Policías de Iguala eran brazo armado de “Guerreros Unidos”

30 detenidos, entre ellos policías y criminales que participaron en operativo por el que murieron seis; está por confirmarse el número de los que fueron ejecutados y llevados a fosas. La orden del ataque fue del director de Seguridad del municipio.

La Procuraduría de Justicia de Guerrero avanza en las investigaciones sobre lo ocurrido en Iguala, Guerrero; primero por el operativo en el que murieron 6 personas y después el hallazgo de 28 cuerpos enterrados en fosas clandestinas; las identidades están por confirmarse.

Peritos realizan las pruebas para determinar si los cuerpos corresponden a la identidad de los estudiantes desaparecidos en Iguala. La identificación de cuerpos tardará entre 15 días y 2 meses y participarán peritos argentinos.

La fiscalía guerrerense estableció que el operativo que provocó 6 homicidios, fue ordenado por el director de seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien se encuentra prófugo de la justicia.

El procurador Iñaki Blanco señaló que hay 30 detenidos, entre ellos los policías municipales que, como “halcones”, colaboraban con un grupo del crimen organizado llamado “Guerreros Unidos”.

El fiscal indicó que 3 de los detenidos, un policía, un sicario y un “vendedor de narcóticos”, quienes señalaron que trabajan para el grupo delincuencial “Guerreros Unidos”, identificaron a un total de 30 efectivos de la policía municipal con nexos con la organización criminal.

“Además aceptaron haber participado en tráfico de drogas, secuestros y homicidios. (2 de los detenidos) manifestaron haber participado directamente en el homicidio de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, para lo cual les dieron seguimiento desde que llegaron a Iguala… les dieron seguimiento a bordo de dos camionetas… cerca del centro de dicha ciudad cuando accionaron sus armas en contra de los estudiantes, lograron que descendieran del autobús en el que se desplazaban algunos de ellos, procediendo a asegurar a 17, trasladándolos a la parte alta de un cerro de pueblo viejo, donde tienen fosas clandestinas, en donde indican que los ultimaron”.

En lo que respecta  a las fosas en iguala, el fiscal dijo que la orden de ultimar a las 28 personas encontradas en las fosas fue de un integrante de “Guerreros Unidos”, apodado “El Chucky”, cuyo nombre hasta ahora se desconoce.

La Procuraduría estatal prefirió mantener la cifra de 43 normalistas desaparecidos, hasta que se identifiquen los cuerpos hallados en las fosas, un proceso que tardará entre 15 días y 2 meses.


Sobre las fosas, Iñaki Blanco indicó: “El personal de la fiscalía del estado ha reportado que se encontraron un total de 28 cuerpos, algunos completos y otros fragmentados, los cuales presentan signos de calcinación. En tal sentido, conforme a la opinión de peritos en la materia, podemos señalar que en las fosas localizadas de Pueblo Viejo, se colocó una cama de ramas y troncos, sobre la cual se pusieron los cuerpos de las víctimas a quienes se les rozó una sustancia flamable… al parecer diesel, gasolina o petróleo”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

EPN: gobierno “mantendrá colaboración” con Guerrero para detener a los responsables

Son hechos "indignantes e inaceptables"; no habrá impunidad, ofrece. Ningún anuncio de acción concreta en el mensaje del Presidente.

El presidente Enrique Peña Nieto, “profundamente indignado”, aseguró que los hechos en Guerrero no quedarán impunes y su gabinete colaborará para dar con los responsables.

En un mensaje a medios de comunicación, dijo que la sociedad mexicana, los familiares de quienes “lamentablemente se encuentran desaparecidos”, demandan el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia, que se encuentrar a los responsbales de hechos de la violencia desatada en Iguala, “y no quepa impunidad alguna”.

“Como lo expresé hace apenas unos días, el gobierno mantendrá de manera institucional cooperación y colaboración con instancias de procuración y seguridad de Guerrero”, indicó.

Además, “he instruido a sus elementos (de sus dependencias) para que tomemos acciones, participemos en lo que permita el debido esclarecimiento, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley”.

Peña Nieto se comprometió a “conocer la verdad y asegurar que se aplique la ley de estos hechos indignantes, dolorosos e inaceptables”. 

La instrucción a su gabinete, detalló, es “que actuemos en el marco de nuestras atribuciones y demos con responsables y se aplique la ley de manera estricta”.

“En el estado de derecho no cabe el mínimo resquicio para la impunidad”, sostuvo.


“Mantendremos informada a la sociedad de nuestra actuación”, aseguró. Y prometió una “profunda investigación”.

COMUNICADO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR REDACCIÓN.

El colmillo que intenta desgarrar el movimiento del Poli

El gobierno federal desplegó una amplia baraja de estratagemas para desactivar la reciente manifestación politécnica: todo indica que desató una “guerra sucia” de baja intensidad para deslegitimar el movimiento, que preparó a conciencia la “aparición improvisada” de Miguel Ángel Osorio Chong en el mitin del 30 de septiembre y que la renuncia de Yoloxóchitl Bustamante se había fraguado incluso antes de que los estudiantes entregaran el pliego petitorio. De hecho, la probable salida de la directora general le beneficia al gobierno, que ahora podrá colocar a un priista al frente del Poli.

MÉXICO, D.F: Una vez más, como lo hizo el movimiento #YoSoy132 en los tiempos en que se gestó el regreso del PRI a la Presidencia, la organización estudiantil consiguió desestabilizar al grupo de poder que encabeza Enrique Peña Nieto y activó el mecanismo de gobierno que ha intentado desmovilizarlo a toda costa.

Desencadenado por la aprobación de un reglamento interno que transgrede el proyecto fundacional del Instituto Politécnico Nacional (IPN), aprobado la madrugada del miércoles 24 de septiembre, en armonía con las reformas a sus planes y programas de estudio, el movimiento estudiantil se propagó en cuestión de horas. Desconocidos como alumnos por la directora de la institución, Yoloxóchitl Bustamante, los estudiantes se movilizaron en redes sociales bajo la etiqueta #TodosSomosPolitécnico. No hubo un tema más comentado en el ciberespacio del país.

La inconformidad estalló en las calles el jueves 25 con la participación más grande de politécnicos en casi 30 años. Comenzó a replicarse la historia del “viernes negro” de mayo de 2012 que, ante las protestas en su contra, llevó a Enrique Peña Nieto a ocultarse en los baños de la Universidad Iberoamericana y a los universitarios del país a unirse en la indignación.

La autoridad universitaria se vio obligada a retroceder y ofreció una solución parcial, aplazando la aplicación de los planes de estudio de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), génesis del conflicto, pero éste la había rebasado. El IPN se fue a paro casi en su totalidad

La repercusión del estallido estudiantil fue tal que no habían pasado 24 horas cuando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se ofreció como mediador en el asunto académico, haciendo suya la agenda de la Secretaría de Educación Pública, dependencia a cargo de Emilio Chuayffet.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1979, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.

