Iguala: el alcalde infiltrado

Una denuncia en manos de la PGR señala al presidente municipal prófugo –José Luis Abarca– como uno de los líderes de Guerreros Unidos, el grupo acusado de quemar y enterrar a los normalistas de Ayotzinapa.

En la colonia San Miguelito de la ciudad de Iguala, Guerrero, un fuerte olor a químicos comenzó a provocar que los niños se enfermaran.

Uno de los líderes vecinales, Ernesto Pineda Vega, denunció ante el personal del Ejército y la Marina que en la zona operaba un narcolaboratorio para el procesamiento de drogas, propiedad de los Guerreros Unidos.

Luego de la denuncia, el narcolaboratorio de producción de heroína -asentado en esa colonia de casas de cartón y lámina en las que habitan personas de escasos recursos- fue desmantelado por elementos del 27 Batallón de Infantería.

Pero Pineda Vega no solo denunció el narcolaborario, también acusó al grupo criminal Guerreros Unidos como el responsable de asesinar, secuestrar y extorsionar a pobladores de Iguala.

Días después, el líder de San Miguelito fue capturado por Policías Municipales de Iguala señalado como el responsable del secuestro de Adolfo Salgado Salgado.

Fue encarcelado en Tuxpan, en donde fue golpeado por un grupo de internos que intentaron matarlo. Pineda Vega aseguró que le hicieron eso por órdenes del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

La investigación del caso trascendió el Estado y pasó a manos de la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud (UEIDS) de la Procuraduría General de la República (PGR), quien inició la averiguación previa SEIDO/UEIDS/4612/2014.

Con sus declaraciones, Pineda Vega destapó la cloaca.

La conexión con ‘El Chuky’

El 23 de abril pasado, ante el Ministerio Público el líder social Ernesto Pineda Vega dio detalles de las operaciones de los Guerreros Unidos: nombres de integrantes, secuestros cometidos y la forma en que ejecutan los levantones en la región.

Desde esa fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su poder la denuncia en la que Pineda Vega acusa al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, de ser uno de los principales mandos de Guerreros Unidos en esta zona del estado.

Abarca -hoy prófugo- no actuaba solo.

De acuerdo a las declaraciones del líder de San Miguelito, el funcionario tenía a su servicio al secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, quien a su vez ejecutaba las órdenes a través de su jefe de sicarios, un hombre apodado “El Chuky”.

El domingo 5 de octubre el procurador de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco, señaló que –de acuerdo a declaraciones de sicarios de Guerreros Unidos- la orden de confrontar a los estudiantes de Ayotzinapa la dio el director de Seguridad Pública Municipal, Francisco Salgado Valladares, pero la de ejecutarlos la recibieron de un sujeto apodado “El Chuky”.

Ordena Peña Nieto esclarecer el caso

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró ayer sentirse indignado por los hechos ocurridos en la ciudad de Iguala, en donde –de acuerdo a las investigaciones- estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron secuestrados y asesinados por elementos de la Policía Municipal.

Peña Nieto ordenó encontrar a los responsables y aplicar la Ley.

A través de un mensaje el mandatario informó instruyó al gabinete de Seguridad para tomar acciones inmediatas para el esclarecimientos de los hechos.

“En el estado de Derecho no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”, afirmó.

A pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) tenía desde hace meses denuncias que daban cuenta de la violencia en Iguala otros municipios de Guerrero, no fue sino hasta que estalló el escándalo que Jesús Murillo Karam acudió personalmente a esa región del sur.

Ayer en breve conferencia, el titular de las PGR anunció encabezaría las pesquisas de la mano con el fiscal de investigación criminal, Tomás Zerón.

“El Estado mexicano no puede darse el lujo de ignorar una situación como está”, declaró.

También la División de Gendarmería de la Policía Federal asumió la seguridad en Iguala, Guerrero.

El 'modus operandi' de Abarca

A finales de mayo de 2013 fueron secuestrados ocho líderes sociales de Iguala de la Unidad Popular (UP).

Tres de ellos aparecieron muertos: Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.

Sus cuerpos, torturados y vendados, fueron encontrados en el tramo Mezcala a Iguala de la carretera Federal México-Acapulco.

Por este caso, la PGR inició la investigación a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS)  SEIDO/UEIDMS/4612/2014 que involucra al alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

Nicolás Mendoza Villa, uno líderes sociales que sobrevivió al secuestro, acusó al presidente municipal de haber sido quien dio muerte a Hernández Cardonal, líder de la organización.

Él mismo le disparó en el rostro y en el cuerpo, dijo Mendoza Villa en su declaración, firmada ante notario público.

Desde el crimen de esos líderes regionales, Abarca Velázquez fue señalado de usar a los sicarios de Guerreros Unidos para amenazar o eliminar a sus enemigos y contrincantes políticos.

Ernesto Pineda Vega, el líder de San Miguelito que sigue preso acusado de secuestro, también lo señala directamente:

“Yo anduve trabajando directamente con Arturo Hernández Cardona, solicitando apoyo para las personas de bajo recursos ante el presidente municipal de Iguala quien en una ocasión me llamó en privado, siendo esto ocho días antes de levantar a Cardona, me dijo lo siguiente: ‘A ver hijo de la chingada ya me tienen hasta la madre, o te separas de Cardona o vas a correr la misma suerte’”, relató Pineda Vega.

El líder social dijo además tener información de que el alcalde había mandado asesinar al síndico municipal Justino Carbajal.


Carbajal, síndico procurador del Ayuntamiento de Iguala, fue asesinado en marzo de 2013 por un grupo de hombres armados.

El día del crimen, el excandidato a diputado federal y también sobrino del exalcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, había asistido -junto con Abarca Velásquez y ediles de la comuna- a destrabar el bloqueo de la entrada principal del basurero municipal.

En su declaración, Pineda Vega señala que el presidente municipal también mando desaparecer a Rafael Ochoa, quien era líder de una colonia de la que Abarca se apropió después con la finalidad de tener el control y mando en la región.

“Su forma de operar es que la Policía Municipal levanta a las víctimas y ellos las entregan a los Guerreros Unidos, después estos se encargan de negociar y pagar su rescate”, detalló el dirigente, también vinculado con el PRD del Estado.

Una red de corrupción

De acuerdo con la versión del líder vecinal de San Miguelito, Ernesto Pineda Vega, el grupo criminal Guerreros Unidos estaría financiado desde el gobierno, porque sus jefes son los mismos que gobiernan la región.

Señala también a diversos personajes que son autoridad de la zona como miembros de la delincuencia organizada, entre ellos, el comisario ejidal de Iguala, Antonio Bustamante Nájera; Moisés y Maximino Pedraza Salgado -conocidos como “Los Peques”- y a Tilo, Osiel, Orbelín, Mateo y Salvador, todos de apellidos Peralta Rodríguez.

“Otra persona que trabaja para los Guerreros Unidos es el delegado del transporte, siendo estos servicio urbano y taxis. A los cuales les cobra 200 pesos al chofer y otros 200 al dueño, juntando aproximadamente más de un millón de pesos, ya que son más de 2 mil transportistas”, dijo Pineda Vega.

El líder comunitario indicó que a los únicos que no les cobran es a los dueños del Centro Joyero.

