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Osorio Chong dialoga con estudiantes, pero desdeña a madres de Juárez

MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Mientras el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, respondía a las demandas de los estudiantes del IPN, desdeñó a madres de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, pese llevar 11 días en plantón y huelga de hambre.

Esta tarde, atrás del templete donde el priista se dirigía a los jóvenes y cercadas por una valla de seguridad, estaban Berta Alicia García, Malú García Andrade y Silvia Banda Pedroza, integrantes de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Esperaban hablar con el funcionario federal para entregarle, como los estudiantes, su pliego petitorio.

Este jueves las mujeres chihuahuenses fueron citadas por funcionarios de la Segob –de quienes omitieron sus nombres– a las dos de la tarde en las oficinas alternas de la dependencia ubicadas en el Paseo de la Reforma. Sin embargo, nadie las recibió.

Sin perder la esperanza, se trasladaron a la sede de la avenida Bucareli, donde se encontraron con el contingente politécnico que esperaba la respuesta del titular de Gobernación a sus demandas.

Al terminar la reunión con los politécnicos, Osorio Chong bajó del templete y cruzó la valla que separaba a la multitud de las madres de Ciudad Juárez.

Berta Alicia sacó las pocas fuerzas que le quedan –ha tenido que ser asistida por paramédicos debido al deterioro de su salud por el prolongado ayuno— y corrió entre los la multitud de jóvenes y reporteros para alcanzar al funcionario. No obstante, elementos de seguridad que acompañaban a éste impidieron que se le acercara.

Así se desvaneció la oportunidad de pedir al segundo hombre más importante del Poder Ejecutivo que se sumara a los compromisos que hace un año la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República hizo con ellas para crear una base nacional de datos de personas desaparecidas, un banco genético, la contratación de peritos argentinos para la identificación de cuerpos y dar apoyos para las familias de las víctimas.

El pasado 23 de septiembre, Berta Alicia García –cuya hija fue desaparecida y asesinada en 2006 en Ciudad Juárez–, junto con Malú García Andrade y Silvia Banda Pedroza instalaron un plantón afuera de la residencia oficial de Los Pinos e iniciaron una huelga de hambre para exigir que autoridades federales cumplieran con los acuerdos signados en 2013 en demanda de justicia por los casos de feminicidio en la urbe fronteriza.

Ante la indiferencia del presidente Enrique Peña Nieto, las mujeres llevaron su protesta a las inmediaciones de la Segob el pasado 1 de octubre. Quisieron aprovechar la “voluntad” de Osorio Chong con los estudiantes politécnicos para ver si a ellas también las atendía, pero no fue así.

Entonces lamentaron que el funcionario priista sólo atienda llamados “cuando se trata de miles de personas” y no de tres madres que viajaron desde Chihuahua en representación de todas las víctimas de feminicidio en la entidad y en el país, y que llevan 11 días en huelga de hambre.

Recordaron que el pasado 1 de octubre, la titular del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta, y el de la Unidad de Derechos Humanos, Víctor Manuel Serrato Lozano –ambas instancias de la Segob–, prometieron iniciar el jueves 2 de octubre mesas de negociación para que hoy pudieran levantar el plantón, pero incumplieron lo pactado.

No obstante, advirtieron que a pesar de los múltiples engaños e indiferencia que padecen, continuarán en huelga de hambre hasta que las autoridades federales se comprometan a cumplir cada una de las 10 demandas que conforman su pliego petitorio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO

#SOSIguala La criminalización de los normalistas rurales

Una de las características más llamativas de la historia de las normales rurales es el aire esperanzador con que sus alumnos describen su estancia allí. La posibilidad de estudiar, vivir en colectivo, las excursiones, encuentros deportivos y culturales, y la explicación que su estudio y activismo da al por qué de la pobreza, hacen de estas instituciones experiencias de vida formativas. Las normales rurales son el camino hacia una profesión digna y, a veces, otorgan, despiertan y cultivan el derecho a soñar.

Desde el poder, se pinta otra historia: una en la cual las normales rurales son reliquias del pasado, centros de agitación y espacios de ocio juvenil. Las demandas que hacen los alumnos para el mejoramiento estructural de las normales son vistas con agrio desprecio. ¿Con qué derecho estos chavos plebe se atreven a exigir un lugar privilegiado en el país?, es la implícita pregunta de la mayoría de los medios masivos cuya visión hace eco de los que detentan el poder.

Los conflictos en las normales rurales aparecen así con un enfoque en los métodos y las acciones de protesta, como si éstos fueran meros caprichos o un afán por obstruir el orden. Se borran la lógica y la necesidad de las acciones de lucha; se pasan por alto los ideales y el legado histórico que los normalistas defienden. Así tiene que ser. Abarcar contexto, ondear en la correlación de fuerzas entre jóvenes normalistas y el estado o problematizar de una forma honesta la falta de oportunidades educativas, obligaría a una seria reflexión del presente y el futuro de un país donde, cada vez más, ser joven, de extracción pobre, es ser un criminal.

Lo que han hecho continuamente los estudiantes de las normales rurales, y lo que hacían los normalistas de Aytozinapa el pasado 26 de septiembre, es defender con empeño un derecho histórico. Que el saldo de estas acciones sea seis muertos, uno de ellos vilmente torturado, y hasta el momento 43 desaparecidos, evidencia los resultados de un discurso que lleva años criminalizando a los jóvenes de estas escuelas.

La agresión oficial ante estas instituciones educativas no es nada nuevo. Desde la presidencia de Manuel Ávila Camacho fueron abandonadas y sobrevivieron gracias a las movilizaciones de sus alumnos. Las autoridades muchas veces se vieron obligadas a negociar con ellos, a otorgar algunas concesiones. Pero había también represalias: los alumnos eran expulsados, se les cerraba el comedor o se les cortaba la luz y el agua; a muchos les retiraban las becas. En 1969 el presidente Gustavo Díaz Ordaz, cuya paranoia lo hacía ver como enemigos a los jóvenes, clausuró 15 de las 29 normales rurales.

La caracterización que se les hizo como nidos comunistas, kínderes bolcheviques y semilleros de guerrilla perduró. Habría que recordar las declaraciones de Elba Esther Gordillo en agosto de 2010 sobre la necesidad de cerrar estas escuelas: No se olviden que las normales rurales han sido semilleros de guerrilleros, si no hacemos esto van a seguir con lo mismo. Poco antes había propuesto que las normales rurales se convirtieran en instituciones que formaran técnicos de turismo, una lógica neoliberal que concibe de México como un centro vacacional donde los que antes impartían conocimiento ahora servirían a turistas extranjeros.

Pero deshacerse del legado revolucionario e implementar un proyecto neoliberal ha sido ante todo un proceso violento: la represión a los ferrocarrileros, petroleros y electricistas a mediados del siglo XX, la histórica persecución de campesinos e indígenas que defendían su derecho a la tierra, los estudiantes en los 60 y los cívicos guerrerenses en los 70, los que militaron en las campañas democráticas de lo que fue el PRD a finales de los 80 y principios de los 90, los zapatistas de Chiapas, la rebelión de Oaxaca, son algunos ejemplos de resistencia popular que el Estado ha enfrentado con mano dura.

