martes, 7 de octubre de 2014

Desechan en EU demanda contra Zedillo por masacre de Acteal

WASHINGTON: La Corte Suprema de Justicia puso fin a la demanda que 10 personas interpusieron en Hartford, Connecticut, contra el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, a quien acusaron de encubrir los hechos sobre la masacre de 45 personas en Acteal, Chiapas.

La agencia noticiosa estadunidense Associated Press (AP) reportó este lunes que un juez federal en Connecticut y la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Distrito en Nueva York, desecharon la demanda contra Zedillo bajo el argumento de que el expresidente tiene inmunidad diplomática.

“La Corte Suprema de Justicia no dio ninguna razón por la cual declinó escuchar el caso” de los demandantes, sostiene el despacho de AP.

Los demandantes, cuya identidad no ha sido revelada, son presuntamente sobrevivientes de la masacre en Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en el sureño estado de Chiapas, durante el mandato de Zedillo.

“La Corte Suprema finalmente puso fin a esta frívola demanda”, escribió Jonathan M. Freiman, abogado de Zedillo, en un correo electrónico que envió a AP.

“El señor Zedillo sirvió a su nación con tremenda visión y valor, como lo dijera una vez el expresidente Bill Clinton”, añadió Freiman en el correo electrónico.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL

Puebla “es una bomba a punto de estallar” por la represión de Moreno Valle, alerta el Rector de la Ibero en el estado

Ciudad de México, 4 de septiembre: El Rector de la Universidad Iberoamericana en Puebla, Fernando Fernández Font, alertó que la entidad “es una bomba a punto de estallar” ante el autoritarismo y represión de la protesta por parte del gobierno estatal, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, lo que amenaza los derechos humanos de los ciudadanos. Acusó que las leyes y casos polémicos no se discuten públicamente ni son objeto de análisis y puso como ejemplo la llamada “Ley Bala”, a la que el mandatario local tuvo que meter reversa tras una serie de críticas y protestas.

Durante la presentación de su informe por el segundo año de labores en esa institución, y ante autoridades municipales, estatales y federales, además del Arzobispo de Puebla, el Rector aseguró: “En el ámbito local, la situación de derechos humanos se encuentra amenazada entre la tentación autoritaria de control y represión gubernamental de la movilización y la protesta, y los fenómenos de violencia social y sexual que se han incrementado en los últimos meses”.

De acuerdo con medios locales, el Rector detalló los vicios del gobierno encabezado por Moreno Valle: el autoritarismo y la represión del gobierno estatal, las amenazas a los derechos humanos, la ausencia de contrapesos, la aprobación de leyes sin discusión y los intereses económicos detrás de los megaproyectos como el gasoducto Morelos.

“Como se ha documentado y denunciado por diversos actores, los contrapesos en el estado son cada vez más inexistentes, lo que ha traído como consecuencia, por mencionar un ejemplo evidente, la aprobación de leyes polémicas que no se discuten públicamente ni son objeto de un análisis multifactorial y respetuoso de los derechos humanos, como se espera de un régimen democrático”, acusó.

“Tal es el caso de la llamada #LeyBala que, bajo la intención de regular el uso de la fuerza pública durante las manifestaciones y protestas, parecería esconder el interés de controlar el espacio público y cerrarle el paso a la disidencia. Pese a que fue limitada en su contenido, esta ley fue aprobada y publicada, cobrando sus primeras víctimas con el operativo, que tuvo lugar en San Bernardino Chalchihuapan a principios de julio”, dijo.

“Otra acción legislativa preocupante es la Ley de Expropiación para el estado de Puebla, toda vez que en su aplicación entran en juego diversos intereses económicos con fines de apropiación de terrenos para megaproyectos mineros y de instalación de gasoductos que amenazan la seguridad pública y han generado múltiples y justificadas protestas entre las comunidades afectadas”, añadió.

Además, Fernández Font consideró que la pobreza en la entidad es igual que con el ex Gobernador Mario Marín Torres que con Moreno Valle, dijo que si bien hay diferencia entre las administraciones, la pobreza es un fenómeno que no se ha logrado combatir en una década.

“Son dos gobernadores distintos, dos problemas distintos, pero una coincidencia: cada vez hay más pobres, cada vez el salario alcanza menos, cada vez la distribución de las ganancias es más injusta y cada vez hay menos democracia”, advirtió.

Fernando Fernández cuestionó sobre la inversión en los proyectos que buscan fomentar el turismo en Puebla. “Esta administración ha invertido muchísimo dinero, muchísimos recursos y muchísimo esfuerzo en mejorar ciertas zonas, como la rueda de la fortuna y ahora con el Museo Internacional Barroco […] Se ve que es un Gobernador que le interesa demostrar a la ciudadanía que está haciendo mucho, pero por el otro lado uno se pregunta ¿y eso a quién beneficia? Puebla sigue siendo un estado de máxima pobreza”.

También comentó sobre la situación política actual del país, de la cual señaló que el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Ejecutivo federal, estuvo marcado por el Pacto por México, la coalición partidario entre el PRI y los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), con el cual “se decidieron 95 reformas detenidas en los últimos 20 años”.

“Dicho pacto, que inició con un fuerte impulso esperanzador, poco a poco se fue diluyendo al no dar cabida plena a los intereses de la sociedad y de los propios partidos políticos. Con todo y esta situación, las reformas electorales fueron avanzando en medio de pugnas, descontento social y protesta ciudadana, quedando en evidencia el verdadero interés detrás de la partidocracia: la lucha por el reparto del poder y del dinero del erario público”, refirió.

Y alertó: “Los principales problemas del país, como la violencia exacerbada, la pobreza extrema, la injusticia e inequidad, la sistemática violación a los derechos humanos, así como la expansión de enclaves autoritarios y de Estado fallido en el territorio mexicano, ilustran que el actual gobierno federal ha sido deficitario en gobernabilidad, democracia y justicia social. Igualmente, ha sido notable la ausencia de una estrategia gubernamental para inhibir y acotar la corrupción endémica que atraviesa al país, con toda la opacidad”, la impunidad y la falta de transparencia que ello conlleva”.

Fernando Fernández advirtió que “en el marco estatal los gobernadores han acrecentado un control muy importante sobre sus territorios a base de un ejercicio de la autoridad que no admite contrapesos; sin embargo, el PRI–gobierno, al mismo tiempo ha ido restaurando un presidencialismo autoritario a la vieja usanza, que se vale de los controles que se ejercen a nivel local”.

INAH RECHAZA PROYECTOS DE RMV

Ayer, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Puebla denunciaron, por su parte, que en al menos cuatro de los proyectos del gobierno de Moreno Valle en la entidad, violan diversas leyes federales, entre ellos el de la construcción del Parque de las Siete Cultura en la zona arqueológica de Cholula; además señalaron que temen que en Cholula se dé un caso como el de Chalchihuapan, donde un menor perdió la vida a consecuencia de una bala de goma disparada por policías que intentaban contener una manifestación.

