Muchos recursos, pocos resultados en programa educativo en Veracruz

Veracruz recibió 716 millones 334 mil 745 pesos de 2009 a 2011, pero no hay certeza del destino de 91% de ellos.

Veracruz fue la entidad que mayores recursos recibió de la Federación para el programa Habilidades Digitales para Todos (HDT), la estrategia del sexenio anterior para equipar las escuelas con computadoras, proyectores y conexión a internet, pero aún así no consiguió el propósito de mejorar la enseñanza en las aulas.

En el estudio “Usos iniciales y desusos de la estrategia Habilidades Digitales para Todos en escuelas secundarias de Veracruz”, elaborado por investigadores del Instituto de Investigaciones de Educación de la Universidad Veracruzana, concluyó que los maestros no supieron cómo utilizar las herramientas tecnológicas para enriquecer sus clases; tuvieron complicaciones técnicas y aunque se entregaron las computadoras, no se concretó la conexión a internet, por lo que finalmente dejaron de usarlas en clase y en cambio fueron utilizadas para tareas administrativas de la escuela.

En 2009, Veracruz instaló 171 aulas de HDT, por lo que los investigadores escogieron tres secundarias para realizar un estudio de campo durante 10 meses entre 2010 y 2011. Dos de ellas en la sierra de Santa Martha, una de población náhuatl, popoluca y la tercera en la región de los Tuxtlas.

El objetivo principal del programa de tecnología era “contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación básica favoreciendo su inserción en la sociedad del conocimiento mediante el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo”, de ahí que la intención era llegar a las poblaciones menos favorecidas para sacarlas del rezago.

En el caso de Veracruz, no se cumplió el objetivo, explican los investigadores Amanda Cano Ruiz y Jorge Vaca Uribe en su estudio basado en entrevistas a estudiantes, alumnos, directores, habitantes y observación de las clases de español, cómputo, reuniones de docentes y consulta de archivos escolares.

Entre las quejas de los profesores estaba que desconocían cuáles eran los usos esperados por parte de sus autoridades inmediatas ni habían recibido asesoría o acompañamiento pedagógico al respecto, por lo “esta innovación fue diluyéndose dentro de la vida cotidiana de las escuelas, y el desenlace, independientemente del contexto (rural-urbano) fue similar: el ‘no uso’ o su escasa utilización pedagógica”, concluye la investigación.

Sin embargo, el fracaso operativo no obedeció a falta de recursos, pues como Animal Político reportó este lunes 6 de octubre, Veracruz recibió 716 millones 334 mil 745 pesos de 2009 a 2011, pero no hay certeza del destino de 91% de ellos, es decir 655 millones 782 mil 573 pesos. Según información del estado, en 2011 la Secretaría de Educación de Veracruz sólo equipó 444 aulas aunque se había comprometido a la instalación de 3 mil 78 y capacitó a mil docentes.

Enseñan con un teclado de cartón

En la localidad Popoluca, donde se realizó el estudio, habitan mil 295 personas, de las cuales 28% es analfabeta y donde la tecnología sólo está al alcance del director de la escuela, pues es el único que tiene una computadora portátil con internet. Sus maestros, generalmente, son originarios de otras partes de la entidad, de recién ingreso al servicio docente que permanecen por cortas temporadas hasta que consiguen su cambio a zonas menos apartadas.

En la región náhuatl el panorama es similar: mil 46 habitantes, de los cuales 13% no saben leer ni escribir. Ahí tenían 17 computadoras. Mientras que en la zona urbana habitan 50 mil 934 personas y en una cuarta parte de las viviendas hay una computadora.

Las tres escuelas del estudio recibieron 12 computadoras nuevas de escritorio para los estudiantes y una para el docente; pantalla con dos lápices electrónicos; impresora y proyector, pero nunca instalaron las antenas para brindar internet inalámbrico.

Con ese contexto, la comunidad escolar recibió con gran expectativa los nuevos equipos, pero los maestros tenían poca claridad para incorporarlos a sus clases. “Desconocían cómo manejar los aspectos técnicos del aula, tenían que definir quiénes podían acceder a este espacio (mencionaban que era mejor que sólo asistieran los más disciplinados) porque las computadoras y sillas eran insuficientes para los estudiantes”, por lo que se mostraban incrédulos sobre el beneficio pedagógico.

Mientras que los estudiantes consideraban que la visita al aula de medios era esporádica, pues “se trataba de un salón que por lo general permanecía cerrado y se habían conformado con verlo por fuera”, debido a que los maestros trataban de resguardarlo para evitar robos o destrozos, reporta la investigación.

Cuando los estudiantes recibían clases de “computación”, los maestros reproducían la estructura de la enseñanza tradicional: explicar conceptos mientras los niños tomaban notas y realización de tareas que incluyó la elaboración de un teclado de cartón para “familiarizarse con sus componentes y exámenes para comprobar lo aprendido”, lo que, según los investigadores obedecía a la lógica de “aprender tecnología” más que “aprender con la tecnología”.

Ya en las clases prácticas, las actividades aparentemente sencillas no lo eran tanto, pues, por ejemplo, crear un archivo electrónico representaba “un verdadero reto para los estudiantes”. Así, mientras los maestros esperaban que los estudiantes repasaran sus apuntes, practicaran con el teclado de cartón y se desempeñaran con rapidez en la navegación, los alumnos decían que sus clases eran cada vez más esporádicas y por eso olvidaban lo que se les había enseñado.


Ante estos conflictos, después de unos meses, los profesores ocuparon las aulas para redactar oficios, reportes e imprimir invitaciones para los diversos eventos que se desarrollaban en la escuela, mientras que el proyector lo utilizaban para apoyar la preparación de los estudiantes que participarían en algún concurso o evento. Es decir, “la innovación fue trasformada por el personal docente y adaptada a sus necesidades e intereses”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

#SOSPORMÉXICO. A un año de la tragedia de “trocas monstruo”, nadie es culpable

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- A un año de la tragedia de Extremo Aeroshow, en donde perdieron la vida nueve personas y alrededor de cien resultaron heridas, el ayuntamiento de esta capital no se reconoce como responsable de haber violado derechos humanos de los asistentes afectados.

Peor aún, las seis personas procesadas (tres servidores públicos) por homicidio imprudencial no han sido sentenciadas, las víctimas no han sido indemnizadas y dos grupos internos del PRI utilizan el caso como botín político de cara a las elecciones de 2015.

Pasó casi un año cuando 51 víctimas decidieron interponer una denuncia ante el ayuntamiento para recibir sus respectivas indemnizaciones, aunque otras dos habían interpuesto anteriormente el recurso, pero ninguna ha sido aceptada por las autoridades municipales.

Incluso, las familias crearon la asociación civil 5 de Octubre, que tiene como fin dar seguimiento al proceso de indemnizaciones, ya que padres y madres de familia que eran sostén de su hogar se vieron gravemente afectados en sus ingresos, además del pago de terapias costosas derivadas del accidente.

La asociación busca, además, aportar su experiencia para que las autoridades y ciudadanía tengan conciencia de la importancia de la prevención y protección civil en todo tipo de eventos, explicó uno de los integrantes, Iván Santos, papá de Paulina Santos Luna, quien a sus seis años se convirtió en una de las víctimas mortales del evento.

Otras dos familias, que no son parte de la fundación, entre ellas los papás de los niños Diego y Julia Sophia Tarango Holguín, interpusieron demandas directas ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), pero ambas fueron desechadas y ahora se encuentran en un juzgado federal.