La agresión hacia las normales rurales se inscribe en esta historia. Hagamos un recuento de algunos hechos desde principios del siglo XXI.

En febrero de 2000, poco después de que la PFP tomó la UNAM poniendo fin a su huelga estudiantil, en la normal rural de El Mexe se dio otra ocupación policial. Pero allí los habitantes de la región se rebelaron, capturaron a 68 de los policías y sólo los liberaron a cambio de los 350 jóvenes que habían sido encarcelados durante la toma de El Mexe. Este acto no se les perdonó. En 2005 se anunció el cierre de esta normal rural.

En 2007, cuando los alumnos de Ayotzinapa tomaron las casetas de la Autopista del Sol exigiendo que se les garantizaran plazas de trabajo, fueron violentamente desalojados. De esa acción resalta una imagen captada por Pedro Pardo que vívidamente expone la correlación de fuerzas. Publicada en primera plana de La Jornada el 1º de diciembre de 2007, la foto muestra a un joven normalista, forzosamente postrado boca abajo sobre el asfalto, bajo una enorme bota de la Policía Federal Preventiva. Quizás fue un presagio a la violencia que cuatro años después vivirían los jóvenes de Ayotzinapa cuando sobre esa misma carretera yacerían los cuerpos de dos normalistas, esta vez sin vida, otra vez por demandar recursos para su institución educativa; otra vez por exigir su derecho.

Ojalá estos fueran incidentes aislados. Pero los gobernadores, sean de PRI, PAN o PRD, tienen a muchos jóvenes que reprimir. En Michoacán, que pudiera considerarse la cuna del normalismo rural, en noviembre de 2008, 133 estudiantes de la normal rural de Tiripetio fueron detenidos –no sin defenderse– al intentar trasladarse a Morelia en camiones que habían tomado. Las fotos son una vez más dramáticas: gases lacrimógenos, patrullas incineradas, palos, piedras y bombas molotov.

Pero las vidas de los normalistas parecen valer poco. Se les asesina deliberadamente o por negligencia, por ejemplo, el incendio en la normal de Tiripetío en enero también de 2008, donde dos jóvenes murieron calcinados en los tan abandonados dormitorios de la escuela.


El gobierno lleva décadas atacando las normales rurales; lleva décadas matando los sueños, ideales y principios de los que allí estudian. Pero, al parecer, ya no basta con eso. Ahora, en vísperas de la conmemoración de 68, había otra vez que asesinar jóvenes. ¿Cómo caracterizar un orden social que criminaliza a su juventud? En Centroamérica son las maras, en Palestina los jóvenes que arrojan piedras a los tanques, en las urbes Estados Unidos son los afroestadunidenses. En México ¿son ahora los jóvenes de las normales rurales?

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Tanalís Padilla

Familiares de normalistas desaparecidos en Iguala convocan a marcha nacional

El próximo miércoles protestarán por la lenta evolución de las investigaciones y exigir que los jóvenes aparezcan

AYOTZINAPA. Familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos en hace una semana convocaron hoy a una marcha nacional para el próximo miércoles para protestar por la lenta evolución de las investigaciones y exigir que los jóvenes aparezcan.

Reunidos en la escuela para maestros de primaria a la que pertenecen los jóvenes, las familias anunciaron que van a marchar “para exigir que aparezcan con vida” y que “se esclarezcan los hechos” de la noche del viernes de la semana pasada.

Hoy se cumple una semana de la desaparición de los estudiantes, a quienes se les perdió la pista después de una noche de violencia en la ciudad de Iguala, tras la que murieron seis personas, entre ellas tres estudiantes, y 25 resultaron heridas.

Por estos hechos fueron detenidos 22 policías locales, quienes presuntamente dispararon contra los jóvenes por razones aún desconocidas, aunque no se descarta que el crimen organizado pueda estar también detrás de estos hechos.

Otros 43 se encuentran desaparecidos y no hay pistas sobre su paradero, salvo que algunos testigos vieron que eran subidos a varias patrullas por los mismos policías que los atacaron cuando viajaban en varios autobuses privados, que habían tomado ilegalmente para regresar a sus casas tras una colecta.

Los familiares cuentan con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que va a hacer un paro el mismo día en varios estados de la República para solidarizarse.

En la charla que tuvieron hoy con la prensa, un padre que no quiso identificarse pidió que se agilice la búsqueda “porque hay cámaras (en las) que sale cómo los policías se llevaron a los muchachos en las camionetas”.

En la escuela se encuentran, además de los familiares de los desaparecidos y de sus compañeros estudiantes, diversas organizaciones como de la CNTE, la Sección 22 de Oaxaca, estudiantes de la Autónoma de Guerrero e integrantes de la policía comunitaria de Tixtla.

Los estudiantes de las normales rurales, internados en los que estudian principalmente jóvenes indígenas campesinos, declararon anoche una huelga estudiantil indefinida hasta que aparezcan sus compañeros.


Por otro lado, para exigir la aparición de los jóvenes, un grupo de alumnos tomaron una de las casetas de cobro de la autopista Oaxaca-México, una protesta que todavía permanece.

FUENTE: 24 HORAS/EFE.

Suman 20 cuerpos en tres fosas clandestinas en Iguala

IGUALA, Gro: Hasta el momento han sido encontrados 20 cuerpos en tres distintas fosas clandestinas en Iguala, según las autoridades.

El hallazgo de las fosas provocó esta mañana un impresionante despliegue de elementos policiacos en esta ciudad.

Fuentes oficiales señalaron que el lugar fue ubicado gracias a la declaración de un detenido quien refirió que en el punto se encuentran varios cuerpos.

Las fosas están ubicadas en el punto conocido como Pueblo Viejo, en las inmediaciones de las colonias Jardines del Valle y Las Parotas, al noroeste de Iguala.

Las labores de exhumación de cadáveres continúan en un operativo encabezado por el procurador Iñaky Blanco, quien llegó al lugar aproximadamente a las 13:30 horas.

Las autoridades realizan trabajos periciales para determinar si es que se trata de los normalistas desaparecidos.

Esta mañana la Procuraduría local implementó un operativo de búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos desde la semana pasada.

‎Cerca de las 11:00 horas, un impresionante convoy partió de la capital de la entidad, rumbo a la ciudad de Iguala.

‎Éste estaba conformado por una treintena de patrullas de la Policía Ministerial, así como personal del Semefo y brigadistas de Protección Civil Estatal.

‎Fuentes oficiales informaron a Proceso.com que autoridades ministeriales localizaron un punto donde presuntamente se encontraban los normalistas desaparecidos.


‎El convoy arribó cerca del mediodía a Iguala.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

“El H” y su presunto operador financiero inician defensa legal

MÉXICO, D.F. (apro).- Desde los separos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde se encuentran recluidos desde el pasado miércoles 1, tras su intempestiva detención, Héctor Beltrán Leyva, El H, y su presunto operador financiero, Germán Goyeneche Ortega, iniciaron su defensa legal con la promoción de amparos contra actos de incomunicación y una detención al margen del procedimiento judicial.

