ellos los tienen.

"No sabemos si ellos están con vida o ya están muertos. No sabemos. Queremos que nos ayuden a encontrarlos; que los medios de comunicación y policías nos ayuden a encontrarlos".


"No sabemos en qué estado estén, si ya comieron, si están golpeados y por eso no los quieren presentar; han hecho recorridos. Unos papás nos comentaron, de los que llevaron a hacer la búsqueda, que los llevaron rápido, que parece que les urgía hacerlo rápido", comentó la señora, antes de ingresar a las oficinas centrales de Gobernación.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.

Persiste violencia en el país a 46 años del 68, lamenta AMLO

MÉXICO, D.F. (apro).- “¡Dos de octubre no se olvida!”, expresó el líder del partido político Morena, Andrés Manuel López Obrador, desde Puerto Peñasco, Sonora, al conmemorarse el 46 aniversario de la masacre de estudiantes en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en 1968.

Sin embargo, el tabasqueño lamentó que, pese al paso de los años, sigue imperando la violencia en México; además, recordó el asesinato de jóvenes normalistas en Iguala, Guerrero.

Asimismo, criticó la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que significará vaciar del erario unos 170 mil millones de pesos.

El excandidato presidencial detalló que en la primera etapa del nuevo AICM, que concluirá en 2017, se cerrará el actual aeropuerto por “saturación” de tráfico, y con ello se van a tirar por la borda miles de millones de pesos, acto que calificó de “absurdo e irracional”.

“No les importa nada, lo que quieren es tener año con año presupuesto para rellenar terrenos, para obras hidráulicas y, con el pretexto del nuevo aeropuerto, robarse la mitad o más del presupuesto destinado a esa obra, eso es Enrique Peña, son unos voraces, y el país ya no aguanta todo eso”, acusó.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: ROSALÍA VERGARA

Liberan en Puebla a activista opositor al libramiento Arco Poniente

ATLIXCO, Pue. (apro).- “Sigo en pie de lucha”, aseguró con el puño en alto el líder campesino Abraham Cordero, al abandonar esta tarde el penal de Atlixco, donde permaneció durante casi seis meses por oponerse a la construcción de Libramiento Arco Poniente y al gasoducto Morelos.

El dirigente del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada salió libre luego de obtener un amparo que redujo su fianza a 57 mil pesos y después de que el MP había pedido que se le negara el derecho de caución al catalogarlo como una persona “peligrosa” para la sociedad.

–¿Un mensaje para el gobernador Rafael Moreno Valle? –inquirieron reporteros al activista cuando éste salía del reclusorio.

“Al gobierno del estado (quiero) decirle con mucho respeto que la represión y el autoritarismo no son el camino, que se tiene que abrir a un diálogo con respeto, apertura y mucha seriedad”, respondió.

–¿Vas a seguir en la lucha?

–Definitivamente sí, pero también me voy a reunir con todos nuestros compañeros, vamos a hacer un recorrido pueblo por pueblo como estamos acostumbrados, y ahí vamos a redefinir nuestra postura, que será la de todos ellos –puntualizó.

Cordero también dijo no sentir algún temor de volver a ser encarcelado por continuar con su activismo en las luchas sociales.

“Cuando uno sabe perfectamente que no ha cometido un agravio a la sociedad, a algún ciudadano o al mismo gobierno, no tenemos por qué temer”, expresó.

Enseguida agregó que tras su liberación, habrá ahora de pugnar por la libertad del también activista Juan Carlos Flores Solís y por las otras 30 personas que se encuentran en prisión en Puebla por haber participado en manifestaciones o protestas sociales contra diferentes proyectos.

“Las luchas sociales no han terminado”, expresó, pues “en México hay mucho que resolver socialmente; tanto el gobierno federal como el estatal tienen que poner atención en resolver los problemas sociales del país, se tienen que abrir a un diálogo donde se vaya resolviendo la problemática de un sinfín de organizaciones sociales que hoy se han dado a la tarea de movilizarse”.