Amenazan a normalistas para que dejen de movilizarse, denuncian en mitin en Acapulco

Integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), región Acapulco, demandaron al gobierno del estado esclarecimiento y justicia en el asesinato de los normalistas ocurrido el 26 y 27 de septiembre en el municipio de Iguala; exigieron también que no haya más masacres en Guerrero ni represión, y se denunció que jóvenes normalistas han recibido amenazas de la delincuencia.

Antes del mitin en el Zócalo de Acapulco, en declaraciones a reporteros, un estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, Ángel Castillo dio a conocer que han recibido amenazas vía telefónica de la delincuencia organizada para que dejen de movilizarse, pero que no harán caso y seguirán sus acciones y “si nos vamos a morir será en pie de lucha”.

En tanto el representante de la CETEG en Acapulco, Walter Emmanuel Añorve dijo que el próximo 8 de octubre van a realizar una marcha en Chilpancingo en demanda de la presentación con vida de los estudiantes y esclarecimiento de los hechos; dijo que sí vienen a Acapulco a marchar serán bien recibidos porque “no son delincuentes”.

Alrededor del kiosco colocaron mantas con las leyendas: “Juicio político para Aguirre, Abarca y colaboradores”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Gobernador cumple matando estudiantes”, “Gobernador asesino” y “Basta de impunidad”; y se gritaron consignas como: “Hombro con hombro, codo con codo, Ayotzi somos todos”.

Unas 100 personas se concentraron a las 4 de la tarde y se retiraron a las 6; portaban cartulinas con frases como: “Justicia para Ayotzi”, “El pueblo unido jamás será vencido”, “Ayotzi vive, la lucha sigue y sigue” y “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

El estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, Ángel Castillo declaró que “como estudiantes hemos sufrido una gran represión por parte del gobierno que está coludido con el narco, el pasado 26 y 27 de septiembre como institución sufrimos un percance porque hay compañeros que están desparecidos y varios otros compañeros cayeron muertos”.

“Nosotros estamos exigiendo que nuestros compañeros que siguen desaparecidos se les haga justicia y que aparezcan con vida; solamente hay rumores que se han estado encontrado compañeros en fosas clandestinas, pero aún no se tiene confirmada esa versión”, dijo y agregó que esperan que las autoridades los encuentren con vida.

Respecto a si han recibido amenazas dijo “de parte del crimen organizado siempre se han tenido amenazas, nos han estado llamando, extorsionando vía telefónica, no sabemos de quién, nos han amenazado a nosotros, a nuestros familiares”; al preguntarle qué tipo de amenazas han recibido dijo: “que le bajemos porque nos va a cargar la chingada”.

Explicó que esas llamadas las han recibido algunos de sus compañeros desde los hechos ocurridos en Iguala; les llaman para amenazarlos e intimidarlos para que dejen las movilizaciones, pero indicó que van a continuar hasta que se haga justicia.

Sostuvo que a pesar que no ha habido resultados tras los hechos ocurridos en diciembre del 2011, “nosotros no tenemos una gran confianza, porque sabemos que siempre nos llevan a largas y no cumplen, pero tenemos que estar en pie de lucha para que las demandas que tenemos sean resueltas y que nuestros compañeros aparezcan con vida”.

De la recompensa que el gobierno ofrece por la búsqueda de los estudiantes, respondió que “son rumores para que la gente crea…y solo es para taparle el ojo al macho a la comunidad, sobre ese dinero no sé si será cierto o no” e indicó que el gobierno debió haber retenido al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca; “sí el alcalde es de Iguala tiene que estar en Iguala, ha de estar escondido solamente”.

Por parte de la CETEG, Walter Emanuel Añorve dijo que hay solidaridad y respaldo hacia los jóvenes normalistas y que el próximo miércoles realizarán una marcha en la capital del estado para exigir el esclarecimiento de los hechos y que regresen con vida a los estudiantes normalistas desaparecidos; “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, insistió.

FUENTE: EL SUR (http://suracapulco.mx/)
AUTOR: AURORA HARRISON.

Respuesta de Osorio Chong es incompleta e imprecisa: alumnos IPN

Se espera que en la reunión de este lunes se defina la respuesta concreta para Gobernación y se defina la ruta que seguirá el movimiento estudiantil.

La respuesta del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong a las peticiones de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional  está incompleta y sin precisión, expresaron los propios alumnos en sus asambleas por plantel realizadas el fin de semana de cara a la asamblea general programada para este lunes.

Los estudiantes denunciaron la tarde del domingo que en el documento que recibieron el viernes de manos del secretario no se precisan los tiempos ni soluciones concretas a los problemas que han estado indicando.

En cuanto a la suspensión de pensiones vitalicias para los ex directores generales del instituto, sería conveniente hacer una auditoría inmediata y completa, para conocer el destino de los recursos de la institución educativa, dijo un estudiante de contabilidad, de nombre Carlos.

“Tienen que hacer una revisión completa de los gastos del IPN, hay una parte del presupuesto que no se sabe en qué se gasta, es la que ocupan en las pensiones vitalicias, pero no nada más de directores generales, también de directores administrativos”, aseveró.

Otro punto que señalaron los estudiantes para hacerle mejoras es el de la reforma al plan de estudios, ya que en el documento de Gobernación no se aclara si se va a crear un comité para hacer un uno nuevo o se quedarán con los anteriores.

Un alumno del plantel de Santo Tomás, identificado como Andrés dijo que “la respuesta está muy mal hecha, no tiene congruencia. Hasta se nos entregó con errores de ortografía. Y no tiene nada concreto, dice que se va a subir el presupuesto, pero no dice cuánto; tampoco dice nada de la democratización. Y eso es delicado, porque no queremos una autonomía como la de la UNAM, los estudiantes ni siquiera escogen al rector”.

Para los alumnos del IPN es una prioridad reanudar clases lo antes posible, ya que actualmente se mantienen en paro.


Se espera que en la reunión de hoy se defina la respuesta concreta al gobierno federal y la ruta que seguirá el movimiento estudiantil.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno permite que a diario se vulneren derechos de los guerrerenses: CNDH

Luego de enviar a 30 visitadores para que recaben información en el estado de Guerrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declaró que continúan conformando un expediente con las “violaciones graves de derechos humanos” cometidas durante el ataque y desapariciones de los normalistas en Iguala.

La instancia ha informado que seguirán las investigaciones que los funcionarios públicos y los organismos pertinentes realizan, porque en el actual caso se violaron derechos consistentes con las ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, atentados contra la integridad de las personas y omisiones en el cumplimiento de la función de seguridad pública.

Las dos primeras de estas violaciones son consideradas por la CNDH como las más graves a los derechos humanos, por lo que hizo un llamado al gobierno estatal para que proteja “los derechos de las víctimas, sus familiares y de los testigos de los hechos, especialmente para que ningún servidor público del estado realice actos de intimidación”.

Raúl Plascencia Villanueva, titular de la CNDH, informó que el pasado 27 de septiembre, fue enviado un grupo de trabajo conformado por 30 visitadores adjuntos, entre los que se encuentran abogados, médicos, psicólogos y criminalistas, quienes han realizado 233 diligencias, girado 10 requerimientos de información a distintas autoridades, y obtenido 24 expedientes clínicos y seis necropsias.