Ambos recursos fueron tramitados en el Juzgado Noveno de Distrito en Amparo Penal del Distrito Federal, cuya titular, María Catalina de la Rosa Ortega, les dio entrada.

En el caso del último integrante del clan Beltrán Leyva que se encontraba en libertad concedió la suspensión de plano por la supuesta incomunicación y en el del empresario la otorgó de oficio, de acuerdo con los listados públicos del órgano jurisdiccional.

Para que las resoluciones tengan efecto legal, hace falta la ratificación de los promoventes, por lo que la juzgadora envió un actuario hasta las instalaciones de la SEIDO para que los detenidos suscriban los amparos.

El próximo domingo, el MPF definirá la situación jurídica de los detenidos.
La situación legal de Héctor Beltrán Leyva es más compleja porque todavía tiene pendientes tres órdenes de aprehensión.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Héctor Beltrán Leyva y sus nexos con Televisa

MÉXICO, D.F: Héctor Beltrán Leyva “El H” no sólo infiltró a la sociedad de Querétaro y de San Miguel de Allende, Guanajuato: También tuvo una especial relación con el mundo de la farándula y, especialmente, con Televisa.

El personaje clave de esta relación fue Guillermo Francisco Ocaña Prandal, mejor conocido como “Memo” Ocaña, a quien las autoridades mexicanas consignaron dos veces y las españolas también como presunto lavador de dinero de “El H” a través de empresas dedicadas al espectáculo.

Telenovelas de Televisa fueron grabadas en predios que “Memo” Ocaña le ofreció a la empresa de Emilio Azcárraga Jean y que eran propiedad del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Fue el caso del predio ubicado en Aureliano Rivera 17, en San Angel Inn, donde fueron detenidos 11 sicarios de los Beltrán en 2008. Ahí se grabó la telenovela Cadenas de Amargura. En 2009 se grabó la telenovela Rubí en el predio Farallón 304, de Jardines del Pedregal, justo donde vivió un sicario de los Beltrán, Ever Villafaña Martínez.

El vínculo entre “Memo” Ocaña, Beltrán Leyva y Televisa es digno de un guión de telenovela. Ante la SIEDO, el exconductor y actor declaró que en 1968 se inició como actor infantil y en 1990 trabajó en fotonovelas como Cita y Chicas. A mediados de los años 80 fue representante de Ricardo Montaner, con quien sostuvo un litigio legal.

Entre 1993 y 1994 –los años del ocaso salinista- el futuro de “Memo” Ocaña cambió. Conoció a la Miss Sonora, Clara Elena Laborín Archuleta. Ella era la pareja sentimental de Héctor Beltrán Leyva. En 1997 ella le propuso dirigir su empresa Rotcheh Noticias y Espectáculos. Quiso impulsar a sus cuatro sobrinos en un grupo musical de vida efímera que se llamó Tequila Cuatro.

La plataforma sería la revista Jeans de Laborín, de la cual sólo salieron 2 ediciones.
Los contactos de Ocaña con el mundo de la farándula y de Televisa le permitieron a Beltrán Leyva entrar a los espectáculos como representante de varias cantantes y celebridades, entre ellas Alejandra Guzmán, Juan Gabriel y Tania Libertad.

El periódico Reforma publicó que el 18 de junio de 2010 Ocaña organizó una gran fiesta con más de 600 invitados en Acapulco, en un spa propiedad de Laborín Archuleto para recaudar fondos para el combate contra el VIH. A pesar de que ya se sospechaba de su vínculo con los Beltrán, a esa fiesta acudieron celebridades, el embajador de Francia, productores y cantantes.

En 2002 Ocaña fue a vivir unos años a España. Ahí funcionó como hombre clave de la colocación de Monex como parte del engranaje de Los Beltrán Leyva y la creación de empresas fantasma. El reportero Humberto Padgett, citando fuentes diplomáticas españolas, afirmó que Ocaña fundó sociedades en Barcelona para “lavar” más de 78 millones de euros que luego se transferían a tres casas de cambio: Monex Casa de Bolsa, Monex Divisa e Intercam (Emequis, 29 julio 2012). Las mismas que fueron mencionadas en el Monexgate de las elecciones presidenciales.

Para lograr sus objetivos en España, Ocaña siguió el mismo modelo que en México: montó la empresa Tops Time Production, que también organizaba espectáculos.

A final de cuentas, todo es un gran montaje en el mundo de la narcocultura y los grandes negocios televisivos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Desalojan y demuelen unas 60 casas de predio El Barco, en Texcoco

Por la acción, los vecinos realizaron un bloqueo por alrededor de una hora en la autopista Peñón-Texcoco; sin embargo, efectivos policiacos desalojaron por la fuerza a los inconformes.

Texcoco, Méx. Más de 400 elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policía municipal y personal del Ayuntamiento municipal, llevan acabo un desalojo y demolición de unas 60 viviendas del predio conocido como El Barco, ubicado a la altura del kilómetro 12 de la autopista Peñón-Texcoco, en los ejidos de Tocuila.

Desde la madrugada, los elementos apoyados con maquinaria pesada, se desplazaron a la zona para comenzar el derribo de viviendas del predio, el cual, aseguran, está afuera del límite urbano y es irregular, a pesar de que las familias tienen entre diez y doce años residiendo en la zona, argumentando que la adquisición de sus predios la hicieron de forma legal.

Por la acción, los vecinos realizaron un bloqueo por alrededor de una hora en la autopista Peñón-Texcoco; sin embargo, efectivos policiacos desalojaron por la fuerza a los inconformes.

A lo largo de casi 2 km, a un costado de la autopista, se desplegaron efectivos para retirar de sus casas a las familias, mientras que personal del Ayuntamiento se dedica a sacar enseres y mobiliario de las viviendas. La mayoría de las casas ya cuentan con cimientos de concreto e incluso algunas son de dos pisos. Se informó que el pasado miércoles los colonos fueron notificados del desalojo, mientras los representantes legales de la Asociación de Vecinos aseguran que cuentan con un amparo, el cual no respetaron.

Los vecinos aseguraron que adquirieron esas viviendas desde hace cinco, diez y doce años, a los ejidatarios de Tocuila, entre ellos José Daniel Luis Ruiz, a quien pagaron entre 150 y 200 mil pesos; añadieron que cuentan con documentación que acredita su permanencia en el lugar. El secretario del Ayuntamiento, Nazario Gutiérrez Martínez, se negó a dar información sobre el desalojo.

Por la zona se observan a decenas de familias sacando sus cosas y rescatando sus enseres porque la policía esta dañando sus propiedades. También decenas de camiones de volteo trasladan el mobiliario de las casas hacía el acotamiento.


Hasta el momento se han registrado varios conatos de enfrentamiento ante la negativa de los vecinos de abandonar sus casas. Las familias se ubican dentro del límite y están en una zona dentro del polígono donde se proyecta la construcción del nuevo Aeropuerto, a un costado de donde se proyecta la ampliación a ocho carriles de la autopista Peñón-Texcoco, que serviría como principal vía de comunicación a la nueva terminal aérea “quieren construir aquí su pinche aeropuerto por eso nos desalojan. Nosotros compramos, no somos invasores, somos compradores y contamos con toda la documentación; quieren estos terrenos para su terminal aérea”, dijo una de las vecinas afectadas.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JAVIER SALINAS

Ubican a presuntos responsables de homicidio de normalistas

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia del Estado iniciará ante el Congreso del estado un juicio de procedencia contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez.