Además de participar en la lucha contra el gasoducto Morelos, que ya ahora está en proceso de instalación en la zona de riesgo del volcán Popocatépetl, Cordero encabezó el movimiento contra el libramiento Arco Poniente, que implicaría la desaparición de áreas de cultivo de hortalizas, actividad de la cual depende la economía de miles de campesinos de la región de Texmelucan.

Apenas el 19 de septiembre, Cordero envió una carta a los poblanos en la que estableció:
“Se me imputan acciones que nunca cometí y la realidad por la cual me encarcelaron injustamente es por no compartir y disentir la forma de gobernar de Moreno Valle; destaco que el único delito que he cometido es defenderme de la intención del gobernador de obligarme y obligar a miles de campesinos a entregar nuestras tierras para la construcción de la autopista Arco Poniente”.

Al dejar el penal, el activista agradeció a las organizaciones y personas que pugnaron por su libertad que, al coincidir con la fecha del 2 de octubre, su excarcelación fue una “bendición”.

También dijo que su salud estaba bien y que tuvo un trato normal dentro del penal de Atlixco, donde compartía celda con otras seis personas.

El dirigente campesino fue encarcelado desde el 8 de abril, cuando fue acusado de privar de su libertad a tres empleados del Banco Estatal de Tierra.

Aunque desde un principio los cargos que se le imputaban no eran considerados graves y ameritaban su libertad bajo fianza, el juzgado le negó el beneficio al atender la solicitud del Ministerio Público, que consideró a Cordero como una “persona peligrosa” por movilizar a campesinos.

Unos días antes de su detención, igual fueron ejecutadas órdenes de aprehensión en contra de Juan Carlos Flores Solís y Enedina Rosas Vélez, otros activistas de Puebla que participaban en la lucha contra el gasoducto Morelos.

Enedina Rosas logra prisión domiciliaria

Desde la noche del miércoles y cuando faltaban sólo dos horas para vencer el plazo legal, el juzgado otorgó a la campesina Enedina Rosas Vélez la prisión domiciliaria, en atención al deterioro que sufrió su salud por los casi seis meses que ha pasado recluida en el penal de Atlixco por oponerse al Gasoducto Morelos.

“La unión hace la fuerza”, fue el mensaje que la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan envió a sus compañeros de lucha, a través de su hija Lucina Quintero.

En tanto que Mario Vélez, representante de la Unión Campesina Democrática, dejó en claro que el arraigo domiciliario de Rosas no es una concesión del juzgado ni del gobierno estatal, sino un triunfo de la “verdad” y de las organizaciones sociales.

“Hoy triunfó la verdad y todos aquellos que sin conocer a Enedina se solidarizaron y exigieron su libertad. Ella es inocente, el gobierno del estado no podrá nunca probar su culpabilidad, ni la de Abraham ni de Juan Carlos, presos también por oponerse al megaproyecto del Gasoducto Morelos”, aseguró.

Lucina Quintero dijo que su madre podrá ahora recuperarse de su delicado estado de salud en su casa, luego de que en los meses que estuvo en prisión fue diagnosticada con EPCO (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

Además, mencionó que alrededor de las nueve de la noche fue notificada de que una ambulancia trasladaría a su madre, de 65 años, del hospital a su casa para que continúe ahí su proceso legal, sin tener derecho a visitas y sin poder aproximarse a puertas o ventanas.

Desde el 6 de abril, Rosas Vélez fue encarcelada por el supuesto robo de dos celulares con violencia en contra de José Alí Reyes Méndez, empleado de la empresa italiana Bonatti, encargada de la construcción del gasoducto, lo que sólo se sostiene con el testimonio de siete trabajadores de la CFE y la empresa, quienes no han sido localizados para que acudan a declarar.

