Una denuncia en manos de la PGR señala al presidente municipal prófugo –José Luis Abarca– como uno de los líderes de Guerreros Unidos, el grupo acusado de quemar y enterrar a los normalistas de Ayotzinapa.
En la colonia San Miguelito de la ciudad de Iguala, Guerrero, un fuerte olor a químicos comenzó a provocar que los niños se enfermaran.
Uno de los líderes vecinales, Ernesto Pineda Vega, denunció ante el personal del Ejército y la Marina que en la zona operaba un narcolaboratorio para el procesamiento de drogas, propiedad de los Guerreros Unidos.
Luego de la denuncia, el narcolaboratorio de producción de heroína -asentado en esa colonia de casas de cartón y lámina en las que habitan personas de escasos recursos- fue desmantelado por elementos del 27 Batallón de Infantería.
Pero Pineda Vega no solo denunció el narcolaborario, también acusó al grupo criminal Guerreros Unidos como el responsable de asesinar, secuestrar y extorsionar a pobladores de Iguala.
Días después, el líder de San Miguelito fue capturado por Policías Municipales de Iguala señalado como el responsable del secuestro de Adolfo Salgado Salgado.
Fue encarcelado en Tuxpan, en donde fue golpeado por un grupo de internos que intentaron matarlo. Pineda Vega aseguró que le hicieron eso por órdenes del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
La investigación del caso trascendió el Estado y pasó a manos de la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud (UEIDS) de la Procuraduría General de la República (PGR), quien inició la averiguación previa SEIDO/UEIDS/4612/2014.
Con sus declaraciones, Pineda Vega destapó la cloaca.
La conexión con ‘El Chuky’
El 23 de abril pasado, ante el Ministerio Público el líder social Ernesto Pineda Vega dio detalles de las operaciones de los Guerreros Unidos: nombres de integrantes, secuestros cometidos y la forma en que ejecutan los levantones en la región.
Desde esa fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su poder la denuncia en la que Pineda Vega acusa al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, de ser uno de los principales mandos de Guerreros Unidos en esta zona del estado.
Abarca -hoy prófugo- no actuaba solo.
De acuerdo a las declaraciones del líder de San Miguelito, el funcionario tenía a su servicio al secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, quien a su vez ejecutaba las órdenes a través de su jefe de sicarios, un hombre apodado “El Chuky”.
El domingo 5 de octubre el procurador de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco, señaló que –de acuerdo a declaraciones de sicarios de Guerreros Unidos- la orden de confrontar a los estudiantes de Ayotzinapa la dio el director de Seguridad Pública Municipal, Francisco Salgado Valladares, pero la de ejecutarlos la recibieron de un sujeto apodado “El Chuky”.
Ordena Peña Nieto esclarecer el caso
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró ayer sentirse indignado por los hechos ocurridos en la ciudad de Iguala, en donde –de acuerdo a las investigaciones- estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron secuestrados y asesinados por elementos de la Policía Municipal.
Peña Nieto ordenó encontrar a los responsables y aplicar la Ley.
A través de un mensaje el mandatario informó instruyó al gabinete de Seguridad para tomar acciones inmediatas para el esclarecimientos de los hechos.
“En el estado de Derecho no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”, afirmó.
A pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) tenía desde hace meses denuncias que daban cuenta de la violencia en Iguala otros municipios de Guerrero, no fue sino hasta que estalló el escándalo que Jesús Murillo Karam acudió personalmente a esa región del sur.
Ayer en breve conferencia, el titular de las PGR anunció encabezaría las pesquisas de la mano con el fiscal de investigación criminal, Tomás Zerón.
“El Estado mexicano no puede darse el lujo de ignorar una situación como está”, declaró.
También la División de Gendarmería de la Policía Federal asumió la seguridad en Iguala, Guerrero.
El 'modus operandi' de Abarca
A finales de mayo de 2013 fueron secuestrados ocho líderes sociales de Iguala de la Unidad Popular (UP).
Tres de ellos aparecieron muertos: Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.
Sus cuerpos, torturados y vendados, fueron encontrados en el tramo Mezcala a Iguala de la carretera Federal México-Acapulco.
Por este caso, la PGR inició la investigación a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS) SEIDO/UEIDMS/4612/2014 que involucra al alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Nicolás Mendoza Villa, uno líderes sociales que sobrevivió al secuestro, acusó al presidente municipal de haber sido quien dio muerte a Hernández Cardonal, líder de la organización.
Él mismo le disparó en el rostro y en el cuerpo, dijo Mendoza Villa en su declaración, firmada ante notario público.