“El dueño es José Luis Abarca y su esposa Ángeles Pineda, quien es dueña de una farmacia Guadalajara y Galerías, es tan poderosa porque es comadre de un narcotraficante”, declaró en abril pasado.

El dirigente aseguró que es por esta información, por que exhibe la forma de operar y por las denuncias públicas que hizo ante los medios de comunicación fue que le fabricaron el delito de secuestro e intentaron matarlo a él y a su familia.

Muchos de los nombres que Pineda Vega proporcionó a las autoridades estatales en esas declaraciones hechas en abril, salieron a relucir en la reciente investigación del crimen y desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Líderes incómodos

Tras la desaparición de los ocho líderes de Guerrero en mayo del 2013, la senadora perredista Dolores Padierna Luna propuso un punto de acuerdo para que la PGR que ejerciera su facultad y atrajera el caso.

Padierna señaló que los líderes secuestrados resultaban “incómodos”.

“Hace dos semanas diversas organizaciones de Guerrero hicieron una marcha, un acto como protesta, como un acto desesperado más bien de la sociedad civil por la profundización de la pobreza y el avance del crimen organizado.

“Dos horas después, Héctor Arrollo Delgado, Arturo Hernández Cardona, Efraín Amate Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza, Rafael Balderas y Jimmy Castrejón, desaparecieron”, detalló la perredista en aquella ocasión.

El discurso de hace más de un año de la senadora perredista coincide con la declaración del líder de San Miguelito respecto a que aquellos incómodos para la autoridades eran eliminados.

Aparece narcomanta

Ayer, las autoridades de Guerrero encontraron colgadas cuatro narcomantas en diferentes puntos de Iguala.


“Gobierno Federal y Estatal. A todos los que nos apoyan, se les exige que liberen a los 22 policías que están detenidos. Les damos 24 horas para que los suelten sino aténganse a las consecuencias. Empezaremos a poner nombres de la gente que nos apoya en el gobierno. Ya empezó la guerra. Att. GU”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

La angustia de una madre oaxaqueña: “Mi hijo está desaparecido en Guerrero”

OAXACA, Oax. (apro).- Entre sollozos, Lucina Garnica, madre de Christian Tomás Colón Garnica, estudiante de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, ruega a Dios para que su hijo no se encuentre entre los 28 cuerpos que localizaron en las fosas clandestinas ubicadas en Iguala.

“Mi hijo está desaparecido en Guerrero. Lo secuestraron y no sabemos si está vivo. Nos mandaron llamar para el estudio de ADN, pero no hemos podido ir porque no tenemos dinero para el pasaje”, dice.

Con el dolor a cuestas, la mujer admite que Christian, de 18 años, es uno de los estudiantes que se encuentra en la lista de desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, cuando sicarios y policías atacaron a los normalistas y se llevaron a varios de ellos.

La familia del joven pidió el apoyo del gobierno estatal, instituciones de derechos humanos –entre ellos la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO)– y organismos civiles para viajar a Guerrero y tener noticias de primera mano.

“Pido justicia, pido se castigue a los que secuestraron a mi hijo Christian, quien se fue a estudiar a la Normal de Guerrero apenas el pasado 16 de julio. Es su primer año allá. Apenas salió de la prepa de Tlacolula (municipio ubicado a 32 kilómetros de esta capital). Se fue a estudiar allá con su otro hermano”, subraya Lucina Garnica, y exige al gobierno de Gabino Cué que se sume a la búsqueda del estudiante oaxaqueño.

El caso de Christian Tomás se suma al del indígena huave Édgar Andrés Vargas, de 19 años, originario del municipio de San Francisco del Mar, municipio localizado en el Istmo de Tehuantepec, quien también resultó herido en el ataque del 26 de septiembre.

Vargas, estudiante de tercer año en la Normal Rural de Ayotzinapa, se encuentra internado en el Hospital General de Iguala, luego de recibir un balazo en la boca que le destrozó el maxilar. Según el alcalde de San Francisco del Mar, Leonel Gómez Cruz, el estado de salud de Édgar Andrés se reporta como estable.

Por separado, estudiantes del diplomado “Investigación de la tortura: manejo del protocolo de Estambul” condenaron los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero y los calificaron “de extrema gravedad”.

“Es una muestra más de las graves violaciones a los derechos humanos y la situación que viven diversos sectores, quienes hacen uso legítimo del derecho a la libertad de expresión, pero (las autoridades) criminalizan la protesta social. El uso excesivo de la fuerza pública, los asesinatos, la desaparición forzada y la tortura no tienen justificación y son totalmente inaceptables e inadmisibles estos hechos”, apuntaron.

De acuerdo con los estudiantes, el Estado mexicano es doblemente responsable por las violaciones a los derechos humanos “por la acción y omisión”, por lo que deberá tomar acciones para efectuar una búsqueda efectiva y diligente que permita la localización inmediata y presentación con vida de los desaparecidos.

“Estos actos evidencian el desinterés del Estado por no cumplir con las obligaciones adquiridas al suscribir los instrumentos internacionales de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano para erradicar todo acto de tortura”, detallaron.

Y más: “Los eventos denotan que a más de tres años de la reforma en materia de derechos humanos, las autoridades no cumplen la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Suegra de edil de Iguala asegura que Ángel Aguirre fue patrocinado por el narco

MÉXICO, D.F: Leonor Villa Ortuño, supuesta suegra del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Hernández, aseguró que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue patrocinado por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

En un presunto interrogatorio, la suegra del alcalde de Iguala asegura que sus hijos pertenecen al crimen organizado y su yerno protege al grupo criminal Guerreros Unidos.

Mario Pineda Villa y Alberto “El Borrado Mario Pineda, operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y hermanos de la esposa del edil fueron ejecutados en 2009 por traicionar a Arturo Beltrán Leyva.

En el video del interrogatorio difundido por el periódico Reforma, se le pregunta a la madre de los hermanos Pineda si conoce al gobernador Ángel Aguirre Rivero; responde: “Sí lo conozco, porque mis hijos patrocinaron su campaña de diputado a gobernador”.

Asegura también que su yerno protege al cártel de Guerreros Unidos a cambio de una cuota mensual de dos millones de pesos: “Maneja a su antojo a todos los comandantes y policía municipal de Iguala”.

– ¿Quién dio la orden de patrocinar la campaña del gobernador Ángel Aguirre Rivero? –le preguntan a la mujer.

– Arturo Beltrán Leyva.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Espectáculo mediático”, el despliegue federal en Iguala, acusan

IGUALA, Gro. (apro).- “Son puras mamadas, esos cabrones ya se fueron pa’ la sierra”, expresa un policía estatal mientras observa un impresionante convoy de patrullas y tanquetas artilladas que transporta a cerca de 400 agentes federales que arribaron para asumir el control de la seguridad en esta ciudad colapsada por la narcoviolencia.

El operativo federal se implementó a más de una semana de que policías municipales y sicarios actuaron en contubernio para detener, ejecutar y desaparecer a normalistas de Ayotzinapa, y a unas horas de que el grupo delictivo Guerreros Unidos colocó dos mantas en diferentes puntos de la ciudad, donde emplazó a las autoridades federales y estatales a liberar a los uniformados detenidos por estos hechos violentos; de lo contrario, el narco revelará los nombres de políticos coludidos con la delincuencia.