También se deslindaron de los permisos otorgados por la delegación federal, a cargo del antropólogo Francisco Ortiz Pedraza, y cuestionaron que debido a que el delegado del Centro INAH Puebla no es experto en temas de preservación y conservación del patrimonio, ya que es antropólogo, el gobierno del estado se ha brincado el trámite en la entidad y acude directamente a las oficinas centrales del instituto, en la Ciudad de México, para que estas licencias procedan.

En rueda de prensa, los especialistas Sonia Espinosa, Cecilia Vázquez, Ignacio Ibarra, Elisa Ávila, Francisco Mendiola, Miguel Balbuena, Patricia Flores, Denise Monserrat Ramos y Graciela Sánchez denunciaron que las obras como el Distribuidor vial de Cholula, el teleférico, el edificio de 11 pisos que se construye en la zona monumental del Centro Histórico de Puebla, y una cancha de futbol rápido a mitad del zócalo del siglo XVII de Tochtepec, presentan una serie de anomalías.

Sobre el Parque de las Siete Culturas, los especialistas reiteraron que hasta el momento no existe ningún permiso liberado por el INAH para comenzar con la construcción de planchas de cemento en el sitio arqueológico.

Francisco Mendiola, jefe de los investigadores del Centro INAH en Puebla, argumentó que los gobiernos de San Andrés y San Pedro Cholula están violando el decreto presidencial de 1972, que da protección al sitio arqueológico, al intentar edificar el parque temático de las Siete Culturas. Por este ilícito, advirtió que los ayuntamientos podrían ser multados por incumplir la Ley federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Y aseguró: “Estamos en contra de estos trabajos que por debajo del agua se meten […] El estilo del Gobernador es no tomar en cuenta al INAH y realizar la obras, necesitamos los proyectos y trabajar sobre el proyecto para no afectar el patrimonio arqueológico y cultural”.

Además alertó que temen que en Cholula se dé un caso similar al de Chalchihuapan, con la aplicación de la #LeyBala ante la oposición generalizada de la población a obras innecesarias. “Están tocando el corazón de la identidad cholulteca por intereses del gobierno”, reclamó.

Por su parte, la arqueóloga Rita Cruz Valdés manifestó que el proyecto de Moreno Valle de transformar el Hospital Siquiátrico en un museo de sitio es muy vago y se tienen que aclarar varias cuestiones.

“No hay ningún elemento oficial que nos diga qué condiciones va a tener, si es una edificación de un particular o del gobierno, si lo dan como dato, si lo prestan o si lo donan, eso tiene que quedar claro. Luego la colección si va a ser institucional y quién administra el lugar, si el gobierno del estado invierte al rato va a querer utilizar el lugar y lucrar con él”, sostuvo.

PERO SÍ SE PROTEGE A LOS TURISTAS

Este jueves, el Subsecretario de Turismo a nivel federal, José Salvador Sánchez Estrada, junto con el Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, anunció la creación de la Policía Turística de Puebla, la cual busca garantizar la seguridad a visitantes nacionales y extranjeros.

En el edificio de la Policía Turística, los policías serán capacitados en materias como inglés e historia de Puebla, para estar en posibilidades de orientar a los turistas que asistan al estado.

“A nombre de la secretaria, Claudia Ruiz Massieu, quiero hacer un reconocimiento al Gobernador Rafael Moreno Valle por su labor e impulso al turismo, que ha posicionado al estado de Puebla como un destino de vanguardia”, declaró Sánchez Estrada.

Alertas en la Ley de Infancia

Con muchos “peros” por lagunas no previstas y apartados que causarían problemas, la Cámara baja aprobaría la ley que protege derechos de niños y adolescentes mexicanos.

El pleno de la Cámara de Diputados tiene como consigna aprobar el próximo jueves la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, primera iniciativa preferente enviada al Congreso por Enrique Peña Nieto en su sexenio.

En la aprobación coinciden las organizaciones que vieron con buenos ojos los cambios realizados en el Senado a la minuta que había enviado el Ejecutivo, y sus detractores.

La iniciativa busca regular una amplia gama de derechos para la infancia y la adolescencia. 

La ley incluye el combate al bullying, la migración ilegal y los derechos sexuales o reproductivos de los menores, además de otras propuestas. 

La iniciativa enviada por el ejecutivo tuvo modificaciones sustanciales en el Senado, de la mano principalmente de la senadora perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. 

Estos cambios parecen el punto final de la ley. 

El director nacional de Red Familia, que agrupa a 892 organizaciones civiles, Mario Romo, asegura en entrevista que hay un acuerdo para no moverle “ni una coma” en la Cámara revisora, y que la Ley pueda ser promulgada antes del plazo legal de 30 días posteriores al inicio del periodo ordinario de sesiones.

En esto coincide la senadora por el Partido del Trabajo (PT) Ana Gabriela Guevara, a quien le impidieron presentar las reservas a cuatro artículos que contenían “puntos preocupantes” respecto a los migrantes menores de edad.

Los artículos referidos a derechos sexuales, reproductivos y migración sobresalen como los focos rojos que podrían traer consecuencias “no deseadas o planeadas” cuando la Ley se ponga en práctica.

Padres excluidos

“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”, consigna el artículo 4º constitucional, reformado en 1974.

Este precepto ha sido tomado por la Secretaría de Salud y las organizaciones que defienden la educación sexual en edades tempranas como la base para argumentar que la carta magna contempla los “derechos sexuales y reproductivos”. 

La interpretación llegó también hasta esta nueva ley, en la cual se incluyó en el artículo 50 que las autoridades deben “proporcionar asesoría y orientación sobre el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos a niños, niñas y adolescentes”.

Pero la Ley no define cuáles son estos derechos ni en qué consisten. 

Tampoco lo están “en ningún tratado internacional vinculante de derechos humanos suscrito por el Ejecutivo y ratificado por el Senado”, dijo en entrevista Mario Romo, director nacional de Red Familia. 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que en estos derechos se incluye la educación sexual, el embarazo adolescente, la esterilización voluntaria, la edad mínima para contraer matrimonio, el aborto y la confidencialidad de la información médica. 

Otros conceptos agregan el cambio de sexo como parte de estos derechos.

La Red acusa que la ley debería hablar de “salud sexual y reproductiva” en lugar de “derechos sexuales”, ya que éstos no tienen una definición consensuada.

Como quedó en la ley, un menor podría abortar, cambiar de sexo o sufrir una esterilización quirúrgica sin conocimiento de sus tutores.