El organismo ha informado que el gobierno estatal ha efectuado acciones que permiten que “día con día se vulneren los derechos humanos de los guerrerenses” y que no existen estrategias adecuadas para combatir a la inseguridad.


Cabe señalar que es la segunda vez que la CNDH realiza las diligencias descritas en el estado de Guerrero por violaciones graves a los derechos humanos.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

¡Asesino!, le gritaron en tres ocasiones a Moreno Valle en la feria de Cuetzalan

Una fiesta tradicional como lo es la coronación de la reina del huipil en Cuetzalan se convirtió en un acto político encabezado por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, hecho que provocó la apatía, el rechazo y el descontento de la mayoría de asistentes, quienes no se limitaron a mostrar su disgusto, sino que, en franca alusión a lo ocurrido en Chalchihuapan, gritaron por tres ocasiones la palabra “¡asesino!”.

El pasado sábado 4 de octubre, el día principal de la feria ya que se festeja al patrono San Francisco de Asís, el público que ocupó la plaza de este municipio serrano reprobó que una fiesta popular y de marcado acento indígena se tratara de convertir en un acto de promoción política del gobernador Moreno Valle.

En su edición 51, un festejo tradicional se convirtió en “algo desagradable” como señaló uno de los presentes, Álvaro Aguilar Ayón. Ello, apuntó, porque el acto que es encabezado por los ancianos de la comunidad, quienes se encargan de elegir a la reina del huipil, poseedora de conocimientos identitarios de su cultura, fueron desplazados por el representante del poder ejecutivo, quien trató de informar sobre las “bondades” de su política.

“Fue algo desagradable para nosotros y para los visitantes que vienen en busca de lo tradicional y no de asuntos políticos. La molestia comenzó desde que llegamos a la plaza cuando vimos las mantas en la que se aludía a la inversión en materia de salud que el gobierno del estado ha destinado a Cuetzalan”, dijo durante una entrevista.

Además de las mantas, Aguilar Ayón contó que la promoción se prolongó hacia los lados del escenario con la colocación de los motocultores que el gobernador entregó, pese a que labriegos han denunciado que estos aparatos no son efectivos para esta tarea, tanto por su tamaño, su motor y su ineficacia en terrenos de cultivo.

Agregó que tras la coronación de Dominga Xala Bautista, el gobernador Rafael Moreno Valle tomó el micrófono para hablar sobre las inversiones a la salud y al campo, acción que rompió con la tradición, pues el acto marca que el protagonismo recae en la reina del huipil y no en el funcionario en turno.

“Cuando la maestra de ceremonias pidió aplausos, en vez de eso hubo silencio, rumores y el grito de la palabra asesino, acciones con las que la gente mostró su inconformidad por la manera en que se había mezclado un acto cultural con propaganda”, mencionó Álvaro Aguilar.

Otro vecino de Cuetzalan que prefirió mantener su anonimato por temor a las represalias que el gobernador pudiera tomar en contra de los pobladores contó que “cuando Moreno Valle comenzó a dar su discurso y escuchó los abucheos y el grito de asesino que yo oí por lo menos tres veces, el presidente municipal –Óscar Paula Cruz– echó sus miradas para que los policías vestidos de civil identificaran de dónde provenían los gritos”.

FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.
AUTOR: PAULA CARRIZOSA.

Batallón 102: un historial criminal

Los soldados sometidos a proceso a raíz de la matanza de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, pertenecen a un cuerpo militar que no sólo tiene diversos antecedentes criminales, sino que ha sido favorecido por Enrique Peña Nieto. El 102 Batallón de Infantería se estableció en 2010 en terrenos donados por el entonces gobernador, y este año el comandante supremo de las Fuerzas Armadas lo incorporó al Operativo “Seguridad Mexiquense” para combatir el narcotráfico. Esto, no obstante que desde 2011 miembros del mismo batallón que fueron procesados por delincuencia organizada aceptaron haber recibido dinero de un capo a cambio de información sobre los movimientos castrenses que se planeaban.

MÉXICO, D.F: Con antecedentes de ejecuciones extrajudiciales, el 102 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, al que pertenecen los militares acusados de asesinato en Tlatlaya, ha sido consentido por Enrique Peña Nieto.

Como gobernador del Estado de México, Peña Nieto inauguró las nuevas instalaciones de ese cuerpo militar en mayo de 2010, y a principios de  este año el comandante supremo de las Fuerzas Armadas lo integró al Operativo “Seguridad Mexiquense” que puso en marcha.

Instalado al sur del Estado de México (Edomex) con la misión expresa de combatir al narcotráfico en la zona, el 102 Batallón de Infantería ya se había visto involucrado en otros asesinatos de civiles. Al menos una docena de elementos están siendo procesados por ejecuciones extrajudiciales de presuntos integrantes o protectores de la delincuencia organizada.

Medio año antes de la masacre en Tlatlaya, miembros de ese mismo batallón mataron a cuatro empleados del gobierno municipal de Arcelia, Guerrero, en la frontera con el municipio mexiquense.

Aunque el hecho se presentó inicialmente también como un “enfrentamiento”, el 6 de diciembre de 2013 mataron en el poblado de Palos Altos, Arcelia, a Mario Urióstegui Pérez, director de Tránsito Municipal del ayuntamiento.

Conocido como La Mona, Urióstegui era identificado por el propio Ejército como suegro de Johnny Hurtado Olascoaga, El Mojarro, líder del grupo delictivo La Familia en la región norte de Guerrero y sur del Edomex.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1979, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Resistencia tras las rejas

La mayoría de los primeros grupos de autodefensa en Michoacán se encuentran encarcelados acusados de delitos federales. Sin embargo, afuera, en Tierra Caliente, la lucha se mantiene viva.

A poco más de un año y siete meses de haber nacido el movimiento de autodefensas –para combatir la asfixiante e invasiva presencia del crimen organizado en Michoacán- la mayoría de los que formaron los primeros grupos de esta resistencia civil se encuentran encarcelados.

Hay 383 civiles, incluyendo al líder fundador del movimiento, José Manuel Mireles, que hoy siguen sujetos a procesos penales, enfrentando la posibilidad de una sentencia de 2 a 9 años en la cárcel.

La liberación de los autodefensas que defendían sus propiedades y su vida no se ha cumplido, pese a que fue un compromiso del Gobierno Federal, tras los acuerdos para que se sumarán a la policía estatal. 

La mayoría de los detenidos, acusados del delito federal de portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército, se encuentran recluidos en las cárceles estatales de Apatzingán y Morelia, en el estado de Michoacán, en tanto que al menos 139 de esos autodefensas están en las cárceles federales de Sonora, Nayarit y Veracruz.

Los reos, principalmente los que se encuentran en cárceles federales, insisten con sus familias sobre el trato inhumano que reciben de parte de los custodios de esas instituciones. 