Al respecto, el comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo Ceballos, informó que cerca de 400 policías de las divisiones de Gendarmería y Operaciones Especiales permanecerán en Iguala hasta que se aclaren los hechos de violencia y se restablezca la seguridad en esta ciudad de la zona norte de la entidad.

En declaraciones al término de una reunión con autoridades municipales y estatales en la sede del ayuntamiento igualteco, Galindo Ceballos dijo que la presencia federal en este lugar pretende evitar que vuelvan a ocurrir hechos de violencia.

Ello después de que la semana pasada 23 personas fueron asesinadas, 24 más resultaron heridas y al menos 26 normalistas desaparecidos en diferentes ataques realizados por policías y sicarios en contra de estudiantes, deportistas y civiles.

Los agentes federales arribaron a las 16:00 horas y coparon los hoteles de Iguala; luego salieron a recorrer las calles en medio de un impresionante despliegue que provocó asombro y reproches entre la ciudadanía y policías estatales que desplazaron a las autoridades municipales.


“Hubieran llegado antes, ahora ya para qué”, expresa una mujer que asegura que en este momento Iguala se ha convertido en “la ciudad más segura” de la entidad.

Un policía estatal expresa su molestia ante lo que califica como “espectáculo mediático”, al argumentar que los jefes del grupo delictivo Guerreros Unidos huyeron de la ciudad y se refugian en la parte serrana de la franja de Mezcala.

“El Ejército que se encuentra asentado en Iguala nunca hizo nada para frenar a esos cabrones y la Federal menos”, indica el agente que se retira del lugar a prisa y lanzando gritos a sus compañeros para que detengan a un joven que estuvo tomando fotografías con su teléfono móvil a los policías federales que desfilaban por el centro de la ciudad y a reporteros que documentaban afanosamente la acción tardía de las autoridades federales.

Por su parte, Guerreros Unidos deja constancia de su presencia en este lugar, considerado como su bastión, al lanzar amenazas a los gobiernos federal y estatal por lo que consideran una traición y emplazaron a las autoridades a liberar a los 22 policías detenidos por los hechos violentos.

De lo contrario, advirtieron que van a revelar los nombres de los políticos que fueron beneficiados por esta organización criminal dirigida por Salomón Pineda Villa, El Molón, señalado por autoridades federales como cuñado del alcalde perredista con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien se encuentra prófugo junto a los jefes policiacos que dieron la orden de detener y entregar a los normalistas de Ayotzinapa a sicarios.


Por su parte, este día se suspendieron las labores de búsqueda de cadáveres en el predio de Pueblo Viejo, donde oficialmente fueron exhumados 28 cuerpos, entre ellos dos mujeres, de cinco narcofosas ubicadas en este lugar, considerado como un cementerio clandestino utilizado desde hace cuatro años por Guerreros Unidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

Ayotzinapa: La masacre del PRD

MÉXICO, D.F. (apro).- El prólogo de la masacre de jóvenes en Iguala, justo donde hace dos siglos se proclamó la Independencia de México, concita náusea: El alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez, harto de peticiones de fertilizantes que le hacían, manda a su policía y pistoleros a secuestrar a ocho ciudadanos miembros de su partido para escarmentarlos él mismo.

–¿Qué tanto estás chingando con el abono? ¡Me voy a dar el gusto de matarte! –le dijo al ingeniero Arturo Hernández Cardona, líder de la Unidad Popular de Iguala, antes de torturarlo y dispararle con una escopeta en el pecho y la cabeza.

Este y otros dos asesinatos, cometidos el 30 de mayo del año pasado, quedaron impunes por la misma mecánica de complicidades que hizo posible, 16 meses después, la muerte a balazos de seis personas, entre ellas un ama de casa y el chofer y un jugador del equipo de futbol “Avispones”, las heridas a más de 20 y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Se trata de complicidades al más alto nivel: El alcalde Abarca Velázquez –ahora fugitivo– es integrante de Nueva Izquierda (NI), la corriente que domina el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y a ella pertenecen también el gobernador Angel Aguirre Rivero y el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, negados ambos a proceder contra aquél por esos crímenes denunciados formalmente.

Y es Nueva Izquierda, que jefatura Jesús Ortega y a la que pertenece Carlos Navarrete, el nuevo presidente del PRD, con la que se entiende bastante bien Enrique Peña Nieto y que explica en buena medida su inacción para esclarecer estos y otros crímenes, como los asociados a la tragedia de “Ingrid” y “Manuel”, el 15 de septiembre de hace un año, cuando Aguirre se emborrachaba.

Sólo estas complicidades explican también que sólo hasta este lunes 6, diez días después de la desaparición masiva de jóvenes normalistas –ocurrida entre la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre–, el gobierno de Peña haya ordenado acciones para dar con ellos, y sólo cuando hay indicios de que fueron ejecutados por criminales asociados al alcalde Abarca.

No hay modo de que las autoridades de los tres niveles de gobierno evadan su responsabilidad jurídica y política en estos crímenes, que son de Estado unido al crimen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha intervenido y, pese a que puedan pasar meses, integrará un expediente sobre este crimen de lesa humanidad.

Tampoco el PRD puede escapar a su inmensa responsabilidad en la masacre de Iguala, que estará históricamente asociada a él y a su grupo hegemónico: Nueva Izquierda.

La fotografía de la mañana del sábado 4 de octubre es elocuente: En la Ciudad de México, Carlos Navarrete enlaza sus manos a las de los gobernadores del PRD, entre ellos Aguirre Rivero, justo cuando, en Iguala, son extraídos de fosas clandestinas los cuerpos de decenas de jóvenes, a los que también se les prendió fuego…

No hay modo de evitar otra masacre que ocurrió, también en Guerrero, hace 19 años: El 28 de junio de 1995 llegué al vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, cuando la sangre estaba fresca. Habían sido asesinados 17 campesinos a manos de la policía y por orden expresa del gobernador Rubén Figueroa.

En la edición 974 de Proceso, del 3 de julio de ese año, consta la descripción puntual de cómo fueron asesinados los campesinos por órdenes de Figueroa, quien sólo un año más tarde, en marzo de 1996, renunciaría tras difundir Ricardo Rocha el video que acreditó el crimen. El sustituto sería, a propuesta de Figueroa, Aguirre Rivero, entonces presidente del PRI.

Ese tiempo en Guerrero se percibía un aire denso, enrarecido, y a un año de la masacre, apareció –justo en el vado de Aguas Blancas– el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que Emilio Chuayffet, actual secretario de Educación y entonces secretario de Gobernación, llamó “pantomima”.

Sí, el mismo Chuayffet que renunció al cargo, en diciembre de 1997, por la matanza de Acteal, Chiapas, de la que justamente hoy, lunes 6 de octubre, fue exonerado Ernesto Zedillo en Estados Unidos por la “inmunidad diplomática” que tiene como expresidente, la que beneficiará también a Felipe Calderón por crímenes que se le atribuyen y que, en el México de Peña, no cesan. ¡Maldita sea!