La promoción de la educación sexual integral, incluida en el artículo 58 de la Ley, tampoco habla de la participación de los padres o tutores ni hace una diferenciación entre niños pequeños, mayores o adolescentes para dirigir los esfuerzos de “desarrollo de competencias” para “ejercer sus derechos sexuales y reproductivos”.

Romo acusa: “Si quieren meter todo eso, que lo discutan en el ámbito democrático, lo que no se vale es que lo metan por debajo de la alfombra para luego de ahí hacer todo lo que quieras, eso es lo que no queremos”.

Una laguna peligrosa

En julio de este año, una comisión de legisladores que realizó la ruta del migrante por la frontera norte detectó que en el Centro de Atención al Migrante en Sonora había 60 menores no acompañados.

La Ley que aprobará la Cámara de Diputados no especifica en su artículo 92 que los niños migrantes a los que se les realizarán los procesos con garantías de información, intérprete, abogado, se aplicarán para estos menores no acompañados, a los que no se hace referencia en el proyecto de legislación.

El artículo 92, como quedó aprobado en el Senado, establece que “podrá prevalecer la unidad familiar”. 

La senadora Ana Gabriela Guevara, como presidenta de la Comisión de Migración en la Cámara alta, busca que este principio sea obligatorio, es decir, que la ley diga que “se deberá hacer prevalecer” esta unidad, lo que es importante porque de lo contrario un niño puede ser recluido en un lugar y sus familiares en otro. 

El mismo artículo dice que la reunificación familiar también podrá prevalecer, lo cual sería un vehículo para que muchos menores aleccionados pidan que se traigan a sus padres o tutores desde sus países, “con cargo al Estado mexicano”, según Guevara.

“Se presta para trata”, acota, “a veces vienen con coyotes y pueden estar aleccionados (…) tanto el Instituto Nacional de Migración (INM)como la Secretaría de Gobernación notaron la apertura que deja esto, están conscientes de que está mal, más allá de que el dictamen trae cosas muy bondadosas”.

El secretario técnico de la Comisión de Migración del Senado, Sergio Monroy, explica que la legislación debería indicar que la determinación de refugio de este menor debe ser dictaminada por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pero la ley es ambigua al respecto.


Este artículo podría traer como consecuencia que los coyotes obtengan visas humanitarias con los niños y se quedaran legalmente en México.

El artículo 98 aprobado no menciona la participación de la Comar sino del INM, el cual no tiene una capacidad jurídica para otorgar asilo.

“La explosión demográfica que tendría México derivada de la Ley no está calculada. No existe un censo de migrantes ilegales, no sabemos cuánta gente está aquí o podría venir”, alerta Monroy.

Negociando con niños

“El año pasado aventaron de La Bestia a una niña de nueve años porque su madre no tuvo 100 dólares para pagar por ella a las bandas de mara salvatrucha. 

“Les están pidiendo 200 dólares para subir al tren. Si no pagan les cortan la cabeza, les disparan, los lanzan a las vías del tren. Lo hacen con hombres, mujeres, con bebés y niños”, cuenta el profesor Jorge Andrade.

Su relato tiene ancla en el trabajo que realiza en el Estado de México como parte del colectivo Ustedes Somos Nosotros, que ayuda a migrantes en su paso por México. 

Andrade ha visto en los meses recientes que el paso de menores de edad va en aumento y que en muchos casos son extorsionados por los propios coyotes o polleros que sus padres les contratan desde Estados Unidos, donde los esperan para reunificarse.

Muchos menores viajan acompañados de algún familiar, amigo o del pollero con quien vienen “conectados” y se encarga de pasarlos por México. 


“En el camino les cobran más de lo que habían acordado y pasan la frontera por un estado  diferente al acordado”. dice el candidato a doctor en Antropología por la UAM.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

Geografía política 2015

El proceso electoral 2014-2015 inicia formalmente hoy. De las 17 entidades donde habrá comicios locales, nueve de ellas se buscarán nuevo gobernador. Sin embargo, hay algo más en juego: el relevo de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. Este punto será de vital importancia para el Gobierno Federal que busca consolidar al PRI con una mayoría que le permita al presidente Enrique Peña Nieto completar sus reformas.

EN JUEGO 

> 9 gubernaturas
> 500 diputaciones federales
> 629 diputaciones locales
> 903 presidencias municipales
> 16 delegaciones políticas del Distrito Federal

El PRI buscará mantener:
> Querétaro
> San Luis Potosí
> Campeche
> Colima

El PAN quiere retener
> Baja California Sur

LO NUEVO 

> El nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) pondrá en marcha la reforma constitucional en materia político-electoral, promulgada el 31 de enero.

> Las elecciones serán 52.4 por ciento más altos que la elección “intermedia” de 2009. 

> Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Encuentro Social (PES) y Humanista (PH) lograron su registro oficial el pasado primero de agosto y para conservarlo deberán alcanzar por lo menos el tres por ciento de la votación emitida en la elección federal para diputados

> Se dará el primer choque entre el PRD —que controla la Ciudad de México desde 1997— contra Andrés Manuel López Obrador.

> El 7 de junio de 2015 también habrá elecciones locales en Oaxaca por usos y costumbres.

LOS ESTADOS

Baja California Sur
Gobernador
16 legisladores por mayoría simple
5 de representación proporcional
5 presidencias municipales

Campeche
Gobernador
21 diputados de mayoría relativa
14 plurinominales
11 alcaldes

Chiapas
25 diputaciones de mayoría  relativa
16 de representación proporcional
122 alcaldías

Distrito Federal
40 miembros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
16 jefes delegacionales

Guanajuato
22 diputados por voto directo
14 plurinominales
46 presidencias municipales

Guerrero
Gobernador
28 legisladores de mayoría relativa
18 de representación proporcional
81 alcaldes

Jalisco
20 diputados de mayoría relativa
19 plurinominales
125 presidencias municipales

Estado de México
45 diputados de mayoría simple
30 de representación proporcional
125 presidentes municipales

Michoacán
Gobernador
24 legisladores de mayoría relativa
16 de representación proporcional
113 alcaldías

Morelos
18 diputados por voto directo
12 plurinominales
33 ayuntamientos

Nuevo León
Gobernador
26 de mayoría relativa
16 de representación  proporcional
51 presidentes municipales

Querétaro
Gobernador
5 diputados por voto directo
10 plurinominales
18 alcaldes

San Luis Potosí
Gobernador
15 por voto directo
10 de representación proporcional
58 alcaldes

Sonora
Gobernador
21 diputados de mayoría relativa
12 plurinominales
72 presidentes municipales

Tabasco
21 legisladores por voto directo
14 de representación proporcional
17 ayuntamientos

Yucatán
15 diputados de mayoría relativa
10 de representación proporcional

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ

Denuncia Cofepris falsificación de registro

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios presentó una demanda ante la PGR por la falsificación de un registro sanitario por parte de dos empresas que ganaron una licitación en el IMSS.