Cada familia ha decidido diferentes formas de llevar su luto y enfrentar las demandas de justicia, ya que hasta ahora no les han entregado indemnizaciones, a pesar de que el ayuntamiento anunció hace casi seis meses que les darían como “adelanto” un millón 100 mil pesos a los deudos de quienes fallecieron en el evento.

Casi todas las familias rechazaron la disculpa pública que ofreció el alcalde actual, Javier Garfio Pacheco en mayo, porque lo hizo obligado por la CNDH y en ningún momento reconoció la responsabilidad del municipio.

Las víctimas se sumaron a una mesa técnica que conformó el ayuntamiento, pero luego de meses sin resultados han decidido no participar más en ella.

Y no es todo, pues la empresa privada de seguridad contratada para el evento ha sido protegida por las autoridades.

En las declaraciones de los participantes en Demolition Show, el evento donde ocurrió el accidente, indican que ésta ha sido adjudicada al actual director de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Eduardo Guerrero, situación que no ha sido negado por las autoridades.

Al solicitar la información a través de Infomex, el ayuntamiento de Chihuahua respondió en la solicitud 0003762014 que esa información está clasificada como reservada durante seis años, según acuerdo AIR-02/2013, respuesta que dan a través de la dirección de Desarrollo Comercial y Turístico.

No obstante, el ayuntamiento demandó vía civil a la organización Eventos Extremos de Chihuahua para que ésta le pague 43 millones de pesos que ha erogado en atención a las víctimas.

Sin embargo, los directivos de la organización, Jorge Cuesta y Mario Dueñas, se victimizaron y justificaron que ellos también tuvieron pérdidas y previo a ello entregaron grandes ganancias con los eventos que organizaron y que nunca quisieron causar un daño de esa naturaleza. Tampoco ellos han sido llamados ante un juez.

El único que ha enfrentado este año en prisión es el chofer de la monster truck, Francisco Velázquez Samaniego, a pesar de que un juez federal pidió que se repusiera la audiencia de vinculación, porque el juez de garantía no fundó ni motivó su decisión para ordenar la prisión preventiva para el chofer.

Hoy, la juez de garantía Alejandra Ramos pospuso la audiencia en la que repondrían la audiencia de vinculación a proceso, debido a que aún no se resuelve el fondo del amparo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en abril pasado una recomendación para que se investigara penalmente la actuación del exalcalde Marco Adán Quezada Martínez y seis exfuncionarios municipales más.

En mayo presentó las denuncias penales en contra de Marco Adán Quezada (exalcalde), Javier Torres Cardona (exsubdirector de Gobernación que ya está sujeto a proceso), Fernando Rodríguez García (exsecretario del ayuntamiento y notario de la asociación Eventos Extremos del municipio de Chihuahua), Ildefonso Sepúlveda (oficial mayor) y Alfonso Prieto Prieto (director de Comercio)

La CNDH pidió además que se investigara la asignación y ejecución de más de 17 millones entregados a la organización civil Eventos Extremos del municipio de Chihuahua, que se encargó de organizar el espectáculo y de la seguridad de los asistentes.

Como resultado, el Congreso local ordenó que la Auditoría Superior del Estado fiscalizara el caso y ésta encontró una serie de irregularidades, pero hasta ahora la auditoría no ha sido dictaminada por los diputados.

Hace un mes aproximadamente, cuando el auditor Jesús Manuel Esparza Flores dio a conocer los resultados de la auditoría y entregó su reporte a la Comisión de Fiscalízación, arremetió contra los exfuncionarios y, en defensa de éstos, salió el legislador priista Eloy García Tarín, quien fue secretario del ayuntamiento en la administración pasada, pero renunció para irse a la campaña por la diputación.

Los dos grupos internos del PRI que especulan con el caso son el del gobernador César Duarte Jáquez, que tiene a la mayoría en el Congreso, y el del exmandatario José Reyes Baeza Terrazas, quien está cerca de Marco Adán Quezada Martínez, el exalcalde señalado como uno de los presuntos responsables de la falta de seguridad en Aeroshow.

Marco Adán Quezada es uno de los políticos que aspiran a ser candidatos por una diputación federal durante el año entrante y él ha manifestado públicamente que está a disposición de las autoridades, pero ha defendido reiteradamente que no incurrieron en ningún delito.

A esto se suma que el PAN tomó en parte la defensa de las víctimas, con lo que el caso se “politizó” en el Congreso estatal y en el cabildo, a pesar de la postura contraria de deudos, heridos y familiares.

La fiscalía especial para el caso Aeroshow, a cargo de Noé Jiménez, aún no formula imputación al exalcalde ni a otros cinco funcionarios señalados por la CNDH.

Todos promovieron amparos que han dilatado el proceso penal, ya que los jueces de garantía dieron de seis a ocho meses de investigación para cerrar el caso.

Felipe Ponce, defensor de los derechos humanos de las víctimas que conformaron la asociación 5 de Octubre, dio a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trabaja en el caso de Aeroshow desde enero pasado.

No obstante, lamentó que el ayuntamiento siga empeñado en no reconocer su responsabilidad por violación a derechos humanos de las víctimas, pero destacó que éstas están organizadas y finalmente demandaron ante el ayuntamiento.

La Legislatura pasada aprobó, antes del accidente trágico, la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Municipio de Chihuahua, que incorpora el tema de indemnizaciones en casos de negligencia o irresponsabilidad de funcionarios públicos contra ciudadanos. El plazo para interponer la denuncia venció al año del accidente, es decir, el domingo 5.

Sin embargo, las autoridades actuales se han empeñado en declarar que no pueden indemnizar ni reconocer las fallas de la instancia hasta que los jueces sentencien a los involucrados.

“Los amparos de los imputados atrasaron el procedimiento, pero todavía en diciembre no estaba acreditada la calidad de víctimas de los afectados, no conocían lo que sucedía en el proceso porque nadie les había explicado”, recuerda Felipe Ponce.

Y los integrantes de la asociación indican que ningún abogado a los que solicitaron apoyo quiso enfrentarse al municipio, y sólo lo hizo Felipe Ponce, quien se ha especializado en derechos humanos.

Sin embargo, Ponce indica que el proceso penal es una cosa y el proceso de indemnización otra, por lo que no debe retrasar uno a otro.

Ayer, durante el primer aniversario de Aeroshow, el alcalde Javier Garfio aseguró que siempre ha estado cerca de las víctimas, sin reflectores, pero ellos no lo han sentido así, aseguran, por lo menos no ante sus demandas.

Garfio pidió que no se utilizara a las víctimas para lucrar o “politizar” con ellas.

Las personas procesadas hasta ahora son, además de Francisco Velázquez, los empresarios Luis Felipe Valdez Caraveo (representante legal de la asociación) y Eliot Gerardo Castillo Hernández (representante de Demolition Show), así como cuatro exfuncionarios: Guillermo Ávila Olivas, exsubdirectoe de Protección Civil municipal; José Manuel Domínguez Castillo, coordinador u oficial de Protección Civil, y Javier Torres Cardona, subdirector de gobernación municipal.

Los afectados por aquel accidente acudieron ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno federal para informar que consideran insuficiente e inadecuada la respuesta del municipio de Chihuahua hacia ellos, y la dependencia confirmó de enterada a través del oficio CEAV/JHB/0279/204 el 23 de septiembre.