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

Fotogaleria: BalconeArte INGAPE Tijuana

Miembros de Activistas de INGAPE Tijuana realizaron un balconeo en las inmediaciones del CECUT entre los mensajes sobre salen: 

Liberen a Mireles, Mario Luna, Fernando Vazquez, Nestora, al compa Jamspa, y a todos los presos politicos, y justicia para los estudiantes asesinados de Ayotzinapa, y presentacion de los que estan vivos.

EXIGIMOS LIBERTAD Y JUSTICIA PARA LOS PRESOS POLITICOS Y PRESENTACION CON VIDA DE LOS ESTUDIANTES DE AYOTZNAPAN GUERRERO.   

BalconeArte Ingape Tijuana

Video: Manifestacion de Estudiantes de la BUAP 2 de OCT del 2014

Jóvenes de La B.U.A.P, de otras universidades, preparatorias y de la sociedad en general, nos reunimos para conmemorar el 2 de Octubre de 1968, para luchar por nuestros hermanos del Instituto Politécnico Nacional y de Ayotzinapa y Tlatlaya.

Recomienda la ONU no dar a Teletón fondos públicos destinados a rehabilitación

Rechaza en un informe las campañas que “promuevan estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda al gobierno de México “establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad”.

El informe, entregado al gobierno de México por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU,  recomienda al gobierno de Enrique Peña Nieto no entregar a una organización de carácter privado como Teletón los recursos financieros que el Estado dedica a la rehabilitación de personas con discapacidad, informó la revista Proceso.

El documento expone que la comisión está preocupada porque una gran parte de los recursos es administrada por dicha institución, y agrega que las campañas del Teletón “promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad”.

El comité examinó a México los días 16 y 17 de septiembre en materia de atención a las personas con discapacidad, y los resultados fueron difundidos este domingo.

El informe cuenta con 12 páginas e incluye 63 recomendaciones hacia el gobierno, en las cuales se destacan, investigar y actuar penalmente a las instituciones que aplican esterilizaciones forzadas a niñas y mujeres con discapacidad, y garantizar reparaciones a las víctimas de ésta práctica.

Fuente: Aristegui Noticias

Autor: Redaccion.

Trasladan a 'El H' y Goyeneche a centros penitenciarios en Edomex y Jalisco

México, DF. Héctor Beltrán Leyva El H identificado por las autoridades mexicanas como heredero del liderazgo del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, y su supuesto operador financiero, el militante del Partido Verde Ecologista, Germán Goyeneche, fueron trasladados a centros penitenciarios de máxima seguridad ubicados en el estado de México y Jalisco, respectivamente.

En una tarjeta informativa el Consejo de la Judicatura Federal informó que las consignaciones de ambas personas, detenidas el pasado miércoles en un restaurante en San Miguel de Allende, Guanajuato, recayeron en el juzgado tercero de distrito con sede en Toluca, estado de México, por una acusación de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Sin embargo, las autoridades federales determinaron recluirlos en centros penitenciarios diversos, de tal forma que El H se encuentra en el interior del penal federal del Altiplano (en Almoloya de Juárez), mientras que Goyeneche fue internado en el penal federal de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

En las próximas horas se realizarán las audiencias constitucionales de declaración preparatoria para tomar las comparecencias de ambos detenidos y que el juez tercero de distrito esté en posibilidades de resolver su situación jurídica con auto de libertad o de forma prisión.

El delito de portación de armas no es el único que enfrenta Héctor Beltrán Leyva, ya que en las próximas horas será puesto a disposición de otros jueces que tienen ordenes de aprehensión vigentes en su contra por delitos relacionados con la delincuencia organizada y el narcotráfico.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.

Los Consejo de la Judicatura no son “superiores” de los jueces en amparos: SCJN

México, DF. Los Consejo de la Judicatura (Federal y locales) no son “superiores jerárquicos” de los jueces para efecto de juicios de amparo, por lo que las autoridades administrativas no pueden ordenarle a los juzgadores el cumplimiento de una sentencia judicial.

Así lo estableció el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver una contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito, los cuales sostenían criterios encontrados respecto a si los jueces locales tenían o no superiores jerárquicos y si los Consejos estaban en condiciones de ejercer “poder o mando” sobres los juzgados para que éstos cumplieran sentencias de amparo.

Los ministros consideraron que, si bien el tema había surgido al analizar la facultades de los Consejos de la Judicatura de las entidades del país, por su trascendencia, el tema también era aplicable al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de ahí la importancia de adoptar un criterio definitivo sobre el asunto.

La resolución adoptada por mayoría, ante la enésima ausencia del ministro Sergio Valls por enfermedad, establece que los Consejos de la Judicatura “no son superiores jerárquicos” de los poderes judiciales locales porque su naturaleza es exclusivamente administrativa y no jurisdiccional.

Además de que los Consejos no están en condiciones de cumplir “por si mismos” una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, porque ello daría lugar a admitir que éstos pueden invadir la esfera jurisdiccional de los órganos judiciales.

Sin embargo, los ministros del máximo tribunal dejaron en claro que en otros aspectos, como la vigilancia, administración y disciplina, los Consejos de la Judicatura sí son superiores jerárquicos de los juzgadores.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: JESÚS ARANDA.

Encabeza la PGR investigación sobre Iguala

México, DF. La Procuraduría General de la República reforzó el equipo de peritos, ministerios públicos y expertos en diversas materias que se encargarán de la investigación del caso de los más de 40 normalistas de Ayotzinapa desparecidos en Iguala, Guerrero, ya que por el momento se cuenta con indicios suficientes para considerar que miembros del crimen organizado son los responsables de los hechos.

En conferencia de prensa Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, sostuvo que más allá de la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, los hechos de Ayotzinapa obligan a movilizar todo el aparato de investigación de las autoridades federales para garantizar, plenamente, “que en este tipo de cosas que son muy graves, no habrá impunidad”.

El titular de la PGR dijo que actualmente se encuentran en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada cuatro presuntos integrantes del crimen organizado quienes son interrogados por fiscales de esa institución, y añadió que en tanto no cuenten con el resultado de los exámenes de ADN que se realizan a los cuerpos hallados en fosas clandestinas localizadas el pasado fin de semana la dependencia no está en posibilidades de precisar si se trata de algunos de los normalistas desaparecidos.

Sobre el caso Tlatlaya que también ha generado críticas del actuar de las autoridades federales, principalmente del Ejército mexicano, Murillo Karam expuso que por el momento sólo se tiene plenamente acreditado que tres militares dispararon en contra de un grupo de presuntos secuestradores, después de que éstos ya se habían rendido, tras un enfrentamiento que no duró más allá de ocho minutos.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: Alfredo Méndez.

EL engaño de la Ley de Movilidad con Carlos Cárdenas

Coloquio realizado por el buzón ciudadano el día 4 de Octubre del 2014.

Primero negó ejecuciones en Tlatlaya y ahora no habla, ¿a quién encubre Eruviel?: HRW

Ciudad de México: El Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, dijo que su administración sólo proporcionará información entorno al caso de la matanza de 22 personas en Tlatlaya a las instituciones que investigan el caso y el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, cuestionó por qué o quién obligó al mandatario a manejar la versión oficial que señalaba “un enfrentamiento”.