La Cofepris interpuso el mes pasado una denuncia penal en la PGR por la presunta falsificación de un registro sanitario de un medicamento que habría realizado la empresa SAVI Distribuidores para ganar un contrato de 100 millones de pesos en el Instituto Mexicano de Seguro Social.

La denuncia fue presentada el 22 de septiembre luego que Reporte Indigo documentó y publicó la manipulación de la licitación pública internacional OA-019GYR047-T57-2013, convocada por el IMSS el año pasado para la adquisición de varios medicamentos.

La denuncia que se presentó contra quien resulte responsable fue presentada en la PGR por Itzel Karym Vargas Robledo, subdirectora ejecutiva de lo Contencioso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud.

“Una vez que inicie la averiguación previa correspondiente y se practiquen las diligencias necesarias para su integración y perfeccionamiento, solicito a esta representación de la Federación ejercite acción penal, en contra de quien o quienes resulten responsables por la posible comisión de algún delito, considerando los hechos denunciados en el presente escrito”, señala la denuncia de la cual este periódico tiene una copia.

En el texto de la demanda que presentó la Cofepris establece que el 9 de septiembre pasado se recibió en la oficialía de partes de esta dependencia federal un sobre amarillo que contenía una denuncia anónima por un supuesto registro sanitario supuestamente alterado.

Se trataba del registro sanitario 224M2013SSA que la empresa SAVI Distribuciones y Zurich Pharma utilizaron  como propio del medicamento Doxorrubicina. para ganar esta compra.

Sin embargo, este número de registro la propia Cofepris lo tenía asignado al medicamento Pregabalina, que comercializa Laboratorios Best S.A. de C.V., bajo el nombre de Ataxius.

De acuerdo a la denuncia de la Cofepris, en la investigación que realizó el IMSS se detectó que del registro 224M2013SSA se desprenden diferencias tales como indicaciones terepeúticas equivocadas, fórmulas de fabricación distinta, fecha de expedición distinta y contraindicaciones distintas.

Tampoco coincidió la firma del funcionario de la Cofepris.

“De lo anterior se desprende una posible conducta ilícita consistente en falsificación de documentos públicos contemplada en el artículo 243 del Código  Penal Federal”, aclara el documento de la denuncia.

El 12 de septiembre, Reporte Indigo documentó y publicó la manipulación de la licitación pública internacional OA-019GYR047-T57-2013, convocada por el IMSS el año pasado para la adquisición de varios medicamentos. 

Entre otras sustancias, en ese proceso se definió la empresa a quien se le comprarían 29 mil 582 unidades de Doxorubicina, un medicamento utilizado para el tratamiento a enfermos de Sarcoma de Kaposi asociado al SIDA, para Cáncer de Mama y de Ovario. 

El contrato fue adjudicado por el IMSS a SAVI Distribuciones S.A. de C.V., empresa intermediaria que en este caso representaba al laboratorio Zurich Pharma S.A. de C.V.


Y el día de ayer Reporte Indigo publicó que el negocio millonario que representa el abasto de medicamentos para el IMSS es acaparado por un grupo de empresas que están bajo sospecha de estar coludidas con funcionarios federales del Sector Salud.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Consignan a “El H” sólo por arma prohibida; saldría con fianza

MÉXICO, D.F. (apro).- El Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México dictó auto de formal prisión contra el jefe del Cártel de los Beltrán Leyva, Héctor Beltrán, El H, por el delito de portación ilegal de arma, por el cual podría obtener fianza.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el juzgado con residencia en Toluca le declaró formal prisión en la causa penal 70/2014, que se le sigue mientras está preso en el penal federal del Altiplano, en el municipio mexiquense de Almoloya.

La Procuraduría General de la República (PGR) hasta ahora ha consignado sólo por ese delito al jefe del cártel, quien podría solicitar una fianza para su libertad debido a que el delito no está considerado grave en el Código Penal Federal.

Beltrán Leyva fue detenido por efectivos del Ejército y de la Marina, Armada de México, el miércoles 1 en un restaurante del centro de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Los militares reportaron que El H portaba una pistola calibre .380 pulgadas, de fabricación italiana marca Browning, modelo BDA-380 425 PM, matrícula 06341.

La PGR lo acusa de no haber acreditado la licencia de portación que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Germán Goyeneche, quien fue detenido junto con El H y presunto operador financiero del cártel, la PGR lo acusa del delito de portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero su declaración preparatoria ante el juez de Toluca se hará por exhorto, debido a que se encuentra detenido en el penal federal de Puente Grande, Jalisco.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Mireles cede la estafeta

La autodefensas se reactivaron. Los leales a José Manuel Mireles se reagruparon y volverán a tomar las armas ante la intensificación de acciones por parte del crimen organizado en Michoacán.

Con una fuerza de más de 5 mil hombres, comenzó a movilizarse en los municipios de la zona de Tierra Caliente un grupo de civiles armados que se hacen llamar Autodefensas Legítimas de Michoacán.

Bajo el liderazgo de Jorge Vázquez Valencia, los leales al encarcelado José Manuel Mireles han reiniciado acciones para confrontar al crimen organizado que aún se mantiene activo en la zona.

La postura manifiesta por Vázquez Valencia, quien ha enviado un comunicado oficial a los gobiernos estatal y federal, choca con el discurso oficial del Gobierno estatal que, a través del secretario general de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, ha insistido en que desde el pasado 10 de mayo no hay movilización de ningún grupo de autodefensas.

Vázquez Valencia lideró el movimiento inicial en el municipio de Aguililla, entre el 2000 y 2005, cuando organizó pequeños grupos de guardias blancas para frenar el robo de minerales por parte de las células del crimen organizado. Combatió frontalmente a La Familia Michoacana.

En el comunicado –vertido en redes sociales–, el suplente de Mireles denuncia la intensificación de acciones por parte de las células criminales que en algún momento fueron parte del cártel de Los Caballeros Templarios.

“Los criminales se han reagrupado y es obligación de todos nosotros, la población civil, organizarnos para volver a tomar las armas, para defender a nuestras familias, nuestras vidas y nuestras propiedades”, señaló.

Los grupos de civiles que de nuevo se han armado ya empezaron a instalar barricadas en diversos municipios, en donde al grito de “muerte a Los Caballeros Templarios” se ha sumado la frase “libertad a Mireles”.

En el manifiesto, Vázquez Valencia deja claro la intención de los civiles armados de trabajar coordinadamente con el Gobierno estatal y las Fuerzas Federales que se han desplegado por toda la zona de Tierra Caliente.