Han señalado el riesgo en el que se encuentran sus vidas al estar encerrados en los mismos pasillos en donde la población mayoritaria es señalada de pertenecer al crimen organizado que ellos comenzaron a combatir.

El caso más evidente es el de Mireles. Al líder fundador se le mantiene segregado en el área de hospitalización ante la posibilidad de ser agredido por otros presos que formaron parte de células criminales como Los Zetas, el Cártel del Golfo, La Familia Michoacana o el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Versiones obtenidas desde el interior de la cárcel federal de Hermosillo indican que Mireles ha recibido diversas amenazas de muerte. Se ha ganado a pulso la enemistad de otros presos, no solo por el combate contra el crimen organizado que venía haciendo, sino por haber denunciado actos de corrupción al interior de la cárcel.

Movimiento que sigue 

La situación que afronta José Manuel Mireles no es distinta a la que la mayoría de sus seguidores tienen que encarar en las prisiones federales en las que se encuentran, dijeron a Reporte Indigo un grupo de mujeres que hicieron públicamente responsable al Gobierno Federal de lo que les pase a sus hijos y esposos. 

El grupo denominado Colectivo de Mujeres de Autodefensas aseguró que mientras sus hijos y esposos sigan en prisión, continuará la desobediencia civil en los municipios de Tierra Caliente.

Prueba de ellos es la intensa movilización ciudadana -de la que no dan cuenta los medios locales de comunicación y de la que el gobierno estatal de Salvador Jara no habla- pero que se realiza desde hace más de 2 meses, en los municipios de Aquila, Coalcomán, Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán. 

Una defensa difícil de llevar

El encarcelamiento de los autodefensas que se alzaron contra el crimen organizado en Michoacán es emblemático, no solo por la cantidad de detenidos acusados bajo el mismo delito, sino por el grado de peligrosidad con el que se les ha calificado al enviarlos a cárceles federales.

El 27 de junio del 2014,  al lado de José Manuel Mireles, fueron detenidos sus tres escoltas y otros 83 integrantes del movimiento de autodefensa de La Mira. 

Todos fueron integrados en un mismo proceso penal, el cual resulta difícil de atender por la dispersión de los integrantes del grupo, lo que ha imposibilitado llevar una defensa conjunta.

Al líder fundador del Consejo Nacional de Autodefensas se le envió al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 de Hermosillo, Sonora; a sus tres escoltas se les remitió al Cefereso número 4 de Tepic, Nayarit, en tanto que a los demás autodefensas se les trasladó al Centro de Reinserción Social (Cereso) “David Franco Rodríguez” en Charo, y al “Francisco J. Múgica”, de Morelia.

En este momento, las defensas de los civiles alzados que se encuentran en prisión están trabajando para demostrar ante el juez la razón de las 68 armas de fuego, 20 vehículos, cartuchos y cargadores que les fueron asegurados.

Una nueva Ley para los ‘alzados’

La movilización social que se ha gestado en Michoacán, ante el reclamo de libertad para 383 autodefensas presos ha llevado a que en el Senado de la República se geste la iniciativa de una Ley de Amnistía, que beneficie a los civiles alzados contra el crimen organizado.

La propuesta se le atribuye al senador Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional (PAN), aun cuando está siendo cabildeada por la abogada michoacana Talía Vásquez Alatorre, quien lleva la defensa jurídica de José Manuel Mireles y sus tres escoltas.

De aprobarse la Ley de Amnistía, esta sería la puerta de salida para todos los autodefensas michoacanos que están en prisión bajo las acusaciones de delitos del orden federal cometidos en el estado de Michoacán entre el 24 de febrero de 2013 y el 1 de septiembre de 2014.

Esto, siempre y cuando hayan sido detenidos entre el 7 de marzo de 2013 y el 1 de septiembre de 2014 y hayan argumentado pertenecer a grupos u organizaciones denominados autodefensas o policías comunitarias.

La propuesta ya está consensada entre las bancadas del PAN, PT y PRD, cuyos 64 senadores la llevarán a tribuna. 

El PRI no ha aceptado sumarse a esa iniciativa y en consecuencia podrían no hacerlo las fracciones del PVEM y PANAL, lo que podría resultar en 63 votos en contra. 

Se espera que la iniciativa se haga Ley y los autodefensas presos alcancen el perdón presidencial antes de que concluya el mes de octubre.


El cerco para atrapar a ‘La Tuta’

El Gobierno Federal asegura que el jefe del Cártel de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez “La Tuta” se encuentra cercado. 

“Pronto caerá”, dicen las declaraciones públicas de los funcionarios federales.

En la zona de Tierra Caliente se ha desplegado un operativo militar sin precedente. Ni siquiera cuando se buscó a Nazario Moreno Gonzalez, “El Chayo”, fundador de Los Caballeros Templarios, se había observado el despliegue de Fuerzas Federales que hoy cubre a por lo menos 12 municipios de la zona sur del estado. 

“No se le va a permitir escabullirse de nueva cuenta”, asegura el Comandante Cinco de Fuerza Rural de Michoacán.

La captura del líder templario se ha dado en una especie de augurio, luego de la detención de Jesús Tapia Sánchez, “El Zanate” uno de los hombres que conforman el círculo más cercano de Servando Gómez. 

“El Zanate” es señalado como uno de los responsables por el asesinato de 12 policías federales ocurrido en Arteaga, por quien la PGR ofrecía una recompensa de 3 millones de pesos.


Las Fuerzas Federales han comenzado a cerrar el círculo entorno al jefe de Los Templarios, tanto así que en días pasados un hermano de Servando Gómez, un profesor identificado como Aquiles Gómez decidió suicidarse en la ciudad de Lázaro Cárdenas, cuando elementos de la Policía Federal intentaron detenerlo.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

El plan (macabro) de Iguala

Un video, dos testimonios y un interrogatorio. Material en poder de Reporte Indigo refuerza la teoría que afirma que los normalistas fueron asesinados por policías municipales, y podrían estar en las fosas encontradas.

La noche del viernes 26 de septiembre la Policía Municipal trasladó  a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa hasta la zona de Pueblo Viejo, Iguala. Ahí les dieron un balazo, los quemaron y los enterraron.

Esto lo informó a las autoridades de Guerrero uno de los sicarios que participó en la matanza, quien forma parte del grupo criminal Guerreros Unidos.

El informante relató que, junto con algunos policías municipales de Iguala que trabajan bajo las órdenes de ese grupo criminal, se desplazaron hasta la zona montañosa. 

Ahí excavaron fosas para enterrar a los estudiantes causantes de los disturbios del 26 de septiembre, el día en que María de los Ángeles Pineda, esposa del presidente municipal José Luis Abarca, rendía su segundo informe de actividades en el DIF y destapaba sus aspiraciones políticas para la alcaldía en 2015.

Después de la búsqueda, la noche del sábado 4 de octubre se hizo oficial del hallazgo de las fosas clandestinas. 

El mismo día el sicario y otros tres halcones de Guerreros Unidos fueron trasladados en un avión de la Procuraduría General de la República (PGR)  a la Ciudad de México. Sus nombres son: Martín Alejandro Macedonia Barrera, Honorio Antúnez Osorio, Marco Antonio Ríos Berber y Luis Alberto Gasoar.