Vivanco calificó de “lamentable” la actitud del mandatario. También dijo que es increíble incluso la nueva versión oficial: “Es difícil creer que tres soldados, actuando por cuenta propia, se encargaron de ejecutar a 22 personas, a vista y presencia de superiores jerárquicos”.

El día 1º de Octubre, el mandatario mexiquense fijo su posicionamiento sobre el tema desde el palacio de Gobierno de Toluca. Pidió a los periodistas “su comprensión” ante su postura (no hacer más cuestionamientos sobre el tema) y explicó que el gobierno estatal sólo atenderá los requerimientos de las instituciones judiciales que investigan el caso.

“Hoy reitero la disposición del gobierno del Estado de México, para atender cualquier requerimiento de las dependencias federales  y también en su caso, de los tribunales tanto militares, como tribunales civiles, en este caso los tribunales que correspondan al Poder Judicial de la Federación”, indicó Ávila Villegas.

Antes, el gobierno a su cargo decidió congelar toda la información relacionada al caso durante 9 años.

El día 2 de Octubre, en entrevista con Noticias MVS, el representante de HRW para las Américas, Vivanco, cuestionó la decisión del mandatario la que calificó como “lamentable”.

“¿Por qué se prestó él [Eruviel Ávila] o quién lo obligó a dar declaraciones que encubrían los hechos?”, dijo.

Horas después de lo ocurrido en Tlatlaya, las primeras declaraciones del mandatario fueron: “El Ejército Mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas; lamentablemente un militar resultó herido, pero el Ejército, en su legítima defensa, actúo y abatió a los delincuentes. Desde luego que cuando se pierde una vida, quién sea, es de lamentar, pero finalmente podemos ver que el Ejército Mexicano actúa con firmeza, con acciones concretas y el Gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida, contundente”.

“Me parece lamentable que la máxima autoridad del Estado de México salga a decir mejor no hablemos más del asunto”, destacó. Además dejó en claro que si no fuera por los medios de comunicación, “estaríamos repitiendo la versión oficial”, la del enfrentamiento.

Vivanco aseveró que “sigue sorprendiendo lo que hace el gobierno mexicano para no llegar a la verdad de casos”.

Antes, en entrevista con el diario Reforma, Vivanco cuestionó el avance de la investigación de la PGR sobre el caso Tlatlaya. “Es difícil creer que tres soldados, actuando por cuenta propia, se encargaron de ejecutar a 22 personas, a vista y presencia de superiores jerárquicos, como quien dice, se habrían enloquecido y entrado en una carnicería de ejecuciones a personas rendidas”.

Y alertó: ”Da la impresión, hasta ahora, que estamos ante un segundo encubrimiento, donde se están haciendo esfuerzos para acotar, para reducir las responsabilidades penales a este puñado de tres soldados”.

Cabe recordar, que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría militar reconocieron, apenas hace unos días, que varios militares dispararon a mansalva contra civiles, presuntamente delincuentes, que nunca fueron juzgados. Fue una ejecución sumaria.

Ayer el Presidente Enrique Peña Nieto indicó que la Secretaría de la Sedena y la PGR realizan una investigación conjunta y exhaustiva para determinar las responsabilidades correspondientes en el caso Tlataya.

En ese sentido, confió en que las investigaciones permitirán conocer la verdad de los hechos y reafirmar el compromiso indeclinable del Estado mexicano con los derechos humanos, toda vez que “promover, respetar y proteger los derechos humanos es un deber irrenunciable”.

La PGR anunció este martes que consignará por homicidio calificado a tres de los ocho militares que participaron en un supuesto enfrentamiento con 22 presuntos delincuentes en San Pedro El Limón, Tlatlaya.

El pasa o 30 de septiembre el juzgado sexto militar dictó auto de formal prisión contra un teniente y siete soldados, vinculados con la muerte de 22 jóvenes en el municipio de Tlatlaya.

El Juez militar con sede en el Campo Militar 1 determinó que existen pruebas suficientes para procesarlos por delitos previstos en el Código Militar relacionados con desobediencia e infracción de deberes.

La PGR agregó que tres militares que participaron en el operativo en Tlatlaya fueron acusados del delito de homicidio y solicitará orden de aprehensión contra ellos.

La PGR agregó que tres militares que participaron en el operativo en Tlatlaya fueron acusados del delito de homicidio y solicitará orden de aprehensión contra ellos.

En conferencia de prensa, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, indicó que la acusación es independiente al proceso que les sigue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por desacato, fallas y desobediencia.

De igual forma precisó que aún se está analizando hasta dónde llegan las responsabilidades de los otros cinco militares detenidos.

Indicó que después del enfrentamiento con los presuntos delincuentes, tres militares ingresaron a la bodega y realizaron una nueva secuencia de disparos, lo que, dijo, “no tienen justificación alguna”.

FUENTE: SIN EMBARGO: 2 DE OCTUBRE 2014
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-10-2014/1132205.

Deuda pública llega a casi $7 billones en agosto; su mayor nivel en el siglo

México, DF. Convertido en el componente más dinámico de las finanzas gubernamentales durante 2014, el endeudamiento total del sector público mexicano ascendió a 6 billones 915 mil 925 millones de pesos al término de agosto, una cantidad equivalente a 40.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) de este año con la que alcanza su mayor altura en el transcurso del siglo XXI, indican informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ese nivel de endeudamiento seguirá en ascenso durante los últimos cuatro meses del año hasta llegar a 42.2 por ciento del PIB y cerrar en diciembre en alrededor de 7 billones 214 mil 600 millones de pesos, según las estimaciones del Ejecutivo federal enviadas al Congreso de la Unión. Esto significa que entre septiembre y diciembre, la deuda del sector público aumentará todavía unos 298 mil 700 millones de pesos más.

Así, nuevamente el endeudamiento del sector público reaparece en el escenario económico del país, después de que en 2000 su magnitud era equivalente a 30.5 por ciento del PIB, al término de 2006 se hallaba en 28.8 por ciento, en 2012 representaba 36.4 por ciento y se estima que al finalizar 2014, su monto representará 42.2 por ciento del valor de la producción nacional generada en el año.

Durante 2014 la dinámica de la deuda ha sido impulsada con préstamos internos que de enero a agosto registraron una tasa de incremento real en su monto de 218.3 por ciento y externos, que en ese lapso, aumentaron 179.1 por ciento respecto a los obtenidos en el mismo periodo de 2013.

Ambas vías sirvieron para financiar la insuficiencia de ingresos. En los ocho meses considerados de 2014 se obtuvieron 187 mil 290 millones de pesos en préstamos de fuentes financieras internas y 166 mil 151.5 millones de pesos en débitos conseguidos en el exterior.

Los recursos de ambos afluentes, por 353 mil 441.5 millones de pesos, sirvieron para financiar el déficit presupuestario y representaron 81.6 por ciento de los requerimientos financieros del sector público entre enero y agosto de este año, los cuales ascendieron a 433 mil 17.8 millones de pesos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Juan Antonio Zúñiga M.

VÍDEO: #TodosSomosAyotzinapa. Ni Vivos, Ni Muertos - Federico Mastrogiovanni

Coloquio del día 27 de Septiembre del 2014 sobre la figura de la desaparición forzada.