El comisionado federal, Alfredo Castillo, no ha manifestado postura oficial sobre este resurgimiento de las autodefensas, pero solicitó al líder de los civiles armados que hiciera las denuncias ante el Ministerio Público para que se actúe en contra de los criminales que siguen asolando la región.

En respuesta, el nuevo líder de las autodefensas aseguró que ya se han seguido las vías legales, pero pese a las acusaciones ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fecha no se ha actuado conforme a esas denuncias.

“Por eso hemos decidido volver retomar las armas y salvar nuestro pellejo”.

Emplaza a debate

El líder del resurgimiento de las autodefensas legítimas, Jorge Vázquez Valencia, emplazó al comisionado federal para Michoacán a un debate público, con el fin de plantear el tema de la seguridad en la entidad.


Todavía no hay respuesta al respecto. 

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

Estoy dispuesto a renunciar si eso esclarece el caso Iguala: Aguirre

MÉXICO, D.F. (apro).- El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se dijo dispuesto a renunciar a su cargo, si con ello se esclarecen los hechos violentos registrados en Iguala los pasados 26 y 27 de septiembre.

“Si mi renuncia resuelve el caso, si contribuye a darle claridad y luces al asunto tan condenable y tan criticable que hoy se presenta, no tendré ningún inconveniente. Si hubiera alguna responsabilidad hacia el gobernador de Guerrero seré el primero en enfrentarla”, accedió el perredista.

Sin embargo, en rueda de prensa afirmó que no tiene de qué avergonzarse y que no se irá del estado como un delincuente:

“No tengo nada de qué avergonzarme, nunca me he manchado las manos de sangre. No me voy a ir ni como asesino ni me voy a ir tampoco como un vil delincuente”, subrayó.

Aguirre Rivero defendió la labor que ha hecho su gobierno tras los hechos violentos registrados en Iguala, en donde seis personas fueron asesinadas, 20 resultaron heridas y 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa siguen desaparecidos.

Al respecto dijo que hay 26 detenidos, 22 de éstos policías de Iguala con auto de formal prisión y cuatro más que revelaron la participación de la delincuencia organizada.

“A la fecha se han detenido a 26 probables responsables de los hechos, cuatro de ellos fueron puestos a disposición de la SEIDO al haber revelado información importante sobre la infiltración de grupos de la delincuencia organizada en la Policía Municipal de Iguala, particularmente en el grupo delictivo conocido como Guerreros Unidos”, apuntó.

También confirmó que ya se giró orden de aprehensión contra el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, y reveló que se firmó un convenio de colaboración de mando único con ese municipio pero siempre mostró una negativa para dar el siguiente paso “y ahora entendemos por qué”, dijo.

El gobernador refirió que hoy quedó integrado el Comité de Atención Integral a Víctimas para involucrar a la sociedad civil y continuar con la campaña de búsqueda de los jóvenes desaparecidos.

Aguirre Rivero estuvo acompañado del procurador de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera y el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo.

Antes, en un acto público del DIF estatal efectuado en un estacionamiento del Foro Imperial de la zona Diamante, subrayó ante unas 300 personas que acudieron por apoyos sociales, que tiene las manos limpias:

“Lo dejo muy en claro. Tengo las manos limpias; no tengo nada de qué avergonzarme. Soy el primero en decirlo aquí: Acudo con mucho gusto a las instancias correspondientes. No tenemos de qué avergonzarnos mi familia, mi esposa y mis hijos”.

En el mismo acto agradeció “la valiosa” coordinación con el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República para esclarecer los hechos registrados en Iguala.

El mandatario estatal dijo que la Fiscalía General del estado ya ha dado cuenta del trabajo de inteligencia y de gabinete que ha realizado de manera coordinada con elementos del Ejército, Marina, PF y Policía estatal y que ha llevado a la detención de miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes reconocieron su participación en los hechos.

Durante su discurso dijo estar “totalmente de acuerdo” con el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto, quien horas antes expresó que en la investigación de los hechos registrados en Iguala no hay lugar para la impunidad.

“Eso he venido a decirles: que Aguirre no se raja, ni con hacha”, dijo y afirmó que los ataques hacia su administración son por motivos políticos.

“Si hoy fuera la elección ganaría la coalición de izquierda. ¡Eso lo saben ellos!”, soltó el gobernador perredista, a la vez que llamó a “mantener la unidad” de los guerrerenses y a señalar con “índice de fuego” a quien incite a la confrontación en Guerrero y utilice los hechos de Iguala como una bandera electoral.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Iguala: el alcalde infiltrado

Una denuncia en manos de la PGR señala al presidente municipal prófugo –José Luis Abarca– como uno de los líderes de Guerreros Unidos, el grupo acusado de quemar y enterrar a los normalistas de Ayotzinapa.

En la colonia San Miguelito de la ciudad de Iguala, Guerrero, un fuerte olor a químicos comenzó a provocar que los niños se enfermaran.

Uno de los líderes vecinales, Ernesto Pineda Vega, denunció ante el personal del Ejército y la Marina que en la zona operaba un narcolaboratorio para el procesamiento de drogas, propiedad de los Guerreros Unidos.

Luego de la denuncia, el narcolaboratorio de producción de heroína -asentado en esa colonia de casas de cartón y lámina en las que habitan personas de escasos recursos- fue desmantelado por elementos del 27 Batallón de Infantería.

Pero Pineda Vega no solo denunció el narcolaborario, también acusó al grupo criminal Guerreros Unidos como el responsable de asesinar, secuestrar y extorsionar a pobladores de Iguala.

Días después, el líder de San Miguelito fue capturado por Policías Municipales de Iguala señalado como el responsable del secuestro de Adolfo Salgado Salgado.

Fue encarcelado en Tuxpan, en donde fue golpeado por un grupo de internos que intentaron matarlo. Pineda Vega aseguró que le hicieron eso por órdenes del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

La investigación del caso trascendió el Estado y pasó a manos de la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud (UEIDS) de la Procuraduría General de la República (PGR), quien inició la averiguación previa SEIDO/UEIDS/4612/2014.

Con sus declaraciones, Pineda Vega destapó la cloaca.

La conexión con ‘El Chuky’

El 23 de abril pasado, ante el Ministerio Público el líder social Ernesto Pineda Vega dio detalles de las operaciones de los Guerreros Unidos: nombres de integrantes, secuestros cometidos y la forma en que ejecutan los levantones en la región.

Desde esa fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su poder la denuncia en la que Pineda Vega acusa al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, de ser uno de los principales mandos de Guerreros Unidos en esta zona del estado.

Abarca -hoy prófugo- no actuaba solo.

De acuerdo a las declaraciones del líder de San Miguelito, el funcionario tenía a su servicio al secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, quien a su vez ejecutaba las órdenes a través de su jefe de sicarios, un hombre apodado “El Chuky”.