La información del presunto criminal se confirmó con el macabro hallazgo; de las seis fosas clandestinas localizadas por la Policía Ministerial, tres eran de reciente excavación y en ellas se encontraron evidencias de que ahí se efectuó una cremación. 

Después del hallazgo la Agencia de Investigación Criminal de la PGR atrajo el caso de la masacre para ayudar a su homóloga estatal en las tareas de identificación de los cuerpos encontrados y también en la investigación que permita esclarecer quiénes fueron los culpables.

En espera de resultados 

Pese a las evidencias de que al menos tres de las seis fosas podrían contener los restos de los estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa, el procurador del Estado, Iñaky Blanco, fue prudente al pedir a familiares y sociedad que esperen los resultados periciales que confirmen la identidad de los cadáveres.

Muy tarde, el gobernador perredista del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se atrevió a declarar algo que se había evidenciado  desde un principio: los autores de la desaparición y matanza de los normalistas fueron los policías municipales de Iguala, con la ayuda de sicarios de Guerreros Unidos.

Así lo demuestra el video y declaraciones vertidas en la causa penal 172/2014 del Juzgado Primero Penal en el Distrito Judicial de Tabares, Acapulco, en poder de Reporte Indigo.

El video y las declaraciones, ratificadas en el juzgado por sobrevivientes y policías, también en poder de Reporte Indigo, serían evidencia de que los policías municipales de Iguala detuvieron a los estudiantes, los vejaron y los rafaguearon. 

Porque allá, en el Guerrero negro que gobierna Ángel Aguirre, existen acusaciones que vinculan al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, como uno de los jefes de los Guerreros Unidos, el grupo que ha sembrado terror, desolación y muerte en la región.

Patrullas llevan detenidos

El reloj marca las 23:19 horas del 26 de septiembre. Tres unidades de la Policía Municipal de Iguala circulan a toda velocidad por el puente del Periférico.

Es casi la media noche y la vía luce sola. En medio de la luz amarillenta captada por las cámaras de la ciudad de Iguala, irrumpen las patrullas. En la primera se observa que solo van elementos policíacos. La segunda lleva a algunos jóvenes detenidos.

Todo indica que serían los normalistas que están desaparecidos.

Al detectar el fugaz movimiento, la cámara gira para seguir grabando a las unidades policiacas que se pierden a la distancia del Periférico y luego, toda la imagen obscurece intempestivamente.

El video es una de las pruebas fundamentales para demostrar que los policías municipales detuvieron a los estudiantes, se los llevaron y después tal vez los asesinaron 

Pero no solo es eso.

También está la declaración del ministerial, Hugo Hernández Arias, policía tercero de Iguala, quien ratificó en la causa penal 172/2014 del juzgado Primero Penal en el Distrito Judicial de Tabares, Acapulco, que cuando llegó a sus labores al área de Seguridad Pública se percató que tenían a un grupo de muchachos en el patio de la Policía Preventiva Municipal.

Los detenidos estaban hincados y los interrogaba el juez de barandilla de ese turno, a quien solo reconoce como “el licenciado Ulises”.

“Hay tres celdas, una para delitos varios, otra para faltas administrativas y otra celda para mujeres. Cuando llegué a mis labores, eran las once de la noche, y me percaté que había como diez muchachos detenidos en el patio de la Policía Preventiva Municipal de Iguala y que el licenciado Ulises -sin saber sus apellidos- dialogaba con ellos, que los vi de reojo y se encontraban a una distancia de diez a quince metros aproximadamente.

“Las celdas están al fondo, pero ellos no estaban en las celdas, estaban en el patio, existe una lámpara encendida e ilumina perfectamente toda el área”, relató Hernández Arias.

El policía aseguró que, apenas llegó al lugar y recibió una orden:

“Que me hiciera cargo de resguardar la seguridad de las instalaciones, armamento y personal para repeler una eventual o posible ataque de individuos que quisieran atacar primeramente las instalaciones con el fin de llevarse armamento”.


Luego, un grupo de ministeriales llegó a las instalaciones y se llevó a los normalistas que tenían hincados en el patio.

“Vi que llegaron elementos de la Policía Preventiva a bordo de dos patrullas y subieron a ella a los muchachos que había visto que estaban hincado cuando platicaban con el licenciado Ulises ‘N’, Juez de Barandilla, que ignoro hacia dónde se los hayan llevado, todo esto lo vi de reojo. De ahí ya no me consta nada”, detalló el uniformado.

¿Quién dio la orden?

A partir de estos materiales se puede determinar que los estudiantes de la normal de Ayotzinapa habrían sido perseguidos, baleados y, algunos, asesinados por la Policía Ministerial de Iguala al mando del director de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velázquez y del presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, quien hasta el momento se encuentra prófugo.

¿Quién dio la orden?, se les interrogó uno por uno a los 22 elementos consignados por los hechos.

Todos responden que por radio se les pidió apoyo a los elementos para controlar a unas “personas agresivas a bordo de un autobús”.

Los policías ministeriales refieren que esa tarde algunos estaban comisionados para garantizar la seguridad en la explanada del Zócalo, durante el informe de labores de la presidenta del DIF Municipal, María de los Ángeles Pineda de Abarca, esposa de Abarca Velázquez.

En el evento, la primera dama destapó sus intenciones para suceder en el cargo a su esposo, quien después del incidente pidió licencia.

En ese mismo momento,  los estudiantes de la Normal estaban llegando a Iguala a bordo de camiones de Costa Line.

El viernes, la Procuraduría informó que buscará promover ante el Congreso del Estado un juicio de procedencia a fin de que el alcalde pierda el fuero constitucional que al momento le protege para poder proceder penalmente en su contra.

'Salimos con las manos atadas'

Uno de los estudiantes relató cómo los policías municipales de  Iguala dispararon en contra de los autobuses en los que viajaban 

Yonifer es el nombre de un estudiante de primer grado de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

El joven estudiante, quien participó en el evento del viernes 26 de septiembre, ratificó sus declaraciones ante el juzgado. En ellas, relató el horror que vivieron, en manos de los municipales de Iguala, él y cerca de sesenta compañeros normalistas.

Dijo que salieron cerca de las seis de la tarde de Tixtla a bordo de dos autobuses de la Línea Estrella de Oro con dirección a la ciudad de Iguala.

“Viajábamos sesenta compañeros, todos compañeros estudiantes de la escuela Normal Isidro Burgos, de los grados primero, segundo, tercero y cuarto; conduciendo dichos autobuses los propios conductores de Estrella de Oro, sin tener ningún incidente”, contó.

A las nueve de la noche llegaron a la terminal de autobuses de Costa Line, donde les pidieron a los conductores que los apoyaran para llevarse sus unidades hacia la Costa Chica. Al final de un estire y afloje, dijo, los estudiantes lograron llevarse los camiones.