El procurador de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, dijo que mañana 4 de octubre se informará quiénes son los presuntos responsables del homicidio de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes murieron en Iguala el pasado 26 de septiembre.

En conferencia de prensa, Blanco dio a conocer que los responsables ya fueron ubicados.
En el mismo acto, el gobernador Ángel Aguirre Rivero informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) iniciará ante el Congreso del estado un juicio de procedencia contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

Este miércoles 1 de octubre, Aguirre Rivero había anunciado la emisión de una orden de presentación en contra de Abarca Velázquez, a quien se le acusa de delitos derivados de los hechos de violencia ocurridos el pasado viernes, en donde murieron seis personas y otras 17 resultaron heridas.


En relación con los operativos de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, el funcionario estatal confirmó que continuará “casa por casa”, en la cual participan elementos del Ejército, Marina, Policía Federal, estatal y mil 800 burócratas que se unieron este jueves 2 de octubre.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Denuncian agresiones contra defensores de derechos humanos en Colima

El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4) denunció que durante el mes de septiembre se multiplicaron las agresiones en contra de los defensores de los derechos humanos y de la tierra en Zacualpan, municipio de Comala, en el estado de Colima, donde la Asamblea General de Comuneros declaró a la comunidad como territorio “libre de minería”, por lo que exigió que cesen los ataques contra la asociación Bios Iguana A.C., y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan.

En un comunicado, el M4 recordó que la Comunidad Indígena de Zacualpan, a través de su Asamblea General de Comuneros, logró destituir al presidente de bienes comunales Carlos Guzmán, quien apoya al empresario minero que intenta instalar la mina de oro Gabfer S.A. de C.V.

El 29 de septiembre la policía federal, cumpliendo con la orden del Tribunal Unitario Agrario, entró al Balneario Ojo de Agua y desalojó al grupo de Carlos Guzmán, entregándolo al Comisariado encabezado por Guadalupe Carpio, Epitacia Zamora y Olivia Teodoro. "Sin embargo -denunció- en cuanto la policía federal se retiró, el grupo destituido tomó la caseta de cobro y colocaron cadenas en la zona de acceso de los vehículos, impidiendo toda entrada o salida al sitio".

El M4 aseveró que agentes de la policía municipal presenciaron la citada agresión sin actuar, algo que, afirmó, ya había ocurrido el 24 de agosto anterior, perpetrado por el mismo grupo, dejando a una mujer de la tercera edad con una herida grave en la cabeza, y lamentó que ocho diputados del Congreso del Estado de Colima (tres del PRI, tres del PAN, uno del PRD y uno del Panal) "hayan tomado partido a favor del grupo del depuesto Carlos Guzmán, del saqueo ambiental y de la violación de derechos humanos".

Añadió que ese mismo grupo, el 19 de septiembre, exhortó al gobernador del estado Mario Anguiano, "para que la Secretaría de Seguridad Pública ´vigile que gente extraña a la comunidad no altere el orden ni la paz pública de dicho lugar´ en clara alusión a la organización Bios Iguana, criminalizando una vez más la lucha que se lleva junto con el Consejo Indígena".

Añadió que Alejandro Bueno Salazar, de Bios Iguana, A.C., recibió amenazas a través de la red social Facebook, con lo que la integridad física y moral de los defensores del territorio se ve gravemente amenazada.

El M4 responsabilizó de ello "a Carlos Guzmán y a sus seguidores, así como al gobierno de Colima, quienes continúan violando los derechos de los pueblos indígenas, y de los defensores de los derechos humanos, que les permite actuar en total impunidad en los actos cometidos", por lo que solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos medidas cautelares para proteger la integridad de los miembros de Bios Iguana, A.C, así como de los miembros del Consejo indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y de todos los comuneros y comuneras que podrían ser atacados en el marco de esta lucha por la madre tierra en Zacualpan, así como una queja contra los citados diputados locales.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROSA ROJAS.

Anuncia Osorio renuncia de Yoloxóchitl al IPN; “la neta, como ustedes digan”

Cancelado, el nuevo reglamento interno y echan para atrás el nuevo plan de estudios; esto es parte de la respuesta del secretario de Gobernación a peticiones de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la renuncia de la directora del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl Bustamante, la cual fue enviada al presidente Enrique Peña Nieto. 

“Informo que esta renuncia ha sido aceptada“, comentó.

Osorio apuntó que queda cancelado el nuevo plan de estudios, el cual ha causado inconformidad en la comunidad politécnica y se había postergado para 2015, así como el nuevo reglamento. 

Así respondió el gobierno federal, este viernes, al pliego petitorio de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, entregado el pasado martes, sobre la calle Bucareli, en las manos del secretario.

Por su parte, los estudiantes a su vez pidieron hacer una auditoría a la administración de Bustamante.

Además, Osorio refirió que la SEP prohibirá las pensiones vitalicias de ex directores del IPN. 

Sobre otro punto, el funcionario indicó que la policía bancaria dejará de prestar sus servicios en la institución, cuando se forme un nuevo servicio que garantice la seguridad de los estudiantes. 

Señaló que “este gobierno ha mantenido un diálogo permanente” con el Politécnico, “mantendremos juntos el orden institucional”.

Y soltó una frase: “la neta como ustedes digan”. “Ustedes pueden exigir y hacerlo con respeto”, agregó.


“¿Y los desaparecidos de Ayotzinapa?”, se escuchó un grito a lo lejos, de uno de los cientos de personas que presenciaron el diálogo público en la calle Bucareli.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Juicio por tierras en Allende, contra “operador financiero” de los Beltrán Leyva

Germán Goyeneche -detenido junto con Héctor Beltrán Leyva- era miembro del consejo directivo de "Otomí Lake Villas", unas casas de descanso en San Miguel de Allende, Guanajuato. Aquí la historia.


Roberto Trejo Castro enfrenta desde hace años un litigio por los terrenos donde se construyó Otomí Lake Villas, casas de descanso en San Miguel de Allende, Guanajuato. 

Con quien se enfrentó, es el empresario Germán Goyeneche, detenido el miércoles pasado, mientras comía con Héctor Beltrán Leyva, en el referido pueblo mágico.

Según la PGR, Goyeneche es un “operador financiero” del cártel de los Beltrán Leyva.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, Trejo Castro aseguró que “este terreno se nos quitó con ayuda policiaca” -en referencia a la policía municipal de San Miguel de Allende- y corresponde a 8 mil 650 metros cuadrados, los cuales forman parte de la entrada del Otomí Lake Villas. 

“Llegaron con auxilio de la fuerza pública a tirar rejas y demás y no hubo mucho que se pudiera hacer”, acusó.