El domingo 5 de octubre el procurador de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco, señaló que –de acuerdo a declaraciones de sicarios de Guerreros Unidos- la orden de confrontar a los estudiantes de Ayotzinapa la dio el director de Seguridad Pública Municipal, Francisco Salgado Valladares, pero la de ejecutarlos la recibieron de un sujeto apodado “El Chuky”.

Ordena Peña Nieto esclarecer el caso

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró ayer sentirse indignado por los hechos ocurridos en la ciudad de Iguala, en donde –de acuerdo a las investigaciones- estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron secuestrados y asesinados por elementos de la Policía Municipal.

Peña Nieto ordenó encontrar a los responsables y aplicar la Ley.

A través de un mensaje el mandatario informó instruyó al gabinete de Seguridad para tomar acciones inmediatas para el esclarecimientos de los hechos.

“En el estado de Derecho no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”, afirmó.

A pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) tenía desde hace meses denuncias que daban cuenta de la violencia en Iguala otros municipios de Guerrero, no fue sino hasta que estalló el escándalo que Jesús Murillo Karam acudió personalmente a esa región del sur.

Ayer en breve conferencia, el titular de las PGR anunció encabezaría las pesquisas de la mano con el fiscal de investigación criminal, Tomás Zerón.

“El Estado mexicano no puede darse el lujo de ignorar una situación como está”, declaró.

También la División de Gendarmería de la Policía Federal asumió la seguridad en Iguala, Guerrero.

El 'modus operandi' de Abarca

A finales de mayo de 2013 fueron secuestrados ocho líderes sociales de Iguala de la Unidad Popular (UP).

Tres de ellos aparecieron muertos: Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.

Sus cuerpos, torturados y vendados, fueron encontrados en el tramo Mezcala a Iguala de la carretera Federal México-Acapulco.

Por este caso, la PGR inició la investigación a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS)  SEIDO/UEIDMS/4612/2014 que involucra al alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

Nicolás Mendoza Villa, uno líderes sociales que sobrevivió al secuestro, acusó al presidente municipal de haber sido quien dio muerte a Hernández Cardonal, líder de la organización.

Él mismo le disparó en el rostro y en el cuerpo, dijo Mendoza Villa en su declaración, firmada ante notario público.

Desde el crimen de esos líderes regionales, Abarca Velázquez fue señalado de usar a los sicarios de Guerreros Unidos para amenazar o eliminar a sus enemigos y contrincantes políticos.

Ernesto Pineda Vega, el líder de San Miguelito que sigue preso acusado de secuestro, también lo señala directamente:

“Yo anduve trabajando directamente con Arturo Hernández Cardona, solicitando apoyo para las personas de bajo recursos ante el presidente municipal de Iguala quien en una ocasión me llamó en privado, siendo esto ocho días antes de levantar a Cardona, me dijo lo siguiente: ‘A ver hijo de la chingada ya me tienen hasta la madre, o te separas de Cardona o vas a correr la misma suerte’”, relató Pineda Vega.

El líder social dijo además tener información de que el alcalde había mandado asesinar al síndico municipal Justino Carbajal.


Carbajal, síndico procurador del Ayuntamiento de Iguala, fue asesinado en marzo de 2013 por un grupo de hombres armados.

El día del crimen, el excandidato a diputado federal y también sobrino del exalcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, había asistido -junto con Abarca Velásquez y ediles de la comuna- a destrabar el bloqueo de la entrada principal del basurero municipal.

En su declaración, Pineda Vega señala que el presidente municipal también mando desaparecer a Rafael Ochoa, quien era líder de una colonia de la que Abarca se apropió después con la finalidad de tener el control y mando en la región.

“Su forma de operar es que la Policía Municipal levanta a las víctimas y ellos las entregan a los Guerreros Unidos, después estos se encargan de negociar y pagar su rescate”, detalló el dirigente, también vinculado con el PRD del Estado.

Una red de corrupción

De acuerdo con la versión del líder vecinal de San Miguelito, Ernesto Pineda Vega, el grupo criminal Guerreros Unidos estaría financiado desde el gobierno, porque sus jefes son los mismos que gobiernan la región.

Señala también a diversos personajes que son autoridad de la zona como miembros de la delincuencia organizada, entre ellos, el comisario ejidal de Iguala, Antonio Bustamante Nájera; Moisés y Maximino Pedraza Salgado -conocidos como “Los Peques”- y a Tilo, Osiel, Orbelín, Mateo y Salvador, todos de apellidos Peralta Rodríguez.

“Otra persona que trabaja para los Guerreros Unidos es el delegado del transporte, siendo estos servicio urbano y taxis. A los cuales les cobra 200 pesos al chofer y otros 200 al dueño, juntando aproximadamente más de un millón de pesos, ya que son más de 2 mil transportistas”, dijo Pineda Vega.

El líder comunitario indicó que a los únicos que no les cobran es a los dueños del Centro Joyero.

“El dueño es José Luis Abarca y su esposa Ángeles Pineda, quien es dueña de una farmacia Guadalajara y Galerías, es tan poderosa porque es comadre de un narcotraficante”, declaró en abril pasado.

El dirigente aseguró que es por esta información, por que exhibe la forma de operar y por las denuncias públicas que hizo ante los medios de comunicación fue que le fabricaron el delito de secuestro e intentaron matarlo a él y a su familia.

Muchos de los nombres que Pineda Vega proporcionó a las autoridades estatales en esas declaraciones hechas en abril, salieron a relucir en la reciente investigación del crimen y desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Líderes incómodos

Tras la desaparición de los ocho líderes de Guerrero en mayo del 2013, la senadora perredista Dolores Padierna Luna propuso un punto de acuerdo para que la PGR que ejerciera su facultad y atrajera el caso.

Padierna señaló que los líderes secuestrados resultaban “incómodos”.

“Hace dos semanas diversas organizaciones de Guerrero hicieron una marcha, un acto como protesta, como un acto desesperado más bien de la sociedad civil por la profundización de la pobreza y el avance del crimen organizado.

“Dos horas después, Héctor Arrollo Delgado, Arturo Hernández Cardona, Efraín Amate Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza, Rafael Balderas y Jimmy Castrejón, desaparecieron”, detalló la perredista en aquella ocasión.

El discurso de hace más de un año de la senadora perredista coincide con la declaración del líder de San Miguelito respecto a que aquellos incómodos para la autoridades eran eliminados.

Aparece narcomanta

Ayer, las autoridades de Guerrero encontraron colgadas cuatro narcomantas en diferentes puntos de Iguala.


“Gobierno Federal y Estatal. A todos los que nos apoyan, se les exige que liberen a los 22 policías que están detenidos. Les damos 24 horas para que los suelten sino aténganse a las consecuencias. Empezaremos a poner nombres de la gente que nos apoya en el gobierno. Ya empezó la guerra. Att. GU”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

La angustia de una madre oaxaqueña: “Mi hijo está desaparecido en Guerrero”

OAXACA, Oax. (apro).- Entre sollozos, Lucina Garnica, madre de Christian Tomás Colón Garnica, estudiante de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, ruega a Dios para que su hijo no se encuentre entre los 28 cuerpos que localizaron en las fosas clandestinas ubicadas en Iguala.

“Mi hijo está desaparecido en Guerrero. Lo secuestraron y no sabemos si está vivo. Nos mandaron llamar para el estudio de ADN, pero no hemos podido ir porque no tenemos dinero para el pasaje”, dice.

Con el dolor a cuestas, la mujer admite que Christian, de 18 años, es uno de los estudiantes que se encuentra en la lista de desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, cuando sicarios y policías atacaron a los normalistas y se llevaron a varios de ellos.

La familia del joven pidió el apoyo del gobierno estatal, instituciones de derechos humanos –entre ellos la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO)– y organismos civiles para viajar a Guerrero y tener noticias de primera mano.

“Pido justicia, pido se castigue a los que secuestraron a mi hijo Christian, quien se fue a estudiar a la Normal de Guerrero apenas el pasado 16 de julio. Es su primer año allá. Apenas salió de la prepa de Tlacolula (municipio ubicado a 32 kilómetros de esta capital). Se fue a estudiar allá con su otro hermano”, subraya Lucina Garnica, y exige al gobierno de Gabino Cué que se sume a la búsqueda del estudiante oaxaqueño.

El caso de Christian Tomás se suma al del indígena huave Édgar Andrés Vargas, de 19 años, originario del municipio de San Francisco del Mar, municipio localizado en el Istmo de Tehuantepec, quien también resultó herido en el ataque del 26 de septiembre.

Vargas, estudiante de tercer año en la Normal Rural de Ayotzinapa, se encuentra internado en el Hospital General de Iguala, luego de recibir un balazo en la boca que le destrozó el maxilar. Según el alcalde de San Francisco del Mar, Leonel Gómez Cruz, el estado de salud de Édgar Andrés se reporta como estable.

Por separado, estudiantes del diplomado “Investigación de la tortura: manejo del protocolo de Estambul” condenaron los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero y los calificaron “de extrema gravedad”.

“Es una muestra más de las graves violaciones a los derechos humanos y la situación que viven diversos sectores, quienes hacen uso legítimo del derecho a la libertad de expresión, pero (las autoridades) criminalizan la protesta social. El uso excesivo de la fuerza pública, los asesinatos, la desaparición forzada y la tortura no tienen justificación y son totalmente inaceptables e inadmisibles estos hechos”, apuntaron.

De acuerdo con los estudiantes, el Estado mexicano es doblemente responsable por las violaciones a los derechos humanos “por la acción y omisión”, por lo que deberá tomar acciones para efectuar una búsqueda efectiva y diligente que permita la localización inmediata y presentación con vida de los desaparecidos.

“Estos actos evidencian el desinterés del Estado por no cumplir con las obligaciones adquiridas al suscribir los instrumentos internacionales de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano para erradicar todo acto de tortura”, detallaron.

Y más: “Los eventos denotan que a más de tres años de la reforma en materia de derechos humanos, las autoridades no cumplen la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Suegra de edil de Iguala asegura que Ángel Aguirre fue patrocinado por el narco

MÉXICO, D.F: Leonor Villa Ortuño, supuesta suegra del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Hernández, aseguró que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue patrocinado por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

En un presunto interrogatorio, la suegra del alcalde de Iguala asegura que sus hijos pertenecen al crimen organizado y su yerno protege al grupo criminal Guerreros Unidos.

Mario Pineda Villa y Alberto “El Borrado Mario Pineda, operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y hermanos de la esposa del edil fueron ejecutados en 2009 por traicionar a Arturo Beltrán Leyva.

En el video del interrogatorio difundido por el periódico Reforma, se le pregunta a la madre de los hermanos Pineda si conoce al gobernador Ángel Aguirre Rivero; responde: “Sí lo conozco, porque mis hijos patrocinaron su campaña de diputado a gobernador”.

Asegura también que su yerno protege al cártel de Guerreros Unidos a cambio de una cuota mensual de dos millones de pesos: “Maneja a su antojo a todos los comandantes y policía municipal de Iguala”.

¿Quién dio la orden de patrocinar la campaña del gobernador Ángel Aguirre Rivero? –le preguntan a la mujer.

Arturo Beltrán Leyva.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Espectáculo mediático”, el despliegue federal en Iguala, acusan

IGUALA, Gro. (apro).- “Son puras mamadas, esos cabrones ya se fueron pa’ la sierra”, expresa un policía estatal mientras observa un impresionante convoy de patrullas y tanquetas artilladas que transporta a cerca de 400 agentes federales que arribaron para asumir el control de la seguridad en esta ciudad colapsada por la narcoviolencia.

El operativo federal se implementó a más de una semana de que policías municipales y sicarios actuaron en contubernio para detener, ejecutar y desaparecer a normalistas de Ayotzinapa, y a unas horas de que el grupo delictivo Guerreros Unidos colocó dos mantas en diferentes puntos de la ciudad, donde emplazó a las autoridades federales y estatales a liberar a los uniformados detenidos por estos hechos violentos; de lo contrario, el narco revelará los nombres de políticos coludidos con la delincuencia.

Al respecto, el comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo Ceballos, informó que cerca de 400 policías de las divisiones de Gendarmería y Operaciones Especiales permanecerán en Iguala hasta que se aclaren los hechos de violencia y se restablezca la seguridad en esta ciudad de la zona norte de la entidad.

En declaraciones al término de una reunión con autoridades municipales y estatales en la sede del ayuntamiento igualteco, Galindo Ceballos dijo que la presencia federal en este lugar pretende evitar que vuelvan a ocurrir hechos de violencia.

Ello después de que la semana pasada 23 personas fueron asesinadas, 24 más resultaron heridas y al menos 26 normalistas desaparecidos en diferentes ataques realizados por policías y sicarios en contra de estudiantes, deportistas y civiles.

Los agentes federales arribaron a las 16:00 horas y coparon los hoteles de Iguala; luego salieron a recorrer las calles en medio de un impresionante despliegue que provocó asombro y reproches entre la ciudadanía y policías estatales que desplazaron a las autoridades municipales.


“Hubieran llegado antes, ahora ya para qué”, expresa una mujer que asegura que en este momento Iguala se ha convertido en “la ciudad más segura” de la entidad.

Un policía estatal expresa su molestia ante lo que califica como “espectáculo mediático”, al argumentar que los jefes del grupo delictivo Guerreros Unidos huyeron de la ciudad y se refugian en la parte serrana de la franja de Mezcala.

“El Ejército que se encuentra asentado en Iguala nunca hizo nada para frenar a esos cabrones y la Federal menos”, indica el agente que se retira del lugar a prisa y lanzando gritos a sus compañeros para que detengan a un joven que estuvo tomando fotografías con su teléfono móvil a los policías federales que desfilaban por el centro de la ciudad y a reporteros que documentaban afanosamente la acción tardía de las autoridades federales.

Por su parte, Guerreros Unidos deja constancia de su presencia en este lugar, considerado como su bastión, al lanzar amenazas a los gobiernos federal y estatal por lo que consideran una traición y emplazaron a las autoridades a liberar a los 22 policías detenidos por los hechos violentos.

De lo contrario, advirtieron que van a revelar los nombres de los políticos que fueron beneficiados por esta organización criminal dirigida por Salomón Pineda Villa, El Molón, señalado por autoridades federales como cuñado del alcalde perredista con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien se encuentra prófugo junto a los jefes policiacos que dieron la orden de detener y entregar a los normalistas de Ayotzinapa a sicarios.


Por su parte, este día se suspendieron las labores de búsqueda de cadáveres en el predio de Pueblo Viejo, donde oficialmente fueron exhumados 28 cuerpos, entre ellos dos mujeres, de cinco narcofosas ubicadas en este lugar, considerado como un cementerio clandestino utilizado desde hace cuatro años por Guerreros Unidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

Ayotzinapa: La masacre del PRD

MÉXICO, D.F. (apro).- El prólogo de la masacre de jóvenes en Iguala, justo donde hace dos siglos se proclamó la Independencia de México, concita náusea: El alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez, harto de peticiones de fertilizantes que le hacían, manda a su policía y pistoleros a secuestrar a ocho ciudadanos miembros de su partido para escarmentarlos él mismo.

–¿Qué tanto estás chingando con el abono? ¡Me voy a dar el gusto de matarte! –le dijo al ingeniero Arturo Hernández Cardona, líder de la Unidad Popular de Iguala, antes de torturarlo y dispararle con una escopeta en el pecho y la cabeza.

Este y otros dos asesinatos, cometidos el 30 de mayo del año pasado, quedaron impunes por la misma mecánica de complicidades que hizo posible, 16 meses después, la muerte a balazos de seis personas, entre ellas un ama de casa y el chofer y un jugador del equipo de futbol “Avispones”, las heridas a más de 20 y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Se trata de complicidades al más alto nivel: El alcalde Abarca Velázquez –ahora fugitivo– es integrante de Nueva Izquierda (NI), la corriente que domina el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y a ella pertenecen también el gobernador Angel Aguirre Rivero y el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, negados ambos a proceder contra aquél por esos crímenes denunciados formalmente.

Y es Nueva Izquierda, que jefatura Jesús Ortega y a la que pertenece Carlos Navarrete, el nuevo presidente del PRD, con la que se entiende bastante bien Enrique Peña Nieto y que explica en buena medida su inacción para esclarecer estos y otros crímenes, como los asociados a la tragedia de “Ingrid” y “Manuel”, el 15 de septiembre de hace un año, cuando Aguirre se emborrachaba.

Sólo estas complicidades explican también que sólo hasta este lunes 6, diez días después de la desaparición masiva de jóvenes normalistas –ocurrida entre la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre–, el gobierno de Peña haya ordenado acciones para dar con ellos, y sólo cuando hay indicios de que fueron ejecutados por criminales asociados al alcalde Abarca.

No hay modo de que las autoridades de los tres niveles de gobierno evadan su responsabilidad jurídica y política en estos crímenes, que son de Estado unido al crimen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha intervenido y, pese a que puedan pasar meses, integrará un expediente sobre este crimen de lesa humanidad.

Tampoco el PRD puede escapar a su inmensa responsabilidad en la masacre de Iguala, que estará históricamente asociada a él y a su grupo hegemónico: Nueva Izquierda.

La fotografía de la mañana del sábado 4 de octubre es elocuente: En la Ciudad de México, Carlos Navarrete enlaza sus manos a las de los gobernadores del PRD, entre ellos Aguirre Rivero, justo cuando, en Iguala, son extraídos de fosas clandestinas los cuerpos de decenas de jóvenes, a los que también se les prendió fuego…

No hay modo de evitar otra masacre que ocurrió, también en Guerrero, hace 19 años: El 28 de junio de 1995 llegué al vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, cuando la sangre estaba fresca. Habían sido asesinados 17 campesinos a manos de la policía y por orden expresa del gobernador Rubén Figueroa.

En la edición 974 de Proceso, del 3 de julio de ese año, consta la descripción puntual de cómo fueron asesinados los campesinos por órdenes de Figueroa, quien sólo un año más tarde, en marzo de 1996, renunciaría tras difundir Ricardo Rocha el video que acreditó el crimen. El sustituto sería, a propuesta de Figueroa, Aguirre Rivero, entonces presidente del PRI.

Ese tiempo en Guerrero se percibía un aire denso, enrarecido, y a un año de la masacre, apareció –justo en el vado de Aguas Blancas– el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que Emilio Chuayffet, actual secretario de Educación y entonces secretario de Gobernación, llamó “pantomima”.

Sí, el mismo Chuayffet que renunció al cargo, en diciembre de 1997, por la matanza de Acteal, Chiapas, de la que justamente hoy, lunes 6 de octubre, fue exonerado Ernesto Zedillo en Estados Unidos por la “inmunidad diplomática” que tiene como expresidente, la que beneficiará también a Felipe Calderón por crímenes que se le atribuyen y que, en el México de Peña, no cesan. ¡Maldita sea!

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

Fotogaleria: BalconeArte INGAPE Tijuana

Miembros de Activistas de INGAPE Tijuana realizaron un balconeo en las inmediaciones del CECUT entre los mensajes sobre salen: 

Liberen a Mireles, Mario Luna, Fernando Vazquez, Nestora, al compa Jamspa, y a todos los presos politicos, y justicia para los estudiantes asesinados de Ayotzinapa, y presentacion de los que estan vivos.

EXIGIMOS LIBERTAD Y JUSTICIA PARA LOS PRESOS POLITICOS Y PRESENTACION CON VIDA DE LOS ESTUDIANTES DE AYOTZNAPAN GUERRERO.   



BalconeArte Ingape Tijuana

Video: Manifestacion de Estudiantes de la BUAP 2 de OCT del 2014

Jóvenes de La B.U.A.P, de otras universidades, preparatorias y de la sociedad en general, nos reunimos para conmemorar el 2 de Octubre de 1968, para luchar por nuestros hermanos del Instituto Politécnico Nacional y de Ayotzinapa y Tlatlaya.