Cuando el grupo de normalistas tomó el camino hacia la carretera federal que lleva a Chilpancingo, los alcanzaron y comenzaron a rodear camionetas patrulla de la Policía Municipal de Iguala, de las cuales, Yonifer identificó cuatro con los números económicos 17, 18, 20 y 27 con aproximadamente treinta policías a bordo, todos con armas de fuego.

El estudiante observó todo por la ventanilla. Los municipales obligaron al chofer a detener la marcha del camión en el que viajaban al menos 25 normalistas. Los rafaguearon.

“En ese momento fue que los policías municipales nos empezaron a disparar con las armas de fuego que portaban y en ese momento, al sentir que nos agredían a balazos, le gritamos al chofer que se arrancara y continuara la marcha, pero ya algunos compañeros habían bajado y empezaron a correr junto al autobús con la finalidad de subirse pero no lo lograron”, recordó.

El camión logró avanzar por lapso de cinco minutos hasta que una nueva patrulla de la Policía Ministerial le tapó el paso al autobús para evitar que siguiera su marcha.

“Nos bajamos del autobús y como en el lugar donde bajamos había piedras las tomamos entre las manos y se las aventamos a los elementos de la Policía Municipal que nos cerraron el paso, porque eran pocos y nosotros tratamos de mover la patrulla que nos estorbaba, en ese momento que lo hacíamos llegaron cinco o seis patrullas de la Policía Municipal y los elementos a bordo nos empezaron a disparar”, contó el normalista.

Ahí comenzó la cacería.

De nada sirvieron los gritos de auxilio para los heridos. De nada tampoco, que los estudiantes salieran de su escudo, como utilizaron el autobús, con las manos vacías y elevadas.

“Salimos con las manos alzadas para que vieran que no teníamos nada, pero los policías siguieron disparando y vi que uno de mis compañeros estaba tirado adelante del autobús, ya herido por los disparos”.

Lo normalistas ubicaron al compañero caído como “El Güero” y al cabo de unos segundos observaron que aún se movía por lo que gritaron a los policías que llamaran a una ambulancia para que lo ayudara. Los uniformados seguían apuntando. Nunca bajaron las armas.

“Cuatro compañeros decidieron salir de atrás del autobús, con las manos en alto, en señal de que no llevaban armas, para acercarse a dónde estaba tirado el compañero que le apodan ‘El Güero’, lo rodearon para cubrirlo, pero los policías les gritaron que se tiraran al suelo, por lo que vi que se tiraron al suelo y de ahí los policías empezaron a disparar otra vez”.

En medio del encontronazo un normalista comenzó a gritar que se sentía mal, que le faltaba el aire y que se le dificultaba respirar. Pedía ayuda a sus compañeros y estos a los policías, quienes se empezaron a burlar sin hacer caso.


Más de media hora estuvieron agazapados sin atreverse a salir de nuevo.

Poco a poco las patrullas comenzaron a retirarse hasta que los normalistas gritaron que ya se había ido.

'Todos corrieron sin rumbo'

En el lugar, algunos grabaron con sus celulares la sangre que quedó regada y los casquillos tirados. Junto a estos, los estudiantes colocaron piedras para cuando las autoridades del estado o federales acudieran al lugar pudieran encontrar las pruebas de que quienes dispararon fueron policías.

Luego revisaron también los autobuses que presentaban impactos de balas y en el tercer autobús, que estaba hasta atrás, encontraron restos de sangre a la altura de la palanca de velocidades.

Ahí se quedaron algunos esperando que otros compañeros de la Normal llegaran con refuerzos y personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, peritos, investigadores.

De pronto, alrededor de las once o doce, se escucharon nuevas ráfagas de arma de fuego.

Todos corrieron con sin rumbo. Un normalista resultó herido de balazo en la boca y tres más terminaron muertos.

Yonifer y algunos de sus compañeros corrieron en busca de ayuda hasta llegar a un clínica particular, donde pidieron a los encargados ayudaran al que iba herido de la boca y se desangraba.

En respuesta, el personal de la clínica argumentó no contar con los servicios requeridos, pues el herido necesitaba urgentemente la intervención de un cirujano y no tenían ninguno ahí.

Pidieron que lo atendieran para que no se siguiera desangrando.

“Que nos resguardaran en ese lugar, porque temíamos por nuestra integridad física, pero otra vez nos dijeron que no podían”.

Desesperados salieron a la calle en busca de un taxi. Ninguno se detuvo.

Hasta la clínica llegaron elementos del Ejército Mexicano, quienes revisaron que no portaran armas mientras pedían una ambulancia para el herido.

Los demás normalistas se dispersaron por las calles de Iguala. Muchos pedían asilo a los lugareños para que les permitieran esconderse. 

Así se hizo de madrugada.

Elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado habían llegado a Iguala para tomar el control. Para ese momento, el personal de la PGJE desarmó a los municipales para determinar quiénes habían disparado su arma durante la noche y madrugada.

“Fueron a traernos los elementos ministeriales y pasamos por donde se encontraban tres compañeros muertos en el lugar donde nos rafaguearon”.

En la noche de la persecución, los ministeriales también le dispararon a un auto en el que viajaban integrantes del equipo de futbol “Los Avispones”.

Al parecer, se equivocaron. Ahí, hubo dos muertos.

Ligados a Guerreros Unidos

El juez de barandilla que tenía hincados a algunos de los normalistas detenidos, conocido como “el licenciado Ulises”, no aparece.

Tampoco da la cara el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien se encuentra prófugo junto con su mano derecha, el director de Seguridad Pública, Felipe Flores.

Información extraoficial sugiere que Abarca Velázquez ordenó a Flores perseguir y dar un “escarmiento” a los normalistas, porque pensó iban a sabotear el evento de su esposa, la presidenta del DIF.


La Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su poder una investigación que liga al presidente de Iguala y a su mano derecha con el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

Policías y sicarios ejecutaron y enterraron a 17 normalistas: procurador de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro: El fiscal general del estado, Iñaky Blanco Cabrera, informó que policías municipales y sicarios al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos actuaron en contubernio para detener y ejecutar a 17 normalistas de Ayotzinapa, quienes fueron calcinados y enterrados en el punto donde ayer fueron localizadas fosas clandestinas en Iguala.

El director de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Valladares Salgado, señalado por Blanco Cabrera como responsable de la masacre de normalistas, fue detenido el sábado 27 de septiembre junto a otros elementos de la corporación, pero las mismas autoridades ministeriales de Guerrero lo liberaron.

En conferencia realizada en Acapulco, Blanco Cabrera determinó que en el asesinato de normalistas y civiles participaron policías municipales de Iguala vinculados a la delincuencia y sicarios al servicio de Guerreros Unidos.

También, confirmó que han sido exhumados 28 cuerpos de las fosas clandestinas ubicadas en un predio ubicado en un cerro de Iguala.

Este punto ha sido utilizado como tiradero de cadáveres por el grupo delictivo afincado en esa ciudad y dirigido por Salomón Pineda Villa El Molón, cuñado del alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez, indican reportes oficiales.

El fiscal afirmó que 17 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos y ejecutados por policías municipales y sicarios durante los hechos violentos registrados durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.

En este sentido, dijo que el director de Seguridad Pública, Francisco Valladares Salgado, pidió a policías y sicarios seguir a los normalistas que arribaron a Iguala para realizar actividades de recolección de fondos económicos.

En tanto que un sujeto identificado como El Chuky, líder de una célula de los Guerreros Unidos, ordenó que se llevaran y ejecutaran a los normalistas en el predio ubicado en el punto conocido como Pueblo Viejo.

Ello debido a que este sitio es utilizado como cementerio clandestino del grupo delictivo, indicó el funcionario estatal.

Dijo que lo anterior fue declarado por dos sicarios al servicio de los Guerreros Unidos que participaron en los ataques en contra de normalistas y civiles que dejaron un saldo de seis muertos y una veintena de heridos.

Los inculpados fueron identificados como Martín Alejandro Maceda Barrera y Marco Antonio Ríos Berber, quienes también informaron que al menos 30 de los 142 uniformados que conforman la Policía Municipal de Iguala, forman parte del grupo criminal Guerreros Unidos.

El testimonio de los dos sicarios refiere que la noche del 26 de septiembre siguieron a los normalistas a bordo de dos camionetas.

En el centro de la ciudad, sicarios y policías municipales atacaron a los normalistas, retuvieron a 17 estudiantes y se los llevaron al cerro de Pueblo Viejo donde los ejecutaron y posteriormente los calcinaron.

Luego de ubicar el lugar donde los 17 normalistas fueron asesinados, las autoridades ministeriales realizaron excavaciones en la zona y hasta el momento han localizado 28 cadáveres, dijo el fiscal.

Blanco precisó que la identificación científica de los cuerpos determinará la identidad de las víctimas, a pesar de que existen indicios para señalar que se trata de los estudiantes.

El fiscal recordó que existe una orden de presentación en contra del alcalde perredista con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

Mientras que el Ministerio Público determinó solicitar una orden de aprehensión en contra del secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez y el director de la Policía Municipal, Francisco Valladares por el delito de homicidio, desaparición forzada y delincuencia organizada.

En tanto que 22 uniformados ya fueron consignados por los mismos delitos y actualmente se encuentran presos en la cárcel de Acapulco.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

Sube a 28 el número de cadáveres encontrados en las fosas de Iguala

CHILPANCINGO, Gro: La cifra de cuerpos exhumados en las fosas localizadas ayer en Iguala subió a 28 y la mayoría corresponde a restos óseos que carecen de tejido blando, indican reportes oficiales.

De las tres fosas exploradas, las autoridades ministeriales encontraron nueve cuerpos en la primera, 11 en la segunda y ocho en la tercera, informó esta tarde a Proceso.com una fuente oficial.

Esta mañana, peritos de la Fiscalía estatal continuaron con las labores de búsqueda de cadáveres en las inmediaciones del punto conocido como Pueblo Viejo, al noroeste de la ciudad de Iguala donde ayer fueron exhumados 20 cadáveres.

Este día, las autoridades ministeriales encontraron ocho cuerpos más, indicaron las fuentes consultadas.

Hasta el momento, no se ha determinado si las víctimas corresponden a los normalistas desparecidos, sólo se ha señalado que nueve de los 28 cuerpos están calcinados.

Familiares de los normalistas desaparecidos estuvieron esta mañana en la sede de la Fiscalía estatal donde fueron sometidos a exámenes periciales y rindieron su declaración ante agentes del Ministerio Público del fuero común.

Por su parte, normalistas y padres de familia realizaron un bloqueo intermitente sobre la autopista Del Sol que se prolongó por más de dos horas, para exigir la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos.

En esta acción que comenzó cerca del mediodía, no se registraron incidentes graves.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

El reto de las reformas

Para el catedrático José de la Cruz Gallegos, hasta ahora las modificaciones estructurales promovidas por el gobierno han cambiado el marco institucional, pero no las instituciones.

Para que México logre aterrizar las reformas estructurales en un verdadero cambio de visión de la administración pública federal, se requieren políticas públicas secundarias que reconfiguren el sistema productivo y social.

De lo contrario, se corre el riesgo de que en 20 años ocurra algo similar a lo que pasó con el TLCAN, que no dio los resultados que se esperaban, y el país no logró pasar de un crecimiento de maquila a uno de valor agregado.

El catedrático José de la Cruz Gallegos expone que la debilidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) obedeció a que México no cimentó las bases productivas e innovadoras y lograr un comercio con contenido nacional.

Es decir, no modificó la infraestructura física ni el capital humano y por ende, no se logró el éxito en el mercado.

Lo más importante ahora, sostiene el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), es mantener el ritmo del proceso innovador global, sin descuidar el aparato productivo, para liberarse de las ataduras que han limitado el crecimiento económico y profundizado la pobreza.

Hasta ahora, dice Cruz Gallegos, las reformas estructurales han cambiado el marco institucional, pero no las instituciones.

Tampoco han modificado la conducta, visión y cultura de los agentes que se encargan de operar la estrategia en el sector público federal mexicano y aterrizarlo a nivel estatal y municipal, agrega.

En un país de alta desigualdad no puede esperarse que las leyes y reglamentos aprobados tengan un impacto homogéneo si no se implementan políticas públicas secundarias que generen un cambio en la visión, refiere.

Y ese cambio debe verse también en las empresas pequeñas con serias dificultades para sobrevivir y ser productivas, y que por ende, se encuentran fuera de los procesos de innovación y desarrollo tecnológico.

Por otro lado están las grandes empresas altamente productivas, pero que enfrentan una competencia desigual frente a trasnacionales con una gran capacidad financiera, refiere.

Falta solidez

Aunque México cuenta con algunas instituciones, empresas y universidades sólidas para construir la base de un mayor crecimiento, no son suficientes.

Sobre todo, detalla José de la Cruz Gallegos, para los requerimientos sociales y productivos de un país con 60 millones de personas en pobreza por ingreso y con un mercado laboral altamente precarizado.

“La transformación de esa realidad es el mayor desafío que enfrentan las reformas, porque si no hay un impacto positivo, que reduzca las brechas existentes, difícilmente se podrá justificar su existencia”, dice.


No se puede pensar que los cambios instrumentados garanticen la transformación del país, insiste el economista, mientras no se propicie la construcción y reconstrucción de las instituciones.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: GEORGINA HOWARD.

Urge vigilar procesos feminicidas

En Jalisco los feminicidios van a la alza, aunque por los protocolos utilizados son pocos los casos de homicidios de mujeres que se registran bajo esa tipificación. Existen perfiles patológicos y contextos en los que se normaliza este tipo de violencia.

"Diana fue una buena persona", señaló Agustín Galindo Beltrán al recordar cómo desde el pasado 28 de abril su vida y la de su familia cambió tras el feminicidio de su hermana, Diana Galindo Beltrán.

Hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha encontrado a los responsables de la muerte de Galindo Beltrán.