El abogado Óscar Martín Rojas Mendoza dijo que pese a que los testimonios en contra de Rosas carecen de valor luego de que sus acusadores quedaron en evidencia de haber mentido, la liberación de cargos se ha obstaculizado porque los juzgados han retardado la entrega de documentación que demuestra esas irregularidades.

Pese a ello, dijo que en los próximos días podrían estar en condiciones de pedir la liberación de Rosas por desvanecimiento de pruebas, luego de que las personas que la acusan parecieran ser “fantasmas”, pues después de seis meses ya no han sido localizadas.

El dirigente del Movimiento por la Alternativa Social (MAS), Marcos Mazatle, consideró que esta medida a favor de Enedina “no obedece a la sensibilidad del gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle”.

El MAS confirmó que el sábado 4 iniciarán una “cadena de ayunos” frente al Zócalo capitalino para exigir la libertad absoluta de ciudadanos que han sido apresados por participar en manifestaciones o hacer evidentes sus protestas contra la presente administración.

Mazatle precisó que en esta jornada de protesta además evidenciarán la violencia social y política contra las mujeres, pues de los más de 35 presos de conciencia, 25% son amas de casa, campesinas o representantes de comisarías ejidales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ

Cárteles codician San Pedro

Con la detención de “El H”, este miércoles en Guanajuato, la organización criminal que controla San Pedro recibe otro duro golpe a sus cadenas de mando y se vuelve vulnerable a la invasión de otros grupos.

El Municipio de San Pedro es una plaza muy codiciada para los cárteles de la droga, por su vida nocturna y porque la organización que dominaba la plaza es una de las más golpeadas por la detención o muerte de sus cadenas de mando.

La última es la de Héctor Beltrán Leyva “El H”, detenido este miércoles en Guanajuato.

Los golpes a esa organización son la aprehensión de Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”, la muerte de su hermano Arturo, “El Barbas” o “El Jefe de Jefes”, y esta detención “El H”.

Y a nivel local, en San Pedro, las cadenas de mando de gente que trabajaba para esa organización criminal también fueron golpeadas.

Como la muerte de Héctor “El Negro” Saldaña y la detención de Héctor Huerta Ríos alias “La Burra”.

Esta disminución del grupo que controla el municipio, así como la venta de droga de alta calidad alrededor de sus antros, es un botín para cualquier otra organización criminal.

Y una invasión de otros cárteles es una disputa armada en potencia dentro de San Pedro.

Abre el municipio a la codicia de otros cárteles

Cualquier operación de otras organizaciones de la droga para entrar a San Pedro es posible, porque como lo señala el mismo exacalde Mauricio Fernández, es una zona “neutra” .

Fuentes federales consultadas por Reporte Indigo, proproporcionaron información de inteligencia sobre las células integradas por jóvenes originarios de Sinaloa que llegaron en los últimos meses a San Pedro, y que buscan aprovechar la “neutralidad” en la que está el municipio, luego de todos los golpes contra Los Beltrán Leyva.

Pero no sólo estos jóvenes sinaloenses podrían iniciar operaciones, sino grupos como El Cártel del Golfo y los mismos Zetas, quienes siempre han buscando ingresar a San Pedro para realizar sus operaciones de narcomenudeo.

Incluso, información de inteligencia militar obtenida por Reporte Indigo, indica que en los momentos de inseguridad más difíciles que vivió Nuevo León, la disputa por la plaza de San Pedro fue un intento de Los Zetas.

Pero éstos acordaron con Héctor Huerta Ríos “La Burra”, controlar el área metropolitana de Monterrey, a cambio de dejarle a Los Beltrán Leyva la operación de San Pedro. 

Según el informe militar, ingresar al municipio más próspero de México, representaría una fachada perfecta para los líderes del Cártel del Golfo y de Los Zetas.

El Cártel de Los Beltrán Leyva tiene presencia en San Pedro desde 1990, esto cuando Arturo Beltrán Leyva “El Barbas” era considerado jefe de plaza de este municipio, donde además  vivía Édgar Valdés Villarreal “La Barbie”.

Incluso, Arturo, se habría refugiado en en San Pedro cuando era buscado por el Ejército Mexicano.

Con la captura de Héctor Beltrán Leyva “El H”, este miércoles, esa organización recibe otro duro golpe a sus cadenas de mando.

Un operativo del Ejército Mexicano en la Colonia Del Valle, en el 2009, logró la captura de Héctor Huerta Ríos “La Burra”, señalado por autoridades castrenses como operador de Los Beltrán Leyva en San Pedro.

Tras su captura, este grupo quedó bajo el liderazgo de Héctor “El Negro” Saldaña, quien fue captado por una cámara de seguridad llegando en un Ferrari a un tienda en San Pedro. 

Éste fue ejecutado en la Ciudad de México el día de la toma de protesta, como alcalde, de Mauricio Fernández.

Todavía no se daba la noticia de la muerte de  “El Negro” Saldaña y Fernández lo anunció públicamente en su toma de protesta.

Por esto, el entonces alcalde fue llamado a declarar a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), en Nuevo León.

Otro factor que vuelve a San Pedro una plaza codiciada es la desintegración del polémico “Grupo Rudo” que fundó precisamente el exalcalde Mauricio Fernández.

Y es que, una Corte de Distrito de Texas, inició el proceso en el que las autoridades de los Estados Unidos acusan por el delito de asesinato a uno de los integrantes de ese polémico Grupo Rudo.

Se trata de Jesús Gerardo Ledezma Cepeda, acusado en el estado de Texas por haber participado en la ejecución de Juan Guerrero Chapa, exabogado del narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo que actualmente está recluido en prisión en Estados Unidos.

Ledezma fue detenido por los Marshalls del FBI en la ciudad de McAllen, junto con su hijo Jesús Ledezma Campano, cuando ingresaban a Estados Unidos por el Puente Anzaldúas.

Su hijo, Ledezma Campano, se desempeñó como efectivo de la Policía de San Pedro, de acuerdo a la nómina municipal.

Jesús Ledezma Cepeda, alias “Chuy” o “Juan Ramos”, formaba parte del Grupo Rudo sampetrino investigado por la Secretaría de Marina por sus vínculos con Los Beltrán Leyva.

Mauricio Fernández: ‘Es zona neutra’

Asegura exalcalde que la captura de Héctor Beltrán Leyva “El H” no tendrá repercusiones en San Pedro, aunque dice es “zona neutra”.

En este municipio el Cártel de Los Beltrán Leyva tiene presencia desde 1990, cuando Arturo “El Barbas” era considerado jefe de la plaza. 

“San Pedro está en una visión que yo le llamo neutra, entonces no hay ningún cártel que esté operando (aquí). Tiene ya muchos años con esta visión neutra” asegura el exedil.

“No creo que tenga alguna repercusión para el Municipio en lo absoluto”.

El exedil dice que no ve algún conflicto de intereses entre cárteles de la droga.

“No creo que tenga ninguna consecuencia”.

Autoridades federales dieron a conocer la detención de Héctor Beltrán Leyva, “El H”, en San Miguel de Allende, en Guanajuato. 

La organización de Los Beltrán Leyva opera principalmente en Sinaloa, Morelos, Edomex, Guerrero.


El exalcalde sampetrino recordó que en materia de seguridad, San Pedro se mantiene entre los mejores del mundo.

“Puede estar viviendo familiares (de los capos), y no me extrañaría que estuvieran viviendo hijos y mamás, pero eso no es ningún delito que se les persigue. 

“Y como es un municipio muy seguro, pues es muy atractivo para mucha gente vivir aquí”,dice Fernández.

Y asegurea que esos capos preocupan en todo México, pero no en San Pedro.


“Son personas que preocupa a nivel nacional, pero que tengan un repercusión en San Pedro no la veo, como tampoco la veo cuando fue la captura de “El Chapo”, ni por alguien más, está muy tranquilo”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.