'Guerreros Unidos' exigen liberación de policías involucrados en caso Iguala

Chilpancingo, Gro. Esta mañana aparecieron en la ciudad de Iguala varias mantas en la zona del Periférico, atribuidas presuntamente al grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes dan un plazo de 24 horas al gobierno del estado para liberar a los 22 policías municipales ―detenidos por estar presuntamente involucrados con los hechos violentos ocurridos el 26 de septiembre―, porque según dicen, “si no cumplen con su petición, darán a conocer los nombres de los políticos que los apoyan”.

Por su parte, en conferencia de prensa en la Normal de Ayotzinapa, los padres de familia nuevamente responsabilizaron al alcalde con licencia en Iguala José Luis Abarca y al gobernador Ángel Aguirre, de la desaparición de los 43 estudiantes de la normalistas.

Anunciaron que para el próximo miércoles paralizarán el país con una movilización en donde exigirán la presentación con vida de sus hijos.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: REDACCIÓN.

Veracruz “desaparece” presupuesto millonario para educación

De 2009 a 2011, la entidad tuvo en sus arcas 716 millones 334 mil 745 pesos como parte del programa Habilidades Digitales para Todos, pero no existe ninguna prueba fiscal de cómo gastó 91 por ciento de ello, es decir 655 millones 782 mil 573 pesos.

La Secretaría de Educación Pública erogó más de cinco mil millones de pesos a las entidades federativas durante cuatro años como parte del programa Habilidades Digitales para Todos (HDT) sin que alcanzaran las metas previstas y sin tener la certeza de que el dinero lo hayan gastado para el fin que fue etiquetado: equipar las escuelas con computadoras, proyectores y conexión a internet.
Veracruz es el caso más grave. De 2009 a 2011 tuvo en sus arcas 716 millones 334 mil 745 pesos, pero no existe ninguna prueba fiscal de cómo gastó 91 por ciento de ello, es decir 655 millones 782 mil 573 pesos.

Tan solo en 2011, un año después de que Javier Duarte asumiera la gubernatura del estado, la Federación le entregó 652 millones 210 mil pesos, el mayor monto asignado a alguna entidad para este programa no solo en ese ejercicio fiscal sino durante los tres años de operación de HDT. Incluso, es casi lo mismo que las 32 entidades gastaron en 2009 (779 millones 200 mil pesos), pero la entidad quedó sin comprobar el destino de la totalidad de ese dinero.

Este monto equivale a la instalación de 3 mil 623 aulas, tomando en cuenta que cada una tuvo un costo promedio de 180 mil pesos que incluía computadoras, proyector, pizarrón electrónico, impresora y conexión a internet. El monto también es equiparable al 35% de aulas instaladas en secundarias en todo el país, pues de acuerdo con estadísticas de la SEP, el acumulado de 2009 a 2011 fue de 10 mil 122 salones equipados. Incluso, con ese dinero se podrían comprar 361 mil 735 tabletas electrónicas para un igual número de alumnos, como parte de la nueva estrategia digital de la Federación.

De acuerdo con el “libro blanco” –informe financiero– del programa elaborado por los funcionarios de la dependencia en 2012 y entregada a la nueva administración encabezada por Emilio Chuayffet– esa fue la entidad fue la más irregular durante los ejercicios fiscales de 2009 a 2011.

 ¿Dónde quedó el dinero?

Aunque Veracruz recibió el mayor monto presupuestal durante 2011, al terminar el año no había realizado ninguna licitación, contrato o convenio para equipar y conectar las 3 mil 78  aulas a internet que se había comprometido y ni siquiera había fijado una fecha de entrega y tampoco envió los informes mensuales de la cuenta bancaria donde la SEP realizó el depósito de los recursos, según lo reporta la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública.

La única justificación de los más de 652 millones de pesos se esboza en el primer informe de gobierno de Javier Duarte -2011-. En un párrafo se informa la instalación de 444 aulas telemáticas y la capacitación a mil docentes.

En el informa del siguiente año, la información es más ambigua: “se benefició a 306 mil 88 alumnos de 924 escuelas de educación básica y se incorporaron cinco escuelas de educación al programa (HDT) con la participación de UNETE”, sin aclarar cuántas aulas telemáticas se instalaron durante el año, pero menciona que entre los logros de HDT está la “preparación de 25 docentes como capacitadores-evaluadores de proyectos de aprendizajes con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación”.

Con base en estas irregularidades, la ASF solicitó a la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz una investigación y el inicio de procedimientos administrativos correspondientes “por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no acreditaron la aplicación de los recursos ministrados”, toda vez que esta falta constituye “un probable daño” al erario público.

Además, en 2009 cuando recibió 63 millones 829 mil pesos, dejó sin comprobar tres millones 397 mil 73 pesos; para el año siguiente, de los 295 mil 500 pesos, no hubo justificación de 175 mil 500 pesos y en 2011, recibió 652 millones 210 mil pesos, de lo que no comprobó un peso.

Por ello, la Secretaría de Educación Pública pidió al gobierno estatal el reintegro de ese dinero, como lo establece las reglas de operación del programa para los recursos no devengados. En el oficio con fecha 29 de mayo de 2012, dirigido a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Función Pública se explica que Veracruz “ha sido omiso en la atención de los requerimientos del cumplimiento a los compromisos y obligaciones previstos”,  referente a la comprobación del destino del gasto, por lo que se pide la intervención de la dependencia para “aclarar la utilización del recurso conforme a la norma o en su caso el reintegro del mismo”.

Otra solicitud en el mismo sentido fue dirigida al contralor general de Veracruz, Iván López Fernández el 19 de julio de 2012, para que “iniciar los procedimientos correspondientes y demás acciones legales”, pero hasta el momento no se ha hecho público nada de la investigación. Sin embargo, en marzo pasado hubo la destitución de Gabriel Deantes, subsecretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado y el oficial mayor de la Secretaría de Educación de la entidad, Edgar Spinoso, sin que el gobierno estatal diera explicación sobre el motivo, pero sucedió unos días después de que el presidente de la organización Mexicanos Primero, Claudio X. González, acusara a Veracruz como “el número uno en irregularidades”.

A través de una solicitud de información, Animal Político pidió a la Secretaría de Educación de la entidad el gasto desglosado, copia de las facturas y contratos realizados en los ejercicios fisacales de 2009, 2010 y 2011 como parte del programa HDT. Además de la base de datos de las escuelas con aulas telemáticas, incluyendo clave de trabajo y dirección; sin embargo, no entregó la información.

La oficina de Acceso a la Información del estado respondió que se trata de “información reservada”, pues aunque se trate de un recurso entregado hace tres años, está en etapa de “solventación de observaciones ante las autoridades federales (…) En tanto no cause definitividad, no es posible atender la solicitud”.

Aunque este medio solicitó una entrevista con el titular de la dependencia, Adolfo Mota Hernández, no ha habido respuesta hasta el momento. Y es que lo ocurrido en el ejercicio fiscal de 2011 forma parte de su responsabilidad, toda vez que asumió el cargo en 2010, al inicio de la gubernatura de Javier Duarte, luego de ser subsecretario de Educación durante la administración de Fidel Herrera y presidente del comité directivo estatal del PRI y diputado federal por ese partido.