Era la tarde de un lunes cuando Diana respondió a los llamados en la puerta de su casa, ubicada en la Calle 18 de la Unidad Habitacional José Clemente Orozco, cuando fue abordada por dos mujeres que, tras someterla a golpes, la subieron a un automóvil negro. Los hechos fueron presenciados por Andrea, la hija mayor de la víctima.

“Su versión es que dos chicas llegan a la casa, la llaman, mi hermana sale y empiezan a golpearla. La tiran al suelo, le pegan la cabeza contra el piso, le cierran la puerta a la niña, la niña se asoma por la ventana y ve cómo se subió al coche negro”, narró Agustín Galindo.

La noche pasó y Diana Galindo no regresó a su casa, su hermano comentó que ella mantenía una constante comunicación con su familia, a pesar de su hermetismo para con sus problemas personales.

Trato deshumanizado

La tarde del martes 29 de abril, Agustín recibió una llamada de su cuñado: “Está en el Semefo (Servicio Médico Forense)”. 

Esa mañana, los registros periodísticos señalaban la aparición de su cuerpo en un camino de terracería denominado Las Ánimas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Su cuerpo estaba cubierto con una cobija, además de presentar huellas de tortura y golpes en el rostro. Portaba un pantalón azul de mezclilla y una blusa de color negro y blanco.

Diana murió de estrangulamiento por agente externo y heridas con objeto punzocortante en el abdomen, con alrededor de cien perforaciones que se hicieron con un alambre, según recuerda y relata su hermano.

Entre silencios que rememoran en la mente de Agustín la imagen de su hermana, narra también cómo en las oficinas del Ministerio Público se vive un ambiente de insensibilidad y frialdad para con los familiares de las víctimas.

“Es un trato un poco desfasado de la realidad, no hay una atención humana, es muy frío el asunto”, detalla el hermano de la víctima.

Actualmente, el asesinato de Diana Galindo fue tipificado como un feminicidio por parte de la FGE, hasta la fecha no se han encontrado a los responsables, aunque su pareja sentimental, a quien Agustín nombra como “Pepe”, es señalado como uno de los sospechosos.

De acuerdo con las declaraciones de Agustín Galindo, el agente del ministerio público no ha avanzado en la investigación, y es el propio personal quien acusa a la familia de obstaculizarlos en el proceso, aunque ésta señala que es la falta de capacidad la que hace que no avance.

Pese a que oficialmente no existe un señalamiento de que en Jalisco los casos de feminicidios vayan en aumento, Reporte Indigo documentó a través de cifras entregadas por la misma dependencia que dicho delito ha incrementado en la entidad. 

Perfil feminicida

“Como sociedad (se) nos enseña a pensar que los problemas son de alcoba y es mejor no meterse, (esta misma sociedad) nos enseña a bien juzgar y nos obliga a callar”, leyó Sofía Virgen Rodríguez, hermana de Imelda, en la rueda de prensa por su aniversario luctuoso.

En entrevista con Reporte Indigo, Martha Catalina Pérez González afirma que los problemas de violencia entre pareja deben ser observados por la sociedad, pues aunque se trata de situaciones privadas, su descuido atañe a todos.

“No hay una vigilancia constante de lo que está sucediendo, son solamente los cercanos, los amigos, los conocidos (…) pero se mantiene al margen por miedo a no saber cómo enfrentarlo, a que diga ‘ese no es mi problema que se, arregle ella’.

“Sin embargo yo creo que sí es nuestro problema como sociedad (…) sí es importante que como sociedad tengamos una concientización de la no naturalización de la violencia”, explicó la profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y subdirectora de Centro de Evaluación Psicológica.

De acuerdo con Pérez González, existen características que pueden determinar un perfil feminicida o de una relación donde la violencia, tanto psicológica como física, se hace presente. 

A través del alejamiento de la víctima para con otras personas que no sean su pareja, es como se inicia el proceso.

“Siempre detrás de esta careta hay alguien inseguro, alguien que siente que tiene que controlar al otro para que esté con él, y vemos a alguien que trató por todos los medios de tratarla controlada en los pequeños detalles, ‘yo te llevo, yo te traigo, tú ya no tienes contacto con alguien más’, con la familia se alejó, pero la conducta se va haciendo cada vez más dependiente de ella en cuanto a mis afectos”, describió. 

En sentido de la desconfianza, es como el feminicida comienza a adquirir posiciones impulsivas y llegar a las agresiones físicas para no perder la atención de la persona victimada.

De igual forma comienza un proceso de “castigo”, en el cual se limitan los recursos económicos, incluso se deja de hablar o tratar amablemente para demostrar un sentir de malestar.

Posteriormente, ante una separación de las personas o un sentimiento de poco control sobre la mujer, es como el victimario comenzará a tomar ideas de homicidio en dónde “si no es de él, no será de nadie”, como ocurrió en el caso de Imelda Virgen tras su separación amorosa.


“Llegó ese punto de quiebre en el que su personalidad, en algún momento, se sale de la realidad, y puede tener una actitud homicida, pero porque se ve amenazado en cuanto a ya no tenerla, a ya no ser, porque es a través de ella que se identifica como una persona exitosa, amada, querida y complacida”, apuntó Pérez González.

Para la académica de la Universidad de Guadalajara, el proceso del feminicida tiende a destruir al victimario como persona y a entrar en un proceso de duda respecto a su relación, de tal forma que es cuando comienza a formularse ideas que implican el homicidio de la persona querida.

De esa forma es como la historia de un perfil feminicida, explicado por la investigadora del CUCS, puede ser tomado por la sociedad para lo que sucede al interior de las relaciones personales, donde los feminicidios van en aumento en nuestro estado y donde la violencia psicológica y física concluyen en el delito penal.

Subcultura de sumisión

Un 40 por ciento de los feminicidios en Jalisco suceden fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, es decir en áreas rurales o ciudades pequeñas de la entidad, aunque las lógicas de los procesos feminicidas podrían ser distintas a las observadas en las zonas urbanas.

Un hombre mató a su esposa con una escopeta en el municipio de Tepatitlán de Morelos, el pasado domingo 7 de septiembre. 

De acuerdo con la versión del asesino, él se molestó porque su esposa visitó a sus padres. Discutieron y, al subirse de tono la situación, tomó la escopeta y le disparó.

Para la académica de la UdeG, Martha Pérez González, en estos entornos los factores de desinformación y menor conciencia respecto a los roles de género provocan una mayor violencia hacia con las mujeres.

“(Tienen) una historia cultural, una subcultura de sumisión, de asumir el proceso de violencia como una norma, como una parte de la cultura, de cómo socializar, de cómo educar a los hijos, de cómo ser pareja, de lo que yo te puedo hacer”, explicó Pérez González.

Es en los contextos rurales donde las mujeres viven presas de una victimización, en la que la libertad de una equidad no es siquiera vislumbrada por las mismas.


“De ahí que, pues obviamente ellas están inmersas en una sociedad que no les permite liberarse, precisamente por la forma en que se van dando estos roles en la sociedad”, detalló la académica.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JONATHAN ÁVILA.