El rostro de la tragedia

Ese sábado, Octavo Díaz Romero acudió con su familia a presenciar los actos que organizaron en el festival Extremo Aeroshow, entre ellos el espectáculo de la troca monstruo Big Show.

Ya había asistido los dos años anteriores y en 2013 acudió con su esposa, con su hija menor de 13 años y una sobrina de 12.

“Estaba totalmente lleno, la gente no dejaba de entrar. Nosotros ya no alcanzamos lugar en las gradas, pero vimos que la gente comenzó a caminar hacia el lado izquierdo, era gente siguiendo a gente, sin guía. Nosotros, los de atrás, pensábamos que alguien iba guiando, pero en ningún momento vimos señalamientos, listón amarillo, personas, nada… Comenzamos a llenar los espacios vacíos, estábamos parados y quedamos junto a un tractocamión”.

La gente seguía llegando e inició el evento y más personas se acomodaron atrás de ellos.

“Primero fue el espectáculo de motos, que nos sorprendió a mi esposa y a mí, al observar cómo la adrenalina de los participantes pasaba a los asistentes.

“No nos gustó, por ejemplo, que pedían a la gente que pasaran ocho niños. Los acostaron y pasaron la motos por arriba de ellos; luego pidieron 15, 18, 20, hubo un momento en que un niño se levantó corriendo cuando la moto ya había arrancado y no nos gustó eso”, narra.

Luego siguió otro evento de carros contra muro de fuego, y posteriormente la troca monstruo. Su esposa y las niñas fueron al baño, la camioneta hizo la rutina y luego vino el momento catastrófico.

“Yo estaba justo frente a la troca. Vi que la troca se colocaba, el chofer le hace señas al conductor del evento, con el tiempo supimos qué le decía.

“El del micrófono le decía que ya le había pagado y que no podía decirles que no, se sintió forzado y brincó. Tomó la decisión equivocada. Vi clarito cuando se pega con la pick-up, su cabeza se ladea y se le cae el casco. Volteé a ver para dónde corría pero estaba lleno, tenía que pasar por arriba de las personas, no había tiempo de nada, sólo me tiré un clavado hacia el frente”, relata con la sensación de aquel día.

Una llanta de enfrente le pasó por la espalda y por las dos piernas, luego otra llanta quedó sobre él.

“La troca se incrustó en cuatrimotos y empezó a aventar un tráiler que estaba ahí, lo movió como dos metros. Luego veo que el chofer trata de meter reversa y yo estaba abajo. Oía los engranes, sólo tenía libres la pierna y el brazo izquierdo, no me podía mover. Apagó el motor y me dije: ‘Ya no me muevo’, tenía múltiples fracturas”.

Luego supo que tenía fracturado el brazo izquierdo, el húmero, el fémur, le explotó un pulmón, las costillas quebradas y una de éstas le perforó el hígado; además, tenía quebrados el esternón y el diafragma.

Trató de arrastrarse un poco pero no podía mover una pierna y el dolor era insoportable. Por instinto aguantó la respiración. “Oía el glu glu glu cuando respiraba, gorgoreaba y mejor me quedé tranquilo. La pierna se me empezó a hinchar hasta que el pantalón tronó”.

Después recordó que su esposa y las niñas lo estarían buscando. Con su mano derecha pudo alcanzar el celular en la bolsa del lado izquierdo y funcionó.

“Mi esposa pensaba que yo andaría ayudando a la gente porque había tomado cursos de primeros auxilios. Cuando salieron del baño les dijeron que había habido un accidente y que la troca monstruo había atropellado a mucha gente. Cuando le llamé le dije que estaba atropellado, le dije ‘Vieja: estoy muy mal, la troca me atropelló y estoy muy delicado. Deja a las niñas un rato porque esto está muy feo, ven a ayudarme’. Después de un tiempo, nos dimos cuenta que yo ya me estaba despidiendo de ella, le decía que la amaba y que estaba en paz con ella”.

Los gritos de la gente y de los niños estremecían el lugar, niños buscando a sus padres, padres buscando a sus hijos.

“Eran gritos de desesperación, pasaban corriendo y se cegaban, pasaban por arriba de mis piernas. Luego llegaron los paramédicos, se acercó uno y me hablaba para mantenerme despierto. Me vio y ya iba con otra persona, pero le agarré la mano porque como no tenía sangre, pensaba que no estaba tan mal…

“Le pedí que escuchara mi respiración y me dijo que estaba muy delicado, buscó una ambulancia, me dijo que tenía que irme ya”.

Cuando quitaron la llanta que estaba sobre él se dio cuenta que “estaba desbaratado, parecía calcomanía, estaba pegado y extendido. Luego despega un helicóptero con pacientes y me llena de tierra, no podía respirar por la polvareda, estuvo peor porque entró tierra a mi garganta”.

Sin embargo, pensaba en que había gente más grave que él y debería aguantar hasta que tocara su turno para subir a una ambulancia.

“Todos querían subir a su gente a la ambulancia, había gente que discutía. Cuando ya lo iban a subir, llegó una señora más grave”. Le ayudó un paramédico voluntario que iba sin uniforme y logró que lo subieran a la ambulancia con la señora que iba grave.

“Me preguntaron si tenía IMSS y les dije que sí, por eso me subieron a una camilla de madera, nada más con la cintura amarrada y me subieron donde van los paramédicos, junto a la señora. La ambulancia se fue por la terracería porque no podía salir con tanta gente y carro. El camino se me hizo eterno, mi esposa se quedó con las niñas. Yo sólo contenía la respiración. Sólo le pedía a Dios que si me quería llevar, que me llevara, que se hiciera su voluntad… les pedí oxígeno y les decía que escucharan cómo respiraba, pero no llevaban oxígeno”.

La señora que iba con él también estaba grave, era enfermera del IMSS y sus compañeros iban muy preocupados también por ella.

“Yo no la podía ver porque iba poquito más arriba que ella, sólo se escuchaba que se quejaba muy fuerte, pegábamos en las paredes de la ambulancia por el camino accidentado, lleno de matorrales”.

El chofer de la ambulancia le gritaba a sus compañeros que atendieran a la enfermera herida, sabían que iba grave.

“Eran quejidos muy fuertes. El chofer estaba desesperado por la impotencia que tenía, debía conducir. Luego agarró por fin el pavimento y pude respirar mejor. Llegando al lugar, la enfermera dejó de quejarse y hubo un silencio total. Los paramédicos de atrás gritaban ‘ya se nos fue’. Tengo entendido que la reanimaron, pero no fue suficiente, falleció”.

Era Cristina Baca Gámez, enfermera del IMSS de 43 años.

A Octavo Díaz lo pasaron a terapia intensiva, le colocaron una manguera para extraer lo que le impedía respirar, lo intervinieron quirúrgicamente.

Su familia lo buscó por todos los nosocomios y en el hospital privado Cima les indicaron que sí estaba ahí, ya que ahí llevaron a la mayoría. Les dijeron que estaba delicado pero estable.

Sin embargo, cuando uno de sus familiares ingresó a buscarlo, no lo encontró.

Durante horas lo buscaron hasta que lo localizaron casi a la medianoche. “No supieron clasificar a los pacientes, no nos distribuyeron bien, saturaron el Dima, pero gracias a Dios me mandaron al IMSS porque era de menor demanda, sólo caímos tres ahí”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA (REPORTAJE ESPECIAL)

#SOSMéxico. Se unen habitantes de Chalchihuapan y policías contra Moreno Valle

PUEBLA, Pue. (apro).- Habitantes de San Bernardino Chalchihuapan y policías estatales preventivos se asumieron como “víctimas” de la llamada “Ley Bala” y del gobierno de Rafael Moreno Valle y acordaron luchar unidos contra el gobierno poblano.

Este lunes se reunieron representantes de la Policía Estatal y habitantes de Chalchihuapan en las instalaciones de un sindicato para acordar la realización de una manifestación conjunta en contra de la administración de Moreno Valle.

Desde la semana pasada, uniformados, custodios, agentes viales, auxiliares y bomberos realizaron distintas movilizaciones para protestar por despidos de más de 500 elementos y por supuestas violaciones a sus derechos laborales cometidas por el gobierno estatal, al pretender pagarles una liquidación menor a la correspondiente.

El domingo pasado, una comisión de policías acudió a Chalchihuapan para tener un primer acercamiento con representantes de esa comunidad y acordar una alianza, que hasta hace días era algo impensable.

Y es que, el pasado 9 de julio, más de 420 policías estatales preventivos participaron en el desalojo de habitantes de Chalchihauapan que bloqueaban la autopista Puebla-Atlixco. La acción derivó en un enfrentamiento violento en el que murió el niño José Luis Tehuatlie Tamayo, mientras que nueve habitantes y 40 policías resultaron heridos.

Un representante de los policías dijo que en el operativo sólo recibieron órdenes de sus superiores y del propio gobierno estatal. “La gente lo sabe, nosotros sólo recibimos órdenes del gobierno estatal que es nuestro jefe inmediato, él nos está mandando y a final de cuentas quieren culpar a los compañeros para lavarse las manos”, aseguró.

El alcalde auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes, dijo que la unión de habitantes y policías es posible porque ambos pueden asumirse, a final de cuentas, como víctimas del gobierno de Moreno Valle.

“Sí los vamos a apoyar –declaró Montes– ya sólo faltaban los policías en todos estos bloques sociales que han sido lastimados por el gobierno de Moreno Valle”.

Y adelantó: “Vamos a plantearle a la gente y creemos que lo van a entender, que los policías no son los responsables de lo que ocurrió ese día, porque ellos sólo recibieron órdenes y también ellos resultaron lesionados. Y ahora están dispuestos a pedir una disculpa a la comunidad por convicción propia”.

Dijo que dentro de la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), que agrupa a autoridades de Juntas Auxiliares, se analizará la posibilidad de realizar una manifestación en la que participen juntos pobladores de Chalchihuapan y policías.

Hasta el momento, la CEDIP ya ha sumado grupos de mototaxistas, transportistas, dueños de verificentros, opositores al gasoducto y a las minas, usuarios de metrobús y habitantes de Cholula, entre otros grupos sociales que tienen conflictos con la administración morenovallista.

El abogado Alejandro del Castillo informó que además de asesoría jurídica, los policías tendrán el apoyo del CEDIP en la lucha contra sus despidos injustificados, aunque saben que algunos de los cesados participaron en el operativo contra habitantes de Chalchihuapan.

“Pero ellos (los policías) no llegaron solos, ni las armas que llevaban son propias, ni tienen dónde conseguir balas de goma. Todo eso fue ordenado por el gobernador y es él quien no ha asumido su responsabilidad en el caso Chalchihuapan. Es claro que va a culpar de todo a los policías”, declaró Del Castillo. “El gobernador tiene la virtud de unir a todos en su contra”, acusó.

El pasado viernes ocurrió otro hecho similar, considerado histórico, pues los pueblos de San Andrés y San Pedro Cholula se unieron en una procesión con la Virgen de los Remedios, hecho que no ocurría desde hace un siglo.

Este acto religioso fue para pedir a la Virgen “el milagro” de detener el proyecto de Moreno Valle para construir un parque en terrenos que los cholultecas consideran sagrados desde la época prehispánica, alrededor de la gran Pirámide y del templo de la Señora de los Remedios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ

México, reprobado en calidad de vida: OCDE

MÉXICO, D.F. (apro).- Los indicadores de México para medir la calidad de vida –excepto los del desempleo y de la contaminación del aire– se encuentran por debajo del promedio de los 34 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Según un estudio del organismo internacional difundido este lunes, México es el país más inseguro para vivir, pues tiene 22.9 homicidios por cada 100 mil habitantes, una tasa siete veces mayor al promedio de la OCDE, que apenas rebasa los cuatro por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, el ingreso promedio de los mexicanos resulta tres veces inferior al de los habitantes de la Organización, al alcanzar 6 mil 554 dólares por persona, contra los 18 mil 907 en el promedio general.

Del mismo modo, sólo 40% de los trabajadores mexicanos cuenta con un certificado de estudios secundarios, mientras que en promedio, 74.6% de la fuerza laboral de la OCDE tiene este certificado.

El estudio revela que las disparidades en los indicadores no sólo se observan entre diferentes países, sino también al interior de éstos; particularmente entre las 362 regiones que abarcan y de las cuales forman parte las 32 entidades federativas de México.

En todos los indicadores de bienestar –excepto el de empleo– se encuentra al menos una entidad mexicana en el 5% de los peores resultados de las regiones de la OCDE.

Por ejemplo, Chiapas está en el 5% de los últimos de la lista en ingresos y en educación; mientras que Chihuahua está registrado como parte del 5% de los peores en seguridad y acceso a la salud.

Además, México aparece como el país con la mayor disparidad en el acceso a los servicios: En Oaxaca sólo 15% de los hogares está conectado a Internet, contra 40% en el Distrito Federal. Además, queda en el segundo lugar en disparidades de ingresos, así como en nivel educativo de los trabajadores, después de Turquía.

Si bien los regiomontanos obtienen un ingreso en promedio 150% más alto que el de México, los chiapanecos por su parte reciben un ingreso 60% inferior al nacional, estima el informe.

Respecto a la calidad ambiental, si bien Morelos forma parte del 5% más bajo de la OCDE, Yucatán se posiciona entre el 10% de las regiones con las mejores condiciones ambientales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE

Desechan en EU demanda contra Zedillo por masacre de Acteal

WASHINGTON: La Corte Suprema de Justicia puso fin a la demanda que 10 personas interpusieron en Hartford, Connecticut, contra el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, a quien acusaron de encubrir los hechos sobre la masacre de 45 personas en Acteal, Chiapas.

La agencia noticiosa estadunidense Associated Press (AP) reportó este lunes que un juez federal en Connecticut y la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Distrito en Nueva York, desecharon la demanda contra Zedillo bajo el argumento de que el expresidente tiene inmunidad diplomática.

“La Corte Suprema de Justicia no dio ninguna razón por la cual declinó escuchar el caso” de los demandantes, sostiene el despacho de AP.

Los demandantes, cuya identidad no ha sido revelada, son presuntamente sobrevivientes de la masacre en Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en el sureño estado de Chiapas, durante el mandato de Zedillo.

“La Corte Suprema finalmente puso fin a esta frívola demanda”, escribió Jonathan M. Freiman, abogado de Zedillo, en un correo electrónico que envió a AP.

“El señor Zedillo sirvió a su nación con tremenda visión y valor, como lo dijera una vez el expresidente Bill Clinton”, añadió Freiman en el correo electrónico.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL

Puebla “es una bomba a punto de estallar” por la represión de Moreno Valle, alerta el Rector de la Ibero en el estado

Ciudad de México, 4 de septiembre: El Rector de la Universidad Iberoamericana en Puebla, Fernando Fernández Font, alertó que la entidad “es una bomba a punto de estallar” ante el autoritarismo y represión de la protesta por parte del gobierno estatal, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, lo que amenaza los derechos humanos de los ciudadanos. Acusó que las leyes y casos polémicos no se discuten públicamente ni son objeto de análisis y puso como ejemplo la llamada “Ley Bala”, a la que el mandatario local tuvo que meter reversa tras una serie de críticas y protestas.

Durante la presentación de su informe por el segundo año de labores en esa institución, y ante autoridades municipales, estatales y federales, además del Arzobispo de Puebla, el Rector aseguró: “En el ámbito local, la situación de derechos humanos se encuentra amenazada entre la tentación autoritaria de control y represión gubernamental de la movilización y la protesta, y los fenómenos de violencia social y sexual que se han incrementado en los últimos meses”.

De acuerdo con medios locales, el Rector detalló los vicios del gobierno encabezado por Moreno Valle: el autoritarismo y la represión del gobierno estatal, las amenazas a los derechos humanos, la ausencia de contrapesos, la aprobación de leyes sin discusión y los intereses económicos detrás de los megaproyectos como el gasoducto Morelos.

“Como se ha documentado y denunciado por diversos actores, los contrapesos en el estado son cada vez más inexistentes, lo que ha traído como consecuencia, por mencionar un ejemplo evidente, la aprobación de leyes polémicas que no se discuten públicamente ni son objeto de un análisis multifactorial y respetuoso de los derechos humanos, como se espera de un régimen democrático”, acusó.

“Tal es el caso de la llamada #LeyBala que, bajo la intención de regular el uso de la fuerza pública durante las manifestaciones y protestas, parecería esconder el interés de controlar el espacio público y cerrarle el paso a la disidencia. Pese a que fue limitada en su contenido, esta ley fue aprobada y publicada, cobrando sus primeras víctimas con el operativo, que tuvo lugar en San Bernardino Chalchihuapan a principios de julio”, dijo.

“Otra acción legislativa preocupante es la Ley de Expropiación para el estado de Puebla, toda vez que en su aplicación entran en juego diversos intereses económicos con fines de apropiación de terrenos para megaproyectos mineros y de instalación de gasoductos que amenazan la seguridad pública y han generado múltiples y justificadas protestas entre las comunidades afectadas”, añadió.

Además, Fernández Font consideró que la pobreza en la entidad es igual que con el ex Gobernador Mario Marín Torres que con Moreno Valle, dijo que si bien hay diferencia entre las administraciones, la pobreza es un fenómeno que no se ha logrado combatir en una década.

“Son dos gobernadores distintos, dos problemas distintos, pero una coincidencia: cada vez hay más pobres, cada vez el salario alcanza menos, cada vez la distribución de las ganancias es más injusta y cada vez hay menos democracia”, advirtió.

Fernando Fernández cuestionó sobre la inversión en los proyectos que buscan fomentar el turismo en Puebla. “Esta administración ha invertido muchísimo dinero, muchísimos recursos y muchísimo esfuerzo en mejorar ciertas zonas, como la rueda de la fortuna y ahora con el Museo Internacional Barroco […] Se ve que es un Gobernador que le interesa demostrar a la ciudadanía que está haciendo mucho, pero por el otro lado uno se pregunta ¿y eso a quién beneficia? Puebla sigue siendo un estado de máxima pobreza”.

También comentó sobre la situación política actual del país, de la cual señaló que el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Ejecutivo federal, estuvo marcado por el Pacto por México, la coalición partidario entre el PRI y los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), con el cual “se decidieron 95 reformas detenidas en los últimos 20 años”.

“Dicho pacto, que inició con un fuerte impulso esperanzador, poco a poco se fue diluyendo al no dar cabida plena a los intereses de la sociedad y de los propios partidos políticos. Con todo y esta situación, las reformas electorales fueron avanzando en medio de pugnas, descontento social y protesta ciudadana, quedando en evidencia el verdadero interés detrás de la partidocracia: la lucha por el reparto del poder y del dinero del erario público”, refirió.

Y alertó: “Los principales problemas del país, como la violencia exacerbada, la pobreza extrema, la injusticia e inequidad, la sistemática violación a los derechos humanos, así como la expansión de enclaves autoritarios y de Estado fallido en el territorio mexicano, ilustran que el actual gobierno federal ha sido deficitario en gobernabilidad, democracia y justicia social. Igualmente, ha sido notable la ausencia de una estrategia gubernamental para inhibir y acotar la corrupción endémica que atraviesa al país, con toda la opacidad”, la impunidad y la falta de transparencia que ello conlleva”.

Fernando Fernández advirtió que “en el marco estatal los gobernadores han acrecentado un control muy importante sobre sus territorios a base de un ejercicio de la autoridad que no admite contrapesos; sin embargo, el PRI–gobierno, al mismo tiempo ha ido restaurando un presidencialismo autoritario a la vieja usanza, que se vale de los controles que se ejercen a nivel local”.

INAH RECHAZA PROYECTOS DE RMV

Ayer, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Puebla denunciaron, por su parte, que en al menos cuatro de los proyectos del gobierno de Moreno Valle en la entidad, violan diversas leyes federales, entre ellos el de la construcción del Parque de las Siete Cultura en la zona arqueológica de Cholula; además señalaron que temen que en Cholula se dé un caso como el de Chalchihuapan, donde un menor perdió la vida a consecuencia de una bala de goma disparada por policías que intentaban contener una manifestación.

También se deslindaron de los permisos otorgados por la delegación federal, a cargo del antropólogo Francisco Ortiz Pedraza, y cuestionaron que debido a que el delegado del Centro INAH Puebla no es experto en temas de preservación y conservación del patrimonio, ya que es antropólogo, el gobierno del estado se ha brincado el trámite en la entidad y acude directamente a las oficinas centrales del instituto, en la Ciudad de México, para que estas licencias procedan.

En rueda de prensa, los especialistas Sonia Espinosa, Cecilia Vázquez, Ignacio Ibarra, Elisa Ávila, Francisco Mendiola, Miguel Balbuena, Patricia Flores, Denise Monserrat Ramos y Graciela Sánchez denunciaron que las obras como el Distribuidor vial de Cholula, el teleférico, el edificio de 11 pisos que se construye en la zona monumental del Centro Histórico de Puebla, y una cancha de futbol rápido a mitad del zócalo del siglo XVII de Tochtepec, presentan una serie de anomalías.

Sobre el Parque de las Siete Culturas, los especialistas reiteraron que hasta el momento no existe ningún permiso liberado por el INAH para comenzar con la construcción de planchas de cemento en el sitio arqueológico.

Francisco Mendiola, jefe de los investigadores del Centro INAH en Puebla, argumentó que los gobiernos de San Andrés y San Pedro Cholula están violando el decreto presidencial de 1972, que da protección al sitio arqueológico, al intentar edificar el parque temático de las Siete Culturas. Por este ilícito, advirtió que los ayuntamientos podrían ser multados por incumplir la Ley federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Y aseguró: “Estamos en contra de estos trabajos que por debajo del agua se meten […] El estilo del Gobernador es no tomar en cuenta al INAH y realizar la obras, necesitamos los proyectos y trabajar sobre el proyecto para no afectar el patrimonio arqueológico y cultural”.

Además alertó que temen que en Cholula se dé un caso similar al de Chalchihuapan, con la aplicación de la #LeyBala ante la oposición generalizada de la población a obras innecesarias. “Están tocando el corazón de la identidad cholulteca por intereses del gobierno”, reclamó.

Por su parte, la arqueóloga Rita Cruz Valdés manifestó que el proyecto de Moreno Valle de transformar el Hospital Siquiátrico en un museo de sitio es muy vago y se tienen que aclarar varias cuestiones.

“No hay ningún elemento oficial que nos diga qué condiciones va a tener, si es una edificación de un particular o del gobierno, si lo dan como dato, si lo prestan o si lo donan, eso tiene que quedar claro. Luego la colección si va a ser institucional y quién administra el lugar, si el gobierno del estado invierte al rato va a querer utilizar el lugar y lucrar con él”, sostuvo.

PERO SÍ SE PROTEGE A LOS TURISTAS

Este jueves, el Subsecretario de Turismo a nivel federal, José Salvador Sánchez Estrada, junto con el Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, anunció la creación de la Policía Turística de Puebla, la cual busca garantizar la seguridad a visitantes nacionales y extranjeros.

En el edificio de la Policía Turística, los policías serán capacitados en materias como inglés e historia de Puebla, para estar en posibilidades de orientar a los turistas que asistan al estado.

“A nombre de la secretaria, Claudia Ruiz Massieu, quiero hacer un reconocimiento al Gobernador Rafael Moreno Valle por su labor e impulso al turismo, que ha posicionado al estado de Puebla como un destino de vanguardia”, declaró Sánchez Estrada.

Alertas en la Ley de Infancia

Con muchos “peros” por lagunas no previstas y apartados que causarían problemas, la Cámara baja aprobaría la ley que protege derechos de niños y adolescentes mexicanos.

El pleno de la Cámara de Diputados tiene como consigna aprobar el próximo jueves la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, primera iniciativa preferente enviada al Congreso por Enrique Peña Nieto en su sexenio.

En la aprobación coinciden las organizaciones que vieron con buenos ojos los cambios realizados en el Senado a la minuta que había enviado el Ejecutivo, y sus detractores.

La iniciativa busca regular una amplia gama de derechos para la infancia y la adolescencia. 

La ley incluye el combate al bullying, la migración ilegal y los derechos sexuales o reproductivos de los menores, además de otras propuestas. 

La iniciativa enviada por el ejecutivo tuvo modificaciones sustanciales en el Senado, de la mano principalmente de la senadora perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. 

Estos cambios parecen el punto final de la ley. 

El director nacional de Red Familia, que agrupa a 892 organizaciones civiles, Mario Romo, asegura en entrevista que hay un acuerdo para no moverle “ni una coma” en la Cámara revisora, y que la Ley pueda ser promulgada antes del plazo legal de 30 días posteriores al inicio del periodo ordinario de sesiones.

En esto coincide la senadora por el Partido del Trabajo (PT) Ana Gabriela Guevara, a quien le impidieron presentar las reservas a cuatro artículos que contenían “puntos preocupantes” respecto a los migrantes menores de edad.

Los artículos referidos a derechos sexuales, reproductivos y migración sobresalen como los focos rojos que podrían traer consecuencias “no deseadas o planeadas” cuando la Ley se ponga en práctica.

Padres excluidos

“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”, consigna el artículo 4º constitucional, reformado en 1974.

Este precepto ha sido tomado por la Secretaría de Salud y las organizaciones que defienden la educación sexual en edades tempranas como la base para argumentar que la carta magna contempla los “derechos sexuales y reproductivos”. 

La interpretación llegó también hasta esta nueva ley, en la cual se incluyó en el artículo 50 que las autoridades deben “proporcionar asesoría y orientación sobre el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos a niños, niñas y adolescentes”.

Pero la Ley no define cuáles son estos derechos ni en qué consisten. 

Tampoco lo están “en ningún tratado internacional vinculante de derechos humanos suscrito por el Ejecutivo y ratificado por el Senado”, dijo en entrevista Mario Romo, director nacional de Red Familia. 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que en estos derechos se incluye la educación sexual, el embarazo adolescente, la esterilización voluntaria, la edad mínima para contraer matrimonio, el aborto y la confidencialidad de la información médica. 

Otros conceptos agregan el cambio de sexo como parte de estos derechos.

La Red acusa que la ley debería hablar de “salud sexual y reproductiva” en lugar de “derechos sexuales”, ya que éstos no tienen una definición consensuada.

Como quedó en la ley, un menor podría abortar, cambiar de sexo o sufrir una esterilización quirúrgica sin conocimiento de sus tutores.

La promoción de la educación sexual integral, incluida en el artículo 58 de la Ley, tampoco habla de la participación de los padres o tutores ni hace una diferenciación entre niños pequeños, mayores o adolescentes para dirigir los esfuerzos de “desarrollo de competencias” para “ejercer sus derechos sexuales y reproductivos”.

Romo acusa: “Si quieren meter todo eso, que lo discutan en el ámbito democrático, lo que no se vale es que lo metan por debajo de la alfombra para luego de ahí hacer todo lo que quieras, eso es lo que no queremos”.

Una laguna peligrosa

En julio de este año, una comisión de legisladores que realizó la ruta del migrante por la frontera norte detectó que en el Centro de Atención al Migrante en Sonora había 60 menores no acompañados.

La Ley que aprobará la Cámara de Diputados no especifica en su artículo 92 que los niños migrantes a los que se les realizarán los procesos con garantías de información, intérprete, abogado, se aplicarán para estos menores no acompañados, a los que no se hace referencia en el proyecto de legislación.

El artículo 92, como quedó aprobado en el Senado, establece que “podrá prevalecer la unidad familiar”. 

La senadora Ana Gabriela Guevara, como presidenta de la Comisión de Migración en la Cámara alta, busca que este principio sea obligatorio, es decir, que la ley diga que “se deberá hacer prevalecer” esta unidad, lo que es importante porque de lo contrario un niño puede ser recluido en un lugar y sus familiares en otro. 

El mismo artículo dice que la reunificación familiar también podrá prevalecer, lo cual sería un vehículo para que muchos menores aleccionados pidan que se traigan a sus padres o tutores desde sus países, “con cargo al Estado mexicano”, según Guevara.

“Se presta para trata”, acota, “a veces vienen con coyotes y pueden estar aleccionados (…) tanto el Instituto Nacional de Migración (INM)como la Secretaría de Gobernación notaron la apertura que deja esto, están conscientes de que está mal, más allá de que el dictamen trae cosas muy bondadosas”.

El secretario técnico de la Comisión de Migración del Senado, Sergio Monroy, explica que la legislación debería indicar que la determinación de refugio de este menor debe ser dictaminada por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pero la ley es ambigua al respecto.


Este artículo podría traer como consecuencia que los coyotes obtengan visas humanitarias con los niños y se quedaran legalmente en México.

El artículo 98 aprobado no menciona la participación de la Comar sino del INM, el cual no tiene una capacidad jurídica para otorgar asilo.

“La explosión demográfica que tendría México derivada de la Ley no está calculada. No existe un censo de migrantes ilegales, no sabemos cuánta gente está aquí o podría venir”, alerta Monroy.

Negociando con niños

“El año pasado aventaron de La Bestia a una niña de nueve años porque su madre no tuvo 100 dólares para pagar por ella a las bandas de mara salvatrucha. 

“Les están pidiendo 200 dólares para subir al tren. Si no pagan les cortan la cabeza, les disparan, los lanzan a las vías del tren. Lo hacen con hombres, mujeres, con bebés y niños”, cuenta el profesor Jorge Andrade.

Su relato tiene ancla en el trabajo que realiza en el Estado de México como parte del colectivo Ustedes Somos Nosotros, que ayuda a migrantes en su paso por México. 

Andrade ha visto en los meses recientes que el paso de menores de edad va en aumento y que en muchos casos son extorsionados por los propios coyotes o polleros que sus padres les contratan desde Estados Unidos, donde los esperan para reunificarse.

Muchos menores viajan acompañados de algún familiar, amigo o del pollero con quien vienen “conectados” y se encarga de pasarlos por México. 


“En el camino les cobran más de lo que habían acordado y pasan la frontera por un estado  diferente al acordado”. dice el candidato a doctor en Antropología por la UAM.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

Geografía política 2015

El proceso electoral 2014-2015 inicia formalmente hoy. De las 17 entidades donde habrá comicios locales, nueve de ellas se buscarán nuevo gobernador. Sin embargo, hay algo más en juego: el relevo de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. Este punto será de vital importancia para el Gobierno Federal que busca consolidar al PRI con una mayoría que le permita al presidente Enrique Peña Nieto completar sus reformas.

EN JUEGO 

> 9 gubernaturas

> 500 diputaciones federales

> 629 diputaciones locales

> 903 presidencias municipales

> 16 delegaciones políticas del Distrito Federal

El PRI buscará mantener:

> Querétaro

> San Luis Potosí

> Campeche

> Colima

El PAN quiere retener

> Baja California Sur

LO NUEVO 

> El nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) pondrá en marcha la reforma constitucional en materia político-electoral, promulgada el 31 de enero.

> Las elecciones serán 52.4 por ciento más altos que la elección “intermedia” de 2009. 

> Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Encuentro Social (PES) y Humanista (PH) lograron su registro oficial el pasado primero de agosto y para conservarlo deberán alcanzar por lo menos el tres por ciento de la votación emitida en la elección federal para diputados

> Se dará el primer choque entre el PRD —que controla la Ciudad de México desde 1997— contra Andrés Manuel López Obrador.

> El 7 de junio de 2015 también habrá elecciones locales en Oaxaca por usos y costumbres.

LOS ESTADOS

Baja California Sur

Gobernador

16 legisladores por mayoría simple

5 de representación proporcional

5 presidencias municipales

Campeche

Gobernador

21 diputados de mayoría relativa

14 plurinominales

11 alcaldes

Chiapas

25 diputaciones de mayoría  relativa

16 de representación proporcional

122 alcaldías

Distrito Federal

40 miembros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)

16 jefes delegacionales

Guanajuato

22 diputados por voto directo

14 plurinominales

46 presidencias municipales

Guerrero

Gobernador

28 legisladores de mayoría relativa

18 de representación proporcional

81 alcaldes

Jalisco

20 diputados de mayoría relativa

19 plurinominales

125 presidencias municipales

Estado de México

45 diputados de mayoría simple

30 de representación proporcional

125 presidentes municipales

Michoacán

Gobernador

24 legisladores de mayoría relativa

16 de representación proporcional

113 alcaldías

Morelos

18 diputados por voto directo

12 plurinominales

33 ayuntamientos

Nuevo León

Gobernador

26 de mayoría relativa

16 de representación  proporcional

51 presidentes municipales

Querétaro

Gobernador

5 diputados por voto directo

10 plurinominales

18 alcaldes

San Luis Potosí

Gobernador

15 por voto directo

10 de representación proporcional

58 alcaldes

Sonora

Gobernador

21 diputados de mayoría relativa

12 plurinominales

72 presidentes municipales

Tabasco

21 legisladores por voto directo

14 de representación proporcional

17 ayuntamientos

Yucatán

15 diputados de mayoría relativa

10 de representación proporcional

FUENTE: REPORTE INDIGO.

AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ

Denuncia Cofepris falsificación de registro

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios presentó una demanda ante la PGR por la falsificación de un registro sanitario por parte de dos empresas que ganaron una licitación en el IMSS.

La Cofepris interpuso el mes pasado una denuncia penal en la PGR por la presunta falsificación de un registro sanitario de un medicamento que habría realizado la empresa SAVI Distribuidores para ganar un contrato de 100 millones de pesos en el Instituto Mexicano de Seguro Social.

La denuncia fue presentada el 22 de septiembre luego que Reporte Indigo documentó y publicó la manipulación de la licitación pública internacional OA-019GYR047-T57-2013, convocada por el IMSS el año pasado para la adquisición de varios medicamentos.

La denuncia que se presentó contra quien resulte responsable fue presentada en la PGR por Itzel Karym Vargas Robledo, subdirectora ejecutiva de lo Contencioso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud.

“Una vez que inicie la averiguación previa correspondiente y se practiquen las diligencias necesarias para su integración y perfeccionamiento, solicito a esta representación de la Federación ejercite acción penal, en contra de quien o quienes resulten responsables por la posible comisión de algún delito, considerando los hechos denunciados en el presente escrito”, señala la denuncia de la cual este periódico tiene una copia.

En el texto de la demanda que presentó la Cofepris establece que el 9 de septiembre pasado se recibió en la oficialía de partes de esta dependencia federal un sobre amarillo que contenía una denuncia anónima por un supuesto registro sanitario supuestamente alterado.

Se trataba del registro sanitario 224M2013SSA que la empresa SAVI Distribuciones y Zurich Pharma utilizaron  como propio del medicamento Doxorrubicina. para ganar esta compra.

Sin embargo, este número de registro la propia Cofepris lo tenía asignado al medicamento Pregabalina, que comercializa Laboratorios Best S.A. de C.V., bajo el nombre de Ataxius.

De acuerdo a la denuncia de la Cofepris, en la investigación que realizó el IMSS se detectó que del registro 224M2013SSA se desprenden diferencias tales como indicaciones terepeúticas equivocadas, fórmulas de fabricación distinta, fecha de expedición distinta y contraindicaciones distintas.

Tampoco coincidió la firma del funcionario de la Cofepris.

“De lo anterior se desprende una posible conducta ilícita consistente en falsificación de documentos públicos contemplada en el artículo 243 del Código  Penal Federal”, aclara el documento de la denuncia.

El 12 de septiembre, Reporte Indigo documentó y publicó la manipulación de la licitación pública internacional OA-019GYR047-T57-2013, convocada por el IMSS el año pasado para la adquisición de varios medicamentos. 

Entre otras sustancias, en ese proceso se definió la empresa a quien se le comprarían 29 mil 582 unidades de Doxorubicina, un medicamento utilizado para el tratamiento a enfermos de Sarcoma de Kaposi asociado al SIDA, para Cáncer de Mama y de Ovario. 

El contrato fue adjudicado por el IMSS a SAVI Distribuciones S.A. de C.V., empresa intermediaria que en este caso representaba al laboratorio Zurich Pharma S.A. de C.V.


Y el día de ayer Reporte Indigo publicó que el negocio millonario que representa el abasto de medicamentos para el IMSS es acaparado por un grupo de empresas que están bajo sospecha de estar coludidas con funcionarios federales del Sector Salud.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Consignan a “El H” sólo por arma prohibida; saldría con fianza

MÉXICO, D.F. (apro).- El Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México dictó auto de formal prisión contra el jefe del Cártel de los Beltrán Leyva, Héctor Beltrán, El H, por el delito de portación ilegal de arma, por el cual podría obtener fianza.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el juzgado con residencia en Toluca le declaró formal prisión en la causa penal 70/2014, que se le sigue mientras está preso en el penal federal del Altiplano, en el municipio mexiquense de Almoloya.

La Procuraduría General de la República (PGR) hasta ahora ha consignado sólo por ese delito al jefe del cártel, quien podría solicitar una fianza para su libertad debido a que el delito no está considerado grave en el Código Penal Federal.

Beltrán Leyva fue detenido por efectivos del Ejército y de la Marina, Armada de México, el miércoles 1 en un restaurante del centro de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Los militares reportaron que El H portaba una pistola calibre .380 pulgadas, de fabricación italiana marca Browning, modelo BDA-380 425 PM, matrícula 06341.

La PGR lo acusa de no haber acreditado la licencia de portación que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Germán Goyeneche, quien fue detenido junto con El H y presunto operador financiero del cártel, la PGR lo acusa del delito de portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero su declaración preparatoria ante el juez de Toluca se hará por exhorto, debido a que se encuentra detenido en el penal federal de Puente Grande, Jalisco.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Mireles cede la estafeta

La autodefensas se reactivaron. Los leales a José Manuel Mireles se reagruparon y volverán a tomar las armas ante la intensificación de acciones por parte del crimen organizado en Michoacán.

Con una fuerza de más de 5 mil hombres, comenzó a movilizarse en los municipios de la zona de Tierra Caliente un grupo de civiles armados que se hacen llamar Autodefensas Legítimas de Michoacán.

Bajo el liderazgo de Jorge Vázquez Valencia, los leales al encarcelado José Manuel Mireles han reiniciado acciones para confrontar al crimen organizado que aún se mantiene activo en la zona.

La postura manifiesta por Vázquez Valencia, quien ha enviado un comunicado oficial a los gobiernos estatal y federal, choca con el discurso oficial del Gobierno estatal que, a través del secretario general de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, ha insistido en que desde el pasado 10 de mayo no hay movilización de ningún grupo de autodefensas.

Vázquez Valencia lideró el movimiento inicial en el municipio de Aguililla, entre el 2000 y 2005, cuando organizó pequeños grupos de guardias blancas para frenar el robo de minerales por parte de las células del crimen organizado. Combatió frontalmente a La Familia Michoacana.

En el comunicado –vertido en redes sociales–, el suplente de Mireles denuncia la intensificación de acciones por parte de las células criminales que en algún momento fueron parte del cártel de Los Caballeros Templarios.

“Los criminales se han reagrupado y es obligación de todos nosotros, la población civil, organizarnos para volver a tomar las armas, para defender a nuestras familias, nuestras vidas y nuestras propiedades”, señaló.

Los grupos de civiles que de nuevo se han armado ya empezaron a instalar barricadas en diversos municipios, en donde al grito de “muerte a Los Caballeros Templarios” se ha sumado la frase “libertad a Mireles”.

En el manifiesto, Vázquez Valencia deja claro la intención de los civiles armados de trabajar coordinadamente con el Gobierno estatal y las Fuerzas Federales que se han desplegado por toda la zona de Tierra Caliente.

El comisionado federal, Alfredo Castillo, no ha manifestado postura oficial sobre este resurgimiento de las autodefensas, pero solicitó al líder de los civiles armados que hiciera las denuncias ante el Ministerio Público para que se actúe en contra de los criminales que siguen asolando la región.

En respuesta, el nuevo líder de las autodefensas aseguró que ya se han seguido las vías legales, pero pese a las acusaciones ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fecha no se ha actuado conforme a esas denuncias.

“Por eso hemos decidido volver retomar las armas y salvar nuestro pellejo”.

Emplaza a debate

El líder del resurgimiento de las autodefensas legítimas, Jorge Vázquez Valencia, emplazó al comisionado federal para Michoacán a un debate público, con el fin de plantear el tema de la seguridad en la entidad.


Todavía no hay respuesta al respecto. 

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

Estoy dispuesto a renunciar si eso esclarece el caso Iguala: Aguirre

MÉXICO, D.F. (apro).- El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se dijo dispuesto a renunciar a su cargo, si con ello se esclarecen los hechos violentos registrados en Iguala los pasados 26 y 27 de septiembre.

“Si mi renuncia resuelve el caso, si contribuye a darle claridad y luces al asunto tan condenable y tan criticable que hoy se presenta, no tendré ningún inconveniente. Si hubiera alguna responsabilidad hacia el gobernador de Guerrero seré el primero en enfrentarla”, accedió el perredista.

Sin embargo, en rueda de prensa afirmó que no tiene de qué avergonzarse y que no se irá del estado como un delincuente:

“No tengo nada de qué avergonzarme, nunca me he manchado las manos de sangre. No me voy a ir ni como asesino ni me voy a ir tampoco como un vil delincuente”, subrayó.

Aguirre Rivero defendió la labor que ha hecho su gobierno tras los hechos violentos registrados en Iguala, en donde seis personas fueron asesinadas, 20 resultaron heridas y 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa siguen desaparecidos.

Al respecto dijo que hay 26 detenidos, 22 de éstos policías de Iguala con auto de formal prisión y cuatro más que revelaron la participación de la delincuencia organizada.

“A la fecha se han detenido a 26 probables responsables de los hechos, cuatro de ellos fueron puestos a disposición de la SEIDO al haber revelado información importante sobre la infiltración de grupos de la delincuencia organizada en la Policía Municipal de Iguala, particularmente en el grupo delictivo conocido como Guerreros Unidos”, apuntó.

También confirmó que ya se giró orden de aprehensión contra el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, y reveló que se firmó un convenio de colaboración de mando único con ese municipio pero siempre mostró una negativa para dar el siguiente paso “y ahora entendemos por qué”, dijo.

El gobernador refirió que hoy quedó integrado el Comité de Atención Integral a Víctimas para involucrar a la sociedad civil y continuar con la campaña de búsqueda de los jóvenes desaparecidos.

Aguirre Rivero estuvo acompañado del procurador de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera y el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo.

Antes, en un acto público del DIF estatal efectuado en un estacionamiento del Foro Imperial de la zona Diamante, subrayó ante unas 300 personas que acudieron por apoyos sociales, que tiene las manos limpias:

“Lo dejo muy en claro. Tengo las manos limpias; no tengo nada de qué avergonzarme. Soy el primero en decirlo aquí: Acudo con mucho gusto a las instancias correspondientes. No tenemos de qué avergonzarnos mi familia, mi esposa y mis hijos”.

En el mismo acto agradeció “la valiosa” coordinación con el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República para esclarecer los hechos registrados en Iguala.

El mandatario estatal dijo que la Fiscalía General del estado ya ha dado cuenta del trabajo de inteligencia y de gabinete que ha realizado de manera coordinada con elementos del Ejército, Marina, PF y Policía estatal y que ha llevado a la detención de miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes reconocieron su participación en los hechos.

Durante su discurso dijo estar “totalmente de acuerdo” con el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto, quien horas antes expresó que en la investigación de los hechos registrados en Iguala no hay lugar para la impunidad.

“Eso he venido a decirles: que Aguirre no se raja, ni con hacha”, dijo y afirmó que los ataques hacia su administración son por motivos políticos.

“Si hoy fuera la elección ganaría la coalición de izquierda. ¡Eso lo saben ellos!”, soltó el gobernador perredista, a la vez que llamó a “mantener la unidad” de los guerrerenses y a señalar con “índice de fuego” a quien incite a la confrontación en Guerrero y utilice los hechos de Iguala como una bandera electoral.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.