 Estados incumplidos

Los recursos a los estados eran asignados por la Subsecretaría de Educación Pública, cuyo titular era Fernando González yerno de Elba Esther Gordillo, la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Sin embargo, los mecanismos de distribución carecían de claridad, según detectó la ASF por lo que realizó observaciones al respecto durante el análisis de la cuenta pública de 2010. Las reglas de operación “no se incluían los criterios de distribución, aplicación y comprobación que permitieran asegurar la transparencia de los recursos”, se explicó.

Los otros implicados en el programa y que distribuían los recursos y debían dar seguimiento a las metas del programa eran Juan José de la Mora, entonces coordinador nacional de HDT y la directora de Materiales Educativos, Edith Bernáldez, gente de confianza de Fernando González y Elba Esther Gordillo, y quien actualmente es titular de la Unidad de Vinculación, Fortalecimiento Educativo y Coordinación Paraestatal en la SEP de Puebla.

Sin embargo, ninguno de estos funcionarios lograron que HDT cumpliera con las expectativas. Al inicio del programa, la SEP planteó como meta la instalación de 208 mil aulas telemáticas en todo el país, para lo cual recibió un presupuesto de siete mil 22 millones 693 mil 470 pesos, de 2009 a 2011, de lo cual, cinco mil millones 490 mil pesos se otorgó a las entidades federativas. Sin embargo, al concluir dichos ejercicios fiscales solo lograron 10 mil 122 aulas telemáticas, según se informa en el libro blanco de la SEP.

Ahí se explica que tan solo en 2011 la meta de cumplimiento alcanzó 7.9 por ciento y se justifica que “el equipamiento de aulas se ha mantenido por debajo de la meta esperada debido a que el programa no contó con el recurso suficiente para el equipamiento y conectividad que se distribuye a las entidades, por lo que sólo fue posible atender a Secundarias Generales, Técnicas y Telesecundarias”.


En tanto, la ASF reportó que, aunque la federación otorgó recursos para este programa, no los aplicaron, por lo que Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas realizaron reintegros extemporáneos por 290 millones 519 mil pesos. Mientras que Jalisco tuvo que regresar 272 millones 278 mil pesos que no ejerció.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Que se vaya el gobernador de Guerrero… pero también Eruviel y Egidio: Navarrete

"Todos los partidos podemos estar sujetos de que nuestros gobiernos sean penetrados por el narcotráfico o por la vía de dinero o por la vía de plomo", dijo el nuevo presidente del PRD.

Cuando hay toda una ofensiva diciendo que se vaya el gobernador (de Guerrero), yo digo no me opondría… si se va junto con Eruviel y el gobernador de Tamaulipas (Egidio Torre), atajó el nuevo presidente del PRD, Carlos Navarrete.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión reconoció un problema “severo” en el estado, pero criticó que no le haya enviado el gobierno federal elementos de la Gendarmería Nacional.

Lo anterior, en contraste con el Estado de México, a quien “le mandan policía, le mandan Gendarmría, los casos los atrae PGR y todo tranquilo”.

Mientras que en Tamaulipas contó que recientemente no pudo salir de un hotel porque afuera estaban las balaceras.

Ante ello consideró que “es obligado una contraofensiva del gobierno mexicano”. Y adelantó que el PRD le propondrá eso al gobierno de Enrique Peña Nieto.

“No hay duda que el Estado mexicano pasa por una enorme crisis en materia de seguridad, está arrinconado en varias partes”, reconoció.

Se trata de crisis profundas que tiene causas, razones, como en el caso de Iguala, Guerrero.

Argumentó que “no es de un gobierno, de un color, de otro, el que el presidente Peña Nieto haya sacado de las primeras planas el tema de seguridad no ha contribuido a combatirla, no es solución a lo que estamos viviendo”.

“El crimen organizado por el dinero que maneja, y porque son asesinos fríos, penetra a los gobiernos de todos los partidos”, sostuvo.

“El crimen organizado no respetan banderas políticas”, aseguró. Lo mismo puede haber un diputado del PRI asesinado en Jalisco, que un miembro del Partido Verde sentado junto al narcotraficante Héctor Beltrán Leyva, expuso.

Sobre lo ocurrido en Tlatlaya con la matanza de 22 personas, apuntó que el comandante supremo de las fuerzas armadas es el presidente Enrique Peña Nieto.

“Todos los partidos podemos estar sujetos de que nuestros gobiernos sean penetrados por el narcotráfico o por la vía de dinero o por la vía de plomo”, aceptó.

Guerrero es pobreza, es marginación, abandono, son grupos armados, y hay omisiones del gobierno federal, estatal y gobiernos municipales, estos últimos complicidad y colusión, dijo Navarrete, quien el fin de semana se convirtió en el nuevo presidente del PRD.


“Guerrero nos muestra de lo que son capaces los delincuentes, son asesinos brutales”, agregó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

En Guerrero no hay ningún control; policía asesina, la brutalidad como gobierno

¿Qué ha hecho el PRD ante las acusaciones contra el alcalde de Iguala?, preguntó Sergio Aguayo.

El gobierno de Peña Nieto está en una crisis severa en materia de seguridad, por lo ocurrido con la matanza de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, y el ataque a normalistas de Ayotzinapa que deja hasta ahora 6 muertos y 28 cuerpos cuyas identidades están por confirmarse, señaló la politóloga Denise Dresser.

En la Mesa Política de los lunes en Noticias MVS primera emisión, refirió que “ambos asuntos revelan una violencia incontrolable, un Ejército que actúa al margen de la ley, y un estado, Guerrero, en el que no hay ningún control” tanto que hay “una policía que está asesinando”. 

Los temas tienen que ver con que hay un Ejército actuando a su libre albeldrío y uno se pregunta: “¿Quién está gobernando en México?“.

“Parecerían parcelas del poder autónomas: el Ejército que hace lo que quiere, simplemente decide ejecutar como parecería que ocurrió en Tlatlaya”, indicó.

Lo grave es que en el primer caso el Ejército trató de ocultar la matanza por 3 meses.

En el caso de Ayotzinapa, apuntó, ya se tenía información de perredistas involucrados con el crimen organizado; ahora un alcalde, el de Iguala, está prófugo, mientras el gobernador Ángel Aguirre “ahora está intentando lavarse las manos”, como si Guerrero no fuera en este momento una bomba a punto de explotar.

“Peña Nieto tendría que salir a decir qué va a hacer el gobierno”, consideró Denise.

Recordó que hay “tantas fosas que hemos ido encontrando en estos últimos años”.

Y señaló que la CNDH ha sido omisa en todos estos asuntos, a lo que se sumaría que el Ejército, la Policía, las alcaldías y un gobierno estatal no están funcionando correctamente.

“En el caso de Guerrero un gobernador al cual se le han salido las cosas de control y no hay posicionamiento del PRD con este gobernador, muestra un partido corrompido, cuarteado, infiltrado y que no ofrece una opción viable en este momento”, sostuvo.

“Todo México es una fosa clandestina”

Lorenzo Meyer retomó al padre Alejandro Solalinde, quien dice que “todo México es una fosa clandestina”, en referencia a una cadena interminable de sucesos de este tipo, en el que sólo unos son explicado.

“¿Cuál es la razón?, ¿qué es lo que se busca? Debe de haber alguna razón y a mí ya no me cabe la razón”, comentó.