Reconoció que aunque “se trata simplemente de la entrada al fraccionamiento”, tienen documentos que muestran que es de su propiedad.

Trejo comentó sobre Goyeneche: “Sabía que se trataba de personas corruptas y con recursos pero no sabía (que era operador de narcotraficante)”.

“Ahora entiendo las irregularidades en el proceso pese a que demostramos pruebas”, comentó. 

Refirió que a Germán “la gente en San Miguel lo conoce bastante bien”, peso sólo como empresario.

RÉPLICA

Gabriel Ballesteros, abogado de Centurion Real State -operador del Otomí Lake Villas-, aseguró que “se ha demostrado en sentencias civiles” que no es de su propiedad lo que Trejo Castro reclama.

Sostuvo que existen las constancias judiciales que establecen “que no existe propiedad que no sean de Centurion“. 

Indicó que el terreno fue adquirido en un “remate”, en el año 2005.

“El inmueble se adquirió… y se ha determinado, se levantó, definió superficie… hubo una inconsistencia que derivó en una serie de demandas y réplicas”, consideró.

Abundó que este asunto “podría ser conveniente sacarlo a la luz con el ánimo de sacar más” sobre el empresario detenido con El H, pero sostuvo que “no tiene nada que ver ni tampoco es un asunto que esté vivo”. 

“En el año 2006 quien participó en proceso de adquisición fue Germán Goyeneche, estuvo en el inicio del desarrollo como miembro del consejo directivo y con algunas decisiones”, reconoció.

Pero agregó que “desde hace más de 4 años no toma decisiones de este desarrollo”, donde “no hay nada que ocultar”.

“No toma ya decisiones, no forma del consejo directivo”, remarcó.

Ballesteros dijo que escuchó asombrado que el empresario fue vinculado por la PGR a los Beltrán Leyva.


“Tendrá que verificarse, deberán apuntalar esa idea”, señaló. En su momento, aceptó, Goyeneche llegó a tener alrededor de un 20 por ciento de acciones en las casas de descanso en San Miguel de Allende. “Esta es una asociación que tiene capital extranjero, es un tema legal… me llama la atención que se involucre este asunto, la empresa es absolutamente legal”, finalizó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Goyeneche, capturado junto al ‘H’, ¿hasta dónde llegan las ligas?

"Él en San Miguel de Allende y en Querétaro era una persona que todo mundo conocía como un empresario", refiere el diputado del PAN, Ricardo Villarreal.


Tanto Héctor Beltrán Leyva como su presunto operador financiero Germán Goyeneche, ambos detenidos el miércoles, infiltraron a la clase política y empresarial de Querétaro y San Miguel de Allende, en Guanajuato.

De acuerdo con el diario Reforma, ambos encabezaban desarrollos inmobiliarios como “Otomí Lakes and Villas”, un exclusivo complejo residencial hípico, construido dentro de un centro ceremonial prehispánico.

En Querétaro, Germán Goyeneche encabeza las empresas inmobiliarias Trinvest; Centurion Real Estates and Resorts; Inversiones Inmobiliarias y Construcción; Grupa Baresa; Concretos Premezclados del Río y la empresa minera Grupo Gallazo de Oro.

“Nos trastoca, nos incomoda, es sorprendente para nosotros (como familia); la verdad es que no había ninguna señal”, comentó su primo Fernando Goyeneche Villalobos, actual director de Inspección del municipio de Querétaro.

En el anuncio de la PGR, el miércoles, sobre la captura de “El H”, Tomás Zerón mencionó: “Beltrán Leyva, fue detenido en compañía de otra persona de nombre Germán Goyenechea (sic) Ortega, quien fungía como un operador financiero de su grupo. Ambos portaban armas cortas de uso exclusivo de las fuerzas armadas al momento de su detención. Los elementos de operaciones especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, lograron su detención de manera rápida y eficaz, sin realizar un solo disparo en el interior de un restaurant de mariscos”.  


Además de ser militante del PVEM -aunque el partido ya anunció su expulsión-, Goyeneche también tenía relación con políticos panistas, como el diputado federal Ricardo Villarreal, quien busca ser alcalde de San Miguel de Allende. El lunes pasado el empresario participó en primera fila en una reunión con Villarreal: 


Sobre el tema, Villarreal se deslindó: “El señor Germán Goyeneche fue invitado entiendo y supongo yo que por el Consejo Coordinador Empresarial, a la reunión. Él en San Miguel de Allende y en Querétaro era una persona que todo mundo conocía como un empresario. Al final del día si él tiene vínculos con Beltrán Leyva pues será un tema que tendrá que decidir la PGR... No, yo lo conozco simplemente como muchísimos otros empresarios, él es propietario o socio de un club… en San Miguel de Allende, de hecho esa foto la sacaron de mi Facebook, yo la publiqué como publico todos los eventos, era un evento público, no era reunión una secreta ni mucho menos, era un evento público con cerca de 80 empresarios del municipio”.

Y agregó: “En caso de ser cierto yo creo que es un tema terrible porque al final del día nosotros y la ley y sobre todo la PGR tiene que ir contra todos los empresarios que tienen vínculos con el narcotráfico, porque todo mundo sabemos, no solamente con el narcotráfico, con la delincuencia organizada en general, es un tema recurrente donde la delincuencia a través de empresas que parecen legítimas, lavan dinero, no sé si este sea el caso pero evidentemente la PGR tendrá que investigar y sancionar con todo el peso de la ley en caso de que así lo fuere”.

Al respecto, el líder del Verde en San Lázaro, Arturo Escobar, comentó: “En el caso del militante del Partido Verde que fue capturado con él, por supuesto lamentar muchísimo, yo te diría que ningún partido está exento a esto, no tenemos la posibilidad de conocer la vida privada de los militantes, tenemos muchísimos afiliados en este país, cerca de 750 mil afiliados del Partido Verde, y obviamente no somos Ministerio Público y no podemos conocer la vida privada de la gente. Pero hoy mismo hace un momento la comisión de Justicia del partido se reunió y ya le suspendió los derechos como militante a este señor, en espera que se resuelvan las cosas. Al final del día yo te diría que hoy todos los partidos políticos, toda la vida pública de nuestro país está inmersa a esto, está sujeta a estos riesgos”. 

Mientras que para el diputado priista Manlio Fabio Beltrones “el que obra mal algún día se sabe, de tal suerte que esto que ha salido a la publicidad, servirá para que no vuelva a suceder. Todos los partidos políticos están obligados a hacer un análisis e investigación de los cuadros que presentan a la población, buscando que sean votados”.

De acuerdo con Proceso, el empresario Goyeneche Ortega obtuvo su militancia en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por un acuerdo del Consejo Político Nacional, encabezado por Jorge Emilio González Martínez.

Ivonne Vandenpeereboom Jiménez, una de las fundadoras del partido y expresidenta del mismo en la entidad, definió dicho acuerdo como una imposición.

“Fue una imposición total. De repente llegaron a una asamblea gente que no conocíamos, incluido Germán Goyeneche. En esa asamblea eligieron a Ricardo Astudillo Suárez como presidente”, aseguró.

El acuerdo CPN-3/2006, firmado por el Niño Verde incluye una lista de 93 militantes afiliados. En el número 47 figura Goyeneche Ortega, y también aparecen los nombres de Ana Jacqueline Goyeneche González y Elvira Goyeneche González.


Al respecto el Partido Verde envió esta carta en la que se deslinda del empresario:

CARTA DEL PARTIDO VERDE.docx by Aristegui Noticias:




FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.

Pide Peña a todos los órdenes de gobierno profundizar transparencia de datos

El presidente Enrique Peña Nieto clausuró la Semana Nacional de la Transparencia 2014, organizada por el Ifai. En la imagen con el senador Miguel Barbosa y Ximena Puente, titular del instituto.

México, DF. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que un gobierno abierto es la "nueva frontera de la democracia", por lo que instruyó a todos los órdenes de gobierno a profundizar esta política nacional para la apertura de datos e información generada por las instituciones públicas del país.

Al encabezar la clausura de la Semana Nacional de la Transparencia 2014, recordó que México asumió la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, que agrupa a 64 naciones en una tarea que, dijo, era impensable hasta hace unos años, pero que hoy es posible gracias a que se han alcanzado tres condiciones:

Una sociedad más democrática, así como una ciudadanía que no sólo participa en procesos electorales, sino que aporta su talento para la transparencia de las instituciones. A lo que se suma un "gobierno reformador, que da mejores respuestas a las demandas de la sociedad y rinde cuentas", además de los avances tecnológicos que permiten un uso generalizado de Internet.

Reunidos en la antigua sede del Senado de la República, Miguel Barbosa, presidente de la mesa directiva de la Cámara alta, reconoció que México "no termina de dar el gran paso para combatir la corrupción", y advirtió que ninguno de los cambios que se han dado en los pasados dos años en materia de transparencia y rendición de cuentas "tendrá futuro, sino se combate la corrupción".

En el acto, al que asistió la consejera presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Ximena Puente, se entregó el Premio a la Transparencia y la Innovación, en el que galardonaron trabajos de la administración federal, estatal y municipal, así como de organizaciones civiles.


El legislador perredista también solicitó al gobierno federal garantizar justicia en los casos de Tlatlaya, Estado de México, y de Iguala, Guerrero, pues señaló que el combate a la delincuencia organizada no puede "incluir la violación a los derechos humanos". Y agregó que "hacemos los mejores votos para que también se les dé una respuesta satisfactoria a las demandas de los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional".

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Rosa Elvira Vargas y Laura Poy.

Toman radiodifusoras en Chilpancingo; exigen presentación de 43 normalistas

Estudiantes, profesores e integrantes de la policía comunitaria de la CRAC en Tixtla, marcharon ayer en Chilpancingo y , bloquearon la autopista del Sol, para exigir justicia para los estudiantes asesinados en Iguala.

Chilpancingo, Gro. Desde el mediodía de hoy estudiantes y padres de familia realizaron diversas actividades en esta capital para presionar al gobierno para que presente con vida a los 43 estudiantes desaparecidos entre la noche del viernes y la madrugada del sábado pasados a manos de policías municipales de Iguala.

Las actividades comenzaron con la toma de dos radiodifusoras, ubicadas en el centro de Chilpancingo; otros contingentes se trasladaron a la caseta de Palo Blanco, ubicada a unos 10 km, en donde permiten el libre paso, previo a una cuota. Otra comisión se trasladó a la ciudad de México apara entrevistarse con funcionarios de la Segob.

Asimismo, continúan las brigadas “hasta encontrarlos” que implementa el gobierno del estado con servidores públicos. Esta mañana se trasladaron a los municipios de Huitzico y Tepecuacuilco, para buscar a los jóvenes.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SERGIO OCAMPO.

PGR, aún sin atraer caso de normalistas desaparecidos

México, DF. El gobierno federal se comprometió a reforzar la coadyuvancia para la localización de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Sin embargo, el apoyo no significa aún que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso.

“El subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, fue muy cuidadoso con sus palabras; dijo poco, no manifestó un compromiso para atraer la investigación, sólo para coadyuvar”, dijo uno de los integrantes del grupo de 18 personas que este medio día acudió al Palacio de Covián a entregar un documento.

Los familiares de los desaparecidos calificaron como “palos de ciego” o “taparle el ojo al macho” lo que ha hecho hasta el momento la Procuraduría de Justicia de Guerrero, tal como sacar a los empleados públicos a realizar una búsqueda que requeriría de un protocolo especializado para obtener avances.

Califican que los muertos en los hechos son “ejecuciones extrajudiciales de los tres estudiantes”; ello aunado a la situación de los heridos y de los desparecidos constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden permanecer en la impunidad.

En el texto de seis cuartillas entregado al subsecretario Miranda, firmado por padres de familia y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa), hace un recuento de los hechos del 26 de septiembre y hacen seis peticiones:

1.-Compromiso político del Ejecutivo federal de intervenir para investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los normalistas.

2.-Presentación con vida de los normalistas

3.-La conformación de un grupo multidisciplinario interinstitucional y de fuerzas especiales con amplia experiencia para que se avoque a la búsqueda inmediata de los jóvenes.

4.-Verdad justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición por las ejecuciones extrajudiciales de Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes y de todos los hechos del caso.

5.-Atención médica y rehabilitación integral de los estudiantes heridos (Aldo Gutiérrez Solano, Édgar Andrés Vargas, Fernando Marín Benítez y Jonathan Maldonado Hernández).

6.-Garantías de seguridad para los estudiantes, sus familiares y representantes.

En el documento, firmado por nueve familiares de desaparecidos y dos representantes de la sociedad de alumnos Ricardo Flores Magón, se indica que a las nueve de la noche, cuando 80 estudiantes de la normal se dirigían a la ciudad de Chilpancingo, a bordo de tres autobuses, cuyo eje es la desaparición de 43 personas, pero sin que hasta el momento la procuraduría estatal haya clarificado los hechos.

“Los hechos evidencian por parte de la policía municipal un uso excesivo de la fuerza, una intención deliberada de ejecutar ilegal y arbitrariamente a los estudiantes y de las autoridades estatales y federales, una omisión para implementar medidas de seguridad y preventivas que evitaran una segunda agresión y la desaparición de los estudiantes normalistas.

“Sin mediar palabra, los policías municipales (de Iguala) comenzaron a disparar en ráfagas de manera indiscriminada desde las distintas posiciones, cayendo herido en ese instante Aldo Gutiérrez Solano, alumno del primer año, originario de El Refugio, municipio de Ayutla, Guerrero.

“Los estudiantes que se encontraban en el autobús de atrás fueron violentamente descendidos del mismo por los policías y sometidos, acostándolos en el piso, a un costado de una bodega Aurrerá. El resto de los normalistas se dispersaron en diferentes direcciones, al tiempo que los policías municipales continuaban disparando”.

Finalmente, se añade en la carta entregada en Gobernación, un elemento de la policía preventiva que se identificó como ‘Comandante’ se dirigió a los jóvenes estudiantes diciendo “dialoguemos chavos”, a lo que los estudiantes contestaron que sí, pero que les permitieran levantar a su compañero Aldo -que se encontraba tendido en el piso-, a lo que los policías respondieron negativamente, diciendo que de todas maneras ya se iban y que no había pasado nada. Al día de hoy, Aldo Gutierrez se encuentra internado en estado vegetativo”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.

Cassez quiere que se le reconozca como víctima de un “montaje grosero”: abogada

La captura de la ciudadana francesa, en 2005, ha dado un nuevo giro. Presentó denuncia para que se "identifique a los autores de esos 7 años y 2 meses que Florence pasó en la cárcel".

Sophie Thonon, abogada de Florence Cassez, explicó la querella interpuesta por su defendida, en Francia, con la cual busca “que se le reconozca a ella como víctima de un montaje grosero y otras violaciones”.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, expuso: “La pretensión de Florence Cassez es la siguiente: estaba pensando en esa querella desde los primeros días de su detención, ¿por qué una persona inocente es detenida en esas condiciones? Piensa en un día hacer valer sus derechos como víctima… tomó el tiempo de reacostumbrarse en Francia… armar una querella de semejante importancia no se puede hacer rápidamente, decidimos que era el momento de presentarla“.

Precisó que en el derecho francés una denuncia penal de este tipo se presenta contra “X”, para que ”se identifique a los autores de esos 7 años y 2 meses que Florence Cassez pasó en la cárcel”, “a menudo en situaciones inhumanas, en contradicción con los grandes textos internacionales que México firmó”.

El pedido a la fiscalía francesa será transmitido a un juez de instrucción, quien “tiene que investigar por su cuenta con la policía francesa o mandando exhortos a la justicia mexicana y determina el grado de responsabilidad de cada uno“, apuntó la abogada.

Reconoció que aportará como documento “central”, para la investigación que se realizará, la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que en 2013 determinó la libertad de Cassez.

Todo esto, apuntó Thonon, es en busca de “una reivindicación o aspiración muy fuerte que Florence Cassez tenía desde hace muchos años”, para que se le reconozca como víctima de un montaje.

“Un montaje que pasó a ser un acto de acusación e influyó en la opinión pública, en los jueces y una buena parte del público en Francia”, refirió.

Sostuvo que se debe reconocer que la detención fue un montaje, ella, una víctima y, además, mostrar quiénes son los responsables.


Agregó que desconoce el tiempo que llevará la investigación; “en los tiempos de la justicia no puedo hacer un pronóstico”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Educación y democracia”

Miles de jóvenes en la calle dicen hoy que ellos quieren decidir su futuro académico, a quién quieren para dirigir al IPN. Es claro que los estudiantes quieren más participación e injerencia al interior del instituto.

A la memoria de Raúl Álvarez Garín

El “momento de México”, idea que impulsa profusamente el gobierno mexicano, se contrapone al “otro momento de México”, que se enterca, contradice y contrapone a la narrativa oficial.

No había terminado Enrique Peña Nieto de anunciar que México ayudará con los Cascos Azules a preservar la paz, cuando estallaron simultáneamente los casos Tlatlaya y Ayotzinapa.

Ese otro “momento” de México incluye un factor de expresión social que no se había registrado con tanta fuerza desde hacía mucho tiempo.

De nuevo, miles de jóvenes politécnicos salieron a las calles para exigir ser tomados en cuenta, luchar por su educación y defender el destino de una institución fundada por Lázaro Cárdenas y creada para poner “La Técnica al Servicio de la Patria”.

Han salido por miles porque sienten su futuro amenazado. Han visto en riesgo su única posibilidad de movilidad social y la esperanza que les ofrece haber accedido a sus estudios superiores. No quieren que se degrade, y con razón, su formación académica. No quieren que, silenciosamente, a partir de modificaciones en los planes de estudio y reglamento interno se termine por convertirlos en mano de obra barata y tecnificada al servicio de otros que sí serán ingenieros procedentes de otras universidades.

En el punto 9 de su pliego exigen que se den a conocer “… todas las formas de injerencia del sector privado en el IPN, tanto en los planes de estudio, programas de investigación y proyectos de colaboración, de manera que sea posible valorar la subordinación…” que podría tener el diseño educativo puesto al servicio no de la Patria y el interés general, sino de los intereses privados y trasnacionales, agregan. Quieren educación no degradada, pero también quieren democracia. No usan la palabra autonomía pero exigen un cambio en el régimen de gobierno en el Politécnico.

Piden la destitución de la actual directora, pero también la “democratización del proceso de elección de un nuevo director o directora del IPN por parte de la comunidad politécnica”.
Si este viernes el secretario de Gobernación anuncia que el punto 3 y el punto 6 -donde piden participación para decidir quién debe dirigir al Instituto, además de una democratización más amplia- son concedidos, se estará dando un paso sin retorno que cambiaría el actual estatus jurídico del IPN con enormes implicaciones.

El artículo 2o. de la Ley Orgánica señala que el IPN es un órgano desconcentrado del Estado dependiente de la SEP. El nombramiento de su director se decide verticalmente. No es la comunidad politécnica o una junta de notables -como en la UNAM- quien decide, sino el presidente de la República en turno.

Si miles de jóvenes en la calle dicen hoy que ellos quieren decidir a quién quieren para dirigir su institución y el gobierno, para atemperar el “tsunami” juvenil, acepta la exigencia, tendría que abrirse un debate amplio sobre una nueva Ley Orgánica y un estatus jurídico nuevo para el IPN.

Es claro que los estudiantes quieren más participación e injerencia al interior del Instituto. Quieren que se inicie un proceso “… de representación equitativa de estudiantes, docentes, trabajadores de apoyo y autoridades en cada uno de los consejos de cada una de las escuelas, centros y unidades y en el Consejo General Consultivo para la toma de decisiones”. Lo que los muchachos dicen es que quieren democracia.

Y como el “horno no está para bollos”, se da por hecho que se anunciará la renuncia de la directora, Yoloxóchitl Bustamante, a quien se le adjudicará la responsabilidad de llevar mal un proceso que derivó en un paro y en movilizaciones insólitas para el Politécnico.

Lo que no está claro es cómo se dará la sucesión. ¿Por el método que piden los manifestantes mediante un mecanismo que hoy no existe o por lo que actualmente dice el ordenamiento jurídico del Instituto? ¿Al próximo director o directora lo nombrará Peña Nieto y sus asesores o darán paso a un proceso democrático? No tienen mucho tiempo para decidirlo.

Ante el riesgo de que la movilización politécnica se fortalezca y extienda hacia otros sectores de la sociedad, es de esperarse que los 10 puntos tengan una respuesta inmediata, tal como lo prometió el secretario Osorio Chong. Sin embargo, el proceso apenas empieza dada la naturaleza de las exigencias.

Los muchachos politécnicos lograron la insólita escena del funcionario que baja a la calle, da la cara y promete respuesta pronta.

Le pusieron cascabel al gato. Le dijeron que quieren educación, pero también democracia. La cita es este viernes 3 a las 3. Como dijeron los muchachos. En Bucareli.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/REFORMA.
AUTOR: CARMEN ARISTEGUI

Organizaciones pedirán en Segob que Federación busque a normalistas desaparecidos

El gobierno de Guerrero confirmó que mil 800 servidores públicos recorrieron las ciudades de Iguala y Taxco, en donde tocaron puertas y solicitaron información relacionada con los 43 estudiantes desaparecidos desde la noche del viernes 26 de septiembre en el programa denominado "Hasta encontrarlos".


Un grupo de normalistas, representantes de organizaciones civiles y familiares de los desaparecidos tendrán una reunión con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, en la que le solicitarán que la federación asuma la búsqueda de los jóvenes, informó Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”.

Ayer, 2 de octubre, el gobierno de Guerrero confirmó que mil 800 servidores públicos recorrieron las ciudades de Iguala y Taxco, en donde tocaron puertas y solicitaron información relacionada con los 43 estudiantes desaparecidos desde la noche del viernes 26 de septiembre en el programa denominado “Hasta encontrarlos”.
Jesús Martínez Garnelo, secretario general de Gobierno en Guerrero, señaló que ayer, 2 de octubre, se realizaron 400 mil 300 visitas en colonias de ambos municipio.

Al respecto, en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Olivares señaló que la búsqueda casa por casa fue “una tomadura de pelo” en la que los burócratas sólo repartieron “volantitos”.

“Fue una tomadura de pelo porque no se está llevando a cabo con ningún protocolo. Se nota que el gobierno del estado no tiene una estrategia, no tiene nada, para poder dar con el paradero de los muchachos”, dijo.

Asimismo, dio a conocer que a la reunión programada con el subsecretario de Gobernación asistirán nueve padres de familia, tres estudiantes de la normal y tres integrantes de organizaciones civiles y de derechos humanos.


“A esta reunión se va con tres peticiones, la principal es que la federación asuma la búsqueda de estos muchachos porque en Guerrero el gobierno del estado tiene poco interés“, dijo.

Entrevista:



Ayer, 2 de octubre, alrededor de 20 mil personas, entre padres y madres de los normalistas desaparecidos, estudiantes, maestros, activistas sociales, sindicalizados y ciudadanos marcharon en Chilpancingo y bloquearon durante seis horas la Autopista del Sol para exigir la aparición con vida de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y castigo a los asesinos materiales e intelectuales de tres jóvenes, un niño, un chofer de autobús y una mujer en Iguala.


El 28 de septiembre se desarrolló el primer operativo de búsqueda de los desaparecidos, participaron 26 padres de familia y 86 alumnos de Ayotzinapa.

Suprema Corte determina que partidos políticos podrán criticar a sus opositores

Nueve de los ministros de la Suprema Corte votaron a favor del proyecto por el cual los partidos podrán criticar a sus adversarios sin que esto sea motivo de sanciones que antes incluía hasta el retiro del registro.

En las futuras contiendas electorales, los partidos podrán criticar o “denigrar” a sus adversarios e instituciones durante las campañas, lo que garantiza la libertad de expresión prevista en la Constitución.

Así lo aprobó este jueves 2 de octubre el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar la invalidez de un parte del artículo 69 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas que refiere como una obligación de los partidos políticos, “abstenerse en su propaganda política o electoral de cualquier expresión que denigre a las instituciones”.

El ministro Arturo Zaldívar explicó que, de acuerdo a la reforma constitucional de febrero pasado, dicho precepto sólo protege a las personas frente a la propaganda política o electoral que las calumnie, mas no así a “denigrar”. Además, “la prohibición no tiene cabida dentro de las limitaciones expresamente previstas en el artículo Sexto constitucional”, referente a la libertad de expresión.

Al sustentar su apoyo al proyecto, el ministro José Ramón Cossío consideró que “esto debe extenderse a calumniar a las personas. Me parece que se está generando de entrada un discurso prohibido, esto lo encuentro contrario al artículo 1° constitucional y al artículo 13 de la Convención”.

La sentencia de la corte indica que el ejercicio de la libertad de expresión “no sólo tiene una dimensión individual sino social, pues implica también un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno y apuntan a la necesidad de que las medidas restrictivas se sometan a un test estricto de proporcionalidad”.

El único voto en contra fue del ministro Alberto Pérez Dayán, quien descartó que la legislación de Chiapas atente contra el artículo Sexto, toda vez que “si el parámetro para definir su inconstitucionalidad es restringir la libertad de expresión, no puede entender que dentro del concepto “libertad de expresión” pueda admitirse denigrar a las instituciones”.

En cambio, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena argumentó que el término “denigrar” a las instituciones está comprendido dentro de la libertad de expresión y esta es una de las libertades más amplias que debe tener una sociedad que busca libertad de ideas y de discurso.

En un breve debate, nueve de los ministros votaron a favor del proyecto por el cual los partidos podrán criticar a sus adversarios sin que esto sea motivo de sanciones que antes incluía hasta el retiro del registro.

Multas por “denigrar”

La campaña emprendida por el Partido Acción Nacional en la contienda presidencial de 2006 en la que señalaba a Andrés Manuel López Obrador como “un peligro para México”, fue uno de los aspectos que provocó debates y reclamos entre los partidos y legisladores y que derivó en una reforma electoral en 2007.

Además de prohibir la contratación de publicidad en televisión y radio tanto por partidos como por particulares, los legisladores elevaron a rango constitucional en el artículo 41 la prohibición de utilizar expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos o que calumnien a las personas. Con ello se pretendía dejar atrás las campañas negras durante las contiendas.

Sin embargo, dicha prohibición redujo el margen de crítica entre los opositores durante una contienda electoral y trajo consigo multas a los partidos que, según juzgó la autoridad electoral, denigraban a terceros.

Un ejemplo de ello fue la multa por casi un millón y medio de pesos al PRD, PT, y Movimiento Ciudadano por la transmisión del spot “Miles de pruebas”, al considerar que denigró y difamó al Partido Revolucionario Institucional y su candidato Enrique Peña Nieto y a las tiendas Soriana durante la contienda presidencial de 2012.


En el spot de 20 segundos aparecen las tarjetas de la tienda Soriana mientras se escucha de fondo: “Vote por el PRI y le damos su tarjeta”. “Con la tarjeta Monex hay indicios de lavado de dinero”. Y mientras aparecían leyendas como “La presidencia de México no se compra”, una voz en off dice: “Hemos aportado miles de pruebas, suficientes para invalidar la elección. El destino de México no tiene precio”.



En la contienda por la gubernatura de Baja California en 2013, el IFE multó al PRI por casi 500 mil pesos por la difusión de un spot en el que se insinuaba que el candidato del PAN, Francisco ‘Kiko’ Vega había robado terrenos en el municipio de Tijuana cuando fue alcalde de dicha localidad.



“De una apreciación integral a los promocionales mencionados, puede colegirse que las expresiones e imágenes (…) son lesivas a la dignidad y honra del Partido Acción Nacional y de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, pues a través de las mismas se formula una imputación clara, inequívoca e indubitable al último de los mencionados respecto de la comisión de un delito (el de robo), situación que soslaya los límites de la libertad de expresión e información”, señalaron los consejeros electorales al aprobar la multa.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: Nayeli Roldán