Desde el crimen de esos líderes regionales, Abarca Velázquez fue señalado de usar a los sicarios de Guerreros Unidos para amenazar o eliminar a sus enemigos y contrincantes políticos.
Ernesto Pineda Vega, el líder de San Miguelito que sigue preso acusado de secuestro, también lo señala directamente:
“Yo anduve trabajando directamente con Arturo Hernández Cardona, solicitando apoyo para las personas de bajo recursos ante el presidente municipal de Iguala quien en una ocasión me llamó en privado, siendo esto ocho días antes de levantar a Cardona, me dijo lo siguiente: ‘A ver hijo de la chingada ya me tienen hasta la madre, o te separas de Cardona o vas a correr la misma suerte’”, relató Pineda Vega.
El líder social dijo además tener información de que el alcalde había mandado asesinar al síndico municipal Justino Carbajal.
Carbajal, síndico procurador del Ayuntamiento de Iguala, fue asesinado en marzo de 2013 por un grupo de hombres armados.
El día del crimen, el excandidato a diputado federal y también sobrino del exalcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, había asistido -junto con Abarca Velásquez y ediles de la comuna- a destrabar el bloqueo de la entrada principal del basurero municipal.
En su declaración, Pineda Vega señala que el presidente municipal también mando desaparecer a Rafael Ochoa, quien era líder de una colonia de la que Abarca se apropió después con la finalidad de tener el control y mando en la región.
“Su forma de operar es que la Policía Municipal levanta a las víctimas y ellos las entregan a los Guerreros Unidos, después estos se encargan de negociar y pagar su rescate”, detalló el dirigente, también vinculado con el PRD del Estado.
Una red de corrupción
De acuerdo con la versión del líder vecinal de San Miguelito, Ernesto Pineda Vega, el grupo criminal Guerreros Unidos estaría financiado desde el gobierno, porque sus jefes son los mismos que gobiernan la región.
Señala también a diversos personajes que son autoridad de la zona como miembros de la delincuencia organizada, entre ellos, el comisario ejidal de Iguala, Antonio Bustamante Nájera; Moisés y Maximino Pedraza Salgado -conocidos como “Los Peques”- y a Tilo, Osiel, Orbelín, Mateo y Salvador, todos de apellidos Peralta Rodríguez.
“Otra persona que trabaja para los Guerreros Unidos es el delegado del transporte, siendo estos servicio urbano y taxis. A los cuales les cobra 200 pesos al chofer y otros 200 al dueño, juntando aproximadamente más de un millón de pesos, ya que son más de 2 mil transportistas”, dijo Pineda Vega.
El líder comunitario indicó que a los únicos que no les cobran es a los dueños del Centro Joyero.
“El dueño es José Luis Abarca y su esposa Ángeles Pineda, quien es dueña de una farmacia Guadalajara y Galerías, es tan poderosa porque es comadre de un narcotraficante”, declaró en abril pasado.
El dirigente aseguró que es por esta información, por que exhibe la forma de operar y por las denuncias públicas que hizo ante los medios de comunicación fue que le fabricaron el delito de secuestro e intentaron matarlo a él y a su familia.
Muchos de los nombres que Pineda Vega proporcionó a las autoridades estatales en esas declaraciones hechas en abril, salieron a relucir en la reciente investigación del crimen y desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Líderes incómodos
Tras la desaparición de los ocho líderes de Guerrero en mayo del 2013, la senadora perredista Dolores Padierna Luna propuso un punto de acuerdo para que la PGR que ejerciera su facultad y atrajera el caso.
Padierna señaló que los líderes secuestrados resultaban “incómodos”.
“Hace dos semanas diversas organizaciones de Guerrero hicieron una marcha, un acto como protesta, como un acto desesperado más bien de la sociedad civil por la profundización de la pobreza y el avance del crimen organizado.
“Dos horas después, Héctor Arrollo Delgado, Arturo Hernández Cardona, Efraín Amate Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza, Rafael Balderas y Jimmy Castrejón, desaparecieron”, detalló la perredista en aquella ocasión.
El discurso de hace más de un año de la senadora perredista coincide con la declaración del líder de San Miguelito respecto a que aquellos incómodos para la autoridades eran eliminados.
Aparece narcomanta
Ayer, las autoridades de Guerrero encontraron colgadas cuatro narcomantas en diferentes puntos de Iguala.
“Gobierno Federal y Estatal. A todos los que nos apoyan, se les exige que liberen a los 22 policías que están detenidos. Les damos 24 horas para que los suelten sino aténganse a las consecuencias. Empezaremos a poner nombres de la gente que nos apoya en el gobierno. Ya empezó la guerra. Att. GU”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Uno de los líderes vecinales, Ernesto Pineda Vega, denunció ante el personal del Ejército y la Marina que en la zona operaba un narcolaboratorio para el procesamiento de drogas, propiedad de los Guerreros Unidos.
Luego de la denuncia, el narcolaboratorio de producción de heroína -asentado en esa colonia de casas de cartón y lámina en las que habitan personas de escasos recursos- fue desmantelado por elementos del 27 Batallón de Infantería.
Pero Pineda Vega no solo denunció el narcolaborario, también acusó al grupo criminal Guerreros Unidos como el responsable de asesinar, secuestrar y extorsionar a pobladores de Iguala.
Días después, el líder de San Miguelito fue capturado por Policías Municipales de Iguala señalado como el responsable del secuestro de Adolfo Salgado Salgado.
Fue encarcelado en Tuxpan, en donde fue golpeado por un grupo de internos que intentaron matarlo. Pineda Vega aseguró que le hicieron eso por órdenes del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
La investigación del caso trascendió el Estado y pasó a manos de la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud (UEIDS) de la Procuraduría General de la República (PGR), quien inició la averiguación previa SEIDO/UEIDS/4612/2014.
Con sus declaraciones, Pineda Vega destapó la cloaca.
La conexión con ‘El Chuky’
El 23 de abril pasado, ante el Ministerio Público el líder social Ernesto Pineda Vega dio detalles de las operaciones de los Guerreros Unidos: nombres de integrantes, secuestros cometidos y la forma en que ejecutan los levantones en la región.
Desde esa fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su poder la denuncia en la que Pineda Vega acusa al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, de ser uno de los principales mandos de Guerreros Unidos en esta zona del estado.
Abarca -hoy prófugo- no actuaba solo.
De acuerdo a las declaraciones del líder de San Miguelito, el funcionario tenía a su servicio al secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, quien a su vez ejecutaba las órdenes a través de su jefe de sicarios, un hombre apodado “El Chuky”.
El domingo 5 de octubre el procurador de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco, señaló que –de acuerdo a declaraciones de sicarios de Guerreros Unidos- la orden de confrontar a los estudiantes de Ayotzinapa la dio el director de Seguridad Pública Municipal, Francisco Salgado Valladares, pero la de ejecutarlos la recibieron de un sujeto apodado “El Chuky”.
Ordena Peña Nieto esclarecer el caso
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró ayer sentirse indignado por los hechos ocurridos en la ciudad de Iguala, en donde –de acuerdo a las investigaciones- estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron secuestrados y asesinados por elementos de la Policía Municipal.
Peña Nieto ordenó encontrar a los responsables y aplicar la Ley.
A través de un mensaje el mandatario informó instruyó al gabinete de Seguridad para tomar acciones inmediatas para el esclarecimientos de los hechos.
“En el estado de Derecho no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”, afirmó.
A pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) tenía desde hace meses denuncias que daban cuenta de la violencia en Iguala otros municipios de Guerrero, no fue sino hasta que estalló el escándalo que Jesús Murillo Karam acudió personalmente a esa región del sur.
Ayer en breve conferencia, el titular de las PGR anunció encabezaría las pesquisas de la mano con el fiscal de investigación criminal, Tomás Zerón.
“El Estado mexicano no puede darse el lujo de ignorar una situación como está”, declaró.
También la División de Gendarmería de la Policía Federal asumió la seguridad en Iguala, Guerrero.
El 'modus operandi' de Abarca
A finales de mayo de 2013 fueron secuestrados ocho líderes sociales de Iguala de la Unidad Popular (UP).
Tres de ellos aparecieron muertos: Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.
Sus cuerpos, torturados y vendados, fueron encontrados en el tramo Mezcala a Iguala de la carretera Federal México-Acapulco.
Por este caso, la PGR inició la investigación a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS) SEIDO/UEIDMS/4612/2014 que involucra al alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Nicolás Mendoza Villa, uno líderes sociales que sobrevivió al secuestro, acusó al presidente municipal de haber sido quien dio muerte a Hernández Cardonal, líder de la organización.
Él mismo le disparó en el rostro y en el cuerpo, dijo Mendoza Villa en su declaración, firmada ante notario público.
Desde el crimen de esos líderes regionales, Abarca Velázquez fue señalado de usar a los sicarios de Guerreros Unidos para amenazar o eliminar a sus enemigos y contrincantes políticos.
Ernesto Pineda Vega, el líder de San Miguelito que sigue preso acusado de secuestro, también lo señala directamente:
“Yo anduve trabajando directamente con Arturo Hernández Cardona, solicitando apoyo para las personas de bajo recursos ante el presidente municipal de Iguala quien en una ocasión me llamó en privado, siendo esto ocho días antes de levantar a Cardona, me dijo lo siguiente: ‘A ver hijo de la chingada ya me tienen hasta la madre, o te separas de Cardona o vas a correr la misma suerte’”, relató Pineda Vega.
El líder social dijo además tener información de que el alcalde había mandado asesinar al síndico municipal Justino Carbajal.
Carbajal, síndico procurador del Ayuntamiento de Iguala, fue asesinado en marzo de 2013 por un grupo de hombres armados.
El día del crimen, el excandidato a diputado federal y también sobrino del exalcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, había asistido -junto con Abarca Velásquez y ediles de la comuna- a destrabar el bloqueo de la entrada principal del basurero municipal.
En su declaración, Pineda Vega señala que el presidente municipal también mando desaparecer a Rafael Ochoa, quien era líder de una colonia de la que Abarca se apropió después con la finalidad de tener el control y mando en la región.
“Su forma de operar es que la Policía Municipal levanta a las víctimas y ellos las entregan a los Guerreros Unidos, después estos se encargan de negociar y pagar su rescate”, detalló el dirigente, también vinculado con el PRD del Estado.
Una red de corrupción
De acuerdo con la versión del líder vecinal de San Miguelito, Ernesto Pineda Vega, el grupo criminal Guerreros Unidos estaría financiado desde el gobierno, porque sus jefes son los mismos que gobiernan la región.
Señala también a diversos personajes que son autoridad de la zona como miembros de la delincuencia organizada, entre ellos, el comisario ejidal de Iguala, Antonio Bustamante Nájera; Moisés y Maximino Pedraza Salgado -conocidos como “Los Peques”- y a Tilo, Osiel, Orbelín, Mateo y Salvador, todos de apellidos Peralta Rodríguez.
“Otra persona que trabaja para los Guerreros Unidos es el delegado del transporte, siendo estos servicio urbano y taxis. A los cuales les cobra 200 pesos al chofer y otros 200 al dueño, juntando aproximadamente más de un millón de pesos, ya que son más de 2 mil transportistas”, dijo Pineda Vega.
El líder comunitario indicó que a los únicos que no les cobran es a los dueños del Centro Joyero.
“El dueño es José Luis Abarca y su esposa Ángeles Pineda, quien es dueña de una farmacia Guadalajara y Galerías, es tan poderosa porque es comadre de un narcotraficante”, declaró en abril pasado.
El dirigente aseguró que es por esta información, por que exhibe la forma de operar y por las denuncias públicas que hizo ante los medios de comunicación fue que le fabricaron el delito de secuestro e intentaron matarlo a él y a su familia.
Muchos de los nombres que Pineda Vega proporcionó a las autoridades estatales en esas declaraciones hechas en abril, salieron a relucir en la reciente investigación del crimen y desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Líderes incómodos
Tras la desaparición de los ocho líderes de Guerrero en mayo del 2013, la senadora perredista Dolores Padierna Luna propuso un punto de acuerdo para que la PGR que ejerciera su facultad y atrajera el caso.
Padierna señaló que los líderes secuestrados resultaban “incómodos”.
“Hace dos semanas diversas organizaciones de Guerrero hicieron una marcha, un acto como protesta, como un acto desesperado más bien de la sociedad civil por la profundización de la pobreza y el avance del crimen organizado.
“Dos horas después, Héctor Arrollo Delgado, Arturo Hernández Cardona, Efraín Amate Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza, Rafael Balderas y Jimmy Castrejón, desaparecieron”, detalló la perredista en aquella ocasión.
El discurso de hace más de un año de la senadora perredista coincide con la declaración del líder de San Miguelito respecto a que aquellos incómodos para la autoridades eran eliminados.
Aparece narcomanta
Ayer, las autoridades de Guerrero encontraron colgadas cuatro narcomantas en diferentes puntos de Iguala.
“Gobierno Federal y Estatal. A todos los que nos apoyan, se les exige que liberen a los 22 policías que están detenidos. Les damos 24 horas para que los suelten sino aténganse a las consecuencias. Empezaremos a poner nombres de la gente que nos apoya en el gobierno. Ya empezó la guerra. Att. GU”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
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