“¿Quién gana con eso?, ¿qué podría ganar el presidente municipal de Iguala? Es demasiado”, abundó.

En el caso del Ejército y su actuación en Tlatlaya, indicó que éste trae una lógica desde el siglo XIX al siglo XXI.

Respecto a la normal rural, cuyos estudiantes fueron atacados en Iguala, preguntó si se ha aprendido algo de la historia.

Refirió que si a los guerrilleros de los 60 se les hubiera escuchado, negociado, otra historia sería, pero se agarraron a balazos.

“Eso hace que se radicalizaran porque no eran radicales, eran maestros con exigencias, y se fueron a la guerrilla”, expuso.

Ahora en Iguala cuál es la racionalidad, si hay actos de maldad pura. 

“¿Qué carambas se ganaba en Iguala con un acto tan cruel, brutal?”, preguntó y agregó que si lo que se pretende es establecer la brutalidad y terror como una forma de gobierno en el estado.

“No podemos quedarnos con la idea de: ¡qué brutos!, ¡qué bestias!, sino cuál es la razón”, y cómo evitamos esto otra vez.

Por su parte, el académico Sergio Aguayo coincidió en que los porqués son el clavo del asunto.

“Las atrocidades son cosa de cada día… nos preguntamos por qué”, dijo.

Criticó que en el PRD haya una vanalización de lo ocurrido en Guerrero y tolere la violencia.


“¿Qué hizo en el último año frente a acusaciones contra el alcalde (de Iguala)?”, preguntó. “Ninguna crítica, ningún señalamiento, ningún extrañamiento… silencio y tolerancia a estos hechos… hay trivialización de la corrupción“, finalizó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Alcalde de Iguala también es señalado por asesinato de líder guerrerense

Actualmente, el presidente municipal con licencia, José Luis Abarca, no se encuentra localizable y ya se giró una orden de presentación en su contra.

Sofía Mendoza, regidora y viuda de Arturo Hernández Cardona -líder perredista y dirigente de la organización Unidad Popular-, acusó que el alcalde con licencia de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, está vinculado al asesinato de su esposo.

El 4 de junio de 2013 fueron encontrados asesinados en Iguala, tres activistas del PRD que habían sido secuestrados 3 días antes; entre ellos Hernández Cardona. 

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, Mendoza retomó lo sucedido, luego de lo ocurrido con los normalistas atacados por policías de Iguala, hecho por el que también se señala al presidente municipal.

“Lo que pasó el 26 de septiembre es muy lamentable, ahí es donde nos damos cuenta que no estábamos nosotros exagerando solo que no había quien nos escuchara”, comentó.

Refirió que activistas de la Unidad Popular desaparecidos el 30 de mayo de 2013 fueron hallados muertos el 3 de junio; 4 de los que habían sido levantados lograron escapar, de los cuales, sólo 1 quiso dar su testimonio.

Indicó que el 30 de mayo dichos activistas hicieron un bloqueo en la caseta Iguala-Cuernavaca. “Estaban pidiendo obras… era gestión social, llevaban varios meses intentando sensibilizar al que era presidente municipal (José Luis Abarca)”, expuso en MVS.

“Los buscamos y nadie sabía nada de ellos hasta el 3 de junio que aparecieron ya sin vida 3 de ellos”, apuntó.

“Teníamos la idea de que podía ser el presidente municipal… (porque) había amenazas… el sobreviviente da su versión y con eso presentamos juicio de revocación de mandato (contra el alcalde) ya pasó mucho tiempo y quedó ahí como congelado”, lamentó.

“El testigo que declaró que salió en los medios, donde dice que fue José Luis Abarca quien asesinó a Arturo, ha sido muy perseguido, se cambió de domicilio”, abundó.

En julio pasado se pidieron medidas cautelares para el testigo y  ”no nos han dado respuesta”, dijo Sofía.

La regidora de Ayuntamiento de Iguala comentó otros hechos en el municipio: los normalistas habían atacado el Palacio Municipal de Iguala, en protesta por el asesinato de los tres activistas; “yo no sé si por ahí venga el coraje que se les tenga a estos jóvenes”. 

Lo ocurrido recientemente con los normalistas agredidos, y la violencia que deja 6 muertos, y 28 cadáveres en proceso de identificación, “se siente muy feo, lastima mucho ver cómo la familia, los familiares sufren, eso ya lo vivimos”, dijo Sofía.

“Ojalá que no sean pero si no son, ¿dónde están los muchachos?”, preguntó.


Tras la muerte de los perredistas, el presidente municipal fue investigado por la Procuraduría de Guerrero, como presunto autor intelectual de los 3 activistas.  Abarca fue exonerado por la Procuraduría del estado.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Padres de desaparecidos de Ayotzinapa dicen que los cuerpos no son de sus hijos

Asimismo señalaron que no confían en la investigación del gobierno de Guerrero.

Los cuerpos hallados en las fosas de Palo Blanco en Iguala, Guerrero, no son los de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre en ese municipio, señalaron padres y alumnos de los jóvenes.

En conferencia de prensa, los padres de familia señalaron que los 28 cuerpos hallados en seis fosas clandestinas en diversos estados de descomposición, no son de sus hijos.
Asimismo señalaron que no confían en la investigación del gobierno de Guerrero.

Acusaron que ninguno de sus hijos tiene vínculos con la delincuencia y que sólo eran estudiantes: “Mi hijo es estudiante, no criminal”, dijo uno de los padres de familia, mientras que otro acusó que se llevaron a su hijo “como si fuera un delincuente, era estudiante”.

La mañana de este 6 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a las instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad a tomar acciones que permitan el debido esclarecimiento de los hechos registradoslos pasados 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, con un saldo de seis personas muertas, entre éstas tres estudiantes, 20 heridos y 43 desaparecidos.

El Procurador de Guerrero, Inaky Blanco, afirmó en conferencia de prensa la noche de ayer 5 de octubre que  las investigaciones en el caso de los normalistas desaparecidos revelaron que policías de Iguala habrían entregado a 17 normalistas al grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes habrían sido asesinados.

En seis fosas de Palo Blanco, Iguala, fueron hallados 28 cuerpos en diversos estados de descomposición, aunque todos fueron incendiados antes de ser enterrados y su identidad se desconoce hasta ahora.

Las fosas clandestinas fueron halladas este sábado 4 de octubre con información obtenida de las declaraciones de policías municipales detenidos.

Estudiantes de la Escuela Normal Superior de México (ENSM) y de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) convocaron mañana, 7 de octubre, a una protesta frente a lacasa de la representación de Guerrero a las 17 horas.


Asimismo para el miércoles 8 de octubre hay una marcha convocada a lasa 16 horas del Ángel al Zócalo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Gobierno de Guerrero da a conocer acciones por violencia en el estado

La Fiscalía del estado ha informado del proceso legal que siguen para castigar a los responsables e identificar los cuerpos encontrados en una fosa.

El gobierno de Guerrero dio a conocer los detalles sobre los actos violentos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre pasado, en los que murieron seis personas y la fosa en la que se encontaron 28 cuerpos.


La Fiscalía precisa las investigaciones realizadas y el proceso que se sigue con los presuntos responsables y la identificación de los cuerpos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN